Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 33690-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso intentado por el Fisco Nacional, revocar la resolución del 13/11/2023 dictada por la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto dejara sin efecto la multa aplicada por resolución DV RR1P 45/2010 a SMG Life Compañía de Seguros de Retiro SA;
2Adecuar la distribución de las costas relativas a la actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación relacionadas a la cuestión aquí decidida, las que, al igual que las de esta instancia judicial, han de ser soportadas por SMG Life Compañía de Seguros de Retiro SA; y
3Devolver las actuaciones a la instancia de origen para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Considerando VII, previo a tratar la apelación contra el auto regulatorio del 12/12/2023.
Buenos Aires, 26 de marzo de 2025.-
VISTOS estos actuados 11.811/2024 caratulados “SMG Life Compañía de Seguros de Retiro SA (TF 33.690-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” y
I. Por resolución DV RR1P 45/2010, la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Palermo de la ex AFIP, efectuó un ajuste fiscal a SMG Life Compañía de Seguros de Retiro SA de $64.067,20 por los períodos fiscales 2005 y 2006 con relación al Impuesto a las Ganancias, intimándola a su pago con más intereses por la suma de $62.068,30, así como también le impuso una multa de $44.847,04, en los términos del artículo 45 de la ley 11.683, equivalente a un 70% del tributo omitido (conf. fs. 6/18 del expediente judicial que se tiene a la vista en soporte papel).
II. Cuestionado dicho acto, por resolución del 13/11/2023 (conf. esp. fs. 7/28 y 47/56 del hipervínculo que antecede), la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría:
-confirmó el ajuste fiscal, con costas; y -revocó la multa aplicada, con costas por su orden, atento a las particularidades de la cuestión debatida.
Para así decidir, en cuanto al ajuste fiscal, la posición mayoritaria, conformada por los doctores Porporatto y Magallón, tras referir los antecedentes del caso y destacar que producto de la limitación impuesta por el artículo 185 de la ley 11.683 mal podía pronunciarse respecto de la falta de validez constitucional del artículo 39 del decreto 806/2004 por incurrir en un exceso reglamentario, consideró que SMG Life Compañía de Seguros de Retiro SA habría liquidado el Impuesto a las Ganancias por los períodos en cuestión, considerando dentro de su base de cálculo para establecer los límites respecto de gastos de servicios y locaciones y adquisiciones de bienes, ítems no contemplados por la normativa imperante.
Al respecto, explicó:
-que la normativa vigente estableció pautas específicas respecto del cómputo de operaciones en la liquidación del Impuesto a las Ganancias, para los contribuyentes del régimen general que contrataran con aquellos monotributistas no recurrentes; aludiendo al cómputo de operaciones en la liquidación del impuesto a las ganancias, por parte de adquirentes, locatarios o prestatarios de sujetos monotributistas; -que, al aludir a adquirentes, locatarios o prestatarios, la norma establece un límite respecto de gastos de servicios y locaciones y adquisiciones de bienes que resulten computables en la liquidación del gravamen, en relación a operaciones con sujetos del mencionado régimen simplificado; que viene dado por dos porcentajes, uno referido a cada sujeto monotributista y el otro respecto del total de sujetos monotributistas;
-que ambos límites aplican respecto del “total de las compras,, locaciones o prestaciones comprendidas en el mismo ejercicio fiscal”, importe este último que incluye operaciones con sujetos monotributistas (recurrentes y no recurrentes) más las operaciones con sujetos del régimen general, actuando todos estos sujetos como vendedores, prestadores o locadores;
-que no deberían incluirse dentro del total de compras, prestaciones o locaciones a las remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia dado que, aun cuando resultan deducibles en la liquidación del gravamen, los empleados en relación de dependencia no son proveedores, prestadores ni locadores de servicio; así como tampoco a los impuestos y otros conceptos (por ejemplo amortizaciones) que el Fisco Nacional expresamente excluyó por no constituir prestaciones o locaciones de servicios ni provisión de bienes que impacten en la liquidación del Impuesto a las ganancias como gastos o costos del ejercicio en los períodos fiscales 2005 y 2006 (fs. 451 y 473 de los antecedentes administrativos).
-que los resultados de la prueba pericial contable producida a fs. 84/89 no arrojaban datos que permitieran derribar las conclusiones alcanzadas por la autoridad administrativa; y -que los saldos expuestos en los balances contables de la recurrente de las Inversiones y los bienes de uso no resultaban prestaciones o locaciones de servicios ni provisión de bienes que impacten en la liquidación del tributo en cuestión como gastos o costos. Sentado ello, en lo que respecta a la multa, consideró que en la especie se verificó un supuesto calificable como error excusable en los términos del artículo 45 de la ley 11.683, que determinaría la revocación de la multa aplicada aún cuando el aspecto objetivo de la infracción quedó configurado, por encontrarse la conducta de la contribuyente justificada en la inteligencia de las normas aplicables. Al punto, el voto mayoritario advirtió que el artículo 30 de la ley 25.865 expone los porcentajes a aplicar sobre el total de compras, locaciones o prestaciones efectuadas en un mismo ejercicio fiscal, vocablos que pudieron conducir a que, la recurrente razonablemente entendiera que dentro de la base para el cálculo de los porcentajes podían incluirse conceptos o gastos no expuestos en la normativa; situación que se produce, ante la inexistencia de normas claras que inequívocamente le impusieran obrar en sentido diverso al que lo hizo, o que la interpretación de las disposiciones legales y reglamentarias en juego resultaba dudosa; supuesto verificado en la especie.
III. Disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva (conf. esp. fs. 60 y 63/73 del hipervínculo que antecede).
Postuló que por el pronunciamiento recurrido se habría efectuado una interpretación errónea tanto de la normativa imperante como de los hechos del caso.
Al punto, destacó que los antecedentes del caso daban cuenta que la contribuyente no habría tomado los recaudos necesarios como para excluir la configuración de culpa como aspecto subjetivo de la infracción impuesta; ello en tanto no acreditó no haber tenido la posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta, sin que surgiera de los antecedentes administrativos pruebas que abonaran la existencia de error excusable.
Advirtió que la contribuyente habría optado por la opción más favorable a sus intereses, sin realizar una consulta previa a la autoridad fiscal o bien a algún organismo especializado; lo que revelaría un actual, por lo menos, negligente.
Hizo alusión a la existencia de un error vencible.
Recordó que el error excusable debe ser probado, no de forma genérica sino específica, justificando en qué consistió el error en el cual incurrió la parte y cuáles eran en el caso las dificultades interpretativas que la indujeron al mismo; correspondiendo, además, su oportuna invocación.
Por lo expuesto, el Fisco Nacional solicitó que se revocara parcialmente el pronunciamiento dictado y, en consecuencia, se confirmara, en todos sus términos, la resolución DV RR1P 45/2010, con costas de ambas instancias a cargo del contribuyente.
Dicha presentación no mereció réplica de su contraria.
IV. A pedido de parte, por resolución del 12/12/2023, fueron regulados los honorarios de los profesionales actuantes en autos, siendo apelados por entenderlos bajos (conf. esp. fs. 57/58 y 59 del hipervínculo que antecede).
V. Precisados los antecedentes del caso, cuadra recordar que el artículo 45, primer párrafo, de la ley 11.683 prevé que quien omitiera el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas la presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el 50% y el 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no correspondiera la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable.
Dicho precepto castiga a quien omitiera el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, siempre que no corresponda la aplicación de la figura dolosa y en la medida en que no concurra una causal de exculpación.
Sobre el punto, en lo concerniente a la caracterización de la trasgresión, el Alto Tribunal ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien resulte culpable, es decir aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (conf. CSJN, Fallos, 271:297; entre otros). Por tanto, partiendo de la consideración según la cual no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que se subsume en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema legal vigente (conf. CSJN, Fallos, 278:266, entre otros). Asimismo, corresponde señalar que para que proceda el error excusable en la presentación de la declaración jurada, que, de ser verificado, importaría una causal eximente de la sanción a tenor de los términos previstos en el artículo 45 de la ley 11.683, tal circunstancia ha de ser invocada en forma específica (no genérica) y, además, probada (conf. esta Sala, en autos 31.371/2014 “Río Uruguay Compañía de Seguros Ltda. c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 6/9/2024 y sus citas; entre otros), lo cual no aconteció suficientemente en la especie.
En efecto, la norma referida tipifica una infracción de naturaleza culposa, en la que se presume la imprudencia o negligencia del contribuyente y contempla expresamente como causal de absolución la de un error excusable, el que debe ser valorado de acuerdo a las características de cada caso, las que especialmente se aprecian por la representación de un comportamiento normal y razonable del contribuyente frente al evento en que se halló, si aquél procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión (conf. Giuliani Fonrouge, Carlos M. - Navarrine, Susana C., "Procedimiento Tributario", Buenos Aires, Depalma, 5° edición, 1993, páginas 299/300; y esta Sala, en autos 39.800/2019 “Yacylec SA c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 22/11/2023; entre otros).
Bajo tales parámetros, no puede sostenerse la verificación de un error excusable con virtualidad para eximir al infractor, en la medida en que no se haya demostrado qué circunstancias ajenas a su voluntad, motivaron las diferencias observadas en el ajuste fiscal (conf. esta Sala, en autos 17.152/2012 “Serial, Amílcar Nelson c/DGI.”, resol. del 7/6/2012, entre otros); situación esta última que no se verificó en el caso. Es que, conforme decidiera la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación y no fuera materia de recurso ante esta instancia judicial, la contribuyente, a los fines de liquidar el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2005 y 2006, habría considerado dentro de su base de cálculo para establecer los límites previstos, ítems no contemplados por el texto legal; limitándose a indicar, a los fines de justificar la existencia de un error excusable, que el ajuste practicado respondería a una “exégesis forzada del claro texto de la ley” (sic), incumpliendo así con lo antes expuesto en orden a la justificación requerida a efectos de la admisión de la causal eximente y la consiguiente revocación de la multa que le fuera impuesta.
A mayor abundamiento, téngase presente que si el contribuyente declaró e ingresó tributos en menos, incurrió en la omisión del impuesto descripta en el artículo 45 de la ley 11.683; y si bien las infracciones deben ser imputables tanto objetiva como subjetivamente para justificar la imposición de una sanción, la norma bajo referencia no exige una intención dolosa, sino que resulta suficientemente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (conf. CSJN, Fallos, 303:1548; 322:519; entre otros).
En efecto, la norma de referencia sanciona la mera culpa o negligencia por parte del responsable en el cumplimiento de sus deberes tributarios, por lo que no requiere la verificación del dolo en la conducta, sino que basta que se configure la omisión de impuesto por no haber presentado las declaraciones juradas o porque la presentada resulta inexacta; tal como ocurrió en el caso.
Lo expuesto basta para admitir los agravios propuestos por el Fisco Nacional, revocar el pronunciamiento recurrido en cuanto dejó sin efecto la multa impuesta a SMG Life Compañía de Seguros de Retiro SA en los términos del artículo 45 de la ley 11.683.
VI. En atención al modo en que se resuelve y al no advertirse motivos valederos para apartarse del principio general de la derrota, las costas de lo actuado por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, al igual que las relativas a esta instancia judicial, relacionadas a la cuestión aquí decidida, han de ser soportadas por SMG Life Compañía de Seguros de Retiro SA, vencida (conf. artículos 68, primera parte, 69 y 279, todos del CPCCN y artículo 184 de la ley 11.683).
VII. Finalmente, previo a tratar el recurso interpuesto contra la regulación de honorarios, deberán notificarse los emolumentos fijados a favor de la perito contadora Viviana Rando, en el domicilio constituido en la causa; fecho lo cual, se encarece el oportuno giro de los actuados.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. hacer lugar al recurso intentado por el Fisco Nacional, revocar la resolución del 13/11/2023 dictada por la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto dejara sin efecto la multa aplicada por resolución DV RR1P 45/2010 a SMG Life Compañía de Seguros de Retiro SA;
2. adecuar la distribución de las costas relativas a la actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación relacionadas a la cuestión aquí decidida, las que, al igual que las de esta instancia judicial, han de ser soportadas por SMG Life Compañía de Seguros de Retiro SA; y 3°) devolver las actuaciones a la instancia de origen para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Considerando VII, previo a tratar la apelación contra el auto regulatorio del 12/12/2023. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.-
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia