Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123486
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292 cit. y Acuerdo 1.790). Con costas.
C. 123.486 "COGORNO, MARIA ELENA C/ JUNARSA S.A Y OTROS S/ SOCIEDADES. ACCIONES DERIVADAS DEL DERECHO DE"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 4 de Junín, en el marco de un proceso sobre nulidad de asamblea y remoción de administrador, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes. En lo que ahora importa, determinó los mismos en favor del doctor Santiago Andrés Bertamoni -abogado de la actora- en la suma de ciento noventa mil y cincuenta y siete mil pesos ($190.000 y $57.000), respectivamente por cada una de tales acciones. A dicho fin consideró el presente como un proceso de monto indeterminado y estableció, no como valor directo sino como parámetros de referencia para establecer los estipendios en relación a la acción de nulidad de asamblea las sumas retenidas indebidamente y las percibidas en exceso por los directores. Fijó así el valor referencial a tener presente en la suma de $ 1.382.523 (monto involucrado en las decisiones impugnadas en la proporción del interés de la parte representada), estableciendo que además debía ajustarse la regulación al mérito, naturaleza e importancia de la labor desarrollada. Fundó su decisión en lo dispuesto en los arts. 16 inc. "c" a "e" y "g" y 28 del decreto ley 8.904/1977 (v. fs. 827/829 vta.).
A su turno, la Cámara de Apelación del fuero departamental, en lo que aquí interesa destacar rechazó la apelación de los letrados de la actora en lo que respecta a la conformación de las pautas regulatorias y confirmó los honorarios fijados. Así también determinó los estipendios por los trabajos del Tribunal de Alzada del doctor Bertamoni en la suma de ochenta y dos mil doscientos pesos ($ 82.200) por la acción de nulidad asamblearia y en la suma de treinta y cuatro mil doscientos pesos ($34.200) por la acción de remoción. Consideró allí el a quo que no había discusión en cuanto a que, en principio, se estaba en presencia de un juicio de monto indeterminado, por lo que los honorarios deben regularse conforme a las pautas del art. 16 de la Ley Arancelaria y, en el caso, en que la impugnación de la asamblea tiene consecuencias económicas directas el juez puede tomarlas como una pauta más de las mencionadas en dicho artículo, pero no directamente como base regulatoria. Y en tal sentido consideró acertado -como hizo el juzgador de origen- tomar las sumas que se ordenó restituir a sus directores con más sus intereses y por otro lado el importe de los dividendos no distribuidos oportunamente, aunque limitados a la tenencia accionaria de la parte actora, sin la actualización que pretende el apelante en cuanto a esta última suma, toda vez que en la sentencia que receptó su pretensión no se ordenó su devolución ni la adición de intereses de ningún tipo. Confirmó así la determinación de los honorarios con cita de los arts. 16 y 28 de la ley arancelaria ya citada (v. fs. 862/864).
Contra dicho pronunciamiento, el doctor Bertamoni -por su propio derecho- dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 25-VI-2019; copias obrantes a fs. 885/890 vta. y fs. 891/897 vta.), los que fueron declarados inadmisibles por considerar que la decisión no era definitiva (v. fs. 870 y vta.). Ello motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. fs. 903/907 vta.).
II. Al respecto cabe señalar que esta Corte ha decidido reiteradamente que, en principio, contra las resoluciones de los tribunales colegiados en materia de honorarios no son admisibles los recursos extraordinarios, precisando que esa limitación se refiere tanto a la regulación en sí misma como a las bases o pautas ponderadas para llegar a su determinación (art. 57, segundo párrafo, dec. ley 8.904, aplicada en autos; conf. doctr. causas C. 120.643, "Steffen", resol. de 22-VI-2016; C. 120.139, "Sagarduy", resol. de 29-VI-2016 y C. 122.524, "Labernia", resol. de 11-VII-2018).
Así, en el sub lite , donde se controvierte la fijación de sus honorarios, no logra demostrar el impugnante que concurra alguno de los restringidos supuestos en que, por vía de excepción, se ha admitido el apartamiento de ese criterio (conf. doctr. causas C. 120.274, "Durini", resol. de 2-XII-2015; C. 120.285, "Bueno", resol. de 30-III-2016; C. 120.703, "Otamendi", resol. de 15-XI-2016; C. 121.275, "Talpey Tranding S.A.", resol. de 20-IX-2017; C. 122.524, cit. y C. 123.550, "Gimenez", resol. de 6-XI-2019).
A tal fin resultan inidóneas las alegaciones que realiza el recurrente en las vías extraordinarias deducidas toda vez que, en relación a la de inaplicabilidad de ley, la achacada inobservancia del art. 21, así como las alegaciones en torno al art. 23 del dec. ley 8.904/77 y la violación a la doctrina que cita, no han sido sometidas a consideración del tribunal a quo en los términos en que ahora se proponen (doctr. arts. 266 y 272, CPCC), revelándose tales planteos como el fruto de una reflexión tardía y, como tal, ineficaz para habilitar de modo excepcional la instancia extraordinaria en esta temática (conf. doctr. art. 57, cit.). En este sentido, sabido es que no se pueden introducir temas novedosos ante esta Corte que no fueron planteados en las oportunidades debidas en las instancias anteriores (conf. doctr. causas C. 105.224, "Basurto", resol. de 28-V-2010; C. 118.886, "Reina", resol. de 30-IV-2014).
Asimismo, deviene pertinente agregar que bajo el ropaje de las transgresiones legales que se mencionan en el referido recurso, se exhibe en realidad la discrepancia del impugnante con la apreciación del valor referencial y de las pautas meritadas por el juzgador para fijar los estipendios en tarea que le está reservada (conf. doctr. causas C. 111.253, "Messina", resol. de 9-XII-2010; C. 113.967, "Pergentil", resol. de 4-V-2011 y C. 120.703, cit.).
Por otra parte, en cuanto al remedio extraordinario de nulidad también incoado, tampoco se aprecia -en atención a los planteos allí expuestos que, bajo la denuncia de infracción a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, en realidad cuestionan el mérito de la decisión y la normativa aplicada- la concurrencia de alguno de los restringidos supuestos en que, por vía de excepción, se ha admitido el apartamiento de la irrecurribilidad establecida en la temática regulatoria (art. 57, cit.; conf. doctr. causas C. 120.643, C. 120.139 y C. 122.524, cits.; C. 122.980, "Carou", resol. de 20-II-2019 y C. 123.990, "Arrosi", resol. de 29-VI-2020).
Finalmente, cabe adunar que no se advierte en el caso - prima facie - la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, desde que en el embate subyacen denuncias de infracción a normativa de derecho local que denotan que en autos no se encuentra involucrada de manera directa o inmediata una cuestión de tal linaje (conf. doctr. causas C. 120.900, "Elenka Sacaf y de M.- Raulen S.A.", resol. de 22-II-2017 y C. 122.716, "Zuliani", resol. de 20-II-2019).
En consecuencia, las vías extraordinarias articuladas resultan inadmisibles y se impone el rechazo de la queja traída (arts. 57, dec. ley 8.904 y 292, CPCC; doctr. causas cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292 cit. y Acuerdo 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/08/2020 14:07:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2020 15:27:14 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2020 15:57:17 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2020 18:59:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/08/2020 17:25:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2020 13:49:22 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia