Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el querellante particular y actor civil, Carlos Alberto Moreno, con el patrocinio letrado del Dr. Víctor García.
2No hacer lugar al recurso de casación interpuesto, y confirmar en todos sus términos la resolución impugnada.
3Con costas (arts. 536 y 537 del CPP).
4Remitir los antecedentes a la Secretaría de Sumarios a fin de que se practique la investigación que determine la responsabilidad a la excesiva demora en el trámite de la causa.
SENTENCIA NÚMERO: CUARENTA Y SIETE
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintiséis, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctora María Fernanda Rosales Andreotti -Presidenta-, doctor Néstor Hernán Martel y doctora Rita Verónica Saldaño, se reúne en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en expte. Corte nº 043/26, caratulados: “Sorda, Mauro Daniel – homic. culp. agrav. por la cond. de un vehículo aut. en cal. de autor- s/ rec. de casación interpuesto por el querellante particular y actor civil c/ sent. nº 83/25 de expte. nº 69/25”.
I. Por Sentencia (S.) nº 83, de fecha 18 de diciembre de 2025, el Juzgado Correccional de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: 1º) Declarar extinguida la acción penal por prescripción en la presente causa, a favor de Mauro Daniel Sorda, de condiciones personales relacionadas en autos, sindicado como supuesto autor del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor en calidad de autor (art. 84, segundo párrafo, ley vigente la momento del hecho y 45 del CP), de conformidad con lo prescripto en los arts. 59 inc. 3 y 62 inc. 2 en concordancia con el art. 2 del CP. 2°) En consecuencia, ordenar el sobreseimiento total y definitivo a favor de Mauro Daniel Sorda, de condiciones personales relacionadas en autos, por las razones expuestas precedentemente y relación al delito referenciado (art. 84, segundo párrafo, ley vigente la momento del hecho y 45 del CP), de conformidad a lo prescripto por el art. 346 inc. 4 del CPP. (…).
II. En lo esencial, el recurrente sostiene que operó una interrupción del curso de la prescripción durante el lapso comprendido entre la fecha del decreto de elevación a juicio (30/06/2016) y la recepción efectiva de la causa por el Juzgado Correccional en el año 2025.
Al respecto, argumenta que la dilación en el trámite procesal obedeció exclusivamente a las sucesivas articulaciones defensivas (oposición y apelación) deducidas por la asistencia técnica del imputado. Asimismo, destaca que el expediente fue elevado para su juzgamiento por disposición de la Cámara de Apelaciones y no por impulso de la Fiscalía de Instrucción, circunstancia que exige considerar los supuestos previstos en el art. 67 del Código Penal.
Finalmente, solicita al tribunal de alzada que analice las particularidades de estas actuaciones. Sostiene que el precedente jurisprudencial citado como fundamento por el iudex no resulta aplicable al sub lite, toda vez que aquella causa no exhibía el estancamiento procesal derivado de una vía apelativa que se verifica en este legajo. Por tales motivos, solicita a la Sala Penal que revoque el pronunciamiento recurrido y ordene la prosecución de la causa a los fines de la realización del plenario respecto del acusado Mauro Daniel Sorda.
III. El planteo efectuado exige resolver las siguientes cuestiones:
1. ¿Es formalmente admisible el recurso?
2. ¿Se ha extinguido la acción penal en la presente causa a tenor de lo prescripto por los art. 59, inc. 3°; 62, inc. 2° y 67, inc. d), del CP? En su caso: ¿qué resolución corresponde dictar?
De acuerdo con el resultado de la votación efectuada (fs. 14), nos pronunciaremos en el siguiente orden: en primer lugar, la Dra. Saldaño; en segundo lugar, la Dra. Rosales y en tercer término, el Dr. Martel.
A la Primera Cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
Como primera cuestión a resolver se debe precisar que la decisión impugnada, en tanto se trata de una resolución que impide la prosecución de las actuaciones, es susceptible de revisión por esta Corte de Justicia (arts. 455 y 457 del CPP).
Del mismo modo se verifica que el recurso es presentado en forma y tiempo oportuno (art. 460 del CPP) y por parte legitimada a tales efectos (art. 457 del CPP). Por ello, es formalmente admisible. Así voto.
A la primera cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
La señora Ministra preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
A la primera cuestión, el Dr. Martel dijo:
Entiendo acertadas las razones expuestas por la Sra. Ministra que lidera el acuerdo y por ello adhiero a su voto y doy el mío en el mismo sentido.
A la Segunda Cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
El hecho atribuido al imputado y por el que fue sobreseído, es el siguiente: “Que, en fecha 08 de julio de 2011, en un horario que no se pudo precisar, pero que estaría comprendido entre las 20:00 y 21:30 horas, sobre Ruta Provincial n° 2, a unos tres kilómetros y medio de la localidad de Icaño, Dpto. La Paz, provincia de Catamarca, más precisamente al pasar la curva denominado “Curva de Macedo”, en circunstancias que el ciudadano Raúl Idalmiro Moreno, lo hacía transitando con su bicicleta todo terreno, marca Aladelta, rodado n26, de color gris, en sentido Oeste-Este, es impactado en forma violenta, desde atrás por la camioneta marca Chevrolet, modelo S/10, color blanca, dominio RDM-761, conducida en forma imprudente por el ciudadano Mauro Daniel Sorda, no respetando el deber de cuidado exigible a su cargo, a una velocidad excesiva, sin poder controlar el vehículo, el cual lo hacía por el mismo carril, en sentido Oeste-Este, ocasionándole al damnificado traumatismo de cráneo encefálico severo, y al ser derivado a un centro de salud de mayor complejidad, en el trayecto a la ciudad de San Fernando del Valle, Raúl Idalmiro Moreno, fallece ese mismo día, conforme conclusión de autopsia, obrante a fs. 82/85, con consecuencia de un traumatismo de cráneo encefálico severo, con hundimiento de hueso frontal, hematoma subdural y epidural en región occipital y témporo-parietal derecho e izquierdo por trauma contuso, con elemento contundente, ambas lesiones se deben a un impacto de alta cinética, con una fuerza importante”.
Así planteada la cuestión, debo efectuar una aclaración preliminar para recién poder avanzar con el análisis de la cuestión traída a resolver. En esta instancia es dable destacar que la vía recursiva, no pone a cargo de esta Sala buscar eventuales deficiencias en la sentencia recurrida, sino, que se encuentra a cargo del recurrente, el demostrar la existencia de esas falencias y su relevancia concreta para su incidencia en la solución dada al caso.
En tal sentido, cabe consignar que el recurso es una impugnación contra una resolución determinada del proceso que debe referirse a los fundamentos invocados en su sustento, demostrando los defectos que ella presenta y su entidad o suficiencia para conmover la validez de lo resuelto.
La prescripción en materia penal es por una parte una garantía que el Estado debe observar como regla y por otra un derecho de quien se encuentra acusado y que forma parte de las defensas que la ley (Código Penal) prevé para que pueda oponerse a la persecución penal del Estado.
La CSJN en el caso “Fariña, Haydée Susana s/ homicidio culposo” dijo que, “El instituto de la prescripción de la acción penal tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, y esto obedece además al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial que es el respeto debido a la dignidad del hombre, el cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona de liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito” (Fallos: 342:2344).
Es criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, opera de pleno derecho, por el solo “transcurso del tiempo” (CSJN Fallos 305:1236; 311:2205; 313:1224; 323:1785; 324:2778).
Es por ello que, el análisis de la prescripción de la acción penal como instituto de orden público, no puede sino realizarse a la luz del principio constitucional de legalidad y debido proceso (artículo 18 de la CN).
Autores como Pastor, definen a la prescripción de la acción –como autolimitación del estado- al decir que el propio Estado decidió imponerse un límite temporal para el ejercicio de su poder penal. Afirma que, transcurrido el plazo previsto en la ley, el Estado no puede continuar la persecución penal pública. (La interrupción de la prescripción de la acción peal, Wesndell José G. Luzardo, pág. 23).
Establecido lo anterior, corresponde volver la mirada al caso en particular, del escrito del recurso casatorio surge que el recurrente opone como defensa la inobservancia del art. 67 del Código Penal en cuanto señala que la prescripción se suspende cuando en el caso de los delitos para su juzgamiento, sea necesario la resolución de cuestiones previas (en este caso apelación de la defensa del imputado y por ende recién elevarse a plenario para su juzgamiento.
A tal fin, entiendo útil examinar el fallo recurrido, el cual reza en su parte pertinente (fs. 637 vta.), III) Que se encuentra vigente la ley n° 25.990 de interrupción de la acción penal que modifica los párrafos cuarto y quinto del art. 67 del Código Penal y enumera en forma taxativa las causales de interrupción de la prescripción de la acción penal, a la vez que elimina dentro de esa categoría aquellos actos procesales que mantienen en movimiento la acción penal, esto es “secuelas de Juicio”.
De lo expuesto surge que el recurrente centra su agravio en lo previsto por el artículo 67 -primer párrafo- del Código Penal el cual prevé expresamente “La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso”.
En relación a lo que se entiende por cuestiones previas o prejudiciales, la doctrina refirió: “Son las que se desarrollan en otro proceso de extraña competencia a la del juez penal” (Código Penal de la República Argentina Comentado, Concordado con jurisprudencia 7° edición, Gustavo Eduardo Aboso, pág. 379). Se trata de circunstancias impeditivas de la persecución penal, quedando excluidas las situaciones de hecho y abarcando, en cambio, las cuestiones jurídicas cuya decisión concreta depende de un juez extraño al del proceso por el delito de que se trata y cuya materia no integra un elemento de dicho delito (por ejemplo, si en el proceso penal el juez debe resolver si la cosa objeto de desapoderamiento en un caso de robo o hurto es ajena) (Código Penal de la Nación Argentina Comentado, Parte General, 2° edición ampliada y actualizada con la ley 27.785, Horacio Diaz, Pág. 726).
Circunscripta estrictamente al motivo del recurso casatorio, considero que no puede prosperar el argumento de la defensa en cuanto pretende equiparar los trámites recursivos sustanciados en el proceso con el presupuesto que refiere el art. 67 “resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. La disposición no contempla, por tanto, cualquier incidencia procesal que se suscite durante la tramitación de la causa, ni tampoco el mero ejercicio de las vías recursivas previstas por el ordenamiento procesal. Requiere que sean cuestiones que se tramitan en otro juicio ajeno al proceso penal del que se trata.
Los recursos interpuestos dentro de un proceso judicial integran el mismo proceso y tienen por objeto la revisión de una decisión adoptada en su marco. La circunstancia de que una determinada resolución sea sometida al conocimiento de un tribunal superior no transforma, por ese solo hecho, la instancia recursiva en un proceso distinto ni configura una cuestión prejudicial en los términos del art. 67 del Código Penal.
En éste sentido se expidió la representante del Ministerio Publico al emitir su dictamen (fs. 620) al señalar que los actos jurisdiccionales que se sucedieron no tienen el efecto de interrumpir, ni suspender, el curso de la prescripción, toda vez que el Código Penal no los prevé, entre aquellos que taxativamente conllevan esa consecuencia. En igual sentido resolvió el Juez aquo al señalar expresamente que dichas incidencias se traducirían en secuelas del juicio.
Por todo ello entiendo que la defensa del imputado se ha limitado a exponer su propia perspectiva y el modo en que, a su juicio, debe ser resuelta la cuestión, aunque no ha desarrollado en su recurso de casación una crítica concreta y razonada sobre cada uno de los argumentos brindados por el Tribunal. En efecto, ha omitido dar motivos o razones que sustenten su pretensión. De tal modo no basta disentir si no se dirige crítica alguna a los argumentos centrales del fallo, circunstancia que lo vuelve formalmente inadmisible, conforme los estándares establecidos por esta Corte y la doctrina procesal. En razón de lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión y propongo que el recurso sea rechazado y la sentencia confirmada, en todo lo que fue motivo de agravios. Con costas. Así voto.
En esa inteligencia, sin perjuicio de considerar que en este caso ha operado la prescripción de la acción, no puede pasar inadvertida la irrazonabilidad del tiempo transcurrido (cinco años) desde la recepción de las actuaciones por la Cámara de Apelaciones (25/02/2020) y la fecha del Auto Interlocutorio N° 17/2025 (12/03/2025) que declara erróneamente concedido el recurso y baja las actuaciones al Juzgado de Origen; cuanto más cuando el artículo 144 del CPP establece el término de cinco días para que el Juez/a resuelva los autos.
Por ello resulta pertinente formular un llamado de atención a los operadores judiciales que intervinieron en ese periodo de tiempo, por el excesivo tiempo transcurrido para el dictado del Auto Interlocutorio N° 17/2025, por cuanto en el ejercicio de su función debe adoptar todas las medidas tendientes a cumplir con la obligación de tramitar las causas con debida diligencia que exige su actuación, para responder de esa manera a las demandas de los justiciables en tiempo oportuno.
A la Segunda cuestión, la Dra. Rosales Andreotti, dijo:
Adhiero a los motivos y a la solución propugnada por la Sra. Ministra preopinante, por ello, doy mi voto en el mismo sentido.
A la Segunda cuestión, el Dr. Martel dijo:
La Sra. Ministra que lidera el acuerdo da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
1. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el querellante particular y actor civil, Carlos Alberto Moreno, con el patrocinio letrado del Dr. Víctor García.
2. No hacer lugar al recurso de casación interpuesto, y confirmar en todos sus términos la resolución impugnada.
3. Con costas (arts. 536 y 537 del CPP).
4. Remitir los antecedentes a la Secretaría de Sumarios a fin de que se practique la investigación que determine la responsabilidad a la excesiva demora en el trámite de la causa.
5. Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.
FIRMADO: Dres. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño. ANTE MI: Dra. Érica Gorkiewicz Moroni –Secretaria (P/L/T) - ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.
Fin de la sentencia