Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 43370-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la actora por desistida de la acción y del derecho, incluso del de repetición, respecto de las obligaciones tributarias determinadas en la Resolución DV RRME 179/2015. Con costas en ambas instancias a la parte actora, con el alcance que surge del Considerando IX.
2Rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia respecto de las Resoluciones (DV RRME) 454/2015 y 455/2015, en cuanto ha sido materia de agravios. Con costas de alzada en el orden causado.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
25838/2023 SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA SA (TF 43370-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 23 de diciembre de 2025.- SH Y VISTOS;
I. Sumario de los hechos que dieron origen al caso Que mediante la Resolución DV RRME 179/2015, dictada con fecha 03 de junio de 2015, por el Jefe de la División y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la Dirección General Impositiva se determinó de oficio, en forma parcial, la obligación de la contribuyente Sociedad de Bolsa de Libra SA (CUIT 30-71003255 -2, en el Impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias y otras operatorias, de los períodos fiscales enero de 2008 a mayo de 2010 por la suma de $7.190.948,93, con más intereses resarcitorios calculados hasta el 03/06/2015 en $14.444.720,55, haciéndole saber que debía ingresar las sumas que se devenguen en lo sucesivo hasta el efectivo pago en las condiciones del art. 37 de la LPT (ver arts. 1 y 4, copia de fs. 9/46 del expediente en soporte papel) Contra dicha resolución, la contribuyente interpuso ante el Tribunal Fiscal de la Nación en los términos del art. 76, inc. b) de la ley 11.683 (cfr. fs. 47/59), dando origen al expediente 43.370-I del registro de ese organismo.
A su vez, por la resolución (DV RRME) 454/2015, del 20/11/2015, la misma regional impugnó la declaración jurada presentada por la contribuyente en el Impuesto a las Ganancias, período 2009, determinando su obligación parcial en dicho tributo y período en $404.273,00 y el saldo a ingresar por la suma de $375.193 ,16, con más los intereses del art. 37 de la LPT, calculados al 20/11/2015 en 717.869,58, aplicando una multa graduada en tres veces el importe del tributo evadido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la LPT (cfr. fs. 132/165).
Mediante la resolución (DV RRME) 455/2015, del 20/11/2015, determinó las obligaciones del contribuyente en el Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales enero a noviembre 2009, con más los intereses resarcitorios y multa graduada en tres veces el importe del tributo evadido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la LPT (cfr. fs.166/198)
Contra estas últimas dos resoluciones, la contribuyente interpuso ante el Tribunal Fiscal de la Nación un recurso en los términos del art. 76, inc. b) de la ley 11.683 (cfr. fs.252/259) dando origen al expediente 45.783-I del registro de ese organismo. Ambos expedientes fueron acumulados por la resolución de fs. 418, del 12/09/20217.
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
Que, por la sentencia del 21/10/2022 (v. IF-2022 -112498683-APN-VOCXII#TFN), la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la recurrente, con costas y confirmó las tres resoluciones apeladas en todas sus partes. Asimismo, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional (cfr. fs. 537/540vta.).
Para así decidir, expuso que la recurrente posee como actividad principal declarada la de “servicios de financiación y actividades financieras ncp” y en el marco de la fiscalización se constató que la Sociedad de Bolsa Libra S.A. no tributó el Impuesto a los débitos y créditos en Cuenta Corriente Bancaria respecto de determinadas cuentas corrientes bancarias utilizadas en los períodos fiscales inspeccionados.
Detalló que en la investigación también se analizó la documentación aportada relativa a su actividad, entre ella libros societarios, Estados Contables, los registros de operaciones desde enero de 2008 a mayo de 2010, registro IVA Compras (libro diario), listado de comitentes al 31/12/2008 y 31/12/2009 y extractos bancarios desde enero de 2008 a mayo de 2010; se circularizó a la Comisión Nacional de Valores para consultar si la sociedad había CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25838/2023 SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA SA (TF 43370-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO sido auditada, de lo que se obtuvo una respuesta negativa y al Mercado de Valores de Mendoza S.A. para obtener el legajo completo de la apelante.
Como resultado de ello, el Fisco Nacional observó que poseía cuentas bancarias en las entidades Banco Meridian Sociedad Anónima, Banco Credicoop Cooperativo Limitado, HSBC Bank Argentina S.A., Banco Macro Sociedad Anónima y Banco Hipotecario Sociedad Anónima y de los extractos bancarios se pudieron visualizar la magnitud de las operaciones bancarias efectuadas en cada uno de los bancos.
Añadió que la fiscalización reparó en que los cheques emitidos por Sociedad de Bolsa Libra S.A. superiores a $ 50.000 presentados por ventanilla habían sido cobrados directamente por los apoderados, titulares, cotitulares y/o representantes legales de las cuentas bancarias y no por los comitentes que estaban registrados en la documentación acompañada.
Por otro lado, los Registros de Operaciones no reflejaban fielmente la realidad de las operaciones bursátiles debido a que los comitentes a los que se les entregó los cheques no eran identificados con DNI o CUIT, a lo que se agregó que, al no haber acompañado el Libro Diario, no se pudo identificar la operación vinculada ni el depósito de valores con los comitentes intervinientes.
Asimismo, detalló que las operaciones de caución extraídas de los registros de las operaciones no pudieron relacionarse con los cheques pagados según los extractos bancarios, ni tampoco fue posible vincular la operación bursátil con el correspondiente pago. Con relación a los comitentes también se efectuaron distintas observaciones que permitieron concluir que carecían de capacidad económica suficiente para realizar la magnitud de las operaciones bursátiles registradas.
Reseñó que todo ello condujo al Fisco a considerar que la operatoria de cambio de cheques por dinero en efectivo realizada por la sociedad perseguía una finalidad fiscal y no bursátil, al aprovecharse de la exención de sus cuentas bancarias para registrar operaciones de colocación de cauciones que respondían a la operatoria de cambio de cheques por efectivo, lo que además denota la connivencia entre la sociedad de bolsa y sus comitentes, al ser necesaria la participación de la primera.
Y que, de ese modo, el organismo fiscal concluyó que la operatoria desarrollada fue desplegada con la finalidad de evitar a terceros el ingreso del Impuesto a los débitos y créditos en Cuenta Corriente Bancaria al ampararse la recurrente en la exención de la que gozaban sus propias cuentas corrientes bancarias.
Por otra parte, explicó que, dado el fin extrabursátil de las operaciones descriptas, el Fisco Nacional revisó a la retribución gravada en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, y al observarse una diferencia entre los saldos declarados en el rubro Disponibilidades y la información suministrada por las entidades bancarias surgió un incremento patrimonial no justificado según el art. 18 inc. f) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Luego de haber reseñado los antecedentes, indicó que la cuestión a resolver consistía en decidir si las operaciones realizadas por Sociedad de Bolsa Libra S.A. mediante sus cuentas bancarias en los períodos fiscales enero de 2008 a mayo de 2010 en la forma descripta se encontraban alcanzadas por el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias o si, por el contrario, se hallaban exentas en los términos del art. 10, inc. a), del Anexo del Decreto N° 380/01 que reglamentó a la ley N° 25.413, el que, en su parte pertinente, establece que: “Estarán exentos del impuesto los débitos y/o créditos correspondientes a: a) Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a su actividad específica y los giros y transferencias de los que sean ordenantes con igual finalidad, por los mercados autorizados por la COMISION NACIONAL DE VALORES y sus respectivos agentes, las bolsas de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25838/2023 SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA SA (TF 43370-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO comercio que no tengan organizados mercados de valores y/o cereales, así como las cajas de valores y entidades de liquidación y compensación de operaciones, autorizadas por la citada COMISION NACIONAL”, mientras que en su último párrafo dispone que “Las exenciones previstas en este artículo tendrán vigencia siempre que no sean utilizadas para excluir de la tributación a operaciones que resultarían gravadas para otros sujetos no beneficiados por exenciones”.
De manera liminar, destacó que “no es objeto de controversia en autos la existencia de las operaciones que el ente fiscal pretende gravar, ni la modalidad en que fueron realizadas, ni que para éstas se hayan utilizado las cuentas bancarias habilitadas para la actividad bursátil de Sociedad de Bolsa Libra S.A., sino que se encuentra en discusión la finalidad de las operaciones concertadas, al entender el Fisco que carecen de carácter bursátil y que su intervención como agente responde al fin de evasión del pago del impuesto”.
Puntualizó que los peritos designados indicaron que “los libros y documentación compulsada que contenían el registro de las operaciones y manifestaron que los libros de comercio y sus registraciones respondían a la normativa vigente en materia de libros contables, los que se encontraban encuadernados, foliados, rubricados sin alteraciones en sus asientos, sin blancos ni huecos, sin interlineaciones, raspaduras o enmiendas y sin partes mutiladas o hojas arrancadas”. Aclararon que “con relación al Libro Diario sus hojas fueron foliadas correlativamente y encuadernadas y que dichos números de foliatura distaban de los emitidos por el sistema pero que las fechas de las registraciones y la numeración mantenían la correlatividad exigida”. Elaboraron un listado de las operaciones bursátiles concertadas por la recurrente como intermediario durante los períodos fiscales observados, las que habían sido registradas en el Libro Diario, sobre las que indicaron que se contaba con documentación de respaldo, y también detallaron los controles de auditoría del Mercado de Valores. Respondieron que de los libros contables y registraciones impositivas surgían exclusivamente operaciones que respondían a la actividad bursátil, desde el lado de los ingresos.
Al respecto el perito de la recurrente manifestó que conforme se desprendía de una denuncia penal efectuada por el Fisco las operaciones habían sido efectuadas en conformidad con los procedimientos, formalidades y exigencias establecidas según la ley vigente, no obstante, el profesional actuante por el ente fiscal señaló que los cargos no se sustentaron en la inexistencia de operaciones bursátiles desde el punto de vista formal sino en la verdadera finalidad de las mismas.
Al analizar esta prueba pericial contable, conjugarla con las manifestaciones de la propia recurrente y atendiendo al hecho nuevo introducido a fs. 477/478 el vocal preopinante concluyó que “se desprende que ésta no consiguió demostrar que los movimientos de dinero en sus cuentas corrientes bancarias respondían a una finalidad bursátil propiamente dicha debido a limitarse a invocar que su accionar respondía a la normativa que regía su actividad, que las operatorias estaban registradas y que no había recibido observaciones por parte de los organismos control, cuando resulta evidente la insuficiente actividad probatoria desplegada en orden a rebatir el criterio fiscal al no aportar ningún elemento que justifique el proceder cuestionado, debido a resultar contundentes los elementos reunidos por el Fisco para concluir que las operaciones analizadas carecían de propósito bursátil en razón de los múltiples factores ya señalados en el Considerando V”.
Consideró que todo lo expuesto torna aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25838/2023 SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA SA (TF 43370-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos. Por lo tanto, concluyó que “no se desvirtúa la imputación que da sustento y causa a la determinación de oficio dictada en el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias que es que las cuentas bancarias de la sociedad de bolsa, exentas solo por dicha condición, fueron utilizadas para realizar operaciones de cambio de cheques por dinero en efectivo la que si bien puede considerarse una práctica lícita, no constituyen operaciones inherentes a la actividad específica de los agentes de bolsa que exime la norma, por lo que resulta acertado el criterio fiscal para gravar las mismas en el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias.”
Con relación al cargo formulado en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, el vocal instructor recalcó que el Fisco Nacional ha probado que el 90% de las operaciones realizadas por los comitentes involucrados se refieren a sujetos que no cuentan con capacidad económica suficiente para haber realizado las operaciones de caución analizadas en la causa. (s/ detalle considerandos de la resolución apelada e informe de inspección) y que resulta determinante que las operaciones cuestionadas no fueron genuinas sino simuladas.
Por lo cual, concluyó que haber acudido al sistema previsto en el art. 18 de la ley de procedimiento fiscal atento las falencias constatadas deviene ajustado a derecho, por lo que al no advertirse motivos que justifiquen apartarse de la postura fiscal, cabe disponer su confirmación.
En cuanto s los intereses resarcitorios pretendidos, señaló que han sido liquidados conforme las prescripciones del art. 37 de la ley de procedimiento fiscal, por lo que concluyó que deben ser confirmados.
Finalmente, al referirse a las multas aplicadas en el Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado en los términos de los arts. 46 y 47 inc. e) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), sostuvo que la recurrente no ofreció prueba en orden a desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal al no demostrar la ausencia del elemento subjetivo que requiere la figura infraccional aplicada, al haber advertido la inspección la maniobra desplegada para evitar el pago de los impuestos, lo que no hubiera sido detectado de no mediar dicha labor de fiscalización.
Impuso las costas a la vencida.
III. El recurso de apelación Que, contra dicha decisión, la parte actora, el 10/12/2022 (v. RE-2022-132897771-APNSGAI#TFN) interpuso un recurso de apelación, el cual fue concedido el 22/12/2022 (v. IF-2022-137382328 -APN-VOCI#TFN), fundado por el memorial del 571/581 del 31/01/2023 (RE 2023-11565427-APN-SGAI#TFN) cuyo traslado fuera replicado por el Fisco Nacional el 04/04/2023 (v. IF-2023 -36776529-APNDTD#JGM, fs. 590/601vta.).
El único agravio que formula la actora consiste en plantear el “quebrantamiento de la prejudicialidad administrativa”, al manifestar que se resolvió considerando acreditado el desarrollo de una conducta lícita de cambio de cheques, cuando restaba determinar en sede penal si nos encontramos frente a operaciones bursátiles exentas del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. En tal sentido, postula que “el procedimiento administrativo y el proceso penal son diferentes por su génesis, sus fines y sus sanciones y teóricamente puede admitirse un cierto paralelismo entre ellos”. Añade que “en la práctica y racionalmente debe evitarse que un mismo hecho dé lugar a decisiones contradictorios en el proceso penal y en el procedimiento CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25838/2023 SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA SA (TF 43370-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO administrativo”, recalcando que hasta la fecha no hay una resolución penal firme que fundamente la existencia de la “práctica lícita” de cambio de cheques que menciona el Tribunal Fiscal.
IV. El trámite ante la alzada Que tal como fue explicitado en la sentencia del 13 de febrero del corriente año, por la que se desestimó la caducidad de la instancia acusada por el Fisco Nacional, cabe recordar una vez más que en el primer auto, del 16/06/2023, se intimó a la actora a cumplir con una serie de trámites, tales como la liquidación y el pago de la tasa de justicia y la comunicación a la Procuración del Tesoro de la Nación.
Sin haber dado cumplimiento a ello, por el escrito del 1/02/2024 informó que “ha decidido efectuar la cancelación parcial de la deuda objeto de las actuaciones”, en virtud de la vigencia de las leyes 27.653, ampliatoria de la moratoria que había sido dispuesta por la ley 27.541 y su modificatoria 27.562. Acompañó los formularios F.1003 correspondientes a los planes de facilidades de pago Q241995 y Q246761, ambos de fecha 29/04/2022 y cancelados, el certificado de MIPYME con vigencia hasta el 20/04/2023. Sin embargo, no adjuntó el formulario F.408 con la constancia de la recepción en la agencia. Estos planes corresponden a sus obligaciones en el Impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias y otras operatorias, de los períodos fiscales enero a diciembre de 2008 y enero a diciembre de 2009, respectivamente. No incluía sus obligaciones por dicho tributo de enero a mayo de 2010 que también fueron determinadas en la resolución DV RRME 179/2015, dictada con fecha 03 de junio de 2015, dictada por el Jefe de la División y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la Dirección General Impositiva.
Al contestar el traslado conferido a fs. 623, El Fisco Nacional corroboró que la Agencia Sede 1 de la Dirección Regional Mendoza ha informado que: “Se verifica en el sistema Mis facilidades que la sociedad de asunto consolidó los planes de pago Q246761 y Q241995 el día 29/04/2022 , ambos de la ley 27653. Al día de la fecha los dos se encuentran en estado “Plan Cancelado”. “Según la consulta efectuada en el Sistema Registral al día de la fecha, se encuentra caracterizada como Micro Empresas Ley 25.300 desde el 01/04/2022. Según la consulta de “Caracterizaciones históricas” registra inscripción como Micro Empresas Ley 25.300 en el siguiente período: del 01/01/2017 al 30/09/2019”. “No se verifica la presentación del régimen de información RG 4816 art. 59 , según la consulta en el sistema E-fisco”. “Se registra la Presentación Digital N° 202301666672 de fecha 22/12/2023 a nombre de SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA S.A. Cuit 30710032552 , bajo el tipo de trámite "PRESENTACIÓN F. 408- ALLANAMIENTO O DESISTIMIENTO ", donde no adjunta Formulario 408”.
En lo tocante a las causales de exclusión expuso que no surgen juicios en trámite de la consulta del Módulo Juicios Universales y que de la consulta al sistema de Seguimiento de Causas Penales surge la existencia de una causa penal en trámite bajo el Nro. 19880/2016 caratulada “SCHAPIRO ALEJANDRO Y OTROS S/ INFRACCIÓN LEY 24.769 (SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA S.A.)”. Consultada a la abogada a cargo de la querella que lleva adelante esta A.F.I.P., Abog. Silvina Tornabene, dependiente de la Sección Penal Tributario de la Dirección Regional Mendoza, misma informó: ‘La causa se encuentra elevada a juicio y el día 21/09/2023 esta parte querellante presentó ofrecimiento de pruebas (art. 355 CPPN). El contribuyente solicitó sobreseimiento por extinción de la acción penal por haber regularizado la deuda en plan Ley 27.653, a lo cual esta parte querellante se opuso y se encuentra en estado de resolver’”.
Ante la falta de claridad de las presentaciones reseñadas, por la resolución del 13/02/2025 la Sala cursó intimaciones a las partes a fin de que aporten detalladamente mayores precisiones CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25838/2023 SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA SA (TF 43370-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO acerca de las obligaciones fiscales respecto de las que la actora habría optado por acogerse a algún beneficio.
En una primera presentación, de fecha 20/02/2025, el Fisco Nacional expuso que “1) Respecto al impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias y otras operaciones, períodos 01/2008 a 05/2010, determinado de oficio por Res. 179/2015 (DV RRME), la sociedad: (i) canceló anticipadamente (con fecha 12/12/2023, mediante Plan de Pago Q241995 - Ley 27.653) el total de las obligaciones determinadas por los períodos 01 a 12/2008 y 02, 03 y 09/2009; (ii) pagó parcialmente la de los meses 01, 04 a 08 y 10 a 12/2009 (con fecha 12/12/2023, mediante Plan de Pago Q246761 – Ley 27.653), siendo los saldos impagos canceladas por pago de contado por María Emilse CORDOBA – CUIT 27-25734717-1, en carácter de responsable solidario, con fecha 14/08/2024, mediante Plan T341526 – Ley 27.743; (iii) y no pagó ni regularizó las obligaciones correspondientes a los períodos 01 a 05/2010. También se encuentra impago y no regularizado el impuesto a las ganancias (2009), determinado por Res. 454/2015 (DV RRME), y el impuesto al valor agregado (01 a 11/2009) determinado por Res. 455/2015 (DV RRME). Todo ello, conforme informara la Oficina de Control de Obligaciones Fiscales de mi mandante de la Agencia Sede Nº 1 de la Dirección Regional Mendoza, quien agregara, respecto “a la presentación del Formulario 408 por [parte de] la contribuyente SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA SA”, que “[s]e registra la Presentación Digital N° 202301666672 de fecha 22/12/2023…a nombre de SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA S.A. Cuit 30710032552 , bajo el tipo de trámite ‘PRESENTACIÓN F. 408- ALLANAMIENTO O DESISTIMIENTO’, donde no incorpora Formulario 408.”
En lo que atañe a la causa penal, indicó que la Sección Penal Tributario de la Dirección Regional Mendoza informa que “se encuentra aún en trámite, habiéndose dictado el sobreseimiento del Sr. Diego Stemkauskas, por extinción de la acción penal (la Sociedad de Bolsa Libra SA se acogió a los beneficios de la ley 27743- Plan T341526, del 14/8/24), por el delito tipificado en el artículo 2 inc c del Régimen Penal Tributario, en relación al Impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta bancarias y otras operaciones, ejercicio fiscal 2009, en su calidad de Director suplente de la Sociedad de Bolsa Libra SA; hallándose pendiente el dictado del 3 sobreseimiento de la Sra. Emilce Córdoba (en su calidad de directora titular, por igual impuesto y período)”. Respecto al “ejercicio fiscal 2008,” que el “[e]l Tribunal Federal Oral de Mendoza 1 dictó sentencia en fecha 18/06/2024, sobreseyendo a Gustavo Schapiro y Graciela Klotzman, por haberse extinguido la acción penal (artículo 6 ley 27653)”. Y en cuanto al “ejercicio fiscal 2010”, que la “Cámara Federal de Mendoza Sala B dictó sentencia en fecha 02/11/2018, confirmando el sobreseimiento de María Emilce Córdoba y Leandro Forti, por aplicación del artículo 336 inciso 3 del CPPN, atento a que el hecho investigado no encuadra en una figura penal.”
Sin embargo, la representación fiscal, con fecha 25/02/2025 puso en conocimiento de la Sala que, “recién ahora”, la Sección Determinaciones de Oficio (DI RMEN) de la Dirección Regional de Mendoza que la contribuyente presentó el formulario F.408//PD el 18/02/2025, respecto del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias -y otras operaciones- discutido en autos. Por consiguiente, solicitó que se tenga por allanada a la recurrente y desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición respecto del referido gravamen, también por los períodos enero a mayo de 2010, que no fuera regularizado en los acogimientos a la ley 27.653 (planes Q241995 y QW246761). Acompañó el formulario F.408 y el acuse de recibo y la constancia de presentación digital nro. 202500173900 (cfr. fs. 644/648).
Por las presentaciones electrónicas del 26/02/2025, la Sociedad Bolsa Libra SA contestó los requerimientos formulados por la Sala en la resolución de fs. 369, haciendo saber que no se CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25838/2023 SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA SA (TF 43370-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO encuentra incursa en ninguna de las causales de exclusión previstas en la ley 27.541, modificada por la ley 27.562 BO 26/08/2020 y acompañando la versión digital de lo resuelto por el Tribunal Oral Federal De Mendoza 1 en el expediente 19880/2016 “IMPUTADO: SCHAPIRO, ALEJANDRO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: A.F.I.P.-D.G.I.”, declarando extinguida la acción penal y sobreseyendo a Diego Stemkaukas, María Emilse Córdoba, Gustavo Alejandro Shapiro y Graciela Beatriz Klotzman. De manera coincidente con lo manifestado por el Fisco Nacional, la actora también acompañó el formulario F.408, de fecha 24/02/2025, en el que solo se consigna el allanamiento “en los autos TFN 43370”, que es el expediente referido a la determinación en el Impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias y otras operatorias, de los períodos fiscales enero de 2008 a mayo de 2010.
V. Alcances de las leyes 27.653 y 27.743 Mediante la ley 27.653, denominada de “Alivio Fiscal para Fortalecer la Salida Económica y Social a la pandemia generada por el Covid-19” se dispuso la ampliación de la Moratoria de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras aprobada por la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, y modificada por la ley 27.562, prorrogándose la vigencia de las mismas, para que las y los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, puedan acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2021 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, a dicho régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones (art. 5°). A los efectos de la ampliación resultarían de aplicación todas las disposiciones previstas en la ley 27.541, modificada por la ley 27.562 (art. 6°). En el Capítulo III, la ley promovió el cumplimiento de obligaciones resultantes del proceso de fiscalización, de manera que en el art. 7° estableció con efecto exclusivo para las y los contribuyentes que pretendan regularizar sumas adeudadas resultantes de la actividad fiscalizadora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la ampliación de la Moratoria de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras aprobada por la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, y modificada por la ley 27.562, prorrogándose la vigencia de las mismas, para que las y los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, puedan acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2021 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, a dicho régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones.
Dispuso que [e]n esos casos, el acogimiento al presente régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos. Asimismo, el acogimiento al régimen importará el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
25838/2023 SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA SA (TF 43370-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO De manera muy similar a la ley 27.562, mediante la ley 27.743 –BO 8/7/24– se estableció un “Régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social”, cuyo Título I regula las “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”. El artículo 2º de dicha norma establece que los contribuyentes y responsables podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31/3/24, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta la misma fecha, relacionadas o no con aquellas obligaciones. El acogimiento puede formularse desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación a cargo de la AFIP –lo que aconteció el 17/7/24 (cfr. RG AFIP 5525, art. 47)– y hasta transcurrido ciento cincuenta (150) días corridos desde esa fecha, inclusive.
El artículo 3° dispone que quedan incluidas –entre otras– las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa –abarcando a las causas ante el Tribunal Fiscal de la Nación o contencioso administrativa, lo cual incluye cualquier causa en trámite ante el Poder Judicial–, en tanto el contribuyente se allane y/o desista, según corresponda, incondicionalmente por las obligaciones regularizadas, y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos (inc. a).
El artículo 6° prevé, con carácter general, los beneficios que alcanzarán los sujetos que se incorporen al régimen, en particular la “condonación de los intereses resarcitorios y punitorios”, en porcentuales que dependen del momento en el cual se efectivice la adhesión y la forma de pago de las obligaciones adeudadas. El segundo párrafo contempla la regularización de los planes de facilidades de pago previstos en el artículo 3° inciso e), que se encontraren vigentes al 31/3/24. El artículo 8° fija que serán condonados de pleno derecho los intereses resarcitorios y punitorios correspondientes a las obligaciones fiscales canceladas con anterioridad al 31/3/24, incluso a través de un plan de facilidades de pago.
Por su parte, el artículo 7° establece los supuestos en los que procederá la condonación del 100% de las multas y demás sanciones aplicadas. Dispone que tal beneficio alcanza a los casos mencionados en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 6° –que refieren al régimen de facilidades de pagos instituido por la ley 27.743–, al igual que las multas sustanciales devengadas al 31/3/24, que no se hallaren firmes y la obligación principal hubiere sido cancelada a dicha fecha.
Por último, el artículo 4° describe los conceptos y los sujetos excluidos del régimen.
VI. Desistimiento. Allanamiento de la actora respecto de la resolución DV RRME 179/2015.
De consuno con lo manifestado por la parte actora y sus aclaraciones, examinando las respuestas brindadas por el Fisco Nacional y la actualización de la información, teniendo en cuenta los planes de facilidades de pago por los que se instrumentó el acogimiento a la ley 27.653 (planes Q241995 y QW246761), el formulario F.408 y el acuse de recibo y la constancia de presentación digital nro. 202500173900 (cfr. fs. 644/648), así como el siguiente formulario F.408 completado en los términos de al ley 27.743 (Plan T341526) y por aplicación de las leyes reseñadas, cabe reconocer que se encuentra acreditado que la firma SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA SA regularizó parcialmente las obligaciones tributarias ligadas a la cuestión controvertida en autos, de modo que corresponde tener a la actora por desistida de la acción y del derecho, incluso del de repetición, respecto de las obligaciones tributarias determinadas en la Resolución DV RRME 179/2015, dictada con fecha 03 de junio de 2015, por el Jefe de la División y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la Dirección General Impositiva, en la que se había determinado de oficio, en forma parcial, la obligación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25838/2023 SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA SA (TF 43370-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO de la contribuyente de la CUIT 30-71003255-2, en el Impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias y otras operatorias, de los períodos fiscales enero de 2008 a mayo de 2010 por la suma de $7.190.948,93, con más intereses resarcitorios calculados hasta el 03/06/2015 en $14.444.720,55, y se le había hecho saber que debería ingresar las sumas que se devenguen en lo sucesivo hasta el efecto pago en las condiciones del art. 37 de la LPT.
Ello es así, sin perjuicio del control que el organismo fiscal efectúe en su oportunidad, respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos en el régimen de regularización excepcional, como así también de los extremos que debe satisfacer la parte actora para gozar de los beneficios establecidos en la ley. VII.- Definición del caso respecto las sanciones aplicadas en las resoluciones (DV RRME) 454/2015 y 455/2015 Que con el propósito de dar adecuada respuesta al cuestionamiento por el cual la parte actora plantea que el Fisco no debió haber aplicado las multas sino hasta tanto quedase definido en sede penal la existencia y materialidad de la práctica de “cambio de cheques” con fines extrabursátiles, que tuvo por cierta el Tribunal Fiscal en su sentencia, cabe comenzar por dejar aclarado que a efectos de evitar sanciones contradictorias, el artículo 20 de la ley 24.769 (artículo sustituido por art. 17 de la Ley N° 26.735 B.O. 28/12/2011 y actual artículo 20 del título IX de la ley 27.430) establece: “La formulación de la denuncia penal no impedirá la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o provisional, pero la autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal (...).
Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial” (énfasis pertenece a la presente).
En el caso, no es posible prescindir de -al menos- dos circunstancias determinantes. La primera es que las resoluciones determinativas del IVA y del Impuesto a las Ganancias han sido fundadas en función de los mismos hechos que ocasionaron que el Fisco Nacional concrete la denuncia en un impuesto distinto, puesto que los directores y presidente de la Sociedad de Bolsa Libra SA fueron denunciados por el delito de evasión tributaria agravada, sólo respecto del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Bancaria y otras operaciones.
La segunda es que la pesquisa penal no se expidió, en modo alguno, acerca de la comisión de los hechos ni su eventual configuración como conducta típica, dado que el sobreseimiento de cada una de las personas imputadas ha sido dispuesto por una causa extintiva de la acción penal sobreviniente, contemplada en el art. 10° de la ley 27.541 y en el art. 5° de la ley 27.743, lo cual no se refiere a cuestiones fácticas.
De manera que, en las condiciones actuales, nada impide que los hechos hayan sido valorados por la autoridad administrativa para la determinación de las sanciones de multa respecto del Impuesto a las Ganancias período 2009 del IVA períodos fiscales enero a noviembre 2009. Máxime si se pondera que la actora no ha esgrimido argumento alguno para desvirtuar las circunstancias fácticas en que se sustentan ambos actos administrativos, tales como que:
(i) de las consultas de los sistemas informáticos de la entonces AFIP surge que tiene cuentas en diversas entidades financieras, de cuyos extractos bancarios se pudo constatar la magnitud de las operaciones realizadas por la responsable en cada una;
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
25838/2023 SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA SA (TF 43370-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (ii) los cheques pagados por ventanilla, por caja o cheque pagador por importes mayores a $50.000 y por iguales conceptos pero por montos inferiores a esa cifra, fueron emitidos y cobrados el mismo día por ventanilla;
(iii) los cheques emitidos por la Sociedad de Bolsa Libra SA, superiores a $50.000 han sido cobrados por ventanilla directamente pro los apoderados titulares, cotitulares y/o representantes legales de las cuentas bancarias y no por los comitentes que se registran en la documentación aportada por la contribuyente durante la fiscalización;
(iv) los Registros de Operaciones no reflejan fielmente la realidad de las operaciones bursátiles realizadas, por cuanto si bien se identifica a los comitentes a los cuales se les habría entregado los cheques para cancelar las operaciones, sin aclarar el CUIT o DNI, el monto supera el tope de $50.000 previsto en el punto 1.5.2.8 de la Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria emitida por el BCRA;
(v) del análisis de tales registros (y sin cotejarlos con el Libro Diario, ya que no fue aportado durante la fiscalización), no resulta posible identificar la operación vinculada, ni el depósito de valores con los comitentes que intervienen en cada una, lo cual revela una operatoria de cambio de cheques por dinero en efectivo con una finalidad fiscal por oposición a la inversión bursátil, aprovechándose de exenciones impositivas de las cuentas bancarias de las sociedades de bolsa;
(vi) al analizar los supuestos comitentes, surge que Fifty Sociedad Anónima, Cereal Gol SA, Finanza SA no poseen capacidad económica para realizar operaciones bursátiles propias, de acuerdo al monto y a la cantidad de operaciones realizadas, debiendo haber utilizado cheques o fondos de terceros. Similares conclusiones cupieron en torno a los comitentes Mario Enrique Gallo (accionista de Medica Glass SA y de Gallo Sociedad de Bolsa SA), Dismar SRL y Trasporcate SA.. Además, sus domicilios fiscales de todos ellos están situados en la Capital Federal, pero las operaciones, supuestamente se realizaron en Mendoza y los movimientos bancarios se registraron en las sucursales de las entidades financieras en Capital Federal;
(vii) las operaciones que habrían realizado los comitentes representan el 90% de las extraídas del subdiario de ventas del año 2009;
(viii) la utilidad bursátil resultante de las operaciones es mínima, observándose que son a siete días y que el margen de utilidad es insignificante para el monto invertido.
Esta Sala tiene dicho que “[s]i bien en las normas de la ley 24.769 se descarta el sometimiento de la cuestión tributaria a los resultados alcanzados en sede penal, ello no empece a que se debe impedir la existencia de una posible contradicción sobre aspectos esenciales de los presupuestos fácticos comunes a ambos, pues se caería en un inaceptable escandalo jurídico, riesgo que se supera, encontrándose en discusión la obligación impositiva, condicionando la apreciación de los hechos a las conclusiones arribadas en el proceso penal (conf. doc. Fallos 34:1436 y 324:3537; v. esta Sala, in re “Procesamiento Industrial Laminados Arg. R. SA (TF 19.396) c/ DGI”, Causa N° 9200/2004, del 13/10/06; “Del Río, Miguel Antonio (TF 20608- I) c/ DGI”, Causa N° 10495/2008, del 16/02/12 y “Macchi Hnos SA Avícola y Agrícola Ganadera (TF 34275-I) c/ DGI”, Causa N° 86468/2017, del 11/12/18”).
En la actual integración del tribunal, esta cuestión referida a los alcances de la prejudicialidad y de las implicancias de la sentencia penal sobre el proceso contencioso tributario, ha sido profundamente examinada al dictar el pronunciamiento del 16/12/2025 en el expediente CAF 1254/2025; “Banco Macro SA (TF 96970075-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, habiendo quedado allí expuestas, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25838/2023 SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA SA (TF 43370-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO pormenorizadamente, en el Considerando IX las pautas de valoración de esta temática que mantienen las cinco Salas de esta Cámara. Sin embargo, en la especie, no hay riesgo alguno actual de que el Fisco Nacional haya podido incurrir (ni siquiera por vía de hipótesis) en contradicción alguna, atento al modo en que ha concluido el proceso penal, lo cual impide admitir el planteo que introduce la parte actora en este sentido y conduce a confirmar este aspecto de la sentencia apelada.
VIII. Costas.
Que, en cuanto a las costas del proceso –de ambas instancias–, respecto de la Resolución DV RRME 179/2015, cabe aplicar –mutatis mutandis– la doctrina sentada por esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en pleno, en la sentencia dictada el 16/12/20 en la causa 78793/2018/CA1, in re “Alpargatas SAIC c/Dirección General Impositiva”, según la cual “No corresponde incluir dentro del pago de las costas y gastos causídicos que se asume, a los intereses y/o multas alcanzada por el beneficio de exención o condonación establecido en el régimen de regularización de obligaciones tributarias previsto en el Título II de la ley 27.260 (art. 55)”, toda vez que el régimen allí examinado guarda sustancial analogía con los que se aplican en la presente.
En consecuencia, corresponde imponer las costas a la parte actora respecto del reclamo tributario por el cual se formuló el desistimiento y allanamiento a la pretensión fiscal y, en cambio, excluir de las costas los conceptos condonados, si los hubiera. Asimismo, respecto de las Resoluciones (DV RRME)
454/2015 y 455/2015 corresponde mantener la condena en costas decidida por el Tribunal Fiscal de la Nación, que no ha sido materia de específico agravio y, en cambio, imponer las costas de alzada en el orden causado, atento a que la actora pudo hallarse en la convicción de que le asistía un mejor derecho (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
En mérito de lo expuesto, SE
1. tener a la actora por desistida de la acción y del derecho, incluso del de repetición, respecto de las obligaciones tributarias determinadas en la Resolución DV RRME 179/2015. Con costas en ambas instancias a la parte actora, con el alcance que surge del Considerando IX.
2. rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia respecto de las Resoluciones (DV RRME) 454/2015 y 455/2015, en cuanto ha sido materia de agravios. Con costas de alzada en el orden causado.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia