Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 48.907-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan tributos, sus accesorios y multas, reduciendo estas últimas al mínimo legal del artículo 46 de la ley ritual. Las costas en este aspecto se imponen a la vencida, salvo en la parte en que se reducen las multas, en la cual se imponen por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-75287668-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 11 de Julio de 2025 Sentencia: SALA A VOC. 1RA En el día de la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por el Dr. José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el expediente Nº 48.907-I, caratulado: SONY MUSIC ENTERTAINMENT ARGENTINA S.A. s/ recurso de apelación” y sus acumulados Expte Nº 48.908-I, Expte Nº 48.909-I.
El Dr Pérez dijo:
I. Que a fs. 39/81vta, 173/215, 315/357 la actora interpone sendos recursos de apelación contra las Resoluciones N° 87/2018 (DV RR2), 86/2018 (DV RR2) y 88/2018 (DV CRR2) todas de fecha 31 de mayo de 2018, dictadas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II, Dirección Regional Centro de la Dirección General Impositiva.
La apelante impugna las mencionadas resoluciones mediante las cuales se determinó de oficio sus obligaciones frente a:
1. Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 08/2012 y 02/2014 a 03/2015, con más intereses resarcitorios y se le aplica una multa graduada en tres veces el monto dejado de ingresar conforme lo dispuesto por el artículo 46 y 47 inc. b) y d) de la Ley 11.683.
2. Impuesto a las Ganancias período fiscal 2014 y 2015, más intereses resarcitorios y se le aplica una multa graduada en tres veces el monto dejado de ingresar conforme lo dispuesto por el artículo 46 y 47 inc. a), b) y d) de la Ley 11.683.
3. Impuesto por Salidas No Documentadas períodos fiscales 02/2016, 5/2016, 6/2016, 10/2016, 2/2017 y 04/2017 por $260.872,50.- con más intereses resarcitorios por $756.962,69.-, y se le aplica una multa por $782.617,50.- periodo fiscales 02/2016, 5/2016, 6/2016, 10/2016, 2/2017 y 04/2017 equivalente a tres veces el monto dejado de ingresar conforme lo dispuesto por el artículo 46 y 47 inc. a), b) y d) de la Ley 11.683.
Atento contener agravios análogos, éstos, se detallan en forma conjunta a continuación:
La actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
Señala que el Fisco Nacional impugnó en la resolución recurrida la contratación correspondiente a: a) la realización de video clips para artistas del sello Sny Music, b) el alquiler de vallas colocadas en la presentación de artistas del sello Sony Music, c) el transporte de dos bandas para la presentación de shows también realizados por Sony Music, d) la grabación de videos de shows en vivo, realizados por artistas del sello Sony Music.
Expresa que se agravia de las resoluciones apeladas toda vez que se fundan en hechos que no resultan imputables a Sony Music, y que prescinde de la prueba ofrecida.
Indica que para llevar a cabo dicha actividad, Sony Music contrata en el país con cientos de proveedores.
1. Biswel SRL: respecto a ese proveedor señala que se presentó ante el Fisco Nacional y reconoció haber realizado los videoclips en cuestión para Sony Music. Agrega que no solo no es una empresa inexistente u oculta sino que se presentó ante el Fisco y declaró haber realizado los servicios por los cuales emitió las facturas en cuestión y percibió los pagos de su mandante. Afirma que el director de los videoclips reconoció haberlos realizado con la firma Biswel SRL para Sony Music.
2. Grupo Zuccarella SA: manifiesta que su mandante no podía conocer la fiscalización llevada a cabo por el organismo sobre este proveedor y tampoco se encuentra facultada a realizar per se una auditoría frente a sus proveedores. Agrega que el Fisco Nacional publicó la incorporación de Grupo Zuccarella en la base apoc el 20/04/2015 y que antes de ello su mandante no tenía conocimiento de los cuestionamientos del Fisco a dicho proveedor. Indica que la recurrente probó la efectiva prestación de la contratación de vallas, la utilización de las mismas, su vinculación con la actividad de Sony Music.
3. Comirex SRL: sostiene que su mandante acreditó que los gastos incurridos en el transporte de los Grupos Agapornis y Los Bonnitos, fueron luego refacturados a éstos, conforme lo preveían los contratos. Señala que el Fisco Nacional no ha considerado seriamente los argumentos de su representada. Respecto del pago, expresa que según el Fisco, los cheques librados por su representada a nombre de Comirex SRL no habrían sido cobrados por dicha empresa, pero dice que no menciona como es que la mutual en cuestión llegó a hacerse de los cheques y cobrarlos.
4. Provisión de Videos SRL: señala que el Fisco argumenta que no habría podido localizar a la firma en el domicilio y a partir de allí concluye que no cuenta con una estructura operativa. Expresa que el hecho de que quien retiró el cheque a nombre de Provisión de Videos SRL fue la misma persona que se identifica como prestadora del servicio, da cuenta de la existencia de la prestación y del cobro por parte del mismo sujeto que emitió la factura cuestionada.
En ese orden, la recurrente indica que ninguno de los proveedores se encontraba incluido en la base apoc en las fechas en que contrató la prestación de los servicios y que éstos se encontraban debidamente inscriptos ante el Fisco Nacional y las facturas recibidas se encontraban autorizadas por dicho Organismo. Agrega que todos los pagos de los servicios se efectuaron con cheque cruzado no a la orden y fueron emitidos a los mismos sujetos a quienes se contrató y quienes prestaron el servicio.
Además expresa que los gastos observados por el Fisco Nacional se encuentran respaldados y que la prestación de los servicios se encuentra probada.
Plantea la improcedencia de las sanciones impuesta y manifiesta que resulta inexplicable sobre la base de qué sustento el Organismo Fiscal imputa un obrar doloso a Sony Music e impone multas que gradúa en tres tantos, cuando no se verifican en el caso los elementos objetivo y subjetivo que exige el tipo infraccional.
Ofrece prueba informativa y pericial.
Por lo expuesto precedentemente, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal, solicita se haga lugar al recurso en todas sus partes y se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que a fs. 110/127, 257/264vta, y 396/404/vta contesta los traslados la representación fiscal y niega todos los hechos esgrimidos por la parte actora.
Niega todos los hechos invocados por la actora que no sean materia de explícito reconocimiento de este escrito de responde.
En cuanto a los proveedores señala que:
1. Biswell SRL: en ninguna etapa, tanto en el procedimiento de fiscalización como del determinativo de oficio, la responsable fue capaz de demostrar de manera indubitable y certera los servicios que en teoría prestó la citada firma. En relación a la cancelación de las presuntas operaciones realizadas, pudo comprobarse (con copia de los cheques brindados por la entidad bancaria) que los mismos fueron cobrados por un tercero ajeno al supuesto proveedor en trato.
2. Grupo Zucarella SA: luego de realizar una nueva consulta a los sistemas pudo determinarse que la actora tenía razón en la fecha de carga del sistema apoc (20/04/2015), no obstante, ya había sido probado por el Fisco Nacional la apocrificidad de la misma. Además la recurrente intentó probar sus dichos por medio de e-mails y fotos de las vallas que según ella fueron utilizadas teniendo dichos elementos una entidad nula como prueba para demostrar la presunta prestación del servicio.
3. Comirex SRL: en su recurso la responsable detalla erróneamente que nunca dedujo los gastos en el Impuesto a las Ganancias, cuando la resolución apelada corresponde al Impuesto al Valor Agregado. No obstante pudo comprobarse que los mismos se encontraban detallados en la contabilidad de la rubrada, lo que demuestra que dichos gastos fueron deducidos en ganancias.
4. Provisión de videos SRL: en relación a que por el hecho de no localizar a la firma, el Organismo concluyó que no contaba con estructura operativa, patrimonial y económica, es falaz. Al comenzar la fiscalización la firma se encontraba en la base apoc por lo que fueron solicitados antecedentes de su inclusión y no conforme con eso, se procedió a realizar distintos requerimientos a la firma los que jamás fueron respondidos. Al encontrarse dicha firma en un proceso falencial, la fiscalización requirió información al síndico de la quiebra, quien no contaba con la documentación de las supuestas operaciones realizadas.
En otro orden, indica que si bien el Organismo no puede colocar en cabeza de la contribuyente una obligación fiscal de control en forma delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones, dice que los indicios reunidos por el Fisco resultan suficientes para la carga en cabeza de la rubrada de demostrar lo contrario en línea con toda la jurisprudencia.
Señala que ante las fundadas observaciones efectuadas por su mandante en las actuaciones administrativas pesaba sobre la responsable la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal; cincunstancia que no se verifica en los presentes actuados.
Con respecto a las multas aplicadas, manifiesta que la acción típica se ha verificado en tanto ha quedado demostrada la incapacidad de los proveedores observados. Agrega que frente a la infracción tributaria se produce una inversión de la carga de la prueba y es el imputado quien debe probar la falta de elemento subjetivo. La responsable ha actuado con pleno conocimiento de la conducta en que incurría. En relación a los intereses resarcitorios, advierte que la recurrente no expone agravio alguno y que los mismos son devengados de conformidad con el art. 37 de la Ley procedimental.
Acompaña antecedentes administrativos. Formula oposición a la prueba.
Solicita por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y que se confirmen los actos apelados, con costas.
Acompaña antecedentes administrativos. solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes las resoluciones recurridas, con costas.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
III. Que a fs. 414 el Tribunal resuelve acumular los expedientes números 48.908-I y 48.909-I al que lleva el número 48.907-I y pasen los autos a la Sala “A” de la Vocalía 1ra. Nominación para la prosecución de su trámite.
Que a fs. 416, el Tribunal resuelve correr traslado a la parte actora de la oposición del Fisco Nacional a las pruebas ofrecidas por la recurrente, por el término de diez días. Que a fs. 417/426 la recurrente contesta traslado y solicita se rechace la oposición formulada por el fisco.
Que a fs. 438 el Tribunal resuelve no hacer lugar a la oposición formulada por el Fisco Nacional a fs. 126/126 vta, 263/263, 403/406vta cap VII respecto a la prueba ofrecida por la actora y abrir la causa a prueba por el término de sesenta días. Hace lugar a la prueba informativa a fs. 80vta, 213vta, 355vta acápite VIII.8.2 y a la prueba pericial contable ofrecida a fs. 80vta/81, 213vta/214vta, 356/356vta acápite VIII.8.3.
Que a fs. 442/448vta acompaña diligenciamiento de oficio. A fs. 482/483 Banco Francés contesta oficio. Que a fs. 489/495vta los peritos contadores presentan el informe pericial. A fs. 504/506 la recurrente impugna dicho informe.
IV. Que en atención al estado de la causa a fs. 525, punto 3.- se elevan los autos a consideración de la sala “A”, la que a fs. 526 los pone para alegar y a fs. 540 llama autos para sentencia.
V. Que corresponde señalar que el origen del cargo tiene su génesis en la orden de intervención originada a raíz de haberse tomado conocimiento de que la recurrente registra operaciones comerciales con el proveedor Provisión de Videos SRL que fuera cargado en la base apoc del Organismo fiscal bajo la condición sin capacidad económica. La fiscalización interviniente requirió a la encartada que una persona exhiba: en relación a los proveedores, Grupo Zuccarella y Provisión de Videos SRL, extractos bancarios en los cuales consigne débitos de los cheques entregados a dichos proveedores, asimismo deberá indicar foja del Libro IVA Compras en que se encuentran registradas las operaciones realizadas con los mismos. Con relación a Biswell SRL, Neira Lucas, S-Music SA y Comirex SRL, aporte nota indicando detalle de las operaciones llevadas a cabo con cada uno de ellos. Asimismo deberá exhibir documental de respaldo de sus dichos.
Que al vencimiento del requerimiento la encartada presentó Multinota Impositivo acompañando la información solicitada. La fiscalización actuante procedió a realizar cincularizaciones a los proveedores acerca de las operaciones realizadas con Sony Music Entertaiment Argentina SA.
Surge además del estudio de las actuaciones administrativas que la fiscalización actuante se constituyó en el domicilio fiscal de la responsable y en dicho acto se procedió a labrar acta dejando constancia que fueron relevados los libros contables, IVA Compras y Ventas y que fuera exhibido el Libro Inventario y Balances.
Que en relación a las compras realizadas por la responsable respecto al proveedor Comirex SRL la rubrada aportó comprobantes y la documentación respaldatoria de las supuestas operaciones comerciales realizadas con dicho proveedor. Que las citadas operaciones se corresponden a las facturas respecto al traslado del Grupo Los Bonitos a Mar del Plata (del 23/01/2015) y respecto al traslado del Grupo Agapornis a Mar del Plata (del 24/01/2015).
Que surge del Padrón de Contribuyentes que la firma Comirex SRL se halla incorporada en la base apoc, lo que da cuenta de antecedentes donde dicho proveedor ya fue considerado con dificultades en cuanto a la real existencia de sus operaciones comerciales.
Que las acreditaciones bancarias son escasas respecto a las ventas facturadas, que declara una relación débito/crédito cercano a uno, la cual no es razonable dado que informa realizar prestación de servicios, que tampoco se pudo verificar circuito financiero a través del seguimiento de cheques recibidos en parte de pago a sujetos a quienes le generó créditos fiscales / gastos ya que finalmente fueron depositados en distintas mutuales, observando que las firmas de las copias de los cheques no son coincidentes entre si, que no fue localizado en el domicilio de explotación que surge de las bases del Organismo.
Respecto de la firma Comirex SRL surge que las actividades en las cuales se encontraba inscripta fueron: procesamiento de datos, estudio de mercado, realización de encuentas de opinión pública, servicio de publicidad, servicios de consultores de informática y suministros de programas de informática y venta al por menor de internet. Ninguna de estas actividades tiene relación alguna con el supuesto servicio que fuera prestado a la actora.
Asimismo de la consulta realizada por la fiscalización actuante a las bases del Organismo, se observa en el Informe de División Fiscalización N° 3, dependiente de la Dirección Regional Rosario II (3 a 18 del Cuerpo APOC Comirex), que la firma se trata de un sujeto identificado como generador de créditos fiscales/gastos -en contribuyentes reales- suceptibles de impugnación, cuya actividad principal es la venta de facturas, que además no demuestra capacidad económica para realizar las prestaciones de servicios que ha facturado; que no cuenta con bienes que permitan presuponer que posee capacidad de vender o prestar los servicios en cuestión; que posee un solo empleado en relación de dependencia que resulta insuficiente para el desarrollo del volumen de la actividad económica declarada y facturada a contribuyentes reales localizados en distintos puntos del país.
Que para más abundamiento, la fiscalización actuante pudo comprobar que dicho proveedor poseía la CUIT inactiva, que nunca tuvo bienes registrables a su nombre, que respecto a las acreditaciones bancarias solo poseía en el año 2014 en una Cuenta del Banco Credicoop; tampoco se observó presentación de Declaración Jurada de Ganancias en el período fiscal 2015 en el cual supuestamente realizó las operaciones con la recurrente, ni poseía empleados declarados cuando habría prestada dichos servicios (fs. 1 a 32 del Cuerpo de Consulta Sistemas).
Respecto a Provisión de Videos SRL, se hallaba incorporada a la base apoc del Organismo. No fueron localizados los socios de la firma, la cual registra quiebra desde 12/2013 pero así y todo siguió facturando en los años posteriores a la misma, el síndico no contaba con documentación de la encartada, registraba montos de ventas similares a las compras visualizándose en el Efisco Citi Ventas informado al 06/2012 por Agustín Vidal Producciones SRL (proveedor) y en facturación electrónica informada por terceros a Grassani Argelia, Paraná SA de Seguros, Editorial Apache SA, Cablevisión SA, como únicos proveedores de la firma.
Que en relación a Grupo Zuccarella SRL la recurrente aportó comprobantes. Dichas operaciones se corresponden a las facturas respecto al alquiler de vallas, su traslado y mano de obra con seguro. No se pudo notificar los distintos requerimientos que le fueran realizados, que la firma efectuó un cambio de domicilio fiscal que al constatarlo se trataba de un departamento en un edificio tipo familiar sin ningún tipo de actividad. También la fiscalización actuante pudo corroborar la inexistencia de personal en relación de dependencia con dicha empresa. Que personal de fiscalización procedió a realizar varios requerimientos en los diferentes domicilios de dicho proveedor de los cuales no se obtuvo contestación alguna. Que teniendo en cuenta los controles realizados por la Sección trámites de la Agencia Venado Tuerto, ratificados por la citada fiscalización, se pudo comprobar la negación de la firma a aportar documentación de respaldo, inconsistencias en el Crédito Fiscal, la presentación en cero de las Declaraciones Juradas del Impuesto a las Ganancias en los períodos fiscales 2012 y 2013; en general todos los indicadores de la conducta- fiscal de la responsable GRUPO ZUCARELLA S.R.L. fueron verificados como de alto riesgo; todas estas circunstancias hicieron presumir que se trataba de una empresa APOC.
Que en otro sentido, pudo observarse que la empresa poseía la CUIT inactiva, la cual tuvo que ser rehabilitada para poder realizar el cambio de domicilio efectuado el 31/01/2014.
Que en relación al proveedor Biswell SRL la actora aportó comprobantes y documentación respaladatoria, de las supuestas operaciones comerciales realizadas con ese proveedor. Dichas facturas se corresponden a video clip de Dread Mar I, y en concepto de saldo del 50% de adelanto por la realización del video clip “Y Que?” del artista Axel. Se aportó comprobantes de copia de las registraciones en el Libro IVA Compras de dichas operaciones, órdenes de pago de las facturas, débitos de los cheques emitidos por Biswell SRL. Aportó recibos de cancelación de las facturas emitidas por el citado proveedor encontrándose los mismos firmados por los señores Eric y Mariano Dawidson.
Que por lo expresado, con fecha 09/02/2017 1a fiscalización actuante procedió a circularizar al BBVA Banco Francés S.A. solicitándole copia de los cheques entregados por la responsable a la firma BISWEL S.A. (fs. 65 del Cuerpo de Circularizaciones).
Que en respuesta a lo requerido, el 15/03/2017 dicha entidad bancaria aportó copia del anverso y reverso de los cheques que le fueran solicitados, pudiendo observarse que si bien fueron emitidos por "Biswel no a la orden", los mismos fueron cobrados por la Asociación Mutual de Cooperación a Emprendimientos Argentina (fs. 66 a 68del Cuerpo de Circularizaciones).
VI. Que corresponde entonces entrar al análisis de la cuestión de fondo, esto es, si la misma se ajusta o no a derecho, a tenor de los agravios formulados por la recurrente en su escrito de inicio, concretamente referidos a la tacha de apócrifos de los proveedores cuestionados.
Que en cuanto a la impugnación de los citados proveedores, corresponde señalar que a la luz de lo expuesto en el considerando precedente, su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que se trata de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no son obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido. Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los bienes involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido recientemente a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.”
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Asimismo cabe poner de resalto que en casos como el presente cuando se trata de operaciones cuya impugnación fundamental se basa en que las irregularidades comprobadas dieron origen a considerar que las operaciones cuestionadas no fueron concertadas con los proveedores observados, se estima que no procede computar las retenciones oportunamente ingresadas que solo existieron para dar un viso de realidad a las operaciones fraudulentas y que han quedado en evidencia en la descripción de la maniobra detectada por el Fisco Nacional, sin que la actora haya producido en autos prueba alguna en contrario.
VII. Que, por otro lado, en cuanto al cuestionamiento del Fisco Nacional respecto de la deducibilidad de los gastos efectuados en el Impuesto a las Ganancias, surge de autos que no sólo no se ha logrado probar que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados fueron los verdaderos prestadores y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del Impuesto al Valor Agregado, sino que en virtud de la normativa del Impuesto a las Ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los bienes y/o servicios han sido efectivamente recibidos o prestados, no se ofreció ni aportó prueba tendiente a demostrar que sin las compras impugnadas no se hubiera podido producir los bienes vendidos por la recurrente, ni se han arrimado elementos que acrediten el valor real de dichas operaciones, por lo que corresponde también confirmar este último ajuste.
En efecto, corresponde señalar que en el caso del proveedor Biswell Srl el Señor Mariano Dawidson manifestó que no tuvo relación alguna con la firma Biswel SRL (fs. 105 del Cuerpo Contestación Circularizaciones). Respecto al punto b) del emplazamiento expresa, que han recibido pagos de la responsable por trabajos de realización de videoclips (producción, filmación y edición de, los mismos), y que los realizan de manera personal desde hace varios años para muchos artistas. También expresa que tanto él como su hermano son monotributistas y por lo general facturan el costo total del video y luego realizan los pagos y gastos correspondientes según el proyecto, y que en relación a la firma SONY los trabajos realizados fueron: Y que? - Axel, Quédate- Axel, Verdadera Intensidad - Infierno 18, Laberintos - Dread Mar I, Hoja en Blanco- Dread Mar I, Mueve - Abraham Mateo y Lali Espósito y Armas Gemelas - Eruca Sativa (fs. 104 del Cuerpo Contestación Circularizaciones).
Por otro lado en lo atinente al proveedor Grupo Zucarrella corresponde señalar que le asiste razón al criterio asumido por la fiscalización actuante por cuanto la actora intentó probar sus dichos mediante fotos y mails que darían cuenta de la utilización de vallas que pudieron haber sido utilizadas en algún evento pero no acreditan de modo alguno la prestación del servicio a la actora.
En lo relativo al proveedor Provisión de Videos SRL corresponde señalar que atento que no fueron localizados los socios de la firma, la cual registra quiebra desde 12/2013, pero siguió facturando en los años posteriores a la misma, el sindico no contaba con documentación de la recurrente, registraba montos de ventas similares a las compras.
Y respecto del proveedor Comirex SRL, además de las inconsistencias antes señaladas, cabe resaltar que la actividad supuestamente facturada no guarda relación alguna con la actividad declarada por el mismo ante el Ente fiscal.
VIII. Que, en cuanto a la determinación de salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada, corresponde señalar que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232).
Que, al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago.
Que en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.” Con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que en el caso los pagos correspondientes a las facturas impugnadas por el Fisco, se encuentran acreditados y que por lo tanto no pueden ser consideradas como salidas no documentadas, desde que es posible conocer a quien resulta ser el beneficiario definitivo y efectivo del importe, cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citado, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.”.
Que, esta posición se ve corroborada por la Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que se remite en mérito de brevedad, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste y devolviendo los autos a la Cámara para que se pronuncie sobre la multa que el organismo fiscal pretende aplicar sobre tal concepto.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
“De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto.”
“Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas."
“En efecto, como lo reconoce el propio pronunciamiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectívamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas. fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a 'cargo del contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”. “En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controvesia queda definitivamente sellada.”
Se agregó además que “En concordancia con lo resuelto por V.E. en Fallos: 326:2987 (en especial, cons. 10), pienso que este simple acto de cobro bancario ... no puede mejorar la suerte de la impugnación basada en la total orfandad probatoria en torno a los referidos servicios concretos que se dicen haber prestado.” Que como puede apreciarse, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones; ni, como ya se advirtió, se aprecian circunstancias fácticas coherentes que permitan colegir la causa de aquellas.
Que la pericia contable no aporta a la resolución del caso y se limita a la verificación formal de los asientos contables de las operaciones impugnadas y como señalan los peritos a fs. 500vta, “no ha sido parte de la pericia verificar la configuración del hecho imponible ni de la materialización de las operaciones…”
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar los actos apelados en cuanto determinan el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias Salidas no documentadas. Con costas.
IX. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, con costas. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
X. Que resta tratar el aspecto sancionatorio con relación a las multas por defraudación aplicadas en el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y en Salidas No Documentadas.
En lo que respecta a esta última cabe dejar sentado, en primer término, que en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal - en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A.". sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683.
Que, por otra parte, la cuestión ha sido tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla.
Que, en cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben sería pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
Sentado ello y entrando al análisis de ambas sanciones aplicadas en autos, corresponde señalar que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no solo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la respectiva resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que, en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar las multas aplicadas al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de las sanciones aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en los actos recurridos una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Las costas en este aspecto se imponen a la vencida, salvo en la parte en que se reducen las multas, en la cual se imponen por su orden.
La Dra Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y a la solución propiciada por el Vocal Instructor en lo que respecta a las determinaciones de las obligaciones de la recurrente frente a los impuestos al valor agregado, a las ganancias y a las ganancias —salidas no documentadas, las que deben ser confirmadas, con costas.
II. Que, con respecto a las sanciones aplicadas en los impuestos al valor agregado y a las ganancias, que el ente fiscal subsume en los artículos 46 y 47, incisos b) y d), corresponde efectuar las siguientes consideraciones.
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes. En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo, corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, "el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada". Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación. Y ello es así toda vez que "El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de "declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas." (conf. Damarco, Jorge H. (Director) "Tratado Jurisprudencial y Doctrinario", Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones' Cap. XXI, "Multa por defraudación", Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Ello así, y teniendo en consideración lo resuelto ut supra, se desprende que el accionar del Fisco resultó ajustado a derecho al encuadrar correctamente la conducta de la apelante en las previsiones del artículo 47, incisos b) y d) de la Ley N° 11.683 pues ha quedado claramente comprobada la voluntad de incurrir en declaraciones juradas inexactas con el objeto de ocultar el impuesto que correspondía como consecuencia de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados, por lo cual no ingresó el impuesto debido. De allí, se extrajo la conclusión que cometió el ilícito en cuestión.
Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y en atención a los elementos de juicio tenidos en cuenta en oportunidad de confirmar los ajustes, cabe concluir que se encuentra acreditado en la litis tanto el elemento material como el elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, lo que surge palmario de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba alguna que demuestre lo contrario.
En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se le enrostra en ambos casos, y encontrándose -a mi criteriocorrectamente cuantificadas en mérito a las consideraciones tenidas en cuenta en oportunidad de tratar los ajustes efectuados, corresponde confirmar las sanciones aplicadas, con costas.
III. Que disiento, con la solución a la que se arriba en la multa aplicada en el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, que se sustenta -como quedó dicho- en el artículo 46 y 47, incisos a y d) de la ley 11.683 (t.o. en 1998), la que -se adelanta- a mi criterio debe ser revocada.
Ello en el entendimiento que no se encuentra configurado uno de los elementos del tipo descripto en la norma en que se encuadra la conducta, toda vez que las boletas de depósitos contempladas para el ingreso del gravamen no pueden ser consideradas declaraciones juradas en el sentido que el artículo 46 requiere. Ello así por cuanto para nuestro sistema tributario, la declaración jurada es aquélla que efectúa el contribuyente o el sujeto obligado a declarar, mediante la cual realiza una operación de interpretación de las normas tributarias sustantivas aplicándolas a la situación o los hechos cuya verificación reconoce e identifica el hecho imponible definido por la ley; valora también el contenido de estos hechos económicos según las pautas legales y finalmente, aplica la alícuota del impuesto sobre los valores determinados (conf. Jarach, Dino; "Finanzas Públicas y Derecho Tributario", Abeledo-Perrot, pág. 432 y sgtes). Es así, que como con justeza lo dice el Profesor Giuliani Fonrouge, la declaración tributaria es una determinación del impuesto efectuada por el sujeto obligado. Es el medio por el cual el contribuyente fija el monto del impuesto, mientras no sea impugnada, regula la existencia y medida de la obligación tributaria. (conf. CNACAF, Sala I, "MOUKAREL S.A.C.I. y F", 20/5/94).
En definitiva, es el acto que permite pasar de la base imponible abstracta, definida y regulada por el legislador a la base concreta e individualizada que hace desaparecer la situación de incertidumbre inicial que el acreedor posee sobre la existencia y dimensión de la obligación impositiva.
En ese contexto, y más allá de las regulaciones establecidas en la RG 893 del 11/9/2000, que si bien contempla la forma de determinación e ingreso del gravamen en cuestión, establece plazos y formas de ingreso, no instrumenta —a mi criterio- una declaración jurada a presentar por los contribuyentes y responsables, toda vez que tanto aquellas como las boletas de depósito, si bien cumplen la función de exteriorizar al fisco el cumplimiento de una obligación tributaria, lo cierto es que la naturaleza de unos y otros instrumentos —según se vio-es distinta. (vid, doctrina legal del Acuerdo Plenario de este Tribunal, de fecha 3/12/75, "Gaseosas La Tablada S.A.").
No obsta a tal conclusión lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 11683. En efecto, de consuno con dicho precepto, a fin de aplicar las sanciones previstas en los artículos 39, 45 y 46 de la LPT, las boletas de depósito, deben cumplir con los siguientes elementos sustanciales: 1) ser confeccionada por el responsable, y 2) con datos que él mismo aporte" (conf. CNFED. CONT. ADM., Sala I; "Smurfit Kappa de Argentina S.A.”, 17/5/2016). Claramente, dichas circunstancias no se dan en los supuestos en los que la boleta no es confeccionada por el contribuyente ni los datos son aportados por él mismo, como en la especie, en el que aquellos fueron extraídos por los funcionarios fiscales al considerar que los gastos o compras efectuados tipificaban, según su criterio, una salida no documentada, y el juez administrativo los incorpora en la determinación de oficio.
A mayor abundamiento, debe tenerse presente que la multa se aplica con relación a la salida documentada en sí misma y no en función del Impuesto a las ganancias o al valor agregado que pudiera haber omitido la actora en virtud de la deducción indebida en su respectiva declaración jurada. (conf. Entre otros, T.F.N., Sala A, "Vaccaro, Néstor J", 17/12/2003).
Las costas se imponen al Fisco Nacional.
Por ello, voto por confirmar las resoluciones apeladas, en cuanto determinan impuesto al valor agregado, a las ganancias y a las salidas no documentadas y aplican multas en los impuestos al valor agregado y a las ganancias y revocarla en cuanto aplica multa en el impuesto a las ganancias -salidas no documentadas. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
El Dr Porporatto dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Pérez.
Que, por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan tributos, sus accesorios y multas, reduciendo estas últimas al mínimo legal del artículo 46 de la ley ritual. Las costas en este aspecto se imponen a la vencida, salvo en la parte en que se reducen las multas, en la cual se imponen por su orden. Regístrese, notifíquese, devuélvase las actuaciones administrativas y oportunamente archívese. Date: 2025.07.11 13:31:34 ART Date: 2025.07.11 13:33:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.07.11 14:58:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.07.11 14:59:10 -03:00
Fin de la sentencia