Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 12.616
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Revocar la sentencia de fecha 26 de febrero de 2021 y en consecuencia hacer lugar a la demanda promovida por Maria Rosa Sorrentino contra la Caja de Seguros S.A., declarando inoponible a la actora el límite de 65 años para la cobertura adicional por incapacidad total, permanente e irreversible contenido en las cláusulas generales 850 y 820 y en las condiciones particulares de la póliza nro. 5060-9939642-01 (conf. normas, jurisp. y doct. citadas considerando III de la primera cuestión) II) Condenar a la demandada a que abone a la actora la indemnización por incapacidad total permanente e irreversible correspondiente a la cobertura vigente al mes de diciembre de 2016, quedando diferida la determinación del monto de condena a la etapa de ejecución de sentencia, en los términos, alcances, plazos y bajo el apercibimiento valorados en el considerando III punto 4 de la primera cuestión.
A dicha suma deberán adicionarse los intereses correspondientes los que deberán calcularse a la tasa más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días -tasa pasiva plazo fijo digital a 30 días-. Los mismos se computarán hasta su efectivo pago y desde la mora, que queda establecida con la fecha de inicio del reclamo administrativo- 23/6/2017 de acuerdo a lo valorado en el considerando III punto 4 de la primera cuestión. …
La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Necochea, con fecha 27 de mayo de 2021, revocó la sentencia de grado, y admitió la demanda por incumplimiento contractual contra la aseguradora valorando la condición de consumidora vulnerable de la actora.
Expte. 12616; Reg. int. n° 45 (S) del 27/5/2021 Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 27 días del mes de mayo de dos mil veintiuno, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “SORRENTINO Maria Rosa c/ LA CAJA DE SEGUROS S.A. s/ Cumplimiento de Contrato” -expte 12.616- habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y el art. 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señores Jueces Ana Clara Issin y Fabián Marcelo Loiza, habiéndose integrado el Tribunal con el Sr. Juez Dr. Pablo Noel;
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1a ¿Es justa la sentencia dictada con fecha 26 de febrero de 2021?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ISSIN DIJO:
I. El juez de grado con fecha 26/2/2021 dicta sentencia por la que resuelve “Rechazar la demanda instaurada por la Sra. María Rosa Sorrentino contra La Caja de Seguros S.A. sobre cumplimiento de contrato”.
Impuso las costas por su orden y reguló los honorarios de los letrados intervinientes, perito y mediadora.
Para así resolver, rechazó la excepción de prescripción opuesta por la demandada con sustento en el sistema normativo del consumidor que estimó aplicable, por tratarse el contrato de seguro de una relación de consumo. Luego se refirió al seguro colectivo como una categoría de seguro social, destacando que “Estos seguros no persiguen un fin lucrativo sino primordialmente social y tuitivo exigiendo ubérrima bona fide de los contratantes y un estricto deber de información al asegurado o beneficiario. La indemnización a abonar, de verificarse el riesgo asegurado, asume el carácter de alimentaria”. Haciendo consideraciones con relación a la normativa del consumidor valoró que “la demandada se encuentra obligada a brindar un servicio que objetivamente garantice la indemnidad patrimonial de la actora no sólo por ser ésta la finalidad perseguida por el contrato sino porque sólo de ese modo puede prestarse el servicio de seguro (art. 5 ley 24.240)”.
Situó la cuestión controvertida en los siguientes términos, “entiendo que el debate que propusieron las partes se redujo a determinar si el seguro se hallaba vigente -en razón de la edad de la actora- al momento de producirse la incapacidad. En efecto, sostiene la demandada, como causal del no pago del premio, que la actora contaba con más de 65 años de edad, por lo que el riesgo estaba excluido al así disponerlo la respectiva cláusula.”
Sostuvo seguidamente que "... los contratos de seguros de vida no pueden ser reglados de modo tal que desnaturalicen y contraríen su función social. De amparar la pretensión de la demandada, consistente en aplicar las limitaciones y exclusiones de cobertura previstas en la póliza, se estaría negando la propia existencia de este instituto de corte netamente social y con expresa consagración constitucional.”, lo que –según refiere el magistrado- “se agrava aún más en el caso porque el seguro colectivo se celebra entre el tomador y el asegurador. El asegurado, a pesar de su condición de destinatario final de la prestación a cargo del asegurador, no interviene ni influye en el contenido contractual, en sus condiciones particulares, ya que, dada la formación del contrato del seguro, jamás participa en la creación de las condiciones generales”.
Por ello afirma que “como en ningún otro riesgo es indispensable que, como mínimo, conozca el contenido del contrato y todas las modificaciones que se le introduzcan a través de una información clara y precisa”.
Luego de referirse a la fuerza vinculatoria del contrato, que la interpretación debe ser la que mayor efectividad asegure los derechos del consumidor y el principio de buena fe valora que “no es posible sortear que el riesgo cubierto era el de muerte y no el de la incapacidad absoluta y permanente, por así estar previsto en forma clara, expresa y sin ambigüedades en la póliza contratada, al establecer que la edad límite para acceder a la cobertura adicional por incapacidad era de 65 años.”
Motiva esta afirmación en la póliza agregada que establece una edad máxima de ingreso de 64 años y la edad máxima de permanencia hasta los 65 años y que “El art. 14 (fs. 42) determina que la cobertura de este riesgo cesa definitivamente “el día que el asegurado exceda la edad establecida en las condiciones particulares de la póliza como edad límite para esta cobertura adicional”.
Agrega que “En estos casos, el Asegurador procederá a la devolución de la parte proporcional de primas correspondientes a los períodos posteriores a la fecha de finalización de la vigencia…”.
Consideró con relación al seguro colectivo de vida facultativo que según los términos de la póliza los mayores de 65 pueden continuar en las condiciones que se establecen en la misma póliza. Así puntualizó que “la cláusula 850 (fs. 49) dispone que “El riesgo cubierto será el de muerte únicamente; el capital asegurado quedará automáticamente reducido al cincuenta por ciento, sin admitirse posteriores aumentos, y no podrá ser mayor al valor que se defina en condiciones particulares para esta opción de la presente póliza. La edad máxima de permanencia en esta opción será de 74 años inclusive. La prima será la correspondiente al rango de edad …”.-
Refiere que “En este sentido, el perito contador informa, al contestar el pedido de explicaciones que “se sostiene lo que se puso en su oportunidad, está claro que contaba con esa cobertura hasta los 65 años", situación acaecida para la señora Sorrentino el día 06/03/2015”
Bajo este marco, considera que “no puede interpretarse que la cláusula en cuestión es abusiva, ambigua y no haya llegado a conocimiento de la asegurada; todo ello con la consecuencia de obligar a la demandada a abonar el seguro. En efecto, los términos del contrato son claros para este supuesto y la consecuencia prevista –también contractualmente- frente a la pérdida de vigencia por haber llegado a la edad límite de 65 años era el descuento proporcional de la prima.”
Agregó que “Así y todo, lo cierto es que con posterioridad al límite de edad establecida le seguían efectuando los descuentos, pero ello resulta insuficiente para pretender que se encontraba alcanzado por la cobertura de los seguros en cuestión, dado que, como antes se señaló, los términos de las pólizas contratadas por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires a través de la Caja de Seguros S.A., no lo incluían.” Con sustento en estas consideraciones afirma que “en el caso no se está ante una situación dudosa que determine que al interpretar el contrato deba definirse a favor de mantener el amparo del beneficiario”, en tanto surge la existencia de una delimitación del riesgo asegurado de naturaleza convencional, -cláusula de exclusión de cobertura-, que excluyen los deberes del asegurador por la no asunción de alguno o algunos riesgos.
Desde este contexto sostiene que “aún sin desconocer la función social que posee el contrato de seguro colectivo de vida, esto no configura argumento suficiente para omitir considerar la existencia de una cláusula que determina el final de la vigencia al llegar a determinada edad. Nótese que esta cláusula nada tiene de irrazonable; no es difícil comprender que superada cierta edad que, por otra parte, el mismo sistema establece para acceder al beneficio jubilatorio, el riesgo de incapacitarse se eleva significativamente, por lo cual es previsible que no pueda ser cubierto por la aseguradora sin debilitar, también significativamente, la ecuación económica del contrato” y ello no contraría la ley 24240.
Argumenta que “no sólo no se encuentra cuestionada en concreto la razonabilidad de la cláusula de exclusión, sino que tampoco encuentro que ésta sea abusiva en tanto, el incremento del riesgo en la salud de las personas cuando arriban a determinada edad, conlleva que el siniestro sea inasegurable o bien, que la prima a cobrar deba ser muy superior.”
Concluye que “la claridad de la cláusula y su razonabilidad determinan que sea oponible a la actora y que, por lo tanto, la demanda no pueda prosperar.”
Sobre las costas valoró que “la actora, pese a su calidad de vencida, debe ser eximida de su pago. Ello así, puesto que la circunstancia de que se le haya descontado la prima íntegramente pudo generar una determinada apariencia que la indujo a creerse con derecho para reclamar.”
Finalmente rechaza el planteo de inconstitucionalidad del artículo 31 de la ley 13951 y su norma reglamentaria, lo que llega firme a esta instancia.
II. Contra esta resolución interponen recurso de apelación ambas partes.
1. La demandada formula un único agravio en lo atinente a la imposición de las costas solicitando se aplique el principio objetivo de la derrota (ver presentación de fecha 2/3/2021) y que mereció réplica de la contraria. (v. presentación de fecha 9/3/2021)
Argumenta en su agravio que el argumento utilizado por el magistrado “no es suficiente a los fines de apartarse de la regla general de que es la parte perdidosa quien debe abonar las costas del proceso, dado que la compañía aseguradora se encontraba realizando un descuento por un concepto diferente del que la actora pretendía hacer valer en autos.”.
Refiere que la actora recibió una copia de la póliza con fecha 5 de julio de 2016 en el marco del expediente nro. 3684/16 de la OMIC, según surge de la prueba documental y de la prueba informativa, sosteniendo desde allí que “la parte actora no puede desconocer que tenía conocimiento de los términos de la póliza y los conceptos por los cuales se le estaba practicando la retención.” Concluye entonces que “el fundamento dado en la parte pertinente de la sentencia atacada es erróneo, y en ningún caso puede ser tomado como eximente para no condenar en costas a la perdidosa.”
Subsidiariamente y para el caso que la imposición de las costas por su orden sea confirmada formula reserva “de solicitar que los honorarios devengados a esta parte sean regulados en el mínimo legal, es decir, siete (7)
IUS.”
2. La actora mediante presentación electrónica de fecha 8/3/2021, funda el recurso interpuesto con fecha 1/3/2021, el que mereció replica con fecha 15/3/2021.
2.1. Plantea su primer cuestionamiento en los siguientes términos “Me agravia la sentencia que, por una solución dogmática, considere solamente el contrato de seguro y no la prórroga tácita de la cobertura, producto de la falta de información de caducidad del seguro y pago de las primas en las mismas condiciones.”
Agregando que “Una razón elemental de buena fe contractual, exige en los contratos de adhesión y de consumo, el deber de información por un lado, y por el otro, si la parte contractual que tiene todo el conocimiento y estructura frente a la disparidad contractual del asegurado, y sigue cobrando la prima en las mismas condiciones, no puede alegar cláusulas contractuales ignoradas, usufructuando de las primas después del supuesto plazo de caducidad de 65 años, sin perjuicio de las primas cobradas desde el inicio de la relación asegurativa.
Afirma que la póliza se encontraba vigente al momento del accidente, que era renovada periódicamente hasta la última póliza, con vencimiento el 01º de febrero del año 2017; y que la cláusula de caducidad no resultaba aplicable.
2.2. En su segundo agravio se queja de la omisión de valoración por parte del juez del punto 4 y del punto 5 de la pericia contable en la que el perito dictamina que la aseguradora no remitió ninguna comunicación fehaciente a la actora al arribar ésta a los 65 años de edad respecto de la caducidad o cambio de la cobertura, y tampoco surge que la actora hiciese alguna comunicación a la aseguradora una vez cumplidos los 65 años en la que notificara a la aseguradora que la cobertura seguiría por muerte solamente.
Sosteniendo que “En este caso, la comunicación también, por parte de la aseguradora, era pertinente, porque la misma continuó efectuando los cargos por el seguro”.
Expone que el magistrado tampoco tuvo en cuenta el punto 6 de la pericia “donde queda constatada la percepción de las primas en las mismas condiciones que las venía realizando, por lo tanto, está obligada a satisfacer el pago del seguro por el acaecimiento del riesgo asumido”.
2.3. En su tercer agravio se queja que en la sentencia no se valorara los recibos de haberes que adjuntó a la demanda y en el que obran retenciones por el seguro de vida colectivo, con posterioridad al cumplimiento de los 65 años, es decir desde el 06/03/2015 hasta el 10/2016.- Refiere en relación a este último recibo que tenía 66 años, por lo que “resulta evidente que la cobertura por accidente o incapacidad, continuaba vigente y no se circunscribía al riesgo de muerte.”
2.4. Se queja que no se valorara que luego de cumplir los 65 años, siguió prestando servicios sin acogerse al beneficio jubilatorio, afirmando que al encontrarse la actora en actividad al momento de generarse la incapacidad “la aseguradora debe cubrir los siniestros que durante la prestación de tareas ocurran, no pudiéndose amparar en un límite de edad para no abonar el hecho asegurado, es decir la incapacidad total de la actora”.
2.5. Agrega que le produce agravio que la sentencia “reafirme con su resolución, un enriquecimiento ilícito de la aseguradora que continuó percibiendo las primas en forma indefinida sin adecuación a la nueva situación de su asegurado y que cuando acaece el riesgo cubierto, se desentiende del pago de la suma asegurada.”
Aduce que debe tenerse en cuenta que los descuentos realizados siempre se efectuaron por la totalidad de las coberturas y no por una cobertura menguada.
Afirma que “la continuidad del seguro después de los 65 años con su misma prima y sin ninguna clase de opción por parte del asegurado ni comunicación por parte del asegurador implica una tacita aceptación del seguro en las mismas condiciones en que venía realizándose. Me agravia la sentencia que, en un fallo sesgado, dogmático y sin tener en cuenta las circunstancias del caso, hubiera soslayado la integración adecuada de las normas jurídicas y los hechos modificatorios del contrato originario”.
Sostiene que se produjo un enriquecimiento sin causa licita por la compañía ya que no obstante pagarse las primas no se pagó la suma asegurada y el haberse pagado las primas es causa suficiente para que acaecido el riesgo se pague el monto asegurado.
2.6. Luego cuestiona que la sentencia no tuvo en cuenta los diversos sistemas aplicables, no solo de la ley de seguros, sino de la ley del consumidor y las normas previstas por el Código de fondo en relación con las cláusulas de adhesión de los contratos y el deber de información a cargo de la aseguradora, transcribiendo las normas que estima de aplicación.
Plantea que se ha violado el derecho a la protección del trabajador (art. 14 bis de la C.N.) y el derecho de no ser discriminada por su edad, en tanto continuó trabajando hasta acaecer su incapacidad.
2.7. En sus últimos agravios, transcribiendo considerandos de la sentencia, se queja que las cuestiones valoradas por el magistrado no se corresponden con lo finalmente decidido, en especial con el deber de información a cargo de la aseguradora.
Alega que la situación de no cobertura se conoció al momento de efectuarse el reclamo pertinente, pero no le fue informada al cumplir la edad de 65 años, habiéndose puesto a disposición de la actora la póliza una vez iniciado el reclamo ante la OMIC “nunca (desde el momento de celebración del contrato entre el tomador y la aseguradora), se le entregó copia de la misma a la actora ni se le informó debidamente –al momento de cumplir la edad de 65 años- que solo se le cubriría en caso de fallecimiento y que los descuentos se realizarían solo por ese rubro.”
Agrega que “Si bien el sentenciante reconoce que de aplicarse lo que pretende la demandada, se vulneraria el derecho de la actora, finalmente se rechaza la demanda.- Ello, sin perjuicio de que también se reconoce por el sentenciante, que la demandada continuó efectuando los descuentos a la actora por el total de la póliza de cobertura, y no solamente por la cobertura que cubría después de los 65 años, reconociéndose de este modo que la actora tiene derecho a percibir las indemnizaciones por las cuales se le realizó el descuento en sus haberes.”
Cuestiona lo valorado por el magistrado en cuanto interpreta que la cláusula no es abusiva sin tener en consideración las particularidades de la causa y la conducta de la compañía Alega que “la limitación de la sentencia, que no analiza la situación particular dada por las tres consignas base del contexto del caso: 1.- Contrato laboral posterior a los 65 años, con continuidad del aspecto asegurativo que protegía la contratación original.-2.- Continuidad del pago de las primas, sin ninguna clase de notificación por parte de la aseguradora ni el asegurado.-3.- Responsabilidad de la aseguradora por la continuidad del seguro, por la tacita aceptación del mismo, en función de la percepción de las primas.”
