Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2021-117601520-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la defensa de prescripción opuesta por la recurrente, y en consecuencia, declarar prescriptas las facultades del Fisco Nacional para aplicar la sanción discutida en autos (periodos enero a mayo de 2010). Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-48040957-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 13 de Mayo de 2026 En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Subrogante de la Primera Nominación), a fin de resolver el EX-2021-117601520-APN- SGAI#TFN, caratulado: "SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA S.A s/apelación".
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a través RE-2021-117597323-APN-SAGAI#TFN la firma Sociedad de Bolsa Libra SA interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 12/11/2021 de la ARCA, mediante la cual se aplicó multa en los términos de los arts. 46 y 47 inc. e) de la ley 11683, por los períodos fiscales 1/2010 a 5/2010. Comienza su escrito describiendo los antecedentes del caso. Al respecto, manifiesta que luego de transcurridos más de 3 años del inicio de la verificación fiscal, se dictó la resolución 179/2015 (DV RRME) por la que se determinó de oficio su obligación tributaria frente al impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias por la totalidad de las operaciones realizadas, y se efectuó la reserva para aplicar sanciones en atención al artículo 20 de la ley 24769. Asimismo, dice, que la DGI efectuó denuncia penal ante la Justicia Federal de Mendoza, Expte. 19880/2016 con fecha 2/6//2016 y que al día de la fecha de la presentación del presente recurso se encontraba aún en trámite.
Plantea la nulidad. En tal sentido, manifiesta que se le inicia un sumario administrativo y se pretende aplicar la multa por defraudación establecida en el art. 46 de la ley 11683 cuando simultáneamente se encuentra defendiendo de los mismos hechos en sede penal.
En esa línea, remarca que se está ante un escenario donde un contribuyente es sometido a un juicio penal y simultáneamente juzgado por el mismo tipo de operaciones en la instancia administrativa donde se le imputa una conducta dolosa sin haberse expedido el juez penal que entiende sobre los períodos 2008 y 2009, constituyendo una evidente prejudicialidad administrativa, expresamente prohibida en las leyes 11683 y 24769. Considera que se estarían atentando derechos fundamentales de la CN, en especial el derecho de defensa en juicio ya que si no hubiera querido llegar a esta instancia tendría que haber reconocido la materialidad de la infracción lo que habría sido lisa y llanamente una confesión en su contra en relación a los períodos 2008 y 2009.
Por tal razón, sostiene que la pretendida presunción de dolo debe ser desechada hasta tanto quede firme la resolución penal, por ser contraria a elementales principios constitucionales de inocencia en materia penal. Luego plantea la prescripción. Sostiene que para la aplicación de la sanción por los hechos cometidos en el período 1/2010 a 5/2010 la prescripción de la acción comenzó a correr el 1/1/2011 por lo que el plazo original de la acción, dice, habría prescripto el día 31/12/2016. Con fecha 2/6/2016, explica que, el organismo fiscal formula denuncia penal, lo que generó una nueva suspensión hasta que adquirió firmeza la sentencia penal dictada el 2/11/2018. Aclara que a partir de allí comienza a contarse el plazo de 180 días que establece el art. 65 inc. d) de la ley 11683, encontrándose suspendida la prescripción hasta el día 3/3/2019. Una vez reiniciado el curso de aquélla con fecha 4/3/2019 quedaban 212 días del período comprendido entre el 3/6/2016 y el 31/12/2016 los que se cumplieron el día 2/10/2019.
Hace reserva de la cuestión federal.
II. Que a través de IF-2022-23179998-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el recurso interpuesto, y solicita se confirme la resolución apelada. Hace reserva de la cuestión federal.
III. Que se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “A” y se llaman los autos para dictar sentencia IV. Que mediante pronunciamiento de fecha 23/12/25, y aclaratoria de fecha 20/2/26, la Alzada tuvo a la firma -en lo que aquí interesa- por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones tributarias determinadas en la Resolución N° 179/2015 correspondiente al Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Corrientes Bancarias y otras operatorias que dio origen a la multa aquí apelada por los períodos fiscales enero a mayo de 2010. Sentencia que ha quedado firme, y por tal razón, este Tribunal se encuentra habilitado para resolver la sanción apelada en autos. (vide www.pjn.gov.ar). Si bien el desistimiento efectuado, comprendió los conceptos y períodos que originaron la multa aquí apelada, cabe advertir que el impuesto y sus accesorios no han sido cancelados, conforme lo resuelto por la Alzada en la sentencia referida y lo informado por el Fisco Nacional V. Que aclarado ello, corresponde expedirse en primer término, con relación a la excepción de prescripción planteada por la actora.
En tal sentido, cabe mencionar que la ley 11.683 en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos. Por otro lado el art. 58 establece, que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.
De acuerdo a las disposiciones del artículo 17 de la Ley 26.860 (B.O. 03/06/2013) se suspendió con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción, en lo que aquí interesa, para aplicar multas con relación a los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización están a cargo de la Administración Federal.
Asimismo, de acuerdo con la doctrina actual no existen diferencias entre la naturaleza de las infracciones fiscales y penales, ya que como lo ha dicho nuestro Mas Alto Tribunal “...el eventual y secundario interés fiscal que puede existir en su percepción no altera la naturaleza sustancialmente punitiva de las multas tributarias y aduaneras que llevan a la aplicación a su respecto de los principios del Código Penal...” (Fallos 267:457). Ello, claro está, en la medida que la propia ley no disponga lo contrario o exista una derogación implícita del Código por ser incompatible la norma de la ley penal fiscal o la finalidad del objeto tutelado por ella con los principios generales de aquella rama del derecho (Fallos 211:1567; 287:74, entre muchos otros). En este sentido, como con acierto lo señaló el Dr. Buitrago, “...si se toma como criterio decisivo la índole de la reacción prevista por el ordenamiento jurídico para cada tipo de ilícito (fiscales y penales) se debe convenir que el correspondiente a las primeras tienen un carácter fundamentalmente represivo o punitivo, que hace que ambas tengan idéntica sustancia...la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido carácter penal a las multas de la ley de impuestos internos, así como a las figuras de omisión y defraudación fiscal (Fallos 200:340; 211:1381; 212:240) (cfr. “Apache SA”, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “A” 29/05/00). En ese contexto y reconocido el carácter punitivo de las multas tributarias, resulta de aplicación el principio que impide la aplicación retroactiva de leyes que impliquen empeorar las condiciones de los infractores, en cuyo concepto claramente debe incluirse las que establezcan un mayor tiempo de prescripción (vid. Entre muchos otros, C.S.J.N., “Fisco Nacional c/César Demarco s/ejecución fiscal”, 19/2/76). En efecto, debe tenerse presente que las leyes penales no son solo aquellas que contienen precepto y sanción, sino también las que se relacionan con el derecho penal de fondo, y que por ello, la complementan, como son por ejemplo las disposiciones relativas a la extinción de las acciones penales, la probation, etc.
Sentado lo que antecede, la suspensión de la prescripción contenida en la ley 26.860, en tanto implica la aplicación retroactiva de normas que colocan al contribuyente en una situación más gravosa, violatoria por ello de la garantía contenida en el art. 2 del C.P.N., resultan incompatibles en la especie.
En ese contexto, el término de cinco (5) años para aplicar sanción en el impuesto de marras, por el periodo comprendido entre enero a mayo (ambos inclusive, comenzó a correr el 1 de enero de 2011. De tal forma, culminó el 31 de diciembre de 2015, toda vez que como se dijo, la suspensión de la ley 26.860 no se aplica en la especie.
Es decir que los argumentos expuestos con relación a la denuncia penal realizada con fecha 2/6/2016 por el organismo fiscal y sobre la firmeza del sobreseimiento son rechazados.
En atención a la fecha en que se efectuó dicha denuncia, la suspensión prevista en el inciso c) del artículo 65 de la ley de rito no resulta aplicable en autos.
VI. Que ello así y, habida cuenta que la sanción que aquí se discute es de fecha 12 de noviembre de 2021, notificada el mismo día, corresponde hacer lugar a la defensa de prescripción opuesta por la recurrente toda vez que en oportunidad de dictarse el acto en crisis, se encontraban prescriptas las facultades del Fisco Nacional para aplicar la sanción por los periodos enero a mayo de 2010. Con costas.
VII. Que de la forma en que se resuelva la presente, resulta inoficioso expedirme acerca del planteo de nulidad incoado.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiere a los relatos efectuados por la Vocal preopinante en los Considerandos I a IV de su voto.
II. Que, en cambio, disiente con la solución a la que allí se arriba.
En primer lugar, cabe destacar que a través de la fiscalización efectuada bajo la Orden de Intervención N° 524.284, se verificó el cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones, por los períodos fiscales 01/2008 a 05/2010. En esa ocasión, la auditoría fiscal concluyó que las operatoria desplegada por el contribuyente tuvo como finalidad evitar a terceros el ingreso de dicho impuesto, durante los ejercicios en crisis. De esta manera, se determinó de oficio (Resolución N° 179/2015, de fecha 03/06/2015) la obligación de la sociedad por los conceptos enunciados -con más sus intereses resarcitorios-, y se formuló reserva respecto de la eventual instrucción de sumario y aplicación de las sanciones contempladas en la ley de rito, en relación con la conducta de la responsable en el gravamen y períodos citados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 24.769.
Asimismo, se proyectaron sendos ajustes en el Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2009- y el Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 01/2009 a 11/2009-, con más sus intereses y multas, con sustento - en ambos casos- en el artículo 46 de la ley de rito.
Contra los mencionados actos se interpuso recurso de apelación ante este Tribunal, el cual fue resuelto por la Sala “D” el día 21/02/2022 (Expte. N° 43.370-I), confirmando la tesitura fiscal. Posteriormente, dicho decisorio fue apelado ante la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, quien luego de dar trámite a las distintas presentaciones realizadas por la firma, tuvo -en lo que aquí interesa- a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones tributarias determinadas en la Resolución N° 179/2015. Además, la Alzada aclaró que si bien no se cancelaron las obligaciones referidas al año 2010, mientras que para el resto de los períodos se formularon planes de pago mediante las Leyes 27.653 y 27.743, lo cierto es que cuando se presentó el formulario F.408 se incluyó a la totalidad de los ejercicios fiscales involucrados; quedando a cargo del organismo fiscal el control del cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el régimen de regularización excepcional, para que la actora goce de los beneficios establecidos en la ley. Por otro lado, a causa de la denuncia penal efectuada por la Administración el día 02/06/2016, se originó el expediente FMZ 19880/2016 caratulado: “Schapiro, Alejandro y otros infracción Ley 24.769”, por la presunta comisión del ilícito previsto y reprimido por el artículo 2° -inc. c)- de la Ley 24.769, en relación al Impuesto a los Débitos y Créditos -períodos fiscales 2008 a 2010-; en el marco de dichos autos, con fecha 28/02/2018 el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza dictó el sobreseimiento definitivo de los representantes legales de Sociedad de Bolsa Libra S.A., Sres. María Emilse Córdoba -en su calidad de Presidente y Director- y de Leandro Forti -en su calidad de Director Suplente-, respecto al período 2010, por aplicación de la ley penal más benigna (Ley 27.430).
A continuación, el día 02/11/2018 la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza – Sala B, confirmó el sobreseimiento de los imputados por el hecho ut supra descripto.
Finalmente, en fecha 06/10/2020 la Excelentísima Cámara Federal de Casación Penal – Sala I declaró inadmisible el recurso de casación incoado por la querella, lo que motivó el inició del procedimiento sumarial S/DI RMEN/20/2021 aquí apelado.
III. Que establecido el contexto del caso, procede tratar la excepción de nulidad articulada por la actora, cuyo sustento radica en la imposibilidad de aplicar multas hasta tanto el juez penal interviniente se expidiera sobre la existencia de los elementos que configurarían un accionar ardidoso en los períodos fiscales objeto de la denuncia formulada oportunamente.
En esa inteligencia, infiere que la resolución atacada constituiría una evidente prejudicialidad administrativa, prohibida por la Ley 24.769 y la Ley 11.683; interpretando, asimismo, que habría existido una notoria desviación de poder con la intención de perseguir a Sociedad de Bolsa Libra S.A., sin haber considerado la suspensión de las acciones y poderes del Fisco Nacional para aplicar multa, como consecuencia de la existencia misma de la causa penal.
Cabe señalar que similar planteo fue analizado por la Excma. Cámara, al momento de abordar el recurso de apelación interpuesto contra el fallo emitido por la Sala “D” de este Tribunal en el Expediente N° 43.370-I, caratulado “Sociedad de Bolsa Libra S.A. s/ apelación”. En dicha oportunidad, la actora sostuvo que el ente fiscal no podía aplicar sanciones en el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias, hasta tanto no se hubiera definido en sede penal la existencia y materialidad del ajuste practicado en el Impuesto sobre los Débitos y Créditos, sobre cuyos hechos también se apoyaban el resto de los tributos determinados. Al respecto dijo que: “... la pesquisa penal no se expidió, en modo alguno, acerca de la comisión de los hechos ni su eventual configuración como conducta típica, dado que el sobreseimiento de cada una de las personas imputadas ha sido dispuesto por una causa extintiva de la acción penal sobreviniente, contemplada en el art. 10 de la ley 27.541 y en el art. 5° de la ley 27.743, lo cual no se refiere a cuestiones fácticas [...] en la especie, no hay riesgo alguno actual de que el Fisco Nacional haya podido incurrir (ni siquiera por vía de hipótesis) en contradicción alguna, atento al modo en que ha concluido el proceso penal...” (vide copia de la sentencia extraída de la consulta pública realizada al sitio web www.pjn.gov.ar).
Por lo tanto, no se advierte la prejudicialidad administrativa alegada, ni un menoscabo en el derecho constitucional de defensa, o una desviación de poder. En razón de dichos motivos, voto por rechazar la nulidad incoada sin costas, ya que no mereció un tratamiento de previo y especial pronunciamiento (CSJN, “Bolland y Cía. S.A.”, 21/02/2013).
IV. Que, seguidamente, corresponde examinar la prescripción opuesta por la recurrente.
Sobre el particular, conviene enfatizar que para los períodos mencionados en el año 2010 por el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, la prescripción comenzó a correr el 01/01/2011, por lo que finalizaría el 01/01/2016 (v. art. 58, Ley 11.683).
Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado es menester evaluar si se presenta en el caso algún supuesto de suspensión de la prescripción.
En este sentido, resulta aplicable el artículo 17 de la Ley N° 26.860 (B.O. 03/06/2013), que prevé: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Por ende, la prescripción habría de producirse el 01/01/2017.
A su vez, es preciso tener en cuenta que el transcurso del plazo fue suspendido por la denuncia penal efectuada por el órgano fiscal el día 02/06/2016. Es decir, que hasta ese momento corrieron cuatro (4) años, cinco (5) meses y un (1) día.
Esta suspensión se extendió hasta el 05/07/2021, esto es, una vez cumplidos los ciento ochenta (180) días desde la resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal -06/10/2020-, que desestimó el recurso de casación interpuesto por el órgano recaudador, obteniendo entonces firmeza la sentencia del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza (v. art. 65, inc. d), Ley 11.683).
Reiniciado el curso de la prescripción el 06/07/2021, correspondía aún imputar los días corridos entre el 03/06/2016 y el 31/12/2016, arribando así al 02/02/2022. En función de ello, considero que a la fecha de la resolución apelada (07/07/2021) no se encontraban prescriptas las facultades del Fisco Nacional para aplicar la sanción cuestionada.
Por otra parte, de acuerdo a mi criterio, la prescripción tratada al no ser planteada como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no corresponde una imposición de costas autónoma, toda vez que no puede considerarse de forma escindida o autónoma de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (CSJN, "Colorín-IMSSA c/ DGI" (TFN 24.123-I), 02/07/2013).
V. Que, por último, resta expedirse sobre la multa aplicada por defraudación -sustentada por los artículos 46 y 47, inc. e), Ley N° 11.683-, graduada en dos (2) veces el importe supuestamente evadido. Cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo s/ apelación", sentencia del 21/12/2006, “... la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado”.
En este punto, visto la serie de investigaciones que tuvo que llevar a cabo la fiscalización, es que se puede considerar que se utilizó un ardid o engaño para llevar a cabo una disminución en el impuesto declarado. Independientemente de que la actora no planteó defensas ni agravios en contra de la multa determinada, lo cierto es que tampoco ha podido aportar pruebas fehacientes que lleven a concluir que la exención con la que contaba en el Impuesto sobre los Débitos y Créditos, no fue utilizada para excluir de la tributación a sujetos no beneficiados por la ley del gravamen; ni se observan elementos que permitan desvirtuar la presunción contemplada en el artículo 47 -inc. e)- de la ley procedimental.
En este aspecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado el principio de que acreditada la materialidad de la infracción, de ello resulta la intención de defraudar, salvo prueba suficiente de su inocencia por el contribuyente (Fallos: 210:1229), lo que -como se dijo- no sucedió.
A tenor de lo expuesto, se colige que la sanción aplicada por el organismo fiscal ha sido adecuadamente ponderada, toda vez que se acreditó no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino que también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
En definitiva, ante la ausencia de soporte probatorio, tanto en sede administrativa, como ante este Tribunal y en atención a las aludidas circunstancias, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas. La Dra. Viviana Marmillón dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Hacer lugar a la defensa de prescripción opuesta por la recurrente, y en consecuencia, declarar prescriptas las facultades del Fisco Nacional para aplicar la sanción discutida en autos (periodos enero a mayo de 2010). Con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.
Date: 2026.05.12 16:38:52 ART Date: 2026.05.13 17:07:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Viviana Marmillon Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.13 17:09:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.13 17:10:39 -03:00
Fin de la sentencia