Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 37.720-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el artículo 1° de la Resolución (DE PRLA) Nº 6527/2016, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12210-140-2009, en cuanto intima a la importadora al pago de multa. Costas a la DGA.
2Confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nº 6527/2016, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12210-140-2009, en cuanto intima a la importadora y a su garante por la obligación tributaria que asciende a DÓLARES CINCUENTA Y DOS CON 49/100 (USD 52,49), con más los intereses de conformidad al art. 794 del CA, que comenzarán a devengarse el 13/06/2016. Costas por sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 10% a cargo de la actora y un 90% a cargo de la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-17608524-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 18 de Febrero de 2025 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino, Christian M. González Palazzo y Juan Manuel Soria (subrogante), para resolver el expediente N° 37.720-A, caratulado “SKF ARGENTINA SRL c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, a fs. 12/19, se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 6527/16, dictada el 14/12/2016 en el expediente administrativo SIGEA N° 12210-140- 2009, por la cual se la condena al pago de tributos por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero. Relata los hechos y la normativa aplicable. Sostiene que la resolución aduanera es totalmente arbitraria e infundada. Añade que presentó oportunamente las solicitudes de CTC y sus rectificaciones con las respectivas declaraciones, pero que no pudo sustituir dicha declaración por el CTC definitivo, ya que la Secretaría de Industria y Comercio no la emitió. Indica que el CTC mantendrá su validez mientras no cambie la relación I-P declarada. Afirma haber solicitado mediante pronto despacho el CTC definitivo, por lo entiende que dicho incumplimiento no corre por su cuenta sino de la Secretaría de Industria y Comercio. Agrega que la solicitud de CTC N° 061-006577/00, 061-013445/0, y S01: 0204140/02 y sus rectificaciones acompañadas, son las definitivas y válidas hasta el 31/12/07. Por otra parte, señala que las mermas se nacionalizaron en su totalidad por medio del despacho 06073IC82000048U. Ofrece prueba. Hace reserva del Caso Federal. Solicita se deje sin efecto la resolución apelada, con costas a la demandada.
II. A fs. 29/32 se presenta la representación fiscal, y contesta el traslado de la apelación de la importadora. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la recurrente que no fueren objeto de su especial reconocimiento. Señala que el accionar de la aduana no puede tildarse de arbitrario. Indica que la importancia del CTC definitivo es tal que el art. 14 del Decreto 1439/96 exige al importador la sustitución de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes por el CTC al momento de solicitar la cancelación de la importación ante el servicio aduanero. Agrega que es el importador quien debe solicitar se expida el mentado certificado, y señala que si bien la recurrente presento un pronto despacho, debería haber intimado a la Secretaría para ponerla en mora. Recuerda que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de Importación Temporal recae sobre la importadora. En este sentido, sostiene que la actora no ha acreditado con la documentación pertinente la efectiva cancelación del DIT en trato. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Hace reserva del Caso Federal. Solicita se confirme la resolución aduanera recurrida, con expresa imposición de costas a la contraria.
III. Que las actuaciones administrativas n° 12210-140-2009 se inician, a fs. 1 con el acta de denuncia labrada por el servicio aduanero donde se formula la infracción tipificada en el art. 970 del CA. A fs. 4 luce sobre contenedor con la DIT N° 05 073 IT15 000094 K y documentación complementaria. A fs. 5 luce la Nota N° 331/2009 (SE PTEZ) mediante la cual se solicita establecer la clasificación arancelaria, el valor de la mercadería en infracción, derechos y demás tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en trato. A fs. 6 luce la Nota N° 63/09 (SE RDEZ) con la clasificación arancelaria y demás datos solicitados. A fs. 10 se dispone la instrucción de sumario en fecha 19/12/2011. A fs. 15 luce impresión de pantalla con consultas de la garantía global. A fs. 16 luce la determinación de tributos y multa. A fs. 17 se corre vista de lo actuado a la firma importadora y a su aseguradora. A fs. 24 consta el aviso de retorno de la notificación de la vista a SKF Argentina SA en fecha 30/05/2016. A fs. 25 obra la notificación a la compañía La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. en fecha 27/05/2016. A fs. 41/44 obra la contestación de la vista realizada por la recurrente, y a fs. 22/23 vta. luce la contestación de la vista realizada por la aseguradora. A fs. 45 en virtud de la documentación aportada se solicita que se remitan las actuaciones a la Sección Operativa y Registral de Ezeiza, a fin de que informe si la mercadería importada temporalmente ha sido cancelada en tiempo y forma. A fs. 46 consta la Nota 6353/16 (SE OPRE) del área técnica donde se informa la imposibilidad de determinar la reexportación, atento a que no fue aportado el CTC definitivo correspondiente a las Solicitudes de rectificación de CTC. A fs. 48/55 lucen las impresiones de pantallas del Registro de infractores. A fs. 56/59 vta. consta la Resolución del DE PRLA N° 6527/16 del 14/12/2016 apelada en autos.
IV. Que, corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada se ajusta a derecho en lo que ha sido materia de recurso.
Que no resulta controvertido que, mediante la destinación 05 073 IT15 000094 K, la firma recurrente documentó la importación temporaria de 505.030 unidades de bolas de acero descriptas en la DIT como “De acero SAE 52.100, grados 5, 10 y 16, según Norma ISO 3290 (Anexo II-12) – Las demás Bolas de acero calibradas – Bolas, rodillos y agujas – Partes: RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DEAGUJAS”, correspondiente a la PA 8482.91.19.100W, al amparo del régimen previsto en el decreto 1439/96, por un plazo de permanencia cuyo vencimiento operó el 27/05/2006.
Que por el régimen suspensivo al que se acogió la propia firma, la mercadería documentada quedó sometida a la obligación de ser reexportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia – conf. artículo 250 CA – o eventualmente, a convertirse su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del CA.
Que las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del despacho que nos ocupa – Res ANA 127/92 y sus modificatorias y Decreto 1439/96 –, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos permisos de embarque.
Que, al no existir – en principio – constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., oportunidad en que, asimismo se reclamó el pago de los tributos considerados adeudados.
Que este Tribunal Fiscal tiene dicho en reiterada jurisprudencia que sólo puede demostrarse la reexportación de la mercadería con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializadas, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica a la DIT en cuestión y con los certificados de tipificación y clasificación (CTC) que correspondan.
Que queda a cargo de la importadora la obligación de presentar los referidos documentos aduaneros que permitan acreditar la cancelación de la mercadería sometida al régimen suspensivo (permisos de embarque o destinaciones), así como también, en el caso, por tratarse de mercadería que sería sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial, de los Certificados de Tipificación y Clasificación, que acrediten la cantidad e identidad de los insumos importados en la mercadería exportada.
Que el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) resulta un documento fundamental para evaluar la descarga de un despacho de importación temporaria, ya que permite determinar la cantidad de insumo importado que fue utilizada en la elaboración del producto que finalmente es exportado, así como los porcentajes de pérdidas, residuos, mermas y sobrantes resultantes del proceso productivo llevado a cabo por la empresa.
V. Que el servicio aduanero, mediante la Resolución (DE PRLA) Nro. 6527/16, resolvió condenar a la firma importadora, con fundamento en la Nota N° 6353/16 producida por la Sección Operativa y Registral de la Aduana de Ezeiza (v. fs. 46 de las act. adm.). Dicha nota indica que del análisis de la documentación aportada fue imposible determinar la re-exportación atento a no haberse “…aportado el CTC definitivo correspondiente a las Solicitudes de rectificación de certificado de tipificación”.
Que, por su lado, la recurrente afirma haber exportado la totalidad de la mercadería importada temporariamente en tiempo y forma, mediante los siguientes permisos de embarque:
• Item 1 Sub-ítem 1 (“Artículo 8.731MM”): PE 05001EC03027438L, PE 05001EC03027588R, PE 05001EC03027950K, PE 05001EC03028568Z, PE 05001EC03028910H, PE 05001EC03029408K, PE 05001EC03029452J, PE 05001EC03029478R;
• Item 1 Sub-ítem 2 (“Artículo 6.35MM”): PE 06001EC03009924M;
• Item 1 Sub-ítem 3 (“Artículo 7.144MM G16”): PE 05001EC03026259L.
Además, señala que mediante el despacho de residuos N° 06073IC82000048U se nacionalizaron las mermas y acompaña el CTC N° 061-006577/00.
Por último, ofrece y solicita como prueba informativa que: (i) se libre nota a la División registro de exportación de la Aduana de Buenos Aires y de Ezeiza, a fin de que acompañen los originales o copias de los PE y el despacho de residuos N° 06073IC82000048U, (ii) se libre nota a la SE OPRE de Ezeiza para que informe si los insumos importados temporalmente fueron reexportados, (iii) se libre oficio al Ministerio de Economía y Producción – Sec. de Industria, Comercio y de la PYME a fin de que informe si para las solicitudes de CTC N° 061-006577/00, 061-013445/00 y S01:0204140/02 se emitió el CTC definitivo, (iv) se libre oficio al despachante de aduana a fin de que informe si respecto de la carga en el campo cancelaciones de los PE del % de pérdidas se debió a un error del documentante, y si la imputación al subitem 1.2 en el IC82, se debe a que no quedaban saldos para los restantes subítems.
VI. Que a fs. 76/127 consta la contestación mediante el oficio N° 91381/18-MAG remitido por la División Oficios de la Aduana, en el que se informa que “… se remite un cuerpo de cincuenta y un (51) fojas útiles, conteniendo destinaciones originales (…) Asimismo, cabe destacar que el PE 05 001 EC03 027950 K fue elevado a ese Excmo. Tribunal (Sala E – Vocalía 14), Causa N° 36.926-A, el PE 05 001 EC03 029408 K (Sala F – Vocalía 17) Causa 36.960-A, a mayor ilustración se acompañan copias de las respectivas elevatorias, y con respecto a la destinación 05 001 EC03 027438 L se adjuntan impresiones de pantalla SIM”.
Asimismo, a fs. ref. 131/224 consta la respuesta a la requisitoria por parte de la Directora de la Dirección de Exportaciones del Ministerio de Producción y Trabajo, donde se acompañan copias autenticadas de las solicitudes de CTC obrantes en los Expedientes N° S01:0094938/2002 y S01:0204140/2002.
VII. Que, en primer lugar, si bien, la División Oficios de la Aduana informó que los PE 05 001 EC03 027950 K y 05 001 EC03 029408 K obraban en otras causas que tramitaban ante este Tribunal, cabe aclarar que, se pudo acceder a ellas y tomar vista del formulario original del PE 05 001 EC03 027950 K - agregado como prueba en los autos N° 36.926 en trámite ante la Sala “E” Vocalía 14° - y también se accedió a los print de pantalla del PE 05 001 EC03 029408 K - agregado como prueba en los autos N° 36.960 en trámite ante la Sala “F” Vocalía 17° -. Que, por otro lado, de la compulsa de la documentación de autos - permisos de embarque, contestaciones de oficio y CTC aportados-, se ha constatado que fueron reexportadas las siguientes unidades:
- Ítem 1 Sub-ítem 1 (“Artículo 8.731MM”): PE 05001EC03027588R (56.954,88 unidades), PE 05001EC03027950K (7.772,38 unidades), PE 05001EC03028568Z (56.954,88 unidades), PE 05001EC03028910H (2.595,60 unidades), PE 05001EC03029452J (70.722,11 unidades), PE 05001EC03029478R (247.447,20 unidades);
- Ítem 1 Sub-ítem 2 (“Artículo 6.35MM”): PE 06001EC03009924M (32.320,20 unidades);
- Ítem 1 Sub-ítem 3 (“Artículo 7.144MM G16”): PE 05001EC03026259L (19.550 unidades).
Que, en consecuencia, se constató que del ítem 1 Sub-ítem 1 fueron canceladas 442.447,05 unidades sobre 452.480 importadas temporalmente; del ítem 1 Sub-ítem 2 fueron canceladas 32.320,20 unidades sobre 33.000 importadas; y del ítem 1 Sub-ítem 3 fueron canceladas 19.550 unidades sobre 19.550 importadas; por ende, se confirma que han quedado en infracción 10.032,95 unidades del ítem 1 Sub-ítem 1 y 679,80 unidades del ítem 1 Sub-ítem 2.
VIII. Que, sentado ello, corresponde referirse a la liquidación tributaria en la que, desde ya se adelanta, resulta improcedente la inclusión de las percepciones del IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias que fuere exigida por el servicio aduanero.
En tal sentido, resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A., de fecha 26/11/2019, donde se expidió, en relación a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como adecuadamente lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”
Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la que se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
Que, en atención a lo expuesto, corresponde practicar una nueva liquidación:
Item 1.1 – 10.032,95 unidades + Item 1.2 – 679,80 unidades = Total 10.712,75 unidades Valor en Aduana USD 198,48 Derechos de Importación (4%) USD 7,94 Tasa de Estadística (0,5%) USD 0,99 Base IVA USD 207,41 IVA (21%) USD 43,56 Total Tributos USD 52,49 Que, respecto a los intereses, conforme lo previsto en el artículo 794 del Código Aduanero, estos comenzarán a devengarse desde el vencimiento del plazo de 10 días contados desde la fecha en la cual la apelante se notificó de la corrida de vista del sumario.
Que, en cuanto a la multa, corresponde señalar que el art. 970 del CA establece que la misma no podrá ser inferior al TREINTA (30%) por ciento del valor en aduana de la mercadería (Valor de mercadería igual a USD 198,48 equivalente a $611,12), por lo tanto, el valor de la multa mínima asciende a $ 183,34.
IX. Que, no obstante lo manifestado en el Considerando anterior, corresponde expedirme en relación a la graduación de la multa impuesta por el servicio aduanero, que se ha fijado a cuatro (4) veces el importe de los tributos, en base a los antecedentes que la Aduana incorporó mediante impresiones de pantalla que obran a fs. 48/55 de las actuaciones administrativas.
Que, al respecto, corresponde dejar sentado que la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal -por mayoríaha declarado la inconstitucionalidad de la figura de la “reincidencia” en los autos “Argañaraz, Pablo” con fecha 8/5/12 (Causa Nro. 13.401) criterio que he compartido en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/D.G.A. s/apelación” expte. Nº 23.218-A y su acumulado “PILAR PARTES S.A. c/D.G.A. s/apelación”, expte. Nº 23.226-A, que tramitara por ante la Vocalía de la 16a Nominación (Sala “F”), entre otras, en tanto su aplicación produce un agravamiento de la condena en violación al principio de culpabilidad (arts. 18 y 19 de la C.N.) y al ne bis in idem (arts. 14.7 del P.I.D.C. y P.).
Que, sin embargo, habiéndose pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 27/05/14 en los autos caratulados “Martín Salomón s/ causa N° 11.835", donde desestimó la cuestión relativa al planteo de inconstitucionalidad del régimen de agravación de la pena por reincidencia, por remisión al criterio que había sostenido al resolver los autos "Gómez Dávalos" (Fallos: 308:1938), "L'Eveque" (Fallos: 311:1451) y "Gramajo" (Fallos: 329:3680) -especialmente, considerandos 12 a 18 del voto del juez Petracchi-, por razones de economía procesal, y sin perjuicio de la opinión del suscripto sobre el particular, corresponde adoptar el criterio propiciado por el Alto Tribunal.
Que, sentado ello, debe contemplarse lo preceptuado por el art. 915 del C.A., que dispone que deberán considerarse las circunstancias, naturaleza, gravedad de las infracciones y antecedentes del infractor. En ese sentido, el servicio aduanero sancionó, a la firma importadora, al pago de una multa igual a cuatro (4) veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería en infracción. Que, en cuanto a los antecedentes del infractor, el art. 927 del C.A., contempla el supuesto de aquel que, habiendo sido condenado por resolución firme por una infracción o un delito aduanero, cometiese una nueva infracción aduanera, calificándolo como “reincidente”. No puede soslayarse que la propia norma indica que debe tratarse de un condenado por medio de una resolución firme.
Que, a su vez, el art. 928, inc. a), del C.A., establece que, en el caso de tratarse de una infracción, la condena anterior no se tiene en cuenta a los efectos de atribuir el carácter de “reincidente”, cuando hubieren transcurrido cinco años desde la fecha en que quedare firme la resolución definitiva que la impuso.
Que, en el caso que nos ocupa, la infracción fue configurada a la fecha de vencimiento del plazo fijado para la regularización de la mercadería importada temporariamente: 27/05/2006. La condena impuesta por el servicio aduanero tuvo en cuenta los antecedentes infraccionales computables de la firma importadora que se obtienen de la consulta al Registro General de Infractores, advirtiendo que los antecedentes citados corresponden a resoluciones con fecha anterior a la configuración de la infracción de marras (2006). En consecuencia, se ha acreditado la reincidencia de la actora, por lo tanto, la multa asciende a $ 733,35. No obstante ello, considero que debe dejarse sin efecto el reclamo por dicho concepto, por aplicación del principio de insignificancia, ello por cuanto el mismo deviene prescindible para la sociedad por la exigüidad del monto y el costo administrativo que irrogaría su percepción.
Por ello, VOTO por:
1. Revocar el artículo 1° de la Resolución (DE PRLA) Nº 6527/2016, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12210-140-2009, en cuanto intima a la importadora al pago de multa. Costas a la DGA.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nº 6527/2016, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12210-140-2009, en cuanto intima a la importadora y a su garante por la obligación tributaria que asciende a DÓLARES CINCUENTA Y DOS CON 49/100 (USD 52,49), con más los intereses de conformidad al art. 794 del CA, que comenzarán a devengarse el 13/06/2016. Costas por sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 10% a cargo de la actora y un 90% a cargo de la DGA.
El Dr. González Palazzo dijo:
En primer término, hago propio el relato de hechos y de los elementos acollarados a la presente que realiza el vocal instructor a lo largo de su voto.
En segundo, que teniendo en cuenta el marco fáctico y las probanzas descriptas he de compartir su propuesta, excepto en lo que atañe a la suerte que ha de seguir la pretensión sancionatoria postulada en el punto 1 de la parte resolutiva de su voto.
Y ello así porque entiendo que no corresponde “REVOCAR” la multa impuesta ni mucho menos responsabilizar – en la imposición de las costas – a la DGA que no es vencido en tal sentido, pues tan sólo, lo que se debería proponer es, por aplicación del principio de oportunidad, disponer de la acción penal y extinguirla por la insignificancia del monto de la multa que cabría aplicar.
Cabe recordar que el Tribunal Fiscal de la Nación ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales -por ello es correcto denominarlas, en especial a partir de la reforma constitucional de 1994, facultades jurisdiccionales -judiciales-, en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa; y resulta el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia (confr. “Shimisa de Comercio Exterior S.A. s/ media cautelar” -Expte. 30.400-A-, del 10 de febrero del 2012, Sala F Dres. Garbarino y González Palazzo).
La Ley 27.147 (B.O. 18/06/15) adopta el criterio o principio de oportunidad insertándolo en el art. 59 del Código Penal de la Nación en tanto dispone que “La acción penal se extinguirá ... 5) Por aplicación de un criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes; 6) Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes; 7) Por el cumplimiento de las condiciones establecidas ! para la suspensión del proceso a prueba, de conformidad con lo previsto en este Código y las leyes procesales correspondientes”.
Todo ello implica que "las reglas de disponibilidad de la acción que se han plasmado en la legislación sustantiva se deben correlacionar con las leyes procesales correspondientes, pues ellas regulan los requisitos que se deben cumplir. Es decir, que el código de fondo determina el marco genérico y los códigos del rito las especificaciones para que el mismo funcione" (http://www.rubenfigari.com.ar/el-principio-de-oportunidad-o-disponibilidad-de-laacci on-penal-en-el-codigo-penal-ley-27-147-y-en-el-nuevo-codigo-procesal-penal-de-la-nacio n-ley-27-063/). Por su parte, aggiornándose a los ordenamientos provinciales que receptan el principio de oportunidad (tal el caso de los Códigos Procesales Penales de Chubut, Santa Fé, Entre Ríos, río Negro, Jujuy, Neuquén, Misiones y La Pampa) el Código Procesal Penal Federal aprobado mediante la Ley 27.063 incorpora en su art. 30 la “Disponibilidad de la acción" estipulando su procedencia en los siguientes casos: a) Criterios de oportunidad; b) Conversión de la acción; c) Conciliación; d) Suspensión del juicio a prueba, institutos que figuran en el Código Penal de la Nación en los artículos 59 inc. 5), 6) y 7) y art. 73 párr. 2º. (Juan Manuel Francia, Pablo Sebastián Borgna, Santiago Alais y C. M. González Palazzo, “Los recursos fiscales en tiempos de coronavirus” elDial.com. Publicado el 15/04/2020)
Desde el convencimiento que legal y razonablemente es correcto y necesario aplicar el principio de disponibilidad para evaluar la conveniencia de extinguir la acción penal sentada en criterios de insignificancia, es menester concluir que:
No está en duda la responsabilidad del imputado en la comisión de la infracción, lo que corresponde es extinguir acción en tanto la pena –por el transcurso del tiempo y la fluctuación de la moneda- devino insignificante y por ello carece de sentido práctico el excitar los mecanismos administrativos para hacerla efectiva. En razón de lo expuesto, en lo que respecta a la pretensión sancionatoria del Fisco y motiva esta disidencia, corresponde DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCION PENAL en el marco de los presentes actuados por resultar insignificante el monto a exigir, que ascendería a $ 733,35.
Las costas del punto anterior deben imponerse por su orden (art.1163 del C.A.) en razón de que la nimiedad que motiva lo sentado en el punto anterior es –a todas luces- una consecuencia ajena a la voluntad de las partes y la vía elegida no permite –en ese sentido- identificar un derrotado.-
Así lo voto.-
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Revocar el artículo 1° de la Resolución (DE PRLA) Nº 6527/2016, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12210-140-2009, en cuanto intima a la importadora al pago de multa. Costas a la DGA.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nº 6527/2016, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12210-140-2009, en cuanto intima a la importadora y a su garante por la obligación tributaria que asciende a DÓLARES CINCUENTA Y DOS CON 49/100 (USD 52,49), con más los intereses de conformidad al art. 794 del CA, que comenzarán a devengarse el 13/06/2016. Costas por sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 10% a cargo de la actora y un 90% a cargo de la DGA.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Felix G. Daglio (20-26095721-0). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.02.18 12:05:47 -03:00 Date: 2025.02.18 12:15:03 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.18 12:49:07 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.18 12:49:08 -03:00
Fin de la sentencia