Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2021-18937232-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en los Considerandos VIII a XIII de la presente.
2Devolver las actuaciones a la D.G.A. a los fines mencionados en el considerando II in fine del Voto del Dr. Horacio J. Segura.
3Rechazar el planteo de prescripción tributaria planteado. Sin costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-101640919-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 30 de Agosto de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Horacio Joaquín Segura y Claudia Beatriz Sarquis, para resolver en los autos caratulados: “SKF ARGENTINA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, expediente Nº EX-2021-
18937232-APN-SGASAD#TFN,
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. La encartada interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo RESOL- 2020-424-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA, dictada el 26/02/2020 en la Actuación Nº 12196-1203-2011, mediante la cual se la absuelve respecto de la infracción tipificada por el Art. 954 CA y se la condena al pago de un cargo por la suma de U$S 583,53 y $ 248,23 por la presunta falta de presentación del Certificado de Origen de la mercadería importada mediante el D.I. Nº 10 001 IC0 4201543 D (items 27, 30, 38 y 42). Explica que con fecha 02/08/2011 presentó por medio de una multinota, el Certificado de Origen Nº A 737669 debidamente consularizado (Actuación Nº 13289-18595-2011), por lo que la resolución apelada carece de fundamentación en violación al art. 7 inc. e) de la Ley 19.549. Por otro lado, señala que el C.O. presentado en la actuación conexa ampara los ítems garantizados y destaca que la mercadería no es de origen China, única causal existente para abonar las diferencias fijadas por la Resolución Nº 405/2006 MEP. Subsidiariamente, solicita se deje sin efecto la reclamación del Iva Adicional y Ganancias en virtud del fallo de la CSJN “Cladd ITA SA.”.
II. La representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido. Formula negativa general de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria. Recuerda que las actuaciones comienzan con la denuncia formulada por la ex División Registro de Importación ante la falta de presentación del Certificado de origen respecto a mercadería importada mediante el D.I. Nº 10 001 IC04 201543 D, resultando a “prima facie” la configuración de la infracción del art. 954 inc. a) del C.A.. Señala que al no poder determinarse que el origen de la mercadería no sea el declarado, se absolvió a la firma y su despachante de la infracción endilgada. Asimismo, destaca que la falta de presentación del certificado de origen impide acreditar el origen zonal a fin de tener el derecho al beneficio tributario. Entiende que la cuestión en debate fue encuadrada incorrectamente por la actora, que debió presentar una impugnación y no una apelación ante este Tribunal ya que la resolución no condena por la comisión de una infración, sino que absuelve y realiza una liquidación de tributos. Hace reserva de la cuestión federal, ofrece como prueba las actuaciones administrativas relativas a la causa y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
III. Que mediante PV-2022-XXXX se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a esta Sala G, la que los pasa a sentencia (v. IF-2022- XXXXXXXX -APN-VOCXIX#TFN).
IV. Las actuaciones administrativas Nº 12196-1203-2011 se iniciaron a fs. 1 con el Acta de denuncia del 11/04/2011 en la que se imputa a la firma SKF Argentina S.A. la infracción prevista y penada en el art. 954 del C.A. en relación a la no presentación del Certificado de Origen de la Destinación Nº 10 001 IC04 201543 D. A fs. 2/4 obra impresión de Consulta de declaración detallada de la destinación cuestionada y de la garantía. A fs. 5 se remiten las actuaciones a la Sección Liquidaciones a efectos de la formulación del cargo de la garantía Nº 10 001 055076H en concepto de multa automática. A fs. 6 obra liquidación aduanera (Cargo Nº 529/2011) y a fs. 7 Comprobante de pago de liquidación manual Nº 11 001 LMAN 205155 R. A fs. 8 se remiten las actuaciones a la Sección Cancelación y deudas atento la cancelación del Cargo Nº 529/2011. A fs. 8vta. se inserta constancia del agregado de la actuación Nº 13289-18595-2011 (que no fue acompañada en formato digital ni papel). A fs. 9 se remiten las actuaciones a la Sección Registro y Cruce a fin de que indique a qué fines fue exigido el certificado de origen e informe valor en Aduana de la mercadería en presunta infracción y perjuicio fiscal. A fs. 15 el 09/10/2015 se ordena la apertura del sumario respecto a SKF Argentina S.A. y el Despachante de Aduana Perez Marcial Cesar y se remiten las actuaciones a la Sección Operativa y Registral a fin de que intime al Depositario Fiel correspondiente a presentar la carpeta del D.I.. A fs. 18 obra SICNEA Nº 15001NOTI022078R por medio del cual se cursa la intimación (en estado “enviado”). A fs. 19 obra constancia de presentación de la carpeta del D.I. Nº 10 001 IC04 201543 D. A fs. 26 obra la Nota Nº 2223/15 (SE ORM2) del 29/10/2015 que indica los ítems involucrados, informa que no se ha presentado el Certificado de Origen correspondiente y efecto liquidación del perjuicio fiscal. A fs. 26vta. obra nueva liquidación de los conceptos involucrados (14/02/2020). A fs. 27/28 el 26/02/2020 se dicta la Resolución RESOL-2020- 424-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA. A fs. 29/29vta. obra IF-2020-00534745-DVDSAD#SDGASJ con Dictamen Jurídico. A fs. 32/32 vta., el 15/09/2020, se dicta la Resolución RESOL-2020-646-E-AFIP- DILEGA#SDGTLA, que aprueba la Resolución Nº 424/2020, apelada en autos en autos .
V. Dicho lo que antecede y en el entendimiento de que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 301:602, 302:1191, entre muchos otros), por razones de orden lógico, corresponde examinar, en primer término, si la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX- 2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-
APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae. Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VI. Haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 09/10/2015 (ver fs. 15 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805 inc. a) del CA. Habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2011, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2015 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 26/02/2020, aprobada el 15/09/2020 y notificada el 08/02/2021, según constancias de fs. 27/32 de las act. adm.).
En virtud de los motivos señalados, considero que corresponde declarar la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos relativos al D.I. Nº 10 001 IC04201543 D.
VII. A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA OFICIALIZACIÓN D.I. 02/11/2010
APERTURA SUMARIO (fs. 15) 09/10/2015 RESOLUCIÓN APELADA 26/02/2020 RESOLUCIÓN APROBADA 15/09/2020 NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 08/02/2021 01/01/2011 - PLAZO DE PRESCRIPCIÓN 31/12/2015 Conforme queda evidenciado en el detalle realizado, transcurrieron más de 10 años entre el inicio del cómputo del plazo prescriptivo y la notificación de la resolución apelada sin que se advierta en el expte. adm. la existencia de algún acto previo al dictado de resolución apelada que, conforme la normativa aplicable, tenga efecto interruptivo ni suspensivo de la prescripción en los términos de los arts. 805 y 806 del CA, ni razones que justifiquen la demora del servicio aduanero en el dictado de un pronunciamiento oportuno.
Segunda Cuestión:
VIII. Sin perjuicio de lo expuesto con anterioridad, y en atención al criterio mayoritario de la Sala G, considero pertinente analizar si el auto de apertura de sumario reúne los elementos requeridos por el art. 1094 del C.A..
Corresponde señalar que el art. 1094 del C.A. establece las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario en el procedimiento para las infracciones, precisa que el mismo “…determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá. a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario, b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma, c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presentaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesarios d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
IX. En lo que respecta a la hermenéutica a tener en cuenta con la finalidad de determinar el alcance de una disposición legal, la CSJN ha tenido oportunidad de resaltar que la primera regla de interpretación consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167; 302:973; 308:1754 y 312:1098, entre otros), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796), y cuando la norma no exija esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por aquella (Fallos: 311:1042). Por otra parte, la CSJN ha sostenido que la inconsecuencia, la falta de previsión o la omisión voluntaria no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que la leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones (Fallos: 300:1080), en tanto cuando la ley emplea determinados términos u omite, en su caso concreto, hacer referencia a un aspecto, es la regla más segura de exégesis la de que esos términos o su exclusión no son superfluos, sino que se ha realizado ello con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 299:167).
X. El Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante TFN) ya tuvo oportunidad de manifestarse sobre el alcance de lo dispuesto por el art. 1094 del C.A., declarando nulo de nulidad absoluta el acto de apertura del sumario debido a que el mencionado acto administrativo ni siquiera había descripto los hechos constitutivos de la infracción invocada, elemento exigido por el art. 1094 del C.A (TFN, Sala E, 30/11/2010, Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A., TF 27.525-A). Para justificar su decisión, haría mención a lo afirmado por la Comisión redactora de la Ley 22.415, en cuanto a la necesidad de determinar los mencionados hechos en el mismo acto de apertura. De esta manera, agregaría que, al estar viciada la causa, se encontrarían transgredidos los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional y concordantes con la profusa jurisprudencia sentada por la CSJN, donde se tuvo oportunidad de entender que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales – ora infraccionales (Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre muchos otros).
Recientemente, el TFN llegaría a la misma conclusión luego de haber afirmado, sobre la base de una interpretación textual del art. 1094 del C.A., que “[…] el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura del sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan […]” (TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/ DGA s/recurso de apelación, TF 32.232-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Kimberly Clark Argentina S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.011-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.732-A).
XI. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en adelante “Cámara” o “CNACAF”), por su parte, consideraría que el auto de apertura del sumario correspondiente debía ser reputado nulo, de nulidad absoluta, por no cumplir con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. (CNACAF, 18/03/2014, Agencia Marítima Tagsa S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo, Expte. 40.306/13). En efecto, el citado acto administrativo no solo no determinaba con claridad los hechos constitutivos de la infracción, sino que tampoco contenía la liquidación de los tributos que pudieran corresponder. Así, la Cámara terminaría por aclarar que “[…] si bien el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, razón por la cual en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 327:1629 y 329:1012, entre otros), la nulidad del acto administrativo por ausencia de alguno de sus requisitos esenciales es de carácter absoluto y no puede ser soslayada (art. 14, inc. b), LNPA), pues importaría afectar el derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional” (ibidem. Ver también: CNACAF, Sala IV, 11/06/2013, Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27.435-A) c/DGA; CNACAF, Sala IV, Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA; CNACAF, Sala I, 23/02/2010, Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.).
XII. Resulta interesante recordar en esta ocasión el ejercicio hermenéutico presentado por la Cámara, en el caso Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., con relación al alcance otorgado a los términos empleados en el art. 1094 del C.A. Efectivamente, en dicha oportunidad, se llegaría a afirmar que “[…] no asiste razón a la AFIP-DGA cuando sostiene que “la liquidación de los tributos que pudieren corresponder” tienen carácter “facultativo” cuando se dispone la apertura del sumario. En efecto, el art. 1094 utiliza el vocablo imperativo “dispondrá” y no una expresión facultativa como “podrá disponer”, no dejando así lugar a interpretación alguna que le otorgue carácter opcional al acto de disponer la liquidación tributaria correspondiente.
Más aún, de ser “facultativo” dicho acto, perdería sentido la parte final del inc. c) del art. 1094, que incluye, en los contenidos de la apertura sumarial, la “recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario”. […] [S]i en dicho inciso la norma aclaro específicamente que ello debía realizarse “cuando lo considere necesario”, y al mismo tiempo utilizo de forma general el vocablo “dispondrá”, debe concluirse que la liquidación de los tributos correspondientes no tenía carácter facultativo pues no utilizo la expresión “cuando lo considere necesario”, sino que era una exigencia sustancial del acto de apertura sumarial” (CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.
(TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012). En este mismo sentido, la Cámara recordaría lo oportunamente afirmado con relación a la exigencia del inc. b) del art. 1094 del C.A.: “[la mencionada disposición] identifica los enunciados obligatorios con que debe contar el auto de apertura del sumario contencioso. Así, en el inc. b) del citado artículo se indica que debe disponer “la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado [...]”. De donde se sigue que es imperativo verificar la mercadería para luego correr vista de lo actuado, en especial por cuanto concierne al pago voluntario de la multa mínima (art. 930 C.A.). Con respecto a la citación efectiva del supuesto infractor, ella debe hacerse indefectiblemente y su falta deriva en la nulidad del acto”.
(CNACAF, Sala I, 23/02/2010, Unisel S.A. c/ AFIP – DGA – Resol. 9315/99 s/ ANA, Expte. 20.634/00; CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012).
XIII. A la luz del estándar interpretativo comentado, surge del análisis de las actuaciones administrativas Nº 12196-1203-2011, que el auto de apertura de sumario fue dictado el 09/10/2015 (fs. 15 del expte. adm.), y sólo se reduce a disponer la instrucción de sumario sin más: “VISTO la denuncia del expediente referenciado mediante la cual, la ex División Registro de Importación da cuenta de la existencia de una presunta declaración inexacta respecto de la Destinación de Importación Nro. 10 001 IC04 201543 D; ello por cuanto se detectó la no presentación del Certificado de Origen requerido en los términos de la Resolución Nº 763/96.- En virtud de lo expuesto, corresponde ordenar la APERTURA del SUMARIO conforme los términos del art. 1090 c) del C.A.” y remite las actuaciones a la Sección Operativa y Registral (DV EXA2) a fin de que agregue la carpeta de la destinación denunciada, indicando asimismo que ella “resulta necesaria e imprescindible a los fines de encausar el trámite de las presentes, destacándose que los datos en cuestión resultan ser elementos básicos y primordiales para conformar una denuncia”.
Es que, en efecto, así como un acto administrativo debe ser notificado al interesado para modificar su situación jurídica frente a la autoridad administrativa, también es pertinente hacer notar que no cualquier declaración de voluntad del funcionario administrativo puede surtir efectos legales directos e inmediatos. Es de rigor que la administración observe los requisitos dispuestos en la normativa por cuanto si carece de las condiciones exigidas por el legislador importaría un mero pronunciamiento administrativo carente de entidad para interrumpir o suspender el curso de la prescripción.
Sentado lo que antecede, corresponde poner en evidencia que el auto de apertura (ver fs. 15) no informó el valor en aduana de la mercadería, su posición arancelaria, ni liquidó los presuntos tributos a abonar ni se contaba en ese momento con la carpeta del D.I. N° 10 001 IC04 201543 D. La liquidación correspondiente fue efectuada el 14/02/2020 (ver fs. 26vta. de las act. adm.).
En ese marco, resulta claro que el actuar del servicio aduanero fue contrario a lo que preceptúa el art. 1094 del C.A., en donde lo constriñe a determinar, clasificar, valorar la mercadería y liquidar los tributos en el mismo auto de apertura del sumario.
Sobre la base de lo expuesto, queda en evidencia que la autoridad administrativa actuó fuera del marco de su competencia temporal, por lo que el acto administrativo resulta nulo de nulidad absoluta (art. 14 y 17 de la LNPA).
Por todo ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en los Considerandos VIII a XIII de la presente.
2. Declarar prescripta las acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT N° 10 001 IC04 201543 D.
3. Con costas a la DGA.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente, en relación al punto 1 de la parte resolutiva de la Segunda Cuestión.
Ello no obstante, con respecto al análisis de la prescripción de la Primera Cuestión, entiendo que corresponde –según el criterio mayoritario de la Sala- devolver las actuaciones a la D.G.A. a fin de que corra la vista dispuesta en el art. 1.101 del Código Aduanero, y rechazar el planteo de prescripción tributaria en este caso. Así lo voto.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Que me remito al relato efectuado por el Dr. Miguel N. Licht en los Considerandos I a V de su voto. Ello, con las salvedades que hago a continuación.
II. Que en primer término, corresponde tratar la nulidad del procedimiento y de la resolución aduanera en la presente causa toda vez que de la actuaciones administrativas no surge que se le haya corrido vista del sumario de marras, y que en consecuencia, la actora no pudo ejercer su derecho de defensa en juicio. Que la firma se agravia y asevera que “Un principio general en la materia, establece la exigencia de motivación del acto administrativo. Ello surge de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que regula la motivación como requisito esencial del acto, esto es, la necesidad de que se expresen en forma concreta las razones que inducen a su emisión (…) siendo que el dictamen "técnico" es de carácter "esencial" a fin de respetar la forma del procedimiento Art. 7 Inc.D) ley 19.549., cuando ello pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos y a fín de que mi parte pueda conocer las razones que llevaron a considerar de no aplicación el certificado de origen y formulación de cargos, para estar en condiciones de presentar la defensa en debida forma y explicar sus razones, evitándose de dicha manera que se vulnere su garantía constitucional de la defensa en juicio como se lo ha hecho y evitándose el presente dispendio jurisdiccional fundado como se dijo en la falta del CO, cuando el mismo obraba en la propia causa, por lo que claramente la resolución apelada no se basa en los antecedentes de la causa. (...)”.
Que a fs. 15 de las actuaciones administrativas obra el auto de apertura del sumario de fecha 9/10/2015. Que, el referido auto dispone la instrucción de sumario, ordenando: “… VISTO la denuncia del expediente referenciado mediante la cual, la ex División Registro de Importación da cuenta de la existencia de una presunta declaración inexacta respecto de la Destinación de Importación Nro. 10 001 IC04 201543 D; ello por cuanto se detectó la no presentación del Certificado de Origen requerido en los términos de la Resolución N° 763/96.-
En virtud de los expuesto, corresponde ordenar la APERTURA del SUMARIO conforme a los términos del art. 1090 c) del C.A. respecto de la firma S.K.F. ARGENTINA (CUIT N° 30-52547959-1) y el Despachante de Aduana PEREZ MARCIAL CESAR (CUIT N° 20-12861470-3).
Que la omisión de la corrida de vista implica que en el caso de autos se encuentra vulnerado el derecho de defensa, toda vez que la actora no tuvo oportunidad de rebatir los hechos que le fueron endilgados y se vio privada de la oportunidad de ejercer su defensa y ofrecer la prueba, de considerarlo pertinente. Que el art. 1101 del C.A. dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (…).”
Que, de la lectura de las actuaciones administrativas, surge que luego del dictado de la apertura de sumario de fs. 15, ninguna intervención se le dio ni a la firma ni al despachante de aduana ya que los actos procesales cumplidos posteriormente fueron realizados en su totalidad por el servicio aduanero. Ello, en abierta violación a lo dispuesto en el art. 1101 del C.A. ya citado.
Que, por su parte, el art. 1012 del C.A. establece que “sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados: a) los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites (...) c) los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados (…)”.
Que indudablemente la demandada no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), dando vista a la imputada en relación a la infracción endilgada, a fin de que aporte la documentación que creyera idónea, importando dicho procedimiento, la etapa procesal oportuna para acreditar la veracidad de lo declarado. Que recién con fecha 4/03/2021 luce la presentación de la actora donde informa de la apelación interpuesta ante este Tribunal.
Que el proceder del servicio aduanero afecta, no sólo el derecho de defensa, sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
Que, por su parte, la L.N.P.A., de aplicación supletoria en la instancia aduanera, establece en el art. 7°, inc. d), que antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Su incumplimiento vicia el acto y así lo dispone el art. 14 de la citada ley. Que, en consecuencia, no cabe duda de que la omisión incurrida desnaturaliza el procedimiento, y no puede considerarse cumplida con la resolución apelada.
Que, en definitiva, corresponde declarar que no procede exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nace como consecuencia de un presunto incumplimiento al art. 954 del C.A., que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
Que, en base a los fundamentos expuestos, y advirtiéndose que la D.G.A. no procedió de conformidad con el ordenamiento legal, impidiendo que la actora pueda ejercer plenamente su derecho de defensa, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable respecto de todo lo actuado en el sumario que ha tramitado como Expte. N° 12196-1203-2011, a continuación del auto por el cual se declara la apertura del sumario (fs. 15), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, toda vez que la misma declaración de nulidad alcanza a la Resolución RESOL-2020-424-E- AFIP-DEPRLA#SDGTLA del 26/2/2020. Por lo tanto, la D.G.A. deberá proceder a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. Todo ello con costas al fisco.
En igual sentido esta sala resolvió al respecto en el expediente EX-2022-112030211- - APNSGASAD#TFN caratulado “S.K.F. ARGENTINA S.A.” (INLEG-2023-74059481-APN- VOCXXI#TFN).
III. Que, en virtud de lo expuesto, corresponde a continuación tratar el planteo de prescripción tributaria analizado por el vocal preopinante.
Que, el hecho imponible se produjo el 02/11/2010, motivo por el cual el curso de la prescripción tributaria comenzó a correr el 01/01/2011, conforme lo dispuesto en los arts. 803 y siguientes del C.A. Que dicho plazo se encuentra suspendido desde el dictado de apertura de sumario de fecha 09/10/2015, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a) del C.A..
Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto, disiento del voto que antecede, correspondiendo, a mi juicio, rechazar el planteo de prescripción tributaria. Sin costas.
IV. Que atento los puntos precedentes, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas.
De todo lo expuesto, voto por:
1).- DECLARAR la nulidad de lo actuado respecto de la actora S.K.F. ARGENTINA S.A. en el sumario que ha tramitado como expediente N° 12196-1203-2011, a continuación del auto por el cual se declara la apertura de sumario (fs. 15 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución RESOL-2020-424-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA aquí apelada.
2).- DEVOLVER las actuaciones a la D.G.A. a los fines mencionados en el considerando II in fine del presente.
3).- RECHAZAR el planteo de prescripción tributaria planteado. Sin costas.
De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en los Considerandos VIII a XIII de la presente.
2. Devolver las actuaciones a la D.G.A. a los fines mencionados en el considerando II in fine del Voto del Dr. Horacio J. Segura.
3. Rechazar el planteo de prescripción tributaria planteado. Sin costas.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse las actuaciones a la D.G.A..
Date: 2023.08.30 14:13:49 ART Date: 2023.08.30 14:35:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.30 19:01:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.30 19:02:02 -03:00
Fin de la sentencia