Critica la valoración del magistrado en cuanto a la razonabilidad de la cláusula limitativa del riesgo asegurado en los siguientes términos “lo que está en cuestión acá, no es la ecuación económica del contrato, ni el riesgo asegurado, ni propiamente el aspecto técnico del riesgo asegurado en razón de la edad, sino, lo que es fundamental, el hecho de que la propia aseguradora admitió tácitamente la continuidad del contrato de seguro más allá de los 65 años al percibir las primas y al no expedirse en forma clara, sobre el deber de información o comunicación, determinado por esta admisión de un aspecto fundamental del seguro. Es decir el pago de la prima.”.
Afirma que “la aseguradora, debió obrar con prudencia, pues era ella quien tenía el conocimiento técnico e informativo del contrato de seguro.” De este modo solicita la revocación de la sentencia solicitando que las sumas de condena se establezcan a valores actualizados al tiempo de la sentencia.
Hace reserva del caso federal.
Habiéndose dado vista a la Fiscalía General, obra dictamen de fecha 15/4/2021.
III. 1) Ingresando al tratamiento del recurso de la parte actora ha de señalarse que llega incontrovertible a esta instancia, y de conformidad con lo sostenido por la Fiscalía General, la relación de consumo entre las partes con sustento en el vínculo asegurativo mediante póliza 5060-9939642-01, -el que finalizó en el mes de febrero de 2017- lo que impone el tratamiento de la cuestión a la luz del sistema normativo protectorio especial. (art. 42 de la C.N., art. 38 Constitución Provincial ley 24240 y modif. artículos 1, 2, 1092, 1093, 1094, 1095 y cc del C.C.yC.)
Tampoco se cuestiona a esta altura del proceso que la actora, quien se desempeñaba como Directora de un establecimiento educativo dependiente de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, alcanzó los 65 años de edad el día 6/3/2015 continuando esta relación laboral hasta fines del año 2016, circunstancia fáctica que la coloca bajo el amparo protectorio convencional y constitucional del adulto mayor (art. 75 inc. 22 y 23 de la C.N., Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores aprobada por ley 27360; art. 36 inc. 6 de la Constitución Provincial.)
Asimismo, no existe controversia en esta instancia respecto a los padecimientos de salud de la Sra. Maria Rosa Sorrentino y los impedimentos que son su consecuencia (v. declaración de los testigos Eduardo Fittipaldi y Norma Raquel Merlo en la audiencia de vista de la causa de fecha 5/2/2020, art. 384, 456 del C.P.C.C.).
En efecto la Sra. Sorrentino sufrió una obstrucción de la arteria retineana con infarto retinal, y en consecuencia la pérdida visual de su ojo útil y padece escotoma visual en ojo derecho con baja visión permanente y ambliopía de ojo izquierdo. Esta patología es de carácter irreversible, presentando discapacidad por ceguera en un ojo y visión subnormal del otro (certificado médico expedido por el Dr. Cholomoniuk con fecha de fecha 24/11/2016; certificado de discapacidad expedido con fecha 27/4/2017 conf. lo resuelto en audiencia preliminar de fecha 1/10/2019, art. 384 del C.P.C.C.).
En función de ello le es debido el adecuado respeto a los derechos y garantías que en especial le son reconocidos convencional y constitucionalmente, además de los específicos a todo ser humano, particularmente, el respeto a su dignidad como persona. (arts. 42, 75 inc. 22 y 23, arts. 1, 3, 4,12, 19 y cc Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por ley 26378 y jerarquía constitucional Ley 27044, art. 36 inc. 5 de la Constitución Provincial, arts. 1097, 1098 y cc del C.C.yC.) Bajo estas premisas, y las normas que garantizan el derecho a la igualdad y no discriminación desde la perspectiva material y estructural, en consideración a los principios de progresividad y efectividad de conformidad con los instrumentos internacionales de aplicación, se dará tratamiento al planteo de la accionante, el que se adelanta ha de prosperar. (art. 75 inc. 22 y 23 C.N., arts. 11 y cc del PIDESYC, arts. 2, 26 de la C.A.D.H. 4 ap. 2 CIDPD)
1.2. De acuerdo a lo referido, la Sra. María Rosa Sorrentino se encuentra afectada por distintas situaciones de vulnerabilidad, además de la que se deriva de su calidad de consumidora, y en este sentido se dará al caso un enfoque interseccional.
Así adquiere especial relevancia en la determinación de los hechos y valoración de la prueba el principio protectorio en la materia, en un diálogo de fuentes y de interpretación axiológica y de integración con los otros estatutos protectorios que le reconocen una tutela especial en orden a situaciones de mayor vulnerabilidad (arts. 1 y 2 del C.C.yC.).
La totalidad de estas normas constituyen el estándar que se tiene en consideración en materia de información, seguridad, trato digno y equitativo (conf. Barocelli Sergio –dir- “Consumidores Hipervulnerables”, Edit El Derecho, año 2018, pag. 30; conf. Stiglitz Gabriel; Hernandez Carlos “Tratado del Derecho del Consumidor” T. I, Edit. La Ley, año 2015, pags. 292, 414/415).
2. En este contexto, ha de abordarse el planteo inicial de la actora por el cual denuncia que no se ha cumplido a su respecto el deber de información vulnerándose su derecho a una adecuada, clara y oportuna información con relación a los alcances y limitaciones de la cobertura del seguro de vida colectivo, en especial la vinculada a la cláusula adicional por incapacidad total, permanente e irreversible, al alcanzar los 65 años de edad.
Este derecho que le es reconocido a la actora -y la consecuente obligación de la aseguradora- si bien fue tratado teóricamente en la sentencia, no fue analizado a partir de la plataforma fáctica de la controversia. Es que el sentenciante claramente expuso que “el debate propuesto por las partes se redujo a determinar si el seguro se encontraba vigente –en razón de la edad de la actora- al momento de producirse la incapacidad”.
De allí que corresponda abocarse al tratamiento de este central y dirimente planteo de la apelante en el marco del seguro de vida colectivo (arts. 42, 43 de la C.N., 3 inc. c de las Directrices de Naciones Unidas sobre Protección de los Consumidores; art. 3, 4, 37, y cc de la LDC, arts. 984, 985, 1094, 1095, 1100 del C.C.yC).
2.1. Este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre los alcances de los derechos de los consumidores de seguros de vida colectivos y citando a Sobrino consideró que "es fundamental destacar que el art. 42 de la Const. Nacional, que protege a los “consumidores” (en general) y a los “consumidores de seguros” (en particular) presenta características específicas…” 1) Es uno de los derechos civiles constitucionalizados. 2) Se trata de una norma de carácter ius fundamental. 3)Tiene prelación jerárquica dentro de la carta magna. 4) Es una norma operativa. 5) Crea un microsistema legal autoreferente. 6) Reconoce iure et de iure la desigualdad entre las partes contratantes (v.gr. empresas- consumidores; 7) Se aplica el principio lex posterior derogat priori. 8) Es de aplicación el principio lex especialis derogat priori. 9) Es modificatoria de toda la legislación que se le oponga. 10) Implica un cambio de la filosofía del derecho en general” (Sobrino. “Cláusula “Clains made”: protección de consumidores de seguros”, LL 2006-E-400 cita de “Juan M. Farina “Defensa del consumidor y del usuario. Comentario exegético de la ley 24240 con las reformas de la ley 26361”, 4ª. edición, pág. 293/94).” (expte. 8790; Reg. 81 (S) del 4/10/2012).
Particularmente se sostuvo que “el seguro colectivo pertenece a la categoría de los seguros sociales los que, por su estructura y fines, difieren del resto de las relaciones asegurativas. La cobertura del riesgo tiende a proteger al individuo de las contingencias propias de su existencia individual y a no dejar desguarnecido al beneficiario de la siniestralidad propia de la muerte o de la incapacidad laboral, no sólo al sujeto pasivo de la relación de cobertura sino también a su grupo familiar (Ghersi-Wingharten, op. cit. págs. 443/44)(…) Estos seguros no persiguen un fin lucrativo sino primordialmente social y tuitivo exigiendo ubérrima bona fide de los contratantes y un estricto deber de información al asegurado o beneficiario. La indemnización a abonar, de verificarse el riesgo asegurado, asume el carácter de alimentaria.” (expte. 8790 ya citado)
Y que en estos casos “En orden al derecho aplicable las cláusulas del seguro colectivo, facultativo u obligatorio (arts. 153 y ss. LS) de por sí complejas difícilmente sean conocidas por el asegurado o beneficiario –legos en generalal celebrar el contrato el tomador y la aseguradora y quedar la póliza en poder de ellos. Ese hecho no puede dejar de ponderarse al tiempo de dictar la sentencia.” (expte. 8790 ya citado)
El cumplimiento de este deber no sólo es esencial e indisponible tal surge de las normas de los artículos 42 de la Constitución Nacional, 4, 65 de la ley 24240 y 1, 2, 1100 del C.C.yC., sino que en materia de seguros se encuentra específicamente previsto en el artículo 11 de la ley 17418.
De estas normas y de la interpretación que de las mismas ha realizado jurisprudencia y doctrina surge que la información debe ser cierta en tanto no se presume, debe ser clara y ello se relaciona con la posibilidad de ser entendida por la persona a quien va dirigida; y además detallada, es decir debe contener todas las particularidades esenciales de la contratación, debiendo abarcar incluso la etapa de ejecución del contrato.
Es que tal como ha sido sostenido por este Tribunal, con voto de mi distinguido colega, el deber de información es “La solución jurídica estrella en pos de mitigar los efectos adversos de la información asimétrica, es, claramente, imponer normativamente el deber al proveedor de otorgar una información “cierta, clara y detallada” (o adecuada y veraz, art. 42 CN) sobre “todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización” (art. 4° LDC y art. 1100 CCyC). (Irigoyen Testa, M. ob. cit. p. 187)” (expte. 11476; Reg. 74 (S) 24/9/2019).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que “el deber constitucional de brindar una información adecuada y veraz se relaciona directamente con la certeza, autenticidad y comprobabilidad de la misma, en función de la disponibilidad de datos que una parte tiene y de la cual la otra - claramente más débil en la relación jurídica- carece. En tal sentido, la información debe cubrir la etapa genética y funcional ya que es cumplimiento del deber de buena fe la prestación de servicios informativos permanentes y actualizados. La información debe estar relacionada con la complejidad del negocio y la educación del receptor, en cuanto a su extensión y exhaustividad (conf. B. 65.834, sent. 6-IV-2005). Por otra parte, también se dijo que la regla moral que impone la buena fe en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos (art. 1198, C.C.), es un principio que integra el orden público porque tiende a obtener o a mantener las condiciones de sustentación que se reputan indispensables para que el contrato funcione ordenadamente como instrumento de justicia (conf. Ac. 54.008, sent. del 26-IX-1995; Ac. 78.160, sent. del 19-II-2002)”(conf. SCBA C. 99.518 sentencia del 3/6/2009).
En el caso además debe destacarse que dicho deber se encuentra agravado por la situación de mayor vulnerabilidad de la actora y ello impone que “Los proveedores deben realizar los ajustes razonables en pos de garantizar el acceso al consumo, información, trato digno y equitativo, protección de la salud y seguridad y de los intereses económicos y libertad de elección de los consumidores hipervulnerables.” (conf. Barocelli Sergio –dir- “Consumidores Hipervulnerables”, Edit El Derecho, año 2018, pag. 31, arts. 1,3,5,7,14, y cc de la CIDHPM y 3, 5, 21 y cc de la CIDHPD).
3. Así planteado debe señalarse que la actora afirma que no le fue informado por la aseguradora que alcanzados los 65 años de edad continuaba vigente el seguro colectivo sólo por muerte, en tanto le seguían descontando mensualmente idénticas primas, por lo que sostiene que el seguro seguía vigente por el riesgo muerte y el adicional por incapacidad en las mismas condiciones. En demanda mencionó esta circunstancia –es decir mantenerse las mismas condiciones, sin notificación alguna de la aseguradora- como una prórroga o continuidad del total de la cobertura.
Sobre esta cuestión al tiempo de contestar la demanda (v presentación de fecha 20/8/2019), la aseguradora luego de describir el contenido de las condiciones generales de la póliza (clausula 850) afirma que “teniendo presente el tipo de seguro contratado, es oportuno volver a resaltar que la compañía ha cumplido con el deber de información tanto en lo que infiere al tomador del seguro como a los adherentes.” Agregó que además existe un deber de información a cargo del tomador por lo que infiere que es improbable que la actora no tuviera conocimiento de los alcances de la cobertura.
Afirmó que “Es absolutamente falso que la Sra. SORRENTINO desconocía las condiciones de la póliza y que no poseía una copia de la misma, atento que la compañía siempre cumplió con sus deberes de contratación en debida forma y con sus deberes de información, y prueba de ello, basta con mencionar que la accionante recibió una copia de la póliza el día 5 de Julio de 2016, en el marco del expediente Nro. 3684/16 iniciado ante la OMIC de Necochea, lo cual surge en forma clara y evidente del texto del acta acompañada como prueba documental por esta parte.”
Es decir fundó la afirmación que la actora se encontraba en conocimiento de las condiciones de contratación del seguro y en consecuencia de la finalización de la cobertura por incapacidad al alcanzar los 65 años, con la copia en 3 fojas de las condiciones particulares de la póliza respecto a la cobertura del año 2015, que adjuntó en expediente nro. 3684 que tramitó ante la OMIC, con motivo del reclamo que por seguro de vida hiciese la Sra. Sorrentino respecto de quien fuese su conviviente, acaecido el fallecimiento de éste el 2 de junio de 2015.
Este beneficio también fue rechazado bajo la causal de haber alcanzado el asegurado titular los 65 años de edad (v. copia carta documento de f. 18 de las citadas actuaciones); aunque luego fue reconocida la obligación de pago en sede administrativa (v. audiencia de fecha 5/7/2016 obrante a f. 29 del expte. citado) y liquidado el siniestro y transferida la indemnización (v. f. 46/49, 55). Este expediente se encuentra acumulado al iniciado con posterioridad por la Sra. Sorrentino ante la OMIC, motivado por el reclamo materia de juzgamiento en las presentes y que tramitó bajo el nro. 5096/2017, según surge de fs. 26 del citado expte. Estas últimas actuaciones administrativas fueron ofrecidas como prueba por la actora y quedaron incorporadas como material probatorio del proceso al ordenarse la reserva de la prueba instrumental producida por la actividad de la demandada en relación al expte. 3684 –v. res. 8/11/2019-, es decir previo a que se resolviese el desistimiento por resolución de fecha 5/2/2020- (conf. doct.
CSJN Fallo: 238:550 “Colalillo” 18/9/1957) De la copia de las condiciones particulares y generales de la póliza adjuntada por la aquí demandada en el citado expediente (nro. 5096/2017 v. fs. 29/142) y también adjuntada en las presentes actuaciones, se evidencia que de la Cláusula Adicional de incapacidad física total, permanente e irreversible (nro. 820), surge definido el riesgo cubierto –art. 1-, en el caso, la incapacidad establecida en el artículo 2 ap. 5), refiriéndose que lo es hasta la edad establecida en las condiciones particulares de la póliza como edad límite para esta cobertura adicional (art. 1). También surge establecido como supuesto de finalización de la cobertura “el día que el asegurado exceda la edad establecida en las Condiciones Particulares de la póliza como edad límite para esta cobertura adicional” (art. 14 inc. b) de esta cláusula).
En este caso específicamente el Asegurador asume la obligación de “la devolución de la parte proporcional de primas correspondientes a los períodos posteriores a la fecha de finalización de la vigencia o al cobro de las primas adeudadas si así correspondiere, conforme el Art. 31 de la ley 17418 de Seguros”. (art. 14 último párrafo clausula 820) (hoja 15 póliza). –el subrayado será analizado posteriormente- En especial la cláusula adicional e integrante de la póliza nro. 850 regula las condiciones generales específicas opción mayores. Allí se establece que “El Asegurado activo que cumpla los sesenta y cinco años (65) años y tenga una antigüedad mínima de un año como asegurado en dicho grupo, podrá optar por continuar en el seguro si lo solicita dentro de los treinta (30 días), contados desde la fecha en que cumpla los 65 años y bajo las siguientes condiciones: a) el riesgo cubierto será el de muerte únicamente”.
En el resto de sus incisos regula la reducción automática del capital asegurado (inc. b y c), la edad máxima de permanencia para la opción se fija en 74 años (inc. d) y se establece que “la prima será la correspondiente a este rango de edad y se abonará a través del tomador en forma mensual adelantada.” (inc. e) (hoja 22 de la póliza) –el subrayado será analizado posteriormente- Es decir que, hasta aquí, las condiciones generales de la póliza establecen edad a partir de la cual finaliza la cobertura adicional por incapacidad permanente, y el modo de proceder por la aseguradora sobre la devolución proporcional de las primas si fuese el caso. Además, la posibilidad del asegurado de continuar la cobertura luego de los 65 años, aunque sólo por el riesgo muerte, opción que debe comunicar a la aseguradora y en este supuesto la prima será la determinada según rango de edad.
Ahora bien, en las condiciones particulares de la póliza de seguro colectivo nro. 5060-9939642-01 adjuntadas por la aseguradora al expediente de trámite ante la OMIC nro. 3684, se establecen bajo la nominación única de seguro de vida colectivo –sin distinción de cobertura de muerte o su adicional por incapacidad- como condición máxima de ingreso los 64 años y edad máxima de permanencia hasta cumplir los 65 años, incluyéndose como anexo e integrante de la póliza entre otras, las cláusulas 803, 820, 826 y 850, que no se adjuntan (v. hoja 1 de las condiciones particulares- agregado al expte. adm. 3684/16, f. 26). Luego se refiere a la opción mayores diferenciándose rangos de edad entre los 65 hasta los 70 años y desde los 70 hasta los 75 (v. hoja 2, f. 26/vta. expte. citado). En la hoja 3 de las condiciones particulares de la póliza se establecen distintas coberturas –por muerte, cláusula adicional de enfermedades terminales, cláusula adicional de incapacidad física total y permanente e irreversible taxativa, etc. -agregándose al finalizar “Tipo Asegurados: Opción mayores: Solo titulares en actividad” y aquí tampoco se hace distinción alguna entre la cobertura por muerte y el adicional (v. f. 27/vta. del expte. adm 3684/16).
Con estas constancias adjuntadas por la aseguradora en una audiencia realizada en el año 2016 a la que no concurrió la Sra. Sorrentino personalmente, sino su letrado en el marco de un expediente administrativo en el que reclamaba la cobertura por la muerte de su pareja, pretende la parte demandada tener por debidamente cumplido el deber de información respecto del contenido, alcances, cese de cobertura, exclusiones y opciones de continuar la cobertura sólo para el caso de muerte que sólo surgen de las condiciones generales -v. clausulas antes referidas- (art. 42 C.N., 4 LDC, 985, 1100 del C.C.yC.).
Ello más allá de la carga informativa que con el adherente tiene el tomador, debiendo destacarse que es la propia demandada la que sostiene que la compañía por sí cumplió con el deber de información. (v. contestación de demanda, transcripta en sus partes pertinentes)
Y también pretende tener por cumplida la oportunidad de este deber de información, con posterioridad a que la Sra. Sorrentino alcanzó la edad de 65 años, y sin que la misma hubiese manifestado voluntad alguna de continuar con la cobertura, tal lo impone la cláusula 850 –opción mayores- y a partir de lo cual pudiese imponérsele la condición limitativa de la edad para la cobertura allí establecida. Es decir, en lo que aquí interesa por ser materia de controversia, que el riesgo asegurado luego de los 65 años es sólo por muerte.
A esta altura es necesario reiterar que el deber de información, de reconocimiento constitucional, es fundamental a fin de procurar una menor asimetría entre los proveedores de bienes y servicios frente a los consumidores, - en el caso adherente a un seguro de vida colectivo-, a fin de mitigar al menos mínimamente la situación de desigualdad material del consumidor, y que en este supuesto se agrava por hallarse la actora dentro de grupos de mayor vulnerabilidad en atención a su edad y su situación de discapacidad al momento de realizar el reclamo en sede administrativa y luego en sede judicial. En este tipo de contratos, “el deber de información cobra una importancia decisiva, ya que no sólo surge del art. 4 de la ley 24.240 y del art. 1100 CCCN, sino que se trata de un deber genérico de proceder con buena fe en la esfera contractual -art. 961 CCCN- y uno más específico consistente en adecuar el comportamiento al estándar del art. 1715 CCCN”, y en este sentido debe responderse por “las consecuencias adversas sufridas por el asegurado por informaciones omitidas o aquellas inexactas que hayan inducido a error al adherente en torno a la naturaleza, extensión de sus derechos y obligaciones, comienzo de la vigencia y modificaciones al contrato”. (conf. CNC Sala C “N.G y ot. c/ Provincia Seguros”, del 18/12/2020 MJ-JU-M-130068-
AR|MJJ130068|MJJ130068)
No hay prueba en estas actuaciones que la completa información se hubiese cumplido al inicio de la adhesión al seguro colectivo, mediante el formulario respectivo firmado por la asegurada titular y constancia de entrega de póliza, tampoco durante la relación asegurativa o bien, al menos antes de que la misma alcanzara los 65 años de edad o de modo inmediato al arribar a esa edad, en tanto el seguro continuó sin que la asegurada realice la opción. (v. ptos. 4 y 5 de la pericia contable del 6/1/2020, arts. 384, 472, 474 del C.P.C.C.) Esta opción del asegurado de continuar luego de cumplidos los 65 años sólo por la cobertura muerte (clausula 850) y su notificación a la aseguradora viene impuesta por la póliza; contrariamente a lo sostenido por la demandada al tiempo de formular impugnación al punto 5 de la pericia contable en cuanto expresa que “no existe comunicación de la actora porque el cambio de los riesgos no depende del asegurado sino que es una condición que ya está estipulada en las condiciones particulares al momento de adherirse a la póliza” (v. presentación de fecha 10/2/2020).
Es que al menos de haberse ejercido esta opción por parte de la actora utilizando la modalidad establecida contractualmente, podría inferirse que estaba en conocimiento de los alcances y cese de la cobertura por incapacidad. Solo hay constancia de una fotocopia de un formulario sin firma (v. f. 10, expte. 3684) -que se adjunta en el reclamo por el fallecimiento de la pareja de la actora- con identificación de los distintos códigos de descuento según las diferentes coberturas, los requisitos de asegurabilidad y diferentes edades. De este formulario tipo no puede establecerse que es aquel por el cual la actora adhirió al contrato -por carecer de firma-.
De allí que contrariamente a lo sostenido por la demandada no puede tenerse por probado que la actora estaba en conocimiento de las condiciones particulares y generales de la póliza y la limitación de la cobertura del seguro colectivo al alcanzar los 65 años de edad.
En efecto para la incorporación al seguro de vida colectivo debe suscribirse una solicitud individual del asegurado o adherente, más allá de la instrumentación del pedido de alta por parte del tomador.
Sobre el particular la doctrina sostiene que “Es de práctica que, en los seguros colectivos de vida y riesgos complementarios, el asegurador suministre el impreso de una solicitud individual, en lo esencial, el asegurado habrá de completar y firmar. Por la misma, se requiere su incorporación al seguro contratado por el tomador y donde declara conocer y aceptar las condiciones generales y/o especiales de la póliza. Allí expresará la fecha de ingreso e indicará el nombre de los beneficiarios para el caso de fallecimiento. Esta solicitud técnicamente es una oferta de incorporación. Y a la oferta le sucede un certificado de adhesión al grupo emitido por el asegurador y dirigido al asegurado, donde se repite el nombre de los beneficiarios, se consigna la fecha de comienzo de la cobertura y se enuncian los riesgos cubiertos.” (conf. Stiglitz Ruben “Derecho de Seguros” Edit. La Ley, año 2016, T. I, pag. 535)
Es decir que más allá de la intervención del tomador y el deber de información que también es su carga, lo cierto es que de lo actuado en estas actuaciones no luce garantizado el derecho de información de la actora al tiempo de su adhesión al seguro de vida colectivo instrumentado mediante la póliza ya referida, y tampoco con posterioridad.
Es que, en el caso, la prueba del debido cumplimiento de este deber de información, sea por sí o aquel que le incumbe al tomador del seguro colectivo, le correspondía a la aseguradora demandada, en su calidad de proveedora, y ninguna prueba produjo sobre el particular. (art. 42 de la C.N., 38 de la C. Pcial. 4, 53 LDC, 1,2 y 1100 y cc. del C.C.yC. arts. 153 y cc Ley 17418, arts. 375, 384 del C.P.C.C.)
En efecto sólo se limitó a expresar que la Sra. Sorrentino se encontraba en conocimiento de los alcances de la cobertura a partir del año 2016 por haber agregado tres fojas de las condiciones particulares de la póliza en el marco de un expediente administrativo, desconociéndose que el derecho a la información de raigambre constitucional le era debido en su carácter de consumidora durante todas las etapas del vínculo contractual y que en el caso, se encontró agravado por su mayor vulnerabilidad cuando la misma cumplió los 65 años de edad. (arts. 1, 3, 5, 7 inc. a), 14 y cc de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores)
En este contexto, no surgiendo documentado -ausencia de formulario firmado, constancia de entrega de póliza, informe del tomador, etc- que la Sra. Sorrentino se encontraba en conocimiento de las condiciones particulares y generales de la póliza, y tampoco que la misma optó por la continuidad de la cobertura -v. cláusula 850- (art. 375 del C.P.C.C.) y disponiendo la proveedora la continuidad de la relación asegurativa de modo unilateral al alcanzar la misma los 65 años de edad, debió realizar a todo evento una advertencia a la asegurada y complementario de su deber de información durante la relación contractual hasta ese momento.
Es que la demandada introdujo una modificación a la modalidad establecida para la continuidad de la cobertura al no haberse observado la necesidad de notificación fehaciente del asegurado a la aseguradora prevista en la cláusula 850 y ello debió ser informado. (art. 4 LCD, 1100 del C.C.C.) Las circunstancias antes valoradas – 65 años de edad, continuidad de la relación asegurativa por voluntad unilateral de la aseguradora en tanto no se ejerció la opción, realización de los descuentos con el mismo código nro. 1040 - tal como se verá seguidamente-, imponían a la aseguradora, en los términos del artículo 1100 del C.C.yC. el deber de brindar algún tipo de información o comunicación de la continuidad del seguro sólo por la cobertura muerte, siendo ello una “circunstancia relevante” en los términos de la norma citada (art. 37 de la LDC, 1094, 1095 normas del C.C.C.).
Ha de señalarse además que del formulario tipo adjuntado (f. 10 expte. adm. 3684) surge que el seguro de vida colectivo facultativo –muerte por cualquier causa y adicional por incapacidad física total permanente e irreversible- y la opción de incorporación de cónyuges y opción mayores tienen como código de descuento sin diferenciación alguna los nros. 1040/1041; seguro colectivo para gastos de sepelio el código de descuento 1042 y el seguro de accidentes personales colectivo código de descuento 1043.- Ello además surge informado por el perito contador en su dictamen. (v. puntos. 3 apartado III e item b) apartado IV de la pericia contable)
Ahora bien, de los recibos de sueldo pertenecientes a la actora que fueran adjuntados como documental en las presentes–que corresponden a algunos meses desde el 4/2015 al 10/2016- surge que en los mismos se consignaba código de descuento nro. 1040 “C/P PARTICULAR”; nro. 1041 “C/P CONYUGE”; nro. 1042 “C/P FAMILIAR”; 1043 “C/P ACCIDENTE”, y que a partir del mes 7/2015, es decir con posterioridad al fallecimiento de su pareja dejó de descontarse el código nro. 1041. De allí que la cobertura por muerte y por adicional de incapacidad tenía un código único e indiferenciado, esto es el nro. 1040.
Si bien estos recibos fueron desconocidos por la aseguradora al tiempo de contestar la demanda, los mismos se encontraban agregados en las actuaciones administrativas que como prueba instrumental produjo esa parte, habiéndose expedido también sobre los descuentos del pago de la prima y los correspondientes códigos el perito contador (v. punto 3 apartado III del dictamen pericial de fecha 6/1/2020), sin que la aseguradora, formulara alguna objeción sobre ello, más allá de las impugnaciones que sobre algunos puntos de pericia realizó. (v. impugnaciones de fecha 10/2/2020)
En este sentido al haber alegado la actora que los descuentos se realizaban por los mismos importes y en iguales condiciones, era la aseguradora quien debía demostrar que los descuentos no se hacían en las mismas condiciones y a la luz de lo específicamente regulado en orden a la devolución proporcional de las primas (art. 14 último párrafo de la cláusula 820). Es que tal como se refirió, de la póliza surge que cumplidos los 65 años de edad y realizada la opción por el asegurado “la prima será la correspondiente a este rango de edad y se abonará a través del tomador en forma mensual adelantada.” (inc. e de la cláusula 850). (art. 375, 384 del C.P.C.C.; y especialmente 53 LDC)
Es decir que, existiendo prueba documental sólo de los recibos de sueldo a partir de abril del 2015 en los que figuran los pertinentes descuentos, y en tanto la aseguradora sostuvo que la prima que se descontaba era la correspondiente al seguro de vida en las condiciones de su vigencia según la cláusula 850, debió producir la prueba pertinente no sólo por el imperativo que surge del artículo 375 del C.P.C.C. sino a fin de aventar cualquier tipo de duda sobre la cuestión de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de LDC. En efecto, por su calidad de proveedora y en consideración al sistema de protección diferenciado de los derechos de los consumidores, la demandada tenía un expreso deber de colaboración procesal debiendo aportar como carga todos los elementos de prueba que obren en su poder, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión y esto no luce cumplido. (conf. Stiglitz Gabriel, Hernadez Carlos Tratado de Derecho del Consumidor, Edit. La Ley, T. IV, Cap. XXIII.1, apartado III, pags. 48/57) En síntesis la omisión de información clara, detallada y oportuna respecto de los alcances y limitaciones de cobertura, la continuidad del seguro sin que la asegurada realice la opción y la notifique a la compañía, sumado a los descuentos de las primas con el mismo código son suficientes circunstancias que permiten inferir válidamente que la actora confiaba en la vigencia de la cobertura que reclama, pues como se dijo mediante los descuentos en sus recibos se encontraba cumpliendo con el pago de su obligación contractual (interpretación conforme arts. 961; 987; 1065; 1067; 1068; 1094 y 1095 del CCyCN).
En este contexto mal puede sostener la demandada mala fe en la actora o una maligna intención en el reclamo (v. contestación de demanda), afirmaciones estas que no se corresponden con el trato digno impuesto por la ley de protección del consumidor y menos con el que le es debido y reconocido internacionalmente a la persona mayor y a la persona con discapacidad en los términos que surgen de los principios y postulados de las Convenciones Internacionales ya referidas. (art. 8 bis LCD, art. 1, 3 CIDHPM, 1, 3, y cc de la CIDPD).
Por todo lo expuesto, habiéndose incumplido el deber de información, teniendo en consideración que se encuentran en juego derechos económicos y sociales de la actora derivados de los padecimientos de salud y la discapacidad que la misma presenta (art. 19 CIDPD), la finalidad tuitiva y la naturaleza alimentaria de la indemnización del seguro colectivo cuyo cumplimiento se reclama, es inoponible a la actora el límite de 65 años para la cobertura adicional por incapacidad total, permanente e irreversible contenido en las cláusulas generales 850 y 820 y en las condiciones particulares. (conf. normativa citada).
Es pertinente señalar que tal como se ha sostenido recientemente “en regímenes tuitivos como el de los seguros de vida colectivos, no debe llegarse al desconocimiento de los derechos sino con extrema cautela, correspondiendo en caso de duda reflexiva resolver a favor del destinatario del régimen habida cuenta de la gravedad de las consecuencias que podrían acarrearle una decisión adversa y el carácter alimentario de la cobertura en juego”. (conf. CNCOM Sala D expte. 8639/2015 sent. del 30/03/2021 elDial.com - AAC328) En definitiva, la interpretación que se realiza y la solución que se propone al acuerdo, es la que mejor concilia los intereses comprometidos y además de la tutela propia de los derechos del consumidor, trata de procurar la plena aplicación del llamado “principio de progresividad de los derechos humanos”, en relación a los derechos económicos y sociales de la recurrente y en base a los contextos de tutela diferenciada expuestos al inicio de los considerandos, en especial el reconocimiento específico contenido en el artículo 4 apartado 2 de la CIDPD.
En efecto este Tribunal utilizando doctrina especializada de seguimiento de los instrumentos internacionales y que son aplicables aquí, ha considerado que “por el principio de progresividad se entenderá el criterio de avance paulatino en el establecimiento de las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de un derecho económico, social o cultural” (conf. Courtis, Christian (Compilador) en “Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia derechos sociales” p. 5 citando la definición que proveen las "Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador” adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 7 de junio de 2005).
Señala el autor citado que “Al comparar una norma anterior con una posterior, el estándar de juicio de regresividad normativa consiste en evaluar si el nivel de protección que ofrece el ordenamiento jurídico ante una misma situación de hecho ha empeorado.” (ob. Cit. p. 6). Para luego sostener que “La prohibición de regresividad [como contracara del principio de progresividad] puede ser entendida (…) como una veda a las normas y medidas estatales [entre las que están las sentencias judiciales] que, por debilitar o retraer el nivel de protección otorgado, reinstauran obstáculos para la satisfacción de sus necesidades básicas, o, en términos más amplios, hacen renacer obstáculos de carácter económico y social que limitan de hecho la libertad y la igualdad de las personas, e impiden el pleno desarrollo de la política, económica y social de un país.” (ob. cit. p. 20).
Añadiendo que “En este sentido, la prohibición de regresividad opera como cláusula de control jurídico del cumplimiento, por parte de los poderes políticos, del mandato del Estado social –o bien de las cláusulas de pactos internacionales de derechos humanos que imponen al Estado [en todas sus áreas y ramas] obligaciones en materia social” (ídem pp. 20/21).” (conf. este Tribunal expte. 8448 reg. int. 76 (S) del 26/9/2019)
En mérito a las consideraciones realizadas propongo al Acuerdo admitir el recurso, revocar la sentencia en cuanto rechaza la demanda y en consecuencia hacer lugar al reclamo.
4. Ahora bien corresponde ingresar a la cuestión vinculada al monto de condena, esto es la indemnización correspondiente por el acaecimiento del siniestro, la que se adelanta deberá quedar diferida a la etapa de ejecución de sentencia por carecerse de elementos en el presente que posibiliten su determinación.
Al tiempo de promoverse la acción -punto I apartado a) y punto IV rubros que se reclaman apartado 1 de la demanda-, la actora solicita el cumplimiento del contrato de seguro, específicamente peticiona que se abone la indemnización según cobertura vigente al tiempo de producirse su incapacidad - año 2016- de acuerdo a las condiciones particulares de la póliza.
Durante este proceso con la demanda y con la contestación se adjuntaron coberturas vigentes por el período 2008/2009 (ver doc. adjunta presentaciones de fecha 22/4/2019 y 20/8/2019) y del expediente administrativo de trámite ante la OMIC nro. 5096 surgen adjuntadas por la aquí demandada condiciones particulares de la póliza del período indicado (v. fs. 29/31), más las correspondientes al período 2010/2011 (v. fs. 60/63, 93/102) y período 2012/2013 (fs. 108/111) y en el expte. adm. nro. 3684 la cobertura vigente desde el 1/1/2015 al 1/2/2015 (fs. 26/28).
Es decir, de la prueba documental e instrumental no surgen los alcances de la cobertura durante el período 2016/2017 a la que la actora limitó su reclamo.
Asimismo, el perito contador, no obstante haberle sido requerido informe el monto de las sumas aseguradas desde el año 2016, en especial durante períodos 2016/2017 solo surgen informadas las correspondientes a la póliza con período de vigencia 1/2/2017 -es decir ya finalizado el contrato de seguro- hasta el 1/2/2018, informando que la suma asegurada con relación a la cobertura por incapacidad total, permanente e irreversible era el equivalente a 20 sueldos con un capital máximo de $ 420.000. (v. punto 2 de la pericia contable de fecha 6/1/2020)
De allí que, en el marco de la ejecución de sentencia, en consideración a la naturaleza sumarísima de este procedimiento y en un plazo no superior a los 5 días de recibirse las actuaciones en la instancia, deberá establecerse el monto de la indemnización a abonar, para lo que deberá intimarse a la demandada a que en un término no superior a las 48 hs. adjunte las condiciones particulares de la póliza vigente al 31/12/2016, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de fijarlo el juez a propuesta de la actora.
Asimismo y fijándose las restantes pautas en función del diferimiento que se realiza, deberán considerarse a estos fines las condiciones de cobertura establecidas en el apartado b de la cláusula 850 de las condiciones generales de la póliza, es decir la reducción del 50 % de la suma asegurada (v. art. 4 y 5 cláusula 820), en mérito a las limitaciones que surgen del reclamo contenido en la demanda, por cuanto en el presente sólo fue cuestionado lo atinente al límite de edad para la cobertura y no la reducción porcentual de la misma (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266, 272 del C.P.C.C.)
A dicha suma deberán adicionarse los intereses correspondientes los que deberán calcularse a la tasa más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días -tasa pasiva plazo fijo digital a 30 días-. Los mismos se computarán hasta su efectivo pago y desde la mora, que queda establecida con la fecha de inicio del reclamo administrativo- 23/6/2017-, por carecerse de otro dato con relación a la fecha en que la Sra. Sorrentino se presentó en la aseguradora para denunciar el siniestro, la que no fue expuesta en la demanda ni instrumentada documentalmente. (art. 768 del C.C.C.)
5. Ingresando al planteo de la indemnización por las consecuencias no patrimoniales cabe señalar que tal como lo ha sostenido esta Cámara y su antecesora, “cuando de consumidores se trata, no reportan la misma estrictez en el análisis del daño extrapatrimonial que aquellos pudieren generar” (conf. expte 12416 ya referido , y los antecedentes allí citados expte. 6691 reg. int. 100 (S) del 26/09/06; expte. 7688 reg. int. 70 (S) del 27/05/08, expte. 10.750 reg. 142 (S) del 27/11/2018 entre otros), prevaleciendo las reglas especiales y específicas del microsistema de protección del consumidor -ya referidas en el presente-.
En consecuencia, no es “extrapolable a ese campo la clásica limitación o restricción a reclamar daños extrapatrimoniales derivados de una relación contractual. Así basta con advertir que en materia de consumo el trato digno es elevado a garantía constitucional (art. 42 CN) de donde su incumplimiento ya está afectando una esfera claramente extrapatrimonial, aun cuando lo que motive el reclamo tenga origen en un diferendo contractual”. (expte. 10.750 reg. 142 (S) del 27/11/2018, expte. 12416 ya referido)
En el último de los antecedentes individualizados precedentemente mi distinguido colega en su voto -al que adherí- consideró que “En otros términos el rigor probatorio del “daño moral” que se predica para los contratos paritarios, debe morigerarse cuando de consumidores dañados se trata. Y esto no es nuevo ni producto de la modificación legislativa al Código Civil, pues esta Cámara ya lo ha decidido en precedentes análogos (mi voto en expte. 8918 reg. int. 63 (S) 14/8/2012; voto Dr. Garate en expte. 6691, reg. int. 100 (S) del 26/09/06 de la disuelta Cámara departamental y en expte. 8649, reg. int. 10 (S) del 15/03/2012). (…) Tal es asimismo la orientación de otras Cámaras Provinciales (CC0001 LM 213 RSD-25- S 09/09/2004; “Boragno, Cristian Edgardo c/Dragoun, Jorge y otro s/Daños y Perjuicios” Juba B3350686; CC0002 QL 16312 49/15 S 16/04/2015; “Arriola Maria Victoria C/Zanet S.A. y Otro S/Daños y Perjuicios” Sumario Juba B2953005).” (esta Cámara en “Montalivet, Elena C/ Nación Seguros S.A. s/Daños " Expte. Nº 10.548, Reg. 105 (S) del 20/10/2016).
Es decir, hace años ya -y más aún desde la vigencia del CCyC- que, frente a la denuncia del consumidor de padecimiento de daño moral derivado de un incumplimiento contractual, la magistratura no puede negar mecánicamente su procedencia, sino que debe detenerse a examinar si tal lesión se produjo a la luz de las pruebas reunidas.
Es que en el ámbito de vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial ya no quedan dudas que puede haber daño extrapatrimonial derivado de un incumplimiento contractual, sea el contrato paritario o del derecho del consumidor.
Así lo indica la doctrina cuando señala que ese cuerpo legal “se refiere a la reparación de los daños que sufre una persona en su esfera espiritual (…) unifica[ndo] la legitimación activa para reclamarlo, sin importar en qué ámbito se haya generado el daño” (Calvo Costa, C. “Derecho de las Obligaciones 2. Derecho de Daños” p 62, Ed. Hammurabi, 2016).
O cuando indica que “al eliminarse la diferenciación entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, no caben dudas que el daño extrapatrimonial es resarcible tanto cuando es causado por un incumplimiento obligacional como cuando deriva de un hecho ilícito.” (Márquez, Fernando (Director) “Responsabilidad Civil en el Código Civil y Comercial” T. 1, p. 286, Ed. Zavalía 2015). (conf. expte. 12416 citado)
En este caso en particular le era debido a la actora un trato digno y el que ha recibido tanto en el reclamo ante la OMIC, como en el presente lejos está de que pueda considerarse cumplido (art. 8 bis LCD, 1097 CCyCN art. 1, 3 CIDHPM, 1, 3, y cc de la CIDPD).
Es que el presente no se trata de cualquier incumplimiento sino de aquel que se relaciona, como se dijo, con una acreencia de carácter alimentario en una etapa de la vida donde le es debida especial consideración, además de aquella que particularmente se deriva de la discapacidad que presenta y por la que requiere asistencia de terceras personas de acuerdo al relato de los testigos durante la audiencia de vista de la causa de fecha 5/2/2020 y donde detallan las circunstancias de vida de la actora con anterioridad y con posterioridad a que perdiera su visión. (conf. art. 1, 3, 4 apartado 2, 5, 6, 19, 25 de la CIPDP y art. 1, 5, 6, 19, 26 de la CIDHPM).
En autos se evidencia que la actora luego de acaecida su incapacidad total, permanente e irreversible, debió transitar el procedimiento administrativo ante la OMIC para el reconocimiento de sus derechos con comienzo en junio de 2017 y por la negativa de la aseguradora luego debió iniciar la etapa de mediación y posteriormente la promoción de la demanda en el mes de abril de 2018.
Es decir que acaecida su incapacidad el efectivo goce de su derecho fue desconocido por la demandada durante casi 5 años, lapso este que debe ser especialmente valorado a la luz de los años de expectativa de vida de la Sra. Sorrentino, quien a la fecha tiene 71 años de edad (conf. https://www.who.int/countries/arg).
Tal como ha sido analizado derivado del incumplimiento del deber de información y en el contexto que ha sido considerado se infiere que el hecho motivante del presente reclamo generó un padecimiento espiritual de la Sra. Sorrentino que es susceptible de justificar la indemnización reclamada. Es que el incumplimiento contractual, el trato que recibió durante ambos procesos en el embate de su reclamo sin que se considerase mínimamente que se encontraba en situación de múltiple vulnerabilidad, la falta absoluta de colaboración procesal de la demandada, con más el tiempo que ha transcurrido, permiten inferir una lesión a su esfera íntima, a su tranquilidad y a su seguridad, por lo que propongo al acuerdo admitir este rubro (conf. art. 1, 3, 4 apartado 2, 5, 6, 19, 25 de la CIPDP y art. 1, 5, 6, 19, 26 de la CIDHPM, arts. 1716, 1727, 1740 y 1741 del C.C.C., 37 y 53 LDC. arts. 375, 384 C.P.C.C).
Por los motivos expuestos y las particularidades del caso analizadas, ponderando antecedentes de esta Cámara y de otros Tribunales, las circunstancias de mayor vulnerabilidad de la actora, la estimación del propio perjuicio que la actora realiza en demanda -punto IV apartado 2-, el tiempo transcurrido y en uso de las facultades conferidas en el artículo 165 del C.P.C.C. considero justo, razonable y equitativo fijar la indemnización por el daño extrapatrimonial a valores actuales en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL - $ 300.000- (arts. 1741 del C.C.C., y normativa citada, expte. 12416 reg. int. 134 (S) del 25/11/2020, expte. 12071 reg. int. 77 (S) del 24/8/20; Cam.CyC. Azul, Sala II “P.N.M. c/ Caja de Seguros S.A. s/ cumplimiento de contratos civiles/comerciales” del 15 de abril de 2021, cita on line MJ-JU-M-131799- AR|MJJ131799|MJJ131799; CNCOM Sala D expte. 8639/2015 sent. del 30/03/2021 elDial.com - AAC328)
A esta suma deberán adicionarse intereses los que siguiendo la doctrina legal deberán ser calculados desde la mora ya establecida hasta la presente sentencia a la tasa del 6 % anual y desde allí hasta su efectivo pago a la tasa más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días -tasa pasiva plazo fijo digital a 30 días-. (conf. SCBA “Vera” C. 120.536 del 18/4/2018 y “Nidera”, C. 121.134 del 3/5/2018, también SCBA C. 123.090 del 18/9/2020 y C 122687 del 17/11/2020).
6. Respecto al reclamo de daños y perjuicios que en forma genérica la actora peticiona en el punto IV apartado 3 de la demanda y por carecer el mismo de sustento fáctico y probatorio en relación causal con el incumplimiento que por el presente se valora, no puede ser atendido en esta instancia por lo que propongo al acuerdo su rechazo.
Tal como se resuelve las costas de ambas instancias deben ser impuestas a la demandada vencida, quedando así y de este modo desplazado el recurso interpuesto por la aseguradora. (art. 68 y 274 del C.P.C.C.) Por las consideraciones expuestas a la cuestión planteada voto por la NEGATIVA.
A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Loiza votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ISSIN DIJO:
En mérito al resultado de la cuestión anterior corresponde: I) Revocar la sentencia de fecha 26 de febrero de 2021 y en consecuencia hacer lugar a la demanda promovida por Maria Rosa Sorrentino contra La Caja de Seguros S.A., declarando inoponible a la actora el límite de 65 años para la cobertura adicional por incapacidad total, permanente e irreversible contenido en las cláusulas generales 850 y 820 y en las condiciones particulares de la póliza nro. 5060- 9939642-01. (conf. normas, jurisp. y doct. citadas considerando III de la primera cuestión) II) Condenar a la Caja Seguros S.A. a que abone a la actora la indemnización por incapacidad total permanente e irreversible correspondiente a la cobertura vigente al mes de diciembre de 2016 en la referida póliza, quedando diferida la determinación del monto de condena a la etapa de ejecución de sentencia, en los términos, alcances, plazos y bajo el apercibimiento valorados en el considerando III punto 4 de la primera cuestión.
A dicha suma deberán adicionarse los intereses correspondientes los que deberán calcularse a la tasa más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días -tasa pasiva plazo fijo digital a 30 días-. Los mismos se computarán hasta su efectivo pago y desde la mora, que queda establecida con la fecha de inicio del reclamo administrativo- 23/6/2017 de acuerdo a lo valorado en el considerando III punto 4 de la primera cuestión. (conf. normas, jurisp. y doct. citadas considerando III de la primera cuestión) III) Hacer lugar a la indemnización por las consecuencias no patrimoniales, condenando a la demandada a abonar a la actora en un término no superior a los cinco días, la suma de pesos TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) con más los intereses que deberán ser calculados desde la mora -23/6/2017- hasta la presente sentencia a la tasa del 6 % anual y desde allí hasta su efectivo pago a la tasa más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días -tasa pasiva plazo fijo digital a 30 días-.
(conf. SCBA “Vera” C. 120.536 del 18/4/2018 y “Nidera”, C. 121.134 del 3/5/2018, también SCBA C. 123.090 del 18/9/2020 y C 122687 del 17/11/2020). (conf. normas, jurisp. y doctrina citadas en el considerando III apartado 5 de la primera cuestión) IV) Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada en su calidad de vencida (art. 68, 274 del C.P.C.C.), teniéndose presente la reserva efectuada por el apoderado de la condenada en relación a los honorarios. V) Dejar sin efecto la regulación de honorarios contenida en la sentencia y diferir la regulación para su oportunidad. (art. 31 de la ley 14967).
ASI LO VOTO
A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Loiza votó en igual sentido por análogos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 27 de mayo de 2021.
VISTOS Y
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se resuelve: I) Revocar la sentencia de fecha 26 de febrero de 2021 y en consecuencia hacer lugar a la demanda promovida por Maria Rosa Sorrentino contra la Caja de Seguros S.A., declarando inoponible a la actora el límite de 65 años para la cobertura adicional por incapacidad total, permanente e irreversible contenido en las cláusulas generales 850 y 820 y en las condiciones particulares de la póliza nro. 5060-9939642-01 (conf. normas, jurisp. y doct. citadas considerando III de la primera cuestión) II) Condenar a la demandada a que abone a la actora la indemnización por incapacidad total permanente e irreversible correspondiente a la cobertura vigente al mes de diciembre de 2016, quedando diferida la determinación del monto de condena a la etapa de ejecución de sentencia, en los términos, alcances, plazos y bajo el apercibimiento valorados en el considerando III punto 4 de la primera cuestión.
A dicha suma deberán adicionarse los intereses correspondientes los que deberán calcularse a la tasa más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días -tasa pasiva plazo fijo digital a 30 días-. Los mismos se computarán hasta su efectivo pago y desde la mora, que queda establecida con la fecha de inicio del reclamo administrativo- 23/6/2017 de acuerdo a lo valorado en el considerando III punto 4 de la primera cuestión. (conf. normas, jurisp. y doct. citadas considerando III de la primera cuestión) III) Hacer lugar a la indemnización por las consecuencias no patrimoniales, condenando a la demandada a abonar a la actora en un término no superior a los cinco días, la suma de pesos TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) con más los intereses que deberán ser calculados desde la mora -23/6/2017- hasta la presente sentencia a la tasa del 6 % anual y desde allí hasta su efectivo pago a la tasa más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días -tasa pasiva plazo fijo digital a 30 días-.
(conf. SCBA “Vera” C. 120.536 del 18/4/2018 y “Nidera”, C. 121.134 del 3/5/2018, también SCBA C. 123.090 del 18/9/2020 y C 122687 del 17/11/2020). (conf. normas, jurisp. y doctrina citadas en el considerando III apartado 5 de la primera cuestión) IV) Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada en su calidad de vencida (art. 68, 274 del C.P.C.C.), teniéndose presente la reserva efectuada por el apoderado de la condenada en relación a los honorarios. V) Dejar sin efecto la regulación de honorarios contenida en la sentencia y diferir la regulación para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 y143 bis CPC.; conf. pto. 3 "d" Anexo Resol.
SC N° 655/20 SCBA). Devuélvase. (arts. 47/8 ley 5827).
Fin de la sentencia