Abriendo la norma
Cámara Civil y Com
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de apelación deducido contra la sentencia de quiebra de fs. 811/817;
2Imponer las costas de alzada al fallido (arts. 68 y 69 del Cód. Proc.).
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77).
Causa nº 56.746 “Soriano, Daniel Oscar s/ Concurso Preventivo".
Juzgado Civ. y Com. nº 3 -Tandil- Reg.. 80...Sent. Civil.
En la ciudad de Azul, a los 25 días del mes de Septiembre del año Dos Mil Doce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), encontrándose en uso de licencia el Dr. Jorge Mario Galdós (Resolución nº SE8606/12 del 13/07/12 emanada de la S.C.B.A.), para dictar sentencia en los autos caratulados: "Soriano, Daniel Omar s/ Concurso Preventivo" (Causa Nº 56.746), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. PERALTA REYES, Dr. GALDÓS y Dra. LONGOBARDI.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. -¿Es justa la sentencia de fs. 811/817?
2da. -¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez DR.PERALTA REYES, dijo:
I. En la sentencia de la instancia anterior se declaró la quiebra de Daniel Omar Soriano, en virtud de no haber logrado reunir las conformidades exigidas por el art. 45 de la LCQ para la aprobación del acuerdo preventivo. Expresó la Sra. Juez a quo que la conformidad agregada a fs. 787/789 -correspondiente al acreedor Banco de la Nación Argentina- no cumple con los recaudos legales, por cuanto fue presentada por Juan Carlos Faiella invocando un pago por subrogación (cfr. constancia de pago de fs. 789). Dijo que Faiella acompañó un instrumento privado suscripto por dos funcionarios de la entidad bancaria, sin que surja autorización alguna del acreedor para emitir la aludida liberación. Por lo demás, consideró que el subrogante no cumplió con las formalidades requeridas para la cesión de derechos que, siendo litigiosos, debe instrumentarse con la formalidad de la escritura pública o acta judicial hecha en el respectivo expediente.
Asimismo, dijo que la subrogación tampoco cumple con la legislación adjetiva, por cuanto es una sustitución procesal que debió contar con la conformidad de la contraria, en virtud de lo dispuesto por el art. 44 del CPCC. Dijo además que, aún cuando se admitiera la subrogación, el derecho a voto es una facultad atribuida “intuita personae” al acreedor, que es quien obtuvo la verificación (o admisión) del crédito a su favor.
Puso de manifiesto, asimismo, que los acreedores impositivos - AFIP-DGI, Rentas, Municipalidad de Tandil- y la obra social OSPRERA, han sido indebidamente excluidos del acuerdo preventivo, en tanto una parte de su crédito es quirografario y quedan comprendidos en el cómputo de las mayorías exigidas por la ley. Puso de resalto que dichos acreedores fueron excluidos por el concursado, atento a que las reparticiones oficiales poseen planes propios de regularización de deudas; mas entendió la juzgadora que no cabe privarlos sin más del derecho a voto. Puso como ejemplo a la acreedora AFIP-DGI, que debe adecuar su actuación a lo previsto en la Resolución General 970/2001. Analizó dicha resolución y dijo que establece un régimen especial de facilidades de pago para contribuyentes y responsables concursados y fallidos, tratándose el supuesto de los créditos quirografarios en el Título V). Allí se prevé la posibilidad de prestar conformidad por la porción quirografaria del crédito, describiéndose los requisitos que deberá observar el concursado en su petición. Esto implica que se brinda un tratamiento diferenciado para los créditos privilegiados y quirografarios, estableciéndose exigencias diversas en cada caso; pero de ninguna manera se abdica la facultad de prestar conformidad con el acuerdo preventivo. Sostuvo la magistrada de la anterior instancia que lo mismo cabe decir de los acreedores ARBA, Municipalidad de Tandil y OSPRERA, que no debieron ser excluidos del acuerdo preventivo. Señaló que si bien la categorización que propuso el concursado no fue objetada, dicha posibilidad no lo exime de recabar las conformidades legales.
II. Apeló el concursado (fs. 824), siéndole concedido el recurso en relación (fs. 825). Fundó tempestivamente a fs. 831/837, fue sustanciado (fs. 838) y contestado por el Síndico (fs. 846/847 vta.). El concursado dijo que no cabe computar la parte quirografaria de los acreedores privilegiados, para el cálculo de las mayorías obtenidas para alcanzar el acuerdo preventivo. Manifestó que la categorización de acreedores realizada oportunamente fue aceptada por la Sindicatura y por el Juzgado. Reconoció no haber efectuado propuesta alguna para los acreedores categorizados con privilegio general (AFIP-DGI; ARBA, Municipalidad de Tandil y OSPRERA), por cuanto la ley concursal prevé, expresamente, la obligatoriedad de ofrecer propuestas de pago a los quirografarios puros y netos, sin accesorias de privilegio. Dijo que no corresponde incluir la parte quirografaria de los acreedores privilegiados en la conformación de la mayoría requerida para el acuerdo preventivo.
En referencia a la conformidad del acreedor Banco de la Nación Argentina que fuera objetada en la instancia anterior, manifestó que dicho acreedor fue desinteresado por un tercero, por lo tanto ya no cuenta para la integración de la mayoría. Destacó que el tercero Faiella no adquirió “derechos litigiosos específicos”, sino un crédito verificado y cierto pasado en autoridad de cosa juzgada, lo que lo exime de cumplir con las formalidades descriptas en el fallo apelado.
Respecto de la inapelabilidad que rige en materia concursal, señaló que la apertura de esta instancia tiene como único objetivo salvaguardar los legítimos derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio del deudor, ante el gravamen no susceptible de reparación ulterior que implicaría mantener la resolución atacada. Citó doctrina y jurisprudencia sobre morigeración del principio general de inapelabilidad concursal y referida a la categorización de acreedores. Por último, puso de manifiesto que tanto AFIP- DGI, como OSPRERA, han sido incidentados de revisión por el concursado. A su turno, el Síndico contestó el memorial expresando que corresponde confirmar la resolución apelada. Dijo que la categorización realizada por el concursado no significa la exclusión sin más de acreedores del cómputo de las mayorías requeridas para la aprobación del acuerdo preventivo. Manifestó que existe jurisprudencia que ha admitido la exclusión de ciertos organismos fiscales –en tanto no pueden votar acuerdos que no se ajusten a su propia reglamentación-, pero que en el sub-caso el concursado no formuló petición expresa en tal sentido, por lo que se trata de una cuestión no debatida. Expresó que debió realizarse un pedido de exclusión, con intervención de los acreedores interesados, a los efectos de que éstos puedan resguardar sus derechos y la Sindicatura dictaminar acerca de su procedencia. Manifestó que al momento de expedirse sobre la categorización de acreedores realizada por el concursado lo hizo respecto de su legalidad, pero de ningún modo avaló lo que considera una “amputación” del derecho a votar una propuesta de pago. Por lo demás, dijo que tampoco existe ninguna constancia agregada al expediente que acredite el inicio de trámites administrativos tendientes a lograr el acogimiento a los planes de pago dispuestos por los organismos fiscales, lo que considera una omisión por parte del concursado. Señaló, además, que sólo la AFIP-DGI requiere la previa homologación del acuerdo para luego admitir la adhesión a los planes de pago, bastándole a los demás organismos excluidos por el concursado, una autorización judicial, la que ni siquiera ha sido solicitada. Por último, en referencia al acreedor Banco de la Nación Argentina, coincidió con la a quo en que no está justificado el carácter de aquéllos que intervienen representando a la entidad bancaria, por lo que se desconoce si tienen facultades suficientes para desobligar al deudor.
Por ello, habiéndose cumplido con los pasos procesales de rigor y emitido el dictamen del Sr. Fiscal General (fs.858 y vta.), se encuentra esta Alzada en condiciones de abocarse al análisis de las actuaciones, a los fines del dictado de la presente sentencia. A fs. 859 se dispuso que la cuestión de autos debe ser abordada con la formalidad del acuerdo, y se practicó el sorteo respectivo (fs.860).
III. 1. Conforme se desprende de las constancias de la causa, la magistrada de la anterior instancia decretó la quiebra del concursado en virtud de haber vencido el período de exclusividad y no haberse acreditado la obtención de las respectivas conformidades de los acreedores (arts. 43, 45, 46, 77 inciso 1 y ccs. de la L.C.Q.). Por tratarse la presente de una cuestión ya abordada en anteriores fallos de esta Sala, procederé a reiterar las consideraciones vertidas en las causas nro. 51.496 "Sánchez Castejón, José Manuel s/concurso preventivo", sentencia del 5-6-08, y nro. 54.098 “Ballent, Rubén Oscar s/ concurso preventivo”, sentencia del 15/6/2010, donde se aludió a otros precedentes del tribunal.
Sabido es que en materia concursal rige el principio de inapelabilidad sentado en el inciso 3 del art. 273 de la ley 24.522, salvo que la ley contemple una disposición expresa que admita este recurso. Así sostienen Morello, Tessone y Kaminker, que "La regla de la inapelabilidad admite excepciones derivadas del texto expreso de la ley o bien de la naturaleza propia del problema planteado, como cuando están en juego cuestiones que exceden el normal desarrollo del procedimiento” (Códigos Procesales, vol. VIII, págs. 635 y 636). En el caso que nos ocupa, estamos ante una resolución que ha sido dictada dentro del trámite ordinario y normal del proceso concursal, esto es, el previsto por los arts. 43, 45 y 46 de la L.C.Q., y estas normas no prevén la apelabilidad de la resolución del juez.
Esta Sala ha resuelto que "la regla de la inapelabilidad debe ceder ante situaciones no previstas en las que se encuentren en juego cuestiones de carácter procesal o de fondo referentes a quien invoca en uno u otro sentido, derechos o intereses legítimos que se ven afectados por resoluciones del juez de la quiebra que importan decisión sobre puntos ajenos a lo que se puede llamar la prevista ruta principal y normal que se debe seguir en un juicio universal (conf. Rouillón “Concursos y Quiebras” p.675; García Martínez – Fernández Madrid, “Concursos y-Quiebras”, p. 1494; Richard-Romero-Moroni, “Sistema de recursos concursales” p.75; Sala I, causa Nº 32211 del 7/11/90, “Alfredo Alejandro Scola y Cía S.C.A. s/ Concurso Preventivo”; esta Sala causas Nº 40643, del 2/8/99 “Montani Mario Alberto y otra s/ Concurso Preventivo”; 41033 del 22/10/99 “Goldemberg Miguel A. Concurso Preventivo”; 41279 del 18/5/00, Banco Velox S.A. c/ Dátola Ricardo Jorge y ot. s/ Concurso Especial Hipotecario”, 42294 del 27/12/00, “Cowan y Cestona S.A. s/ Conc. Prev.”; Causa Nº 43807 del 28/5/02 “Dell’Acqua Luis S.E.C. y otro S/ Conc.Prev. Hoy Quiebra, entre otras).
En una obra doctrinaria, se ha sostenido con absoluta precisión, que la quiebra decretada en las condiciones del supuesto que nos ocupa resulta inapelable (conf. Heredia, Tratado Exegético de Derecho Concursal, tomo 3, págs. 74 y 75). Dado que la ley concursal ha establecido un régimen de inapelabilidad con excepciones, los supuestos de excepción se encuentran contemplados por la misma ley, y el caso de autos no figura ente ellos (ver las prolijas reseñas que se formulan en las obras de Garaguso, Moriondo y Garaguso, El Proceso Concursal, vol. III, págs.376 a 378 y Bonfanti- Garrone, Concursos y Quiebras, págs.636 a 638).
Al comentar el art. 46 de la ley vigente, sostiene Rouillón que "La declaración de quiebra por no obtención de las mayorías necesarias para aprobar el acuerdo es inapelable. Ella atañe a la secuencia procedimental del concurso y no tiene prevista expresamente la apelabilidad, por lo que resulta comprendida dentro del art. 273, inc.3, de la LCQ" (Régimen de concursos y quiebras, 11ª edición, pág.120; ver también Rivera-Roitman-Vítolo, Ley de concursos y quiebras, tomo III, págs.379 y 396; Junyent Bas-Molina Sandoval, Ley de concursos y quiebras, tomo II, pág.593; esta Sala, causa nº 46.550, "Cuadernillo de Apelación, en autos 'Goldemberg Miguel Angel s/ Concurso Preventivo-Hoy su Quiebra'", sentencia del 17 marzo de 2004).
En un decisorio de esta Sala se dijo que el recurso intentado es inadmisible por tratarse el supuesto en examen de un trámite habitual y propio del específico proceso falencial, sujeto a etapas, y que impone cargas y establece las consecuencias y efectos de su incumplimiento u omisión (arts. 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 273 inc. 3º y concs. L.C.Q.). Esta es, por otro lado y finalmente, la doctrina casatoria vigente (S.C.B.A., Ac.82.347 del 24-5-06, "Pasqua", voto del Dr. De Lázzari a la tercera cuestión, al que adhirieron los Dres. Hitters, Roncoroni, Kogan y Genoud; esta Sala, causa n° 50.403 del 3-4-07, "Martinenghi", con nota crítica de Di Tullio, Graziabile y Macagno, en Cuestiones sobre apelabilidad concursal, J.A. 2007-IV, ejemplar del 28-11-07, págs.26 a 34; SCBA, C 97.765, del 16/12/2009 “Farjat…”; C 103.460, del 11/8/2010 “Dispenza…”; C 97.716, del 16/3/2011 “César…”).
En este punto cabe precisar que, más allá de las posturas doctrinarias existentes en la materia, esta alzada debe acatamiento a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (art. 161 de la Constitución Provincial, art. 278 del Cód. Proc.). Siendo menester apuntar que el Superior Tribunal Provincial ha remarcado el principio general de la inapelabilidad, en los supuestos de declaración de quiebra indirecta por falta de obtención de las mayorías para el acuerdo (art. 46 de la L.C.Q.), más allá de las excepciones que puedan darse en determinadas circunstancias (a los fallos indicados en el párrafo anterior, se le agrega la causa C. 89.635 del 21-11-07, "Gianni", con comentario de Casadío Martínez, Recurribilidad de la sentencia de quiebra", en L.L. ejemplar del 22-2-08, págs.6 y 7; ver también, S.C.B.A., sentencia del 14-4-10, "Logui S.A.", LLBA. 2010, pág.411).
2. Sólo resta señalar, en base a las pautas sentadas por la Suprema Corte Provincial, que en autos no se advierte ninguna circunstancia especial que permita vislumbrar alguna solución distinta a la que estoy proponiendo, al haber vencido los plazos establecidos para el cumplimiento de las cargas que recaen sobre el concursado, sin que se hayan obtenido las conformidades de los acreedores exigidas por el régimen legal aplicable (arts. 45 y 46 de la L.C.Q.).
En la sentencia apelada se consideró que los acreedores impositivos -AFIP-DGI, ARBA, Municipalidad de Tandil- y OSPRERA, fueron indebidamente excluidos del cómputo de las mayorías requeridas para la aprobación del acuerdo preventivo, en tanto una parte de su crédito es quirografario -conforme resolución de fs. 501/507-. Cabe señalar que del análisis del cómputo de las mayorías requeridas por la ley concursal, respecto de los acreedores quirografarios verificados y declarados admisibles en la citada resolución del art. 36 de la LCQ, se desprende que el concursado no alcanzó las mayorías exigidas para lograr el acuerdo preventivo de acreedores, correspondiendo, por ende, decretar su quiebra indirecta (arts. 36, 45 y 46 de la LCQ). Dicha resolución constituye uno más de una serie ininterrumpida de pasos lógicos que conforman el proceso concursal, sin que se advierta violación alguna al derecho de propiedad ni a la defensa en juicio del concursado, que justifiquen excepcionar la regla de inapelabilidad indicada al inicio del presente voto. Máxime cuando la magistrada de la instancia anterior advirtió al concursado, con anterioridad suficiente al dictado de la resolución apelada, que prima facie no se encontraban reunidas las mayorías previstas en el art. 45 de la LCQ, toda vez que no existían en autos propuestas para los acreedores titulares de una porción de crédito quirografario: AFIP-DGI, ARBA, Municipalidad de Tandil y OSPRERA (fs. 794). Haciendo caso omiso a la advertencia de la a quo, y sin haber concurrido a la audiencia informativa celebrada en autos (fs. 795), el concursado insistió en el dictado de una resolución que declarara la existencia de acuerdo, con carácter de pronto despacho, en base a que los acreedores legitimados podrían impugnar luego si fueron o no obtenidas las mayorías (fs. 810/810 vta.). De modo tal que la resolución apelada constituye una consecuencia lógica del proceso descrito precedentemente, en el cual el concursado ejerció plenamente su derecho, habiéndole resultado adversa la resolución de su acuerdo preventivo como consecuencia de una estricta aplicación de las normas legales implicadas (art.18 Constitución Nacional, art.15 Constitución Provincial; arts. 36, 41, 42, 43, 45, 46 y ccs. de la L.C.Q.).
3. Remontándose a la sentencia de verificación de créditos dictada en oportunidad del art.36 de la L.C.Q., puede observarse que los acreedores examinados en el presente voto (AFIP-DGI, ARBA, Municipalidad de Tandil y OSPRERA) ostentan una porción de su crédito verificado con el rango de privilegio general, y otra porción -de significativa magnitud- con el carácter de quirografario (ver fs.501vta., 503vta., 504, 504vta., 506vta., 507). Ahora bien, en ocasión de clasificar y agrupar a los acreedores en categorías, el concursado incluyó en la cuarta categoría a estos acreedores, bajo la denominación de "acreedores impositivos y de obras sociales con privilegio general" (fs.526vta.); habiendo aclarado, más adelante, que se trataba de acreedores que en esencia son privilegiados y que tienen montos accesorios quirografarios (fs.527, tercer párrafo). Luego de haberse referido a los planes de regularización de deudas que ofrecen estos acreedores, sostuvo el concursado que para acceder a los mismos era menester incluir tanto la parte privilegiada del crédito como su parte quirografaria, lo que fundamentaba aún más la confección de esta cuarta categoría (fs.527vta., anteúltimo párrafo). De esta manera, el concursado distinguió a esta cuarta categoría de la primera, en la cual había incluido a los "acreedores quirografarios puros y netos y que no tienen ninguna accesoria de monto privilegiado" (ver fs.526). Fue así que en la resolución dictada por la a quo en el marco de los arts.41 y 42 de la ley concursal, se fijaron diversas categorías de acreedores entre las que luce la que aquí interesa, que fue denominada "acreedores impositivos y de obras sociales con privilegio general", habiéndose insertado allí a AFIP-DGI, ARBA, Municipalidad de Tandil y OSPRERA (fs.669/669vta. y aclaratoria de fs.675, primer párrafo).
Se desprende de lo antedicho que en el sub caso se ha producido un promiscuo agrupamiento, en una misma categoría, de créditos privilegiados generales y créditos quirografarios, lo que se encuentra vedado por la ley concursal. Así debe recordarse que la ley prevé una clasificación de créditos y no de acreedores, porque la misma debe responder a pautas objetivas y no estar basada en discriminaciones subjetivas, arbitrarias o irrazonables (conf. Rouillón, en Código de Comercio comentado y anotado, Rouillón director-Alonso coordinador, tomo IV-A, pág.510). Y partiendo de este concepto medular es menester destacar que "la actual posibilidad de agrupamiento voluntario no permite alteración de las jerarquías legales por rango o grado de prelación. La categorización por grado o rango proviene de la ley y es infranqueable, salvo renuncia al privilegio. Así, por ejemplo, una agrupación basada en el monto verificado, que estableciese la clase de los acreedores de menos de cien mil pesos y la clase de los acreedores de más de esa cifra, no significa que puedan mezclarse promiscuamente, ni en una ni en otra, a acreedores quirografarios y privilegiados generales" (conf. Rouillón, ob. cit. pág.512; lo destacado en negrita me pertenece).
Así puede visualizarse, entonces, la errónea clasificación que se realizó en el presente caso, al haberse englobado en una misma categoría referida a los acreedores impositivos y de obras sociales, la porción de estos créditos con privilegio general y la porción de los mismos que reviste el carácter quirografario; lo que importó un apartamiento de las pautas legales aplicables en la especie (arts.41, 42 y 43 de la L.C.Q.). Y sobre esta errónea clasificación se apoya el también equívoco argumento del apelante, quien sostiene que "V.S se aparta de los actuados, para dictar una quiebra indirecta con fundamentos contrarios a la categorización realizada, donde no correspondía computar en las mayorías obtenidas, la parte quirografaria de los acreedores privilegiados, por cuanto el deudor categorizó conforme a derecho, la sindicatura brindó opinión fundada al respecto, y V.S. dictó la resolución de categorización conforme a las mismas" (fs.832vta., apartado IV.1). En esta misma línea de pensamiento adujo el concursado apelante, que en el cómputo de mayorías no corresponde incluir la parte quirografaria de sus acreedores privilegiados, a los que no se les ofreció propuesta alguna de acuerdo en virtud de la categorización formalizada en autos. Expresó que la ley prevé la obligatoriedad de ofrecer propuestas de pago a los quirografarios puros y netos, quedando excluido el cómputo de la parte quirografaria accesoria de los acreedores con privilegio general (ver fs.833, punto IV.3).
El desarrollo argumental del apelante es erróneo, dado que "el deudor debe necesariamente presentar una propuesta de acuerdo preventivo dirigida a sus acreedores quirografarios convocados al concurso preventivo, puesto que en caso de que así no obrare procede la declaración de quiebra indirecta. La propuesta para acreedores privilegiados no resulta imperativa, resultando válido el concurso en el cual el deudor solamente ofrece un acuerdo a sus acreedores quirografarios (ver arts.41 y 44, LCQ)" (Rouillón, ob. cit. pág.540, lo destacado me pertenece). En un mismo orden de ideas expresa Heredia que "resulta obligatoria la presentación de la propuesta dirigida a los acreedores quirografarios, ya que estos serán los que principalmente soporten las consecuencias de la insolvencia del deudor. En cambio, es facultativa tratándose de los acreedores con privilegio" (Tratado exegético de derecho concursal, tomo 2, págs.58 y 80). Se desprende de lo expuesto, que el concursado debió haber formulado propuesta de acuerdo preventivo con relación a la porción quirografaria de los créditos en cuestión, careciendo de todo asidero legal su pretensión de excluirlos mediante la invocación de una inadecuada clasificación de acreedores. La ley no dice que la propuesta deba formularse únicamente a los acreedores quirografarios que el concursado denomina como "puros y netos" (fs.833), sino que dicha propuesta debe abarcar a todo el capital quirografario, pues será éste el capital computable a los fines del cálculo de las mayorías previstas en el art.45 de la ley concursal (conf. Rouillón, ob. cit. págs.561 y 562). Al no haber presentado propuesta de acuerdo que comprendiera el capital quirografario en análisis, ni haber reunido -en consecuencia- las mayorías legales exigibles para la aprobación del acuerdo preventivo, la declaración de quiebra indirecta deviene insoslayable (arts.43, 45, 46 y ccs. de la L.C.Q.).
4. Las conclusiones precedentes no se ven alteradas, ni en mínima medida, por la clasificación de acreedores que realizó el concursado y receptó la magistrada de la anterior instancia (fs.669/669vta. y fs.675, primer párrafo). Tal como lo destaqué supra dicha clasificación adolece de una deficiencia medular que la coloca en violación del régimen legal aplicable (arts.41, 42 y 43 de la L.C.Q.), al haberse agrupado promiscuamente en una misma categoría, la porción de los créditos en cuestión que ostenta privilegio general y la porción de los mismos que reviste carácter quirografario. Así se decidió en un precedente que guarda alguna similitud con el sub caso, que "la facultad de la que goza el deudor para proponer categorías de acreedores no puede tener el alcance de soslayar o preterir la resolución dictada por el juez en la oportunidad prevista en el art.36 de la ley 24.522, en punto al monto y carácter de las acreencias". Se puntualizó, asimismo, que "si bien el art.42 de la ley 24.522 establece que la resolución que dicte el juez respecto de la categorización fija definitivamente las categorías y los acreedores comprendidos en ellas, ello no puede tener el alcance de convalidar una transgresión de normas de orden público tales como las que consagran los arts.41 y 43 de la ley 24.522". En base a las constancias de la causa se dijo que "la exclusión de tres acreedores comunes que realizó el concursado implicó apartamiento de las exigencias del art.41 de la ley 24.522, toda vez que no tuvo en cuenta el carácter privilegiado o quirografario de los créditos", habiéndose concluido en que "el concursado debió obtener las mayorías legales sobre la base de los cinco acreedores que eran titulares de créditos quirografarios, de modo tal que, al no haber logrado satisfacer este requisito, corresponde decretarle la quiebra" (CNCom., sala C, "Dose Heriberto J. s/quiebra", sentencia del 8/2/2005, La Ley on line AR/JUR/662/2005, del dictamen de la Fiscal General Subrogante que el tribunal hizo suyo).
Volviendo a las concretas circunstancias del presente caso y partiendo de la base de la sentencia de verificación oportunamente dictada en autos (fs.506/507), se tiene que solamente se adjuntaron las conformidades de dos acreedores quirografarios verificados y declarados admisibles, que representan una mínima parte del capital quirografario computable (fs.787/789, Banco de la Nación Argentina; fs.790/791, Valentín Julio Carciochi). Por el contrario, se omitió la presentación de propuesta y la obtención de conformidades con relación a los cuatro restantes acreedores quirografarios declarados admisibles, que representan la gran proporción del capital quirografario computable (ver fs.506vta./507, AFIP-DGI, ARBA, Municipalidad de Tandil y OSPRERA).
5. Por lo demás, cabe agregar que Soriano no promovió ningún pedido de exclusión de los acreedores fiscales, ni acreditó haber iniciado los trámites administrativos para acogerse a los planes de pago vigentes para la cancelación de las deudas fiscales –como bien señala el Síndico a fs. 846/847 vta.-, reconociendo expresamente no haber realizado propuesta de pago alguna a los acreedores AFIP-DGI, ARBA, Municipalidad de Tandil y OSPRERA, por considerarlos limitados en sus facultades de aprobación de planes de pago distintos a las previstos en su reglamentación (ver Resolución 970/2001 para el Fisco Nacional y Disposición Normativa Serie B Nro. 12 y sus modificatorias para el Fisco Provincial). Tampoco se indicó cuál sería la reglamentación limitante para excluir a la Municipalidad de Tandil y a la obra social OSPRERA, a los cuales tampoco se les ha ofrecido acuerdo por la porción quirografaria de su crédito (cfr. fs. 501/507, 526/529 vta.; arts. 36, 41, 43, 45, 46, 246 inc. 4º, 273 inc. 3º de la Ley 24.522).
6. De las concretas circunstancias de la causa surge, con absoluta claridad, que el concursado contó con todas las oportunidades para ejercer sus facultades, habiéndose preservado sin mácula sus derechos de propiedad y defensa en juicio (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional y art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). De allí que resulte irreprochable la sentencia declarativa de quiebra emitida a fs. 811/817. Por lo demás, los desarrollos anteriores conducen a que resulte innecesario analizar la pertinencia del pago con subrogación relativo al crédito del Banco de la Nación Argentina, temática que absorbe una parte considerable de la sentencia apelada (fs. 812vta./814vta.).
Es por todo ello que, en acatamiento a la doctrina de la Casación Provincial, y no advirtiéndose ningún supuesto que permita apartarse del principio general de la inapelabilidad establecido en el régimen legal de concursos y quiebras, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de quiebra indirecta que obra a fs. 811/817 (arts. 43, 45, 46, 77 inc. 1, 273 inc.3 y ccs. de la L.C.Q.). Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. LONGOBARDI adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor PERALTA REYES, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: 1) declarar mal concedido el recurso de apelación deducido contra la sentencia de quiebra de fs. 811/817; 2) Imponer las costas de alzada al fallido (arts. 68 y 69 del Cód. Proc.). 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77). Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. LONGOBARDI adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, Septiembre de 2012.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) declarar mal concedido el recurso de apelación deducido contra la sentencia de quiebra de fs. 811/817; 2) Imponer las costas de alzada al fallido (arts. 68 y 69 del Cód. Proc.). 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. Firmado: Dr. Víctor Mario Peralta Reyes – Juez- Cám. Civ. y Com. Sala II – Dra. María Inés Longobardi – Juez- Cám. Civ. y Com. Sala II. Ante mí: Pedro Eugenio Ribet – Auxiliar Letrado – Cám. Civ. y Com. Sala II.
Fin de la sentencia