Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 1 de San Martín · Causa 52714
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la demanda promovida por la parte actora: PAZ SONIA MABEL y condenando a la parte demandada GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AUTOSEGURO a pagar a la parte actora dentro de los SESENTA (60) DÍAS de notificada, la suma de Pesos Treinta Millones Doscientos CIncuenta y Siete Mil Cuatrocientos Trece con Cuarenta y Ocho Centavos ($ 30.257.413,48) en concepto de de indemnizaciones arts. 18, 15 ap. 2, 11 ap. 4 LRT y art 3 ley 26.773
2Disponer que para el caso de incumplimiento el monto se actualizará con más los intereses que se liquidarán al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, en caso de que la accionada incurra en mora.
3Imponiendo las costas a la Parte Demandada vencida (conf. arts. 24 y c.c. de la Ley 15.057) .
4Procédase a practicar por Secretaría regulación de los honorarios profesionales (cfr. Ley 14.967 y art 59 Ley 15.057).
5Practíquese liquidación de tasa y sobre tasa de justicia por Secretaría y notifíquese.
6Comunicar electrónicamente a la Receptoría General de Expedientes Dptal. a los efectos de que tome debida nota; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, inciso 2° del Acuerdo SCBA Nro. 2972/00 (mod. por Ac. SCBA 3004) y Ac. SCBA Nro. 3397, art. 58.
TRIBUNAL DE TRABAJO NRO. 2
DPTO. JUDICIAL SAN MARTÌN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SONIA MABEL PAZ C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AUTOSEGURO S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL (MUERTE POR COVID-19)
Nº de Expediente: 52714 .
Id. en Receptoría: SM-27178-2023
General San Martín.
S E N T E N C I A D E F I N I T I V A
En la Ciudad de Gral. San Martín, reunidos los Sres. Jueces del Tribunal del Trabajo Número Uno de esta Ciudad , los doctores: Eduardo Daniel Suvidzinski, Esteban Federico Coda y Gabriel Eduardo Lanzavechia, -designados conforme lo dispuesto por Excmo. Tribunal Superior v. 05/08/2026- en su Sala de Acuerdos, a fin de dictar Sentencia Definitiva en los autos " SONIA MABEL PAZ C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AUTOSEGURO S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL (MUERTE POR COVID-19) " Expediente N° 52714 , de conformidad con lo establecido en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y art. 57 de la Ley 15.057, resolvieron plantear y votar por separado, previo sorteo en este orden: Doctores Eduardo Daniel Suvidzinski, Esteban Federico Coda y Gabriel Eduardo Lanzavechia, la siguiente cuestión:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Eduardo Daniel Suvidzinski dijo:
1. Llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal a fin de dictar nuevo pronunciamiento en atención a lo resuelto por Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires mediante el cual declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
2. En 28/09/2026, como consecuencia de lo indicado en el Sub 1°) se dispuso pasar los autos al acuerdo, efectuándose el sorteo correspondiente en 09/10/2026, y encontrándose los presentes en estado de dictar Sentencia Definitiva .
L A D E C I S I O N :
I). Se encuentra firme por cuanto no ha sido motivo de casacion, que de la documental acompañada y actuaciones administrativas (Expediente SRT Nro. 424943/22), el hecho del fallecimiento del Sr. Héctor Occhiuzzi en fecha 20/10/20, a causa de la evolución desfavorable de la enfermedad COVID-19 contraída en 28/07/2020.
Que la presentante Sra. Sonia Mabel Paz, acreditó el carácter de viuda del causante con la documental aportada, y de heredera conforme declaratoria de herederos. De allí extraigo que los hijos Sergio Daniel y Noelia Eizabeth Occhiuzzi resultan mayores de edad a la época del fallecimiento. Por lo tanto tengo por acreditada la condición de derechohabiente de la actora en los términos del art. 53 de la ley 24.241.
II). Que, habiendo quedado determinada el fallecimiento del trabajador afectado, corresponde mensurar los daños conforme la ley vigente a partir de las consideraciones que a continuación se exponen.
Así las cosas, la Ley 24.557 dispone en su artículo 18 que Los derechohabientes del trabajador accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado y a las prestaciones establecidas en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 15 de esta ley, además de la prevista en su artículo 11, apartado cuarto.
Correspondiendo así, para el caso aquí ventilado, una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a ingreso base x 53 x coeficiente de edad. (Art. 15, inc. 2, de la Ley 24.557).
Asimismo, en virtud de lo normado por el apartado 4 inc. c) del artículo 11 de la ley 24.557.
Por su parte, la Ley Nro. 27.348, complementaria de la Ley Nro. 24.557 y sus modificaciones, tuvo la finalidad de incluir una tasa de actualización a fin de evitar los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del Ingreso Base. Es por ello por lo que regló por el artículo 11° la sustitución del artículo 12° de la Ley 24.557, a fin de reglar un criterio de determinación del ingreso base para proceder al cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva.
Es así, que el artículo 12° de la Ley 24.557 (según Ley 27.348) dispuso en el inciso primero que a los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio Nro. 95 de la OIT- por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor. Y, que los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables). Asimismo, el inciso segundo del artículo 12° de la Ley 24.557 (según Ley 27.348) dispone que desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
Posteriormente, en fecha 27/09/2019, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019, el cual dispuso la sustitución de la tasa de interés prevista en el artículo 12, inc. 2 de la Ley Nro. 24.557 y sus modificaciones, por el equivalente a la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado; es así como el Decreto determinó el modo y el quantum sobre el guarismo a emplearse.
Adunado a ello, bajo el DNU precitado, conforme artículo 2° se otorgó la facultad a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de dictar normas aclaratorias y complementarias del artículo 12 Ley 24.557 y así como también medidas tendientes a simplificar el pago de indemnizaciones y agilizar la terminación de los procesos judiciales. En esa sintonía la Superintendencia de Seguros de la Nación, dispuso, a través de las Resoluciones Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023, la fórmula para calcular los intereses que surgen de la sumatoria de las variaciones del Índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) - No Decreciente.
No obstante lo expuesto, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del Decreto de referencia, en el marco de la Causa L. 129.800, autos caratulados: "MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL" , todo lo cual, y sin perjuicio de las cuestiones planteadas en autos, y por razones de brevedad, congruencia y economía procesal, corresponde adecuar el presente pronunciamiento al criterio sentado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por lo que, adhiriendo tales fundamentos, corresponde declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019. Asimismo, y atendiendo que las resoluciones Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023 dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) fueron en el marco de la función prevista por el DNU Nro. 669/2019, estas deben correr la misma suerte que la normativa que les diera causa.
Finalmente, cabe destacar que la misma Ley de Riesgos de Trabajo ha contemplado pautas de actualización del crédito (art. 12, ley 24.557, texto según 11, ley 27.348) donde se advierte que, en la especie, el legislador ha tenido la finalidad de evitar la depreciación del crédito por transcurso del tiempo.
Por lo que, consecuentemente, siempre ha de tenerse en cuenta la fecha del hecho generador del daño a reparar y la fecha en que se ordena judicialmente el pago de las prestaciones, para así indagar, objetivamente, si entre dichos momentos se han producido variaciones económico-financieras, por las múltiples razones que pueden acaecer en nuestro país, a fin de determinar si se ha producido una alteración de la realidad económica de la pretensión del accionante.
Rigiendo, en tal sentido, aquel precepto sostenido por el Suscripto, en cuanto que el derecho ha de ser interpretado conforme las pautas en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los Tratados sobre Derechos Humanos, los Principios y los Valores Jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (cf. criterio art. 2 del Código Civil y Comercial de la Nación) por lo que, un análisis fraccionario del Derecho, no permitiría efectuar una integración de las normas de modo armónico.
III). Que, efectuadas las consideraciones que anteceden procedo a determinar el quantum indemnizatorio, individualizando y ponderando los elementos de juicio que sirven de base a la presente decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad (conf. L 37.437 sent. del 2-VI-87; L 52.908 sent. del 23- XI- 93 de la SCJBA), siguiendo las pautas vertidas en el Sub. de La Decisión que antecede y realizando una liquidación preliminar conforme el texto original del art. 11 de la ley 27.348.
En cuanto al modo de actualización del crédito, considero que debo efectuar una aclaración respecto al criterio que he sostenido en anteriores pronunciamientos.
En tales oportunidades entendí que, frente al proceso de depreciación monetaria, resultaba necesario acudir a mecanismos destinados a preservar adecuadamente el contenido económico del crédito reconocido al trabajador.
Sin embargo, un nuevo análisis de la cuestión, a la luz del régimen específico establecido por el legislador para las prestaciones dinerarias derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo, la evolución de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (L 139012 "VERA CARLOS ISSAC C/ EMPLEADOR AUTOASEGURADO GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCION DE REVISION COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15.057") y la falta de una argumentación concreta del accionante que demuestre a través de cálculos comparativos una depreciación del crédito de autos, me lleva a revisar aquella posición..
Consecuentemente, entiendo que la existencia de una tasa legal específicamente prevista por el art. 12 de la ley 24.557, conforme la modificación introducida por el art. 11 de la ley 27.348, constituye una circunstancia jurídicamente relevante que conduce a adoptar, para estos créditos, el mecanismo de cálculo allí establecido.
Ello no implica desconocer las razones que oportunamente me llevaron a sostener el criterio anterior, sino efectuar una revisión de la solución a partir de las circunstancias normativas, jurisprudenciales actualmente relevantes y lo solicitado por la parte actora.
En consecuencia, sin desconocer el criterio que anteriormente he sostenido y dejando expresamente a salvo que se trata de una modificación de mi posición sobre la cuestión, habré de aplicar en el presente caso el modo de actualización contemplado en el art. 11 de la ley 27.348, por entender que ella constituye el régimen legal específico aplicable al crédito objeto de condena.
Así, habiendo quedado determinado que el valor del Ingreso Base Mensual del actor ascendió a la suma de $ 55.663,82, (importe calculado conforme lo expuesto ut-supra , esto es, de acuerdo lo dispone el texto de la Ley 24.557 -según texto de Ley 27.348-, ello sin la aplicación del Dec.669/19 y utilizando a tal fin la publicación de los índices RIPTE extraída de: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte " style="color:#0563C1;"> https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte ; tratándose, en esta instancia, de la mera aplicación de una operación aritmética a partir de parámetros ya definidos conforme los índices que son públicos para las partes, en el enlace de acceso indicado precedentemente.
Que, a dicha suma, y en atención a lo dispuesto en art. 12, inc. 2do. de la Ley 24.557 -texto según Ley 27.348- corresponde agregar el devengamiento, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la presente liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, el interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, el cual asciende a la suma de $ 205.566,76.
Por lo que, finalmente, corresponde decir que el Ingreso Base Mensual para el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva, corresponde a la suma de $ 261.229,76.
Es por ello por lo que, en mi opinión, por imperio de lo que dispone el ordenamiento jurídico vigente, en los temas del Sistema de Riesgos del Trabajo, la demandada debe abonar a la actora las siguientes prestaciones:
1. Indemnización de pago único (art. 15, Inc. 2 a, de la Ley 24.557). Corresponde otorgar al actor la prestación que, por incapacidad permanente total establece el art. 15 inc. 2 a) del mismo cuerpo legal, la cual asciende se extrae de los parámetros indicados precedentemente, esto es: IBM * 53 * (65/Edad al momento de la PMI).
Por lo que, para el caso, aplicando los valores debidamente acreditados, corresponde: $ 261.229,76 x 53 x (65/62) = $ 14.515.103,87 ,
Monto que supera el mínimo establecido por el Decreto 1694/2009, vigente al momento del infortunio laboral de autos. Ello, conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: "Aiello, Roberto Alfredo c/ Galeno ART S.A. s/ Accidente - Ley especial" (03/09/2019) y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en los autos "Bruno Estela Laura c/ Provincia ART S.A. s/ Enfermedad accidente" (L. 120.061) .
2. Compensación dineraria adicional de pago único en compensación (art. 11 inc. c) apartado 4 de la Ley 24.557): En virtud de lo normado por el apartado 4 inc. b) del artículo 11 de la ley 24.557, el damnificado percibirá una compensación dineraria adicional de pago único de $ 2.322.321,00 conforme lo dispuesto por la Resolución N° 70/20 SRT suma que deberá adicionarse el interés Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina desde el siniestro (20/10/2020) hasta la presente fecha de $ 8.377.086.37arrojando el total de $ 10.699.407,37
3. Indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado (art. 3 de la Ley 26.773): Que corresponde calcular la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la Ley 26.773 sobre las sumas calculadas precedentemente, ascendiendo el monto a la suma de $ 5.042.902,24.
En definitiva, corresponde a la demandada pagar al actor la suma de Pesos Treinta Millones Doscientos CIncuenta y Siete Mil Cuatrocientos Trece con Cuarenta y Ocho Centavos ($ 30.257.413,48) en concepto de prestación por incapacidad laboral parcial y permanente.
IV). Que, concordantemente con lo expuesto ut-supra , respecto del DNU Nro. 669/2019 (y su inaplicabilidad al caso de autos); propicio, de conformidad con lo que dispone el inc. 3 del art. 12 de la LRT en su redacción según Ley 27.3480 que en el caso en el cual la accionada efectivamente incurra en mora, el crédito lleve un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
V. Que, teniendo en cuenta que el actor ha debido iniciar el presente proceso para obtener la reparación de los daños que sufriera como consecuencia del infortunio del que fue víctima, estimo que las costas deben ser impuestas a la Parte Demandada vencida (arts. 24 y c.c. de la Ley 15.057; art. 68 del CPCC y ccdtes.) .
VI). Que, la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes se diferirá para el momento de la liquidación.
A tal fin, se dispone se practicará con las previsiones de la Ley 24.432, en consonancia con la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (entre otros precedentes, SCBA LP L. 117.427 S 20/05/2015; "Caraballo, Miguel Ángel contra Air Liquide Argentina S.A. Enfermedad profesional") . Asimismo, lo será también de conformidad en los términos del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ello, con base en los fundamentos del precedente: "Latino Sandra Marcela c/ Sancor Coop. de Seg. Ltda. y otros s/ daños y perjuicios" del 2-7-2019), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto la disposición normativa incorporada en el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 730) resulta análoga a la prevista en los artículos 1 y 8 de la ley 24.432, que modificaron, respectivamente, el artículo 505 del Código Civil y el artículo 277 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, siendo que en el marco de la causa precitada, y a partir del dictamen del señor Procurador Fiscal (cuyos fundamentos compartieron los Sres. Magistrados del Máximo Tribunal Federal) se resolvió que la cuestión quedó encuadrada en las decisiones ya adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes registrados en Fallos 332:921 ("Abdurraman"), 332:1118 ("Brambilla") y 332:1276 ("Villalba"), donde la CSJN se expidió a favor de la constitucionalidad de la modificación introducida por la ley 24.432 a los art. 505 del Código Civil, entonces vigente, y art. 277 de la ley 20.744, y por tanto, la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 730, cumple símil finalidad.
Consecuentemente, debe ser rechazado cualquier planteo que cuestione la validez, aplicación y constitucionalidad de tal normativa.
VII. Que, tratándose de una cuestión que ha ventilado el ejercicio de la acción en el marco del Sistema de Riesgos del Trabajo, en los términos de ley 24.557 y 26.773; y a tenor de las facultades dispositivas contenidas en el art. 12 de la Ley ritual, (y análogamente a lo reglado en Art. 17 de la Ley 27.348), hágase saber la siguiente modalidad a los efectos del pago de las obligaciones inherentes y reconocidas en autos:
a) Sobre el Capital Indemnizatorio a favor de la Parte Actora (Trabajador) reconocido en autos. La demandada deberá depositar el Capital en la cuenta sueldo del trabajador (actora) siempre que aquella se encuentre disponible y habilitada. A tal fin, hágase saber a la parte actora que deberá dentro de tres (3) días de la notificación de la presente, denunciar y acreditar fehacientemente en autos titularidad y datos de la cuenta sueldo respectiva (BANCO, N° de CBU, ALIAS, N° DE DNI Y CUIT), adjuntando la documentación respaldatoria respectiva, a fin de hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos.
En el caso de que la parte actora (parte trabajadora) no cuente con cuenta sueldo y posea cuenta bancaria de su titularidad, deberá dentro de tres (3) días de la notificación de la presente, denunciar y acreditar fehacientemente en autos dicha titularidad y datos de la referida cuenta (BANCO, N° de CBU, ALIAS, N° de DNI y CUIT), adjuntando la documentación respaldatoria respectiva, bajo su exclusiva responsabilidad personal y patrimonial; a efectos de hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos.
b) Exclusiones al sistema de pago dispuesto precedentemente. Se excluye para esta opción plataformas virtuales no bancarias, tales como: Mercado Pago, Personal Pay, Ualá, Modo, BNA+ / Billetera Nación, Naranja X, Brubank, Reba, Pomelo, PayPal, como así tampoco ninguna plataformas o servicios financieros digitales, ni similares al efecto.
c) Supuesto de ausencia de cuenta sueldo o cuenta bancaria de titularidad de la parte actora (trabajadora). Apertura judicial de autos. En caso de que la parte actora (trabajadora) no hubiese denunciado en los plazos indicados precedentemente cuenta alguna, o para el caso en que hubiese manifestado que no posee cuenta personal bajo su titularidad, se hace saber a la parte demandada (y obligada al pago) que deberá proceder a depositar el monto adeudado en la cuenta de autos. A cuyo fin deberá requerirse que se libre oficio al Banco de la Provincia de Buenos Aires - Delegación Tribunales (5100), a efectos de la apertura de la cuenta de autos.
d) Supuesto de apertura de 'Cuenta DNI' del Banco de la Provincia de Buenos Aires). Hágase saber a la accionante que podrá gestionar la apertura de una cuenta gratuita en su nombre, mediante la aplicación "Cuenta DNI" provista por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y acreditar en autos mediante constancia digital los datos de esta, N° C.B.U., CUIT y ALIAS.
Lo expuesto precedentemente, se enmarca en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución SP N°16/20, que dispone que: "...todas las órdenes de pago con débito en las cuentas judiciales que libren los titulares de los órganos jurisdiccionales de todos los fueros e instancias deberán realizarse mediante transferencias electrónicas." .
ASÍ LO VOTO.
El Sr. Juez Dr . Esteban Federico Coda, por compartir los fundamentos vota en el mismo sentido que el Sr. Juez del primer voto Dr. Eduardo Daniel Suvidzinski .
ASI LO VOTO
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Gabriel Eduardo Lanzavechia , adhiere a los antecedentes reseñados por el Magistrado del primer voto, los cuales se dan por reproducidos en honor a la brevedad, como así también la solución del caso. Sin perjuicio de ello, formulando DISIDENCIA sobre la modalidad de actualización del crédito indemnizatorio, como así también la actualización del monto para el caso de incumplimiento; sin que ello implique una prolongación innecesaria del debate y dejar a salvo la opinión del Suscripto, por los fundamentos que infra se exponen:
Que, habiendo quedado determinada la existencia de afectación de la salud del trabajador, derivada de un infortunio laboral en el marco del vínculo jurídico entre la empleadora del accionante y la accionada, corresponde mensurar los daños conforme la ley vigente a partir de las consideraciones que a continuación se exponen.
Así las cosas, la Ley 24.557 dispone en su artículo 14 que respecto las prestaciones por Incapacidad allí indicadas, que, una vez declarada el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral, el damnificado percibirá una indemnización de pago único, según el porcentaje de incapacidad.
Por su parte, la Ley Nro. 27.348, complementaria de la Ley Nro. 24.557 y sus modificaciones, tuvo la finalidad de incluir una tasa de actualización a fin de evitar los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del Ingreso Base. Es por ello por lo que regló por el artículo 11° la sustitución del artículo 12° de la Ley 24.557, un criterio de determinación del ingreso base para proceder al cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva.
Es así, que el artículo 12° de la Ley 24.557 (según Ley 27.348) dispuso en el inciso primero que a los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio Nro. 95 de la OIT- por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor. Y, que los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables). Asimismo, el inciso segundo del artículo 12° de la Ley 24.557 (según Ley 27.348) dispone que desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
Posteriormente, en fecha 27/09/2019, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019, el cual dispuso la sustitución de la tasa de interés prevista en el artículo 12, inc. 2 de la Ley Nro. 24.557 y sus modificaciones, por el equivalente a la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado; es así como el Decreto determinó el modo y el quantum sobre el guarismo a emplearse.
Adunado a ello, bajo el DNU precitado, conforme artículo 2° se otorgó la facultad a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de dictar normas aclaratorias y complementarias del artículo 12 Ley 24.557 y así como también medidas tendientes a simplificar el pago de indemnizaciones y agilizar la terminación de los procesos judiciales. En esa sintonía la Superintendencia de Seguros de la Nación, dispuso, a través de las Resoluciones Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023, la fórmula para calcular los intereses que surgen de la sumatoria de las variaciones del Índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) - No Decreciente.
No obstante lo expuesto, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se pronunció sobre la constitucionalidad del Decreto de referencia, en el marco de la Causa L. 129.800, autos caratulados: "MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL" , todo lo cual, y sin perjuicio de las cuestiones planteadas en autos, y por razones de brevedad, congruencia y economía procesal, corresponde adecuar el presente pronunciamiento al criterio sentado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por lo que, adhiriendo tales fundamentos, corresponde declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019. Asimismo, y atendiendo que las resoluciones Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023 dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) fueron en el marco de la función prevista por el DNU Nro. 669/2019, estas deben correr la misma suerte que la normativa que les diera causa.
Finalmente, cabe destacar que la misma Ley de Riesgos de Trabajo ha contemplado pautas de actualización del crédito (art. 12, ley 24.557, texto según 11, ley 27.348) donde se advierte que, en la especie, el legislador ha tenido la finalidad de evitar la depreciación del crédito por transcurso del tiempo.
Por lo que, consecuentemente, siempre ha de tenerse en cuenta la fecha del hecho generador del daño a reparar y la fecha en que se ordena judicialmente el pago de las prestaciones, para así indagar, objetivamente, si entre dichos momentos se han producido variaciones económico-financieras, por las múltiples razones que pueden acaecer en nuestro país, a fin de determinar si se ha producido una alteración de la realidad económica de la pretensión del accionante.
Rigiendo, en tal sentido, aquel precepto sostenido por el Suscripto, en cuanto que el derecho ha de ser interpretado conforme las pautas en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los Tratados sobre Derechos Humanos, los Principios y los Valores Jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (cf. criterio art. 2 del Código Civil y Comercial de la Nación) por lo que, un análisis fraccionario del Derecho, no permitiría efectuar una integración de las normas de modo armónico.
Que, analizando el mecanismo del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11 de la ley 27.348), consistente en la actualización del ingreso base por RIPTE y la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, resulta insuficiente para preservar el valor real de su crédito. Cabe precisar, asimismo, que el planteo relativo a su actualización fue introducido en la etapa procesal pertinente.
En ese sentido, corresponde advertir que entre el momento del evento dañoso probado en autos y el presente pronunciamiento han ocurrido profundas variaciones económicas que se encontraron enmarcadas en el aumento de la inflación y el retraso salarial. Contextualmente, resulta notorio que la evolución de las variables económicas no ha sido homogénea: mientras la inflación experimentó incrementos sostenidos y de significativa magnitud, los salarios no acompañaron en igual proporción dicha dinámica, evidenciando un claro desfasaje en términos reales.
De tal modo, el análisis de los datos objetivos considerados y analizados permite advertir una pérdida efectiva del valor del crédito que compromete su carácter reparatorio. Y, es en tales condiciones que el método legal no cumple, en el caso concreto, su finalidad declarada de evitar que los procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía de la prestación (Mensaje de Elevación de la ley 27.348).
A ello cabe agregar que las variaciones de los índices oficiales empleados (IPC-INDEC, RIPTE, CBT 3-INDEC y tasa activa del Banco de la Nación Argentina) resultan datos de público conocimiento y publicados por organismos oficiales (resultando datos de libre consulta, disponibilidad y verificables por las partes).
Por lo que, con base en cálculos comparativos objetivos y en atención a que fue introducido el planteo en instancia oportuna, el caso de autos se distingue de lo dictaminado por la S.C.B.A. en las causas: "Galarza Daniel Alejandro c/ Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente in-itinere " (L. 132.729, 29/03/2026) y "Vera Carlos Issac c/ Empleador Autoasegurado Gobernación de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de Revisión Res. Comisión Medica Jurisdiccional ley 15057" (L. 139.012, 24/09/2026), ambas del Tribunal de Trabajo Nro. 5 de San Martín.
Así, conforme parámetros objetivos considerados, en este caso concreto, el mecanismo practicado resulta inadecuado en orden a la preservación del crédito, evidenciándose así la alteración económica en la prestación dineraria, siendo así que este resultado, justifica utilizar un mecanismo que asegure el cumplimiento de la función resarcitoria, toda vez que su monto se encuentra apartado de la realidad económica actual, resultando necesario establecer un mecanismo de ajuste que permita al trabajador preservar el valor de su acreencia laboral.
Desde dicha mirada, corresponde brindar una respuesta orientada a justipreciar la prestación dineraria debida acorde a parámetros, pautas o mecanismos destinados a recomponer el crédito mediante el reajuste a fin de lograr la debida preservación del crédito.
Conforme ello, considera el suscripto que se deben aplicar índices que procuren adaptar la realidad económica que representa al crédito, aplicando mecanismos de actualización que reflejen el valor real de la prestación o daño, evitando índices o tasas que generen montos excesivos o desproporcionados respecto de la realidad económica, y debiéndose garantizar que la compensación mantenga equilibrio y correspondencia con el valor actual debido, siguiendo así las reglas de la equidad.
En tal sentido, correspondería brindar solución sobre la actualización del crédito, consolidando bajo principios de razonabilidad y congruencia, el derecho de propiedad de las partes y la tutela judicial eficaz (artículos 1,17,18, 28 y conc. Constitución Nacional) ; procediendo a su fijación, más allá de la actitud de los justiciables; ello a los efectos de mitigar las distorsiones económicas generadas por las condiciones inflacionarias, las que impactan negativamente sobre los créditos reconocidos en los procesos laborales.
Por tales razones, considero que debió disponerse la actualización del crédito mediante parámetros objetivos y razonables, idóneos para preservar su valor real y mantener la adecuada correspondencia entre la prestación reconocida y la realidad económica existente al momento de su determinación.
ASI LO VOTO.
Con lo que termino el Acuerdo, firmando los señores jueces por ante mí, de lo que doy fe.
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, en mérito a las consideraciones de hecho y derechos precedentes, este Tribunal FALLA :
1°). Haciendo lugar a la demanda promovida por la parte actora: PAZ SONIA MABEL y condenando a la parte demandada GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AUTOSEGURO a pagar a la parte actora dentro de los SESENTA (60) DÍAS de notificada, la suma de Pesos Treinta Millones Doscientos CIncuenta y Siete Mil Cuatrocientos Trece con Cuarenta y Ocho Centavos ($ 30.257.413,48) en concepto de de indemnizaciones arts. 18, 15 ap. 2, 11 ap. 4 LRT y art 3 ley 26.773
2. Disponer que para el caso de incumplimiento el monto se actualizará con más los intereses que se liquidarán al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, en caso de que la accionada incurra en mora.
3. Imponiendo las costas a la Parte Demandada vencida (conf. arts. 24 y c.c. de la Ley 15.057) .
4. Procédase a practicar por Secretaría regulación de los honorarios profesionales (cfr. Ley 14.967 y art 59 Ley 15.057).
5. Practíquese liquidación de tasa y sobre tasa de justicia por Secretaría y notifíquese.
6. Comunicar electrónicamente a la Receptoría General de Expedientes Dptal. a los efectos de que tome debida nota; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, inciso 2° del Acuerdo SCBA Nro. 2972/00 (mod. por Ac. SCBA 3004) y Ac. SCBA Nro. 3397, art. 58.
7. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Conf. Ac. 4039/21 de la SCBA y, cumplida que sea, oportunamente, ARCHÍVESE .
Suscripto por los Magistrados y Sra. Actuaria interviniente, en la Ciudad de General San Martín, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA3.971/20).
Suscripto por los Magistrados y Sra. Actuaria interviniente, en la Ciudad de General San Martín, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA3.971/20).
Domicilios vinculados para notificar en los términos de Resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/23:
Firmas
Funcionario firmante: SUVIDZINSKI Eduardo Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: CODA Esteban Federico - JUEZ
Funcionario firmante: LANZAVECHIA Gabriel Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: LAPADAT BUSCH Natalia - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 704-2026
Fin de la sentencia