Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120459
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.459, "Carboni, Alfredo Bautista contra SMG ART S.A. Diferencia indemnización" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Genoud, Soria, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 78/86).
Se dedujo, por esta, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 91/103 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen condenó a la aseguradora demandada al pago de diferencias en la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución 6/15 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (28-VIII-2015)- con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE- (art. 17 apdo. 6) y la indemnización de pago único (art. 3) previstos en la ley 26.773 (v. sent., fs. 79 vta./86).
Para determinar el importe indemnizatorio previsto en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a", el sentenciante aplicó la fórmula allí prevista ($7.096,58 -IBM- x 53 x 21% x 1,27 -65/51-), arribando a la cifra de $100.310,86.
Empero, tras declarar aplicable al caso la resolución 6/15, fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $149.829,96 ($713.476 x 21%).
A dicho importe, adicionó el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, que asciende a $29.965,99.
Luego, consideró que correspondía revalorizar el importe por aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de enero de 2014 (1.004,15) y marzo de 2015 (1.471,07) arrojaba un coeficiente de 1,46, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $262.502,08 (v. sent., fs. 82 y vta.).
Finalmente, dispuso que al monto de condena resultante se le aplicarán intereses conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" desde la fecha del evento dañoso (27 de enero de 2014) hasta su efectivo pago (v. sent., últ. fs. cit.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia absurdo, arbitrariedad, violación del principio de congruencia y errónea aplicación de los arts. 3, 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 91/103 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, objeta que el sentenciante de grado haya declarado la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y aplicara la resolución 6/15 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Con cita de doctrina de esta Corte y del Supremo Tribunal nacional, entiende que de esa manera vulnera el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del Código Civil (hoy, art. 7, Cód. Civ. y Com).
Alega que en tanto el accidente ocurrió el 27 de enero de 2014, corresponde sea aplicada la resolución 34/13, vigente en ese momento.
Sostiene, en lo esencial, que el ámbito de aplicación temporal de las normas atinentes a los riesgos laborales se define por el momento en que se produce el evento dañoso. En ese sentido, denuncia vulnerada la doctrina de este Tribunal sentada en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (v. rec., fs. 101 vta./102 vta.).
II.2. Luego, señala que el a quo interpretó erróneamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, así como el art. 17 del decreto 472/14, que establecen que el RIPTE se utiliza para actualizar únicamente las prestaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos del art. 14 de la ley 24.557, pero de ningún modo debe aplicarse -como lo hizo el tribunal de origen- a fórmulas que ya contienen mínimos actualizados, pues, caso contrario, dicho coeficiente se utilizaría dos veces sobre el mismo monto.
Resalta que las reglas en juego no suponen, en modo alguno, un mecanismo de actualización de deudas ni de indexación de las indemnizaciones pendientes de pago, como resultaría de la modalidad empleada por el tribunal.
II.3. Por otro lado, la interesada cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la liquidación de intereses.
Plantea que resulta improcedente la aplicación de dichos accesorios, en tanto, en el caso, la prestación fue "actualizada" conforme el índice RIPTE.
Asimismo, alega que ni la ley 24.557, ni sus normas complementarias o modificatorias, autorizan la liquidación de intereses desde el evento dañoso hasta el efectivo pago, sino sólo cuando determinada la incapacidad definitiva no se abonara la prestación en tiempo y forma.
II.4. Finalmente, y de manera subsidiaria, impugna la tasa de interés según la cual el juzgador ordenó se liquiden los accesorios sobre el capital de condena.
Aduce que la tasa de interés propuesta por el juzgador (pasiva "digital") vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), entre otras que cita, donde esta Corte resolvió declarar la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y ratificar la doctrina respecto de la aplicación de la tasa pasiva.
III. El recurso admite una procedencia parcial.
III.1. De manera preliminar, se impone destacar que la secretaria del tribunal de origen no rubricó la sentencia, limitándose a suscribir solamente la constancia de registro respectiva (v. fs. 86). No se sabe, entonces, quien redactó el acta de Acuerdo, ni hay quien dé fe de los votos que allí se volcaron.
El defecto apuntado constituye una falencia de forma y no conduce por sí solo a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasa inadvertido en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Ingresando al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, cabe destacar que, en la especie, el valor de lo cuestionado (representado por el importe de la condena determinado en la sentencia incluidos los intereses, en tanto ha sido materia de agravio) no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para su admisibilidad.
Siendo ello así, la labor de esta Corte debería quedar limitada -en principio- a verificar si se ha vulnerado o no la doctrina legal que en el embate se reputa transgredida.
Con todo, no puede soslayarse que en el caso se encuentra en juego la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, que involucra el análisis de una cuestión federal, circunstancia que justifica su tratamiento incluso con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
En ese sentido, ha declarado esta Corte que aun cuando el monto en litigio no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de las cuestiones vinculadas con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 310:324 in re "Christou"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio"; SCBA causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Luego, estando en debate una cuestión federal, las formalidades procesales que regulan los recursos extraordinarios locales no podrían vedar el acceso a esta Suprema Corte a fin de que resuelva la cuestión constitucional en juego (causa L. 89.651, "Salum", sent. de 11-VII-2012).
III.3. Aclarado cuanto antecede, no puede dejar de resaltarse tampoco que la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 fue efectuada por el tribunal de la instancia de modo innecesario y, por ello, debe ser dejada sin efecto.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.; SCBA causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014).
En el caso, se está juzgando sobre un accidente ocurrido el día 27 de enero de 2014, por lo que la ley 26.773 se hallaba plenamente vigente.
A partir de ello, resultaba innecesario abordar el análisis de la constitucionalidad del art. 17 apartado 5 de dicho régimen legal (v. sent., fs. 79 vta./82), resultando manifiesta la deficiente labor llevada a cabo por el tribunal de origen, la que evidencia un absoluto desapego a las constancias de la causa y un incongruente razonamiento, que lo condujo a resolver como lo hizo.
En estas condiciones, como anticipé, debe dejarse sin efecto este tramo del fallo.
III.4. Luego, y alterando el orden de los agravios, acierta la recurrente en cuanto alega violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, agraviándose del modo en que el tribunal a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE.
El pronunciamiento sobre este agravio no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte aun cuando esta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De modo tal que la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
En la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), esta Corte determinó que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773; resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; dec. 472/14).
En este marco, le asiste razón a la impugnante -cuyo desarrollo argumental está en línea con lo decidido por este Tribunal en el citado precedente- en tanto el tribunal aplicó erróneamente el mentado índice sobre un "piso" que ya se encontraba ajustado.
III.5. Sentado ello, también debe prosperar la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15, en tanto el tribunal ha vulnerado la doctrina citada por la recurrente.
Al respecto, corresponde aplicar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el señalado índice publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social en el contexto definido por la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (reiterada en las causas L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016; e.o.) en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 (y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación) para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, esto es, el 27 de enero de 2014, lo cierto es que el mismo no cae bajo la órbita de aplicación de la citada resolución 6/15 sino de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13.
En consecuencia, cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
III.6. Luego, y en el marco en que transita el recurso, no puede ser atendido el agravio mediante el que se cuestiona la aplicación de intereses por cuanto la recurrente no acredita la configuración del supuesto de excepción (art. 55, ley 11.653), toda vez que omite citar e individualizar doctrina legal de esta Corte en apoyo de su postura (causas L. 94.298, "Lescar", sent. de 5-XI-2008; L. 101.390, "Gómez", sent. de 16-III-2011 y L. 118.013, "Osorio", sent. de 15-VII-2015).
III.7. Respecto de la impugnación referida a la aplicación de la tasa de interés (pasiva digital) fijada por el tribunal de grado sobre los rubros de condena, habré de realizar las siguientes consideraciones.
III.7.a. Inicialmente, considero necesario subrayar que la doctrina de esta Suprema Corte (sostenida en pronunciamientos como el de las causas Ac. 85.796, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2004 y C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011) ha sido usar la tasa pura siempre y cuando el monto de la condena hubiera sido reajustado por el juzgador, aplicando para ello alguno de los índices de actualización publicado por organismos especializados. En estos casos, a fin de evitar el doble cómputo de la depreciación, los intereses se establecían por dicho período a la tasa del 6% anual.
Sin embargo, en el presente caso el importe indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, alcanza la suma de $100.310,86 ($7.096,58 x 53 x 21% x 1,27; v. sent., fs. 82) superando el piso de $100.096,29 ($476.649 x 21%), al que se llega por la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13, vigente al momento del accidente. En virtud de ello, al no haber ninguna forma de actualización del capital de condena, no resulta aplicable aquella previsión.
III.7.b. En dicho contexto, el agravio bajo análisis debe ser desestimado a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte -aunque, como habré de señalar luego, no haya contribuido a su conformación-. Ello, a pesar de que a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891; L. 90.644 y L. 104.124, cits.).
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (v. causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal, sentada en las citadas causas y propongo el rechazo de este aspecto del recurso deducido.
III.8. Finalmente, y en atención a los señalamientos formulados en los puntos III.1. y III.3. de este voto, me veo compelido a exhortar nuevamente a los señores jueces sobre las irregularidades -algunas graves- que se advierten en el dictado de las sentencias que esta Corte ha debido revisar. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Así, la omisión del actuario de rubricar la sentencia, así como la innecesaria declaración de inconstitucionalidad de una norma, se constituyen en evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados.
IV. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en los puntos III.4. y III.5.
La causa deberá volver al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al modo en que se resuelve el recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor de Lázzari, aclarando que -puntualmente- en lo que respecta a la objeción planteada por la impugnante en torno a la tasa de interés que aplicó el tribunal de origen, considero que debe ser desestimada. Es que entiendo, por las razones que a continuación expongo, que lo decidido al respecto por el sentenciante encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
I.1. Sobre la presente cuestión, esta Suprema Corte sostuvo -bajo la norma del art. 622 del Código Civil, cuando ni las partes ni la legislación especial han previsto una alícuota determinada- la "tasa pasiva de interés plazo fijo a 30 días", tal como surge de numerosos precedentes como en las causas Ac. 43.448, "Cuadern" (sent. de 21-V-1991) y Ac. 59.059, "Giani" (sent. de 25-III-1997), que han sido ratificados en otros con fechas posteriores (así en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce", sents. de 21-X-2009).
Asimismo, ante la sanción de la ley 14.399 (B.O. de 12-XII-2012) que modifica el art. 48 de la ley 11.653, esta Corte declaró la inconstitucionalidad de la misma en las causas L. 108.164, "Abraham"; L. 102.210, "Campana" y L. 108.142, "Díaz" (sents. de 13-XI-2013). Esencialmente, se consideró que dicha ley provincial se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concs.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia del Congreso de la Nación.
Luego, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (conf. leyes 26.994, B.O. de 8-X-2014 y 27.077, B.O. de 16-XII-2014), en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), sostuve que por el período comprendido desde la exigibilidad del crédito hasta el 31 de julio de 2015, los
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