Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 137.263
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, el recurso de casación intentado por la defensa oficial de Esteban Oscar Soria y confirmar la sentencia condenatoria impugnada en todo lo que fuera materia de agravio.
Artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 40, 41, 54, 64 bis primer párrafo y 94 bis primer párrafo del Código Penal; 106, 434, 448, 450, 451, 454, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal 0200-23696-17 C. 137.263
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño, a los efectos de dictar sentencia en la causa n° 137.263, caratulada "SORIA, ESTEBAN OSCAR S/ RECURSO DE CASACIÓN", conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX – BUDIÑO.
El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Bahía Blanca, con integración unipersonal, dictó sentencia en la causa nro. 3979 y resolvió condenar a Esteban Oscar Soria como autor responsable de los delitos homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas agravadas, por la conducción de un vehículo motor, ambos en concurso ideal, a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación para conducir vehículos por el plazo de 10 años, accesorias legales y costas. Asimismo, dejó constancia de su condición de reincidente.
Contra dicho pronunciamiento la defensa oficial del acusado, representada por Carlos Carnevale, presentó recurso de casación. Cumplimentadas las vistas correspondientes y, encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez BOUCHOUX, expresó:
I. 1. Como agravio principal, el recurrente plantea la configuración de una errónea y arbitraria valoración de las pruebas para la acreditación de la autoría delictiva de Soria en los hechos imputados.
Insiste con su hipótesis de que la prueba producida habría dejado en evidencia que la muerte de la Sra. Noelia Alejandra Navarreto (ex pareja del acusado y acompañante en la moto) y las lesiones padecidas por la menor J. D. M. A. "...fueron consecuencias del obrar negligente e imprudente de ellas mismas y de sus cuidadores -en el caso de la niña-..." En efecto, indica que contraviniendo el art. 38 de la ley de tránsito n° 24.449, las personas (incluida la menor víctima) estaban sobre la cinta asfáltica. Como contracara, sostiene que no se probó en autos que el obrar de Soria haya sido la causa sine qua non de las referenciadas consecuencias; máxime cuando -según infiere- resulta difícil de divisar la presencia de una pequeña en la calle Al respecto, destaca las declaraciones de familiares de Juana (madre y tía) de las que surge que habían salido a ver los fuegos artificiales y que la niña estaba con otros menores en la calle cuando pasó la moto en la que venían Soria y Navarreto aparentemente discutiendo, ambos sin casco. Más allá de los dichos de testigos, pone de resalto que la pericia accidentológica no pudo determinar la velocidad a la que se trasladaba la moto conducida por su defendido al momento del impacto. Sobre el punto dice que, si la moto efectivamente circulaba a alta velocidad como lo afirman los testigos, resulta extraño que lograran percibir que sus ocupantes venían discutiendo y que, aún cuando llegaron a ver al vehículo a dos cuadras, no hayan puesto a resguardo a los menores.
Sobre las lesiones en la cabeza que a la postre ocasionaron la muerte de Navarrete, señala que precisamente la utilización del casco de seguridad tiene en miras la protección del ocupante frente a golpes en esa parte del cuerpo (cfr. art. 40 inc. 'j' de la ley n° 24.449).
Cita doctrina que analiza la cuestión del obrar imprudente del agente sin desatender las aportaciones de cada protagonista del conflicto penal. Desde esa óptica, alega que en el caso concreto en donde una víctima "se lanzó a correr a la cinta asfáltica" y la otra "decidió en forma consciente y voluntaria, circular en motocicleta sin usar casco", la imputación se desplaza hacia el ámbito de su responsabilidad (y de sus cuidadores); ello bajo el criterio de que Soria nada tuvo que ver con esos riesgos iniciales creado por las víctimas lo cual impide, ya desde el primer momento, que tales riesgos formen parte del injusto atribuido al nombrado.
En definitiva, solicita la absolución de Soria pues no ha sido su conducta la que originó los riesgos realizados en el resultado lesivo, sino que -reitera- fue el obrar negligente e imprudente de las víctimas (y de sus cuidadores).
2. De manera subsidiaria al acogimiento del postulado absolutorio, el recurrente cuestiona el monto de pena establecido en el fallo atacado por considerarlo totalmente desproporcionado con el injusto cometido y absolutamente irracional, así como contrario al principio de resocialización de la pena.
Luego de una serie de citas jurisprudenciales, sostiene que el quantum fijado por el Tribunal carece de fundamentación y entiende que debió valorarse como atenuante el 'buen concepto' de su defendido, reduciendo la pena al mínimo legal previsto para el caso.
Hace reserva del caso federal.
II. Radicados los autos en esta instancia se expidió en primer término el Sr. Defensor Adjunto de Casación José María Hernández quien mantuvo expresamente el recurso traído por su par de la instancia y peticionó en igual sentido.
III. A su turno, la Sra. Fiscal Adjunta ante este Tribunal, Daniela Bersi, se pronunció por el rechazo del recurso casatorio impetrado por la defensa oficial de Esteban Soria.
Luego de reseñar los elementos de cargo más relevantes, sostuvo -a contramano de lo argüido por el recurrente- que se acreditó por víua testimonial y pericial que Soria "...no venía conduciendo el vehículo en debida forma..."
En efecto trajo a colación los testimonios de la madre y tía de la menor víctima en cuanto afirmaron que la moto venía a gran velocidad, que el conductor estaba discutiendo con la señora que llevaba como acompañante; que no obstante encontrase la calle llena de gente observando los fuegos artificiales de navidad, Soria no atinó ni a detener su marcha, aminorarla o efectuar maniobra alguna para evitar la colisión; que le hacían señas para que frenara o disminuyera la velocidad dado que había menores sobre la calle festejando la navidad, pero Soria continuó con su conducción imprudente sin frenar y sin realizar maniobra evasiva. Además, puso de relieve la Sra. Fiscal que esto último se encuentra corroborado por la pericia accidentológica en la que el perito no observó huellas de frenado o maniobra de acción evasiva.
Se opuso a la hipótesis de la defensa que cargó las tintas sobre la conducta de las víctimas por haber tenido responsabilidad en el riesgo realizado en el resultado, haciendo hincapié en que Soria debió advertir el peligro, acatar las señales que se le hacían, y detenerse o aminorar en debida forma su marcha para efectuar las maniobras adecuadas para poder seguir circulando sin afectar a terceros. Indicó que, bajo esas condiciones, quedó demostrada la flagrante violación al deber de cuidado en el obrar de Soria quien, ante las advertencias de la tía de J. (que le hacía ademanes, señas y le gritaba posicionada en el medio de la calle), "desoyó la[s] misma[s], no estuvo atento a lo que ocurría en la vía pública delante de él, y no obró con cuidado y prevención..." Dijo que aún frente a esas advertencias, Soria no hizo nada para evitar el resultado accidental generado en definitiva.
Añadió sobre el punto que, si bien se reconoce como un supuesto de recorte en la imputación a la denominada autopuesta en peligro de la víctima, "...para que tal asunción del riesgo de parte de la víctima tenga eficacia para desligar el resultado de la conducta de terceros, la misma debe tener una entidad tal que permita atribuírsele de manera exclusiva -o, de mínima, claramente preponderante- la producción del resultado, nada de ello sucede en el presente caso..."
Por otro lado, también propició el rechazo del agravio subsidiario vinculado con el proceso de determinación de la pena llevado a cabo por el a quo toda vez que el monto seleccionado se encuentra dentro de la escala legal prevista para el caso.
III. El recurso no habrá de prosperar.
III. 1. Luego de sustanciado el debate, el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Bahía Blanca consideró suficientemente probada la plataforma fáctica que fuera delineada por la acusación en estos términos: "En la ciudad de Bahía Blanca, el 25 de diciembre de 2017, a las 01:30 hs. aproximadamente, ESTEBAN OSCAR SORIA, en circunstancias en que se encontraba circulando por calle James Harris, a la altura catastral del 1200, en sentido sudoeste/noroeste, al mando de una motocicleta marca Yamaha, modelo Crypton 110 cc., dominio 927-HPR, transportando como acompañante a Noelia Alejandra Navarreto, violó los deberes de cuidado exigidos a la hora de conducir vehículos en la vía pública al hacerlo sin cuidado ni prevención, sin verificar la presencia de peatones en la vía pública (arts. 39 inc. «b», ley 24.449). Por tal motivo embistió a la menor de 4 años de edad, J. D. M. A., quien se hallaba en la vía pública James Harris. Producto de la colisión descripta, Noelia Alejandra Navarreto, cayó a la cinta asfáltica, desde la motocicleta en que circulaba como acompañante, ocasionándosele un traumatismo grave de cráneo (hematoma subdural y hemorragia subaracnoidea postraumática), convulsiones y una insuficiencia respiratoria, que le produjo la muerte el día 12 de abril de 2021. Y J. D. M. A., sufrió fractura de fémur izquierdo, que requirió inmovilización con yeso, y escoriaciones en todo el hemicuerpo izquierdo, lesiones estas de carácter grave."
Como se ve, el accionar ilícito imputado a Soria consiste en la violación de "los deberes de cuidado exigidos a la hora de conducir vehículos en la vía pública al hacerlo sin cuidado ni prevención, sin verificar la presencia de peatones en la vía pública..."
Debo decir, incluso por fuera de lo que llega a esta instancia como materia de agravio, que tal forma de describir la materialidad ilícita y de identificar la conducta delictiva del acusado en el caso concreto, aparece como desprovista de la especificidad y determinación que resultan esperables para comprender en toda su extensión la imputación cursada. Es obligación del juzgador de mérito establecer claramente el supuesto de hecho respecto del cual luego realizará la valoración jurídica que, partiendo de la figura penal pertinente, le permitirá verificar la tipicidad de aquella conducta, esto quiere decir que lo que debe describirse es un concreto acontecimiento histórico: el accionar humano a valorar con todas aquellas particularidades que puedan tener relevancia jurídica.
No constituye una adecuada técnica sentencial la narración del hecho recurriendo a la letra de la ley aplicable al caso concreto, para describir de manera general y abstracta la conducta desvalorada, mucho menos si ello no aparece complementado con suficientes datos históricos que sirvan para especificar el accionar descripto, puesto que tal proceder implicaría prescindir de la concreta realidad ocurrida y anticipar en el veredicto el resultado de un juicio de tipicidad propio de la sentencia y que, en esas condiciones, no podría ser objeto del debido control casatorio. Así como es función del legislador establecer las fórmulas legales generales y abstractas en las que describe acciones desvaloradas que pueden presentarse en la realidad de maneras infinitas, corresponde al juez fijar en el veredicto el concreto acontecer histórico ocurrido, para recién luego verificar si éste puede considerase adecuado a la descripción conceptual contenida en la ley.
Dicho esto, no me pasa por alto que el acto sentencial no es una suma de compartimientos estancos sino un todo único e inescindible en el que cada una de las partes se vincula y correlaciona con las restantes. Bajo esta óptica, una lectura integral de la sentencia permite apreciar con claridad el concreto contenido de aquella imputación deficientemente fijada en el veredicto al delimitar la plataforma fáctica que se consideró probada. Quiero decir que las precisas conductas desplegadas por Soria constitutivas de esa "violación a los deberes de cuidado exigidos a la hora de conducir vehículos en la vía pública" han surgido de la evidencia colectada, en particular, de coincidente prueba testifical rendida en el juicio.
A su vez, se descarta cualquier atisbo de menoscabo al derecho de defensa en juicio desde que la parte pudo rebatir -en el debate y en esta instancia- todos los extremos de la acusación precisamente al haber sido el accionar de Soria (y de las víctimas) el eje de la discusión, habiéndose encontrado la defensa en condiciones de desplegar todas las estrategias que consideraba útiles en el ejercicio de su ministerio.
III. 2. Efectuadas esas aclaraciones preliminares, recordemos que, en su postulado principal, el recurrente reiteró en esta instancia su postura acerca de que lo que habría desencadenado el accidente fue la conducta de la menor al cruzar la calle y no respetar las reglas de los peatones que deben cruzar por la esquina, mientras que la situación de Navarrete (que falleció 4 años después del hecho por las lesiones producidas en el hecho) se agravó por la no utilización de casco [cfr. pág. 2 del veredicto]. Como primera aproximación, constato que los planteos efectuados por el defensor Carnevale en el recurso casatorio constituyen una íntegra reedición de aquellos realizados al alegar en el debate y que fueran desechados con acabados fundamentos por mi colega de la instancia, sin que el recurrente haya ofrecido en esta ocasión motivos eficaces que permitan su revisión y hagan procedente su admisión.
Limitada la tarea revisora de esta Alzada a los puntos de agravio esgrimidos por el impugnante (cfr. art. 434, C.P.P.), adelanto que comparto el temperamento adoptado por el juez de la sentencia que, fundado en el examen tanto individual como global de los elementos recabados, determinó la responsabilidad penal de Soria en el hecho juzgado.
Veamos qué declararon en el juicio las testigos directas del hecho. Según lo consignado en el veredicto, la madre de la pequeña J.
recordó que una media hora después de la medianoche de navidad de 2017, habían salido a ver los fuegos artificiales y las niñas (entre las que se encontraba su hija de 4 años) a jugar con regalos que habían recibido. Afirmó que "la calle estaba llena de vecinos".
Dijo que, no obstante el paso del tiempo, el recuerdo se mantenía nítido por lo ocurrido con su hija.
Entonces, narró que mientras que ella estaba en la vereda amamantando a una hija recién nacida, escuchó gritos por una moto que se aproximaba ("...'cuidado, cuidado'...").
Precisó que los ocupantes de la moto estaban discutiendo ("....'se escuchaba la moto y gritos de ellos y ademanes de la chica en la moto'..."); que el rodado "...'venía muy rápido (...) venía fuerte (...) se escuchaba la moto como cuando acelerás a fondo'..."; que "...'medio como que hacía zigzag para esquivar a la gente que estaba en la calle'..." Insistió con que la calle estaba llena de gente saludándose y jugando, y dijo que cuando apareció la moto "...'todos gritaban para que frene (...) los vecinos gritaban para evitar que choque a los nenes que estaban jugando (...) todos estaban jugando en la calle, como en los barrios normales, dado que "es raro que venga una moto a 120'..."
La testigo enfatizó que a pesar de los gritos de los vecinos y de la cantidad de personas que había en la calle, "...Soria no paró, ni disminuyó la velocidad..." Además, dio cuenta de que de la calle estaba iluminada ("...'se veía todo'...")
En ese momento vio que la pequeña "voló por los aires...como diez metros", al tiempo que la chica que viajaba de acompañante en la moto "voló más que su hija". Explicó que si bien ella no llegó a hacer nada porque tenía a la bebé en brazos, su cuñada -que estaba con las niñas en la calle- llegó a manotear a J. del brazo logrando evitar que el impacto fuera peor. Afirmó que varias personas se acercaron a la moto y Soria pretendía irse, lo que fue evitado por los vecinos que lo retuvieron en el lugar. Indicó que luego llegaron las ambulancias que se llevaron a los lesionados (incluido el nombrado); que, ya en el hospital, Soria la "prepoteó" y discutió con personal del nosocomio y con allegados de Noelia Navarrete.
También dijo que más tarde supo de parte de familiares de Noelia que esa noche Soria le había cortado la luz y la había sacado de la casa por la fuerza, dejando a sus hijos chicos solos en la vivienda. Tomó conocimiento que habían sido pareja pero estaban separados con denuncias por violencia hechas por Noelia de por medio.
Como podrá advertirse, si bien la testigo no desconoció que su hija -al igual que muchas otras personas más- se encontraba jugando con su disfraz nuevo en la calle, fue muy clara al describir el accionar del conductor de la moto que atropelló a la criatura. Dijo que circulaba a gran velocidad ("...'a 120... a fondo'...", se aventuró), que venía haciendo zigzag, que los ocupantes (ambos sin casco) estaban discutiendo y que no obstante los desesperados pedidos para que frenara ante la presencia de muchas personas en la calle, no sólo no frenó sino que ni siquiera disminuyó su presurosa marcha, produciéndose así el impacto contra la pequeña J.. La tía de la menor víctima, Flavia Fuentes Zambrano, confirmó íntegramente el testimonio de su cuñada en cuanto a que se encontraban festejando la navidad en su casa, que habían salido a jugar con sus hijas (que estrenaban unos patines) y con J. (que lucía un disfraz nuevo), que enseguida la calle se llenó de otros vecinos que salían a ver los fuegos artificiales.
Dijo que advirtió que se aproximaba una moto sin luces cuyos ocupantes estaban a los gritos, por lo que se posicionó en el medio de la calle y comenzó hacerle señas para que frenase "...pero nunca frenó ni lo intentó, y en eso J. cruza y le agarra el fémur (...) no había un intento de bajar la velocidad, por eso se puso en el medio, para que advirtiera que había chicos en la calle, y este sujeto no frenó (...) estaba la moto a media cuadra cuando le empezó a hacer señas (...) se escuchaban gritos arriba de la moto, que él venía enojado, estaba como ciego, no la ve cuando ella estaba en el medio de la calle haciendo señas y gritando'..." Recordó que casi por instinto la llegó a tomar a su sobrina del brazo logrando que, tras el impacto, cayera sobre un auto estacionado.
Según su recuerdo, cuando advirtió la presencia de la moto ésta se aproximaba a unas "dos cuadras" y pese a las señas que le hacía para que frenara, llegó a la esquina y, al no haber ni siquiera reducido la velocidad, tuvo que correrse, produciéndose enseguida el atropellamiento de su sobrina.
Confirmó que la chica que iba de acompañante en la moto cayó mucho más adelante ("...'voló como tres casas'...") y que el conductor pretendía irse del lugar, lo que fue impedido por los vecinos.
Si bien señaló que no había una gran iluminación en la zona, "...'la gente se veía'...", por lo que su presencia en el medio de la calle haciendo señas no pudo razonablemente ser desapercibida por Soria.
Pues bien, se observa que este testimonio estuvo conteste con el de la madre de la menor y agregó algunos detalles relevantes que ponen en evidencia la conducta totalmente violatoria del deber de cuidado por parte de Soria con incidencia decisiva en la creación del riesgo no permitido materializado en el resultado lesivo (fallecimiento de Navarrete y lesiones graves de J. A.). En efecto, dijo Fuentes Zambrano que la moto circulaba sin luces, que se aproximaba a alta velocidad al sector donde había gente en la calle, que sus ocupantes estaban discutiendo, que aún habiéndole hecho insistentes señas al conductor para que se detuviera continuó su marcha a la misma velocidad dando lugar al impacto contra la pequeña J. A. que cruzaba la calle.
La continuidad del proceso de valoración probatoria reseñado en el veredicto se complementa, entre otros elementos, con los distintos informes médicos que dieron cuenta de la naturaleza de las lesiones sufridas por los involucrados en el suceso a los que me remito en honor a la brevedad [v. págs. 15/18 del veredicto] Sí habré de destacar sintéticamente que, en el caso de la menor J. A., se estableció que las lesiones en ella constatadas (fractura de fémur izquierdo y excoriaciones de todo el hemicuerpo izquierdo), fueron calificadas como "Lesiones de carácter graves salvo complicaciones"; mientras que en el caso de Noelia Navarrete se determinó que su fallecimiento, más de cuatro años después del accidente, tuvo como causa mediata el golpe sufrido en su cabeza al caer de la moto tras el impacto ("insuficiencia respiratoria grave post convulsión tónico-clónica, esta última secuela del trauma encéfalo craneano grave"; cfr. operación necropsia de f. 139 del legajo principal).
Así llegamos a la ponderación de un elemento de particular interés para el esclarecimiento del hecho; me refiero a la información relevada por la pericia accidentológica realizada por el Perito Mansilla [v. págs. 19/20 del veredicto].
Cabe destacar aquí que, al igual que respecto de las testificales más arriba referenciadas, el recurrente efectuó un análisis parcializado de este elemento de convicción al concluir que la falta de determinación de la velocidad a la que se desplazaba la moto pondría, de alguna manera, en duda lo expuesto por las testigos que afirmaron haberla visto aproximarse a alta velocidad.
De acuerdo con lo volcado en el veredicto, el perito ciertamente informó sobre el punto en cuestión que "no es posible realizar cálculo de velocidad", aunque a continuación explicó que ello se debió a la ausencia "de sustento físico-mecánico, como huellas de frenada, derrape, arrastre metálico, etc." En igual sentido, añadió en el punto pericial 'e' sobre "Mecánica del hecho: Trayectoria previa pre-impacto [de] la motocicleta Yamaha Cripton" que "...no hay indicios que haya intentado realizar ninguna maniobra de acción evasiva (esquivar), como tampoco ninguna maniobra de acción frenante (frenar)..." [v. pág. 19 cit.] Entonces, se observa que si no se ha podido establecer la velocidad a la que circulaba el moto vehículo cuando se produjo el arrollamiento de J., fue porque el rodado no dejó huella alguna que indicara la realización de alguna maniobra evasiva o de frenado. Ello es exactamente lo que de manera coincidente afirmaron haber percibido las testigos que declararon en el debate; esto es que, haciendo caso omiso a todos los pedidos y advertencias de las personas que estaban en el lugar (incluida la tía de la menor que dijo haberse parado en el medio de la calle a hacerle señas), Soria continuó conduciendo la moto a la misma velocidad; conducta imprudente que desató un curso causal que culminó con una niña seriamente lesionada y con la ex pareja de Soria con daños físicos que, años más tarde, terminaron con su vida.
Las explicaciones que sobre las "causales de accidente" brindó Mansilla no estuvieron lejos de aquella conclusión: "...[e]n el presente hecho se podría determinar que en factor humano se produjo la ruptura y que el conductor de la motocicleta Yamaha Cripton 110 cc, no circulaba con cuidado y prevención, acorde a lo narrado en la Ley Nacional de Tránsito 24449..."
Comparto plenamente el razonamiento seguido por mi colega de la instancia anterior que, a partir de un análisis global de la evidencia disponible, sostuvo que, aún sin desconocer que Juana había cruzado la calle por un lugar inadecuado y que Noelia no llevaba el casco puesto, los resultados lesivos del accidente se produjeron como consecuencia de la inobservancia por parte de Soria del cuidado objetivamente debido. En otros términos, es evidente que dadas las circunstancias previas y concomitantes del hecho, el resultado se podría haber evitado si el nombrado observaba el deber objetivo de cuidado.
Aún cuando no se hubiera determinado la velocidad exacta a la que se desplazaba la moto comandada por Soria, la dinámica propia del accidente (en particular, la existencia de advertencias desoídas y el consecuente resultado dañoso) da cuenta de una velocidad imprudente en el concreto contexto del suceso.
Dijo al respecto el sentenciante que "...[h]a sido determinante para generar el resultado la infracción al deber de cuidado cometida por el señor Soria, quien ante la advertencia efectuada por la señora Fuentes Zambrano, la que no pudo dejar de observar porque la misma hacía ademanes, señas y gritaba posicionada en el medio de la calle, desoyó la misma, no estuvo atento a lo que ocurría en la vía pública delante de él, y no obró con cuidado y prevención, no frenó ni disminuyó la velocidad, ni intentó una maniobra evasiva para evitar el resultado accidental generado en definitiva, por lo que queda claro que no tenía el dominio total de su vehículo para conducirse en debida forma..." [v. pág. 22 del veredicto] La conducta imprudente ha de analizarse como un problema del tipo. La evolución de la dogmática penal ha dejado en el camino, en otras cosas, la idea de que la causación de un resultado constituye por si sola un injusto. Actualmente, el núcleo desde el que se impulsan las teorías jurídicas para analizar los delitos imprudentes es la infracción de un deber objetivo de cuidado.
En palabras de Claus Roxin "...la imputación al tipo objetivo presupone la realización de un peligro creado por el sujeto, que supera el riesgo permitido en el marco del fin de protección de la norma..." (Roxin, Claus. Derecho Penal, Parte General. Tomo I, Ed. Civitas, traducción de la 2da. Edición; pág. 998).
Así pues, la tipicidad culposa requiere: a) la realización -o elevaciónde un peligro creado por el sujeto a partir de una violación al deber de cuidado, que supera el riesgo permitido en el marco de protección de la norma; b) que ese riesgo creado o groseramente elevado por el autor se concrete en un resultado lesivo de un bien jurídico específico; c) que exista un nexo de determinación entre la imprudencia o negligencia y el resultado, de modo tal que la supresión mental hipotética de la infracción al deber de cuidado debido importe también la hipotética supresión del resultado. La conducta del imputado Soria reúne todas las notas típicas exigidas para la imputación del llamado “síndrome de riesgo” y el nexo de determinación causal con el resultado finalmente acaecido. Concuerdo con el hecho de que a la materialización de ese resultado típico haya contribuido también el comportamiento de las víctimas no despeja inicialmente el riesgo elevado de manera inadmisible por el autor, a la par que tampoco el suceso puede explicarse desde una exclusiva “competencia de la víctima”. El incremento del riesgo derivado de circular a alta velocidad con una motocicleta, sin luces, discutiendo con su acompañante y haciendo caso omiso a las expresas advertencias de otras personas acerca de la existencia de un peligro cierto (presencia de mucha gente en la cinta asfáltica), es suficiente corroboración de la primera premisa del nexo de imputación (en cuanto a la generación de un riesgo jurídicamente desaprobado), a la par que constituye la esencia de la violación del deber objetivo de cuidado. Asimismo, en una evaluación ex post se corrobora que las lesiones sufridas por las víctimas (que, en el caso de Navarrete, resultaron mortales) son, en efecto, la concreción de aquel riesgo antijurídico y no de otro. Se aprecia con nitidez que esa elevación del riesgo permitido en el caso concreto se reflejó, justamente, en la asunción por parte de Soria de una conducta groseramente riesgosa derivada de la suma de imprudencias en la conducción de la moto.
Señaló con acierto el Juez Casas: "...[e]s cierto que la menor de 4 años de edad cruzó la calle por un lugar no adecuado. Es cierto que Navarrete no llevaba colocado el casco. Ahora bien, estas dos faltas de las víctimas no llevan a excluir y eximir de responsabilidad en el hecho al señor Soria. No existe compensación de culpas. Si bien la menor cruzó por donde no debía hacerlo (en rigor de verdad, estaba jugando entre la calle y la vereda con su disfraz que le habían regalado para navidad), lo cierto es también que la tía de la niña, al ver la motocicleta que se acercaba, mucho tiempo antes de que llegase cerca del lugar donde luego se produjo el impacto, alertó al conductor del rodado para que disminuya la velocidad y frene, cosa que Soria no hizo y ello determinó luego el impacto, cuando la menor trató de ir hacia el sector donde se encontraba su tía y su madre. Que la señora Navarrete no tuviese casco colocado tampoco lo exime a Soria de responsabilidad, en primer lugar, porque no debió dejarla circular con él, dado que quien estaba a cargo del rodado menor y debe velar por la seguridad de las personas que transporta es el conductor, y en segundo punto, porque fue él quien la pasó a buscar por su casa y la obligó a retirarse de la misma junto a él, según indicaron los testigos que les comentaron las hermanas de Navarrete, y fue por esto que venían discutiendo mientras circulaban en la moto, previo al impacto que generó las lesiones en las víctimas..."
Entonces, retomando lo dicho respecto de los elementos de contenido de la conducta imprudente, si bien -reitero- no basta con que se compruebe la relación de causalidad y una violación al deber de cuidado -o una elevación no permitida del riesgo- (v gr. conducir una moto a alta velocidad, sin luces, discutiendo con la acompañante, haciendo caso omiso a las advertencias sobre la presencia de gente en la calle) sino que resulta además indispensable acreditar que el resultado se produjo como consecuencia directa y específica de la introducción o elevación de aquel riesgo prohibido; cuando tales extremos aparecen -como en el casodebidamente acreditados, deviene para la tipicidad culposa irrelevante que la conducta imprudente o negligente de las víctimas pueda también haber tenido injerencia en el suceso.
Como quedara dicho, si bien la tipicidad culposa no puede explicarse desde el resultado, el juicio de imputación no puede prescindir del mismo, aún cuando pueda asignársele un componente de azar. En un caso como el que se nos presenta aquí, si dejáramos a un lado del análisis el resultado del accionar imprudente de Soria, no podríamos distinguir una contravención administrativa (vgr. conducir a alta velocidad, sin luces y sin casco) de un delito de homicidio o lesiones culposas.
Desde otro prisma, aun cuando, hipotéticamente excluidas las conductas imprudentes de las víctimas pudiera suponerse que los resultados no se habrían producido, o hubieran sido distintos, ello no obsta a que subsista el nexo de antijuricidad entre la conducta imprudente de Soria y el resultado producido, porque la supresión mental de este último aumento prohibido del riesgo importa también la de la colisión y sus consecuencias lesivas.
Insisto: lo que explica preponderamente el hecho que se tuvo por probado es la conducta imprudente de Soria. Con lo cual, más allá de las conductas que hubieran desplegado las víctimas (de no usar casco y de permanecer en la calle), el resultado lesivo se imputa objetivamente a aquel accionar imprudente que elevó el riesgo de manera inadmisible.
A todo evento, como enseña claramente Roxín, en los supuestos de conducta alternativa conforme a derecho, sólo resulta posible excluir la imputación cuando aquella conducta hipotética hubiese conducido con seguridad al mismo resultado. En cambio, es obligada la imputación cuando una conducción correcta habría salvado la vida, cierto que no con seguridad, pero sí probablemente, pues en esos casos existe un incremento jurídicamente relevante de la posibilidad de un accidente mortal (conf. Roxín, op. cit., pág. 379).
Es que "...en efecto, el legislador tiene que insistir también en el cumplimiento de la norma de cuidado precisamente allí donde su observancia ciertamente aumenta claramente la posibilidad de salvaguarda del bien jurídico, pero no lo garantiza con absoluta seguridad. Así, por ejemplo, si en una operación arriesgada pero médicamente indicada el cirujano provoca la muerte del paciente por burdos errores técnicos, según la opinión contraria tendría que quedar impune porque, aunque se hubiera llevado a cabo una operación lege artis, tampoco se podría excluir la posibilidad de un desenlace mortal. Y eso significa renunciar a toda exigencia de cuidado precisamente en los supuestos en que se requiere un cuidado especialmente grande." (Roxin, op. cit., pags. 380/381). Pues bien, el cuadro probatorio es plenamente demostrativo de la responsabilidad de Esteban Soria, ya que ilustra sobre la violación del deber objetivo de cuidado a través de una conducción imprudente de su moto que elevó groseramente el riesgo permitido; riesgo que se concretó en los resultados producidos (muerte de Navarrete y lesiones graves de Juana Artola).
En función de lo expuesto, considero que la respuesta brindada en la sentencia en examen -en lo relativo a la responsabilidad del imputado por los resultados lesivos producidos- ha sido acertada.
Finalmente, se impone el tratamiento de las críticas traídas por el defensor respecto del proceso de individualización de la pena en el caso concreto.
Cabe recordar que el impugnante planteó que el monto punitivo impuesto resulta excesivo y desproporcionado en relación con el injusto achacado a Soria. No efectuó críticas concretas sobre las circunstancias agravantes ponderadas por el Tribunal y postuló en esta instancia la consideración como atenuante del buen concepto de su asistido.
Preliminarmente, debo mencionar que nuestro Código Penal no prevé criterio formal para la determinación de la pena, permitiendo al juzgador la elección de la sanción que considere más adecuada y justa para el caso concreto, en la inteligencia de que cada hecho y cada autor son diferentes y presentan particularidades que difícilmente puedan reducirse a criterios rígidos y estandarizados.
En los presentes autos, el Tribunal de grado impuso a la pena de cuatro (4) años de prisión e inhabilitación para conducir vehículos por el plazo de diez (10) años, accesorias legales y costas, como autor responsable del delito de homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas agravadas, por la conducción de un vehículo motor, en concurso ideal de delitos (artículos 84 bis primer párrafo, 94 bis primer párrafo y 54 del Código Penal). Para arribar a ese monto tuvo en cuenta la escala legal prevista para el caso concreto (cfr. arts. 84 bis primer párrafo y 54 del C.P.), la valoración de tres circunstancias agravantes y ninguna atenuante. En nuestra ley sustancial la determinación judicial de la pena se apoya en las pautas establecidas por el art. 41 del C.P, las que deben ser ponderadas por el juzgador con base en los criterios rectores que derivan de una interpretación de la norma compatible con nuestro plexo constitucional: la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad.
Cabe aclarar que, de la lectura del acta de debate y de la cuarta cuestión del veredicto, se desprende que las partes no promovieron la valoración de circunstancias atenuantes. De allí que el pedido impetrado en el recurso de que se tenga en cuenta el buen concepto presunto de Soria, aparece como extemporáneo. Es que no existió discusión, ni litigación entre las partes sobre la cuestión que ahora promueve el recurrente, por lo que tampoco existe decisión del tribunal de grado sobre el punto. En otras palabras no hay decisión del a quo cuya motivación pueda ser revisada pues no medió alegación defensista que la tornara exigible.
Al mismo tiempo, en la quinta cuestión del veredicto, el Tribunal valoró como agravantes: la postura de Soria tras el accidente de intentar escaparse del lugar aún con su ex pareja desvanecida en el piso; la conducta posterior del acusado en el nosocomio al violentarse con personal de seguridad y con familiares de las víctimas; los múltiples antecedentes penales que registra.
Bajo estos parámetros que, insisto, no han sido cuestionados en el recurso y, por ende, llegan incólumes a esta instancia -por carencia de agravio- no encuentro que la pena discernida por el a quo resulte excesiva o desproporcionada. Es que, visto la escala penal prevista para el caso concreto, la valoración de tres circunstancias agravantes y ninguna atenuante, no observo la falta de desproporcionalidad alegada por la parte que, sin mayores consideraciones, propugnó la imposición del mínimo legal. De cualquier modo, vale traer a colación lo sostenido por mi colega del Tribunal, Daniel Carral, acerca de la administración de las escalas penales, más precisamente en cuanto explicitó que el distanciamiento de la pena del mínimo legal previsto para cada injusto, no convierte automáticamente a la decisión en arbitraria (causa Nº 55.550, caratulada "VALLEJOS, Alejandro Benjamín s/ recurso de casación" -y su acumulada N° 55.551 de la Sala I de este Tribunal de Casación Penal; entre otras). En sentido similar ha resuelto la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, en reiteradas oportunidades, que “…es doctrina legal de esta Corte que el digesto sustantivo no contiene un determinado punto de ingreso a la escala para efectuar la dosimetría” (v.gr. P.116.788).
Por último, no advierto la alegada falta de fundamentación del monto punitivo seleccionado desde que, para ello, el tribunal se remitió a las pautas de mensura valoradas (arts. 40 y 41 del C.P.) Debiera aclararse aquí que la exigencia de motivar las sentencias (art. 106 del C.P.P.), en lo que concierne a la determinación judicial de la pena, requiere que se exprese la circunstancia de haber tenido en cuenta alguno de los criterios de valoración que prevé el art. 41 del Código Penal que, verificado en el caso en concreto, trasciende al juicio sobre la culpabilidad, incidiendo de ese modo en la magnitud de la pena.
Así pues, sin más agravios que tratar y no hallándose configuradas las infracciones legales denunciadas por la defensa, considero que corresponde el rechazo, con costas, del recurso casatorio interpuesto, por lo que a la primera cuestión planteada VOTO POR LA NEGATIVA.
ASÍ LO VOTO.
A la primera cuestión planteada la señora jueza, BUDIÑO, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, en igual sentido y por los mismos fundamentos y también me pronuncio POR LA NEGATIVA.
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez BOUCHOUX expresó:
Que, en orden al resultado arrojado por el tratamiento de la cuestión precedente, entiendo que corresponde rechazar, con costas, el recurso de casación intentado por la defensa oficial de Esteban Oscar Soria y confirmar la sentencia condenatoria impugnada en todo lo que fuera materia de agravio.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 40, 41, 54, 64 bis primer párrafo y 94 bis primer párrafo del Código Penal; 106, 434, 448, 450, 451, 454, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión la Sra. Jueza BUDIÑO dijo:
Que, en virtud de lo expuesto, adhiero al voto del Sr. Juez Bouchoux.
ASI LO VOTO
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: Rechazar, con costas, el recurso de casación intentado por la defensa oficial de Esteban Oscar Soria y confirmar la sentencia condenatoria impugnada en todo lo que fuera materia de agravio.
Artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 40, 41, 54, 64 bis primer párrafo y 94 bis primer párrafo del Código Penal; 106, 434, 448, 450, 451, 454, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
JM
Fin de la sentencia