Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 43.370-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la recurrente, con costas.
2Confirmar las resoluciones apeladas, en todas sus partes, con costas.
3Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 927.200 (Pesos novecientos veintisiete mil doscientos) por el patrocinio letrado y de $ 370.880 (Pesos trescientos setenta mil ochocientos ochenta) por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la primera etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
4Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para el patrocinio letrado en la suma de $ 3.471.451 (Pesos tres millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y uno) equivalente a 333,79 (trescientos treinta y tres con 79/100) UMA y por la representación procesal, la suma de $ 1.388.580 (Pesos un millón trescientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta) equivalente a 133,52 (ciento treinta y tres con 52/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las últimas dos etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19 …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-112498683-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 21 de Octubre de 2022 - VOC. XII En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 43.370-I (y acumul. N° 45.783-I) caratulado “SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA S.A. s/recurso de apelación – Impuestos a los débitos y créditos en Cuenta Corriente Bancaria, a las Ganancias y al Valor Agregado”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 47/59 Sociedad de Bolsa Libra S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 179/2015 (DV RRME) de fecha 3 de junio de 2015 dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la A.F.I.P.-D.G.I., por la que se determinó su obligación impositiva en el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Corrientes Bancarias y otras Operatorias de los períodos fiscales enero de 2008 a mayo de 2010 con más intereses resarcitorios y se dejó en suspenso la instrucción de sumario conforme lo dispuesto por el art. 20 de la ley N° 24.769.
A fs. 252/269 dicha sociedad apela las Resoluciones Nº 454/2015 (DV RRME) y Nº 455/2015 (DV RRME) de fecha 20 de noviembre de 2015 dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la A.F.I.P.-D.G.I., por las que se determinaron los Impuestos a las Ganancias del período fiscal 2009 y al Valor Agregado de los períodos fiscales enero a noviembre de 2009 con más intereses resarcitorios y se aplicaron multas equivalentes a tres veces el importe de los impuestos omitidos según los arts. 46 y 47 inc. e) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Manifiesta que desarrolla como actividad principal la prestación de servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros y hace saber que en los períodos inspeccionados intervino como operador en el Mercado de Valores de Mendoza S.A. bajo el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha entidad.
Expone el marco regulatorio aplicable a la actividad y las características del mercado bursátil para concluir que su función es la de intermediación en una operatoria compleja y supervisada por la Comisión Nacional de Valores por lo que apunta que resulta inverosímil que el organismo fiscal cuestione operaciones concertadas, que fueron registradas en el Mercado de Valores de Mendoza S.A. y no fueron observadas por el organismo de control. Critica los ajustes efectuados y que el ente fiscal haya entendido que los movimientos de dinero no respondían a una operatoria bursátil sino a la finalidad de evadir el pago del Impuesto a los Débitos y Créditos, cuando las operaciones si hicieron dentro del régimen normativo aplicable sin que los organismos encargados de su control hayan opuesto reparos al respecto.
Respecto de las determinaciones de oficio correspondientes a los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado señala que la imputación se basó en supuestas diferencias entre los saldos contables registrados y los extractos bancarios extendidos por los bancos con los que operó, cuando tal diferencia de registración responde a las formas exigidas por el Mercado de Valores y la Comisión Nacional de Valores, lo que no fue advertido o tenido en cuenta por AFIP. Aclara que el clearing bancario acredita y debita movimientos efectuados con cheques con posterioridad al cierre de la rueda bursátil, lo que se ve reflejado en los extractos bancarios en la fecha en la que ocurre la acreditación sin especificar horario.
Menciona que se aportaron informes de auditoria de los que se desprendió que la totalidad de sus registraciones y estados contables reflejaban las operaciones de bolsa y los saldos de sus comitentes de acuerdo a las normas técnicas vigentes, lo que entiende demuestra que se hicieron y registraron operaciones de bolsa durante los períodos fiscalizados.
Se agravia de que los actos apelados no expongan cual es el perjuicio fiscal ocasionado por lo que concluye en que el criterio del Juez Administrativo resulta discrecional y violatorio del derecho de defensa. Sobre las sanciones aplicadas en las Resoluciones Nº 454/2015 y Nº 455/2015 resalta su improcedencia al no advertir cual es el ardid desplegado, sin que puedan extenderse las presunciones para determinar la materia imponible al campo infraccional, cuando no hubo culpa ni dolo en su accionar.
