Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 34.547-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 115/2010 en todas sus partes, con costas, y confirmar la Resolución N° 3/2013 con los alcances del apartado VI, con costas, salvo en la parte que se reduce la multa allí aplicada, en la que se imponen por su orden.
2Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de la Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC), teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la única etapa del Expediente N° 34.547 (Res. 115/2010) y el resultado obtenido, en la suma de $50.199 por la representación procesal y de $77.229 por el patrocinio letrado, conforme las pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
3Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de la Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC), teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la única etapa del Expediente N° 37.427 (Res. 3/2013) y el resultado obtenido, en la suma de $56.391 por la representación procesal y de $140.978 por el patrocinio letrado, conforme las pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-141877643-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Diciembre de 2025 obreros del comercio.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 34.547-I (y su acumulado N° 37.427-I) caratulado “Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. La Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio (en adelante, SEOC) interpuso el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones dictadas en la Dirección Regional Tucumán de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos Nros. 115/2010 y 3/2013 en las cuales se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2003, 2004 y 2007 a 2009, y se la intimó a ingresar las sumas de $92.843,39 y $1.452.471,89, respectivamente, en ambos casos más intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683). Asimismo, en dichos actos se aplicaron multas de omisión de $46.421,70 y de $1.016.730,32, de acuerdo con el art. 45 de la misma ley (t. v.).
En su presentación ante esta instancia, SEOC expresa que nuclea a los empleados y obreros del comercio de la ciudad de San Miguel de Tucumán y localidades cercanas. Manifiesta que tiene personería gremial según el régimen de la ley de asociaciones sindicales, 23.551, otorgada por la Resolución MTSS N° 00258 y que se encuentra inscripta en el registro respectivo bajo el N° 000198, legajo N° 1201. Agrega que la personería gremial le fue otorgada hace muchos años, durante los cuales el Fisco Nacional no desconoció ni puso en duda su carácter de entidad sindical con personería jurídica. Explica que los ajustes tienen su origen en la decisión del Fisco Nacional de archivar su solicitud de reconocimiento de la exención prevista en el art. 20, inc. f de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1995 y sus modif.), con fundamento en supuestos incumplimientos a los requerimientos de información y de documentación que se le hicieran para evaluar su procedencia. Agrega que la fiscalización intimó a SEOC a modificar su Estatuto manifestando que en caso de disolución el remanente de los bienes debía destinarse a otra Asociación Sindical reconocida como exenta por la Administración Tributaria.
Dice que contra la comunicación del referido archivo, interpuso descargo que fue considerado por el Fisco Nacional como recurso de apelación por ante el Director General que autoriza el art. 74 del decreto reglamentario 1397/79 de la ley 11.683, el que fue rechazado mediante la Resolución N° 186/09. Luego, sigue diciendo, se la intimó a presentar las declaraciones juradas rectificativas e ingresar los saldos resultantes de las mismas bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de determinación de oficio.
Ante ello, expresa que interpuso acción ordinaria de impugnación contra dicha Resolución, que fue caratulada como “SEOC c/ AFIP-DGI s/ Impugnación de Acto Administrativo” (Expte. N° 328/10) que tramitó ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, Secretaria Civil 3.
Asegura que, en el Expediente judicial solicitó el dictado de una medida cautelar de no innovar a fin de que el Fisco Nacional se abstuviera de realizar cualquier acto material relacionado con el impuesto y períodos fiscales referidos, hasta tanto recayera sentencia definitiva. No obstante, menciona que se le notificó el inicio del procedimiento de determinación de oficio, que culminó con el dictado de las Resoluciones recurridas.
Cuestiona entonces que para ello el Fisco Nacional haya invocado la presunción de legitimidad de la Resolución N° 186/09, a la que califica de relativa, provisional, transitoria, y por dicho motivo solicita la nulidad de las Resoluciones dictadas en su consecuencia. Para ello, se remite a la demanda de impugnación presentada en la Justicia Federal de Tucumán, cuya copia adjunta al recurso de apelación.
Refiere y enumera los vicios graves y notorios que la Resolución N° 186/09 presenta, entre ellos, que se le haya requerido documentación e información para evaluar el reconocimiento de la exención, sin notificarle la orden de intervención en forma previa, requisito básico para su validez.
En cuanto a la exigencia de modificar sus Estatutos, afirma que era improcedente ya que el órgano de control y supervisión de las entidades sindicales era, en ese entonces, el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. De todas maneras, alega que realizó ciertas modificaciones, entre las que se encuentran las requeridas por el Fisco Nacional, que fueron aprobadas por el Ministerio de Trabajo.
Por otra parte, afirma que cumple todos los requisitos que la ley 23.551 le impone en su funcionamiento para detentar la exención que se prevé en su art. 39. Invoca diversos dictámenes del Fisco Nacional, así como también precedentes de la Corte Suprema, que considera aplicables al caso, especialmente los fallos “U.T.G.R.A. Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina” y “Círculo Odontológico de Comodoro Rivadavia”. De ellos extrae que el único uso y valor que tiene el reconocimiento por parte del Fisco Nacional de la condición de sujeto exento y la inscripción en el Registro de entidades exentas, es acreditar ante terceros tal condición para que no se le realicen al sujeto exento retenciones ni percepciones.
Pone de relieve que el Fisco Nacional reconoció en el Dictamen N° 2/2004 expresamente que la exención es automática y por la sola obtención de la personería gremial, aunque, señala, los actos de las asociaciones sindicales deben tener como destino el ejercicio especifico de las funciones que la ley le asigna. En el caso, hace hincapié en que el Fisco Nacional en ningún momento probó que SEOC haya incumplido dichas funciones.
Insiste en que tanto la Resolución N° 186/09 y por “carácter transitivo”, las Resoluciones que recurre en este Expediente, son nulas de nulidad absoluta por falsedad en la causa y la motivación, lo que así solicita se declare. Por otra parte, entiende arbitrario y contradictorio que el Fisco Nacional haya tomado como base para arribar a los montos determinados en las Resoluciones, las propias declaraciones juradas informativas presentadas por SEOC, impugnadas únicamente en razón al ius variandi producido en su condición del sujeto frente al tributo.
Con relación a las multas aplicadas en las Resoluciones, rechaza la calificación de su conducta en el art. 45 de la ley 11.683 y considera que, en todo caso, su accionar debe ser encuadrado en un error excusable de derecho en la interpretación de la norma legal.
Específicamente, respecto del monto de la sanción impuesta respecto de los períodos fiscales 2007 a 2009, graduada en el 70% de las obligaciones omitidas, sostiene que es desproporcionada e irrazonable, toda vez que si bien es cierto que la graduación de la multa es una facultad discrecional del juez administrativo, también lo es que a tal efecto deben tenerse en cuenta las circunstancias de la causa y que no posee antecedentes.
Ofrece prueba informativa y aporta documental y, por todo lo expuesto, solicita que se revoquen las Resoluciones, con costas.
II. A su turno, la representación fiscal contesta el traslado de los recursos y por las consideraciones que expone, que remiten a los actos recurridos, pide que se los confirmen, también con costas.
Puntualmente, en cuanto a la nulidad, advierte que las Resoluciones reúnen todos los requisitos esenciales enumerados en el art. 7 de la ley 19.549 y destaca que los argumentos que esgrime SEOC respeto de la Resolución N° 186/2009 que rechazó el reconocimiento de la exención y que pretende extenderlos a las determinaciones de oficio, son improcedentes toda vez que dicho acto agotó la instancia administrativa y goza de presunción de legitimidad. Además, resalta que no es ésta la instancia en la que deba tratarse cualquier planteo contra la dicha resolución.
Aclarado ello, afirma que el accionar durante la fiscalización, se basó en una estricta aplicación de normas legales y que la recurrente conoció la causa y motivación de los actos dictados en su sede.
Hace notar que no surge de la documental aportada que la medida de no innovar que menciona haya sido concedida y que tampoco fue notificado de sentencia alguna dictada en sede judicial relacionada con dicha causa.
En cuanto a lo alegado por SEOC de que la exención es automática y por la sola obtención de la personería gremial y que el Fisco Nacional carece de facultades para cuestionar la misma, insiste en que lo que se discute ante este Tribunal es la determinación de oficio correspondiente al impuesto a las ganancias, por los períodos fiscales 2003 y 2004 y 2007 a 2009, y no el acto administrativo que dispuso el archivo de la solicitud de reconocimiento de exención prevista en el art. 20, inc. f) de la ley del tributo.
Ratifica la aplicación de las multas y contesta que no han sido probadas causales de exoneración de su responsabilidad.
III. En relación con la prueba informativa ofrecida, a fs. 180 la entonces Vocal Instructora hizo saber a la recurrente que lo que se pretendía acreditar con ella formaba parte de los antecedentes administrativos acompañados por el Fisco Nacional al contestar el recurso.
El Tribunal en Pleno, a fs. 287, resolvió acumular el Expediente Nº 37.427-I al Nº 34.547-I, de igual carátula. Por otra parte, a fs. 289 se ordenó librar oficio al Juzgado Federal N° 2, Secretaría Civil 3, de la provincia de Tucumán, a efectos de que informe el estado procesal del Expediente N° 328/2010 “Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC) c/ AFIP – DGI Impugnación de acto administrativo” y acompañe la sentencia dictada en dicho proceso, de corresponder.
La confección y diligenciamiento del mismo fue puesto a cargo de la recurrente que no cumplió. A fs. 297 se les requirió a ambas partes que informen el estado procesal de dicha causa. Es así que el representante fiscal contestó, primero, a fs. 299 que se encontraba paralizada y que no se le había llegado a correr traslado de la demanda. En segundo término, a fs. 301, la recurrente informó que no había recaído sentencia todavía porque, al mismo tiempo, se encontraba en trámite el amparo iniciado como “Sociedad de empleados y obreros del comercio (SEOC) c/ AFIP – DGI Acción de Amparo” (Expte. N° 200059/2009) ante la Secretaría de Leyes Especiales del mismo juzgado, en el que, según dice, se discutía el mismo tema que en la impugnación, es decir el reconocimiento de la exención en el impuesto a las ganancias. Dijo también que se encontraba en estado de dictarse la sentencia desde el 24 de octubre de 2018 y que se había dictado una medida cautelar a su favor a fin de impedir al Fisco Nacional llevar adelante ejecución alguna hasta tanto se dictara la sentencia.
A fs. 305 se le hizo un nuevo requerimiento a la recurrente a fin de conocer el estado de ambas causas, el que no fue contestado.
A fs. 310 se elevó el Expediente a consideración de la Sala y a fs. 314 quedó en estado de dictarse la sentencia.
IV. Corresponde referirse, en primer término, a la defensa de nulidad opuesta por la recurrente.
La recurrente considera que, en tanto la Resolución N° 186/09 es en su entendimiento nula, también, por carácter transitivo lo son las Resoluciones recurridas en este Expediente. Sobre ello, debe decirse que a este Tribunal no le corresponde evaluar la legitimidad de la Resolución N° 186/09 sino lo que aquí se apela, que son los actos de determinación de oficio que el Fisco Nacional dictara en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2003, 2004 y 2007 a 2009 como consecuencia de haberse desestimado en sede administrativa el recurso que interpusiera contra el rechazo del reconocimiento de la exención, sin que se haya acreditado que dicha decisión hubiera sido modificada en sede judicial.
Por otro lado, la nulidad de las Resoluciones debe ser desestimada porque de la lectura de sus Considerandos, así como de los antecedentes administrativos que preceden a su dictado, se advierte tanto su debida fundamentación como el origen de la pretensión fiscal que le da causa, en la forma requerida en el art. 7 de la ley 19.549 y los art. 16 y ss. de la ley 11.683. Tampoco se constatan vicios en el procedimiento previo a su dictado. Por el contrario, las actuaciones revelan que fueron sustanciadas en un todo de acuerdo al procedimiento dispuesto en la ley 11.683, expresada su causa de la cual SEOC tuvo pleno conocimiento y que sus manifestaciones demuestran únicamente su desacuerdo con el criterio fiscal que hace al fondo de la cuestión, más no justifican su nulidad.
En ese sentido, vale señalar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta sino que es indispensable acreditar la existencia de menoscabo en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, por lo que corresponde desestimar el planteo.
Por otra parte, en cuanto a la falta de motivación de las Resoluciones, más allá de tratarse de manifestaciones meramente genéricas, sin alegarse un perjuicio concreto y real como consecuencia de su dictado, de su lectura se advierte que se encuentran debida y suficientemente sustentadas en los antecedentes de hecho y de derecho que surgen de las actuaciones administrativas, por lo que no se advierte que el Fisco Nacional haya incurrido en algún vicio que justifique que este Tribunal declare la nulidad de dichos actos.
Cabe agregar que en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como tribunal de alzada de este tribunal ha dicho que “… cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre otros-.
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar el planteo de nulidad, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. Debe analizarse ahora la legitimidad de la pretensión fiscal notificada en las Resoluciones Nros. 115/2010 y 3/2013. Para ello, es necesario determinar si los agravios y las pruebas aportadas o rendidas por SEOC son suficientes para dejarlas sin efecto.
Surge de sus Considerandos que el procedimiento de fiscalización llevado a cabo a SEOC —cuya actividad principal es “Servicios de Sindicatos”—, se inició a raíz del archivo de su solicitud de reconocimiento de la exención prevista en el art. 20 inc. f) de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1997 y sus modif.), ante incumplimientos de requerimientos que le hiciera el Fisco Nacional para que acreditara la procedencia de la exención en dicho gravamen.
Concretamente, de los Considerandos de las Resoluciones surge que se le requirió los libros de ingresos y egresos y documentación de respaldo de los mismos; papeles de trabajo de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias; planillas de deudas y créditos comerciales y bancarios; copia de los estados contables y, por último, los libros contables. También se le requirió el detalle de inmuebles de su propiedad y de empleados en nómina, comprobantes de gastos de administración y financieros, información sobre pago de honorarios y distribución de utilidades, entre otros (fs. 21/22). Frente a dichos requerimientos, SEOC se limitó a invocar su personería gremial y la aplicación automática de la exención prevista en el art. 39 de la ley 23.551 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que interpretó sus alcances, sin aportar nada de lo solicitado. Ello, a pesar que en la jurisprudencia que cita se dijo que el reconocimiento como entidad gremial no impide que el organismo recaudador ejerza sus facultades de fiscalización y de verificación que le otorga la ley 11.683, ni tampoco la sustanciación del procedimiento de determinación de oficio –conf- “UTGRA”, sentencia del 16/9/1999-.
Fue precisamente por dicho motivo y por no haber cumplido con la intimación a que modificara sus Estatutos, concretamente su art. 87 al no prever que en caso de disolución el remanente se destinará a otra entidad gremial exenta, que en el caso la Administración Tributaria resolvió rechazar su solicitud de reconocimiento de la exención en el impuesto a las ganancias y disponer el archivo del trámite.
Contra la comunicación del archivo, SEOC interpuso recurso de apelación del art. 74 del decreto 1397/79 y sus modif., al que no se le hizo lugar mediante la Resolución N° 186/2009.
Como ya se dijo, posteriormente, se determinó de oficio el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2003 a 2004 y 2007 a 2009. Para ello el juez administrativo se valió de las declaraciones juradas informativas presentadas por SEOC, que habían dado como resultado ganancias a las que consideró gravadas al no gozar de la exención; ello, por aplicación de los arts. 1 y 49 inc. a) de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1997 y sus modif.).
Ahora bien, se advierte que los principales agravios de SEOC en sus presentaciones ante este Tribunal se dirigen contra la Resolución N° 186/09, cuya validez ella misma informó fuera impugnada en el Expediente judicial “SEOC c/ AFIP-DGI s/ Impugnación de Acto Administrativo”, Expte. N° 328/10, ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, Secretaria Civil 3. A pesar de los requerimientos que se cursaran en esta instancia, no se adjuntó al Expediente la sentencia dictada en dicho proceso, habiendo informado la representación fiscal que la causa judicial tenía el trámite paralizado y que no se había corrido traslado de la demanda.
Por otra parte, el Expediente “Sociedad de empleados y obreros del comercio (SEOC) c/ AFIP – DGI Acción de Amparo” (Expte. N° 200059/2009) invocado también por SEOC en este Expediente, fue iniciado respecto de los períodos fiscales 2005 y 2006, es decir que dicho proceso se refiere a otros períodos fiscales a los comprendidos en este Expediente. A ello cabe agregar que tampoco adjuntó la sentencia dictada en dicho proceso que pudiera eventualmente incidir en la decisión a adoptarse en los períodos fiscales objeto de las determinaciones de oficio recurridas.
Todo lo dicho no lleva más que a confirmar la pretensión fiscal, ya que, el único agravio de SEOC de entidad suficiente contra los actos recurridos, es que se haya tomado como base para arribar a los montos determinados las declaraciones juradas informativas presentadas por ella misma. Y ninguna observación cabe hacer sobre la liquidación del tributo cuando el Fisco Nacional no impugnó los ingresos, los gastos operativos y los sueldos informados por SEOC, sino que a partir de esa información determinó su obligación como sujeto del gravamen, es decir, sin la exención en el impuesto a las ganancias.
A mayor abundamiento, queda decir que en este Expediente no fue ofrecida por SEOC prueba conducente que permita avalar su defensa a fin de arribar a una conclusión distinta. Tampoco la prueba documental aportada, consistente en la copia de la demanda judicial, de sus Estatutos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de los requerimientos que se le cursaran durante la fiscalización, permiten un análisis diferente al efectuado. Por el contrario, es ella misma la que informa que no cumplió con dichos requerimientos que hubieran permitido a la Administración Tributaria verificar el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la exención; es ella misma también la que alega que la Administración Tributaria carecía de facultades para objetar sus Estatutos y los que en copia adjunta a esta instancia carecen de la modificación solicitada en los requerimientos.
Ello así, corresponde confirmar las Resoluciones Nros. 115/2010 y 3/2013 en todas sus partes, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ella que acceden en forma automática por la demora en el ingreso de la obligación debida, conforme a lo dispuesto en el art. 37 de la ley 11.683.
Las costas se imponen a la vencida.
VI. En cuanto a las multas de omisión aplicadas en los términos del art. 45 de la ley 11.683, en el caso no existen dudas de que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo que permiten confirmar el encuadramiento de la conducta de SEOC en dicha figura infraccional. En efecto, la reseña efectuada en el apartado precedente permite concluir que sus declaraciones juradas fueron presentadas como sujeto exento del gravamen, lo que implicó que no ingresara el impuesto correspondiente en tiempo oportuno, configurándose de ese modo el elemento objetivo del ilícito tipificado en el art. 45 de la ley 11.683.
En lo que respecta al elemento subjetivo, de indispensable configuración tratándose de ilícitos tributarios, conforme a la doctrina de la Corte Suprema en Fallos 271:297, era a SEOC a la que le correspondía demostrar, pruebas mediante, la falta de la culpa o de la negligencia que exige el tipo del art. 45 de la ley (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A.”, del 28/06/2007; "La Rueca Porteña S.A.", del 27/10/1998; “Italcred S.A. “, del 28/04/2016, entre otros), pero ni en esta instancia, ni en la administrativa previamente sustanciada rindió pruebas tendientes a justificar su conducta, por lo que cabe tener por configurado también este elemento.
Tampoco se invocaron ni muchos menos acreditaron razones suficientes para convalidar la existencia de error excusable, máxime cuando de las propias Resoluciones surge que SEOC declaró sus ingresos como exenta cuando no tenía un acto administrativo expreso que le reconociera el beneficio en el tributo.
No obstante, en cuanto a la graduación de las sanciones, cierto es que no se advierten ni han sido invocadas por el Fisco Nacional en los actos bajo análisis, razones de entidad que justifiquen que en el caso de los períodos fiscales 2003 y 2004 se haya aplicado la multa en un 50% del tributo omitido, pero para los períodos fiscales 2007 a 2009 se haya dispuesto su graduación en un 70%, cuando las conductas recriminadas son las mismas. Más aún, la representación fiscal al contestar el traslado del recurso de apelación presentado contra la Resolución N° 3/2013 se explaya en relación a la graduación de la multa en el 50%, sin referirse, además, a los agravios que sobre falta de proporción y de razonabilidad esgrimiera SEOC en dicho recurso.
Ello así corresponde confirmar ambas multas, graduadas en un 50% del tributo omitido de ingresar, con costas, salvo en la parte en que se reduce la multa aplicada en la Resolución N° 3/2013, en la que las costas se imponen por su orden. El Dr. Martin y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
En atención al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 115/2010 en todas sus partes, con costas, y confirmar la Resolución N° 3/2013 con los alcances del apartado VI, con costas, salvo en la parte que se reduce la multa allí aplicada, en la que se imponen por su orden.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de la Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC), teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la única etapa del Expediente N° 34.547 (Res. 115/2010) y el resultado obtenido, en la suma de $50.199 por la representación procesal y de $77.229 por el patrocinio letrado, conforme las pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
3. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de la Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC), teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la única etapa del Expediente N° 37.427 (Res. 3/2013) y el resultado obtenido, en la suma de $56.391 por la representación procesal y de $140.978 por el patrocinio letrado, conforme las pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.12.22 17:22:45 -03:00 Date: 2025.12.22 17:25:47 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.23 09:55:06 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.23 09:55:07 -03:00
Fin de la sentencia