Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-126863349-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la Resolución DE PRLA Nº 9770/2017 dictada el 12/12/2017 en la Actuación Administrativa SIGEA Nº 12197-14711-2007.
2Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-56577918-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 27 de Mayo de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “SKF ARGENTINA SA c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente Electrónico Nº EX-2022-126863349- -APN- SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el presente caso, la firma SKF ARGENTINA SA interpuso recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 9770/2017, mediante la cual se le formuló un cargo en concepto de tributos adeudados en relación con la Destinación de Importación Temporal Nº 05001IT14001437C (“DIT”), en los términos del artículo 970 del Código Aduanero (“CA”), y se dispuso el archivo de las actuaciones conforme a lo establecido por la Instrucción General Nº 9/17.
Entre sus argumentos, la empresa destaca que el acto de instrucción sumarial no cumple con los recaudos del art. 1094 del CA, por lo que corresponde decretar su nulidad y, en consecuencia, la prescripción de la acción del fisco para reclamar tributos. Objeta la inclusión en la liquidación de los conceptos IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque el fallo aduanero.
II. Como respuesta de los agravios esgrimidos por la actora, la representación fiscal se presenta y defiende la validez del acto administrativo. Luego de efectuar la negativa genérica de rigor, se allana parcialmente en lo que respecta a la inclusión de los conceptos IVA Adicional y Ganancias en la pretensión tributaria. En lo que respecta al fondo de la cuestión, sostiene sustancialmente que la empresa actora incumplió con las obligaciones asumidas al acogerse voluntariamente al régimen de importación temporaria, previsto en el artículo 970 del CA. Indica que no se acreditó debidamente la reexportación de la mercadería ingresada bajo dicho régimen, ni se aportó el Certificado de Tipificación y Clasificación exigido por la normativa aplicable, lo que impidió verificar la trazabilidad e identidad entre los insumos importados y los productos supuestamente exportados. Asimismo, el Fisco rebate los planteos de nulidad e improcedencia formulados por la actora, negando afectación alguna al derecho de defensa, toda vez que la empresa tuvo oportunidad suficiente de ejercerlo ante esta instancia jurisdiccional. Alega también que no ha operado la prescripción de la acción para exigir tributos, ya que el curso de la misma se halló suspendido e interrumpido en virtud del auto de apertura del sumario y la posterior liquidación tributaria. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo apelado, con costas.
III. En esas condiciones, corresponde pronunciarse en primer lugar sobre el planteo de nulidad esgrimido por la actora, quien sostiene que la omisión de conferir la vista exigida por el artículo 1101 del CA configura una transgresión al procedimiento infraccional que vicia de nulidad la resolución apelada al privarla de causa y motivación.
IV. Para una mejor comprensión, es importante hacer una breve reseña de los hechos en sede aduanera. Así es que, del análisis de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12197-14711-2007, se observa que, luego del acta de denuncia por la presunta infracción al artículo 970 del CA contra la importadora “SKF ARGENTINA SA”, se procedió a clasificar y valorar la mercadería (ver fs. 17) y a liquidar los tributos (ver fs. 21). Posteriormente, se instruyó sumario (ver fs. 23). A fs. 24 se incorporó print de pantalla de la garantía. Finalmente, se dictó la resolución apelada en autos, mediante la cual se resolvió archivar el sumario infraccional iniciado contra la firma importadora mencionada, en virtud del monto de la multa y conforme a la Instrucción General Nº 09/2017 de la Dirección General de Aduanas. Asimismo, se intimó a la firma “SKF ARGENTINA SA” y a la aseguradora “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA”, al pago de los tributos aduaneros correspondientes a la DIT.
En este sentido, y como resulta evidente, en el expediente administrativo no consta documentación que acredite la disposición de la corrida de vista, siendo este acto de carácter obligatorio conforme a la normativa vigente.
Bajo estas condiciones, se evidencia de manera indubitable que la demandada no ha cumplido con lo previsto en el art. 1101 del CA, que dispone: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (...)”.
Al respecto, es importante mencionar la interpretación que la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal realizó del artículo 1101 del CA en un caso análogo: (…) “conviene recordar que el principio que determina la inviolabilidad de la defensa en juicio está tutelado en la Constitución Nacional (art. 18) y asegura a toda persona el derecho a participar en el proceso ejerciendo plenamente su derecho a ser oído, a probar sus dichos y a que esas defensas sean debidamente valoradas por el juez. Se concluye fácilmente, entonces, que mediante la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se pretende dar plena dimensión a la referida garantía constitucional, permitiendo al particular ejercer la defensa de sus derechos e intereses. Sobre esa base, y en la medida en que el proceder de la Aduana impidió a la aquí actora desincriminarse en forma oportuna, se constata la situación de indefensión provocada (…). La defensa en juicio requiere indispensablemente, aun en juicios especiales, como los de faltas, que se oiga al acusado y se le dé alguna oportunidad para producir su prueba de descargo (Fallos: 198:467); ello es así por cuanto esa garantía constitucional impone que los derechos de los habitantes no sean definitivamente dilucidados sin que se oiga a sus titulares y se les permita invocar y demostrar los hechos que se consideren conducentes a su defensa. La doctrina de la subsanación judicial del acto administrativo ha de tener un campo de aplicación limitado a casos extraordinarios, pues lo contrario llevaría a los jueces a tener como función normal suplir la voluntad de la administración, exorbitando sus atribuciones, las que son de control, para transformarse en administradores con evidente violación al principio de división de poderes (Sala IV, in re: “Hsien Yuzh S.A. (T.F. 9852-A) c/ D.G.A.”, del 19/11/99). En tales condiciones, cabe concluir que el hecho de que la Aduana no se haya ajustado a la normativa prevista en el Código Aduanero, en materia alguna puede tener el efecto de que la actora se vea imposibilitada de ejercer su derecho de defensa y que, a su vez, se vea irremediablemente condenada por un cargo que no pudo cuestionar” (Sala II, Sentencia de fecha 12/11/2019 dictada en el Expte. N° 44.039/19 caratulado “Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”).
Este razonamiento se halla en consonancia con la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha sostenido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales e infraccionales (cfr. Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre otros).
En armonía con esta interpretación jurisprudencial, la omisión de conferir la vista en el presente caso vulneró el ejercicio efectivo del derecho de defensa de la actora, en tanto le impidió tomar conocimiento del procedimiento infraccional y el ejercicio oportuno de las acciones y medios de prueba pertinentes. Tal irregularidad transgrede garantías esenciales del debido proceso, consagradas en normas de jerarquía constitucional y convencional, como el artículo 18 de la Constitución Nacional y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
V. En este estado de cosas, debe destacarse que el tratamiento de las circunstancias que configuran la nulidad no puede ser abordado de manera mecánica, sino que debe efectuarse evaluando la gravedad de la irregularidad y la posibilidad de su subsanación conforme a las circunstancias específicas de cada caso. En efecto, si bien en otros fallos he destacado la posibilidad de subsanar las irregularidades acaecidas en el procedimiento administrativo previo cuando se trata de revisar el ejercicio de facultades regladas (cfr. Fallos: 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), en la especie, no puedo dejar de hacer notar que no se trata de una simple irregularidad en el marco del procedimiento administrativo que es susceptible de ser subsanada en esta instancia revisora, sino que lisa y llanamente se omitió por completo el procedimiento en sí mismo, de manera que consentir una irregularidad de tal gravedad, obligaría a este tribunal a una revisión ex novo que desnaturalizaría su carácter revisor de la actuación administrativa previa. En este orden de ideas, resulta indiscutible que la omisión de la corrida de vista tanto a la presunta imputada como a la aseguradora, conforme a lo dispuesto en el artículo 1101 del CA, ha obstaculizado el ejercicio pleno del derecho de defensa, garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Tal omisión configura un perjuicio irreparable en esta instancia, dado que afecta de manera sustancial la validez y legitimidad de todo el procedimiento administrativo.
VI. Llegado a este punto, es necesario hacer especial énfasis en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA), la cual dispone que con anterioridad a la emisión del acto administrativo (en este caso, la resolución definitiva) deben cumplirse los procedimientos esenciales y aquellos que se derivan implícitamente del ordenamiento jurídico (cfr. art. 7°, inc. d), por lo que la ausencia de algunos de estos requisitos hace que el acto sea nulo de nulidad absoluta e insanable (cfr. art. 14 inc. b). Bajo esta óptica jurídica, la omisión de la corrida de vista de lo actuado conforme al artículo 1101 del CA constituye un incumplimiento manifiesto de estos requisitos, lo que invalida en su totalidad la resolución definitiva dictada en el expediente administrativo.
VII. Con base en los fundamentos expuestos, corresponde declarar la nulidad de la resolución apelada, con costas a cargo del Fisco.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad de la Resolución DE PRLA Nº 9770/2017 dictada el 12/12/2017 en la Actuación Administrativa SIGEA Nº 12197-14711-2007.
2. Costas a la DGA.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de la Resolución DE PRLA Nº 9770/2017 dictada el 12/12/2017 en la Actuación Administrativa SIGEA Nº 12197-14711-2007.
2. Costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.05.27 13:08:28 ART Date: 2025.05.27 13:22:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Date: 2025.05.27 14:18:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.27 14:19:11 -03:00
Fin de la sentencia