Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2020-12164269-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $580.677 (pesos quinientos ochenta mil seiscientos setenta y siete) equivalente a 28,20 (veintiocho con 20/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $1.451.692 (pesos un millón cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos noventa y dos) equivalente a 70,49 (setenta con 49/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en el Expediente número EX-2020-12164269-APN-SGAI#TFN, conforme Ley 27.423, Acordada N°29/2023 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $220.917 (pesos doscientos veinte mil novecientos diecisiete) equivalente a 10,72 (diez con 72/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $552.293 (pesos quinientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y tres) equivalente a 26,81 (veintiseis con 81/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en el …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-146374273-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 7 de Diciembre de 2023 FRUT SA- SENTENCIA (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Armando Magallón (Vocal integrante de la Sala D por excusación de la Titular de la Vocalía de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2020-12164269-APN-SGAI#TFN- y su acumulado EX-2021-78618651-APN- SGAI-TFN, caratulado “SOL FRUT SA s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante RE-2020-12161913-APN-SGAI#TFN y RE-2021-78608004-APN-SGAI#TFN la actora interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones de fechas 30 de enero de 2020 y 3 de agosto de 2021, dictadas por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional San Juan de la AFIP- Dirección General Impositiva. Por la primera de ellas se determinó de oficio la materia imponible correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales de abril de 2015 a noviembre de 2017 con más intereses resarcitorios, y la aplicación de una sanción por los períodos enero y abril de 2016, mayo y octubre de 2017 equivalente a tres (3) veces el gravamen evadido, conforme lo normado por los arts. 46 y 47 inc. b) de la ley N° 11.683 (t.o. vigente), dejando constancia que respecto de los períodos abril, mayo, julio, octubre y noviembre de 2015, se suspende la aplicación de sanciones conforme a lo dispuesto por el art. 20 de la ley N°24.769. Por su parte, por la restante resolución (identificada como N° 36/2021, originalmente obrante en el EX-2021-78618651-APN-SGAI-TFN, ahora acumulado a estos actuados) se impone una multa en el IVA por los períodos de abril, mayo, julio, octubre y noviembre de 2015 con sustento en los arts. 46 y 47 inciso b) de la ley de rito fiscal, graduándola en tres veces el tributo intimado.
Señala en primer término, que la firma Sol Frut S.A. se dedica a la producción de aceite de oliva y que para ello debe adquirir gran cantidad de aceitunas a diversos proveedores. Indica que cumplió con todos los recaudos a su cargo en lo que hace a los proveedores, alegando que los mismos cumplían con los requisitos fijados por la normativa aplicable para considerárselos regularmente inscriptos y activos, esto es con facturas validadas por AFIP, con CUIT y CAI vigentes y que no se encontraban incluidos en la base e-Apoc.
Manifiesta que el ente fiscal no cuestiona la existencia del bien comercializado, sino que impugna el crédito fiscal a partir de presunciones que considera son endebles y abstractas, dado que se basan en irregularidades constatadas respecto de los proveedores Hugo Fabián Reta y Cooperativa Agropecuaria y de Consumo Proajo Ltda por entender que carecían de capacidad operativa, económica y financiera, lo que lo lleva a considerar que no fueron ellos quienes efectuaron las operaciones consignadas en los comprobantes objetados. Señala que los citados se encontraban inscriptos ante el ente recaudador y que a la fecha de la operatoria no estaban en la base e- Apoc, por consiguiente, la actora se encontraba frente a una limitación a la hora de prever las irregularidades verificadas finalmente por AFIP. Remarca que las operaciones no fueron simuladas y que han sido correctamente computadas y documentadas, indicando que fueron abonadas mediante cheques librados a nombre de los proveedores cuestionados por importes que incluían el impuesto al valor agregado, sosteniendo por ello que el circuito de pagos se encuentra acreditado, escapando de su control si los proveedores no son quienes efectivamente los cobraron.
Pone de resalto que, el hecho de que el ente fiscalizador no haya impugnado las declaraciones juradas correspondientes al impuesto a las ganancias o ajustado el gravamen en concepto de salidas no documentadas, demuestra un claro y preciso argumento para determinar la acreditación del gasto y la identidad de los beneficiarios. Asimismo, hace notar que el Sr. Hugo Fabián Reta reconoció expresamente ante escribano público su intervención en las operaciones cuestionadas, sin que la representación fiscal lo haya tenido en cuenta, quejándose de que el Fisco le denegó la producción de la prueba testimonial y pericial contable ofrecida a los fines de obtener la verdad material del caso.
Se agravia de la impugnación de aquellas retenciones ingresadas por los proveedores objetados incluidas en las declaraciones juradas que han sido efectivamente acreditadas. Sostiene que de no permitirse el cómputo de las mismas, implicaría una doble percepción impositiva del gravamen involucrado, convalidando así un enriquecimiento sin causa por parte del organismo y una violación al principio de legalidad.
Sobre las multas aplicadas opone la prescripción de las facultades sancionatorias del ente fiscal respecto de las que fueran impuestas por los períodos abril, mayo, julio, octubre y noviembre de 2015, con fundamento en que resulta inoponible la suspensión dispuesta por el art. 17 de la ley 27.562, ya que tratándose de una sanción de naturaleza penal su aplicación vulneraría elementales derechos y garantías que rigen en materia penal. Asimismo sostiene que tampoco es aplicable al caso la causal de suspensión que establece el art. 65 inciso d) de la ley de rito fiscal sustentando su posición en que la causa penal se resolvió por aplicación de la ley penal más benigna, es decir sin pronunciarse sobre las maniobras detectadas y los ajustes efectuados por el Fisco Nacional, es decir que se archivó sin sentencia emitida al efecto.
Plantea la improcedencia de las sanciones aplicadas por supuesta defraudación, invocando la inexistencia de la figura típica que da origen a la multa aplicada. Sostiene que los créditos fiscales computados se ajustan a operaciones comerciales reales que fueron canceladas oportunamente mediante el pago a los proveedores que emitieron los comprobantes fiscales, no mediando la infracción dolosa atribuida. Advierte que no puede endilgársele la carga de investigar que las sociedades con las que decide operar hayan cumplido con sus obligaciones tributarias formales o sustanciales o carezcan de la capacidad operativa económica requerida para tal actividad, tal accionar del Fisco Nacional resulta impropia para demostrar la maniobra ardidosa atribuida. En subsidio y para el caso de una solución adversa, solicita la recalificación de la conducta en la figura de omisión de impuesto dispuesta en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) ya que argumenta que no ha existido conducta ardidosa o engañosamente evasiva. Además, argumenta que como procedió de buena fe, resulta aplicable al caso la figura del error excusable.
Cita jurisprudencia en sustento de su postura, hace reserva de caso federal, ofrece prueba documental y pericial contable y por las razones que expone pide que se revoquen los actos apelados, con costas.
II. Que por IF-2021-87908228-APN-DTD#JGM e IF-2022-22644108-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta los recursos incoados. Manifiesta que la inspección, a partir del análisis de la documentación aportada y obtenida de la base de datos del organismo, controlaron los importes consignados como créditos fiscales mensuales, observando que la contribuyente había registrado operaciones con proveedores con signos de apocrificidad. Señala que sobre la base a la fiscalización realizada a los proveedores Hugo Fabián Reta y Cooperativa Agropecuaria y de Consumo Proajo LTDA, se detectaron una serie de irregularidades que llevaron a la conclusión de que los nombrados carecían de capacidad operativa, económica y financiera, resistencia pasiva a la fiscalización, inconsistencias en la cadena de comercialización, y en el caso de la Cooperativa que no tenía autorización por parte del instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social para operar como tal, culminando con la incorporación de ambos en la Base Apoc del organismo.
Manifiesta que, del control de la documentación aportada por la actora y la presentada por la entidad bancaria circularizada, se detectó que casi la totalidad de los cheques emitidos a favor de los proveedores considerados apócrifos, habían sido endosados y entregados a terceros, sin que hubieran sido depositados en cuentas propias ni cobrados directamente por ventanilla. Además, se observó que los cheques emitidos a favor de la Cooperativa Agropecuaria y de Consumo Proajo Ltda., en su mayoría fueron endosados por el Sr. Hugo Reta y por Ángel Gustavo Maldonado, sin que pudiera demostrarse vinculación societaria y/o de representación de ellos con la citada Cooperativa. Remarca que de los sistemas de información del Fisco surgen facturas electrónicas emitidas por estos proveedores, facturando conceptos y actividades tan disímiles que refuerzan el criterio de apocrificidad. Expone, en relación al transporte de las mercaderías, que las operaciones que surgen de las facturas objetadas fueron realizadas con vehículos de propiedad del Sr. Juan C. Linares Rivas, observaron inconsistencias entre el propietario y los choferes de los vehículos que habrían prestado el servicio. Concluye que la prueba arrimada resulta insuficiente a efectos de poder demostrar que la operatoria de la actora ha sido llevada a cabo con dichos proveedores.
Manifiesta que lo que aquí se objeta no son las operaciones comerciales en sí mismas, puesto que las operaciones de compra observadas han sido realmente efectuada, sino que, lo que aquí se cuestiona es la capacidad operativa, económica y financiera para llevar adelante las operaciones de quienes emitieron las facturas, y ante el reconocimiento de que la compra de materia prima existió subyace que la operación real de venta fue realizada por "interpósita persona"
En cuanto a las retenciones practicadas a los proveedores impugnados e ingresadas contra el impuesto bajo análisis, considera que las mismas no tienen incidencia respecto a los créditos fiscales computados en sus declaraciones juradas, puesto que son pagos efectuados por los proveedores y como la recurrente actuó como agente de retención de los contribuyentes retenidos, carece de legitimación para reclamar tales importes. Argumenta que la teoría del enriquecimiento sin causa planteada por la actora carece de sustento al considerar que se han incumplido los requisitos exigidos por la ley en cuanto a la equivalencia de las operaciones comerciales entre comprador y vendedor.
Sobre las sanciones aplicadas, en primer lugar sostiene la improcedencia de la prescripción articulada por la contraria respecto de los períodos abril, mayo, julio, octubre y noviembre de 2015. Señala que pacíficamente la Corte Suprema desde su doctrina sentada para otros regímenes de regularización y condonación de análogas características a los que aquí nos ocupan, que se vinieron sucediendo en el tiempo con idéntico contenido en la disposición que fijaba la suspensión por un año de la prescripción de las obligaciones fiscales, señaló que la expresión "con carácter general" contenía el espíritu inequívoco del legislador, en cuanto a suspender la prescripción de las obligaciones tributarias y sus multas, en relación con todos los contribuyentes y responsables cuyo control y verificación se encuentre a cargo del ente fiscal, entendiendo que debe aplicarse la suspensión fijada en el art. 17 de la ley 27.542. En igual sentido, se manifiesta respecto de la aplicación al caso de la causal prevista en el inciso d) del artículo 65 de la Ley de rito fiscal y concluye diciendo que el Fisco se encontraba facultado para aplicar la sanción.
Respecto a los restantes agravios vertidos con relación a las sanciones, sostiene que la existencia de dolo ha quedado demostrada con la conducta maliciosa de la contribuyente ante la apropiación indebida de créditos fiscales provenientes de proveedores apócrifos, constatándose una grave contradicción entre lo declarado y la documentación respaldatoria que -según dice- no puede atribuirse a título de simple negligencia sino que denotan la deliberada intención de sustraerse al pago del impuesto debido, sin que pueda aplicarse causal de exculpación alguna.
Pide que se confirme la liquidación de intereses en tanto se ajustan a lo establecido en el art. 37 de la ley de rito fiscal.
Se opone a la producción de la prueba, pide que se tenga presente la reserva del caso federal y por los argumentos que desarrolla pide que se rechace el recurso interpuesto y se confirme la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
III. Que por PV-2021-106137939-APN-VOCX#TFN se abre la causa a prueba admitiéndose la pericial contable ofrecida, que por PV-2022-5254513-APN-VOCX#TFN se tuvo presente las impugnaciones realizadas por las partes contra la pericia presentada, como así también las contestaciones a éstas efectuadas por los peritos contadores.
Que en el IF-2023-52466780-APN-VOCVIII#TFN obra sentencia del 9 de mayo de 2023, en la que se resolvió la acumulación del EX-2021-78618651-APN-SGAI-TFN al EX-2020-12164269-APN-SGAI#TFN. Cabe señalar que por INLEG-2021-118391565-APN-TFN#MEC fue aceptada la excusación de la Dra. O'Donnell para intervenir en autos.
Por su parte, cabe señalar que en el marco del EX-2021-78618651-APN-SGAI-TFN el 1 de junio de 2022, la Sala “B” de este Tribunal dictó sentencia rechazando la excepción de prescripción opuesta por la actora, con costas (vide archivo adjunto al IF-2023-53754704-APN-SGAI#TFN).
Que por PV-2022-54457610-APN-VOCX#TFN se declara cerrado el período de instrucción. Que, en virtud de la acumulación dispuesta, al momento de reordenar el trámite del expediente, por PV-2023-54745775-APN- VOCX#TFN se dispuso tener por reproducida la prueba pericial contable ofrecida en la causa acumulada por ser idéntica a la ofrecida en el otro expediente.
Por PV-2023-58134053-APN-VOCX#TFN y se elevan los autos a consideración de la Sala “D”. Que por PV- 2023-58134053-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para alegar, estando agregadas las presentaciones realizadas por las partes a tal fin mediante IF-2023-65277118-APN-DTD#JGM e IF-2023-66485354-APN- DTD#JGM.
Finalmente por IF-2023-145428927-APN-VOCX#TFN se pasan los presentes actuados para dictar sentencia.
IV. Cabe señalar, de manera preliminar, que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Que ello así, procede dirimir si se ajustan a derecho la determinación efectuada, mediante la que se impugnó el crédito fiscal declarado ante las irregularidades detectadas respecto de dos de sus proveedores, que le generaron serias dudas en cuanto a la validez de la facturación pertinente. Para ello, consideró pertinente, previo a todo hacer una reseña de los elementos agregados en los antecedentes administrativos de la causa.
Que del informe final de Inspección (fs.1193/1201 del cuerpo principal 6 agregado por IF-2021-94063485-APN- DTD”JGM) se hace constar que la actividad principal de la sociedad recurrente es la de elaboración de aceite de oliva, y que el cargo se origina en el análisis de un grupo de contribuyentes con signos de apocrificidad con quienes la recurrente habría realizado operaciones, iniciándose la fiscalización respecto del cómputo del crédito fiscal consignado en las facturas emitidas puntualmente por la Cooperativa Agropecuaria y de Consumo Proajo Ltda. y el Sr. Hugo Fabián Reta.
Del cotejo la documentación aportada por la actora, la respuesta brindada por el Banco San Juan SA que fuera circularizado y el resultado de las órdenes de intervención iniciadas a los proveedores referidos, es que el Fisco expone las irregularidades observadas dando como resultado que fueran incluidos en la Base Apoc del organismo con el carácter de “usinas de venta de facturas”. Así se hace constar respecto de cada uno de ellos lo siguiente: a) Hugo Fabián Reta: en base a la Orden de Intervención n° 1676920, los inspectores comprobaron que se encuentra inscripto en las actividades de venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas n.c.p y venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva, haciendo notar que se inscribió en setiembre de 2015, que el domicilio fiscal declarado es el de la casa habitación donde reside, no posee bienes inmuebles, maquinarias, vehículos registrados, que serían necesarios para desarrollar las actividades detalladas en las facturas emitidas, haciendo notar que si bien declaró en acta ante funcionarios fiscales que su actividad principal es contratista de mano de obra agropecuaria, venta de aceitunas y pasto de alfalfa no pudo justificar de ninguna manera la actividad real que desarrolla.
Se expone que no determina ni efectúa pagos acordes a los volúmenes facturados, los ingresos consignados en sus declaraciones juradas de los impuestos al valor agregado y a las ganancias son inconsistentes con los montos facturados y las acreditaciones bancarias informadas por las entidades financieras, no posee consumos relevantes informados al organismo fiscal que hagan presumir la adquisición de los bienes que dice vender, no posee empleados en relación de dependencia desde junio de 2016, no posee acreditaciones bancarias informadas en el período marzo de 2016 que permita efectuar una trazabilidad a las operaciones bajo examen ni a los pagos por las supuestas ventas y/o prestaciones de servicios, las cuentas bancarias no son utilizadas por él para desarrollar sus actividades económicas sino que fueron prestadas a terceros (vide fs. 305/316, Cpo.
Anexo proveedor apócrifo Hugo Fabián Reta, IF-2021-87960336-APN-DTD#JGM) También se hace notar que de la base de datos de AFIP, surge que emitió facturas electrónicas por actividades como “Jornales de cosecha”; Postes, alambre dulce y guano de cabra”; “Pintura látex exterior y membrana”; “Poda”; “Viajes”; “Alquiler de salón para eventos culturales”. Que como resultado de ello, se incluyó al Sr. Reta en la base de contribuyentes no confiables de AFIP-DGI bajo la siguiente caracterización: “Sin capacidad financiera”; “Con resistencia pasiva a la fiscalización”; “Sin capacidad económica”; “Usina de única actividad venta de facturas”.
b) Cooperativa Agropecuaria y de Consumo Proajo Ltda.: fue fiscalizada en el marco de la Orden de Intervención N.° 1676893. Se indica que no pudo localizarse a su representante legal o apoderado, el domicilio fiscal coincide con el lugar donde reside el Sr. Hugo Fabián Reta con su familia, no posee bienes registrables a su nombre, no posee acreditaciones bancarias informadas por las entidades financieras desde el año 2013, lo que imposibilita seguir una trazabilidad a los servicios supuestamente prestados, no se pudo vincular de manera societaria o de representación entre esa cooperativa y los Sres. Reta y Maldonado que figuran como endosantes de los cheques emitidos por Sol Frut SA. Se encuentra cargada en la base e-Apoc como fecha de detección el 01/01/2012. Asimismo, de la documentación requerida a la Dirección Provincial de Cooperativas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la provincia de San Juan, surge un registro del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), donde se hace constar que la citada Cooperativa incumplió la Resolución 3369/09 de dicho organismo lo que implicó el retiro de la autorización para funcionar impuesta a la verificada por Resolución INAES 8301/2012. Entonces, la rubrada no posee autorización para funcionar como cooperativa desde el año 2012 (vide fs. 99/100 y fs. 206/212 Cpo. Anexo proveedor apócrifo Cooperativa Agropecuaria y de Consumo Proajo Ltda agregado como IF-2021-87961226-APN-DTD#JGM).
Asimismo, de la base de datos del organismo se detectó la existencia de facturas electrónicas emitidas por la entidad fiscalizada por los siguientes rubros: “Servicio de vigilancia y logística”; “Servicio de Zanjeo”; “Ladrillones”; “Mano de obra construcción”; “Cosecha y clasificación de alcaucil”; “Servicio de desmonte”; “Pasas de uva”. Frente a ello, se dispuso la carga en la base E-apoc, bajo los rótulos “Con resistencia a la fiscalización”; “Sin Capacidad Económica”, “Sin Capacidad Financiera”; “Con irregularidades en la cadena de comercialización” y “Usina de única actividad venta de facturas”.
Respecto al circuito de pagos, la inspección señala que en la mayoría de los casos, los cheques emitidos a favor de los proveedores, en ningún caso fueron depositados o cobrados por ventanilla, sino que fueron entregados a terceros y que en el caso de los cheques librados a favor de Cooperativa Agropecuaria y de Consumo Proajo LTDA fueron endosados por los Sres. Hugo Fabián Reta y Ángel Gustavo Maldonado, no comprobándose vinculación societaria alguna entre éstos sujetos.
Con relación al transporte de la mercadería para perfeccionar la operación comercial, se comprobó que se llevaba a cabo por los choferes Antonio Giménez y Vicente Castro con vehículos pertenecientes al Sr. Juan Carlos Linares Rivas, inscripto bajo el rubro de “servicio de transporte de carga”, sin declarar empleados a su cargo, visualizándose inconsistencias entre los propietarios y los choferes de los rodados en cuestión. Que además, se constató que se utilizaron patentes de otros rodados que son propiedad de los Sres. Orlando Sánchez y Sergio Montero, no registrándose presentaciones de declaraciones juradas de Ganancias, IVA ni de Seguridad Social. Que en conclusión, sobre la base de la información obrante en los legajos de inspección, la fiscalización actuante concluyó que las operaciones fueron facturadas por proveedores apócrifos, constituyendo simulaciones por “interpósita persona”, atento a que si bien la contribuyente fiscalizada efectuó la compra de bienes, no pudieron haberse adquirido a los proveedores observados. Por tanto, los comprobantes registrados, configuran una simulación con el sólo efecto del cómputo del crédito fiscal.
Que por todo lo expuesto y de conformidad con las disposiciones del Artículo 12 de la Ley del gravamen, atento a que no pudo comprobarse, respecto de los diferentes proveedores detallados, el perfeccionamiento de cada hecho imponible, la fiscalización actuante procedió a impugnar los créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado.
V. La recurrente funda sus agravios en que al momento de la celebración de la operatoria comercial cuestionada, ha cumplimentado la verificación de los requisitos formales exigidos por el Fisco Nacional considerándolos habilitados para comercializar, sosteniendo que los proveedores impugnados se encontraban debidamente inscriptos ante la AFIP y que al momento de su contratación no estaban incluidos en la base de proveedores apócrifos.
Cabe señalar que el Fisco no discute que los bienes (aceitunas) se adquirieron y fueron procesados y utilizados para la elaboración del aceite que la actora comercializa, sino que lo que aquí se cuestiona es que las operaciones por las que se computó el crédito fiscal no se concretaron con los proveedores impugnados, por carecer éstos de capacidad económica, operativa y financiera para tal actividad, lo cual compromete su real existencia y, en consecuencia, no se habría configurado respecto de ellos el hecho imponible. Es en razón de las inconsistencias detectadas por el Fisco Nacional que le corresponde al recurrente arrojar luz sobre dichos negocios y acreditar la veracidad de los mismos.
Que según lo expuesto, debe tenerse presente el último párrafo del artículo 12 de la ley del Impuesto al Valor Agregado establece que: “En todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles…”. Que a ello debe añadirse que el Tribunal ha dispuesto que “no procede el cómputo del crédito fiscal solo por la facturación ya que ésta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado…” (cfr. Forestal Futaluefú S.A. sentencia del 21/05/1993). Ello así, que en esta instancia, resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos (conf. Art. 377, C.P.C.C.N.), cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su posición jurídica (Fallos: 331:881). Que es en ejercicio de su derecho de defensa que la actora debe acreditar la veracidad de sus dichos toda vez que dicha parte es la que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo, teniendo en cuenta que las inconsistencias colectadas por el Fisco poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda que fue con la proveedora impugnada con quien operó y no con terceros (cfr. "Molla, Pedro José", TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007).
En tal sentido, corresponde referirse a las pruebas producidas en estas actuaciones.
Que la actora pone especial énfasis en las manifestaciones brindadas por el Sr. Hugo Reta ante Escribano Público (vide fs. 1265/1266 Cpo. principal 7-IF-2021-87966923-APN-DTD#JGM e IF-2021-87958594-APN- DTD#JGM), con fecha 23 de octubre de 2019, que es aportado como prueba en ocasión de responder la vista que dio inicio al procedimiento determinativo. Allí el nombrado dice que reconoce la venta de aceitunas a granel y que las habría adquirido de la Cooperativa Agropecuaria y de Consumo Proajo Ltda. indicando “que el principal proveedor de la cooperativa es el Sr. Juan Carlos Linares (Crismar SRL)”, cuando de los elementos colectados por el fisco, el citado figura como un mero transportista de la mercadería vendida a Sol Frut SA. Expone en dicha declaración que “en todo momento actué como intermediario en las operaciones a fin de continuar con el negocio... por esa razón, algunos de los cheques pagados por la empresa Sol Frut SA a la Cooperativa fueron endosados por mí”.
Cabe remarcar que ninguno de sus dichos se encuentra avalado por documentación alguna, a pesar de habérsele requerido por los actuantes en la fiscalización a él realizada, a lo que se agrega las inconsistencias entre lo allí expuesto y las constancias colectadas por la inspección como la ya referida al Sr. Linares y que en algunos de las copias de los cheques aportados por el Banco San Juan SA se observa que en los endosos efectuados en los cheques librados a la Cooperativa, el Sr. Reta aclara su firma como “ Por Coop. A y C Proajo Ltda. Hugo F. Reta Presidente” (sic, fs. 129 Cpo. 1 IF-2021-87966923-APN-DTD#JGM).
En tal sentido, cabe recordar que las manifestaciones realizadas ante el escribano, otorgan a esos dichos valor formal pero no material, tal como ha sido puesto de relevancia en la resolución atacada, ya que el funcionario certificante no puede dar fe de la efectiva realización de la operatoria a la que el dicente hace alusión. Al respecto de la declaración del proveedor que la actora acompañó como prueba documental, no resulta concluyente pues se trata de “...hechos simplemente relatados por las partes al oficial público, quien no garantiza el grado de verdad que ellos encierran...”, cf. Palacio, Lino Enrique, “Manual de Derecho Procesal Civil”, vigésima edición, p. 361, Abeledo Perrot, 2010. Asimismo, debe tenerse en cuenta que “...las declaraciones provenientes de terceros -a diferencia de las provenientes de las propias partes que pueden conformar una confesión extrajudicial-, para revestir el carácter de prueba testimonial, necesariamente habrán de prestarse ante un juez o funcionario autorizado para recibirlas, con tales fines y para un concreto proceso, por lo que el "testimonio" prestado antes o fuera del proceso no será esa prueba, más allá de que pueda ser considerada por algunos como prueba indiciaria - así cuando los testigos declararon ante un escribano público, o ante la policía con relación a hechos anteriores que dicen haber percibido-; singular "conversión" probatoria que no compartimos, pues supone el trastocamiento de todas las garantías del debido proceso legal (inclusión o exclusión en las generales de la ley, el derecho a repreguntar al testigo, el deber de veracidad, etc.)” (Kielmanovich, Jorge L. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Lexis Nexis, 2007). Que en este caso si bien tuvo oportunidad de ofrecer como prueba ante esta instancia jurisdiccional el testimonio del Sr. Reta, lo cierto es que no lo hizo.
En cuanto a la Cooperativa Agropecuaria y de Consumo Proajo Ltda., no puede pasarse por alto que la misma no tenía la habilitación por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para operar desde el ejercicio 2012, lo que sumado a las inconsistencias advertidas por la fiscalización (no se localizó representante legal ni apoderado, la coincidencia en el domicilio fiscal declarado con el del Sr. Reta, que los endosantes de los cheques fueron exclusivamente los Sres. Reta y Maldonado que no tienen vinculación alguna con la misma, etc.), sin que la firma apelante indicara a quien le entrega los cartulares más allá de que fueran emitidos a nombre de la Cooperativa, a lo que se agrega que estaba inscripta en actividades disímiles entre sí y que nada tenían que ver con la consignada en los comprobantes impugnados (vide fs. 99/100 y 206/212 Cpo. 1y 2 anexo proveedor apócrifo Cooperativa Agropecuaria y de Consumo Proajo Ltda., IF-2021-87961226-APN- DTD#JGM).
En cuanto a la prueba pericial contable, del informe que obra en autos (incorporado mediante la IF-2022- 42326057-APN-DTD#JGM) los expertos manifiestan que las facturas se encuentran contabilizadas por la recurrente y que el medio de pago utilizado para cancelar las facturas objetadas ha sido cheques emitidos por la sociedad -según detallan en el anexo II que acompañan- contra la cuenta del Banco San Juan, que dichas órdenes de pago corresponden al total de la factura, no obstante ello, el perito propuesto por el Fisco Nacional destaca que con la documentación aportada y cotejada no puede determinarse quienes habrían sido los beneficiarios de los cheques que allí se detallan (puntos a), b) y c) Además, informan que de la compulsa de la documentación relevada hubo retenciones exteriorizadas por la actora vinculadas a la RG 830/00 -adjuntando como respaldo de la tarea el anexo III- (punto d). Realizan también el detalle de las mercaderías y cantidades que representan las compras de aceituna respecto de las operaciones cuestionadas, haciendo un detalle de ellas -anexo IV-, haciendo notar el perito del Fisco que para dar cumplimiento a este punto debería hacerse un relevamiento de la totalidad de los comprobantes de compra y no solo la de los proveedores objetados, que sin perjuicio de ello, del relevamiento de las facturas dice desconocer si resulta de manera indistinta para la fabricación del aceite de oliva -por exceder el conocimiento de la labor encomendada- la variedad de aceitunas que se indican, a lo que agrega que la actora tiene plantaciones propias y a fin de ocupar una pequeña parte que representan su capacidad ociosa por no poder autoabastecerse, realiza compras a terceros, entendiendo que para responder acerca del porcentaje que representan las cantidades las compras objetadas respecto del total de compras del mismo período, debería tomarse la relación de kilogramos de compras impugnadas con las totales más los kilos de propia producción (punto f)
Con relación a si a la firma recurrente le hubiera sido posible vender las cantidades declaradas y registradas sin computar las cantidades compradas que fueran impugnadas por tratase de facturación apócrifa el periodo de la actora informa por cada período los porcentuales que resultarían muy significativos, mientras que el perito designado por el ente fiscal remarca que las ventas no solo tienen como respaldo las compras de aceitunas a terceros sino principalmente las de su propia producción, por lo que considera que no puede responder este punto como si se tratara de productos que se compran y se venden en el mismo estado en que fueron adquiridos sino que debe tenerse en cuenta el rendimiento en la transformación para arribar al producto terminado, esto es si hubo mermas o desperdicios y en consecuencia -dice- que no adhiere al anexo IV (punto g) de la pericia). Que dicha pericia fue objeto de impugnación tanto por parte de la recurrente como de la representación fiscal (vide IF-2022-45017104-APN-DTD#JGM e IF-2022-48783421-APN-DTD#JGM, respectivamente).
Que la apoderada de la actora objeta las consideraciones efectuadas por el perito de la contraria por entender que las mismas exceden el análisis formal de los comprobantes de las operaciones bajo análisis y se refiere a cuestiones de fondo, poniendo en tela de juicio cuestiones que no han sido observadas en la determinación de oficio (vg que las facturas y pagos comprenden el IVA) y pone en duda el carácter significativo de los porcentajes del total de compras de las distintas variedades de aceitunas según el listado aportado por la firma, cuando en su caso debió solicitar los elementos que entendiera pertinente para responder lo requerido. Plantea también la falta de razonabilidad de la postura del citado perito al responder el punto referido al análisis del total de las aceitunas compradas por Sol Frut SA, sin que se haya invocado la necesidad de evaluar también los kilos de propia producción en tanto en los períodos bajo examen la firma no poseía producción propia por no tener campos implantados, aclarando que los únicos inmuebles de los que era titular correspondían a la planta de aceite y la de alimentos, haciendo notar que tales datos surgen de los Estados Contables que adjunta, considerando así que el perito se extralimitó en su tarea.
Que por IF-2022-49712238-APN-DTD#JGM el perito designado a propuesta del Fisco responde al traslado que le fuera corrido de tal presentación. Allí, previo a todo, expone que como último punto de la pericia ha sido la propia actora quien solicita a los peritos que informen cualquier otro dado que juzguen relevantes para la resolución de la causa por lo que entiendo que no puede tildarse a sus respuestas como inapropiadas. Sobre lo expuesto acerca de que no tiene conocimiento de quienes fueron los que cobraron los cheques sus dichos obedecen a que las fotocopias de los cheques que le fueron exhibidos no contaban con el reverso de ellos, reiterando que el importe de dichas órdenes de pago corresponden al total de la factura pero por ese solo hecho no puede afirmar que dentro de ese concepto se encuentre el IVA. En cuanto a los porcentajes referidos a las compras dice que más allá de que solicitó la totalidad de los comprobantes de compra no le fueron exhibidos por no contar con ellos y reitera lo expuesto en el informe presentado.
Que por su parte, el ente fiscal impugnó los dichos del perito de la actora en los puntos a) y c) argumentando que las respuestas son parciales y no condiciona su conclusión a las resultas del análisis que el Tribunal Fiscal realice una vez valorada la prueba y analizando los antecedentes, y que realizó afirmaciones sobre comprobantes que están cuestionados. Asimismo, observa lo expresado al responder el punto f) indicando que el Anexo IV considera de manera distinta a los diferentes tipos de aceitunas sumándolas entre sí como si todas se trataran del mismo bien y arrojaran el mismo producto terminado. Finalmente impugna la respuesta dada al punto g) debido que no contempla que las ventas se nutren de las compras a terceros y en mayor medida de la propia producción. Que de dicho escrito se le corrió traslado al perito de la parte actora, quien por IF-2022-52448762-APN- DTD#JGM manifestó que condicionar su labor a resultas del análisis que haga este Tribunal implicaría inmiscuirse en la cuestión netamente de fondo que no le corresponde, negando que las respuestas brindadas a los puntos a) y c) sean parciales. Sobre el punto f) dice que para obtener los porcentajes comparó aceitunas de un tipo determinado que son las obtenidas de los proveedores objetados respecto de los otros que comercializaban la misma variedad, ajustando su respuesta a lo requerido. En cuanto al punto restante, dice que de la documentación compulsada no surge que la empresa haya tenido producción propia durante los períodos en estudio. Sobre las impugnaciones referidas y las manifestaciones vertidas por los peritos, cabe señalar que, no puede admitirse que se objeten las respuestas cuando los expertos sustentan sus dichos en la documentación y registros que le fueran exhibidos (vg que no tuvieron la vista el dorso de los cheques), sin que le corresponda dar una opinión subjetiva al respecto y mucho menos supeditar su respuesta a otros elementos que no ha tenido a la vista y sobre lo que no fueron llamados a responder (vg actuaciones administrativas), como así tampoco debe tenerse en consideración al momento de resolver la presente las manifestaciones que realicen sobre cuestiones que han sido motivo de debate por parte del juez administrativo (vg. el hecho de que el IVA esté incluido o no en las facturas y si los montos de los cheques reflejan tal importe).
En cuanto a las objeciones que se hizo sobre los porcentajes de compras y ventas totales o parciales, debe destacarse que no es motivo de discusión en autos si las mercaderías (aceitunas) fueron efectivamente adquiridas para que se pudiera llevar a cabo la producción de aceite que luego vendió, como así tampoco si el porcentaje de compras de tal producto es razonable o no respecto de las ventas, al igual que la cuestión suscitada con relación a si Sol Frut SA tenía producción propia o no en los períodos en crisis (tema éste que no ha sido motivo de debate en autos más allá de las divergencias emanadas a partir de la pericia contable en estudio), puesto que el Fisco admitió que la recurrente efectuó la compra de esos bienes, y lo que este Tribunal está llamado a resolver en los presentes autos es si los comprobantes con los que se intenta respaldar el crédito fiscal computado, son válidos en tanto y en cuanto los proveedores que los emitieron hayan sido los que efectivamente realizaron esa operatoria y no otros.
Al respecto se ha sostenido que el juez tiene la plena facultad de establecer el valor probatorio de la pericia, y estimar la fuerza probatoria no es otra cosa que verificar los juicios del experto mediante un análisis lógicognoselógico de este fenómeno que se denomina peritaje y del seno del cual surgen los juicios que constituyen el dictamen (conf. CNEsp. Civil y Com., sala IV, agosto 31-1983, ED, 107-356). La fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser apreciada por el juez en concordancia con las leyes de la sana lógica y demás pruebas. En tal sentido, el informe pericial ordenado en autos no aporta mayores elementos a la causa, ello por cuanto la misma se encuentra dirigida a probar la existencia de las operaciones, hecho que no se encuentra controvertido puesto que el mismo Fisco Nacional -como se dijera- reconoce que debió adquirir la mercadería para producir el aceite que luego fue vendido. No obstante ello, la misma la misma no resulta hábil para demostrar fehacientemente que los sujetos objetados por el Fisco Nacional hayan sido quienes intervinieron en las operaciones cuestionadas. En otras palabras, la prueba producida no es conducente para rebatir las conclusiones a las que arriba la demandada, en tanto la administración fiscal desplegó una minuciosa tarea que le permitió acreditar la falta de vinculación de la documentación aportada por la recurrente con la proveedora que figura en ellas (cfr. CNACAF, Sala I in re “Smurfit Kappa de Argentina SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 17 de mayo de 2016).
Que tampoco se ha dilucidado debidamente el circuito de pagos -más allá del detalle que hacen los expertos contables sobre los números de cheques, montos y fechas de emisión-, atento la objeciones planteadas por el organismo recaudador, con lo cual de ningún modo han quedado acreditadas las operaciones cuestionadas (cfr. Sala IV de la Alzada in re “Tecnobra S.A.”, sentencia del 15 de abril de 2014, que confirma el criterio de esta juzgadora plasmado en el decisorio de fecha 17 de septiembre de 2012).
Que he venido sosteniendo que nadie puede invocar el derecho a computar un beneficio tributario sobre operaciones cuya veracidad se encuentra ciertamente dubitada por las inconsistencias e irregularidades detectadas, máxime si tal pretendido beneficio se relaciona con un crédito fiscal o un gasto que se presenta justificado en una causa cuya real existencia no ha sido debidamente acreditada. Ello así, los datos colectados durante la fiscalización y plasmados en el acto apelado vislumbran un razonamiento congruente sobre la inexistencia de los proveedores, situación que escapa de la mera existencia de incumplimientos formales por parte de un tercero como sostiene la recurrente (cfr. Sala I de la Alzada, in re “Las Tres Mulitas, sentencia del 9 de diciembre de 2015).
Que, como lo explicara Devis Echandía, “cuando se habla de apreciación o valoración de la prueba se comprende su estudio crítico en conjunto, tanto de los varios medios aportados por una parte para demostrar sus alegaciones de hecho, como de los que la otra adujo para desvirtuarlos u oponer otros hechos...' (cfr. 'Teoría general de la prueba judicial”' - T. I. - pág. 287), dicha actividad valorativa, en suma, es lo que se ha dado en llamar el método reconstructivo de apreciación conforme las reglas de la sana crítica.
Por otra parte, el hecho de que los proveedores verificados fueran cargados en la base del Organismo como contribuyentes apócrifos con posterioridad a la fecha en que se realizaron las operaciones no reviste real trascendencia, puesto que la inclusión o no de los mismos en la citada base, no comporta un factor determinante para comprobar la verosimilitud de las operaciones involucradas. Así, que las facturas impugnadas en apariencia y/o extrínsecamente parecieran correctas, no implica que las operaciones que ellas reflejan hayan sido efectivamente realizadas por los proveedores involucrados, máxime cuando tampoco pudo desvirtuar las anomalías referidas a los pagos realizados (Cfe. CNACAF, Sala IV, sentencia del 18/2/2014, “CBC Asociados SRL”).
Al respecto, la Alzada ha dispuesto que el acaecimiento del hecho en cuestión tiene su origen en el momento en que la actora sustenta sus pruebas rendidas en “...las copias de las facturas, comprobantes del pago y registraciones contables de la actora, las mismas resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en las circunstancias más arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas...” con los proveedores impugnados (CNACAF, Sala II, “Colinas de Paz SA (TF 22.185-I) c/DGI, sentencia de fecha 4/10/2012);
Que el Cimero Tribunal se ha expresado in re "Ferretti, Félix Eduardo" (sentencia del 10 de marzo de 2015) respecto a la procedencia del cómputo del crédito fiscal "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles .... Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el casode los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó".
En el presente caso es la concurrencia de varios factores, precisos y concordantes, los cuales han sido expuestos a lo largo del decisorio, los que llevan a formar la convicción de hallarse en presencia de operaciones fraguadas por la apelante para disminuir la carga fiscal que le corresponde soportar, razón por la cual corresponde admitir el criterio seguido por el ente fiscal en el acto apelado.
VI. Que cabe pronunciarse en este punto sobre el planteo que formula la actora en su recurso respecto del cómputo de retenciones No obstante lo decidido en cuanto a la impugnación de las operaciones, no puede pasarse por alto que surge del informe contable que se efectuaron retenciones en el IVA, las que no fueron desconocidas por el Fisco. Esta juzgadora considera que procede el cómputo de aquellas retenciones debidamente ingresadas por el retenedor contra el impuesto ajustado por el Fisco, atento que la confirmación de los ajustes practicados no puede abarcar la impugnación de aquellas retenciones que han sido efectivamente realizadas y acreditadas, aún cuando no se haya justificado la operatoria a la cual refieren. Que una conclusión contraria importaría una doble percepción impositiva (parcial) del impuesto involucrado en dichas operaciones por parte del Fisco Nacional, importando, ello, un verdadero enriquecimiento sin causa de la administración (criterio expuesto por la suscripta in re “Golden Peanut”, sentencia del 26 de junio de 2018)
Que resulta oportuno traer a colación que la Corte Suprema de Justicia señaló in re “Compañía Argentina de Granos SA c/AFIP (DGI) s/contencioso administrativo – varios”, fechado el 11 de marzo de 2021, relativo a la demanda de repetición de importes ingresados por la citada compañía al Fisco Nacional en concepto de retenciones del impuesto al valor agregado (IVA) por las compras de cereal realizadas a ciertos proveedores, que el ajuste fiscal no se fundó en la declaración de inexistencia de las operaciones sino en la impugnación del cómputo del crédito fiscal originado en ellas.
En efecto, puntualizó “En primer lugar, porque reconoció en su escrito de demanda que había realizado operaciones de compra de cereales a productores agropecuarios en el período 12/2001 a 12/2007 -que generaron créditos fiscales en el IVA que fueron computados en sus propias declaraciones juradas del impuesto- respecto de las cuales practicó las retenciones del citado tributo en oportunidad de pagarle a sus proveedores. En segundo orden porque no demostró que la AFIP-DGI hubiera desconocido la existencia de las operaciones observadas en la inspección. Y por último, porque tampoco desvirtuó lo afirmado por el Fisco Nacional en el sentido que la compra de los granos por parte de CAGSA había quedado acreditada mediante la comprobación del circuito físico de las mercaderías. Todo lo expuesto impide considerar que el patrimonio de CAGSA haya experimentado menoscabo alguno como consecuencia de su actuación como agente de retención pues el IVA ingresado al Fisco surgió y fue retenido del precio que oportunamente había pagado por la compra de los granos”
En definitiva se trata de un supuesto distinto al presentado en autos, en el cual el Fisco reputa las operaciones como inexistentes impugnando el cómputo del crédito fiscal.
Asimismo, es dable traer a colación que, la Sala V de la Alzada in re “Cargill SACI c/ EN-AFIP-DGI-RESOL 7/12 s/Dirección General Impositiva” (sentencia del 9 de febrero de 2021) expresó que constituye un principio general del derecho que los pagos indebidos o sin causa o con causa inválida dan derecho a la devolución de lo pagado; y si la causa del pago de tales retenciones consistió en la realización de operaciones que, con posterioridad, el Fisco consideró inexistentes, no se explica cuál sería el título en virtud del cual puede pretender apropiárselo.
Recientemente la Procuradora General se ha expedido en la causa citada en el párrafo precedente (dictamen del 23 de marzo de 2023), señalando que habiendo quedado fuera de debate la inexistencia de las operaciones cuestionadas ante la impugnación del Fisco, ello conducía a la desaparición de la causa fuente tanto del crédito fiscal - criterio propiciado por el Fisco Nacional- como de la obligación de retener adosada a ella, quedando así en evidencia que el ingreso al erario de este último concepto es infundado.
En tal inteligencia, se expresó: “que una solución contraria a la propiciada por el a quo conduce a resultados absurdos, porque subvertiría la finalidad para la cual fue establecido el régimen de pago a cuenta mediante la retención en la fuente. Ello es así, pues esa detracción debe ser realizada por el agente en cumplimiento de un mandato legal, como consecuencia de la operación que hace nacer la obligación de retener, respecto de fondos que no le son propios sino que pertenecen "a quienes les han detraído el impuesto al efectuarles un pago” y es imputada “al contribuyente que la soporta” (dictamen vertido en la causa registrada en Fallos: 306:1548)”. Por lo expuesto, corresponde que el Fisco Nacional reliquide el IVA en la medida de las operaciones impugnadas, asignando a las mentadas retenciones el carácter de ingresos a cuenta de lo determinado (cfr. TFN “Ciccone Calcográfica SA” -Sala C- del 19/12/2003).
VII. Sobre el cálculo de los intereses resarcitorios, debe remarcarse que la aquí recurrente no ha expresado agravio alguno contra su imposición ni su cálculo. Que ello así y teniendo en consideración que los intereses resarcitorios constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. De conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, "la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio".
Que la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen, como en el presente, torna procedente la aplicación de este tipo de intereses. Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, permite descartar sin más los agravios expuestos por los recurrentes. (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005)
Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Cittibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor que deben ser restrictivamente resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
Que en virtud de todo lo expuesto, procede confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios intimados, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), ello en la proporción del ajuste confirmado.
VIII. Que resta pronunciarse respecto de las multas aplicadas en el acto determinativo y en la Resolución N° 36/2021, graduadas en tres veces el tributo dejado de ingresar, ello con fundamento en lo establecido en los artículos 46 y 47 inciso b) de la ley de rito.
Sobre las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, exigen que el Ente Recaudador acredite no solo la conducta omisiva del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos, es decir que debe probar el soporte factico de la presunción de dolo, el que debe ser cierto y no meramente conjetural. Una vez probado el mentado soporte, luego se infiere la conducta dolosa; empero, la vinculación entre el soporte fáctico y el hecho presunto, tiene que ser unívoca, sin margen razonable para una consecuencia distinta (cfr. “Ramazzotti, Raúl Enrique s/apelación”, 24/04/98).
Que demostrado el elemento objeto del ilícito, las presunciones establecidas en el artículo 47 admiten prueba en contrario y en tal sentido es resorte de la actora proponer y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho a fin de desvirtuar las afirmaciones vertidas por el ente recaudador, las que no fueron debidamente rebatidas en el caso concreto.
Del juego armónico de los arts. 46 y 47 surge que debe acreditarse la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Así, corresponde al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales. En definitiva, para tener por configurada la infracción prevista en el artículo 46 resulta necesario la existencia de declaraciones confeccionadas mediante ardid o engaño que, como consecuencia, arrojen una ocultación maliciosa de la liquidación tributaria (CNCAF, Sala I in re “ Mora y Araujo Manuel”, sentencia del 8 de abril de 2014). Que en tal sentido, a tenor de lo reseñado a lo largo del presente decisorio, se advierten maniobras de parte de la recurrente tendientes a ocultar su realidad impositiva frente al IVA, que no hubieran sido detectadas de no mediar la labor de la fiscalización.
Que por lo expuesto, no habiéndose producido prueba que acredite la falta de dolo en su obrar, cabe concluir que las razones y argumentos expuestos por el juez administrativo para aplicar las sanciones bajo examen no han sido conmovidos y resultan suficientemente aptos para fundar el encuadre infraccional como la graduación aplicada, ello en proporción al ajuste confirmado.
IX. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar los actos apelados en cuanto se determina el IVA con más accesorios y las multas aplicadas en los períodos cuestionados en autos, debiendo practicar el Fisco la reliquidación a tenor de lo indicado en el Considerando VIII, esto es respecto de las retenciones efectivamente realizadas por la recurrente según se indica la resolución apelada.
Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
El Dr. Martín dijo:
I. Que comparto el relato de los hechos efectuados en el voto de la Vocal Instructora, como así también los argumentos expuestos en el mismo para confirmar el ajuste practicado, junto con los intereses resarcitorios exigidos y las multas aplicadas.
II. Sin perjuicio de lo cual, no comparto lo decidido en el Considerando VI y remito a lo manifestado por el suscripto en la causa N° 35.573-I caratulada “Golden Peanut Argentina S.A.” del 26/06/2018, la que se reproduce a continuación (confirmada por la Sala II de la Alzada mediante sentencia de fecha 23/05/2019). “…lo que aquí se cuestiona es que los proveedores emisores de las facturas no tenían la capacidad operativa, económica y financiera para haber llevado adelante dichas operaciones. No obstante, el reconocimiento de que la compra…existió subyace que la operación real de venta fue realizada por otro sujeto distinto que evidentemente no la oficializó, por ende no la facturó resultando entonces, imposible la discriminación del IVA y mucho menos imaginar que las haya incluido en una declaración jurada de IVA y eventualmente pagado al fisco el saldo resultante.
Con el fin de reemplazar esta situación se habría recurrido a “proveedores apócrifos”, con facturas apócrifas, discriminación del IVA apócrifo y pagos que de ninguna manera pueden estar concluyendo una operación real. Para darle aún más visos de realidad la actora ha realizado retenciones, entre otras, sobre el Impuesto al Valor Agregado, que implican pagos a cuenta de lo que en definitiva hubiera debido ingresar el proveedor en concepto de saldo de declaración jurada. Mediante estos mecanismos se desplaza la responsabilidad de ingreso al Fisco desde el vendedor hacia el comprador para asegurar, entre otros fines, el ingreso más o menos inmediato de una porción del impuesto, sin perjuicio que el vendedor luego lo compute a cuenta, disminuyendo de este modo el lapso de tiempo entre la generación del hecho imponible y pago de la operación respecto del depósito a favor de la AFIP. De esta forma se asegura el Fisco que la operación quede parcialmente resguardada por la retención efectuada. El vendedor deberá ingresar el remanente según su propia declaración jurada frente al impuesto, en caso de corresponder.
Y esta descripción es de vital importancia para comprender y rechazar la interpretación de que esa retención en alguna instancia o supuesto pueda ser computada por el comprador, porque si bien el ajuste que propicia el Fisco se limita a impugnar los créditos fiscales en el IVA, en el otro extremo hay un vendedor “real” oculto que no declaró la operación y por ende el débito fiscal.
Si este análisis se efectuara desde la óptica estrictamente jurídica y de la mecánica del IVA, bastaría oponer al reclamo de la recurrente el principio de legitimación esgrimido por el fisco en cuanto a rechazar el cómputo de las retenciones practicadas a los proveedores impugnados e ingresadas contra el propio impuesto determinado por el comprador, atento que se trata de sumas ingresadas a nombre y con dinero de un tercero al haber actuado la recurrente como agente de retención de los contribuyentes retenidos, ya que carece de legitimación para reclamar con relación a tales importes al no integrar la relación jurídica sustancial. (Fallo TFN- Sala A - Votos de los Dres. Buitrago y Perez) Agrocentro Santa Fe S.A. Cons. XIV)
Pero el análisis debe ir más allá. Cobra relevancia recordar los mecanismos propios que contiene la ley del impuesto desde hace más de 40 años, “el cómputo del iva por las compras..., entre otros requisitos, exige su discriminación en la factura. Si esto no se produce aún cuando el impuesto esté incluido en el total de la factura inhibe al comprador a que pueda computarlo como crédito fiscal. Y sin embargo ello no libera al vendedor de ingresar el débito fiscal que se encuentre facturado, aun cuando no estuviere discriminado. Entonces la teoría del enriquecimiento sin causa por parte del fisco no puede sostenerse en el gravamen bajo análisis, porque de su propia operatoria surgen tratamientos que no resultan equivalentes para el vendedor y comprador, ante incumplimientos en los mecanismos previstos en la ley del gravamen. Menos equivalencia vamos a encontrar en una operación que no está facturada, la impugnación del crédito fiscal al comprador (en nuestro caso el recurrente) no libera al vendedor oculto de declarar la operación de venta. Este perjuicio para el fisco se ha podido atenuar, mediante la retención que se hizo sobre la operación ficticia, pero lo que realmente protege en parte al erario público es la operación real llevada a cabo por el proveedor oculto.
Por lo tanto, lejos de pensarse en un enriquecimiento sin causa, el eventual cómputo de las retenciones por parte del comprador estaría desprotegiendo el ingreso parcial que pudo lograrse mediante la retención sobre una operación que se mantuvo oculta. Por ello resulta contrario a la razón y existencia de los regímenes de retención que se intente confundir una deuda tributaria del comprador con un adelanto del vendedor, en cualquiera de sus estados, ficticio o real. Ello no implica una contradicción pues el haber desconocido la operación ficticia ello no conlleva a invalidar la retención como tal, sustentado en que perdió causa o motivación y por ende pueda incorporarse a la contabilidad fiscal del comprador. La causa o motivación es la operación real que se mantiene al margen de la tributación. A ello se suma que si en algunos de los supuestos analizados, el vendedor declaró el débito fiscal y computó las retenciones en su declaración estaríamos, sin más, ante el absurdo de permitir dos veces el cómputo de las retenciones.
Tampoco procede la interpretación que pretenda intentarse respecto que la anulación del crédito fiscal al comprador (recurrente) pueda estar representando todo el impuesto de las etapas anteriores y que ello implicaría liberar todas esas etapas del ingreso del IVA ya que ello va a contramano de lo que persigue no lo sólo la ley de iva sino la propia ley 11.683. En efecto, al regular en su artículo 18 [inc. c), c'), f), g), h)] el régimen de presunciones podemos observar que ante incrementos patrimoniales no justificados, depósitos bancarios que excedan las ventas y/o ingresos, diferencias de producción y/o físicas de inventarios, etc, el impuesto que se determine no generará ningún crédito fiscal.
Atento el análisis que se ha efectuado desde los puntos de vista, tanto fiscal como económico y jurídico, donde se tiene en cuenta la motivación de los regímenes de retención, la operación que se buscar captar y proteger, el asegurar el ingreso del impuesto al fisco en operaciones que intentan eludir el sistema de tributación y por todo lo expuesto en los párrafos que anteceden; queda de manifiesto el perjuicio que se le crearía al fisco si se permitiera confundir la deuda de la actora en concepto de créditos fiscales impugnados con un crédito por retenciones que no le es propio”.
III. Que a mayor abundamiento, la Corte Suprema de Justicia en sentencia dictada el 11 de marzo de 2021 en la causa “Compañía Argentina de Granos SA c/AFIP (DGI) s/contencioso administrativo – varios” en la que la empresa inició la repetición de las retenciones realizadas en el momento de efectuar los pagos de las operaciones objetadas, sostuvo, ante la inequívoca existencia de las operaciones, como en el presente caso, que “una solución contraria que hiciese lugar a la demanda de repetición significaría un enriquecimiento sin causa de la empresa aquí actora pues incrementaría su patrimonio en la medida de las sumas retenidas en concepto de IVA que gravaron efectivamente las transferencias onerosas de cereales a CAGSA, y cuya titularidad pertenece a los proveedores a quienes en definitiva corresponda adjudicar las respectivas ventas, se trate de los productores fictos o de los ocultos, según la tesis fiscal. Por tal motivo, carece de sustento el planteo de la actora dirigido a señalar que el eventual rechazo de su pretensión pueda conducir a una injusta falta de aprovechamiento del IVA retenido e ingresado por sujeto alguno, dando así lugar a un enriquecimiento sin causa del Estado Nacional, pues nada impediría a los referidos productores que se consideren con derecho para comparecer por la vía pertinente a fin de demostrar que son quienes efectivamente soportaron las retenciones y a quienes correspondería efectuar la imputación de su pago de acuerdo con las previsiones legales correspondientes.”
IV. Que ello así, cabe confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
El Dr. Magallón dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Martín.
Del resultado de la votación que antecede, por mayoría,
SE
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $580.677 (pesos quinientos ochenta mil seiscientos setenta y siete) equivalente a 28,20 (veintiocho con 20/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $1.451.692 (pesos un millón cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos noventa y dos) equivalente a 70,49 (setenta con 49/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en el Expediente número EX-2020-12164269-APN-SGAI#TFN, conforme Ley 27.423, Acordada N°29/2023 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $220.917 (pesos doscientos veinte mil novecientos diecisiete) equivalente a 10,72 (diez con 72/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $552.293 (pesos quinientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y tres) equivalente a 26,81 (veintiseis con 81/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en el Expediente que originalmente llevara el número EX-2021-78618651-APN-SGAI#TFN y el resultado obtenido en el punto primero, como así también en la sentencia de fecha 1 de junio de 2022, conforme Ley 27.423, Acordada N°29/2023 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Regular los honorarios del contador Mauricio Olijavetsky por su desempeño en autos como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $520.874 (pesos quinientos veinte mil ochocientos setenta y cuatro) equivalente a 25,29 (veinticinco con 29/100) UMA la que queda a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la labor pericial realizada conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°29/2023 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
5. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2023.12.07 09:56:43 -03:00 Digitally signed by Armando Magallon Date: 2023.12.07 14:38:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Daniel Alejandro Martín Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.07 14:53:48 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.07 14:53:49 -03:00
Fin de la sentencia