Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-1.875/12-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación articulado por la codemandada Estado Provincial a fs. 627/637 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 610/620.-
2Las costas se imponen a la recurrente vencida (art. 68 del CPC y C).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-1.875/12-TSJ Sentencia N°: 563 Actor: SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA (S.A.D.A.I.C.)
Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRO Objeto: ORDINARIO Fecha: 17-03-14 Texto: TOMO XVI – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 563 FOLIO Nº 3.194/3.199 PROT. ELECT. TSS1 002 S.141
Río Gallegos, 17 de marzo de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA (S.A.D.A.I.C.) C/ PROVIN-CIA DE SANTA CRUZ Y OTRO S/ ORDINARIO, Expte. Nº S- 15.604/96 (S-1.875/12 TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación articulado por la codemandada Estado de la Provincia de Santa Cruz a fs. 627/637, contra el fallo dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que obra a fs. 610/620.-
El Tribunal de grado, había declarado formalmente inadmisible el indicado recurso de casación y ello motivó el recurso de queja, agregada a fs. 733/736 vta.; el cual recibió favorable acogida (confr. fs. 747 y vta.) y así, fue concedido el recurso de casación.-
A fs. 753/756, dictamina el Señor Agente Fiscal por ante el Tribunal Superior de Justicia, quien por los motivos que allí esgrime y a los cuales remitimos en honor a la brevedad considera que “…deberá hacerse lugar parcial-mente al recurso de casación planteado por la Provincia de Santa Cruz…” (confr. fs. 756).-
II. Sucintamente, en esta causa, SADAIC promueve demanda contra el Estado Provincial y LU 85 TV Canal 9 de Río Gallegos, en la que reclama el pago de derechos de autor desde el mes de enero de 1987, hasta la fecha de promoción de la demanda (6/8/1996). Señala que SADAIC tiene a su cargo la percepción en todo el territorio de la República Argentina de los derechos de autor emergentes de la utilización de las obras musicales, cualquiera sea el medio por el que se las reproduzca. En el caso, señala que LU 85 TV Canal 9 de Río Gallegos ha hecho uso del repertorio musical de SADAIC sin pagar (desde enero de 1987 en adelante) los derechos de autor correspondientes. Tampoco ha presentado las planillas de difusión, presupuesto y declaraciones juradas que debe, a pesar de los reiterados reclamos que se le efectuaron.
Estos últimos recaudos son necesarios a efectos de determinar el monto adeudado, por ello es que lo deja librado al que surja de la pericia contable.- En su descargo las codemandadas niegan los hechos invocados por la actora y manifiestan, sintéticamente, que en la hipótesis en que se determinase que debiera abonársele alguna suma a la actora, debería aplicarse la ley 2346 de conso-lidación de pasivos del Estado Provincial, por ello es que consideran que la eventual deuda que pudiera haber ocasionado LU 85 TV Canal 9 de Río Gallegos, queda comprendida en el marco de dicha ley, toda vez que éste fue un organismo dependiente de la administración central y a partir del dictado de la ley 2136 (28/12/1989) un ente autárquico.
Asimismo aducen que antes de la fecha indicada, el canal no emitía publicidad de tipo comercial, por lo que consideran que no corres-ponde el pago de derechos de autor por dicho período.- En primera instancia se hace lugar a la demanda, condenándose a LU 85 TV Canal 9 de Río Gallegos a abonar a la actora las sumas que surjan de la liquidación a practicarse, desde el mes de diciembre de 1987 hasta el 24 de marzo de 2004, con la salvedad que las deudas por el período diciembre de 1987 hasta el 1° de abril de 1991 quedaran sujetas al régimen de consolidación de deudas previsto en la ley 2346. Dicha condena se extiende al Estado Provincial, sólo por el lapso que va desde diciembre de 1987 hasta el 28 de diciembre de 1989 (fecha a partir de la cual el canal de TV fue declarado ente autárquico), con las costas respectivas.- Por vía de apelación, la causa llega a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, donde se modifica la referida sentencia, condenándose al Estado Provincial a pagar la deuda -a determinarse en base a la pericia contable- desde el mes de diciembre de 1987 y hasta el 28 de diciembre de 1989, y a LU 85 TV Canal 9 de Río Gallegos (en virtud del dictado de la ley 2136) desde allí hasta el 6 de agosto de 1996 (fecha de interposición de la demanda), debiendo responder, por esta última, el Estado Provincial en forma subsidiaria (confr. fs. 711 vta./712).
Asimismo, respecto de las deudas devengadas hasta el 1° de abril de 1991, que deberá encausarse el reclamo según las pautas establecidas en la ley 2346. Las costas de primera instancia se imponen en un 75% a la demandada y el restante a la actora y las de segunda en el orden causado. En lo demás se confirma la de primera instancia.- Contra este pronunciamiento deduce el Estado Provincial, recurso de casación, acusando violación de la ley y arbitrariedad.-
Los motivos de impugnación son: a) La condena, en forma subsidiaria al Estado Provincial por lo adeudado en el periodo posterior al año 1989; b) que la liquidación final, para la determinación de lo debido se efectúe en base a las pautas de la pericia contable realizada en autos; c) que no se ha aplicado correctamente la ley 2346; y d) arbitrariedad.-
Respecto al punto a) expone que la actora plantea la solidaridad de su parte la cual es rechazada al no hacerse lugar al recurso de apelación interpuesto por aquella, sin embargo, la Alzada introduce la responsabilidad subsidiaria del Estado Provincial, que no ha sido pedida por SADAIC. Así, dice, que a pesar del rechazo de la apelación de la actora, su parte queda en una situación peor que la que tenía con la sentencia de primera instancia. Considera que de esa manera se ha violado el principio de congruencia y la garantía de defensa en juicio, pues “…La Alzada se aparta del tema litigioso para otorgar lo que nadie le pidió, violando así el principio de contradicción y, desde ya, la garantía constitucional de defensa en juicio…” (confr. fs. 632 y vta.). Agrega, que la solidaridad que plantea la actora es extemporánea, pues fue introducida en la expresión de agravios y no en la demanda.- En relación al punto b) cuestiona que la liquidación de la deuda se haga en base a la pericia contable, pues ésta adolece de serias irregularidades que la hacen nula. A renglón seguido enumera los errores que le atribuye al dictamen y concluye expresando que “…no se puede convalidar la eficacia probatoria de un ele-mento de convicción que adolece de serias y groseras violaciones a las más elemen-tales normas de producción de las pruebas…” (confr. fs. 636).-
En el señalado como ítem c) aduce que no se ha cumplido con la previsión de la ley 2346, pues, según su entender, esta última y sus decretos reglamentarios establecieron un mecanismo de caducidad del derecho al no efectuarse el reclamo en tiempo oportuno, supuesto que, dice, ha ocurrido en este caso.- Finalmente con relación al punto d) considera que la arbitrariedad se configura al haberse rechazado la apelación de SADAIC y no obstante imponer las costas de segunda instancia en el orden causado.-
III. De inicio, y a efectos de delimitar la materia que será objeto de estudio, apuntaremos que llegan firmes a esta instancia la condena impuesta a LU 85 TV Canal 9 de Río Gallegos así como también al Estado Provincial. A éste último, sólo por lo adeudado a la actora desde el mes de diciembre de 1987 hasta el 28 de diciembre de 1989 (fecha en que se dispuso la autarquía del Canal de TV), y la aplicación de la ley 2346 (consolidación de deudas) con relación a lo adeudado hasta el 11 de diciembre de 1991 (confr. art. 1° ley cit.).- Entonces, corresponde analizar, ante la casación deducida, la responsabilidad que le cabe al Estado Provincial, en su condición de codemandado, por la deuda posterior al 28 de diciembre de 1989; las denunciadas, violación a los principios de congruencia y defensa en juicio; la manda de liquidar el crédito debido a la actora, en base a las pautas de la pericia contable; la supuesta, errónea aplicación de la ley 2346 y la imposición de costas a la citada codemandada.-
IV. Limitada la controversia a los puntos “ut supra” señalados, se observa en el libelo recursivo que los agravios vertidos contienen discrepancias con los fundamentos del decisorio pero no logran demostrar la sin razón de aquellos (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXII -Interlocutorio-, Reg. 2767, Folio 4301/4305). Cabe agregar que si bien la queja formulada persigue la revocatoria parcial de la sentencia, la recurrente se limita a reproducir citas jurisprudenciales, omitiendo, en su desarrollo, relacionarlas con las circunstancias de la causa. No se aprecia, en el planteo casatorio, una crítica concreta y razonada de los fundamentos jurídicos que sustentan el pronunciamiento cuestionado.- En efecto el escrito con el que se funda el recurso no revela más que una simple disconformidad con la solución jurídica del caso y plasmada en el fallo puesto en crisis, que resultó adverso a sus intereses y esto, esencialmente, por no compartir la interpretación jurídica que se ha realizado, la que, por otra parte, encuentra, a criterio de éste Tribunal, fundamento fáctico y legal suficientemente que valida dicho resolutorio.-
Ha expresado este Excmo. Tribunal Superior de Justicia que asumir facultades de los tribunales de mérito, es crear una tercera instancia ordinaria lo cual le está vedado (confr. Tomo XIII -Sentencia-, Reg. 461, Folio 2.508/2.511, entre otros). No puede pretenderse que por el recurso de casación se llegue a este punto con el fin de reeditar la justicia material de la sentencia de los Tribunales de grado, pues ello contraviene la previsión de la ley 1687 (art. 1º). Máxime cuando el pronunciamiento se encuentra debidamente sustentado y avalado por doctrina y jurisprudencia que impiden se lo tilde de arbitrario. Sobre el particular ha expresado la CSJN: “…si el fallo apelado, dictado por los jueces de la causa, es fundado y serio, aún cuando pueda discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad…” (Fallos 237:69), toda vez que “…la impugnación por arbitrariedad no consiste exclusivamente en la disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto no exceden las facultades que son propias de su función… y cuyo acierto o error no incumbe al Tribunal revisar…” (Fallos 237:142, cit. en Carrió, Genaro, “El Recurso Extraordi-nario por Sentencia Arbitraria en la Jurisprudencia de la Corte Suprema”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1967, págs. 29/30).- La sola circunstancia de que los fundamentos de la sentencia no tengan la extensión o el enfoque jurídico pretendido por el recurrente no justifica la procedencia de la casación cuando ella cuenta con fundamentos suficientes para constituir un acto jurisdiccional válido.
La materia traída a revisión, es propia de las instancias de grado e insusceptible de ser revisada por la vía propuesta. La casación no autoriza a indagar sobre el acierto o desacierto intrínseco de aquéllas, cuando, co-mo sucede en la especie, no acontecen ninguna de las causales previstas en los artículos 2° y 3° de la ley 1687.- De todo cuanto se ha desarrollado, se advierte que bajo la de-nuncia de una supuesta violación a los principios de congruencia, y de fundamen-tación lógica y legal, el recurrente intenta que la sentencia sea revisada nuevamente por el Tribunal Superior de Justicia, desconociendo que no se puede habilitar la instancia casatoria porque, básicamente, a la impugnante no le satisfagan las conclu-siones a que arriba la Cámara encargada de dictar resolución en la cuestión.
No se trata de una tercera instancia, sino de una extraordinaria que, necesariamente y por definición, debe encuadrar puntualmente en alguna de las causales que la ley determina para llevar el asunto al Tribunal Casatorio. No cualquier error, ni la apre-ciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo. Es necesario, en cambio, que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa, que requiere ser eficazmente denunciado y demos-trado por quien lo invoca (confr. Sup. Corte Bs. As., 03/09/2008, Partes: Vivas, José A. v. Oreans S.A, cita on line: Lexis Nº 70055333; ídem, Rivero Rivero, Miguel An-gel c.
Vertrauen Automotores S.A., 10/06/2009, LLBA 2009 (julio), 621 –IMP 2009-17 (setiembre), 1406 – DJ 02/12/2009, 3430, cita online: AR/JUR/16572/2009; T.S.J. Santa Cruz, Tomo VII -Sentencia- Reg. 254, Folio 1383/1389; Tomo VII -Sentencia- Reg. 255, Folio 1390/1394 y Tomo XX -Interlocutorio-, Reg. 2644, Folio 3980/3984). Circunstancias, las últimas, que no acontecen en éstos autos.- En el sub examine, la recurrente se limitó a contraponer argumentaciones basadas exclusivamente sobre su personal apreciación, siendo insu-ficientes por lo tanto para que prosperen sus planteos ante esta instancia extra-ordinaria. Especialmente en lo que concierne a cuestiones fácticas y de prueba, máxi-me cuando, los argumentos vertidos en el fallo atacado se encuentran debidamente fundados en derecho, más allá de las discrepancias que, con ellos, se puedan tener (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo XX -Interlocutorio-, Reg. 2644, Folio 3980/3984).- Así pues, se observa que los argumentos esgrimidos en la impugnación no logran demostrar los vicios que permitirían a este Cuerpo modificar en todo o en parte el veredicto bajo análisis, pues no ha logrado, la recurrente, demostrar que carezca de los contenidos formales y sustanciales que la inhabiliten como acto jurisdiccional.-
V. Si bien lo precedentemente señalado es suficiente para el rechazo de la casación impetrada, consideramos que existen ciertos aspectos del pronunciamiento atacado que es conveniente puntualizar y ello determinó su apertura.
Adentrándonos en los concretos puntos de impugnación, nos referiremos, en primer lugar, a los agravios basados en que se ha condenado subsidiariamente al Estado Provincial, cuando el canal de televisión codemandado que reproducía la música que motiva esta acción- es una entidad autárquica con patrimonio propio.-
Sostiene la recurrente que no corresponde su condena por las deudas posteriores al 28 de diciembre de 1989 (fecha en que se publicó la ley 2136) porque a partir de allí se transformó al canal de televisión en un ente autárquico. El cual, desde de esa fecha, se convirtió en una persona jurídica con patrimonio propio, con capacidad para estar en juicio y responsabilidad frente a sus acreedores, sin que la Provincia tenga que responder por las obligaciones contraídas a consecuencia de su funcionamiento.-
La codemandada, LU 85 Canal 9 de Río Gallegos, es un ente autárquico dependiente de la administración pública del Estado de la Provincia de Santa Cruz. Tal situación se halla legislada por la ley provincial 2136. Surge de la ley de creación, que el Canal Provincial de Televisión es una entidad autárquica con capa-cidad legal funcional y financiera para actuar privada y públicamente, de acuerdo con las leyes especiales atinentes a su funcionamiento y poder para disponer el manejo de sus propios recursos (confr. ley 2136, arts. 1° y 7° inc. d), h) e i).- Sentado ello, cabe aclarar que si bien en función de la citada norma se otorga la autarquía financiera de la entidad, ésta se halla sujeta a la supervisión del ejecutivo provincial (confr. art. 7° inc. f), 18 y 19 ley cit.) y a las disposiciones de la ley de Contabilidad -ley 760 de la Provincia de Santa Cruz- en lo que hace al registro de sus operaciones y a la pertinente rendición de cuentas (confr. art. 16 de la ley 2136).
En razón de ello, la entidad debe practicar periódicas rendiciones ante el Tribunal de Cuentas Provincial (confr. art. 6° inc. i) del Decreto Reglamentario 275/90).- Las entidades autárquicas forman parte de la Administración pública y pertenecen a sus cuadros, constituyen un medio que el Estado utiliza para realizar algunas de sus funciones específicas. Afirma Marienhoff, que estas entida-des son personas jurídicas públicas estatales con aptitud para administrarse a sí mismas, como resultado de su personalidad y que pueden ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en el desenvolvimiento de su actividad, poseen patrimonio propio, afectado al cumplimiento de sus fines, y se hallan sometidas a control estatal (confr.
Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, págs. 398/408). Recordemos que la entidad autárquica tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo actuar pública y privadamente y estar en juicio ya sea como actora o como demandada.- El citado autor sostiene que cuando el ente autárquico deman-dado no pueda hacer efectiva su responsabilidad, por insuficiencia o falta de activo, responde, en tal supuesto, el Estado creador del ente por aplicación de los principios de responsabilidad indirecta, contemplada por el art. 1113 del C. Civil, dado que en la especie el ente autárquico sería el dependiente y el Estado el principal; adaptación que juzga plausible “…no sólo por la similitud de situaciones, sino especialmente porque la propiedad de los bienes que la entidad autárquica tiene “afectados” para el cumplimiento de sus fines le pertenece al Estado… De manera que, en última ins-tancia, la responsabilidad del ente autárquico debe ser cubierta por el Estado…”; y concluye: “…el principio de la responsabilidad indirecta no surge expresamente de ley alguna -como ocurre, en cambio, en el derecho privado- sino que se recurre subsidiariamente a él al sólo efecto de llenar un vacío del ordenamiento jurídico legal administrativo…El Estado es responsable, pero no en forma solidaria, sino en forma subsidiaria, o sea únicamente cuando el ente autárquico efectivamente no pueda hacer frente a su responsabilidad con los fondos o bienes que le fueron afectados para el cumplimiento de sus fines…" (confr.
Marienhoff, Miguel, ob. cit., págs. 457/458). Amplia doctrina es conteste con este criterio. Así, Dromi enseña: “…no se puede pensar en una responsabilidad solidaria del Estado por actos y hechos de las entidades autárquicas, toda vez que éstas tienen existencia propia, distinta de la persona del Estado. En consecuencia, como sujetos de derecho, cabe responsabilizar directamente a las entidades autárquicas por sus actos y hechos y responsabilizar por ellos, indirectamente al Estado […] cuando tales entidades no pudieran responder patrimonialmente” (confr. Dromi, Roberto, “Derecho Administrativo”, 7ª. ED., Edit. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998, págs. 532/537). En igual sentido, Gordillo ha expuesto que “…el Estado era responsable indirectamente por los actos de sus entes descentralizados…” (confr.
Gordillo, Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, T° 2, 3ª. ED., Edit. Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1998, pág. XIX-36). Cabe agregar que de esta manera se ha procurado evitar que la descentralización pueda ser implementada para diluir, o más aún eludir, la responsabilidad del Estado frente a quienes sufren daños como consecuencia de su accionar lícito o ilícito (confr. Giordano, Sebastián, “Descentralización y responsabilidad del Estado”, publicado en: LL Gran Cuyo 2006 (diciembre), 1367).- La descentralización importa la creación de un ente público estatal distinto de la administración central, pero incardinado en su estructura organizativa, al que se le atribuye el cumplimiento de ciertos cometidos estatales.
Dichos entes poseen, más allá de los fines propios determinantes de su creación, ciertos datos comunes que, en general, se coincide en señalar como los siguientes: a) creación del estado; b) personalidad jurídica propia; c) asignación legal de recursos; d) patrimonio estatal; e) capacidad de autoadministración y f) control del Estado. Si una de las notas categorizantes de los entes descentralizados es el carácter estatal del patrimonio de aquéllos, resulta lógico derivar de esa circunstancia la responsabilidad estatal por las obligaciones de tales entes. Cabe puntualizar, sin embargo, que el ente no es equiparado a la condición de un mero órgano despersonalizado del estado, comprometedor de su responsabilidad directa, toda vez que al mantener su propia personalidad, el Estado sigue siendo “otro” a su respecto; empero el poder jurídico de disposición que a éste le asiste sobre el patrimonio del ente y que incluye decidir sobre su propia existencia y subsistencia justifica la responsabilidad estatal.
Las razones expuestas nos llevan a concluir en que la responsabilidad del Estado procede en relación con las obligaciones de los entes autárquicos y esa responsabilidad es consecuencia del principio de unidad del patrimonio estatal. Mayoritaria doctrina sostiene que el carácter de dicha responsabilidad es subsidiaria, de modo que ella sólo podría hacerse efectiva una vez agotadas las posibilidades patrimoniales propias del ente. El principio de la responsabilidad subsidiaria permite, por un lado hacer efectivo el principio de la unidad patrimonial del Estado y por otro, salvaguarda la propia personalidad del ente autárquico (confr. Comadira Julio R., Escola Héctor J., Comadira Julio P., Curso de Derecho Administrativo, T° II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, págs. 1626/1639).- Al respecto, se ha expresado que: “…Siendo así, y como resul-tado de la “personalidad de esta entidad autárquica, que puede ejercer sus derechos y, correlativamente, cumplir con sus obligaciones y estar en juicio… es susceptible de ser directamente demandada ante los respectivos tribunales de justicia y también es directamente responsable por el comportamiento de sus órganos y la realización de las funciones y servicios.
De ahí que, normalmente, la entidad se pondrá al frente de su responsabilidad, utilizando para ello los fondos o bienes de afectación de que dispone. Pero, puede ocurrir que no la pueda hacer efectiva, por insuficiencia o falta de activo. La pregunta es: ¿Quién responde en tal supuesto? La doctrina concuerda en que en tal supuesto responde el “Estado” creador del ente, pero como garantía…El Estado es responsable en forma subsidiaria, o sea únicamente cuando los bienes afectados al ente autárquico son insuficientes para hacer frente a su responsabilidad. El acreedor del ente autárquico no puede, por el solo hecho de serlo, requerir el pago directamente al Estado. La obligación de éste es subsidiaria y de garantía…” (confr.
Cam. Nac. Civ., Sala C, 14/5/1991, “Lopez de Aguirre, Marcelina v. Empresa Ferrocarriles Argentinos”, citado en Comadira Julio R., Escola Héctor J., Comadira Julio P., ob. cit. págs. 1643/1644).- Entonces, según la mentada doctrina, la solidaridad pretendida por la actora, no rige ni puede aceptarse en el supuesto de responsabilidad indirecta del Estado por una obligación del ente autárquico, pues en este caso, el Estado resulta responsable únicamente cuando aquél no puede hacer frente a su responsabilidad con los fondos o bienes que le fueron afectados al cumplimiento de sus fines.-
En el sub lite, LU 85 Canal 9 de Río Gallegos, al cual se le concedió la autarquía a partir del 28 de diciembre de 1989, es, desde entonces, el titular de la relación jurídica sustancial. En consecuencia, la responsabilidad del Estado, a partir de la fecha indicada, es indirecta, subsidiaria y no solidaria, debiendo éste último responder en el supuesto de que el primero carezca de fondos para afron-tar la deuda, tal como lo determinó el ad quem.-
El desarrollo hasta aquí efectuado permite afirmar que no merece, en este aspecto, reproche el fallo, en la medida que se halla avalado por destacada y predominante doctrina que la dan suficiente sustento jurídico, más allá de que se coincida o no con la posición asumida por los magistrados preopinantes.-
VI. Señalado ya que la condena en forma subsidiaria al Estado Provincial es procedente y se encuentra avalada con doctrina vertida por respetados y encumbrados juristas, nos ocuparemos ahora de explicar por qué al fallar de esta manera, no han existido las violaciones a los principios de congruencia y al derecho de defensa alegados por la recurrente.-
Aduce la quejosa que tales vicios se producen porque, la actora demandó directamente al Estado Provincial, junto con el Canal de TV., por el total de la deuda; luego en segunda instancia pidió se responsabilice solidariamente al primero al pago del total de la deuda. Pero nunca la pretensión incluyó la condena en forma subsidiaria, como finalmente decidió la Cámara.-
En tal extremo se incurre por el desconocimiento de la potestad del juzgador derivada del principio "iura curia novit" contemplado en los artículos 165 y 164, inciso 6° del Código Procesal, que lo autorizan no sólo a determinar las normas aplicables sino, además, a suplir el derecho omitido o erróneamente invocado por las partes.-
Sabido es que corresponde al magistrado encuadrar en derecho las pretensiones de las partes, pues si bien tiene el deber de ajustarse a los hechos alegados por éstas, en cuanto a las prescripciones legales se le reconoce la facultad de encuadrar el caso, sometido a su decisión, dentro del instituto legal que considere más conveniente a la solución que corresponda al mismo aunque difiera de lo solicitado por los litigantes.-
El tribunal está facultado para prescindir o estar en contra de la posición jurídica sustentada por las partes al aplicar el derecho, calificando al momento de sentencia la relación sustancial de la "litis" y determinando las normas que la rigen, sin modificar la plataforma fáctica esgrimida (confr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala II, Dametto, Raúl E. c. Inti S.A.I.C., 14/10/2003, LL Gran Cuyo 2004 (marzo), 165, cita on line: AR/JUR/5615/2003).-
En igual sentido se ha expedido este Cuerpo: “…se entiende que el principio del “iura novit curia” permite al sentenciante calificar correctamente la acción deducida. Esta recalificación de ningún modo afecta el derecho de defensa de la demandada…” (confr. Tomo XIV -Sentencia- Reg. 498, Folio 2739/2745).-
En el concreto caso que nos ocupa, tenemos que la pretensión de la actora fue dirigida contra ambos demandados (LU 85 Canal 9 de Río Gallegos y Estado Provincial) por el total de la deuda. A su vez, ante la Excma. Cámara insistió con la condena solidaria al Estado, luego de que éste hubiera sido exonerado por el a quo, respecto a las deudas posteriores al 28 de diciembre de 1989. Ante este panora-ma, no merece reproche la decisión de los Camaristas en cuanto encauzan el reclamo -en virtud de la facultad “ut supra” referida y apoyándose en doctrina y jurisprudencia mayoritarias- y deciden la responsabilidad indirecta o subsidiaria del Estado Provincial por las deudas contraídas por LU 85 Canal 9 de Río Gallegos, lo que implica que éste último sólo deberá responder en la medida que su patrimonio no alcance para cubrir el monto de la deuda. Cabe aclarar que la responsabilidad directa del estado procede, por lo adeudado hasta el 28 de diciembre de 1989, tal como se decidió en el fallo cuestionado y no fue objeto de recurso.-
VII. Por otro lado, denuncia la recurrente la errónea aplicación de la ley 2346. Dice, al respecto, que dicha ley establece un mecanismo de caducidad del derecho al no efectuarse el reclamo en tiempo oportuno. Como, a su entender, SADAIC dejó transcurrir dicho plazo, ha perdido el derecho a reclamar la deuda objeto de autos.-
La escasa fundamentación expuesta para sostener este cuestio-namiento, que por mucho lo aleja de constituir la crítica concreta y razonada que exige el ritual para viabilizar el recurso de casación -obsérvese que sólo se ha limitado a mencionar que hubo una errónea aplicación de la ley 2346, porque, a su entender, el derecho de la actora ha caducado, sin explicar, aunque sea mínimamente, de qué manera se ha producido el error que imputa a la Alzada- conlleva, sin más, al rechazo del planteo bajo análisis.-
No obstante importa señalar que no merece objeciones el trata-miento dado por la Cámara al particular. En efecto, tal como allí se indicó, ni la norma “ut supra” mencionada, ni la ley 2395 prevén un término especial de caducidad para el reclamo judicial de una deuda como la que nos ocupa; tampoco imponen el reclamo administrativo previo. Cabe agregar que el plazo de caducidad previsto en el artículo 2° de la ley 2395, sólo refiere al supuesto de reclamación administrativa previa, lo cual no ha acontecido en este caso.-
VIII. Con relación a la utilización de los parámetros de la pericia contable para calcular la deuda y la fijación de las costas, se impone el rechazo de ambas impugnaciones, por constituir típicas cuestiones de hecho y prueba ajenas a esta instancia.-
En el primer caso, reiteradamente ha expresado este Tribunal que los jueces de las instancias ordinarias son soberanos en la elección de los medios probatorios que los llevan a decidir un litigio y, el ejercicio de estos poderes discrecionales no puede ser controlado en casación, en tanto no estén viciados por el absurdo (confr. Tomo XX -Interlocutorio-, Reg. 2644, Folio 3980/3984) extremo, éste último, que no se evidencia en la especie; en nada puede modificar el criterio señalado el hecho de que la recurrente hubiera peticionado la nulidad de la pericia en cuestión, pues llega firme a esta instancia la resolución que rechazó dicha nulidad.- En el segundo, ha dicho que las cuestiones relativas a la imposición de las costas son extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado; la materia referida, se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria (confr. Tomo XIII -Sentencia- Reg. 467, Folio 2.539/2.542).-
IX. Por último, cabe mencionar que no hay arbitrariedad, toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presu-puestos que la configuran.-
Sobre la materia, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha expresado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...tiene que existir un aparta-miento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación. Por lo tanto “debe demostrarse que la operación intelectual desarro-llada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las pro-banzas…” (confr. Juan Carlos Hitters, Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación, 2da. edición, pág. 479,480, SCBA, Ac. 24.739, Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Idem, Ac. 24.985, “Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente“, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, “Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente“, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).- En igual sentido, se ha expedido este Tribunal: "... la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación. (confr. Tomo III -Interlocutorio-, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI -Interlocutorio-, Reg. 881, Folio 1022/1025); circunstancias, esta últimas, que no acontecen en autos.-
X. Los fundamentos señalados precedentemente, resultan determinantes para la suerte de la vía intentada, y conllevan al rechazo del recurso articulado.-
Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación articulado por la codemandada Estado Provincial a fs. 627/637 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 610/620; todo ello con costas a la recurrente, de acuerdo al principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPC y C), teniendo presente la reserva federal expresada a fs. 636 vta./637.-.-
En consecuencia, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de casación articulado por la codemandada Estado Provincial a fs. 627/637 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 610/620.-
2. Las costas se imponen a la recurrente vencida (art. 68 del CPC y C).-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Uno, t.o. ley 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1002S.141 Tomo: XVI Sentencia: 563 Folio N°: 3.194/3.199.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia