Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón · Causa 354
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar por MAYORÍA, que resulta procedente la convocatoria a Acuerdo Plenario peticionado por el representante del Ministerio Público Fiscal.-
II. Declarar por MAYORÍA, que resulta improcedente que se disponga el registro en audio y video de la evaluación psicológica previa a la declaración testimonial de un menor de edad. Rigen arts.37 inc B) de la Ley 5.827, 102 bis del C.P.P., Ley 13.298 y Resolución 908/12 de la S.C.B.A..-
Causa nº 354 A C U E R D O En la ciudad de Morón, a los 03 días del mes de octubre de dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Plenario los señores Jueces integrantes de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, Doctores Adolfo Eduardo Naldini, Sandra Claudia Mingolo, Elisabet Miriam Fernández, Fabián Cardoso, Fernando Gabriel Bellido, Diego Matías Grau, María Rita Bustamante, Aldo Fabián Acosta Argañaraz y María del Carmen Peña, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar resolución en causa nº 354 de este Registro, caratulada: “Solicitud de Acuerdo Plenario en causa seguida contra Sedita, Gregorio Carlos (nº 23107 de la Sala II)”. Practicado en su oportunidad el sorteo de ley, resultó que la votación debía observarse el siguiente orden: PEÑA- GRAU- MINGOLO- BUSTAMANTE- CARDOSO- BELLIDO - ACOSTA ARGAÑARAZ- NALDINI- FERNÁNDEZ.-
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es procedente la convocatoria a Acuerdo Plenario impetrada a fs. 92/93?.-
Segunda: En caso afirmativo, ¿resulta ajustado a derecho que se disponga el registro en audio y video de la evaluación psicológica previa a la declaración testimonial de un menor de edad?.-
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. Peña dijo:
Entiendo que no obstante haber mediado un error en el planteo, razones de economía procesal me obligan a analizar el mismo de manera contextual, y luego de tal faena, la respuesta afirmativa se impone. En efecto, a fs. 91/92 se hizo referencia a que “… la cuestión resuelta por V.S. en el punto II del resolutorio en crisis ya ha sido llevada a consideración del Superior en otros casos y se ha arribado a soluciones divergentes por parte de distintas Salas de la Excma. Cámara…”, haciéndose referencia a las resoluciones pertinentes. Mas a poco analizar las mismas (causa Nro. 22.801 de la Sala II, Nro. 28.328 de la Sala I, y Nro. 19.577 de la Sala III), se advierte que las mismas versan, no sobre lo resuelto en el punto II del interlocutorio corriente a fs. 86/89, sino sobre lo decidido en el punto I del mismo. Y si bien dicha equivocación se reiteró en el escrito agregado a fs. 100 presentado por la Fiscalía General Departamental en los términos del art. 445 del C.P.P., entiendo que el mismo no empece la respuesta que adelanté, por lo que A ESTA PRIMERA CUESTIÓN, VOTO POR LA AFIRMATIVA.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTION: El señor Juez Doctor Grau, dijo:
I.-) Luego de la lectura de las constancias que conforman el presente legajo, más lo expuesto por la colega que me precede en el orden de votación, e inclusive el texto de las resoluciones de las restantes Salas departamentales que habrían emitido decisiones en un sentido opuesto a las dictadas por el Tribunal que integro, pude alcanzar una primera conclusión, la que someteré al Pleno.
En apretada síntesis debo decir que, por los argumentos que a continuación expondré, entiendo modestamente que la convocatoria a plenario deviene improcedente.
Resulta que si bien la autorización a este procedimiento excepcional se haya previsto en la Ley 5.827, desde que contempla la convocatoria a plenario “…cuando un mismo caso Judicial haya sido objeto de resoluciones divergentes por parte de distintas Cámaras o de distintas Salas de una misma Cámara de un Departamento Judicial…” (cfr. artículo 37 de la citada ley), y por tanto una mirada preliminar podría encontrar en su letra la solución a la cuestión, aspectos ligados a la sistemática y adecuación de medios a fines puede dejar en evidencia que tal autorización no sería en todos los casos la forma más adecuada de abordar el problema. Vemos que más allá de no poder privar al juicio del dato objetivo que nos entrega la conjugación de dicha manda con las facultades propias de cada poder de Estado, cuestión que parte de la doctrina ha llegado a mostrar como el sustento de una crítica a esa suerte de autorización a emitir normas de carácter general, la razón que me inclina hacia la conclusión que adelanté se integra –pues en un marco de excepción la necesidad de unificar criterio aparece razonable- también con cuestiones relacionadas con la naturaleza y trascendencia de las decisiones que aparentan ser contradictorias. Resulta que en los casos que generaron el pedido de acuerdo se reclama de la jurisdicción la solución, disolución, y/o resolución de puntos de contactos entre Derechos fundamentales, faena para la que se encuentran autorizados –siendo parte de la esencia misma de la función- los Magistrados, y ello con la necesaria, y hasta diría imprescindible, obligación de considerar cada uno de los aspectos que pueda entregar el caso concreto.
Y esto es así pues “en el Estado de Derecho Constitucional hay una conciencia más generalizada, en cuanto a que finalmente cada caso tiene dificultades propias y que por ello termina exigiendo una atención mucho mayor que el mero conocimiento de las hipótesis fácticas contempladas en la ley” (Cfr. VIGO, Rodolfo Luis, “El Derecho Judicial en el Estado de Derecho Constitucional y Democrático”, en Tratado de Derecho Judicial, Tomo I, Teoría General, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, pág. 24).
Este primer aspecto, de suyo indiscutible, lleva a proyectar que la vigencia de una doctrina plenaria sobre el tópico pueda erigirse en el universo de fuentes como una obligación que no en todos los casos en los que pueda ser aplicada provea a la solución más justa, pues lo natural de un saber práctico prudencial se transformaría en su antítesis, el saber teórico, que si bien pueda contribuir a la seguridad jurídica, de la mano de la previsión sobre el desarrollo de las decisiones de este Tribunal de revisión, operaría en ocasiones como disfuncional para la irrenunciable pretensión de juzgar en base a una recreación de los hechos lo más cercano a la realidad, y ello en un marco de actividad investigativa que mantenga tangible el nivel de disponibilidad del contenido esencial de los derechos de los involucrados. Fijar una norma pétrea sobre aspectos que hacen a la obtención de prueba puede que en algunos casos colabore con alguna idea de orden, pero no es de extrañar que en otros, hasta el propio órgano investigador –que hoy insta la decisión en estudio- vea limitado su alcance a la libertad probatoria que en los nuevos paradigmas se erige como directriz en la búsqueda y valoración de elementos de convicción que permitan saber qué es lo que se está sometiendo a debate.
No puede negarse que ciertas cuestiones, en especial las que transiten lugares confusos de la norma, como aquello que según el aparato conceptual al que el Juez adhiera pueda traducirse en una u otra cosa, encuentre en la doctrina plenaria una forma donde completarse, pero difícilmente podamos aceptar –especialmente en una visión no positivista- que misma conclusión sea pacífica en orden a todo aquello que se construya con premisas que pueden tener contenidos no siempre uniformes, pues de ese modo admitiríamos que la conclusión del silogismo será en alguna oportunidad inválida.
Y esta cuestión, me atrevo a decir, campea más cercana al utilitarismo – por caso aquella ética normativa teleológica- que al peso de lo que en cada caso pretenda ser justo; y la intención de alcanzar siempre esto último es lo que guía este sufragio.
El utilitarismo, en cuanto concepción que pretende el mayor bien posible para la mayor cantidad de personas posible, admite por definición que no siempre habrá justicia para todos los que se pretende, es decir, que en algún caso lo justo no estará al alcance del ciudadano, idea a partir de la que no es difícil concluir que en una cosmovisión que le da al hombre el lugar protagónico, la resignación a que en algún proceso pueda verificarse la afectación de un derecho por una regla genérica nos enfrente a un orden jurídico inacabado.
He hallado que en un sentido que podríamos decir similar, o al menos en el que estas cuestiones aparecen abordadas, que el Sr. Juez del Tribunal de Casación de esta Provincia, Doctor Carral, en su voto en causa 118.333, el que comparto, supo decir que: “…sin perjuicio de la existencia de una doctrina plenaria relacionada con la temática en trato…entiendo que las mismas pueden resultar convenientes a fin de unificar la interpretación jurisprudencial y la consecuente salvaguarda de la garantía de igualdad (art. 16 de la C.N.). No obstante, dicha doctrina no puede estimarse por sobre las normas de rango constitucional, ni limitar al Juez cuando evalúa que la interpretación contenida en el pronunciamiento plenario se aparta notoriamente de la clara letra de la Ley, o cuando subyacen argumentos nuevos no considerados. En tal contexto, el pronunciamiento plenario es en mi opinión un elemento orientador que, no obstante, no puede limitar la intervención del magistrado…”.
Y vemos, en consonancia, que este caso –sumando así razones a los argumentos precedentes- los derechos en juego poseen inclusive rango constitucional y supraconstitucional.
Nuestra función no es otra que encontrar el ámbito razonable de ejercicio de los derechos de los que los involucrados sean titulares, cuestión no siempre sorteable por las reglas, desde que los principios operan en ocasiones con pretensión de corrección de los enunciados normativos que las regulan, especialmente cuando los pormenores del caso, o de la cuestión sometida a estudio, conmuevan lo que en un juicio teórico pueda ser racional y proporcional. Un caso no es igual a otro, una diligencia probatoria no transmite la misma convicción que otra, las realidades de las víctimas tampoco son siempre identificables entre sí, de lo que se colige sin mayor esfuerzo que la pretensa afectación de uno u otro bien solo puede ser considerada seriamente en cada conflicto concreto.
II.-) Otro argumento que me lleva a pensar que la no aceptación del pedido de fallo plenario resulta ajustada a Derecho se deriva de la imprecisión sobre el tema central que generó –legítimamente, lo que aclaro pues no tengo para mí que sea una cuestión que se discuta- la pretensión de unificación de criterios.
Dije, en alguno de los precedentes que motivaron esta convocatoria, que “poco espacio al desarrollo de una reflexión razonable y prudente le daríamos al problema si priváramos a nuestro juicio de algunos detalles que en el universo de lo fáctico reclaman protagonismo. Viene así al caso una cita que, aunque en alguna medida nos plantea algo evidente, merece en ocasiones –como ésta- su destacado, pues de suyo que reducir cualquier faena a una consideración abstracta pueda derivar en una solución injusta. Recordaba entonces que <<…Lo único que determina la esencia y la objetiva rectitud del imperio prudencial, es la realidad, ipsa res, que es la norma única de toda actividad cognoscitiva e imperativa (…) El que ignora como son verdaderamente las cosas no puede en rigor decidir nada justo…>> (MARTÍNEZ DORRAL, José María, “La Estructura del Conocimiento Jurídico”, Universidad de Navarra, Pamplona, 1963, pág 107)”.
La sensatez de dicha afirmación deviene relevante en esta ocasión, o al menos así lo entiendo en este momento, pues, según quien insta, la divergencia en las posiciones de las salas de este Cámara se centra en la autorización, o no, de la registración en audio y video de la entrevista que de práctica se desarrolla en forma previa a la declaración testimonial que bajo formalidades especiales prevé el artículo 102bis del C.P.P. –y que el protocolo elaborado por la SCJPBA promueve se desarrolle inmediatamente antes de la exposición-; empero, a poco de dar lectura a las decisiones de las Salas vecinas, se advierte que los argumentos por los que en general no permiten ese tipo de registración, se sustentan en la afirmación de que la entrevista en si –e interpreto que también aquello que en su consecuencia se instrumente, como ser el informe del profesional que la dirija-, no puede ser considerada como prueba. Vemos, en dicha inteligencia, y en lo que respecta al tópico en cuestión, que mis colegas integrantes de la Sala II de esta Cámara, han sostenido al respecto que no existe normativa vigente que avale video grabación de la evaluación psicodiagnóstica. Asimismo que la resolución 908/12 con su protocolo, establece claramente cuál es la metodología a seguir, donde no sólo no aparece la obligatoriedad de un registro fílmico de la entrevista, sino que se hace referencia a la privacidad que debe regir en la misma. Por ello han considerado que en ningún caso ese paso previo establecido como recaudo para salvaguardar la integridad psíquica del menor, constituye un medio de prueba que eventualmente pueda ser utilizado para elucidar cuestiones de responsabilidad penal, concluyendo que no se puede adicionar requisitos a los ya establecidos en el Protocolo con el sustento de garantizar el derecho de defensa en juicio y contralor de la prueba (ver causa n° 22801 del registro de la Sala II, entre otros).
Por su parte mis colegas integrantes de la sala Tercera, que como dije también se han expedido por la negativa a la video filmación de la evaluación psicodiagnóstica, tras explicar que la única función de dicho acto procesal es la constitución como juicio de idoneidad de un sujeto que se convertirá, procesalmente en prueba. Al respecto han dicho que la entrevista no forma parte, por no tratarse de una prueba en sentido estricto, de las incorporadas al debate, motivo por el cual no habría afectación al derecho de defensa y la cuestionada imposibilidad de revisar un acto cuyo contralor no encuentra amparo normativo. Aclarando además que dicha filmación podría atentar contra el carácter confidencial, íntimo y privado que goza el mismo, donde se cristalizan los principios esenciales de la transferencia en materia psicoterapéutica (ver entre otras, causa n° 19916 del registro de la Sala III). Al respecto, y en otra línea argumental, en mi Sala natural se viene sosteniendo, en las N° 28651, 28451, 28327, 28328 y 28797 –entre otras-, que la video filmación de la entrevista psicodiagnóstica resulta la vía más idónea para armonizar las tensiones entre derechos de jerarquía constitucional, tanto del niño como aquellos relacionados con la defensa en juicio, con la expresa recomendación del resguardo y reserva del material obtenido. Y ello, demás está decir, porque se entendió que el dictamen elaborado en relación a una entrevista como la pretendida, puede integrar el universo de elementos que generen convicción en el Juez interviniente. Es decir, más allá de su naturaleza –si es prueba en sentido estricto o no- los pasajes a través de los que se motive la autorización o recomendación del medio más adecuado para la celebración de la declaración testimonial, es habitualmente –en un marco de libertad probatoria aurtorizada por ley- utilizado como prueba.
Entonces vemos que lo medular de la cuestión en la que se verifican decisiones sustancialmente diferentes, no es otro que en la posibilidad, o no, de utilizar como elemento de valor probatorio ese tipo de informes –los confeccionados en relación a las entrevistas previas aludidas-. Y esto es a tal punto así, que en el voto de mi autoría en los precedentes de la Sala I que integro, se llega a sostener que de no traducirse dicho informe en un medio de prueba, la video filmación sería innecesaria, empero, como se ha demostrado, en varios procesos que cito, que ese no siempre es el caso, el derecho al control de los elementos de cargo, en cuanto precepto imperativo, nos obliga a garantizar su eficaz alcance.
De allí que, sin perjuicio de mediar resoluciones contradictorias entre las Salas, el problema central campea –a la par de lo expuesto en el punto I- por la entidad que en materia probatoria pueda asignársele al dictamen que el profesional en esos casos emita, más no en relación a la registración en sí, pues ello en todo caso debiera ser la siguiente cuestión a tratar, solo para el caso de no disolverse, a la luz de lo que en primer lugar se acuerde, los aparentes puntos en liza.
III.-) Debo mencionar, en otro andarivel, que emerge de la lectura de las disposiciones de la encargada de la investigación, que la situación reinante en estos actuados parece diferir de la que se tiene como presupuesto de la diversidad de criterio que se pretende unificar.
Vemos que en la IPP con la que se relaciona la presente incidencia (cfr. fs. 17/17vta.), que la Sra. Fiscal dispone una pericia psicológico-psiquiátrica, obrando en dicho decreto los puntos a abordar por el Cuerpo Técnico, entre los que se encuentra incluido, al final, la evaluación sobre la pertinencia de la declaración testimonial en los términos del artículo 102 bis del C.P.P..
De este modo se pone en evidencia que, en el caso, se dispuso la realización de una pericia, que como tal –y así acerco otro modo de reforzar lo dicho en torno a las diferencias entre las salas- puede evidentemente traducirse en el proceso como una prueba –inclusive en sentido estricto-, por lo que excede el marco de discusión, pues éste, insisto, se centra en la entrevista que un psicólogo tiene previamente a la celebración –o no, pues puede no aconsejarla- de una declaración testimonial, más no en una experticia como la dispuesta.
Así las cosas es que me atrevo a decir que el objeto de discusión desarrollado en este proceso no se compadece con los que pueda admitirse integran el universo de casos en los que se han verificado criterios contrarios –al menos en lo que hace al punto sometido a tratamiento-, y por lo tanto, no se trata de una causa en cuyo marco pueda habilitarse el plenario que se pretende, pues versa sobre un fenómeno que carece de identificación con el núcleo central de discusión. Es una pericia, más no aquello cuya filmación se transformó en un espacio de conflicto jurídico. IV.-) Finalmente, y porque no decirlo, la posibilidad de que un Tribunal Superior revise lo que aquí se decida -por caso el Tribunal de Casación, que posee como una de sus funciones la unificación de criterios, y cuya creación fue inclusive posterior a la sanción de la ley que autoriza el plenario local-, lleva a relativizar la contundencia y vigencia que pueda pretenderse de una decisión en pleno de este Tribunal.
Por todo lo expuesto, y destacándolo especialmente en el marco de resolver cuestiones tan sensibles como las que se ventilan, me inclino por considerar improcedente elaborar una regla que en materia probatoria pueda ser aplicable a todos los casos por igual.
Resurge de este modo aquella cuestión, en ocasiones olvidada, que nos permite dar crédito a quien sostenga que “El Derecho no debe ser deducido de la regla, sino al contrario, es del Derecho, que existe previamente, de donde se deducirá la regla” (Digesto, De regulis juris 50. 17. 12 –extraído de Villey, Michel, “Compendio de Filosofía del Derecho”, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1979, pág. 107). Y de allí que, a mi juicio, es el Derecho –en cuanto orden normativo integrado no solo por normas, sino por principios y valores- la herramienta a través de la que debieran ensayarse soluciones axiológicamente válidas, que puede en ocasiones promover reglas, más no en el caso donde la vigencia de alguna, como la pretendida, puedan desnaturalizar su causa final.
Por todo ello, en la presente primera cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN, la señora juez doctora Mingolo, dijo:
Que la cuestión traída al plenario de la cámara obedece al pedido que efectuó una de las partes del proceso, por caso, la representante del Ministerio Público Fiscal, Dra. Paula Hondeville, consideración que fue respaldada por la superior jerárquica de la nombrada, Dra. Karina Iuzzolino, cuya motivación encuentra su centro en la discordante interpretación que se recoge en las decisiones adoptadas por las salas de la cámara de apelaciones que integramos en orden a los alcances de la normativa contemplada en el art. 102 bis del C.P.P. y su correlato en el Protocolo de recepción de testimonios mediante el empleo de Cámara Gesell que aprobó la Suprema Corte de Justicia provincial mediante resolución 903/12.
Abastecida la legitimación de la parte que así lo solicita (art. 37 inc. b de la ley 5827), en lo personal, considero pertinente el pedido en tanto que –a pesar del potencial defecto de caso concreto que trae a colación el Dr. Grau- en el fondo la cuestión que suscita la convocatoria al pleno subsiste al existir en lo particular, y por parte de las distintas salas que integran ésta Cámara, criterios en franca divergencia en cuanto a la interpretación apuntada.
En tal sentido, la necesidad de la decisión plenaria se hace evidente dado que la misma tiene por fin último la unificación jurisprudencial en el orden local sobre el punto a decidir y así brindar previsibilidad y certeza para casos futuros, procurando en definitiva resolver las eventuales contradicciones en las interpretaciones del derecho que naturalmente pueden devenir con motivo de la división en Salas de la Cámara, y de esa manera, establecer un orden que permita superar dichas disparidades.
De allí que la aplicación general dentro del ámbito en donde la Cámara ejerce su competencia, resulta obligatoria, en tanto garantiza la igualdad ante la jurisdicción (art. 37 inc. f de la citada norma), pero dicho carácter -que ha suscitado críticas en cuanto a su constitucionalidad- no constituye óbice alguno dado que la obligatoriedad en cuestión resulta relativa a propósito de estar sujeta a revisión por parte de los cimeros tribunales por no constituir –en orden a la verdad- la doctrina legal que enuncia el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial provincial. Todo lo cual y en resumidas cuentas, deviene como principio rector en el Preámbulo de la Constitución Nacional en lo atinente al hecho de “afianzar la justicia”, que en definitiva se consolida –entre otras- mediante el aseguramiento de la igualdad ante la jurisdicción como realizadora de la garantía de la igualdad ante la ley. En tal sentido, adhiero con la doctora Peña en que la convocatoria del plenario resulta procedente, razón por la cual, en la presente cuestión, voto por la AFIRMATIVA.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Sra. Juez Dra. Bustamante dijo:
Adhiero al voto de mi colega la Dra. Peña, en igual sentido y fundamentos, por lo que A ESTA PRIMERA CUESTIÓN, VOTO POR LA AFIRMATIVA.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN, el señor Juez, Doctor Cardoso dijo:
Por compartir los argumentos esgrimidos por mi colega votante en segundo término, Doctor Grau, a los que adhiero, voto en igual sentido por la NEGATIVA.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el señor Juez, Doctor Bellido dijo:
Por compartir los argumentos esgrimidos por mi colega votante en primer término, Doctora Peña, a los que adhiero, voto en igual sentido por la AFIRMATIVA.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Acosta Argañaraz dijo:
Adhiero al voto de mi colega la Dra. Peña, en igual sentido y fundamentos, por lo que A ESTA PRIMERA CUESTIÓN, VOTO POR LA AFIRMATIVA.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez, Dr. Naldini dijo:
Adhiero al voto de mi colega la Dra. Peña, en igual sentido y fundamentos, por lo que a esta primera cuestión voto por la AFIRMATIVA.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Sra. Juez, Dra. Fernández dijo:
Por los fundamentos expuestos por la Dra. Peña, a los que adhiero, a esta primera cuestión voto por la AFIRMATIVA.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Sra. Juez Dra. Peña dijo:
En lo que interesa, la Sra. Juez de Garantías ordenó que la evaluación psicológica previa a realizarse respecto de la menor D, deberá ser instrumentada bajo el sistema de Cámara Gesell. Sin perjuicio de la forma escogida, lo medular aquí resultó ser la orden de que dicha entrevista sea registrada en audio y video.- En la cuestión a resolver, se encuentra involucrado un haz de normas, algunas de las cuales de rango constitucional por imperio de lo normado por el art. 75 inciso 22 de la Carta Magna Nacional. La más salientes en cuanto a su jerarquía son las contenidas en la Convención de los Derechos del Niño; su artículo 3 dispone que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen la instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Y en armonía con la norma transcripta, estimo pertinente mencionar el artículo 12 (en cuanto establece la importancia de que el niño sea oído en los procedimientos judiciales o administrativos donde debe expresar su opinión libremente); el artículo 16 (en lo que veda las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida, en la honra, o la reputación del niño); el artículo 19 (en tanto establece la obligación de los estados partes de adoptar todas las medidas que fueren menester para “…proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”; y el art. 39 que establece análoga obligación en punto a la recuperación integral de los niños víctimas de abandono, explotación o abuso.-
En nuestra jurisdicción, se encuentran vigentes las leyes 13.298, en punto a promocionar y proteger de manera integral los derechos del niño (precisando los alcances del arriba citado interés superior mencionándolo como “…la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad, para lograr el desenvolvimiento de sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico de su personalidad”; y la análoga 13.954 en tanto incorporó el artículo 102 bis al digesto adjetivo con el objetivo de prevenir la revictimización del niño perjudicado. Asimismo, el cimero Tribunal provincial, mediante la resolución 908/12 dictó el Protocolo de recepción de testimonios de víctimas/testigos niños, niñas, adolescentes y personas con padecimientos o deficiencias mentales en Cámara Gesell, donde se estableció la entrevista psicológica previa del menor antes de la declaración testimonial propiamente dicha, a efectos de conocer el consejo profesional respecto a la aptitud del menor para prestar dicha deposición, que es el motivo que nos ocupa.
Se plantea con habitualidad, por parte de la Defensa del imputado, que dicha entrevista sea registrada mediante sistemas de audio y video. Varias son las argumentaciones que se han esbozado para justificar la pretensión, siendo las principales: a) la eventualidad de que so pretexto de la evaluación, el menor se manifieste respecto del hecho de fondo y de ese modo se obtenga prueba cargosa sin control de la Defensa; b) que el Magistrado interviniente se vea condicionado formando internamente convicción a partir del contenido de dicha evaluación; c) que en un eventual debate la Defensa no pueda conocer e indagar respecto a la metodología utilizada por el profesional para la evaluación.
Asimismo, lucen agregadas a fs. 70/81 las actuaciones de los respectivos Cuerpos Profesionales, desaconsejando de manera unánime a través de diversos especialistas, el registro audiovisual perseguido.
He tenido oportunidad de expedirme sobre un caso análogo en la causa Nro. 22.801 del registro de la Sala II de esta Cámara, donde la instancia de Garantías había ordenado la filmación de la entrevista previa: allí se dijo que “…se han citado el art. 102 bis del C.P.P., y la Resolución 908/12 de la SCBA con su protocolo. Y a la luz de ésta última normativa, debe decirse que lo decidido se encuentra desajustado a derecho, ya que el mismo establece claramente cuál es la metodología a seguir en casos como el que nos ocupa, y determina en su capítulo B.2, la "evaluación psicológica, previa a la toma de la declaración"; y en ningún caso aparece la obligatoriedad de un registro fílmico de tal entrevista, sino que, por el contrario, se hace referencia a la privacidad que debe regir en la misma y - eventualmente- si el criterio del profesional así lo estimara, éste aconsejará directamente la realización del interrogatorio en Cámara Gesell. Ante lo dicho, lo cierto es que en ningún caso ese paso previo establecido como recaudo para salvaguardar la integridad psíquica del menor, constituye un medio de prueba que eventualmente pueda ser utilizado para elucidar cuestiones de responsabilidad penal, por lo que no puede aquí adicionar requisitos a los ya establecidos en el citado Protocolo, so color de ’garantizar el derecho de defensa y contralor de la prueba’, como lo ha hecho el Sr. Juez de Garantías”.-
Y mi opinión sobre el tópico se mantiene incólume.
Por lo demás, en referencia a los argumentos transcriptos más arriba como sustento de la filmación pretendida, debe decirse que respecto a lo primero (el que el profesional avance sobre el hecho de fondo), sólo se trata de una argumentación que estriba en el plano conjetural, y en tanto tal, no alcanza para desconocer el catálogo de normas que celosamente resguardan la intimidad y la integridad del niño. Y más allá de que el planteo no se realiza a partir de una situación concreta e ineluctable, sino en una suposición, se desvanece por completo ante la autorización para que presencien la entrevista los consultores técnicos de la Defensa, sin perjuicio de que no obstante todo lo dicho, es claro que el riesgo que se observa respecto al tema en consideración, perfectamente puede ser conjurado a partir de la labor del profesional a cargo de la misma.
Una consideración parecida puede realizarse respecto al condicionamiento interno del Magistrado; sólo se trata de una suposición incomprobable e inatendible como agravio, ya que según nos ha enseñado Miguel de Unamuno “…Más veces he visto razonar a un gato que no reír o llorar. Acaso llore o ría por dentro, pero por dentro acaso también el cangrejo resuelva ecuaciones de segundo grado” (“Del sentimiento trágico de la vida”).
Finalmente, en punto a la ulterior posibilidad de indagar respecto de la metodología utilizada por el o los profesionales, nada impide que a efectos de indagar a tal respecto, sean citados como testigos los mismos al eventual debate, lo cual lleva a sostener que pretender que la filmación se justifique sólo para tal “revisión”, llevaría al absurdo de filmar todas las experticias que se realizaran en el proceso, como ser, pericias balísticas, papiloscópicas, e incluso reconocimientos médicos.
Y esto último, me autoriza a realizar una somera mención del secreto profesional legalmente establecido para la especialidad que nos convoca, previsto en el artículo 7 inciso c) de la ley provincial 10.306, sin perjuicio de la norma punitiva prevista en el art. 156 del Código Penal. No cabe duda que tales normas tienen en el horizonte el resguardo del secreto profesional, y éste, se vería seriamente amenazado a partir de la proliferación de las autorizaciones para las filmaciones en consideración, en el sólo interés de conjurar una situación potencial, lo cual es inaceptable no sólo desde un prisma técnico jurídico, sino también lógico.-
Por todo ello, A ESTA SEGUNDA CUESTIÓN, VOTO POR LA NEGATIVA.-
A LA SEGUNDA CUESTION: el señor Juez Doctor Grau, dijo:
I.-) Dado el resultado de la votación a la que fue sometida la primera cuestión, que por mayoría consideró procedente la convocatoria al acuerdo plenario, he de avocarme al tratamiento de la segunda pregunta formulada.
En ese orden, y más allá de lo expuesto por el proveyente en la pregunta primera sobre lo que considero el desacuerdo real que debe ser sometido a discusión – más los otros aspectos que enuncié-, la suerte del sufragio me obliga a limitarme al análisis de que, en lo formal, las tres Salas departamentales han emitido decisiones encontradas en relación a la registración en video de la entrevista previa, aquella que se desarrolla antes de la celebración de la declaración testimonial en los casos previstos en el artículo 102bis del ritual.
Al respecto, y como ya dije en los precedentes que operan como uno de los sustentos de la pretensa necesidad de acuerdo del pleno, entiendo que la video filmación de dicha entrevista psicodiagnóstica resulta, en un proceso de mensuración, una vía idónea para la protección de los derechos de jerarquía constitucional del niño y de defensa en juicio. Y ello es así por los argumentos que a continuación expondré, los que, vale decir, integraron mis votos en los anteriores pronunciamientos de la Sala I. Comenzaré destacando que el marco normativo vigente, el que en relación a la protección de los derechos del niño, encuentra en un lugar de privilegio a la Convención sobre los Derechos del Niño, que conforme lo mentado por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, posee rango constitucional, y que establece que “…En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño….” (art. 3 del citado instrumento).
Merece destacarse además que la mentada Convención manda que “…Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez…” (cfr. art. 12). Como también que “… Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques…” (cfr. art. 16). A su vez se impone que “…Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual…” (cfr. art. 19). Finalmente, y en lo que aquí merece ser destacado, el art. 39 del instrumento en cuestión destaca en tono imperativo que “…Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño…”.
En el orden interno rige la Ley 13.298, la Ley 13.954, y la resolución n° 908/12 de la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia, junto con el protocolo de recepción de testimonios de víctimas testigos niños/niñas, adolescentes y personas con padecimientos o deficiencias mentales en Cámara Gesell –aunque éste con los alcances propios de su naturaleza-.
La Ley provincial n° 13.298 -de promoción y protección integral de los derechos del niño-, en armonía con establecido en la Convención del niño, establece como objeto y finalidad garantizar el ejercicio pleno, efectivo y permanente de los derechos y garantías de los mismos, reconocidos en el ordenamiento legal vigente. Así, en su artículo 4 postula que “…Se entiende por interés superior del niño la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad, para lograr el desenvolvimiento de sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico de su personalidad. Para determinar el interés superior del niño, en una situación concreta, se debe apreciar: a) La condición específica de los niños como sujetos de derecho. b) La opinión de los niños de acuerdo a su desarrollo psicofísico. c) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, y sus deberes. d) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, y las exigencias de una sociedad justa y democrática. En aplicación del principio del interés superior del niño, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de todos los niños, frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros…”.
Por otro lado podemos ver que en los fundamentos de la Ley 13.954 – que incorporó el art. 102 bis del C.P.P.-, se dejó constancia que, con dicha normativa, se intentó evitar la revictimización que se venía generando en la práctica procesal, al recibir los testimonios de aquellos niños y adolescentes que resulten ser víctimas de delitos contra la integridad física o sexual, y tornar el contacto de los mismos con el proceso penal lo menos traumático posible, evitando que se aumenten los daños ya producidos. Así lo que se procura es –siendo este su fin específico- que el niño sea oído por personal capacitado, y que se le tome una sola y única declaración, atenuando cualquier efecto nocivo para la salud psicofísica del niño.
Viene al caso que el texto de la norma aludida reza, en lo pertinente, que, en el caso de menores de 16 años, “La declaración se tomará en una sal acondicionada con los elementos adecuados a la etapa evolutiva del menor, pudiendo disponerse, cuando así lo aconseje el profesional interviniente, que las alternativas del acto seas seguidas por las partes desde el exterior del recinto a través de un vidrio espejado, sistema de audio, equipo de video, o cualquier otro medio técnico con que se cuente. A fin de evitar la necesidad de repetición de la declaración del menor en forma personal, se observarán las exigencias del art. 274 del C.P.P. disponiéndose la video-filmación u otro medio de similares características de registración del acto, para su eventual incorporación ulterior al debate oral. Estos registros serán confidenciales y solo podrán ser exhibidos a las partes del proceso…” –énfasis agregado-.
Y, en lo que respecta al Protocolo de recepción de testimonio de víctimas/testigos niños, niñas, adolescentes y personas con padecimientos o deficiencias mentales en Cámara Gesell, aprobado mediante resolución 908/12 de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, éste promueve en su apartado B2, la fase preliminar a la recepción del testimonio. Así, –y en lo que aquí nos interesaencontramos que, respecto a la evaluación psicológica previa a la toma de la declaración, se sugiere que “…a- El experto tomará contacto con las actuaciones. b- Entrevista psicológica de evaluación con la víctima/ testigo. Se realizará en un ámbito de privacidad. El profesional implementará la metodología que considere adecuada a la particularidad del caso.
Se evaluarán las condiciones psico-afectivas del niño, adolescente o incapaz víctima o testigo: recursos cognitivos, ideativos, expresivos, discursivos, capacidad mnésica de acuerdo a la edad y medio sociocultural al que pertenece, recursos afectivos de acuerdo a la etapa evolutiva que atraviesa. Si el profesional evalúa que está en condiciones de acceder a prestar declaración testimonial le informará acerca del proceso judicial: sus actores, respectivas funciones, dinámica de acuerdo a la edad y particularidad del caso. Se entrevistará a los padres o al progenitor o adulto responsable a cargo de la víctima/testigo a los efectos de obtener mayor conocimiento de su individualidad y dinámica familiar. c- El perito realizará informe oral o escrito de las conclusiones arribadas en la evaluación precedente y lo pondrá en conocimiento de la autoridad solicitante quien a su vez las comunicará a las partes intervinientes. d- Si de la evaluación se concluye que el niño, adolescente o incapaz está en condiciones de prestar declaración testimonial ésta deberá efectivizarse a la mayor brevedad posible dada la especificidad de la materia que se trata. e- En el caso de que el experto advierta que para el caso concreto, resulta conveniente, para un mayor resguardo de la salud psíquica del niño, adolescente o incapaz, que éste sea interrogado directamente en Cámara Gesell por el Fiscal o Juez, así lo hará saber, de manera fundada, al Juez de Garantías.
El Juez de Garantías interviniente será quien resuelva el planteo en atención a la edad de quien deba prestar declaración, su desarrollo cognitivo, el nivel de lenguaje alcanzado, predisposición a hablar y demás información producida. f- En caso de ser posible, y a fin de evitar la multiplicidad de citaciones y entrevistas como así también demoras, traslados, gastos excesivos y molestias al niño, adolescente o incapaz, se extremarán esfuerzos para que esta evaluación se realice el mismo día que la recepción del testimonio en Cámara Gesell, conforme las tareas de coordinación que se detallan en el punto B.2. Para el caso de no ser posible tal inmediación entre la entrevista y la audiencia, se designará fecha para esta última con la mayor prontitud posible. g- Si se evalúa que no está en condiciones de prestar declaración testimonial el experto deberá fundamentarlo de acuerdo a su ciencia y saber y lo hará conocer al órgano peticionante y éste a las partes…”. –todo el destacado me pertenece-.
A su vez el citado protocolo, en su apartado B-3, destaca las obligaciones del Fiscal en relación a la coordinación para el uso de la Sala, hora, o franja horaria, como la presencia de todas las partes intervinientes, notificaciones y pliegos de preguntas. Al respecto su texto reza: “…Solicitada la prueba y admitida por el Juez su producción, el Fiscal deberá: a- Coordinar, la realización material de la audiencia fijando un día y espacio horario en el que todos los intervinientes puedan comparecer y conforme la disponibilidad de la Sala. En lo posible se hará coincidir con el día en que se realiza la evaluación psicológica. De no ser posible, se procurará designar la fecha lo más pronta posible. b- Efectuar las notificaciones. Arts. 102 bis segundo párrafo in fine, art. 23 y 274 del C.P.P.: A fin de poder utilizar el testimonio recibido en Cámara Gesell (mediante la incorporación al debate de su videofilmación) y así evitar la repetición de la declaración en forma personal en el debate oral, se deberá dar intervención a las partes, notificándolas con antelación suficiente de la realización de la medida, su fecha y hora. Cuando no estuviera individualizado el imputado o no pudiera ser habido deberá intervenir el Defensor Oficial que correspondiere. Es imprescindible cumplir con estas mandas legales a fin de no vulnerar las garantías constitucionales del Debido Proceso y Defensa en Juicio y de esa manera evitar la declaración de nulidad del acto o la imposibilidad de su ulterior empleo de forma válida en el proceso oral. c- Hará saber a las partes que deberán elevar al Juez de Garantías las preguntas propuestas para el futuro interrogatorio para que se determine su pertinencia y ordene el pliego definitivo, el que será notificado a las partes, y al perito a fin de su conocimiento para el desarrollo de su labor profesional en la diligencia…” –el destacado me pertenece-.
Vista entonces la normativa vigente debemos encontrar la mejor forma de aplicación de sus preceptos al caso concreto, y ello sin desatender otros derechos disponibles para los demás involucrados en el juicio.
Y, es en ese orden donde emerge la necesidad de considerar el eficaz control de la prueba, sustento en el que amparó su pedido la defensa oficial. II.-) En una mirada apriorística podría decirse que la registración pretendida por la parte, aunque no en modo concluyente, impresiona tributaria de una potencial incidencia en bienes al alcance de los menores víctimas; pues aquello que se pretende filmar podría contener datos trascendentalmente relacionados con la vida privada de quien declare, y que por el tipo de delito en el que se toma la declaración éstos posean, en caso de carecerse de los cuidados propios, la entidad para traducirse negativamente en el proceso de recuperación del menor.
Ahora bien, lo cierto es que el informe que realiza el perito psicólogo sólo debería contener la conclusión respecto de si el/la menor se encuentra en condiciones de declarar, y en su caso dónde y cómo, más los fundamentos de su conclusión, supuesto en el que lo considerado párrafos arriba determinaría todo análisis en el sentido resuelto por el a quo. Empero, y como podemos ver de los párrafos resaltados más arriba, si bien se promueve que la entrevista psicológica de evaluación con la víctima sea realizada en un ámbito de privacidad –lo que vale decir tampoco puede transmitir al juicio una conclusión de certeza en torno a que esto sea sucedáneo al secreto, en principio impropio de los paradigmas procesales actuales-, también destaca que en dicha ocasión el psicólogo implementará la metodología que considere adecuada y evaluará las condiciones psico-afectivas del niño, adolescente o incapaz víctima o testigo: recursos cognitivos, ideativos, expresivos, discursivos, capacidad mnésica de acuerdo a la edad y medio socio-cultural al que pertenece, recursos afectivos de acuerdo a la etapa evolutiva que atraviesa. Y ello, de ser mirado en detenimiento, nos enfrenta a un concreto problema, pues los puntos a evaluar permiten trascender en el papel donde se vuelque el informe, elementos que puedan integrar el universo cargoso.
Así las cosas, es de afirmar que, poco espacio al desarrollo de una reflexión razonable y prudente le daríamos al problema si, a la luz de expuesto hasta ahora, priváramos a nuestro juicio de algunos detalles que inclusive por el carril fáctico reclaman protagonismo.
Resulta que la experiencia muestra que este tipo de informes –previos a la celebración de la declaración testimonial en los términos del artículo 102bis del C.P.P.- incluso suelen avanzar un poco más allá de lo que la norma parece autorizar, ingresándose en aspectos que pueden superar el marco que la ley en su letra contiene, para trasladarse a un terreno en el que la conclusión más adecuada sobre su ubicación en la matriz procesal no sea tan clara, advirtiéndose que éstos pueden integrar el proceso de reconstrucción histórica (véase a modo de ejemplo, lo considerado en las causas 19032 de la Sala III del Tribunal de Casación Penal de esta Provincia, Ca. 31621 de la Sala II del mismo Tribunal; 27738, 28021 y 28090 del registro de la Sala Uno de esta Excma. Cámara y 30246 de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro).
Entonces, aunque pueda impresionar como propio de la evaluación que se pretende, en tanto lo dictaminado supone un análisis racional que lo sustente, la profundización que merece el abordaje de un delicado conflicto como el que se ventila en estos casos, entrega en forma paralela la posibilidad de que tales asientos puedan – como se dijo- ser utilizadas como elemento de cargo, extremo que inevitablemente lleva a dirigir la atención a la vigencia en el caso concreto de las herramientas necesarias para el control de la prueba, en tanto la diligencia toma la forma de un futuro y potencial elemento de convicción, que más allá del peso que su naturaleza pueda transferir a la conciencia de quien decide –sea prueba en sentido estricto o no-, el Juez podría tenerlo para si dentro del universo de datos que lo acerquen a la respuesta correcta –sin que ello implique reconocer en esta intervención alguna conclusión que opere como regla-.
Y si esto puede, aunque sea potencialmente, ser así, merece ser controlado, pues la enunciación de juicios de certeza o probabilidad concebidos en el solipsismo, el que a su vez no tenga forma material de ser cuestionado, puede reconocerse pacíficamente como un espacio peligroso, al menos para quienes conciban a la noción de justicia como parte integrante del Derecho –en oposición a una visión normativista que como modelo mostró para un sector de la doctrina su fracaso-. Sin embargo, viene al caso aclarar, en clave de desentrañar la esencia de la pretensión –y separar así lo real de lo aparente-, que profesionales dependientes de la defensa se encuentran autorizados a presenciar dicha entrevista, por lo que a priori parecería que todo lo atinente al pretendido control estaría abastecido, empero no podemos evitar nutrir al silogismo –y esto parece ser lo medular del planteo- con la premisa posible de que en lo sucesivo –vgr.
Juicio oral- el derecho a la defensa eficaz se complete –en caso de querer ejercerla- al tomar contacto directo con el método utilizado en la entrevista, como con aspectos sensibles de su instrumentación, por caso en lo que hace a la forma de las preguntas, desde que en definitiva quien ha de construir una conclusión será un órgano distinto al hoy interviniente, y en ese orden de pensamientos hace al derecho de defensa contar con todo el material posible –como ser su registro en video- para intentar transmitir al juzgador su teoría del caso. Además, ciertas notas básicas del saber no autorizan la negación de posibles estados no coincidentes en cuanto a la posibilidad o predisposición de transferencia al profesional, aspecto que a la luz de la innegable intención primera de evitar múltiples intervenciones con su consecuente potencial revictimización, lleva a reeditar máximas de prudencia, pues puede ser la primera aproximación donde se entregue información valiosa para luego ver su caudal disminuído, o viceversa.
Y esto, me atrevo a decir, bien puede intentar evitarse con el desarrollo de todo lo atinente al procedimiento previsto en el artículo 102bis del C.P.P. en un mismo acto, tal como lo propone el protocolo ya varias veces citado en este voto, proceso de continuidad que encuentra en la registración de todo su tránsito la única forma razonable de cumplir con lo teleológico del asunto.
Y es así que, retomando aquello desarrollado en torno a la ubicación que en el derecho supranacional tiene la preservación de los derechos del niño, la prohibición imperativa de injerencias en su vida privada lo es en relación a aquellas que se reconozcan arbitrarias y/o ilegales, mas no en las que operen consecuentes de la aplicación racional del Derecho. Y recordemos que, optando por una suerte de estudio analítico, para la Real Academia Española el vocablo arbitrariedad nos deriva en la idea de “acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho”; adjetivación lejana a la realidad y argumentos que en cualquier sentido se verifican en esta incidencia.
Abonando ello, y aunque pueda parecer innecesario, debe traerse a colación que en el sistema procesal –y más allá de cualquier frontera- el debido control de los elementos de cargo aparece como uno de los más importantes momentos –sino el protagonista- en lo que a consagración de garantías se refiere. Más allá de las concretas previsiones procedimentales del Derecho interno, vemos lo normado por el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normativa que –al igual que la doméstica que es consecuente- deja establecido el carácter también supranacional que se le otorga a la garantía constitucional de defensa en juicio -por caso materializada bajo la forma del control de la prueba- y debido proceso constitucional que le asiste a todo ciudadano al que se le sigue un proceso. Y esto tampoco, me permito decir, puede ser desatendido, inclusive bajo pena de posible responsabilidad internacional, pues el Derecho del acusado se esmerila, e ingresa en una zona de penumbra que relativiza lo imperativo del precepto que lo funda. Más aún, si recordamos que la versión de la víctima –en pleno respeto de otro precepto imperativo- sólo se reeditará en el juicio mediante su proyección en audio y video, lo que muestra a la etapa que hoy se transita como el único momento en que la garantía pueda consagrarse.
III.-) Identificados entonces los derechos en liza, siendo estos el que asiste al imputado en torno a control de todo aquello que opere como elemento de cargo versus la irrenunciable obligación de los estados de evitar cualquier injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada de un niño, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación, debiéramos intentar una solución armónica que evite neutralizar –vgr. Vaciándolos de toda eficacia- alguno de los bienes que en su contenido esencial pueden tener puntos en contacto.
Superada así la tarea de desentrañar lo real de lo aparente, el núcleo de la tensión merece su abordaje en base al mejor método posible, pues resulta que el gran problema al que nos enfrenta el neoconstitucionalismo deviene de la necesidad de hallar el mejor camino para resolver las posibles colisiones entre derechos fundamentales, es decir, cuando dos bienes con protección constitucional o supranacional parecen oponerse. Y es que se trata, sin dudas, de uno de los aspectos más delicados de la lógica constitucional.
Podemos decir que una parte de la doctrina sostiene –y así fue concebido en forma exclusiva por mucho tiempo- que existe una jerarquía en materia de derechos, por cuanto en abstracto se podría establecer cuál tiene un lugar de privilegio frente a otro.
Sobre el punto se ha dicho que “…Uno de los métodos de interpretación de los derechos constitucionales a que se recurre –especialmente en la doctrina- para intentar resolver conflictos entre derechos consiste en establecer jerarquías o categorías previas y rígidas entre estos derechos, de modo tal que en caso de conflicto prime el jerárquicamente superior…” (TOLLER, Fernando M. “La resolución de los conflictos entre derechos fundamentales, Interpretación constitucional”, Editorial Porrúa, México 2005, Tomo II, pág. 1200).
Cuestiones ligadas a la percepción sensible de todo ser racional pueden mostrar en una operación dirigida por esa jerarquización de principios que el derecho del niño ofendido tendría un lugar protagónico, resultante en la que posiblemente todos podamos coincidir; y ello traería necesariamente aparejada la neutralización de otro también vigente -el reiteradamente enunciado control de los elementos de cargo- Sin embargo, la noción de concebir al juez como el representante del Estado que debe darle a cada uno lo suyo, y la del carácter que toman los bienes humanos básicos en esa faena, implica encontrar en forma concreta quién tiene la razón en cada conflicto, lo que no siempre parece posible desde una regla genérica –aquello que sostuve al sufragar respecto de la primer cuestión sometida al acuerdo-. La empresa tiene que hallar las razones del Derecho desde una visión integradora, y en base a lo real de las pretensiones, lo que tampoco puede considerarse en abstracto. La solución pasa por determinar, usando la lógica de lo razonable, cual se encuentra presente en el caso concreto y cual no, o si existen en parte uno y en parte otro, o si ninguno de los litigantes tiene razón. "…Se trata, pues, de encontrar el ius del caso, lo justo entre las contrapuestas pretensiones de los justiciables (…) Y, una vez encontrado lo justo, se trata entonces de tutelarlo de modo efectivo…" (cfr. CIANCIARDO, Juan "la interpretación en la era del neoconstitucionalismo -una aproximación interdisciplinaria-", Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, pág. 178.).
Sobre este aspecto es del caso traer a colación que el recurso a la consideración teórica de bienes tutelados en la tramitación de un proceso se ha transformado en una de las herramientas más usuales para generar una vinculación a precedentes en las decisiones, en tanto ingresa en el universo sensible del juzgador una noción que no puede argumentalmente desechar.
Empero su uso, en casos, puede generar confusión, y entiendo que en base a una dialéctica judicial que requiere depuración –por caso bajo las formas de una diálogo intersubjetivo y sincero-, en tanto la obligación del órgano jurisdiccional es dar una solución justa en el caso, es necesario ver qué derecho se encuentra vigente en cada supuesto concreto –y no dentro de un saber especulativo-, lo que considero en esencia muy diferente.
Es común, entonces -y a mi criterio, desacertado-, utilizar con frecuencia preestablecidas jerarquizaciones que pueden bien ser uno de los caminos más sencillos a la hora de resolver y hacer valer una pretensión o una consecuencia procesal, empero de contarse con otras opciones, los argumentos deberán resistir un andamiaje más sólido y sin dudas equitativo, como el supuesto de la mensuración o balancing test. De la mano de los inconvenientes que el método anterior ha mostrado – la jerarquización-, y en base a considerar que no existen contradicciones serias entre los derechos, sino puntos de contacto, es menester determinar la mejor solución posible en cada caso concreto, teniendo en cuenta todas sus circunstancias, y así encontrar cuál es el que en verdad rige.
Es posible –y me atrevo a decir que inclusive frecuente- que en un conflicto ambas partes tengan una cuota de razón –en el caso eso se evidencia-, por lo que el triunfo de una de las posiciones en base a la jerarquización implica neutralizar la porción de derecho que el otro poseía, tornándose esa decisión arbitraria e injusta. También es de admitir que en ocasiones los conflictos son aparentes entre los derechos, más si real el enfrentamiento entre intereses subjetivos y las pretensiones procesales, las que inclusive pueden encontrar su génesis en razones ajenas al Derecho.
Así apareció en escena el aludido balancing como un método de contrapesar los derechos, cuya aplicación, por cierto, es menos traumática y más permisiva para arribar a lo justo –aunque esto, claro está, dependerá de la ubicación que tenga en el aparato conceptual del intérprete-.
Puede hallarse una suerte de antecedentes de esta forma de encontrar las soluciones más adecuadas en el pensamiento aristotélico. Sobre ello valga de ejemplo que el pensador en una ocasión dijo: “…dado que hemos afirmado que se debe elegir el término medio y no el exceso ni el defecto, y que, por otra parte, el término medio es lo que dicta la recta razón, se hace preciso analizar esto. En todas las disposiciones morales que hemos mencionado, así como en todas las demás, hay una meta o blanco en el cual el hombre que posea la regla justa pone sus miras para poner en tensión y relajar la actividad, creando así un cierto límite de los términos medios, situado entre el exceso y el defecto y conforme a la recta razón…” (ARISTÓLETES, Ética a Nicómaco, traducción de Vicente Gutiérrez, Mestas ediciones, Madrid, España, cuarta edición junio de 2010, pág. 138).
Veamos entonces que “…El otro gran método empleado -muy utilizado por la jurisprudencia, de modo particular en Estados Unidos, y también en Alemania y España- es el menos traumático balancing test, consistente básicamente en ponderar o contrapesar los bienes jurídicos en liza –que puede ser de orden pública o privada- de acuerdo con las circunstancias del caso, para determinar cuál pesa más en el supuesto y cuál debe rendirse. Se opta así por uno o por otro derecho, o se determina si es constitucionalmente aceptable –en virtud de una razón suficiente que compela a restringir- la limitación de un derecho en aras de intereses generales…” (Op. Cit. TOLLER, “La resolución de los conflictos…”, Tomo II, pág. 1215).
Así una suerte de interpretación superadora y armonizadora, mediante la prudencia y el respeto del contenido esencial –sin olvidar la finalidad de los derechos-, prevé encuadrar la faena en la búsqueda, no de la resolución de los posibles puntos de contacto –o en otra terminología conflictos de derechos-, sino en su disolución, diciendo cuál es el ámbito de funcionamiento razonable de cada derecho alegado. El respeto al contenido esencial, de pretender encontrar un respaldo normativo, aparece plasmado en el artículo 28 de la Constitución Nacional, presente en la letra de ese instrumento ya en la forma que tuvo en su versión 1853-1860, a pesar que en algunos ámbitos se lo muestra como novedad de la Constitución de Bonn de 1949.
Esa previsión que muestra evolución en nuestra letra constitucional, es la base de la denominada razonabilidad sustantiva, en cuanto impone que la ley sea la derivación racional del Derecho, pues proclama la imposibilidad de alterar el ejercicio de estos en base a reglamentaciones que los limiten.
De este modo es que podemos decir, básicamente, que el asunto que nos convoca transita por la aparente colisión en la real disposición de derechos de la víctima y del acusado en el marco de un proceso donde la acreditación de eventos históricos resulta de singular importancia.
Viene al caso entonces el interrogante sobre cómo desatender que las diligencias no poseen en sí mismas, y a partir de los pedidos de la Defensa, una diferencia sustancial a las que suele ordenar el representante del Ministerio Público Fiscal, pues el conflicto solo gira en torno a la registración.
Esto permite confirmar que la incidencia negativa que de suyo se pretende evitar, solo podría tener lugar en caso de una utilización inapropiada del material obtenido. Así puede decirse, en buen romance, que la preservación del material operaría como factor diluyente de las tensiones.
Recordemos que el protocolo confeccionado por el Superior Tribunal Provincial, en sus consideraciones generales, promueve que “…La Suprema Corte y la Procuración General designarán los órganos encargados de la custodia, mantenimiento y utilización del soporte técnico como así también de la coordinación de la agenda conforme el lugar donde aquel se encuentre instalado…”; recurso al que sin dudas puede echarse mano para evitar un uso inadecuado.
Entonces, hallada la tensión, y propuesta la forma menos traumática de abordarla, vemos que si bien en una consideración prima facie lo exigido por la defensa parecería acarrear la vulneración de los derechos del niño ya citada, ello fácilmente puede evitarse, ya sea a partir de un celoso resguardo, y en su caso la exclusión en el juicio oral de la prensa o parte del público, cuando lo exija el interés superior del niño, como también aspecto de la vida privada de la parte. Y es aquí donde se puede entrever que dicha colisión de derechos se desvanece pudiendo coexistir los derechos tutelados tanto de la víctima menor como del imputado.
Se erige como un absoluto la obligación de tener en cuenta el ámbito de desarrollo de los derechos, y es así que en lo que respecta a los que se dirigen a la protección del niño, el marco legal –en su totalidad- pretende en pos de su interés superior evitar la revictimización y reedición de su testimonio, siempre con las previsiones de reserva y resguardo de los derechos del declarante, mientras que los derechos del imputado están dirigidos a un correcto y transparente contralor de la prueba, que en definitiva evita nulidades, y habilita a su correcta defensa y oportuno descargo; de lo que se sigue que inclusive la videofilmación parece proveer a evitar que ante cualquier estrategia la posibilidad de reedición del acto se desvanezca, colaborando así por otra vía con la preservación del interés superior del niño. De allí que no se aprecian elementos objetivos a partir de los que puede racionalmente construirse –ni siquiera en clave kantiana, es decir con conclusiones a priori que incidan en la forma de aproximación al fenómeno y determinen el resultadoque en el caso de respetarse las pautas propias del protocolo de la S.C.J.B.A. antes mencionado, la registración en audio y video de la entrevista previa a la celebración de la declaración testimonial desnaturalice alguno de los fines consagrados en los preceptos procesales que se han analizado.
Viene a escena, operando como elemento que afianza los alcances de la decisión que propongo al acuerdo, que puede hallarse en la Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos (JUFEJUS, ADC y UNICEF, primera edición de septiembre de 2013, ISBN: 978-92-806-4580-4) que, luego de fijar las diferencias entre entrevista psicológica y la declaración propiamente dicha, propone en relación a la primera “…tanto la defensa como la querella tienen derecho a contar con un perito de parte para controlar los estudios. Para permitir esto, sin que se interfiera con el normal desarrollo del estudio (p.ej. establecimiento del rapport entre la examinadora y la NNyA, predisposición a hablar de la NNyA), se recomienda utilizar sistema de CCTV o Cámara Gessel, que brinde la posibilidad al perito de parte de observar todas las alternativas del examen realizado por el perito oficial desde el exterior y luego, en el caso que lo consideren necesario, presentar un informe propio…” (pág. 40). -énfasis añadido-.
A ello se aduna, en consonancia con lo que vengo diciendo, que la misma guía destaca que “…es fundamental que la entrevista sea grabada en video y reproducida en simultaneo mediante un equipo de circuito cerrado de televisión (CCTV) con las características adecuadas para asegurar la obtención de un registro de calidad apropiado (…) para que pueda ser luego utilizado durante las distintas etapas del proceso y así evitar la revictimización. Es primordial que el material sea debidamente guardado para garantizar su seguridad y confidencialidad, acorde a protocolos estandarizados…”; y también resaltan que el objetivo final es evitar la revictimización de los menores declarantes, garantizando a su vez los derechos del imputado, como surge del considerar que es “…imprescindible que se tomen todos los recaudos procesales y técnicos necesarios al momento de la entrevista de declaración testimonial, no solo para asegurar la protección integral de la NNyA evitando su revictimización y el deterioro de las pruebas, sino también para garantizar el derecho de defensa del imputado…” (pág. 17) -el destacado me pertenece-.
Esto se complementa con la aclaración que se formula en relación a que “…según la jurisprudencia tanto nacional como provincial, el informe que en algunos casos se analiza a partir de la declaración testimonial no reviste la calidad de peritaje, ya que el Código Procesal Penal de la Nación y la mayoría de sus equivalentes provinciales incorporan la declaración realizada mediante Cámara Gesell o CCTV en el capítulo atinente a los <testigos> y no en el de los <peritos>. En este sentido lo sustancial del acto lo constituye el propio relato de la NNyA y no el informe que en algunos casos se efectúa a posteriori (…) En principio el informe psicológico de declaración testimonial no precisa incluir la transcripción de algunos o todos los dichos textuales de las NNyA, ya que esta información está contenida en la videograbación y resulta de fácil y directo acceso por las partes y el magistrado…” (pág. 41) -énfasis añadido-; y todo ello, me atrevo a decir, no se contradice con el protocolo confeccionado por el Superior Tribunal Provincial, por lo que opera como un marco que puede –a partir de la altura de las instituciones que lo concibieron- complementar la línea de interpretación y la forma de salvaguardar los derechos del niño en los momentos procesales no previstos.
Por ello es que, admitiendo como posible que de la evaluación psicodiagnóstica previa puedan surgir relatos que resulten de importancia para la causa, los que una vez que el profesional tomó conocimiento con ellos, ineludiblemente pueda plasmar en su informe –recordemos lo que dice el Protocolo en ese sentido-, aparece así complejo que se limite a decir solamente si la persona afectada se encuentra en condiciones o no de declarar en los términos del art. 102 bis del C.P.P.. De ese modo nos encontramos ante una hipótesis más que probable –cfr.
causas ya citadas- de incorporación del informe de marras como una prueba a la investigación, por lo que resulta necesario brindar respecto de ella los recaudos necesarios a fin de proteger el precepto imperativo de derecho de defensa en juicio, cuestión por demás sensible, en orden a ser su negación un factor de posible responsabilidad internacional.
IV.-) Por lo demás, tanto la doctrina como la jurisprudencia –en hechos que atentan contra la libertad sexual- son unánimes en considerar la amplitud probatoria, la que, como dije en el voto previo, se vería neutralizada de generar una regla genérica que pretenda tratar todos los casos por igual en aspectos que rondan más cercanos al saber práctico que al teórico.
Y en tanto práctico, por sentado queda, desde que a mi juicio así debe interpretarse –razonamiento que acompaño en esta ocasión, pues no se integró en los casos anteriores, y hoy veo como un punto superador que inclusive puede acercar a mis colegas a esta posición-, que el desarrollo del acto de la forma pretendida en este expediente por la Defensa, en cuanto, como se dijo, el conflicto gira en torno a la presencias de tensiones entre derechos deba, en caso de solicitarse la registración, encontrarse precedida de una fundamentación suficiente que aborde los pormenores del caso, y no se agote en fórmulas genéricas, evitando así que el recurso se transforme en estrategia –que aunque respetada a la función que ejerce-, pueda operar como factor que intente obstaculizar el hallazgo de la verdad.
Por todo ello es que propongo, al pleno de este tribunal, se tenga por ajustada al Derecho vigente la registración en audio y/o video de la evaluación psicodiagnóstica previa a la declaración testimonial contemplada en el art. 102 bis del C.P.P., siempre y cuando la pretensión se encuentre debidamente fundada, destacando nuevamente la expresa obligación que recae sobre los funcionarios encargados del uso y custodia del material, de proveer todo lo necesario para su reserva y preservación.; como también lo imperativo que celebrar la audiencia testimonial en forma consecutiva a la evaluación antes mencionada.
V.-) Cómo reflexión final me permito agregar, y desde que en el repaso de las constancias agregadas a esta incidencia hallé cuestiones que promovieron preguntas nuevas, que el orden normativo entrega a la jurisdicción, de manera excluyente, la facultad de decidir, conforme a derecho, en los conflictos de relevancia jurídica, y especialmente donde –como en el caso- se vean involucrados derechos fundamentales.
Desde dicha premisa, aquello que viene indicado por los profesionales de la psicología que se desempeñan en el Poder Judicial se nos presenta como aportes valiosos en cuanto expresión de su saber, más no como sucedáneo de alguna suerte de decreto sobre lo que el derecho autoriza o no, desde que no es la decisión que el orden normativo y el sistema jurídico propiamente dicho entreguen un espacio que tengan autorización de abordar. Colaboran con su ciencia, y a pedido de los Tribunales, para proveer a la causa de todo aquello que permita encontrar la decisión justa, faena en la que un juicio prudencial merece muchas veces considerar factores que por su naturaleza van más allá de algún pretenso límite que el perito pretenda, como en el caso, imponer.
Esta inquietud se afianza si tenemos en cuenta, a modo de invalidante de la certeza de la enunciación, que en las notas de fs. 73/81 se destaca, como factor que impediría, a juicio de los firmantes, la registración de la entrevista ya harto enunciada, la vigencia de un secreto profesional entre el profesional y la víctima, el que muestran tributario de un absoluto, pues su ausencia es traducida a modo de desnaturalización de la función que ejercen.
Y siendo que, también con pretensión de certeza, mi colega preopinante introduce el tópico a la discusión, pues con cita a la ley provincial 10.306 sostiene que los peritos encuentran allí el resguardo del aludido secreto profesional, al punto de sostener que con la “proliferación” –textual- de las filmaciones éste se vería amenazado; lo que he de decir supera la licencia e ingresa en el universo de lo necesario, si de abordar todos los puntos se trata –cuestión que por respeto concibo necesaria-.
Ingresando en el tema, debo decir, entonces, del modo en que se puede apreciar del material de estudio de la asignatura “Aportes de la Psicología al derecho (módulo 3)” –al que se corresponderán las citas textuales que en adelante se harán constar-, de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de esta Pcia. –curso que desarrollé en su totalidad-, que si bien resulta que la confidencialidad es una condición necesaria para el establecimiento de la relación adecuada entre el psicólogo y el paciente, puesto que la práctica de la psicología está sustentada por la confianza y la discreción del terapeuta; ello deviene inherente a la responsabilidad profesional del psicólogo clínico.
Vemos que, desde el ordenamiento jurídico, se impone el deber de guardar secreto de todo lo que se tenga noticia en razón del ejercicio profesional, con excepción de una “justa causa”.
A la par de ello debemos remarcar que, según también el material brindado en esa capacitación, las características generales de la peritación la muestran como una “actividad humana, procesal, de personal especialmente calificadas, con encargo judicial previo, que versa sobre hechos especiales, con contenidos valorativos por parte del perito –juicio de valor que no es jurídico-, constituyendo un medio de prueba” –extracción textual del material antes citado -.
El perito, actúa siempre por encargo judicial, ya que se encuentra al servicio de la justicia, lo que a las claras muestra que su relación con la persona objeto de su evaluación se diferencia sustancialmente de la actividad clínica.
“El psicólogo forense, en su calidad de perito, siempre actúa por encargo judicial. Está al servicio de la Justicia, y por ello, está eximido parcialmente del secreto profesional. Esta exención no tiene carácter absoluto, y se refiere exclusivamente a determinados contenidos y a determinadas personas. Es decir, el psicólogo forense está eximido del secreto profesional en cuanto a la información necesaria y relativa a los objetivos de su investigación psicoforense (dar respuesta a los puntos de pericia), -la cual siempre se mantiene circunscripta a caracteres, rasgos, y dinámicas psicológicas- y respecto de los magistrados, quienes han habilitado su intervención. Aún así la práctica pericial en su contacto con la realidad humana supera muchas veces los lineamientos de las leyes, y enfrenta al profesional a permanentes conflictos éticos…” –cita textual del material antes citado -.
Luego se agrega que “La peculiaridad de la relación psicólogo-sujeto evaluado en el ámbito forense, iniciada por demanda de los operadores jurídicos, necesita ser explicada a los peritados y requiere el consentimiento informado de éstos antes del comienzo de la evaluación. A pesar de la exención, es éticamente exigible que el psicólogo forense informe al entrevistado la relación entre ambos y el destinatario de la información emergente de la exploración psicológica, obteniendo su consentimiento a la práctica” –También textual del material de estudio-.
Si bien podría profundizarse mucho más sobre éste aspecto, llegando inclusive a sostener que se trata de un lugar en el que las definiciones no poseen siempre coincidencias, al menos puede afirmarse que “lo expuesto nos permite vislumbrar que la intervención clínica con un paciente es incompatible con la actuación como perito en relación a dicho paciente” –nuevamente textual de lo mencionado más arrriba-. De lo que me permito concluir que el secreto profesional, al menos en la forma categórica e imperativa con que es sostenido por los profesionales que rubrican los diversos informes o peticiones, aparece más cercana a la actividad clínica, labor que por su naturaleza es ajena a un proceso judicial.
Y en todo caso, se trata de un fenómeno sobre el que aún no se ha alcanzado un punto pacífico de coincidencia, aspecto que opera como relativizador de algún pretenso absoluto en la enunciación, y que por aplicación de simples reglas de la lógica –principios de no contradicción y tercero excluido- trascienden al resto de los argumentos, invalidándolos.
VI.-) Debo decir que en alguna oportunidad pensé que, pese a considerar que la video filmación en el marco de la realización de la evaluación psicodiagnóstica previa a la declaración testimonial contemplada en el art. 102 bis del C.P.P., resulta la solución más adecuada en pos del resguardo del interés superior del niño como del debido control probatorio, con los resguardos necesarios en torno a su reserva y preservación; otra solución armonizadora podría ser la de evitar que los dictámenes de las entrevistas previas contengan datos que puedan generar convicción, debiendo sólo limitarse a su naturaleza; es decir si se encuentra o no en condiciones de declarar en Cámara Gesell, y en su caso ante quien.
Sin embargo, aparecieron en escena otros argumentos que muestran que ello quizás no sea lo más adecuado. Por un lado el propio protocolo de la SCJPBA que en un todo se procura instar su cumplimiento, hace alusión a ciertos contenidos que debe tener el informe aludido (Vgr. apartado B2, donde reza “Se evaluarán las condiciones psico-afectivas del niño, adolescente o incapaz víctima o testigo: recursos cognitivos, ideativos, expresivos, discursivos, capacidad mnésica de acuerdo a la edad y medio socio-cultural al que pertenece, recursos afectivos de acuerdo a la etapa evolutiva que atraviesa. Si el profesional evalúa que está en condiciones de acceder a prestar declaración testimonial le informará acerca del proceso judicial: sus actores, respectivas funciones, dinámica de acuerdo a la edad y particularidad del caso. Se entrevistará a los padres o al progenitor o adulto responsable a cargo de la víctima/testigo a los efectos de obtener mayor conocimiento de su individualidad y dinámica familiar. c- El perito realizará informe oral o escrito de las conclusiones arribadas en la evaluación precedente y lo pondrá en conocimiento de la autoridad solicitante quien a su vez las comunicará a las partes intervinientes…”), por lo cual una decisión de ese tipo podría interpretarse contraria a aquel instrumento, a la par de promover que los informes sean cuestionados en cuanto a su falta de motivación y datos que respalden la conclusión –aspecto delicado si los hay, pues una eventual nulidad podría ser la génesis de la reedición del acto, cuya evitación, demás está decir, es uno de los fines más importante de la norma en estos casos-.
A su vez, como desatender -cuestión que he tratado al comienzo-, la incidencia que pueda tener en relación a la libertad probatoria que rige en un Estado de Derecho Constitucional, donde la verdad es el primer plano de la correcta estructuración de un pronunciamiento, ya que quizás en esa oportunidad –la primera aproximación del profesional con la víctima, y en consecuencia un momento especial en el pretendido proceso de transferencia- se entregue información válida procesalmente que en otro caso pueda no verse exteriorizada.
De allí que, si bien dejo propuesta esta posible solución al acuerdo, también la acompaño con las reservas apuntadas.
En definitiva, y dando respuesta a la segunda pregunta formulada, VOTO POR LA AFIRMATIVA.-
A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN, la señora juez doctora Mingolo, dijo:
Que en oportunidad de resolver en un caso de similar factura (ver entre otros, causa 19576 –Registro , folio , de 2016), he sostenido: “…(q)ue el artículo 102 bis del digesto formal provincial dispone que “(c)uando debe prestar declaración un menor de dieciséis (16) años de edad, víctima de alguno de los delitos tipificados en el Libro II Título III del Código Penal, el niño, niña o adolescente deberá ser interrogado por un Fiscal, Juez o Tribunal quien podrá solicitar la intervención de un Psicólogo o Profesional especialista en maltrato y abuso sexual infantil, quien velará por el resguardo de la integridad psíquica y moral del niño, con facultad de sugerir la prescindencia de preguntas que puedan producir su menoscabo. La declaración se tomará en una sala acondicionada con los elementos adecuados a la etapa evolutiva del menor, pudiendo disponerse, cuando así lo aconseje el Profesional interviniente, que las alternativas del acto sean seguidas por las partes desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, sistema de audio, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente…”.
Que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires reglamentó dicha manda mediante la Resolución 903/12, donde consagró el Protocolo de Recepción de Testimonio de Víctimas/Testigos Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Padecimientos o Deficiencias mentales en Cámara Gesell, en el que dispone que en materia de la evaluación psicológica previa a la toma de la declaración (B.2) que la misma se realizará en un ámbito de privacidad (B.2.b, punto I), que “(e)l perito realizará informe oral o escrito de las conclusiones arribadas en la evaluación precedente y lo pondrá en conocimiento de la autoridad solicitante, quien a su vez las comunicará a las partes intervinientes” (B.2.b.c) y que “(e)n caso de que el experto advierta que para el caso concreto, resulta conveniente, para un mayor resguardo de la salud psíquica del niño, adolescente o incapaz, que éste sea interrogado directamente en Cámara Gesell por el Fiscal o Juez, así lo hará saber, de manera fundada, al Juez de Garantías” (B.2.e. punto I) (el subrayado me pertenece). Que el equipo de peritos psicólogos oficiales del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Departamental se expidió al respecto, considerando que “…no debemos confundir el acto jurídico de la toma de declaración testimonial (art. 102 bis del C.P.P.) con una entrevista psicológica forense (incluso la mencionada en el punto B.2 de la Res. 903/12) la cual se realiza con objetivos y posicionamientos subjetivos totalmente diferentes entre sí. […]. La privacidad no es sólo un requisito técnico inherente a la práctica psicológica, sino también un requisito ético respecto del sujeto evaluado, que preserva su intimidad. […] Es oportuno destacar que ya la presencia de peritos de parte en evaluaciones tan singulares como las aquí tratadas, podría incidir en modo negativo en el establecimiento del imprescindible marco transferencial para trabajar con niños/niñas y adolescentes presuntamente victimizados sexualmente; […] Finalmente concluimos que hay una incompatibilidad radical entre una evaluación psicológica y la videofilmación de la misma por todo lo expuesto” (el subrayado me pertenece).
A fin de poder dar respuesta a esta cuestión y tal como he abordado el tema desde el inicio deben quedar bien diferenciados los actos procesales contenidos en el interrogante 1) la evaluación psicológica previa de un niño, niña y adolescente víctima de los delitos tipificados en el Libro II, Título III del Código Penal, y 2) la declaración testimonial de ellas. E inmediatamente la incidencia de las mismas en el proceso penal.
Veamos, prueba es “…todo lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en aquél son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. […]. Se habla de prueba para hacer referencia a los elementos que sirven para hacer patente una hipótesis, una afirmación o un hecho, es decir, a los datos de la realidad idóneos para tal fin, a los antecedentes necesarios para lograr dicho cometido” (Arocena,G. y otros, Prueba en materia penal, Ed. Astrea, Bs. As., 2009, p. 1) y su objeto está configurado por “…los hechos contenidos en las hipótesis controvertidas [que] son el único objeto posible de prueba y que toda la actividad debe estar orientada a declarar la existencia o inexistencia de una cuestión fáctica convenida en el enunciado sometido a investigación” (Chaia, R., La prueba en el proceso penal, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2009, p. 60).
Entonces, lo que se encuentra controvertido es determinar si la entrevista psicológica previa a la deposición del menor en Cámara Gesell constituye, o no, prueba en sentido estricto y, en ese aspecto, adelanto mi opinión negativa al respecto. Y ello es así desde que la prueba constituye el medio necesario para la averiguación de la verdad real, eje rector del ordenamiento jurídico penal, que permite conferir un encaje legal a una conducta presuntamente disvaliosa, siendo este el remedio idóneo que sirve de apoyatura fáctica a los fines de la formulación de un juicio valorativo y lógico en sentido estricto y, por ello, no puede sostenerse que la entrevista previa del menor, cuyo objetivo esencial es la determinación de su aptitud psíquica a los fines de deponer en una Cámara Gesell goce de tal carácter, dado que su única función es la constitución como juicio de idoneidad de un sujeto que se convertirá, procesalmente, en prueba.
Esta postura encuentra apoyo normativo y jurisprudencial en las citas formuladas con anterioridad –subrayados, principalmente-, desde que se desprende del alcance conferido por el cimero tribunal bonaerense que será el psicólogo interviniente quien realice la entrevista previa para, luego, poner en conocimiento a la autoridad solicitante y las partes, premisa de la que cabe colegir, lógicamente, que las mismas no se encuentran presentes en el acto, sino carecería de sentido su notificación posterior. A ello cabe adunar que la entrevista objeto de la presente cuestión controvertida no forma parte –dado que no se trata de una prueba en sentido estricto- de las incorporadas al debate, por lo que no se comprende cuál sería el agravio defensista en torno a la imposibilidad de revisar un acto cuyo contralor no encuentra amparo normativo –más allá de los requisitos de formalidad que deben observarse-. Por lo expuesto, siendo elocuente el ordenamiento jurídico en cuanto a que la participación de la defensa en la entrevista previa a la realización de la Cámara Gesell no constituye prueba en sentido estricto, premisa obtenida en razón de la literalidad normativa (CSJN Fallos 300:687; 301:958; 304:1820, 307:2153, 314:1849, entre numerosos), fuente primigenia de exégesis jurisdiccional, así como de la interpretación y alcance que de la reglamentación del digesto formal bonaerense ha hecho el superior tribunal provincial, entiendo que el contralor defensista no se ve afectado por la falta de registración del acto a través de audio y/o video, situación que, incluso, podría atentar contra el carácter confidencial, íntimo y privado que goza el mismo, donde se cristalizan los principios esenciales de la transferencia en materia psicoterapéutica.
En apoyo de la postura sostenida, resulta pertinente traer a colación lo resuelto por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decir que se “deben adoptar en estos casos [delitos contra la integridad sexual de menores] las medidas que resulten adecuadas para moderar los efectos negativos del delito (victimización primaria) y también deben procurar que el daño sufrido no se vea incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria); en todas las fases del procedimiento penal, deben proteger la integridad física y psicológica de la víctima” (CSJN, in re Gallo López).
Por lo tanto, de consuno con los elementos de hecho y derecho reseñados, y teniendo en consideración el carácter del acto así como la presunta afectación de derechos de raigambre constitucional como lo son la intimidad y privacidad, con el fin de dar primacía a uno de los ejes rectores del ordenamiento penal, la averiguación de la verdad real, y empleando como canon interpretativo el interés superior del niño, entiendo que la audiencia previa en cuestión no puede estar sometida a la registración por medio de audio y/o video como mecanismo de control por parte de la defensa, sin que por ello se pueda entender que se afecta derecho constitucional alguno al imputado, cuando el mecanismo de control se ejercerá en el debate como contradictorio pleno (arts. 18, 19 y 75 –inc. 22- de la Constitución Nacional; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 102 bis y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).
Así lo voto.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Sra. Juez Dra. Bustamante, compartiendo los agregados realizados por mi colega preopinante Dra. Mingolo, y por idénticas motivaciones expuestas por la Sra. Juez Dra. Peña, a cuyo voto adhiero, VOTO POR LA NEGATIVA.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el señor Juez, Doctor Cardoso dijo:
Por compartir los argumentos esgrimidos por mi colega votante en segundo término, Doctor Grau, a los que adhiero, voto en igual sentido por la AFIRMATIVA.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el señor Juez, Doctor Bellido dijo:
Si bien comparto lo decidido por mi colega votante en segundo término, ello es por otros argumentos que a continuación expondré.
Viene cuestionada la video filmación de las evaluaciones psicodiagnósticas de la menor D, a realizarse por profesionales del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Departamental, con la presencia de profesionales de la especie propuestos por la parte.
Dichas evaluaciones psicodiagnósticas, o también llamadas entrevistas previas, pese a no estar contempladas en nuestro código de forma, emergen del Protocolo anexo a la resolución 908/12 de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
En ese orden, haré la aclaración respecto del significado del término “evaluación psicodiagnóstica”. El Protocolo de recepción de testimonios de víctimas/ testigos niños, niñas, adolescentes y personas con padecimientos o deficiencias mentales en Cámara Gesell, alude como tal a la entrevista que tendrá el psicólogo/a con el menor víctima/testigo, la que siempre a los fines de resguardar a los menores deberá ser realizada en un ámbito de privacidad, y en la que el profesional interviniente evaluará solamente si se encuentra en condiciones psico –afectivas de prestar declaración testimonial en los términos del art. 102 bis del C.P.P.
Pese a ser un acto en el que el profesional solo mencionará si el menor se encuentra o no en condiciones de declarar, lo cierto es que no deja de ser un encuentro humano entre un profesional y un menor donde el primero le brinda confianza y espacio para poder evaluarlo. En dichas audiencias, generalmente surgen –de acuerdo a la experiencia- declaraciones espontáneas, las cuales luego son reproducidas por el profesional y acompañadas en el informe respectivo, excediendo con ello el fin para lo cual es dispuesta la entrevista.
Ahora bien, dicho ello y volviendo a lo que resulta ser materia de controversia (la video filmación), se advierte una posible tensión de intereses en juego entre las partes, en el que resulta imprescindible dar una respuesta acabada al interrogante sobre si el interés superior del niño (art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño), puede ceder frente al derecho de defensa en juicio que le asiste al imputado, ambos con jerarquía constitucional.
Resulta importante destacar que, en atención a lo que vengo diciendo, la evaluación psicodiagnóstica es el paso previo necesario a la declaración testimonial.
Por ello, hay que tener en cuenta que el fundamento de la incorporación del testimonio mediante Cámara Gesell, responde al resguardo del interés superior del niño, con el único fin de evitar la revictimización que viene sufriendo como consecuencia del contacto con el sistema judicial, en todas las fases del proceso penal. Así es que lo que se pretende proteger y resguardar es tanto la integridad física como psíquica y que su intervención en el proceso penal sea mínima. A ello responde lo establecido por el Protocolo en cuanto a que, de ser posible, sean realizadas el mismo día -entrevista y testimonio- (B.2. f).
Por ello, entiendo que en pos del interés superior del niño, la registración en audio y video de la entrevista psicodiagnóstica no es una decisión caprichosa, pues si el propio testimonio que resulta ser posterior ya contempla su grabación; no resulta contradictorio entonces que dicho acto previo corra la misma suerte, ya que ambos fluyen hacia el mismo objetivo procesal donde quedan expuestos los dichos del menor, sin que éste recaiga en una martirización. Es así, que considero que la cuestionada filmación es la vía más idónea, ello siempre con el debido resguardo y reserva. En resumidas cuentas, la video grabación de las evaluaciones previas resulta ser la solución más adecuada, pues evita la revictimización de la menor declarante, e impide su reiterada intervención en el proceso penal y garantiza el debido control probatorio; es decir, responde al resguardo de ambos derechos constitucionales. Finalmente, debe destacarse respecto de dicha registración la expresa obligación que recae sobre los funcionarios encargados del uso y custodia del material, de proveer todo lo necesario para su reserva y preservación.
Por mi voto. -
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Acosta Argañaraz dijo:
Adhiero al voto de mi colega la Dra. Peña, en igual sentido y fundamentos, por lo que A ESTA SEGUNDA CUESTIÓN, VOTO POR LA NEGATIVA.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez, Dr. Naldini, compartiendo los agregados realizados por mi colega preopinante Dra. Mingolo, y por idénticas motivaciones expuestas por la Sra. Juez Dra. Peña, a cuyo voto adhiero, voto por la NEGATIVA.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Sra. Juez, Dra. Fernández dijo:
Adhiero a los fundamentos de mi colega votante en primer término, Dra. Peña y comparto los agregados realizados por la Dra. Mingolo, por lo que a esta segunda cuestión voto por la NEGATIVA.-
A LA TERCERA CUESTION, la Sra. Juez Dra. Peña dijo:
Conforme el resultado que arroja el sufragio de las cuestiones precedentes, corresponde: I) Declarar por mayoría que resulta procedente la convocatoria a Acuerdo Plenario peticionada por el representante del Ministerio Público Fiscal. II) Declarar por mayoría que resulta improcedente que se disponga el registro en audio y video de la evaluación psicológica previa a la declaración testimonial de un menor de edad.-
ASÍ LO VOTO.-
A LA MISMA TERCERA CUESTION, los señores Jueces doctores Grau, Mingolo, Bustamante, Cardoso, Bellido, Acosta Argañaraz, Naldini y Fernández, por las mismas razones expuestas por la Sra. Juez Dra. Peña, a las que adhieren, VOTAN EN EL MISMO SENTIDO.-
Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo Plenario, dictándose la siguiente RESOLUCIÓN:
I. DECLARAR POR MAYORÍA, que resulta procedente la convocatoria a Acuerdo Plenario peticionado por el representante del Ministerio Público Fiscal.-
II. DECLARAR POR MAYORÍA, que resulta improcedente que se disponga el registro en audio y video de la evaluación psicológica previa a la declaración testimonial de un menor de edad. Rigen arts.37 inc B) de la Ley 5.827, 102 bis del C.P.P., Ley 13.298 y Resolución 908/12 de la S.C.B.A..-
Regístrese. Notifíquese.- FDO. DRES. PEÑA, GRAU, MINGOLO, CARDOSO, BELLIDO, FERNÁNDEZ, ACOSTA ARGAÑARAZ, NALDINI, BUSTAMANTE. JUECES DE CÁMARA. ANTE: DRA. FERNANDEZ IMAZ.
SECRETARIA DE PRESIDENCIA.
Fin de la sentencia