Por último, ofrece documental, prueba pericial contable e informativa y por los argumentos que desarrolla, peticiona que oportunamente se dicte sentencia revocando las resoluciones apeladas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 71/88 y 392/410vta. el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos. Remite a los fundamentos expuestos por el Juez Administrativo en las resoluciones dictadas y remarca que las mismas se ajustaron a los hechos y antecedentes de la causa y al derecho aplicable.
Menciona que el art. 10 del Anexo del Decreto 380/01 reglamentario de la Ley Nº 25.413 del Impuesto a los débitos y créditos en Cuenta Corriente Bancaria establece en el inc. a) del primer párrafo la exención para las cuentas bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a su actividad especifica y los giros y transferencias de los que sean ordenantes con igual finalidad, por los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores y/o Cereales, así como las cajas de valores y entidades de liquidación y compensación de operaciones, autorizadas por la citada Comisión.
Alude a las restantes normas aplicables al caso para expresar que se constató que la recurrente no resulta beneficiaria de la exención mencionada debido a que sus cuentas bancarias fueron utilizadas con la finalidad de excluir del gravamen a operaciones que resultarían gravadas para sujetos no beneficiados por exenciones. Detalla la labor desarrollada por la inspección y menciona las operaciones de caución por montos significativos que hicieron los distintos comitentes analizados, de las que se observó que todos tienen domicilio fiscal en Capital Federal pero las operaciones supuestamente se realizaron en la Pcia. de Mendoza y los movimientos bancarios se registraron en las sucursales de los bancos en Capital Federal. A lo que agrega que la utilidad resultante de las operaciones bursátiles fue mínima debido a que la tasa vigente para plazos fijos era superior a la rentabilidad arrojada por las operaciones bursátiles registradas.
Advierte que lo expuesto demostró que el movimiento de dinero no respondía a la operatoria bursátil propiamente dicha ya que la maniobra era necesaria para justificar el ingreso de los cheques a fin de hacerse posteriormente del efectivo, lo que permitía a la actora hacerse de dinero en efectivo y posibilitada la ocultación de los destinatarios finales de esos fondos y los importes realmente abonados.
Respecto del ajuste en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado refiere que el fin extrabursátil de las operaciones realizadas provoca que la retribución se considere gravada en ambos tributos al haberse desplegado con la finalidad de excluir del alcance del Fisco a operaciones que resultarían gravadas para sujetos no beneficiados por exenciones, lo que representa gastos no deducibles e ingresos omitidos.
Acentúa que la recurrente no aportó ningún elemento que demuestre la falta de dolo en su obrar, el que se encuentra debidamente probado por las presunciones aplicadas, lo que torna procedentes las sanciones impuestas. Por último, se opone a la prueba ofrecida y por las razones de hecho y de derecho que desarrolla, peticiona que se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas y se tenga presente la reserva del caso federal.
III. Que a fs. 98/103vta. se rechazaron las excepciones de nulidad y prescripción planteadas por la actora, con costas, en la causa N° 43.370-I. A fs. 111 se admitió la prueba informativa y pericial contable ofrecidas. A fs. 418/418vta. se acumuló el Expte. N° 45.783-I, por lo que a fs. 428 se reordenó el trámite y se hizo lugar a la prueba pericial contable.
Que el informe pericial por ambas causas fue presentado a fs. 451/454vta., mientras que con relación a la prueba informativa la recurrente formuló a fs. 407 el desistimiento, por lo que a fs. 504 se declaró cerrado el período de instrucción.
Mediante PV-2022-78641650-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. Mediante IF-2022-86230895-APN-DTD#JGM y RE-2022-87248544-APN-SGAI#TFN obran los alegatos presentados por las partes.
Finalmente mediante IF-2022-110391968-APN-VOCXII#TFN se pasan los autos para sentencia.
IV. En cuanto a la excepción de nulidad planteada, resultando los argumentos similares a los tratados por la sentencia obrante a fs. 98/103, cabe remitirse a lo allí expuesto en cuanto se resolvió rechazar tal defensa, imponiendo las costas a la recurrente.
Respecto a la prescripción articulada en subsidio por los períodos enero a noviembre de 2009 de IVA, cabe señalar que surge del citado decisorio que esta Sala -por mayoría- desestimó idéntico planteo con relación a los períodos enero a diciembre de 2009 del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias, resultando tanto el cómputo como la causal de suspensión allí citadas aplicables respecto a la cuestión aquí tratada. En efecto, a la fecha del dictado de la Resolución N 455/2015 no se encontraban prescriptas las acciones del Fisco para determinar el IVA por los períodos enero a noviembre de 2009, debiendo rechazarse la excepción incoada, con costas.
V. Que corresponde establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Que la recurrente posee como actividad principal declarada la de “servicios de financiación y actividades financieras ncp” y en el marco de la fiscalización se constató que la Sociedad de Bolsa Libra S.A. no tributó el Impuesto a los débitos y créditos en Cuenta Corriente Bancaria respecto de determinadas cuentas corrientes bancarias utilizadas en los períodos fiscales inspeccionados.
Se analizó la documentación aportada relativa a su actividad, entre ella libros societarios, Estados Contables, los registros de operaciones desde enero de 2008 a mayo de 2010, registro IVA Compras (subdiario), listado de comitentes al 31/12/2008 y 31/12/2009 y extractos bancarios desde enero de 2008 a mayo de 2010. También se circularizó a la Comisión Nacional de Valores para consultar si la sociedad había sido auditada, de lo que se obtuvo una respuesta negativa y al Mercado de Valores de Mendoza S.A. para obtener el legajo completo de la apelante.
Se observó que poseía cuentas bancarias en las entidades Banco Meridian Sociedad Anónima, Banco Credicoop Cooperativo Limitado, HSBC Bank Argentina S.A., Banco Macro Sociedad Anónima y Banco Hipotecario Sociedad Anónima y de los extractos bancarios se pudieron visualizar la magnitud de las operaciones bancarias efectuadas en cada uno de los bancos.
Se reparó en que los cheques emitidos por Sociedad de Bolsa Libra S.A. superiores a $ 50.000 presentados por ventanilla habían sido cobrados directamente por los apoderados, titulares, cotitulares y/o representantes legales de las cuentas bancarias y no por los comitentes que estaban registrados en la documentación acompañada. Por otro lado, los Registros de Operaciones no reflejaban fielmente la realidad de las operaciones bursátiles debido a que los comitentes a los que se les entregó los cheques no eran identificados con DNI o CUIT, a lo que se agrega que al no haber acompañado el Libro Diario no se pudo identificar la operación vinculada ni el depósito de valores con los comitentes intervinientes.
Que las operaciones de caución extraídas de los registros de las operaciones no pudieron relacionarse con los cheques pagados según los extractos bancarios, sin que se pueda vincular la operación bursátil con el correspondiente pago.
Con relación a los comitentes también se efectuaron distintas observaciones que permitieron concluir que carecían de capacidad económica suficiente para realizar la magnitud de las operaciones bursátiles registradas. Todo lo cual condujo al Fisco a considerar que la operatoria de cambio de cheques por dinero en efectivo realizada por la sociedad perseguía una finalidad fiscal y no bursátil, al aprovecharse de la exención de sus cuentas bancarias para registrar operaciones de colocación de cauciones que respondían a la operatoria de cambio de cheques por efectivo, lo que además denota la connivencia entre la sociedad de bolsa y sus comitentes, al ser necesaria la participación de la primera.
Así se concluyó que la operatoria desarrollada fue desplegada con la finalidad de evitar a terceros el ingreso del Impuesto a los débitos y créditos en Cuenta Corriente Bancaria al ampararse la recurrente en la exención de la que gozaban sus propias cuentas corrientes bancarias.
Que asimismo y dado el fin extrabursátil de las operaciones descriptas se consideró a la retribución gravada en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, y al observarse una diferencia entre los saldos declarados en el rubro Disponibilidades y la información suministrada por las entidades bancarias surgió un incremento patrimonial no justificado según el art. 18 inc. f) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
VI. Que la cuestión a resolver consiste en decidir si las operaciones realizadas por Sociedad de Bolsa Libra S.A. mediante sus cuentas bancarias en los períodos fiscales enero de 2008 a mayo de 2010 en la forma descripta en el Considerando precedente se encontraban alcanzadas por el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias o si, por el contrario, se hallaban exentas en los términos del art. 10, inc. a), del Anexo del Decreto N° 380/01 que reglamentó a la ley N° 25.413, el que, en su parte pertinente, establece que: “Estarán exentos del impuesto los débitos y/o créditos correspondientes a: a) Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a su actividad específica y los giros y transferencias de los que sean ordenantes con igual finalidad, por los mercados autorizados por la COMISION NACIONAL DE VALORES y sus respectivos agentes, las bolsas de comercio que no tengan organizados mercados de valores y/o cereales, así como las cajas de valores y entidades de liquidación y compensación de operaciones, autorizadas por la citada COMISION NACIONAL”, mientras que en su último párrafo dispone que “Las exenciones previstas en este artículo tendrán vigencia siempre que no sean utilizadas para excluir de la tributación a operaciones que resultarían gravadas para otros sujetos no beneficiados por exenciones”.
Que previo a todo, cabe destacar que no es objeto de controversia en autos la existencia de las operaciones que el ente fiscal pretende gravar, ni la modalidad en que fueron realizadas, ni que para éstas se hayan utilizado las cuentas bancarias habilitadas para la actividad bursátil de Sociedad de Bolsa Libra S.A., sino que se encuentra en discusión la finalidad de las operaciones concertadas, al entender el Fisco que carecen de carácter bursátil y que su intervención como agente responde al fin de evasión del pago del impuesto.
Que por lo tanto, no tiene relevancia que la apelante afirme que cumplió con la normativa que le resultaba aplicable ya que conforme surge de las resoluciones apeladas no se observó que sus operaciones bursátiles fueran contrarias a algún tipo de formalidad instrumentada por la Comisión Nacional de Valores para los operadores de Bolsa.
Que ello así, se debe evaluar si la recurrente ha logrado desvirtuar la conclusión a la que arribó el ente fiscal mediante la prueba rendida ante esta instancia, la que comprende el informe pericial contable agregado a fs. 451/454vta.
Que ello así, los peritos designados indicaron los libros y documentación compulsada que contenían el registro de las operaciones y manifestaron que los libros de comercio y sus registraciones respondían a la normativa vigente en materia de libros contables, los que se encontraban encuadernados, foliados, rubricados sin alteraciones en sus asientos, sin blancos ni huecos, sin interlineaciones, raspaduras o enmiendas y sin partes mutiladas o hojas arrancadas. Aclararon con relación al Libro Diario que sus hojas fueron foliadas correlativamente y encuadernadas y que dichos números de foliatura distaban de los emitidos por el sistema pero que las fechas de las registraciones y la numeración mantenían la correlatividad exigida. Elaboraron un listado de las operaciones bursátiles concertadas por la recurrente como intermediario durante los períodos fiscales observados, las que habían sido registradas en el Libro Diario, sobre las que indicaron que se contaba con documentación de respaldo, y también detallaron los controles de auditoría del Mercado de Valores. Respondieron que de los libros contables y registraciones impositivas surgían exclusivamente operaciones que respondían a la actividad bursátil, desde el lado de los ingresos. Al respecto el perito de la recurrente manifestó que conforme se desprendía de una denuncia penal efectuada por el Fisco las operaciones habían sido efectuadas en conformidad con los procedimientos, formalidades y exigencias establecidas según la ley vigente, no obstante el profesional actuante por el ente fiscal señaló que los cargos no se sustentaron en la inexistencia de operaciones bursátiles desde el punto de vista formal sino en la verdadera finalidad de las mismas.
Que del análisis de la prueba pericial contable incorporada en autos como de las manifestaciones de la propia recurrente y del hecho nuevo introducido a fs. 464/478 se desprende que ésta no consiguió demostrar que los movimientos de dinero en sus cuentas corrientes bancarias respondían a una finalidad bursátil propiamente dicha debido a limitarse a invocar que su accionar respondía a la normativa que regía su actividad, que las operatorias estaban registradas y que no había recibido observaciones por parte de los organismos control, cuando resulta evidente la insuficiente actividad probatoria desplegada en orden a rebatir el criterio fiscal al no aportar ningún elemento que justifique el proceder cuestionado, debido a resultar contundentes los elementos reunidos por el Fisco para concluir que las operaciones analizadas carecían de propósito bursátil en razón de los múltiples factores ya señalados en el Considerando V.
Que lo expuesto hace aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Por lo tanto, no se desvirtúa la imputación que da sustento y causa a la determinación de oficio dictada en el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias que es que las cuentas bancarias de la sociedad de bolsa, exentas solo por dicha condición, fueron utilizadas para realizar operaciones de cambio de cheques por dinero en efectivo la que si bien puede considerarse una práctica lícita, no constituyen operaciones inherentes a la actividad específica de los agentes de bolsa que exime la norma, por lo que resulta acertado el criterio fiscal para gravar las mismas en el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias.
VII. Que con relación al cargo formulado en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, el Fisco Nacional ha probado que el 90% de las operaciones realizadas por los comitentes involucrados se refieren a sujetos que no cuentan con capacidad económica suficiente para haber realizado las operaciones de caución analizadas en la causa. (s/ detalle considerandos de la resolución apelada e informe de inspección). En síntesis resulta determinante que las operaciones cuestionadas no fueron genuinas sino simuladas.
Atento la reseña efectuada precedentemente resulta que haber acudido al sistema previsto en el art. 18 de la ley de procedimiento fiscal atento las falencias constatadas deviene ajustado a derecho, por lo que al no advertirse motivos que justifiquen apartarse de la postura fiscal, cabe disponer su confirmación.
VIII. Respecto de los intereses resarcitorios pretendidos, cabe señalar que han sido liquidados conforme las prescripciones del art. 37 de la ley de procedimiento fiscal, por lo que deben ser confirmados.
IX. Que resta referirse a las multas aplicadas en el Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado en los términos de los arts. 46 y 47 inc. e) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que en primer lugar cabe señalar respecto a la doctrina de la C.S.J.N. que surge del caso "Mazza Generoso y Mazza Alberto" (6/04/1989) debe hacerse saber que su interpretación impide extender al campo de la responsabilidad penal tributaria el sistema de presunciones que la ley establece con el objeto de determinar la existencia y medida de la obligación tributaria, por lo que cuando se trata de infracciones que requieren una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del Fisco, como ocurre con la infracción de art. 46 de la Ley Nº 11.683, las presunciones que contempla a los efectos de determinar la obligación tributaria, no pueden ser utilizadas para presumir y tener por probada la existencia de la conducta dolosa, extremo que debe acreditarse con otros elementos de prueba. (C.S.J.N 24/8/2000 Montenegro Hnos. S.A.).
Que si bien dichas presunciones admiten prueba en contrario, lo cierto es que la recurrente no ofreció prueba en orden a desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal al no demostrar la ausencia del elemento subjetivo que requiere la figura infraccional aplicada, al haber advertido la inspección la maniobra desplegada para evitar el pago de los impuestos, lo que no hubiera sido detectado de no mediar dicha labor de fiscalización, por lo que deben ser confirmadas las multas aplicadas.
X. Por lo expuesto, corresponde confirmar las resoluciones apeladas, en todas sus partes, con costas. La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto del Vocal Instructor.
La Dra. O’Donnell dijo:
Por coincidir, en lo sustancial, con las razones expuestas en el voto del Vocal Instructor, sumado a lo que informa la representación fiscal a fs. 481/486 en relación al estado de las actuaciones que se sustancian en la causa penal tributaria instruida a los responsables de Sociedad de Bolsa Libra S.A. por el delito de evasión fiscal de las obligaciones determinadas en la Res. Nº 179/2015, en trámite ante la Justicia Federal de Mendoza, y confirmadas a la fecha de esta sentencia por la Cámara Federal de Casación en decisión del 6 de octubre de 2020 - Reg. Nº 1361/20-, adhiero a la decisión que allí se propone, por lo que corresponde confirmar las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la recurrente, con costas.
2. Confirmar las resoluciones apeladas, en todas sus partes, con costas.
3. Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 927.200 (Pesos novecientos veintisiete mil doscientos) por el patrocinio letrado y de $ 370.880 (Pesos trescientos setenta mil ochocientos ochenta) por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la primera etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
4. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para el patrocinio letrado en la suma de $ 3.471.451 (Pesos tres millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y uno) equivalente a 333,79 (trescientos treinta y tres con 79/100) UMA y por la representación procesal, la suma de $ 1.388.580 (Pesos un millón trescientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta) equivalente a 133,52 (ciento treinta y tres con 52/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las últimas dos etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 25/2022 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
5. Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 158.662 (Pesos ciento cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y dos) por el patrocinio letrado y de $ 63.465 (Pesos sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco) por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta lo resuelto en la sentencia obrante a fs. 98/103 de acuerdo a la pautas previstas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
6. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para el patrocinio letrado en la suma de $ 75.959 (Pesos setenta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve) equivalente a 7,30 (siete con 30/100) UMA y por la representación procesal, la suma de $ 30.384 (Pesos treinta mil trescientos ochenta y cuatro) equivalente a 2,92 (dos con 92/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, de acuerdo a los dispuesto en el punto 1) de la presente, conforme a lo previsto por la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 25/2022 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
7. Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, Walter Varela, en la suma de $ 2.007.049 (pesos dos millones siete mil cuarenta y nueve), equivalente a 192,99 (ciento noventa y dos con 99/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, en atención a la labor desarrollada en la pericia practicada en autos y el monto del litigio.
8. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y achívese.- Date: 2022.10.20 16:06:49 -03:00 Date: 2022.10.21 09:47:23 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.21 09:50:03 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.21 09:50:04 -03:00
Fin de la sentencia