Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.924-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando V del presente.
2Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos y exigir la multa, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT Nº 04073IT14003850L, en la actuación SIGEA Nº 12210-2967-2008.
3Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-133215504-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 8 de Noviembre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación) y Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “SKF ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente 36.924-A La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 13/18 vta. se presenta la firma SKF ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA N° 2644/15, mediante la cual se la condena al pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. y se le exige el pago de tributos. Efectúa un resumen de los hechos. Sostiene que se reexportaron la totalidad de los insumos importados temporariamente y se nacionalizaron los residuos. Manifiesta que se desconocieron las constancias del propio sistema de la Aduana, al sostenerse que no se presentaron los permisos de embarque respectivos. Se agravia de la demora del sumario manifestando que se le corrió vista casi 10 años después del vencimiento del régimen, lo que es contrario al debido proceso adjetivo y vulnera su derecho de defensa. Refiere a la naturaleza penal del procedimiento infraccional, al que se le aplican las garantías del derecho penal. En subsidio, solicita la aplicación del art. 898 del C.A. en atención a las particularidades del caso. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 28/31 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Seguidamente, realiza una breve reseña de los hechos. Afirma que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora, no habiendo podido probar sus dichos ni el cumplimiento del régimen al que se acogió. Cita jurisprudencia. Concluye que se encuentran reunidos los elementos constitutivos de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. Ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo apelado, con costas.
III. Que a fs. 32 se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido a la demandada y se abre la causa a prueba, la que obra producida a fs. 40, 42/51 y 58/59. A fs. 62 se certifica el período probatorio, a fs. 63 se declara la clausura el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “F”. A fs. 65 se ponen para alegar, obrando el alegato del Fisco a fs. 68/72. A fs. 73 se deja constancia que la actora no alegó. Con posterioridad pasan los autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas n° 12210-2967-2008 se inician con el acta de denuncia labrada el 7/05/08, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto del DIT n° 04073IT14003850L. A fs. 4 luce en sobre contenedor el DIT. A fs. 6 se afora la mercadería. A fs. 7 obra una liquidación de tributos. A fs. 10, en fecha 23/05/08 se dispone la remisión de las actuaciones al departamento procedimientos legales aduaneros a los efectos de que se aperture sumario. A fs. 11, en fecha 23/11/09 se giran las actuaciones a la Dra. González. A fs. 13, en fecha 17/06/10, se dispone la apertura de sumario. A fs. 14, sin fecha, se practica liquidación de tributos y multa, dejándose constancia en el reverso de dicha liquidación del giro de las actuaciones a la Dra. Vega, en fecha 11/4/13. A fs. 12/13 obran dos nuevas liquidaciones de tributos y multa. A fs. 16 vta. se deja constancia del giro de las actuaciones al Dr. Martín en fecha 26/9/14. A fs. 18, en fecha 4/3/15, se dispone nuevamente el giro de las actuaciones al contador del Departamento a los efectos de practicar una nueva liquidación de tributos sin el derecho adicional. A fs. 19/20 se practica nueva liquidación de tributos y multa. A fs. 21 se corre vista a la firma SKF ARGENTINA SA y a la aseguradora, resultando notificada la firma importadora el 21/04/15. A fs. 33/36 la firma SKF ARGENTINA SA. presenta su descargo y a fs. 37/42 hace lo propio la firma aseguradora. A fs. 46, el 11/05/15, se tienen por contestadas las vistas y se remiten las actuaciones a la Aduana de Ezeiza a los efectos de que informe conforme las constancias de autos y lo manifestado por la firma importadora, si la mercadería importada temporalmente fue cancelada en tiempo y forma. A fs. 47 se expide la Dirección Aduana de Ezeiza. A fs. 48 se efectúa intimación a la firma SKF ARGENTINA SA., en fecha 20/05/15, a los efectos de que en el plazo de 3 días aporte la documentación que acredite la cancelación de la temporal involucrada. A fs. 51/52 obra consulta al registro de infractores aduaneros. A fs. 53/58 vta. se dicta la resolución DE PRLA n° 2644/15, aquí apelada y notificada a la aquí actora el 11/03/16.
V. Que, en primer término, y en atención a los plazos de sustanciación que resultan de las actuaciones administrativas, de lo que también se agravió la actora en su recurso, corresponde analizar la validez del auto de apertura de sumario a la luz de lo acontecido en las mismas.
Que el art. 1094 del C.A. establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo "determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados".
Que, conforme surge de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, el 7/05/08 se labra acta de denuncia por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., respecto del DIT 04073IT14003850L, cuyo vencimiento operó el 29/12/05 y cuya carpeta contenedora obra a fs. 4. El 14/05/08 se afora la mercadería y a fs. 7 –sin fecha- obra una liquidación preliminar sólo de tributos. El 23/05/08 se dispone la remisión de las actuaciones al departamento procedimientos legales aduaneros a los efectos de que se aperture sumario, siendo que el 23/11/09 se giran las actuaciones a la Dra. Cecilia González, según resulta de fs. 11. A fs. 13, el 17/06/10 se dispone la instrucción de sumario. A continuación, fs. 14, sin fecha, obra determinación de los tributos y multa, efectuada por el contador del Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros, dejándose constancia en el reverso de dicha liquidación, el 11/04/13, es decir casi 3 años más tarde, que se giran las actuaciones a la agente Dra. Mariela Vega. A fs. 15, sin fecha, se practica nueva liquidación de tributos y multa por el contador antes mencionado. A fs. 16, sin fecha, obra una vez más, otra liquidación de tributos y multa, dejándose constancia en el reverso de dicha foja que se giran las actuaciones al agente Dr. Juan Carlos Martin, en fecha 26/09/14. A fs. 18, el 04/03/15, se giran nuevamente las actuaciones al contador del Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros, a los efectos de practicar nueva liquidación respecto de la mercadería involucrada en autos, obrando a fs. 19/20 nueva determinación de tributos y multa.
Es decir, que desde el 23/05/08 que se dispuso la remisión de las actuaciones al Departamento procedimientos legales aduaneros para continuar el procedimiento infraccional pertinente hasta el 4/03/15, solo se practicaron sendas liquidaciones de tributos y multa, sobre la misma mercadería, con la apertura del sumario mediante, atento a los plazos prescriptos, no obrando ningún otro acto que las liquidaciones mencionadas, advirtiéndose –asimismo- que todas ellas se practicaron sobre la totalidad de la mercadería involucrada en el DIT en trato, es decir no surge cambio alguno respecto a la mercadería que la Aduana debía tener en cuenta a los efectos de practicar dichas liquidaciones.
Por su parte, recién el 08/04/15 se corre vista de lo actuado a la aquí actora, es decir casi 10 años después del vencimiento de la temporal y faltando sólo un poco más de dos meses para que prescriba la acción del fisco para imponer penas.
Que de todo lo expuesto cabe concluir que lo actuado en las actuaciones administrativas ha sido en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094 del C.A., de cuya letra resulta evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a determinar y liquidar los tributos y multa que correspondan, circunstancias que tuvieron lugar con posterioridad a la instrucción, tal como ya se ha dicho ut-supra.
Que, corresponde destacar que la importancia del cumplimiento por parte del servicio aduanero de los requisitos establecidos en el artículo 1094 del C.A. -lo que no ha ocurrido en autos, claramente,- radica en el hecho de que el administrado pueda conocer, con carácter previo a la presentación de su defensa, los hechos investigados, así como también la liquidación de los tributos, multa correspondiente y las posibles medidas cautelares.
Que, conforme el criterio sostenido por el Dr. Segura en su voto en minoría en la causa “CEARCA S.A., c/ Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. Nº 25.681-A, de la Sala “G” de este Tribunal (con una composición diferente a la actual), estimo que por carecer de requisitos esenciales el auto de apertura de sumario de fecha 30/12/2010 -obrante a fs. 127 de las act. adm.-, el mismo es nulo de nulidad absoluta, en tanto violatorio de la ley, por estar en palmaria contradicción a lo establecido en el referido en el art. 1094 del C.A Que en este mismo sentido se expidió la Sala “E” de este Tribunal, en la causa “Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A.”, expte. Nº 27.525-A, cuando, en una causa análoga a la de autos, expresó: “el auto de fecha 29.12.04 (v. fs. 18 ant. Adm.) constituye un acto de mero trámite indicativo de que se abrió el sumario. Nótese que ni siquiera se han determinado los hechos constitutivos de la infracción, como exige el art. 1094 del C.A. En consecuencia, el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta en tanto es violatorio de la ley (art. 1094 del C.A.)...”. “Que, conforme lo expuesto, cabe declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas en lo que hace a la firma recurrente (conf. art. 946 del C.A.) puesto que, al no haber habido interrupción de la prescripción de la acción fiscal, la resolución DE PRLA Nº 8955/09 es extemporánea”.
Siguiendo este mismo criterio en la causa caratulada “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA Y ACUM. c/ DGA s/ recurso de apelación.” Expte.:29.422-A. (17/04/2012). (Sala “E”) se dispuso: “...que el auto de apertura del sumario del 22/11/2005 (fs. 38 de los ant. adm.) no pudo suspender la prescripción en los términos del art. 805, inc. a) del CA, toda vez que no reúne los requisitos del art. 1094, inc. d), del CA en cuanto a la liquidación de los tributos que pudieren corresponder, ni esos tributos habían sido liquidados con anterioridad. Que tampoco se corrió vista antes del 1°/01/2008, en la cual obrara la liquidación tributaria. De haberse corrido ese tipo de vista, con anterioridad a esa fecha, se hubiera subsanado la falencia del auto de apertura del sumario.”
Que cabe destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en los autos: “Agencia Marítima TAGSA S.A. c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”. Expte.:40.306/13 (18/03/2014), señaló que ·para que el acto de apertura de sumario sea válido es necesario que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente, art. 1094 del C.A.” En este sentido resolvió de acuerdo al criterio adoptado por la Sala IV, en los autos: “Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27435-A) c/ D.G.A.” del 11 de junio de 2.013 (sentencia que quedó firme, por haber sido declarado inadmisible por la C.S.J.N. el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco, con fecha 4/02/2014) “...Señaló que para que el auto de apertura del sumario tuviera tal virtualidad, debía tratarse de un acto válido, siendo para ello necesario que reuniera los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente.”
Así, subrayó que el art. 1094 del C. A. identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario, e indica -en tal sentido- que “el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
Concluyó que resulta imperativo cumplir con aquellos requisitos para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado de pago ejercer correctamente su defensa; por el contrario, la falta de alguno de ellos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (confr. también Sala IV in re: Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA” y en similar sentido, Sala I in re “Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.”, sentencia del 23/02/10)...”. Manteniendo, idéntico criterio en las causas: “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”,sent. del 27/4/17; 39183/17 “Gibaut Hnos. Manufacturas de Cuero SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 19/12/17; y 88231/2017 “Isamar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. Del 15/3/18, entre otras).
Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala III, en la causa “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28874-A C/ DGA S/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. 55478/2019, se explayó acerca de la interpretación que la Sala, le ha asignado al art. 1094 inc. d) del C.A.: “En efecto, ha sostenido que, como regla general, disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular (…) y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas (conf. in re, “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF28836- A) c/ DGA”, Expte. No. 21.830/2012, del 6/6/2013). (…) Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero (esta Sala, causa “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.” citada)”
Que, teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de apertura de sumario por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 1094 del C.A.
Que, resulta pertinente mencionar que la efectiva liquidación de la multa y tributos correspondientes a la mercadería en infracción se realizó cuando ya habían transcurrido los cinco años previstos en los art. 803/804 del C.A. y 934/935 del CA. Nótese que el vencimiento del DIT operó el 29/12/05, por lo que la acción del Fisco para imponer multas y percibir tributos prescribía el 31/12/10-. Asimismo, la corrida de vista fue efectuada el 08/04/15 -ver fs. 21 de las actuaciones administrativas-; es decir, cuando ya había operado la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa y tributos; por lo que no se pudo “purgar” las falencias del auto de apertura de sumario de fecha 17 de junio de 2010.
VI. Que sin perjuicio de la declaración de nulidad del auto de apertura de sumario dispuesta en el considerando precedente, se advierten a lo largo del mismo –casi 10 años- ciertos vicios que no pueden ser convalidados en esta instancia.
En efecto, lo cierto es que el sumario se activó a partir de la corrida de vista –el 08/04/15-, siendo que efectivamente duró un poco más de dos meses. Nótese que contestada la vista, en lo que aquí interesa, por la firma importadora, el 7/05/15, a fs. 46, el 11/05/15, se dispone la remisión de las actuaciones a la Aduana de Ezeiza, Sección Operativa y Registral, a los efectos de que informe si la mercadería importada temporariamente había sido cancelada en tiempo y forma, lo que se cumple por la Aduana de Ezeiza el 14/05/15, es decir 3 días después. Acto seguido, el 20/05/15, se intima a SKF ARG. S.A. para que, en el plazo de 3 días, acompañe los originales o copias certificadas de las destinaciones involucradas en la descarga del DIT aquí involucrado, y de los CTC o solicitudes de CTC que obren en su poder. Que a esa altura, no se explica el motivo de que –prácticamente al finalizar el sumario y habiendo transcurrido casi 10 años desde el vencimiento del DIT-, se intime a la aquí actora para que acompañe la documentación cancelatoria de la temporal en trato.
A continuación –efectuada la consulta respectiva al registro de infractores- se dicta sin más la resolución aquí apelada, el 15/06/15, es decir tres días antes de que opere la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas. A ello corresponde agregar que fue notificada el 11/03/16, es decir casi 9 meses después de su dictado.
Que del análisis de la tramitación del sumario infraccional en cuestión, se desprende que el dictado del auto de apertura del sumario como así también de la resolución condenatoria, sólo tuvieron por efecto la interrupción del curso prescriptivo, más no la efectiva determinación de la comisión de la infracción aquí imputada.
Que no está de más recordar que, en el caso, nos encontramos ante una infracción aduanera, por lo que resultan de aplicación los principios de naturaleza penal, tal como ha reconocido desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios de sus fallos 18:350, 267:457, 287:86, 288:356, 297:215, entre otros.
Que, por ende, al ser aplicable los principios penales como al caso de autos, el servicio aduanero debe extremar los recaudos en la sustanciación de los procedimientos a los efectos de determinar la comisión de infracciones por parte de los administrados.
VII. Que en virtud de lo manifestado, al ser nulo el acto de apertura de sumario de fecha 17/06/10, carece de aptitud para suspender el curso de la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en los términos del art. 805, inc. a), del C.A.
Que, conforme el art. 803 del C.A.: 'Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera", comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: "desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión".
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que el vencimiento del DIT operó el 29/12/05; por lo que conforme la legislación aplicable, el plazo de prescripción es de 5 años para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco (conf. art. 803 del C.A), y dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/2006, en los términos del art. 804 y no mediando causales suspensivas del curso de la prescripción tributaria, la misma operó el 31/12/10, careciendo de aptitud suspensiva de la prescripción tributaria, como se dijo, el acto de apertura de sumario de fecha 17/06/10 por ser nulo.
Que, en consecuencia, habiéndose dictado la resolución aquí apelada el 15/06/15 la misma resulta extemporánea.
Que, con fundamento en lo expuesto, corresponde declarar la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos, con costas al Fisco.
VIII. Que, a continuación corresponde analizar si se encuentra prescripta la acción del fisco para exigir la multa al ser nulo el auto de apertura de sumario, como ya se dijo.
Que, conforme lo dispuesto en el art. 934 del C.A. la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco años. Dicho plazo comienza a correr el 1° de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que, en consecuencia, siendo el vencimiento del DIT el 29/12/05, dicho plazo se computa a partir del 1/1/06 y opera, de no mediar causales interruptivas del curso de la prescripción penal, el 31/12/10. Que, en consecuencia, siendo nulo el auto de apertura de sumario de fecha 17/06/10, el mismo no resulta válido para interrumpir el curso de la prescripción penal -efecto previsto en el art. 937, inc. a), del C.A.- Nuevamente, con fundamento en lo expuesto, y habiéndose dictado la resolución aquí apelada el 15/06/2015, la misma resulta extemporánea, por lo que la acción del fisco para exigir la multa también se encuentra prescripta.
IX. Que, por la forma en que se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios planteados.
Por ello, voto por:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando V del presente.
2. Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos y exigir la multa, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT Nº 04073IT14003850L, en la actuación SIGEA Nº 12210-2967-2008.
3. Costas a la DGA.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. González Palazzo dijo:
En primer lugar, hago propio el relato de los hechos formulado por mi colega de grado, así como también la detallada descripción que de los elementos acollarados a la presente realizada a lo largo de su voto. Si bien entiendo que la solución que propone es la adecuada para dar solución al entuerto, anticipo que no comparto los fundamentos que conforman el razonamiento que la sustenta, en tanto entiende que “el auto de apertura del sumario fue dictado en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art.1094 del C.A.” ya que “el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan, circunstancias que tuvieron lugar con posterioridad a la instrucción…” (el destacado me pertenece).
Entendamos, la Dra. Sarquís –acompañada sustancialmente por el Dr. Garbarino- sostienen –con cierta razonabilidad- que la norma establecida en el art.1094 del C.A. impone una obligación al Administrador de aduana, atendiendo para ello a la sesgada literalidad de lo allí dispuesto.
Empero, estimo que la literalidad en abstracto no puede constituir la base de la construcción de lo justo y por ello, destaco dos aspectos neurálgicos que alimentan la lógica que erige mi posición al respecto: a) No puede inferirse que los elementos comprendidos en la norma resulten un numerus clausus que importe -como deber absoluto- el cumplimiento acabado de lo allí establecido so pena de nulidad. La referencia allí contenida relativa a a las “medidas cautelares que correspondieren…” así lo evidencia, pues -puedo aseverar que- si hubo de acaecer una mención a las mismas en algún caso que tramitó en el Tribunal Fiscal de la Nación, sin dudas fue excepcional y no recuerdo haber tenido el gusto de ilustrarme con algún caso adonde se plantease la nulidad de la apertura del sumario por no colegirse la referencia a las medidas cautelares que hubieren -o no- correspondido dictar.
b) Atendiendo a la naturaleza jurídica de las nulidades, puede afirmarse que la inobservancia de alguna de esas “obligaciones” pueda ser suficiente fundamento para extirpar del proceso al acto que la contiene sin evaluar la trascendencia de sus efectos ni la conveniencia práctica en lo que al debido proceso se refiere. Veamos, la sesuda ponderación el operador debe definir la entidad de ese yerro o vicio y las consecuencias de mantener su existencia pues, ante la duda, el acto debe subsistir, ya que ne pas de nullité sans grief. Las nulidades –en general- son siempre relativas en tanto puedan ser subsanadas con posterioridad (lo que aconteció en la especie y bien destaca la vocal instructora) pues, lo que se busca con la tutela jurisdiccional efectiva, es garantizar el debido e irrestricto respeto por parte de la autoridad al derecho de defensa del pretenso obligado y no es en la inobservancia a la –como dije- forzada taxatividad que se le da a la literalidad de la norma adonde se verifica la lesión al derecho de defensa del contribuyente, sino más bien a una particularidad que queda al desnudo tras el relato de las condiciones fácticas que enmarcaron el proceso en análisis.
Cabe destacar que no puede escapar al lector –ni mucho menos a quien tiene la obligación suprema de juzgar- que las consecuencias prácticas de la declaración de nulidad que se propone –en razón de lo establecido en los arts. 805 inc.a) y 937 del C.A. es que, como consecuencia de la teoría del fruto del árbol envenenado- el plazo quinquenal establecido por el legislador como causal de extinción de las acciones tributarias y penales –respectivamente- ha transcurrido en exceso, y esa es la lógica que recepta la vocal instructora, pues así declara la suerte de sendas acciones como forma de dar solución a este entuerto. Ahora bien, el ejercicio de la magistratura en el proceso dialéctico-racional de decir derecho debe ser contenido en esencia por la prudentia la cual se expresa –con evidencia didáctica- con el examen general de lo acontecido en el expediente y el impacto concreto de la decisión a adoptar pues, ésta “no puede dictarse desatendiendo las graves consecuencias que, de modo inmediato, podrían derivar de ella...”, ya que “ninguna solución es defendible si, en lugar de asegurar el orden público, genera el riesgo de un absoluto desorden” (Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso de casación. Voto del Dr. Fayt. R. 1309.
XLII).
Esa decisión que pone fin a un proceso, tiene efectos concretos y directos en la suerte de las partes que han sometido su conflicto a la autoridad para que con sapiencia técnica e incolumidad moral dirima quién tiene la razón. A eso, sintéticamente, podemos referirnos cuando nos invitan a definir cuál es la misión de un órgano jurisdiccional especializado como lo es el Tribunal Fiscal de la Nación.
Esta Sala se ha erigido desde su actual conformación titular, como estandarte en este Tribunal del control de legalidad tamizado a través del bloque de garantías convencionales en los procesos que son sometidos a su estudio y no han sido pocos los casos adonde se ha decretado la nulidad de actos administrativos cuya vigencia causaba por su invalidez efectos concretos y lesivos en los derechos del contribuyente, apelando para ello a todas las herramientas que el universo constitucional y convencional pone a disposición del operador jurisdiccional que ejerce una actividad sustancialmente judicial como los Vocales del Tribunal Fiscal de la Nación.
Ese contribuyente, encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación una primera instancia imparcial e independiente a la que arriba en defensa de sus derechos con la garantía de la suspensión del solvet et repete, en este derrotero jurisdiccional que se inicia ante las distintas aduanas que cumplen, con un rol eminentemente inquisitivo, su indispensable misión a lo largo del país o territorio aduanero. Dicho ello, también es importante velar porque ese celo que el operador jurisdiccional imprime en el proceso intelectual aplicado a su margen de discreción a través de la sana crítica racional para la toma de decisión, no llegue al extremo de atentar contra el mismo sentido de lo que se pretende preservar: disponer lo justo en el caso concreto.
El maestro Palacios nos ilustraba señalando que son tres los presupuestos a que se halla condicionada la declaración de nulidad: 1) Existencia de un vicio en alguno de los elementos del acto procesal, 2) Demostración de interés jurídico en la invalidación del acto y 3) Falta de convalidación del acto viciado. Claramente, esa convalidación en el caso de autos puede descartarse en tanto el acto en que transmuta aquella nulidad relativa es la resolución que recurre ante estos estrados.
Ergo, es hasta el dictado de la resolución que recepta la ponzoña -que nace en el acto administrativo de apertura del sumario al no contemplar alguno de los componentes descriptos en la norma- que puede acaecer su subsanación, o, incluso, su convalidación.
¿Cuál es el objetivo teleológico que como jueces de garantías debemos evaluar al dictar una nulidad en un proceso inquisitivo como el que conforma el aquí analizado? Simple y concretamente proteger el derecho de quien puede verse afectado por la vigencia de un acto que nace con alguna irregularidad que vicia su validez.
En suma, se debe mantener la vigencia del acto aceptando apriorísticamente una validez “precaria” en tanto puede ser saneada –o aún consentida- posteriormente en la medida que ese acto no revista una gravedad tal –como lo sería la destrucción dolosa de un medio de prueba, cuestiones de competencia y de legitimación o un acto que implique la imposibilidad material de incorporar un elemento probatorio que pudiere desaparecer- que torne al derecho de defensa como un derecho abstracto cuasi ilusorio. Como lo dije, en la medida de que esa irregularidad no afecte al derecho de defensa, sea por su entidad o porque es subsanada con posterioridad a su dictado, su potencial nulidad carece de fundamento que la justifique razonablemente.
Es por ello que no puedo compartir la solución a la que arriban mis colegas de grado y por ello –ante la posibilidad de que la cuestión sea revocada en la instancia revisora - me limito a votar por no hacer lugar a la prescripción propuesta debiendo volver los obrados a la Vocalía de origen para que se expida sobre el fondo de la cuestión.-
Así lo voto.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando V del presente.
2. Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos y exigir la multa, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT Nº 04073IT14003850L, en la actuación SIGEA Nº 12210-2967-
2008.
3. Costas a la DGA.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.11.08 09:01:50 -03:00 Date: 2023.11.08 09:35:34 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.08 10:31:56 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.08 10:31:57 -03:00
Fin de la sentencia