Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación articulado por la parte querellante -ANSES- con relación al expediente administrativo nro. 024- 27-06238239-8-974-000002 perteneciente a Lía Felisa Kuberski, anular con dicho alcance la resolución impugnada y REENVIAR las presentes actuaciones al tribunal de origen para el dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, teniendo en cuenta los parámetros esbozados en la presente resolución. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. Rechazar, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la parte querellante - ANSES- en orden a los restantes motivos de agravio.
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada por la recurrente.
// la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, integrada la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal por el doctor Gustavo M. Hornos, como Presidente, y los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el secretario actuante, reunidos a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 5545/2012/TO1/19/CFC4, caratulada “SOMOZA, Jorge Federico s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de esta Ciudad, con fecha 23 de agosto de 2023, resolvió “…DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCIÓN respecto de los hechos identificados como expediente administrativo nro. 024-27-06238239-8-974-000002 perteneciente a Lía Felisa Kuberski, expediente administrativo nro. 024- 27-06506215-7-974-000001 y 000002 perteneciente a Dolores Elvira Gómez, expediente administrativo nro. 024-27-04450893-7-295-000001, 024-27-044508937-8201, 024-27-04450893-7-751-000001 y 024-27-04450893-7- 720-000001 pertenecientes a Modesta Yolanda Gómez, que les fueran imputados a Jorge Federico SOMOZA en los requerimientos de elevación a juicio y, en consecuencia, SOBRESEER al nombrado por los hechos mencionados, de conformidad con lo establecido en REGISTRO NRO. 1762/23.4 los arts. 59 inciso 3ro., 62 inciso 2do y 67 del Código Penal y 334, 335, 336 inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación”.
II. Contra dicha resolución, el apoderado por la parte querellante -Administración Nacional de la Seguridad Social, en adelante, simplemente ANSES-, interpuso recurso de casación, el que fue concedido por el tribunal a quo el 7 de septiembre de 2023 y mantenido ante esta instancia.
En lo medular, la impugnante tildó de arbitraria la decisión que dispuso el sobreseimiento de Somoza por prescripción de la acción penal respecto de los casos “L.F. Kuberski”, “D.E. Gómez” y “M.Y. Gómez”. Sostuvo que, contrariamente a lo resuelto por el a quo, los hechos en cuestión no se encuentran prescriptos.
La recurrente argumentó que los hechos atribuidos al encartado concurren materialmente entre sí, por lo que el plazo de prescripción no debe computarse individualmente sino a partir de la suma aritmética de los máximos de las escalas penales de los delitos imputados.
La querella cuestionó, también, que el pronunciamiento recurrido omitió contemplar la existencia de coimputados que a la fecha, o al menos durante una parte de la sustanciación del proceso, revisten o revistieron calidad de funcionarios públicos; lo que -a criterio de la casacionistahace aplicable la causal suspensiva del art. 67, párrafo segundo, del Código Penal.
Más adelante en su impugnación, la parte querellante argumentó que los hechos investigados deben ser analizados a la luz del art. 36, párrafo quinto, de la Constitución Nacional; por lo que deben ser considerados imprescriptibles.
Finalmente, la recurrente insistió en que han operaron en término los actos interruptivos del curso de la prescripción de la acción penal para los tres supuestos a estudio (casos “L.F. Kuberski”, “D.E. Gómez” y “M.Y. Gómez”), de modo que corresponde desestimar la pretensión defensista en ese sentido.
Solicitó que el recurso sea concedido y que, a su turno, se case el decisorio impugnado y se declare su nulidad.
Formuló reserva del caso federal.
III. Que en la etapa prevista por los arts. 465 -cuarto párrafo- y 466 del C.P.P.N., se presentó la parte impugnante y reeditó los argumentos de su recurso casatorio.
La casacionista insistió en que “…la única decisión admisible para resolver este incidente es considerar la imprescriptibilidad de la acción (cfr. CN, Art. 36, párrafos tercero y quinto) y/o que se encuentra suspendida su prescripción conforme al segundo párrafo del Art. 67 del código penal”. Citó jurisprudencia de esta Cámara y postuló que el planteo de prescripción intentado por la defensa debía ser descartado.
En apoyo a su punto de vista, la recurrente detalló cronológicamente la manera en que, según su visión, ocurrieron los actos interruptivos del plazo de prescripción de la acción penal: “1.- Los expedientes traídos a estudio en el escrito de prescripción, fueron conforme los planteos de la propia defensa, tramitados entre 2008 y 2011 (Expdt. 024-27-06238239-8-974-2 correspondiente a KUBERSKI FELISA LIA, fecha de inicio 09/06/11, resuelto 10/04/15; Expdt. 024-27- 06506215-7-974-1 correspondiente a GOMEZ DOLORES ELVIRA, fecha de inicio 13/12/11, resuelto 10/04/15; Expdt. 024-27-04450893-7-295-1 correspondiente a GOMEZ MODESTA YOLANDA, fecha de inicio 11/03/2008, resuelto 22/ 07/ 2008. Debiendo tomar esta última fecha como punto de partida del hecho; ya que el delito fue continuado y en esa fecha termino de consumarse.
2. El llamado a prestar declaración indagatoria ocurrió en 21/04/16; lo que conllevó - posteriormente- a su procesamiento.
3. Siguiendo la línea de relato de los hechos procesales, con fecha 9 de marzo de 2020 la Fiscalía presentó el requerimiento de elevación a Juicio en virtud de la vista conferida en relación al Art. 346 del C.P.P.N.
4. Posteriormente, se ordenó la citación a juicio el 24 de febrero del corriente año”. A partir de allí, la parte impugnante afirmó que “…en autos han operado los hechos interruptivos del curso de Prescripción de la Acción Penal (cfr. Art. 67 del CP)…” y que “[t]al circunstancia, era de por sí suficiente para desestimar, sin más trámite, el planteo de la defensa”.
Sostuvo la reserva del caso federal oportunamente efectuada.
IV. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., en primer término se presentó por escrito la recurrente y reeditó los argumentos de su recurso casatorio. En segundo lugar, la defensa particular de Jorge Federico Somoza presentó breves notas sustitutivas de audiencia y solicitó -por sus argumentos- que el recurso de la parte querellante fuese rechazado.
V. Que superada dicha etapa procesal, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas y practicado el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctor Mariano Hernán Borinsky, doctor Javier Carbajo y doctor Gustavo M. Hornos.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
El recurso de casación interpuesto resulta formalmente admisible, toda vez que la resolución recurrida es de aquéllas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), la recurrente se encuentra legitimada para impugnarla (art. 460 en función de lo normado en el art. 458 del C.P.P.N.), los planteos esgrimidos se enmarcan dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación exigidos por el art. 463 del citado código ritual.
Previo a dar tratamiento a los agravios sometidos a análisis, corresponde hacer una breve reseña de las circunstancias relevantes del caso. Los autos principales tuvieron su inicio el pasado 30 de mayo de 2012 a propósito de la denuncia formulada por la División Operaciones Judiciales de la P.F.A., con relación a la presunta falsificación de firmas y sellos de personal de la Comisaría Nro. 31 de esa fuerza en certificaciones de formularios presentados ante la ANSES para la iniciación de trámites jubilatorios.
El 23 de diciembre de 2013 se le acumuló por conexidad el expediente Nro. 4731/2013, originada el 23 de mayo de 2013, con motivo de una denuncia que daba cuenta de supuestas irregularidades en la modalidad de tramitación de beneficios previsionales por servicios domésticos, desarrollados en connivencia con funcionarios de ANSES.
En conjunto, la investigación quedó inicialmente ceñida a cuarenta y un (41) casos de la oficina UDAI Centro de aquel Organismo. Entre ellos, y en lo que concierne a la situación procesal de Jorge Federico Somoza e interesa en la presente incidencia, cabe destacar los expedientes relativos a los solicitantes Lia Felisa Kubersky y Dolores Elvira Gómez.
El 26 de febrero de 2016 el imputado Somoza fue convocado a prestar declaración indagatoria, lo que luego derivó en el dictado del auto de procesamiento sin prisión preventiva a su respecto.
En dicha oportunidad, el nombrado fue procesado “…por considerarlo ‘prima facie’ partícipe necesario del delito de estafa en perjuicio de la administración pública, en cuatro (4) hechos -dos consumados y dos en grado de tentativa- que concurren materialmente entre sí (arts. 42, 45, 55, 172 y 174 -inc. 5°- del C.P., y arts. 306, 310 y ccs. del C.P.P.)” (cfr. resolución del 11 de julio de 2018, cuerpo VI, fs. 1137/1200, en autos principales según LEX 100).
Más adelante se incorporó por conexidad a estos autos la causa Nro. 6654/2015, cuyo objeto estaba ceñido a los expedientes iniciados a favor de la solicitante Modesta Yolanda Gómez.
Con posterioridad y en lo que aquí interesa, el 6 de febrero de 2020 el apoderado por la parte querellante -ANSES- formuló el requerimiento de elevación a juicio del nombrado (art. 347 del CPPN). Precisamente detalló que Somoza “…participó en cuatro maniobras defraudatorias…” y especificó que “[e]n las relacionadas con los expedientes de Salustiana Balmaceda [y] María Cristina Wolf se consumó el hecho típico y en los de Lia Felisa Kubersky y Dolores Elvira Gómez, quedaron en tentativa”. La parte estimó que la conducta desplegada por el imputado encontraba su encuadre legal en el delito de administración fraudulenta, previsto y reprimido en el art. 173 inc. 7° del CP en función del art. 174 inc. 5° del mismo cuerpo legal (cfr. requerimiento de elevación a juicio formulado por ANSES el 6 de febrero de 2020, cuerpo IX, fs. 1746/1780 en autos principales según LEX 100).
En sentido similar, el 9 de marzo de 2020 la representante del Ministerio Público Fiscal efectuó su requerimiento de elevación a juicio (art. 347 del CPPN). La acusadora pública precisó que “…el nombrado aparece interviniendo activamente, tanto como apoderado y como presentante, en cinco de los expedientes previsionales denunciados en autos, correspondientes a Lía Felisa Kuberski, Maria Cristina Wolf, Salustiana Balmaceda, Dolores Elvira Gómez y Modesta Yolanda Gómez”. Con motivo de ello le atribuyó “…a Jorge Federico Somoza en calidad de participe necesario[,] el delito de estafa en perjuicio de la administración pública en 5 hechos (3 consumados y 2 en grado de tentativa) que concurren materialmente entre sí (art. 42, 45, 55, 172 y 174 -inc. 5°- del Código Penal)” (cfr. requerimiento de elevación a juicio formulado por el MPF el 9 de marzo de 2020 en autos principales según LEX 100).
Elevado el expediente a la etapa plenaria, el 24 de febrero de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de esta Ciudad convocó a las partes a juicio (art. 354 del CPPN).
A propósito de lo resuelto por el a quo el 1 de junio de 2023 en el incidente de prescripción promovido por la coimputada María Laura Pita, la defensa particular de Jorge Federico Somoza planteó que la acción penal con respecto a los supuestos identificados como “Kuberski”, “D.E. Gómez” y “M.Y. Gómez” (hechos encuadrados legalmente por las partes acusadoras como constitutivo del delito de estafa en perjuicio de la administración pública -art. 172 y 174, inc. 5°, CP, los dos primeros en grado de tentativa y el último consumado) se encontraba prescripta (cfr. presentación de la parte el 22 de junio de 2023 en autos principales según LEX 100). Con ello el tribunal a quo dispuso la formación de la presente incidencia y corrió vista a las demás partes.
En primer lugar, se expresó el acusador público, quien coincidió con el postulado defensista. En efecto, comenzó afirmando que “…los hechos traídos a juicio resultan perfectamente escindibles entre sí y que no advierto razón alguna, más allá de las similitudes en el ardid empleado para concretar la maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado Nacional, que justifique atribuirle a los imputados una participación en hechos que exceden aquellos por los que fueron indagados, procesados y, fundamentalmente, requeridos a esta instancia”.
El señor Fiscal General precisó que “…a más de 10 años de iniciada la causa, no se incorporaron elementos de prueba que permitan sostener la existencia de un plan común o vínculo asociativo entre los sujetos que tomaron intervención en los distintos expedientes”. Reforzó su posición señalando que “…la investigación no tuvo por objeto establecer la posible existencia de una asociación delictiva de la cual pudieron haber participado diversos agentes de la Administración Pública Nacional, sino que se concentró en las irregularidades detectadas en diferentes expedientes de pensiones derivadas en las que mediante distintas maniobras se iniciaron trámites delegación centro de la ANSES”.
Es así que el señor fiscal ante el a quo indicó que “…a instancias de evaluar la vigencia de la acción penal de los hechos imputados al Sr. Somoza y, en particular, la suspensión de la prescripción a tenor de lo normado en el art. 67, segundo párrafo del C.P., debe valorarse únicamente la permanencia en funciones de quienes ocupen un cargo público y haya participado de un hecho delictivo concreto, más aún si, como ocurren en este caso, se encuentran debidamente definidos en las respectivas piezas acusatorias”.
Sentado ello, el representante del Ministerio Público Fiscal evaluó concretamente lo postulado por la defensa y opinó que “…sólo en el hecho identificado con el expediente administrativo Expte. nro. 024-27-06238239-8-974-000002 relacionado a la Sra. Kuberski, se imputa al Sr. Somoza la participación necesaria en el delito de estafa en perjuicio de la administración pública, en grado de tentativa (art. 42, 45, 172 y 174 -inc. 5°- del Código Penal) hecho en el cual habría participado solamente la funcionaria pública de la ANSES a María soledad Mushelli conforme los requerimientos fiscales del 6 de marzo de 2020 de fs. 1793/1826 y del 16 de marzo del 2021”.
Ponderó que “[l]a Sra. Mushelli prestó funciones en la ANSES hasta el 12 de noviembre de 2012 que fueron dados de baja conforme la situación de revista informada por la ANSES el 18 de octubre del 2022”; por lo que -desde su perspectivaentendió que “…la otrora funcionaria pública permaneció en su cargo hasta el 12 de noviembre de 2012, por lo cual, entre la fecha señalada y el primer llamado a declaración indagatoria del Sr. Somoza de fecha 26 de febrero de 2016, no transcurrió el máximo de la pena prevista para la figura penal enrostrada”.
Empero, el acusador público advirtió que “…entre el primer llamado a declaración indagatoria de Somoza de fecha 26 de febrero de 2016, y el requerimiento de elevación a juicio del 9 de marzo 2020 sí transcurrió el máximo de la pena prevista para la figura penal atribuida, sin que el curso de la acción seguida en su contra se haya interrumpido o suspendido por alguna de las demás causales taxativamente previstas en el art. 67 del C.P.”. De seguido, el fiscal a quo analizó que “[c]on relación al hecho relacionado con el beneficio de Dolores Elvira Gómez Expedientes nros. 024-27-06506215 -7-974-000001 y 000002, corresponde señalar que se imputa al Sr. Somoza la participación necesaria en el delito de estafa en perjuicio de la administración pública, también en grado de tentativa (art. 42, 45, 172 y 174 -inc. 5°- del Código Penal), hecho en el cual habría participado solamente el Sr. Ariel Horacio Tancredi como gestor, conforme los requerimientos fiscales del 6 de marzo de 2020 de fs. 1793/1826 y del 16 de marzo del 2021. Se advierte que entre el 13 de diciembre de 2011, momento en que se solicitó el turno en la UDAI centro para el beneficio pretendido, y el primer llamado a declaración indagatoria de Somoza de fecha 26 de febrero de 2016, ha transcurrido el máximo de la pena prevista para la figura penal enrostrada, sin que el curso de la acción seguida en su contra se haya interrumpido o suspendido por alguna de las demás causales taxativamente previstas en el art. 67 del C.P.”.
Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal se refirió “…[a]l hecho cuya beneficiaria se trata de Modesta Yolanda Gómez Expedientes nros. 024-27-04450893 -7-295-000001, 024-27-044508937-8201, 024-27-04450893- 7-751-000001 y 024-27-04450893-7-720 -000001…”, en el que “…se imputa únicamente al Sr. Somoza la participación necesaria en el delito de estafa en perjuicio de la administración pública (art. 45, 172 y 174 -inc. 5°- del Código Penal), conforme los requerimientos fiscales del 6 de marzo de 2020 de fs. 1793/1826 y del 16 de marzo del 2021”.
Allí mencionó que “…Modesta Yolanda Gómez obtuvo el beneficio jubilatorio con fecha 31 de diciembre de 2007, por lo que, al menos desde esa fecha hasta el primer llamado a declaración indagatoria de Somoza, de fecha 26 de febrero de 2016, ha transcurrido el máximo de la pena prevista para la figura penal enrostrada, sin que el curso de la acción seguida en su contra se haya interrumpido o suspendido por alguna de las demás causales taxativamente previstas en el art. 67 del C.P.”. Finalmente mencionó que “…más allá que los imputados participaron en maniobras delictivas en la UDAI centro, de ningún modo resulta indicativa de la existencia de un plan asociativo que permitan vincular los hechos ilícitos, máxime si se tiene en cuenta la labor que desempeñan como mandatarios. Definida la plataforma fáctica en las respectivas piezas acusatorias, resulta claro que nos encontramos ante hechos perfectamente escindibles” (cfr. dictamen fiscal del 28 de junio de 2023 en autos principales según LEX 100).
Seguidamente se pronunció la parte querellante -ANSES-, quien solicitó que el pedido defensista fuese rechazado.
Refirió que “…la prescripción pretendida respecto de los hechos imputados (…) no cumple con las previsiones del Art. 67 del Código Penal Argentino”.
Para ello, la parte tuvo en cuenta que “[l]os expedientes administrativos traídos a estudio en el escrito de prescripción fueron, conforme los planteos de la propia defensa, tramitados entre los años 2008 y 2015 (Expdt. 024-27-06238239-8-974-2 correspondiente a KUBERSKI FELISA LIA, fecha de inicio 09/06/11, resuelto 10/04/15; Expdt. 024-27- 06506215-7-974-1 correspondiente a GOMEZ DOLORES ELVIRA, fecha de inicio 13/12/11, resuelto 10/04/15; Expdt. 024-27-04450893-7-295-1 correspondiente a GOMEZ MODESTA YOLANDA, fecha de inicio 11/03/2008, resuelto 22/ 07/ 2008.
Debiendo tomar la fecha 10/04/15, como punto de partida del plazo liberatorio; ya que el delito fue continuado, y en esa fecha ceso la acción”.
Agregó que “[e]l primer llamado a prestar declaración indagatoria ocurrió en 26/02/16; lo que conllevó –posteriormente- a su procesamiento”. Desde allí la querella entendió que “…de la cronología reseñada en el precedente, han operado durante el proceso hechos interruptivos del curso de la Prescripción de la Acción Penal (Cfr. Art. 67del CP). Tal circunstancia, por sí misma, debiera resultar suficiente para desestimar, sin más trámite, el planteo de la defensa”.
La querellante añadió que “[l]os hechos que le fueran imputados al incidentista, concurren materialmente entre sí. De allí que el término de prescripción necesariamente deba acomodarse a la suma aritmética de los máximos de la escala penal prevista para cada uno de esos casos”.
Asimismo, precisó que “[e]n autos se encuentran co-imputados cuando menos tres agentes estatales: Soledad Mushelli. (reconocida por el propio incidentista), Benini González y Mariano Figueroa. Tal circunstancia, por sí sola, torna aplicable lo dispuesto en el artículo 67, segundo párrafo del C.P; suspendiendo, en consecuencia, el cómputo del plazo de prescripción respecto del resto de los encartados”.
Por último, la parte argumentó que “[l]os hechos aquí investigados, en tanto han supuesto graves delitos dolosos cometidos en perjuicio de la Administración Pública que conllevaron un supuesto de enriquecimiento para sus autores, se encuentran enmarcados en las previsiones del párrafo quinto del artículo 36 de la Constitución Nacional;
circunstancia ésta que, por sí solos, los torna imprescriptibles por aplicación de los párrafos primero y tercero de dicho dispositivo constitucional” (cfr. contestación de vista por la parte querellante del 27 de junio de 2023 en autos principales según LEX 100).
Llegado el momento de resolver, con fecha 23 de agosto de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de los hechos identificados como “Kuberski”, “D.E. Gómez” y “M.Y. Gómez” atribuidos oportunamente a Jorge Federico Somoza (calificados legalmente como defraudación en perjuicio de la administración pública, dos en grado de tentativa y uno consumado -arts. 42, 45, 172 y 174, inc. 5°, del Código Penal-); y, en consecuencia, sobreseyó al nombrado únicamente con relación a dichos sucesos (arts. 59 inc. 3ro., 62 inc. 2do., y 67 CP y 334, 335 y 336 inc. 1° del CPPN).
Para así resolver, los jueces del a quo evaluaron, primero, que en el supuesto “D.E. Gómez” “…se tiene en cuenta como fecha de inicio del hecho imputado el 27 de diciembre de 2011 y/o el 13 de diciembre de 2011 -fecha en la que se solicitó el turno en la UDAI Centro para el beneficio pretendido- (conforme las acusaciones), y respecto a aquellos actos interruptivos en los términos del art. 67 del Código Penal, se advierte que el primer llamado a prestar declaración indagatoria del Sr. Somoza fue el 26 de febrero de 2016 y los posteriores requerimientos de elevación a juicio de la Fiscalía se efectuaron el 9 de marzo 2020 y 16 de marzo de 2021”.
Por ello los magistrados de la anterior instancia concluyeron que “…desde el 13 y/o 27 de diciembre de 2011 debe contabilizarse el término de cuatro años antes referido, y claramente se advierte hasta la fecha del primer llamado a prestar declaración indagatoria del enjuiciado Somoza -26 de febrero de 2016-, transcurrió aquél tiempo máximo de la pena prevista para la figura penal enrostrada, sin que el curso de ese tiempo la acción penal se haya interrumpido o suspendido en los términos del art. 67 del C.P.”.
En segundo lugar, los jueces de grado indicaron que en el caso “Kuberski” “…se advierte que habría participado la funcionaria pública de la ANSES, María Soledad Mushelli, conforme los requerimientos fiscales del 6 de marzo de 2020 de fs. 1793/1826 y del 16 de marzo del 2021, quien prestó funciones en la ANSES hasta el 12 de noviembre de 2012, oportunidad en la que fue dada de baja conforme la situación de revista informada por la ANSES el 18 de octubre del 2022, y considerando los actos interruptivos en los términos del art. 67 del Código Penal, se advierte que el primer llamado a prestar declaración indagatoria del Sr. Somoza fue el 26 de febrero de 2016 y los posteriores requerimientos de elevación a juicio de la Fiscalía se efectuaron el 9 de marzo 2020 y el 16 de marzo de 2021”.
Consideraron que “…desde el 12 de noviembre de 2012 –fecha del cese de funciones de Mushelli- debe contabilizarse el término de cuatro años antes referido y claramente se advierte hasta la fecha del primer llamado a prestar declaración indagatoria del enjuiciado Somoza -26 de febrero de 2016-, no transcurrió dicho plazo. Sin embargo, desde este último acto procesal hasta la fecha del requerimiento de elevación a juicio de la acusación pública -9 de marzo de 2020- sí transcurrió aquél tiempo máximo de la pena prevista para la figura penal enrostrada, sin que el curso de ese tiempo la acción penal se haya interrumpido o suspendido en los términos del art. 67 del C.P.”.
Por último, con respecto al hecho identificado como “M.Y. Gómez”, los magistrados del colegiado previo indicaron que “…se tiene en cuenta que -Gómez- obtuvo el beneficio jubilatorio el 31 de diciembre de 2007, y en cuanto a aquellos actos interruptivos en los términos del art. 67 del Código Penal, se advierte que el primer llamado a prestar declaración indagatoria del Sr. Somoza fue el 26 de febrero de 2016 y los posteriores requerimientos de elevación a juicio de la Fiscalía se efectuaron el 9 de marzo 2020 y 16 de marzo de 2021”.
En ese entendimiento ponderaron que, “… desde por lo menos, el 31 de diciembre de 2007, debe contabilizarse el término de seis años antes referido y claramente se advierte que hasta la fecha del primer llamado a prestar declaración indagatoria del enjuiciado Somoza -26 de febrero de 2016-, transcurrió el máximo de la pena prevista para la figura penal enrostrada, sin que el curso de ese tiempo la acción penal se haya interrumpido o suspendido en los términos del art. 67 del C.P.”. A lo postulado los jueces del tribunal a quo aclararon que “[s]in perjuicio de todo lo mencionado anteriormente, dando respuesta a la oposición de la parte querellante, corresponde mencionar que si bien con relación a otros hechos por los cuales se requiriera la elevación a juicio respecto del imputado Somoza concursan en forma real (art. 55 del C.P.) lo cierto es que la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente por cada delito y por cada uno de los partícipes (art. 67 último párrafo del C.P.)” (cfr. resolución recurrida del 23 de agosto de 2023 en autos principales según LEX100).
Según lo anticipado, contra dicha decisión la parte querellante -ANSES- interpuso el recurso de casación que, tras ser concedido por el a quo y mantenido en esta instancia, se encuentra a estudio ante esta Cámara Federal de Casación Penal. Reseñado cuanto antecede, el examen del caso de autos revela que, en lo que respecta al caso identificado como “Kuberski”, el tribunal a quo omitió considerar el requerimiento de elevación a juicio efectuado por la parte querellante como potencial acto procesal interruptivo del curso de la prescripción de la acción penal; circunstancia ésta que imposibilita su convalidación como acto jurisdiccional válido (cfr. art. 123 del C.P.P.N.) en lo que refiere a dicho supuesto.
Debe recordarse que a partir de la entrada en vigencia de la ley 25.990 (B.O. 11/01/2005), quedaron enumerados taxativamente en la letra del art. 67 del Código Penal aquellos actos procesales que poseen entidad interruptora del curso de la prescripción de la acción penal, siendo éstos: a) La comisión de otro delito; b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente -el resaltado me pertenece-; d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme (cfr. también doctrina sentada por la C.S.J.N. en Fallos: 328:4274 y 337:354). En línea con ello, debe memorarse que en el caso “Bernasconi” la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo -con remisión al dictamen del Procurador General- que “…la lectura del pronunciamiento criticado permite concluir que éste encuentra suficiente sustento en el texto de la ley, que establece como causal de interrupción de la prescripción ‘el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio’, sin distinguir si se trata de la requisitoria del fiscal o de la parte querellante, con arreglo a las previsiones del artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación. En aquella oportunidad el Alto Tribunal aclaró que “[l]a decisión apelada no sólo hace una razonable aplicación del principio según el cuál no cabe hacer distinciones donde la ley no las hace, sino que además es coherente con la doctrina de Fallos: 312:2021, que señala que la exigencia de acusación, como forma sustancial del proceso, no contempla distingo alguno respecto del carácter público o privado de quien la formula” (cfr. “Bernasconi, Jorge Juan s/ causa no 1073”, B. 605. XLII, rta. 2/9/2008).
De esta manera, el contexto descripto evidencia que el tribunal a quo no analizó, a la luz de la normativa aplicable al caso (art. 67, inc. c, CP), la eventual repercusión del requerimiento de elevación a juicio formulado por la parte querellante con fecha 6 de febrero de 2020 en el marco de la discusión sobre la vigencia de la acción penal seguida contra Jorge Federico Somoza en orden al hecho individualizado como “Kuberski” (encuadrado legalmente en la figura penal de defraudación en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario para el nombrado -arts. 42, 45, 172 y 174, inc. 5°, del Código Penal).
Lo expuesto conduce a concluir que la resolución cuestionada -en lo que respecta exclusivamente a dicho hecho- carece de motivación suficiente, dado que no resulta de una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias relevantes del caso; por lo que no puede ser considerada un acto jurisdiccional válido (cfr. arts. 123 y 167 -inc. 2º- del C.P.P.N.). Con respecto a los restantes agravios introducidos por la impugnante con relación a la prescripción de los hechos “D.E. Gómez” y “M.Y. Gómez”, las discrepancias valorativas exteriorizadas por el recurrente, más allá de evidenciar la existencia de una fundamentación que no comparte, no configuran el supuesto de arbitrariedad que alega, motivo por el cual deben desestimarse los cuestionamientos esgrimidos en dicho sentido. No debe soslayarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al pronunciarse en el caso “Reggi” (Fallos: 322:717) indicó que “…según lo tiene aceptado [ese] Tribunal la declaración de la prescripción de la acción penal tiene carácter de orden público, motivo por el cual debe ser declarada de oficio (Fallos: 275:241), pues se produce de pleno derecho por el mero transcurso del plazo pertinente (Fallos: 305:1236), corre y se opera en relación a cada delito aun cuando exista concurso de ellos (Fallos: 186:281; 201:63; 202:168; 212:324 y 305:990)” (el resaltado me pertenece).
A su vez, debe señalarse que, contrariamente a lo postulado por la impugnante en su recurso casatorio, de las constancias del caso surge que el objeto de estudio de esta investigación se centró en “…diversas maniobras ilícitas [llevadas a cabo] con el objetivo de eludir los mecanismos de control de la Administración Nacional de la Seguridad Social y, de esta forma, lograr que ese organismo otorgue beneficios jubilatorios que no cumplían con los requisitos previstos por la ley” (el destacado me pertenece, cfr. requerimiento de elevación a juicio formulado por el MPF el 9 de marzo de 2020 en autos principales según LEX 100). De hecho, de la propia pieza procesal citada se desprende una detallada enumeración de las maniobras involucradas en la pesquisa y su atribución concreta a cada imputado.
Asimismo, y con respecto a la aplicación en autos de la causal suspensiva del art. 67, segundo párrafo, del C.P. (estrictamente con relación al coimputado Benini González); cabe mencionar que las alegaciones efectuadas por la recurrente en ese sentido no logran rebatir la fundamentación sostenida por el tribunal a quo -en línea con la postura del acusador público- y, de esa forma, conmover lo resuelto en el pronunciamiento recurrido con respecto a dicho extremo (cfr., en lo pertinente y aplicable, voto del suscripto en causa 14.770 caratulada “Cirigliano, Sergio Claudio s/recurso de casación” de esta Sala IV de la CFCP, Reg. Nro. 744/12, rta. el 14/05/2012).
Por último, habré de referirme a la invocación formulada por la impugnante con relación a la doctrina de la imprescriptibilidad de la acción penal en casos de corrupción que fuera sentada en el fallo “Cossio” por la mayoría de esta Sala IV -con una composición distinta a la actual-. Sobre ello, debo recordar que en aquel precedente el suscripto se expidió en forma minoritaria (cfr. causa CFP 12099/1998/TO1/12/CFC8 caratulada “Cossio, Ricardo Juan Alfredo y otros s/ recurso de casación” de esta Sala IV de la CFCP, Reg. Nro. 1075/18, rta. el 29/08/2018).
En definitiva, desde que tuvieron lugar los casos “D.E. Gómez” y “M.Y. Gómez” hasta el primer llamado a indagatoria de Jorge Federico Somoza el 26 de febrero de 2016 (art. 67, inc. “b” del C.P.) ha transcurrido el máximo de la escala penal aplicable conforme los delitos imputados (art. 62, inc. 2, según art. 172 y 174, inc. 5° del C.P.) sin que se haya constatado antes de que ello ocurra algún otro acto con virtualidad interruptiva de acuerdo a lo taxativamente normado por el art. 67 del C.P.
En consecuencia, ha operado el plazo de prescripción de la acción penal con respecto a dichos hechos.
Por ello, de conformidad con lo argumentado, corresponde: I. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación articulado por la parte querellante -ANSES- con relación al expediente administrativo nro. 024-27-06238239-8- 974-000002 perteneciente a Lía Felisa Kuberski, ANULAR con dicho alcance la resolución impugnada y REENVIAR las presentes actuaciones al tribunal de origen para el dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, teniendo en cuenta los parámetros esbozados en la presente resolución. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la parte querellante -ANSES- en orden a los restantes motivos de agravio. III. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por la recurrente.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Comparto sustancialmente las consideraciones formuladas por el colega que lidera el orden de votación, Dr. Mariano Hernán Borinsky. En cuanto a los antecedentes del caso, la solución adoptada y los agravios formulados por el impugnante, habré de remitirme en un todo a la ponencia que abre el acuerdo.
Respecto a la cuestión traída a estudio en punto al modo de computar el plazo de prescripción de la acción penal en relación con los distintos hechos imputados, teniendo en consideración su relación concursal, he tenido oportunidad de señalar en el caso CFP 10247/1998/TO1/CFC7 caratulado “BERAJA, Rubén Ezra y otros s/recurso de casación“, Reg. 1255/20 del 31/07/2020, que el propio art. 67 del texto legal de fondo establece expresamente, en su último párrafo, que “la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito…”.
Tomando en cuenta la citada regla, vale memorar la pauta de interpretación que postula que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino uno que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769).
Asimismo, debe recordarse que la observancia de estas reglas generales no agota la interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad -art. 18 de la Constitución Nacional- exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico; y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal (cfr. CSJN 2148/2015/RH1, “Farina, Haydée Susana s/homicidio culposo”, del 26/12/19, Fallos: 342:2344 y sus citas).
Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 312:1484).
Justipreciando estos lineamientos interpretativos y el texto legal señalado, es dable concluir que el cómputo de la prescripción no puede verse modificado por la existencia de una relación concursal, sino que los distintos hechos que integren el concurso (sea este de carácter material o ideal) deben computarse de manera individual. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lleva dicho, de manera reiterada, que “…la prescripción de la acción penal tiene carácter de orden público, motivo por el cual debe ser declarada de oficio puesto que se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente (Fallos: 275:241; 305:1236), y corre separadamente en relación a cada delito aun cuando exista concurso de ellos” (Fallos: 201:63; 202:168; 212:324 y 327:4633, entre otros).
Incluso, de ahí se deriva que no se acumulen las penas a los efectos del cómputo del plazo pertinente y que éste sea independiente para cada hecho criminal, en tanto también lo sean ellos.
Asimismo, entre sí no tienen carácter interruptivo, de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado (cfr. Fallos: 312:1351, considerando 16). Esta doctrina ha sido reafirmada en Fallos: 322:717.
Frente a ese panorama, la pretensión de que se compute de modo diverso el término de prescripción en atención a la relación concursal que se postula respecto de los delitos que se imputan no posee anclaje legal, al tiempo que no es posible desatender las pautas hermenéuticas delineadas por el Máximo Tribunal Federal de la Nación De otro lado, en cuanto a la esgrimida imprescriptibilidad de los delitos aquí enrostrados, corresponde señalar que lo dispuesto por el art. 36 de la Constitución Nacional no acarrea la consagración de la imprescriptibilidad de las acciones penales ante la comisión de graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento (cfr. mi adhesión in re CFP 9233/1999/TO1/37/CFC5, “Bofill, Alejandro Arturo y otros s/recurso de casación”, Reg. 145/20, del 21/2/20).
Allí sostuve que una adecuada interpretación del citado artículo presupone distinguir, por un lado, los denominados actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático de aquellos otros ilícitos que, sin implicar aquella fuerza, puedan poner en crisis el mencionado orden y sistema.
En ese sentido, para los primeros, el constituyente ha establecido un pormenorizado régimen que abarca la imprescriptibilidad de las acciones civiles y penales, la aplicación de la pena contenida en el art. 29 de la Carta Magna, la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos, la imposibilidad de su indulto o conmutación y el expreso derecho de resistencia de la ciudadanía.
Por el contrario, en relación con los graves delitos contra el Estado que conlleven enriquecimiento no se ha reseñado un particular conjunto de consecuencias jurídicas. Más aun, la única disposición que se ha establecido es la expresa remisión a la inhabilitación que las leyes determinen.
En adición, con posterioridad a la reforma constitucional se sancionó la ley 25.188 de ética en la función pública, que tomando en consideración la gravedad institucional de los hechos de corrupción en la función pública, dispuso la modificación del Código Penal estableciendo que “(l)a prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público…”.
Esta cuestión también fue debidamente considerada en la decisión adoptada sin que, de su aplicación, se derive la pervivencia de la acción penal.
Por lo demás, en cuanto a la imputación formulada respecto de los hechos individualizado como “Kuberski”, comparto el examen propiciado en el voto que antecede en tanto se observa que no se ha valorado la eventual repercusión del requerimiento de elevación a juicio formulado por la parte querellante el 6 de febrero de 2020. Con estas breves consideraciones y en las particulares circunstancias detalladas por el colega que abre el orden en la votación, hago propia la solución allí propuesta, sin costas en la instancia (arts. 530 y ccdtes. del CPPN).
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
Sellada como se encuentra la suerte del recurso de casación interpuesto por la mayoría conformada por los votos coincidentes de mis colegas que se han expedido de manera contraria a la doctrina de la imprescriptibilidad de la acción penal en casos de graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento a la luz de lo dispuesto en el artículo 36 de la CN (cfr. mis votos en los casos de corrupción “Cossio” y “Boffil”, citados), resulta inoficioso que me pronuncie aisladamente respecto a su aplicabilidad a este caso concreto planteada por el impugnante. En consecuencia, en lo relativo a la segunda cuestión invocada relativa al modo de computar el plazo de prescripción en lo pertinente, en atención a las particularidades del trámite otorgado al presente proceso que han sido pormenorizadamente reseñadas en el voto que lidera el acuerdo, adhiero a la solución propuesta.
Por ello, en mérito al Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:
I. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación articulado por la parte querellante -ANSES- con relación al expediente administrativo nro. 024- 27-06238239-8-974-000002 perteneciente a Lía Felisa Kuberski, ANULAR con dicho alcance la resolución impugnada y REENVIAR las presentes actuaciones al tribunal de origen para el dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, teniendo en cuenta los parámetros esbozados en la presente resolución. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. RECHAZAR, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la parte querellante - ANSES- en orden a los restantes motivos de agravio.
III. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por la recurrente.
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia