Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 27.290-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución N°170/09, dictada por el Administrador de la División Aduana de la Plata en la Actuación N° 12595-213-2005, declarando que el monto de la multa asciende a $84.154,44.
2Confirmar parcialmente el art. 2 de la citada resolución, declarando que el monto de los tributos adeudados asciende a $9.540,65, sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA. Revocarlo en cuanto a la exigencia de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-68438247-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Julio de 2026 En la ciudad de Buenos Aires, los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, se reúnen para resolver en los autos caratulados: "SKF ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente Nº 27.290-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución N°170/09, la autoridad aduanera impuso a la encartada una sanción consistente en una multa y emitió el cargo correspondiente al determinar que incurrió en la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero (“CA”). La imputación se basa en el presunto incumplimiento del régimen de importación temporal, en tanto la firma SKF ARGENTINA SA habría omitido cancelar en su totalidad la mercadería importada temporariamente mediante la destinación de importación N° 02033IT11000004N.
II. Contra dicho pronunciamiento, la empresa interpone recurso de apelación, alegando haber cumplido con la reexportación de la mercadería y habiendo acompañado al efecto tanto los Permisos de Embarque como el Certificado de Tipificación y Clasificación (“CTC”) correspondiente. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se deje sin efecto la resolución aduanera, con costas.
III. Por su parte, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de la apelación interpuesta. Tras formular la negativa genérica de rigor, sostiene que la actora no probó haber reexportado la mercadería dentro del plazo de la importación temporaria, quedando configurada la infracción del art. 970 y la obligación tributaria derivada del art. 274 del CA. Afirma que la carga de acreditar el cumplimiento recae en la importadora y que en el expediente consta que no lo hizo. Explica que, a los fines de la cancelación del DIT de que se trate, no solo es necesario dar destinación a la mercadería involucrada, sino que se requiere contar con el CTC definitivo. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme en su totalidad el fallo aduanero, con costas.
IV. Así las cosas, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y sancionada por el artículo 970 del CA, con respecto a la mercadería importada temporariamente mediante la Destinación de Importación Temporaria N° 02033IT11000004N.
V. En dichos términos, es imperioso recordar que el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado. Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del CA, es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
VI. En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
VII. De igual manera, debe ponderarse que, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del DIT (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los PE) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VIII. A estas alturas, previo a determinar si la actora dió cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, resulta menester efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del CTC en los regímenes de importación temporaria.
Al respecto, tanto el referido Dec. 1439/96, como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el CTC expedido por la Secretaría de Industria. Concretamente, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)” (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96). De lo apuntado, se sigue que la presentación del CTC es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis. Es que, en efecto, tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta. Más aún, el formulario conforme al cual los CTC eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del CTC, debe indicarse tanto la PA del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su PA.
En definitiva, de todo ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el CTC se refiere particularmente a la mercadería y a la PA que en él se detalla. Precisamente, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los PE.
A fin de cuentas, existiendo un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
A mayor abundamiento, el art. 9, párrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. 1439/96) establece que: “La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen”.
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: “A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9º de la Resolución M.E y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaría cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9º, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio.”
IX. A la luz de lo expuesto, corresponde dilucidar si el pronto despacho N° S01:0136087/04, presentado en el marco de la Solicitud de CTC N° 061-006579/00 y su Rectificatoria N° 061-007678/01, puede ser reputado como idóneo a los fines de tener por cumplido el requisito previsto en el art. 18 de la Resolución N° 18/92.
A tales efectos, resulta pertinente destacar los diversos oficios remitidos a la Dirección de Promoción de Exportaciones, mediante los cuales dicho organismo se expidió acerca de la situación del CTC acompañado por la actora.
En ese sentido, a fs. 57, la Dirección informó que: “En la solicitud de CTC N° 061-006579/00, iniciada por la empresa SKF ARGENTINA S.A., no obra agregada constancia de emisión de un CTC, señalando respecto de la rectificación de la Declaración Jurada presentada bajo N° 061-007678/01 que no posee carácter definitivo”.
Posteriormente, a fs. 80, al contestar un nuevo oficio, reiteró que en la solicitud de CTC N° 061-006579/00 no obra constancia de emisión de un CTC a los efectos de su constatación con la Rectificación N° 061- 007678/01.
Asimismo, a fs. 96 precisó: “No obra constancia en las actuaciones que las declaraciones juradas de insumos, mermas, sobrantes y residuos contenidos en la Solicitud de CTC N° 061-006579/00 y Rectificación N° 061-007678/01 hubieran adquirido carácter definitivo en los términos del artículo 9° de la Resolución N° 72/92 del ex M.E. y O. y S.P., artículo 18 de la Resolución N° 18/92 de la ex S.I. y C., y artículo 16 de la Resolución N° 392/2006 de la ex S.I.C. y P.YM.E.”.
Finalmente, a fs. 105, el organismo indicó que las declaraciones juradas solo adquieren carácter definitivo: (i) en caso de no haberse emitido el CTC correspondiente; y (ii) cuando, habiéndose intimado su emisión con una antelación de cinco (5) días al vencimiento del plazo de noventa (90) días contados desde su presentación debidamente integrada, se hubieran cumplido todos los requisitos exigidos por la ex Secretaría de Industria y Comercio. Asimismo, aclaró que dichas declaraciones mantienen su validez hasta las fechas previstas en el artículo 16 de la Resolución N° 392/2006.
En igual sentido, agregó que en la Solicitud de Tipificación N° 061-006579/2000 —en la que constan diversas rectificaciones (N° 061-013434/2000, 061-000424/2001, 061-007678/2001, S01:0177388/2002, S01:02226699/2002, S01:0022505/2003, S01:0103682/2003, S01:0154225/2003 y S01:0228620/2003)— no luce Certificado alguno, ni consta agregada la intimación prevista en el artículo 18 de la Resolución N° 18/92 de la ex Secretaría de Industria y Comercio, razón por la cual la declaración jurada allí contenida —así como la correspondiente a la Rectificación N° 061-007678/2001— no reviste carácter definitivo. Por último, señaló que a fs. 117 de dicha solicitud obra una presentación de fecha 20 de enero de 2005, mediante la cual se solicita la rectificación de diversas solicitudes de CTC —entre ellas, la N° 061- 006579/2000—, la cual carece de sello de recepción por Mesa de Entradas y de numeración asignada. Cabe añadir, finalmente, que la actora dejó de impulsar la producción de la prueba informativa ofrecida, motivo por el cual, frente a las intimaciones cursadas a fs. 127 y 133, a fs. 137 se la tuvo por desistida de dicha prueba.
X. En ese estado de cosas, y luego de la compulsa de las constancias y de la prueba producida en la causa, se observa que la recurrente omitió acompañar ante la Aduana y ante este Tribunal el CTC definitivo correspondiente al trámite de rectificación del CTC gestionado ante la Secretaría de Industria y Comercio mediante Solicitud N°061-006579/00.
A mayor abundamiento, a fs. 868 de las Actuaciones Administrativas obra la Nota N°696/09 del 27/10/09, mediante la cual el Jefe de la Sección “R” de la Aduana de La Plata informó que: “Con fecha 03/07/09 se remitió al Ministerio de Economía, Sec. De Ind. Y Comercio Nota N°1376 (AD LALP), solicitando se expidan sobre el carácter definitivo o no del Expte. N°061-006579/00 RECTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE TIPIFICACIÓN 061-007678/01. Recibido por la S.I.C según acuse de recibo de fecha con fecha 14/09/09. A la fecha no se ha recibido respuesta de la Secretaría de Industria”. En virtud de lo señalado, no puede estarse a la presunción establecida en el art. 9 tercer párrafo de la Res. ME 72/92, ni considerarse reexportada la mercadería estimada en infracción, toda vez que la actora no ha cumplido con las obligaciones sustanciales, conforme el régimen que la amparaba.
En dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Asimismo, cabe aplicar en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Compañía de Circuitos Cerrados c/Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva”, sentencia del 9/03/2010, Fallos 333:161), según la cual “…la garantía de la defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha tenido oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable (Fallos: 287:145; 290:99 y 306:195, entre otros)”.
XI. En definitiva, la cuestión tratada en el caso sub examine recae en analizar si el recaudo omitido es una exigencia sustancial al régimen aplicable o si, por el contrario, puede prescindirse de el para evitar incurrir en un rigorismo formal que desatienda la verdad jurídica objetiva. Frente a ello, observo que el CTC no es una exigencia baladí, todo lo contrario, ya que coadyuva a que el responsable colabore activamente en el ejercicio de las funciones de contralor que le asisten al organismo aduanero.
Atento lo examinado y teniendo en cuenta que la prueba ofrecida por la actora como base de su defensa y ordenada en esta instancia no resulta ser suficiente para cumplir con la documentación exigida por el servicio aduanero, corresponde considerar configurada la infracción endilgada.
XII. En relación con los conceptos IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Cladd ITA S.A. c/ EN – DGA, Resol. 2590/06 (expte n° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(…) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998), y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos 285:177).
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(…) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XIII. En otro orden de ideas, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF Latinoamericana S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remite en lo pertinente a la causa “Fisher S.R.L.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME Nº 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art. 970 del CA. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto Nº 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
XIV. En consecuencia, por lo expuesto precedentemente, y advirtiéndose que el servicio aduanero incurrió en un error al momento de practicar la liquidación de la multa a fs. 882 de las actuaciones administrativas —derivado de un cálculo incorrecto—, corresponde rectificar el cálculo de la multa y de los tributos adeudados, conforme se detalla a continuación:
TRIBUTOS ADEUDADOS
Concepto % Importe (USD)
Base Imponible 12.271,16 Derechos de Importación 4 490,85 Tasa de Estadística 0.50 61,36 Base IVA 12.823,37 IVA 21 2.692,91 TOTAL 3.245,12 RELIQUIDACIÓN DE MULTA 02033IT11000004N Concepto % Importe (USD)
Base Imponible 12.271,16 Derechos de Importación 4 490,85 Tasa de Estadística 0.50 61,36 Base IVA 12.823,37 IVA 21 2.692,91 TOTAL 3.245,12 04033IC82000119N Concepto % Importe (USD)
Base Imponible 2.038,47 Derechos de Importación - - Tasa de Estadística 0.50 10,19 Base IVA 2.048,66 IVA 21 430,22 TOTAL 440,41 04033IC82000032G Concepto % Importe (USD)
Base Imponible 24.839,77 Derechos de Importación 17,5 4.346,96 Tasa de Estadística 0.50 124,2 Base IVA 29.310,93 IVA 21 6.155,29 TOTAL 10.626,45 Cabe aclarar que el cálculo de la multa difiere del correspondiente a los tributos, en tanto aquélla incluye, además, la importación a consumo N° 04033IC81000032G y la destinación a consumo de residuos N° 04033IC82000119N, por haber sido oficializadas con posterioridad al vencimiento de la destinación temporal.
En mérito de lo expuesto, y de conformidad con la liquidación practicada por el servicio aduanero a fs. 882 de las actuaciones administrativas —efectuada a razón de 1 USD = $2,94—, así como con la elevación del monto al equivalente de dos (2) veces el importe de la multa mínima, en atención a la existencia de antecedentes infraccionales (conforme constancias obrantes a fs. 885/888 de dichas actuaciones), el importe adeudado en concepto de multa asciende a la suma de $84.154,44. Por su parte, el monto de los tributos adeudados por la mercadería en infracción, utilizando la misma cotización del dólar mencionada ut supra, ascienden a la suma de $9.540,65, sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución N°170/09, dictada por el Administrador de la División Aduana de la Plata en la Actuación N° 12595-213-2005, declarando que el monto de la multa asciende a $84.154,44.
2. Confirmar parcialmente el art. 2 de la citada resolución, declarando que el monto de los tributos adeudados asciende a $9.540,65, sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA. Revocarlo en cuanto a la exigencia de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución N°170/09, dictada por el Administrador de la División Aduana de la Plata en la Actuación N° 12595-213-2005, declarando que el monto de la multa asciende a $84.154,44.
2. Confirmar parcialmente el art. 2 de la citada resolución, declarando que el monto de los tributos adeudados asciende a $9.540,65, sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA. Revocarlo en cuanto a la exigencia de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.07.08 13:53:35 ART Date: 2026.07.08 16:09:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.14 17:16:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.14 17:16:13 -03:00
Fin de la sentencia