Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2022-46864864-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $6.382.527 (pesos seis millones trescientos ochenta y dos mil quinientos veintisiete) equivalente a 330,05 (trescientos treinta con 05/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $15.956.316 (pesos quince millones novecientos cincuenta y seis mil trescientos dieciseis) equivalente a 825,13 (ochocientos veinticinco con 13/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme Ley 27.423, Acordada N°19/2023 (14/06/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-90902735-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 7 de Agosto de 2023 BUENOS AIRES -SENTENCIA (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2022-46864864- -APN- SGAI#TFN, caratulado “SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICIENCIA EN BUENOS AIRES s/recurso de apelación”
La Dra. Gómez dijo:
I-Que mediante RE-2022-46853961-APN-SGAI#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución dictada con fecha 19 de abril de 2022, por la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la que determinó de oficio su obligación impositiva frente al Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales mensuales de 04/16 a 03/19, ambos inclusive, intimando a ingresar el gravamen resultante por los períodos 05/2017, 07/2017 a 09/2017, 11/2017 a 01/2018, 03/2018 a 09/2018, 11/2018 y 01/2019 a 02/2019, con más intereses resarcitorios. Con relación al aspecto sancionatorio, respecto de los períodos fiscales 05/2017, 07/2017 a 09/2017 y 11/2017, la conducta se encuadró en las previsiones del artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), graduando la sanción en un 70% del gravamen atribuido como omitido; mientras que para los períodos 12/2017 a 01/2018, 03/2018 a 09/2018, 11/2018 y 01/2019 a 02/2019, se aplicó el art. 45 (texto vigente según Ley N° 27430/2017) arribando al equivalente del 100% del tributo presuntamente dejado de ingresar. (vide RE-2022-46863340-APN-SGAI#TFN).
En primer lugar, la actora plantea la nulidad absoluta e insanable de la resolución apelada por carecer de motivación, causa y procedimiento. Expresa, respecto al procedimiento, que la resolución recurrida impone una multa que incluye al periodo diciembre 2017, sobre el cual no se instruyó el sumario previo previsto en los artículos 70 y 71 de la LPT.
Esencialmente, la recurrente plantea que los servicios médicos asistencial que se prestan en el país y son motivo de ajuste para el Fisco Nacional, fueron utilizados por los pacientes en el exterior, en tanto advierte que un servicio médico asistencial no es de uso instantáneo. Expone que la prestación no se limita a una intervención quirúrgica sino que luego hay un seguimiento y control del paciente, lo que aleja al servicio del concepto de instantaneidad invocado por la Administración.
Pone de resalto que, a su vez, los contratantes de los servicios no son los pacientes que son tratados sino entidades del exterior. Así menciona, entre ellos, los convenios celebrados con Fundación Simón Bolívar (Simón Bolívar Foundation) de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A, Fondo Nacional de Recursos de los Institutos de Medicina Altamente Especializada de la República Oriental del Uruguay y Allianz Worlwide Limited. En tal sentido, afirma que los servicios fueron facturados y prestados a una entidad del exterior y no al paciente no residente que viaja temporalmente a la Argentina para el tratamiento médico.
Sostiene que en el esquema regulatorio de la Ley de IVA, la gravabilidad de las locaciones o prestaciones de cosas, obras o servicios dependerá no sólo del lugar de realización, sino también del lugar de utilización; así señala que la normativa citada establece la gravabilidad en el impuesto al valor agregado de la prestación de servicios realizados en el territorio nacional;no obstante, la actora resalta que inmediatamente se establece el tratamiento a aplicar a lo que se denomina “exportación de servicios”, es decir, a las actividades que configurarían prima facie el hecho imponible, pero que la misma norma excluye apelando a la ficción de considerarlas “como no realizadas en el territorio nacional”. Manifiesta que la razón de ser de esta disquisición radica en el principio de ajuste de frontera sobre el que la Ley de IVA se erige, según -en caso que exista una exportación de bienes o de servicios de carácter internacional-, la tributación debe ser regulada por el país de destino.
Se agravia respecto a la consecuencia de la Consulta Vinculante y que ha sido plasmada posteriormente en la resolución determinativa, precisando que la Administración dispuso analizar el tratamiento impositivo otorgado por la actora a los servicios médicos prestados a pacientes extranjeros en el territorio nacional, ampliando a un universo de casos respecto de los cuales no se verificó en qué condiciones se prestó el servicio de asistencia médico sanitaria. Pone de resalto la pretensión de la Administración de utilizar 1 (un) caso particular tratado en una Consulta Vinculante para resolver luego por analogía la situación de más de 257 (doscientos cincuenta y siete) casos de pacientes por servicios facturados en 952 (novecientas cincuenta y dos), lo que equivale a menos del 0.4% (cero coma cuatro por ciento) de los casos. Arguye que el razonamiento utilizado por la Administración para justificar que el servicio es utilizado o explotado efectivamente en el país es inválido por basarse en las premisas falsas de que: a) todo servicio de uso instantáneo no es exportación, b) el servicio médico es de uso instantáneo, y c) entonces el servicio médico es exportación.
Ante ello, señala que los pacientes del exterior que reciben el servicio asistencial en el país, no sólo tienen intenciones personales de regresar sino imposibilidades legales de permanecer en Argentina, puesto que la visa de ingreso al país que les otorga la Dirección Nacional de Migraciones bajo el artículo 23 inciso H) de la Ley Nº 25.871 les concede un permiso temporario por razón de salud. Es así que en dicho momento –y no otro- en el que se determina donde se producirá el uso o explotación efectiva del servicio médico asistencial que recibe el paciente. Aduce que la condición migratoria y/o la transitoriedad del permiso migratorio otorgado al paciente en virtud de la residencia por tratamiento médico otorgada por el propio Estado Nacional (Dirección de Migraciones), impone certeza sobre el motivo único y exclusivo del viaje del paciente al territorio nacional al momento de la prestación del servicio, cual es obtener la prestación médico asistencial. Puntualiza que el ingreso del paciente a la Argentina es necesario para poder configurar la exportación del servicio, dado que la prestación médico asistencial debe realizarse en territorio nacional.
Plantea la improcedencia de la intimación de intereses resarcitorios, alegando que no incumplió sus obligaciones fiscales. Remarca que si bien tales accesorios constituyen medidas reparadoras aplicables por la mora incurrida en el pago de tributos, la ausencia de previsión expresa en la normativa tributaria trae aparejada la aplicación de los principios del derecho civil.
Rechaza la multa por la infracción prevista en el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Tributario, en tanto se le ha atribuido una infracción absolutamente improcedente. En su defensa invoca la existencia de “error excusable. Acompaña prueba documental, ofrece prueba pericial e informativa, hace reserva cuestión de cuestión federal y por los argumentos que desarrolla pide que se revoque el acto apelado, con costas.
II. Mediante IF-2022-91545497-APN-DTD#JGM, el Fisco Nacional contesta el traslado conferido. Respecto a la nulidad, señala que de la simple lectura del acto apelado surge la inexistencia de vicio alguno, conteniendo éste todos los elementos jurídicos formales para declarar su validez. Asimismo, señala que en él se invocan las normas tenidas en cuenta para sustentar la conclusión a la que se arriba, como también se mencionan las circunstancias de hecho que lo motivan, cumpliendo con el procedimiento legal establecido a fin de que la contraparte conozca la pretensión fiscal y que pueda elaborar su defensa, por lo que pide que se rechace cualquier planteo nulificante. Resalta, además, que en el sumario instruido se incluyeron los períodos correspondientes al 2017 sobre los que luego se aplicó multa, no existiendo agravio alguno sobre el derecho de defensa de la recurrente, solicitando el rechazo de la defensa impetrada, con expresa imposición de costas a la contraria.
En cuanto al ajuste practicado, la representación fiscal destaca que lo relevante para el caso es que la residencia del sujeto beneficiario de la prestación y/o la forma en la que se contrata la misma, dónde es abonada o dónde se factura, no hace a la naturaleza de la prestación en sí, la que indubitablemente se realiza por prestadores dentro del territorio nacional, concluyendo entonces en que los servicios de salud resultan de uso instantáneo, por incorporarse a la persona del paciente en el mismo momento en el que se está prestando y por lo tanto deben considerarse utilizados donde se encuentra el paciente al momento de recibirlos.
Remarca que ante la improcedencia de los agravios opuestos contra el fondo, queda fuera de todo cuestionamiento la aplicación de los intereses resarcitorios intimados en virtud del art. 37 de la Ley N° 11.683, atento la claridad de la norma, por cuanto no ofrece duda alguna sobre la pertinencia de su aplicación al caso particular.
Respecto a la sanción aplicada, señala que mal puede la actora alegar la supuesta existencia de oscuridad en las disposiciones de la normativa en trato, poniendo de resalto que tres años después del rechazo de la Consulta Vinculante, la contribuyente continuó en su accionar de considerar a las operaciones en trato como exportaciones de servicio.
La representación fiscal compaña los antecedentes administrativos, se opone a la producción de la prueba ofrecida por la contraria, hace reserva del caso federal y por las razones de hecho y de derecho que expone, solicita que se confirme el acto apelado en todas sus partes. con costas.
III. En lo que aquí interesa, mediante PV-2022-121390332-APN-VOCX#TFN se tuvo por cumplido el requerimiento al Fisco Nacional con relación al aporte de documental a la causa vinculada con los convenios firmados con entidades del exterior y se abrió la causa a prueba, admitiendo la informativa dirigida a la Dirección Nacional de Migraciones.
A través del PV-2023-13953605-APN-VOCX#TFN se clausuró el período probatorio y se elevó a conocimiento de esta Sala “D”.
Por IF-2023-17253302-APN-VOCX#TFN se puso la causa a alegar, obrando la correspondiente presentación de la actora en el IF-2023-23570667-APN-DTD#JGM y a del organismo fiscal en IF-2023-23555399-APN- DTD#JGM.
Finalmente, por IF-2023-88541989-APN-VOCX#TFN se pusieron los autos a sentencia.
IV. A fin de seguir un orden en la exposicion, corresponde en primer lugar expedirse sobre el planteo de nulidad incoado por la actora contra el acto apelado, debiendo adelantarse que tal defensa no puede prosperar. Que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, in re “Sosa Mirta Elena”, sentencia del 4 de junio de 1997) Del examen de las actuaciones se evidencia que el acto determinativo no solo fue emanado por autoridad competente sino que se hace mención de los antecedentes de hecho y de derecho que justifican su dictado, razón por la cual no puede considerarse válidamente que se haya visto afectada la garantía del debido proceso adjetivo, ni existencia de vicio alguno que colocara a la recurrente en estado de indefensión. En tal sentido, los argumentos vertidos como fundamento de la nulidad intentada, resultan ser una mera discrepancia con el criterio fiscal y que, en realidad, integran el fondo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver.
Asimismo, respecto del agravio formulado por la actora y referido puntualmente a que en la Resolución N° 57/2021 (DV DEOA) se dispuso la instrucción de un sumario que solo involucraba al Impuesto al Valor Agregado por los periodos mayo, julio a septiembre y noviembre de 2017, enero, marzo a septiembre y noviembre de 2018 y enero a febrero de 2019, no obstante que en el acto apelado se impuso una multa que incluyó al periodo diciembre de 2017, sobre el cual la actora aduce que no se instruyó el sumario previo previsto en el artículo 70 de la LPT, acarreando ello la nulidad del acto.
Frente a ello, cabe poner de resalto que se desprende del artículo 2° de dicho acto que se instruía sumario en los términos de los artículos 70 y 71 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), por la infracción señalada, con relación al Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 05/2017, 07/2017 a 09/2017, 11/2017 a 01/2018, 03/2018 a 09/2018, 11/2018 y 01/2019 a 02/2019, acordándosele un plazo de quince (15) días hábiles para que alegue su defensa por escrito y proponga o presente las pruebas que hagan a su derecho (vide foja 417 del Cuerpo Principal, anexo al IF-2022-91598493-APN-DTD#JGM).
En efecto, la mención a los períodos “11/2017 a 01/2018”, es comprensiva del período diciembre de 2017, con lo cual efectivamente fue instruido el sumario sobre el mismo, resultando improcedente el planteo de la actora. En tal sentido corresponde desestimar la defensa incoada, haciendo notar que no procede la imposición autónoma de costas, tal como lo solicita el Fisco Nacional, por no haber sido planteada ni haberse otorgado el carácter de previo y especial pronunciamiento.
V. Corresponde en forma preliminar recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Que en cuanto al ajuste en sí, cabe señalar que el presente caso tiene origen a raíz de la formulación de una consulta vinculante, efectuada el día 22 de junio de 2011 por parte de la contribuyente en los términos de la Resolución General (AFIP) N° 1948/2005, la que se originó a efectos de establecer el tratamiento impositivo que correspondía aplicar en el impuesto al valor agregado a la actividad de prestación de servicios de asistencia médico-sanitaria brindada a un paciente del exterior que se desplazó a nuestro país con ese fin durante el año 2011 y que, hasta ese momento, habían sido considerados por la responsable como exportaciones de servicios manteniéndolos fuera de la imposición.
Por su parte, según surge de las constancias agregadas a las actuaciones administrativas obrantes en la causa, el criterio fiscal es el de considerar que las prestaciones médicas efectuadas a residentes extranjeros que se encuentran temporalmente en el país derivados por instituciones extranjeras, no constituyen exportaciones de servicios, sino que se trata de servicios brindados en el territorio nacional, por lo que se encuentran alcanzados por el impuesto al valor agregado, conforme a lo normado por el artículo 3°, inciso e) de la ley del gravamen. En este marco, la recurrente fue verificada por personal del área fiscalizadora, a fin de establecer el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, respecto del impuesto al valor agregado, por los períodos fiscales 04/2016 a 03/2019. Allí los actuantes detectaron que la sociedad apelante prestó servicios médicos a pacientes extranjeros en el territorio nacional, los que consideró como exportaciones de servicios, lo que motivó que el ente recaudador ajustara el débito fiscal de conformidad con lo normado por los artículos 1°, inciso b) y 3°, inciso e) punto 21 de la ley del impuesto al valor agregado.
Por su parte, la recurrente entiende que la utilización de tales servicios no se dio en nuestro país y, por lo tanto, no se encuentran alcanzados por el IVA, en virtud del segundo párrafo del art. 1 inciso b) de la ley del citado impuesto.
VI. A tenor de lo expresado, corresponde dilucidar el tratamiento fiscal de los servicios médicos prestados a pacientes residentes en el exterior en los períodos determinados, Cabe recordar que el artículo 1°, inc. b) de la ley de IVA dispone que el gravamen se aplicará sobre: “b) Las obras, locaciones y prestaciones de servicios incluidas en el artículo 3°, realizadas en el territorio de la Nación (…) En los casos previstos en el inciso e) del artículo 3°, no se consideran realizadas en el territorio de la Nación aquellas prestaciones efectuadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, las que tendrán el tratamiento previsto en el artículo 43”.
Para dirimir la cuestión, corresponde analizar la prueba producida en autos, comenzando por los convenios celebrados con Fundación Simón Bolívar (Simón Bolívar Foundation) de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A, Fondo Nacional de Recursos de los Institutos de Medicina Altamente Especializada de la República Oriental del Uruguay y Allianz Worlwide Limited (vide anexos al IF-2022-91598493-APN-DTD#JGM y IF-2022-
120112849-APN-DTD#JGM) .
Respecto al convenio con Fundación Simón Bolívar (Simón Bolívar Foundation) de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A (suscripto por la aquí recurrente con fecha el 15 de julio de 2008), éstas harían saber a personas de cualquier nacionalidad en determinadas condiciones que requieran trasplante de hígado y tratamiento médico relacionado, la posibilidad de acceder a los servicios proporcionados por la recurrente de acuerdo a las normas de admisión, atención, disponibilidad y capacidad y de conformidad con las leyes válidas en nuestro país en materia de trasplantes y salud en general. Los criterios de elegibilidad a evaluar por la Fundación para los pacientes acercados por Petróleos de Venezuela S.A para recibir los tratamientos son: a) el trasplante de hígado requerido y su tratamiento relacionado no pueden obtenerse en el país donde vive el paciente, o es considerablemente más oneroso; b) el paciente no tiene los recursos para obtener tales servicios y c) no ser empleado de Petróleos de Venezuela S.A, subsidiarias u organismos con responsabilidad que pueden afectar en sus decisiones a esa compañía. Aprobada la solicitud, la misma se presentaría al Hospital para que decida la admisión del paciente; una vez aprobado el presupuesto, la Fundación abonará una parte contra pre- factura documentando el pago recibido en conexión con la provisión del transplante y el tratamiento médico vinculado con cada paciente, una vez concluido ese servicio, se acuerda emitir una factura final por todos los costos incurridos por la aquí apelante. En una posterior enmienda, se establece que toda referencia a trasplantes de hígado y tratamientos médicos relacionados, incluyendo cualquier otra referencia en el mismo, debía ser sustituida por cualquier otro servicio médico proporcionado por el hospital. Además, se dispone que la vigencia del convenio continuaría en vigor hasta que se diera por terminado por cualquiera de las partes (20 de abril de 2010).
Con relación a lo convenido con el Fondo Nacional de los Institutos de Medicina Altamente Especializada de la República Oriental del Uruguay, que data desde el 16 de junio de 1994 -previéndose la renovación automática-, se desprende que la actora se compromete a brindar servicios médico-asistenciales para Pre-Trasplante Cardíaco, Pre-Trasplante Cardiopulmonar, Trasplante Cardíaco y Trasplante Cardiopulmonar de acuerdo a su capacidad instalada y disponibilidad a pacientes ambulatorios o internados derivados por la entidad uruguaya, estableciéndose en el Anexo I punto 2° que la facturación en el caso de un trasplante se presentará en el domicilio legal de la entidad una vez finalizado el acto quirúrgico, mientras que en el caso de pre-trasplante una vez finalizado el mismo. Asimismo, de la cláusula segunda surge que las internaciones se hacen efectivas en las áreas especiales dispuestas por el Hospital para este tipo de pacientes y el traslado de los pacientes se encuentra a exclusivo cargo de la entidad (cláusula octava). Por último, en caso de finalización del convenio, la aquí apelante se compromete a continuar con los servicios médico- asistenciales de los pacientes de la entidad hasta el alta o traslado, obligándose ésta a abonar la facturación por la atención brindada.
Finalmente, en cuanto al convenio con Allianz Worlwide Limited, celebrado el 1 de noviembre de 2010, surge que el mismo sólo cubre los gastos de hospitalización generados por prestaciones médico-asistenciales brindada por la aquí actora a los titulares de la tarjeta médica del citado asegurador o quien presente una carta de garantía emitida por este; comprometiéndose el Hospital a brindar el servicio de acuerdo a las posibilidades de admisión, atención, capacidad instalada y disponibilidad.
Que como resultado de la prueba informativa, la Dirección Nacional de Migraciones aportó un informe elaborado por el Departamento de Información, Asistencia y Cooperación, en base al Registro Nacional de Ingreso y Egresos de Personas al Territorio Nacional aportado por la actora, surgiendo respecto a las personas señaladas en el oficio la totalidad de ingresos y egresos a nuestro país, en algunos casos el “propósito de cruce” y en otros constando tal columna sin datos. No obstante ello, en los casos en que dicho apartado surge completo se distingue la leyenda “Residente Transitorio Turista”, categoría que se encuentra definida en el artículo 24 inciso a) de la Ley N° 25.871, para todo extranjero que obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones, una admisión en tal carácter. Sin perjuicio de existir para los períodos determinados ingresos bajo esta condición, no hay mayores datos al respecto sobre las características del ingreso y egreso de las personas individualizadas en el oficio cursado.
Atento las constancias de la causa, remarcando la documental aportada a la fiscalización (fs. 17/76 Cpo. Principal, Anexo al IF-2022-91589549-APN-DTD#JGM) y la prueba producida en autos, no corresponde encuadrar la prestación analizada de la recurrente como exportación de servicios en el entendimiento que los tratamientos médicos previstos en los convenios firmados (vg. intervenciones quirúrgicas, estudios pre-quirúrgicos) se practicaron en nuestro país durante los períodos determinados, de conformidad con lo oportunamente pactado. En efecto, no es para ley de IVA la eventual ubicación del prestatario, la que define si el servicio se encuentra fuera del objeto del gravamen, sino el lugar de la realización, aplicación o aprovechamiento efectivo de los servicios que se contratan.
En esta línea, asiste razón al Fisco Nacional en cuanto a que en este caso la utilización del servicio “diferida” en el tiempo no es posible; la persona podría cambiar de residencia en el futuro, o volver al país o incluso fallecer, todos hechos que resultan imponderables; a ello, cabe agregar que no se ha demostrado como la recurrente efectuó el seguimiento y control del paciente al volver al lugar de residencia Finalmente, corresponde destacar que el hecho de que los servicios hayan sido celebrados con entidades domiciliadas en el exterior y no a los pacientes en forma directa, no modifica la dinámica del ajuste ni el servicio brindado. Aún cuando en este caso una entidad del exterior abone los tratamientos médicos, no corresponde entender que dicha prestación se trate de una “exportación de servicios” atento que los mismos son concretados en nuestro país.
A mayor abundamiento, el criterio sentado es coincidente con lo resuelto el 12 de abril de 2021 por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, en los autos “Sociedad Italiana de Beneficiencia en Buenos Aires Hospital Italiano c/EN M. Hacienda y FP- AFIP s/ Proceso de Conocimiento” (Expte. N° 39202/2017) donde se buscó impugnar la resolución por la que se rechazó el recurso de apelación deducido contra la Subdirector General de Técnico Legal Impositiva, de fecha 10/12/2012, que se pronunció en la consulta vinculante en relación al tratamiento que corresponde aplicar en el Impuesto al Valor Agregado a la actividad desarrollada por la prestación, en un caso concreto, de asistencia médico-sanitaria a un paciente del exterior, que se desplazó a la República Argentina con la finalidad de recibir la atención necesaria para la recuperación de su salud, disponiéndose el rechazo de la demanda interpuesta por la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano, decisorio que quedó firme.
En dicho fallo se dijo que resulta plenamente pertinente tomar en consideración que existen algunos tipos de servicios que son de consumo inmediato, existiendo una coincidencia entre el lugar de prestación del servicio con el de su aplicación, como es el caso, atento tratarse de un servicio médico, que al mismo momento de ser recibido por el paciente, pasa a formar parte inescindible del mismo. En atención a lo expuesto, se concluyó que para que exista una exportación del servicio, es el servicio en sí mismo (el tratamiento médico) y no sus consecuencias (las capacidades del paciente), lo que efectivamente debe ser utilizado en el exterior, situación que no se produjo ni en aquellas actuaciones ni en el presente.
Por lo expuesto, cabe concluir que los servicios prestados en territorio nacional a pacientes del exterior se encuentran alcanzados por el impuesto al valor agregado ya que implican un desplazamiento de quienes residen en un país extranjero para recibir el tratamiento en Argentina y sobre éstos es que recaen los servicios brindados, es decir “utilizan” o “disponen” de las prestaciones médicas en el país. Ello así, corresponde confirmar el ajuste practicado.
VII. Que corresponde referirse a la liquidación de accesorios.
Sobre este tema debe recordarse que los intereses intimados constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. De conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, "la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio". En consonancia, la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen, como en el presente, torna procedente la aplicación de estos accesorios. Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, permite descartar sin más los agravios expuestos por la recurrente (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005).
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Citibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, externas al deudor que deben ser restrictivamente analizadas, resaltando que la imposición de intereses es ajena a normas represivas, con lo cual se descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
En esta línea, debe precisarse que los accesorios previstos en el art. 37 de la ley de rito trascienden el mero interés particular de las partes pues ponen de relieve una finalidad de otra naturaleza, esto es la necesidad de estructurar un sistema que permita una más eficiente y rápida recaudación tributaria. De allí que, en principio, resulta razonable que frente a la mora en que incurra el contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la ley prevea la posibilidad de fijar una tasa de interés más elevada que la prevista para las relaciones entre particulares (conf. “Arcana Orazio” del 3/7/84 y “Marthay, Jorge” del 6/6/1995, entre otras), sin que se advierta en el caso que el Fisco se haya extralimitado de forma alguna en el cálculo de los accesorios bajo trato. A mayor abundamiento, debe precisarse que “el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que -por otra parte- no beneficia a personas determinadas, sino a la comunidad toda” (Fallos: 308:283).
Ello así, procede confirmar la liquidación de accesorios obrante en el acto determinativo.
VIII. Que corresponde pronunciarse sobre la procedencia de las sanciones aplicadas en los términos del art. 45 de la ley de rito fiscal. Al respecto, cabe aclarar que para los períodos fiscales 05/2017, 07/2017 a 09/2017 y 11/2017, la conducta se encuadró en las previsiones del artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), graduando la sanción en un 70% del gravamen atribuido como omitido; por su parte para los períodos 12/2017 a 01/2018, 03/2018 a 09/2018, 11/2018 y 01/2019 a 02/2019, se aplicó el art. 45 (texto vigente según Ley N° 27430/2017) siendo el equivalente del 100% del tributo presuntamente dejado de ingresar.
Si bien es correcto que las infracciones deben ser imputables tanto objetiva como subjetivamente para justificar la imposición de una sanción (doctrina de Fallos 271:297; 303:1548; 322:519), el artículo 45 de la Ley Nº 11.683 no exige una intención dolosa, sino que resulta suficiente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A. c/ DGI", Sala II, del 28/06/2007; "La Rueca Porteña SA c/ AFIP – DGI", Sala IV, del 27/10/1998) y es la actora quien debe demostrar la falta del elemento subjetivo requerido para tener por configurado el ilícito que se le imputa, en atención a la inversión de la carga de la prueba que se produce en las infracciones tributarias, sin que la recurrente haya arrimado elementos que sirvan para desvirtuar la pretensión tributaria en que se funda la sanción.
Que en el derecho represivo tributario rige el criterio de la responsabilidad de la pena que responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (C.S.J.N. Fallos: 271:2997; 303:1548; 312:149) y que si bien es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación (Fallos: 316:1313 y CNACAF -Sala V- , “Martínez, Rodolfo Francisco” y “Basf Argentina SA” sentencias de fecha 12/5/99 y 14/6/2000).
Para que se configure el “error excusable” se requiere que éste sea esencial e inculpable y las razones invocadas por el recurrente no poseen la entidad suficiente para demostrar un accionar diligente que lo llevara a creer razonablemente que su conducta no lesionaría el interés del erario (conf. “Capri Muebles S.R.L.” CNACAF Sala II, de fecha 28/4/94) y en el caso concreto el apelante no ha arrimado elementos que sirvan para demostrar la existencia del error excusable señalado.
Que teniendo en cuenta la Consulta Vinculante formulada, lo decidido al respecto por el Fisco Nacional y el posterior trámite judicial que derivó en la sentencia que confirmó el criterio fiscal, corresponde destacar que la recurrente debió adecuar la determinación y/o liquidación de los impuestos a los términos de la respuesta producida, ingresando los importes respectivos con más sus intereses, lo cual no se verifica en autos, toda vez que con suma posterioridad a que el decisorio citado quedara firme, el Fisco dictó la resolución apelada en autos. Atento a lo expuesto, carece de asidero el agravio de la recurrente relativo a la existencia de error excusable, dado que tenía pleno conocimiento de las derivaciones de la Consulta Vinculante incoada.
En consecuencia, corresponde confirmar la sanción cuestionada.
IX. Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas. La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere al voto precedente.
El Dr. Martín dijo:
Adhiero a la decisión de la Dra Gómez, por similares argumentos.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $6.382.527 (pesos seis millones trescientos ochenta y dos mil quinientos veintisiete) equivalente a 330,05 (trescientos treinta con 05/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $15.956.316 (pesos quince millones novecientos cincuenta y seis mil trescientos dieciseis) equivalente a 825,13 (ochocientos veinticinco con 13/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme Ley 27.423, Acordada N°19/2023 (14/06/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2023.08.03 16:30:55 -03:00 Date: 2023.08.04 09:45:24 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.07 07:47:24 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.07 07:47:25 -03:00
Fin de la sentencia