Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas (arts. 470 y 471 -a contrario sensu-, 530, y 532 del CPPN). 30
II. Tener presente la reserva del caso federal (art. 14 de la Ley 48).
/// la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de noviembre de dos mil veinticinco, integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Diego G. Barroetaveña -Presidente-, Daniel Antonio Petrone y Carlos A. Mahiques -Vocales-, asistidos por el secretario actuante, se reúne con el objeto de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 2614/2017/TO1/CFC1, del registro de esta Sala, caratulada: “Sosa, Carlos s/ recurso de casación”.
Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultaron designados en primer término el juez Carlos A. Mahiques y en segundo y tercer lugar los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña respectivamente.
El señor juez Carlos A. Mahiques dijo:
I. Por sentencia del 27 de junio de 2024, cuyos fundamentos se dieron a conocer el 4 de julio de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°8, en lo que aquí interesa, absolvió a Carlos Alberto Sosa por los hechos por los cuales fuera acusado.
Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación, que fue concedido y mantenido en la instancia.
II. El recurrente encauzó el recurso en ambos incisos del art. 456 del CPPN. Respecto del inc. 2°, cód. cit., esgrimió que el tribunal valoró de manera fragmentada y aislada la prueba que obra en autos, y en particular, omitió evidencia trascedente invocada por la fiscalía para la solución del caso, en violación a las reglas de la sana crítica racional.
En ese carril, cuestionó que el tribunal enmarcó los trabajos realizados “por el personal de área de mantenimiento 1 Registro N° 1253/25 en días y horarios laborales”, a la vez que los consideró “insignificantes”.
Sobre el punto, destacó el testimonio del Suboficial Pérez del Servicio Penitenciario Federal, quien reconoció que “habría concurrido en dos oportunidades al domicilio de Sosa para realizar trabajos en días y horarios de servicio: para realizar un(o…) de electricidad en función de un cortocircuito y para acompañar a Chávez a realizar un trabajo de plomería”. En ese sentido, criticó la sentencia por entender ilógico que reputara ello “como una ayuda o auxilio personal prestado a Sosa ante la emergencia”. Por su parte, el Ayudante Meli dijo que “había concurrido en al menos ‘dos o tres oportunidades’ y que una de ellas fue para reparar una cortina de madera ‘de esas que se enrollan’ que se había trabado. Esto, (…) echa por tierra la afirmación realizada, respecto a que fue la urgencia de los trabajos lo que llevó a Sosa a requerir el auxilio del personal bajo sus órdenes”.
Por consiguiente, sostuvo el fiscal general que la “insignificancia” de los trabajos, puesta de manifiesto por el tribunal no era tal, cuando “se realiza una valoración conjunta de los actos de abuso funcional que en esta causa se le imputan a Sosa. Es en ese contexto de tomar lo público como propio, en el que deben ser analizados también estos trabajos. (Se) refi(rió) puntualmente a que a Sosa no sólo se le reprocha el haber utilizado al personal que se encontraba a su cargo para realizar trabajos en su domicilio en días y horarios laborales, sino también el hacer que esas mismas personas oficien de choferes particulares de miembros de su núcleo íntimo familiar”.
En ese orden, alegó que el tribunal de juicio no podía prescindir de la acción penal pública por aplicación del principio de insignificancia puesto que “está reservado en los Códigos que sí lo admiten, al titular de la acción penal”; y 2 es “el propio legislador el que ha decidido que los delitos cometidos por los funcionarios públicos en ocasión de sus funciones, no deben ser tratados como hechos de escasa significación social”. De ello, coligió que el tribunal cometió un yerro en razón de considerar aplicable al caso –o al menos dar a entender dicha circunstancia– un criterio de oportunidad no previsto en la ley. Acotó que, de igual manera, se omitió valorar las declaraciones testimoniales que obran en el sumario administrativo –incorporadas por lectura al debate–, que brindan mayores detalles respecto de los hechos aquí imputados. En definitiva, señaló que el judicante consideró únicamente aquellos testimonios que “‘apoyaban’ la idea de la urgencia de los trabajos realizados en el domicilio de Sosa y que, en definitiva, abonaba su insignificancia”.
En ese andarivel sostuvo que “(s)e encuentra probado que la construcción de la reja demandó varios días de trabajo dentro del taller de la Unidad N° 28 y que su colocación implicó el traslado de 3 agentes del área de mantenimiento, durante todo un día, para poder realizarla”. Circunstancia que demostró, a su juicio, que el tribunal omitió analizar la conducta de Sosa de manera conglobada y teniendo en miras que ésta se enmarcó en un contexto de sucesivos abusos funcionales por parte del nombrado.
En torno a la errónea aplicación de la ley sustantiva, esgrimió que: “1) aplicó erróneamente –de forma encubierta– la causa de justificación prevista en el artículo 34 inc. 3 del Código Penal”. Ello por cuanto, según dijo, el razonamiento realizado por el tribunal pareciera ser una justificación implícita de la conducta de Sosa fundada en los hechos de inseguridad vividos por él y su familia, porque en el fallo no se hizo alusión al término “justificación” ni lo encuadró para la solución del caso; “2) exigió requisitos 3 típicos no (contemplados) por la figura penal prevista en el artículo 261 2° párrafo del Código Penal, lo que derivó en su errónea aplicación”; y “3) consideró insignificantes algunos de los trabajos realizados en el domicilio de Sosa en horario de servicio, por lo que aplicó erróneamente un criterio de disponibilidad de la acción cuando no se encuentra autorizado a realizarlo”.
Como colofón, impetró que se revoque la absolución dictada y se condene en esta instancia a Carlos Alberto Sosa a la pena de dos años en suspenso como autor del delito de peculado de servicios.
III. Que, durante el término de oficina, la defensa oficial amplió fundamentos en los que puso de resalto que el derecho al recurso amplio (art. 8.2.h CADH) es exclusivo del imputado, no del fiscal, ya que el MPF es un órgano del Estado y no titular de ese derecho. Asimismo, precisó que permitir la revisión de una sentencia absolutoria vulnera el principio ne bis in ídem.
Con cita de fallos de la CSJN como “Mattei”, “Polack”, “Sandoval”, “Kang”, y “Kirchner” sostuvo que no puede reabrirse un juicio válidamente concluido con una absolución. A ese fin, entendió que una sentencia absolutoria dictada luego de un juicio válidamente cumplido precluye toda posibilidad de reeditar el debate como consecuencia de una impugnación acusatoria y que cualquiera sea la forma de reducir a conceptos al juicio de reenvío, lo cierto es que para el imputado absuelto, aquél constituye un nuevo juicio, básicamente idéntico al primero, en el que su honor y libertad vuelven a estar en riesgo.
Por último, en subsidio, instó la declaración de la nulidad del procedimiento administrativo que diera origen a la denuncia y actos consecuentes por violación al debido proceso, principio de legalidad y derecho de defensa. Entendió que 4 tales acontecimientos “resultaron indisolublemente relacionados con la situación procesal, a punto tal que la denuncia, el proceso y la acusación ha sido fruto de todos los antecedentes del sumario administrativo”.
En consecuencia, pidió que el remedio incoado por la vindicta pública sea declarado inadmisible.
Hizo reserva del caso federal.
IV. Que, se dejó debida constancia de haberse dado cumplimiento con las previsiones del art. 468 CPPN. En estas condiciones, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas.
V. Que, de manera preliminar, es menester señalar que el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal resulta formalmente admisible, toda vez que la sentencia recurrida es de aquellas consideradas definitivas (art. 457 del CPPN), la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla (art. 458, inc. 1° ibidem), los planteos realizados encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del mismo cuerpo legal y se han cumplido los requisitos de temporalidad y de fundamentación requeridos por el art. 463 del código de rito.
Así, el examen de la sentencia debe abordarse de acuerdo con los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Casal, Matías Eugenio” (Fallos: 328:3399), que impone el esfuerzo por revisar todo lo que sea susceptible de ser revisado, o sea de agotar la revisión de lo revisable (cfr. considerando 5 del voto de los jueces Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti;
considerando 11 del voto del juez Fayt, y considerando 12 del voto de la jueza Argibay) y de conformidad con los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Mohamed vs. República Argentina” (sentencia del 23 5 de noviembre de 2012 sobre excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párrafo 162).
Es, según aquella baliza interpretativa, a través de la inmediación y de la oralidad, que los magistrados -contando con un amplio margen de libertad de apreciación de la pruebaconfieren legitimidad a la convicción que resulta de las evidencias percibidas en el debate. Esa es la vía idónea para inferir, entre otras, las conclusiones acerca de la sustentabilidad y coherencia de quienes declaran en tal oportunidad procesal.
La hermenéutica de nuestro código de forma se rige por criterios discrecionales de apreciación de la prueba según las reglas valorativas de la sana crítica (arts. 206 y 398, segundo párrafo, del CPPN). Esto significa que los sentenciantes cuentan con la libertad de admitir la que tengan por útil y conducente a los fines del proceso, asignándole, dentro de los límites fijados por la razonabilidad, no solo el valor como prueba en la determinación de los hechos sino también su incidencia cualitativa en la conformación del juicio de convicción.
Sobre la base de estas premisas, es posible afirmar que la conclusión absolutoria a la que arribó el a quo aparece sustentada en una adecuada valoración de los elementos probatorios que integraron la compulsa del tribunal de mérito, sin que se verifique ningún vicio o defecto que importe la vulneración de los arts. 123 y 404 del CPPN.
VI.a. Que, a los fines de un amplio examen de la sentencia puesta en crisis, se impone considerar, en primer término, algunas cuestiones vinculadas al sustrato fáctico del proceso.
Según surge del requerimiento fiscal de elevación a juicio obrante en autos, se le atribuyó a Carlos Alberto Sosa haber empleado, entre el 18 de diciembre de 2015 y el 2 de 6 noviembre de 2016, “…trabajos y servicios pagados por el Estado Nacional a la administración del Servicio Penitenciario Federal, en provecho propio y de familiares directos, en ejercicio de su función como Director (de) la Unidad n° 28 del SPF”. Que “…durante su desempeño como Director de la mencionada Unidad, destinó en distintos días y horarios a agentes de la Sección Mantenimiento para que realizaran diversas tareas a su favor. Estas se dividieron, principalmente, en tres categorías: en primer lugar, se realizaron diferentes trabajos de manutención y/o reparación de elementos o estructuras edilicias en el interior del domicilio particular de Sosa, ubicado en la calle Almirante Brown 1460, Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Por otro lado, se llevaron a cabo tareas de construcción y colocación de distintos elementos y/o estructuras en el nombrado domicilio. Por último, se designó a distintos subordinados como choferes particulares del núcleo íntimo familiar de Sosa (esposa e hija). Tal como surge de los libros de registro de novedades presentados en la causa, el grueso de estas actividades tuvo lugar entre el 18 de diciembre de 2015 y el 2 de noviembre de 2016”.
En oportunidad de alegar durante el debate, el fiscal consideró que la conducta desplegada por Carlos Alberto Sosa se correspondía con la figura de peculado de servicios prevista en el art. 261, segundo párrafo, del Código Penal de la Nación, por la cual debía ser condenado a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua, con más accesorias legales y costas en calidad de autor.
VI.b. Para arribar a un juicio de incriminación penal es necesario, de acuerdo con las reglas de la sana crítica establecidas en el artículo 398, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación, demostrar la 7 responsabilidad del enjuiciado con suficientes pruebas contestes e indubitables, que ponderadas en conjunto conduzcan de manera inequívoca a esa conclusión.
El tribunal tuvo por acreditado “…que Carlos Alberto Sosa durante su desempeño como Director del Centro de Detención n° 28 del Servicio Penitenciario Federal, concretamente entre el 18 de diciembre de 2015 y el 2 de noviembre de 2016, destinó personal de la Sección de Mantenimiento para que en distintos días y horarios realizaran diversas tareas, tales como manutención, reparación, y/o colocación de elementos o estructuras edilicias en el interior de su domicilio particular ubicado en la calle Almirante Brown 1460, Monte Grande, provincia de Buenos Aires”. Asimismo, “también del mismo área fueron designados agentes y/o personal, como choferes particulares del Sr. Sosa para su propio traslado y el de su núcleo familiar más íntimo -su esposa e hija menor de edad-, desde el domicilio hasta el colegio de la niña –ingreso/salida- y alguna otra clase particular de la niña…”.
Sin perjuicio de ello, arribó a una decisión absolutoria luego de valorar las testimoniales prestadas en el juicio de debate, y los documentos e instrumentos, incorporados por lectura con expreso acuerdo de las partes, que en conjunto condujeron a dicha conclusión.
En efecto, hizo mérito de las declaraciones prestadas durante el juicio por los agentes del Servicio Penitenciario Federal, Maximiliano Ricardo Pérez -Suboficial-, Rodrigo Horacio Lalín -Ayudante de 5°-; Lautaro Alberto Meli - Ayudante de 4°-, y Martín José Matosián -Subayudante-. El cuadro probatorio se completó con la incorporación por lectura y exhibición de la prueba documental e informativa, a la que en razón de brevedad habré de remitirme (cfr. punto I. b. de 8 la sentencia puesta en crisis); y la declaración indagatoria de Carlos Alberto Sosa de fs. 200/213.
VI.b.1. Liminarmente, respecto de los traslados cuestionados, el a quo señaló que casi todo el sustrato fáctico de ese tramo de la imputación no se encuentra controvertido. Sin embargo, con justeza, como primer escollo para responsabilizar a Sosa, advirtió “…la ausencia de una clara reglamentación que regule al interior del Servicio Penitenciario Federal el traslado y la seguridad de sus directores que permita establecer cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites, en especial y en lo que a este caso se refiere, si esa protección alcanzaba o no a su grupo familiar, y más aún, teniendo en cuenta el episodio de inseguridad vivido por la esposa del imputado”.
De seguido, estimó que “(s)in un marco normativo interno conforme el cual las comisiones de traslado en cuestión estén expresamente prohibidas, no es posible aseverar con el grado de certeza requerido en esta instancia que en las especiales circunstancias ocurridas a Sosa y su familia constituyan una utilización inapropiada de los servicios de traslado públicos en provecho propio y en consecuencia configuren un peculado de servicios”.
Hizo alusión a lo referido por la fiscalía en su alegato sobre lo edictado por el art. 164 del Reglamento disciplinario que considera como “falta gravísima” usar indebidamente o en provecho propio, la mano de obra o de otros bienes muebles, inmuebles o semovientes del Estado, o estando autorizados para usarlos darles otro destino que aquel que reglamentariamente corresponda. En punto a ello, el sentenciante esgrimió que “(d)e su lectura se advierte claramente que el uso ‘indebido’ debe estar establecido en alguna clase de norma interna que opere como ‘borde’ de la infracción. Sin ello, no es posible saber si la conducta de 9 Sosa importó una falta de la envergadura que el Fiscal le endilgó”.
En segundo lugar, tuvo por cierto que, tal como Sosa sostuviera en su indagatoria, en el mes de mayo de 2016, su esposa vivió un hecho de inseguridad a bordo de su auto producto del cual habría sufrido alteraciones en el plano psicológico que le impidieron volver a manejar, desarrollando además una especie de fobia o miedo profundo a salir a la calle. Ello, según el imputado, fue puesto inmediatamente en conocimiento de su superior jerárquico -Director General del Cuerpo Penitenciario-, momento a partir del cual, según refirió, “empezó a estar al cuidado de ellos”. El tribunal enfatizó, además, que Sosa expresó dudas que no le permitían descartar que ese hecho violento hubiera tenido alguna vinculación con su cargo funcional dentro del SPF.
De otra parte, en su descargo, el encausado recordó que solicitó colaboración para los traslados de su hija a partir de que su esposa estaba impedida de hacerlo por el motivo antes referido, y que halló una total predisposición de parte de Ríos, perteneciente a la División Secretaría y de Ayala, quien a la sazón ofició de chofer, así como Rodas y Pérez. Al respecto, el a quo puso de resalto que no se contó con la presencia durante el debate de varios de los testigos mencionados -ni Ayala ni Ríos ni su superior jerárquico-, quienes podrían haber aportado información adicional que sustentara o refutara su descargo. En el caso del testigo Rodas, destacó que tampoco se requirió la incorporación por lectura de su declaración en sede judicial.
Asimismo, valoró lo expuesto por el testigo Pérez, quien dijo haber oficiado como chofer con motivo de los hechos delictivos que había sufrido Sosa y su familia, de lo que había tomado conocimiento a través de Rodas y que, en razón de ello, esas tareas se realizaban con autorización. Esa versión, 10 a su vez, fue ratificada por los testigos Lalín, Meli y Matosián.
En esa línea, Pérez dijo que estaba “designado” como chofer de Sosa y que, en ese carácter, había trasladado a su esposa hasta el colegio de su hija en varias ocasiones (más de diez) y, en alguna de ellas, desde el colegio se habían dirigido hacia la casa de una maestra particular. Que todos esos movimientos siempre fueron a bordo de la unidad que estaba asignada al Director, aunque no pudo recordar si había sido notificado formalmente de tal designación, como sí había ocurrido en el caso de Matosián, otro chofer. Asimismo, aclaró que el subdirector Acuña era quien autorizaba los traslados hacia el domicilio de Sosa; que aquél les informaba las tareas que tenían que realizar en el día; y que todas las labores se registraban en forma detallada en el libro de novedades. Adujo también que “…cuando debían comprar insumos para el mantenimiento de la Unidad, eran retirados de una Ferretería ubicada en la localidad de Ezeiza que se llama ‘El Maestro’, es decir de camino hacia o desde la casa de Sosa. Algo similar ocurría respecto de la librería ‘Arcoíris’, siendo que, en todas estas oportunidades, cuando ‘iban en Comisión’, los movimientos se anotaban en los libros de registro”.
A su turno, los testigos Lalín y Meli, declararon en igual sentido, y confirmaron el testimonio de Pérez. De otra banda, el tribunal se refirió al testigo Matosián, de quien no tuvo una buena impresión por exhibir cierta hostilidad en la forma de dar sus respuestas. Aquél aseveró desconocer en sus casi nueve años de desempeño en el SPF los alcances e implicancias que se derivan del cargo de Director de esa fuerza en relación con la asignación de un móvil para uso personal, cuando su propio padre reviste ese mismo cargo (Director), circunstancia que no le pareció 11 relevante mencionar de “motu propio”, sino que reveló recién al final de su interrogatorio, a preguntas de la defensa. En relación con la designación formal del testigo Matosián como chofer, el tribunal de mérito tuvo en cuenta que no solamente Sosa dijo que ello se había formalizado mediante una circular interna sino que, además, el testigo Pérez recordó, a diferencia de aquél, que su compañero sí había sido notificado formalmente de la función que debía desempeñar. No obstante, Matosián fue elusivo en su recuerdo, sin dar ninguna respuesta clara en relación con esta relevante circunstancia. En líneas generales, el a quo afirmó que Matosián, “…por razones que desconocemos, se mostró mal predispuesto a brindar detalles acerca de lo que le era preguntado, omitió detalles o hechos que resultaban importantes, no sólo en relación con la imputación a Sosa, sino en relación con su propia credibilidad en tanto testigo. En suma, dejó una pobre impresión que no permite apoyar sobre sus dichos conclusiones asertivas de ninguna índole”.
La valoración integral de las testimoniales recabadas durante el debate no dejaron dudas al tribunal de juicio acerca de que “desde el área de mantenimiento del Centro de Detención Judicial de la Unidad 28 se encargaban por disposición superior, entre otras tareas, juntamente con las de efectuar reparaciones y (…) el mantenimiento de esa unidad, de los traslados del Director Sosa y de (su) núcleo íntimo, en particular en lo concerniente a su hija menor de edad, de muy corta edad, razón por la cual en esos viajes era acompañada lógicamente por su progenitora”.
De los múltiples testimonios que se ventilaron en la audiencia de debate, el a quo tuvo como veraz la explicación dada por Sosa acerca “de los cambios que debió realizar en su vida familiar por la cual los choferes comenzaron a llevar a la niña a sus actividades”. Ello, agregó “no fue desmentid(o) 12 por los testigos y además es conteste con la prueba documental, específicamente con los libros de actas en los que se dejaba asentado el registro de la totalidad de las actividades diarias que efectuaban los agentes del área de mantenimiento, entre las que se encontraban las comisiones gestionadas en favor del Sr. Sosa” (cfr. fs. 125/129). Adicionalmente, señaló el tribunal que “la cantidad de movimientos tampoco podría reputarse como desproporcionada, si se tiene en consideración no solo los recaudos que tomó para su familia sino también el alto cargo que desempeñaba y la multiplicidad de necesidades que implicaba el mantenimiento de una Unidad de la características de la U28”.
Descartó, de igual manera, los supuestos traslados al supermercado Coto de la esposa de Sosa en atención a que, como quedó explicado por éste, los choferes aguardaban a que la niña terminase su actividad en el estacionamiento de ese comercio dado que se encontraba a escasos metros del espacio educativo al que concurría, para luego retornar a su domicilio.
En otro orden de ideas, los magistrados del tribunal de mérito pusieron de resalto que “las labores de la sección mantenimiento contemplaban la conducción de los autos que le estaba asignados al área, no solo para los traslados de Sosa o eventualmente de los de su hija (acompañada por su progenitora) (…) sino también (…) para muchos y variados destinos con tareas diversas como las de ujiería de la Cámara Criminal y Correccional, gestoría de bancos, concurrencia al supermercado mayorista de la zona de Liniers…”. Expresaron, entonces, que los dichos del testigo Matosián, respecto de la supuesta incomodidad que le pudo haber ocasionado realizar tareas que no correspondían a su trabajo o que le resultara una extravagancia de Sosa por tener que oficiar de su chofer, pierden credibilidad a poco que se confronte esa solitaria 13 versión con las de las personas que trabajaban en el área de mantenimiento, quienes eran permanentemente llamadas para prestar funciones como conductores automovilísticos con variados destinos.
De igual forma, el a quo hizo mérito del “carácter público y notorio de estas comisiones, que contaban con el aval del jefe inmediato de quienes oficiaron de choferes - Acuña- quien no fue convocado al debate, ni se solicitó la incorporación de su declaración en sede judicial”, y cuyo testimonio en el sumario administrativo no fue especialmente valorado por el fiscal en su alegato. Concluyó, entonces, que esas comisiones no eran vistas ni por Sosa ni por quienes oficiaban de choferes (a excepción de Matosián) como maniobras ilegales.
Frente a ese panorama, las manifestaciones de Sosa en su indagatoria fueron tomadas como sinceras, y no fueron refutadas ni por las declaraciones de los testigos en el juicio ni por la prueba documental.
En definitiva, con atino los jueces consideraron que esos y otros movimientos hacia el domicilio del imputado se hacían en el auto asignado a aquél con motivo u ocasión del cargo que detentaba al momento de su ocurrencia y quedaban registrados. Que los agentes que oficiaban de chofer estaban al tanto de la razón por la cual debían cumplir con esa labor y estaban convencidos de que se encontraban autorizados por su superior inmediato, sin olvidar que no fue ventilada en este juicio ninguna normativa interna que prohíba la protección del grupo familiar por parte del SPF a partir de un suceso cuya vinculación con el cargo no se puede descartar.
En dicha senda, el tribunal concluyó en la falta de comprobación del delito imputado. Para ello, no usó “de forma encubierta” una causal de justificación, como se agravia el impugnante, sino que consideró, dadas las particularidades del 14 caso y con razonable justeza, que “…la decisión de Sosa de gestionar los movimientos referidos a la hija del modo en que lo hizo, no (podía) reputarse como manifiestamente irrazonable de un modo que permita sortear la falta de una normativa interna que establezca si esa conducta resultó ser un uso ‘indebido’ de los recursos del Estado”.
VI.b.2. En lo concerniente a los trabajos que fueron realizados por agentes del área de mantenimiento del Centro de Detención de la Unidad 28 del SPF en el domicilio de Sosa, el fiscal de juicio explicó en su alegato que “…esas labores habían sido realizadas en días y horarios de servicio, utilizando herramientas provistas por el Servicio Penitenciario Federal”. Específicamente, detalló la colocación de una reja en una ventana, la pintura de las paredes medianeras, la tapa de la bomba de la pileta, arreglos de plomería de una canilla -bacha de la cocina-, el arreglo de una cortina de enrollar y algunos otros de electricidad. A tal efecto, señaló la vindicta pública “que dichos hechos no fueron negados por Sosa, y que conforme se desprende de su indagatoria incorporada por lectura, en lo sustancial los había reconocido. Que, si bien con relación a los trabajos que se había hecho en su domicilio, pretendió señalar que los había contratado de manera particular y fuera del horario de servicio, lo que había sido corroborado por los testigos, lo cierto era que otros trabajos se habían hecho en el horario laboral y no habían sido pagados, sino que los había absorbido la administración pública. En cuanto a ello, mencionó que no se vislumbraba que pudiera haber obrado en un estado de necesidad justificante. Asimismo, alegó que tampoco encuadrarían como hechos insignificantes ya que se encontraba probado que habían sido realizados en horario de servicio, reconocido por Sosa y de manera recurrente, no esporádica, insumiendo las actividades de varias personas”.
15 Sobre el ápice, el tribunal hizo mérito de los testimonios ventilados en el juicio de debate. El testigo Pérez sostuvo que algunos compañeros habían realizado trabajos de modo particular en el domicilio de Sosa, en horarios de franco “no en cumplimiento del servicio” y que los mismos fueron remunerados. Recordó puntualmente un trabajo de albañilería que Rodas había realizado y aseguró haber hecho un arreglo de electricidad a causa de una emergencia suscitada por un cortocircuito; y haber acompañado a Chávez, plomero de la unidad, durante el horario de trabajo y por el cual no fue remunerado, a realizar un cambio de canilla, con la aclaración de que se trató de una urgencia dado que no había forma de cortar el suministro de agua. Ello, fue tomado como una ayuda o auxilio personal a Sosa frente a la emergencia.
En esa línea, el testigo Lalín reconoció en su declaración ante el tribunal que “en horario de franco había ido a lo de Sosa a realizar tareas ‘subcontratado’ por Mariano Rodas que era quien le pagaba”; y negó haber realizado el arreglo de una cortina en horario de servicio.
A su turno, depuso Meli quien también recordó haber realizado tareas de pintura y colocación de azulejos en horario de franco; que fue contratado y pagado por Rodas; que fue dos o tres veces, una de ellas con Figueredo para reparar una cortina de madera de las que se enrollan porque se había trabado; y no recordó haber realizado trabajos de electricidad.
Con relación a la declaración testimonial prestada por Cristián Emanuel Schultheis durante la instrucción e incorporada por lectura al debate (cfr. fs. 155), el dicente dijo no haber efectuado labores para Sosa en horario de servicio.
Así las cosas, el a quo señaló que los sucesos descriptos tampoco fueron materia de controversia entre las 16 partes, siendo el propio Sosa quien en su declaración indagatoria los admitió. En ese sentido, explicó que “por una cuestión de confianza y de seguridad, debido a su cargo funcional, cuando necesitaba realizar algún trabajo de reparación o mantenimiento en su domicilio apelaba, (…) (a) agentes del SPF que tuviera(n) oficio (plomeros, pintores, albañiles, carpinteros, herreros, etc) pues sólo confiaba en estas personas para que entren en su casa”.
Particular relevancia revistió para el sentenciante que Sosa no contratara a personas ajenas al SPF para realizar trabajos en su domicilio por razones de seguridad y confianza. En esa senda, tuvo por cierta la circunstancia de que el nombrado “no se dirigía directamente a sus subalternos sino que era a través de Rodas, a quien las partes decidieron no escuchar en este debate, que se encargaba de la ‘contratación’ y el pago posterior correspondiente, quedando estos hechos completamente excluidos del tipo penal”. Dicha cuestión fue corroborada por los testigos supra mencionados, quienes afirmaron que era Rodas quien los contrataba y les pagaba por los servicios prestados. A su vez, el propio Sosa en su descargo señaló que, con anterioridad a los hechos a estudio, acordó con Rodas, como condición para que realizara trabajos particulares en su domicilio, que no llevase como ayudante a ninguna persona ajena al organismo. El tribunal destacó un nuevo hecho de inseguridad que sufrieron Sosa y su familia en octubre de 2016 y que se trató de “un intento de robo tipo ‘entradera’ en el cual una persona que estaba trabajando en su casa resultó lesionada por uno de los (…) delincuentes mientras que el otro intentó ingresar sigilosamente, lo que fue repelido por el mismo Sosa desde el interior de su hogar”.
En esa línea, los sentenciantes tuvieron como atendibles los temores que tenía el nombrado, “quien nunca 17 dejó de albergar suspicacias en relación a los hechos delictivos de los que fue víctima, y la necesidad de contar con un círculo de confianza para el ingreso a su domicilio, circunstancia que fue reconocida por la totalidad de los testigos”.
A ello sumaron “la multiplicidad, variedad y antigua data de los trabajos pagos que fueron solicitados (…) en un marco de ‘contratación’ informal, (…) (que) conlleva que ante la indeterminación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar concretas no es posible trazar más que conjeturas, carentes del grado de certeza exigido en esta etapa procesal, con relación a la hipótesis acusatoria referida a que algunos hayan sido prestados en horario de servicio”.
En cuanto al registro de los movimientos, todos los testigos explicaron que en el libro de actas quedaban asentadas las labores diarias con apertura y cierre de turno, del que no surge la realización de trabajos particulares en favor de Sosa, “que pudieran arrojar luz en este marco de imprecisión”.
Por ello, el tribunal explicó que no resultaba posible inferir “que las comisiones efectuadas al domicilio del Sr. Sosa hayan tenido en todos y cada uno de los casos ese fin -trabajos en el domicilio-, puesto que además tal como quedó plasmado en el acápite correspondiente, Sosa en su calidad de Director muchas veces era trasladado hacia o desde la unidad 28”.
De acuerdo al marco probatorio expuesto, los magistrados tuvieron especialmente en cuenta los dichos de Pérez acerca de que concurrió en dos oportunidades al domicilio de Sosa en horario de servicio a realizar un trabajo de pequeña envergadura y siempre “…en un marco de urgencia (un cortocircuito y una pérdida de agua), es decir, que fueron efectuados en razón de la celeridad que requerían y en 18 atención a la confianza que Sosa tenía para permitir sólo a ciertos individuos el ingreso a su domicilio particular, a lo que se agrega que no puede soslayarse que aquellos trabajos fueron resueltos en el día, con carácter eventual, justamente a tenor de su entidad”.
Por otra parte, el impugnante se agravió de que se omitieran valorar las declaraciones testimoniales que obran en el sumario administrativo –incorporadas por lectura al debate– y que, según refirió, brindan mayores detalles respecto de los hechos imputados. Al respecto, cabe recordar que la judicatura no tuvo dudas de las declaraciones de los testigos realizadas durante el juicio de debate, las que hizo prevalecer respecto de las prestadas en el sumario administrativo, por cumplir con los principios de inmediación, contradicción y oralidad que rigen en la recepción de la prueba. Es por ello que, si existían discordancias entre ambas -como en el caso de Pérez-, justipreció que los testigos manifestaron un clima hostil y apremiante en sede administrativa cuando los llamaron a declarar, haciéndoles la advertencia de que lo hacían “como cómplices o como testigos”. En cuanto al resto que rindieron testimonio en sede administrativa, aclaró que, al evaluar su relevancia, las partes decidieron no convocarlos al juicio. VI.b.3. En punto a “la construcción y la colocación de la reja con barrotes de hierro con forma de jaula en la puerta de ingreso del domicilio de Sosa ubicado en la calle Almirante Brown 1470 de la localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires”, explicó el a quo que, según la acusación formulada, “para hacer esta estructura, personal del Servicio Penitenciario Federal habría acudido en horario de servicio a tomar las medidas, para luego construirla en los talleres de la Unidad 28, y finalmente instalarla en el domicilio consignado”.
19 Dicho ello, de la prueba recolectada quedó acreditado que esa estructura existe y que fue colocada en la casa de Sosa por personal del SPF. Ello “fue corroborado por el testigo Pérez quien recordó las características de la reja dado que realizó el trabajo personalmente junto con otros compañeros de trabajo. En este sentido relató que se trataba de una especie de ‘jaula’ para la cual, primero el testigo tomó las medidas del lugar donde se instalaría, después le pasó a Sosa el listado de materiales (que Sosa pagó de manera particular) y con estos insumos (…) la construyó en el taller de la Unidad. Una vez terminada, la instalación fue colocada en el día, lo que ocupó el horario de servicio y por ello no recibió ningún pago aparte. Dijo que esta circunstancia no le llamó la atención porque siempre había entendido que esos trabajos estaban autorizados por la superioridad, asegurando que el jefe directo -subdirector- estaba perfectamente al tanto y, además, justificados en razón de los hechos de inseguridad que había sufrido la familia de Sosa”.
Las circunstancias descriptas fueron cabalmente ratificadas por los testigos Lalín y Meli, quienes también participaron de la instalación de la estructura en el domicilio del imputado.
Hizo alusión el tribunal nuevamente a lo dicho por Sosa en su declaración indagatoria sobre el segundo hecho de inseguridad que sufrió y que “…lo puso de sobreaviso de las debilidades que advirtió en el ingreso a su casa, por lo que se habría contactado con un herrero de la zona que le vaticinó una demora de al menos un mes solo para la construcción. Por ello se comunicó directamente con Pérez, quien le confirmó que podía hacer ese trabajo. Fue a verlo, tomó las medidas y le dijo a Sosa lo que tenía que comprar. Debido a la urgencia con la que se presentó la situación y las demoras de los negocios de la zona, Pérez le habría ofrecido comprarlos en un lugar de 20 la Capital Federal llamado ‘Hevia’ donde además los hierros ya venían cortados con la medida requerida, por lo que, independientemente de dónde y quién haya realizado el encargo, no se encuentra controvertido que la materia prima fue comprada por Sosa, y abonada de su bolsillo”. Ello, encuentra sustento “en las facturas y presupuestos con tickets de pago adjuntos que se encuentran agregadas a la causa, concretamente de ese comercio de herrería, de fechas 6 y 8 de octubre de 2016 y no se contradicen con los testimonios (…) escuchado(s) en este juicio”.
Respecto al trabajo encargado, explicó que “…se trata de una medida de protección extrema que refleja el particular estado de ánimo de Sosa y su familia luego de los intentos de robo. Está en las antípodas de un trabajo de herrería de tipo artístico u ornamental, pues estamos hablando de una especie de jaula con púas filosas en su exterior, infrecuente aún entre las de su estilo que es dable ver en casas particulares. Es posible apreciar (…) un cierto nexo entre el cargo que detentaba el imputado, sus temores vinculados a la existencia de alguna conexión entre esos hechos y su trabajo, y el tipo de labor de herrería que se viene analizando, así como el modo en que se lo ejecutó”. Sin perjuicio de que del plexo probatorio surge que la estructura fue montada y amurada en horario de servicio, especificó que “…ello aconteció en un período muy corto, conforme lo declarado por los testigos al respecto, (lo) que resulta conteste con los asientos del libro de actas…”. En esa línea, puntualizó que si éstos “…se corresponden con el momento en que se construyó y se armó la estructura -y ello parece haber sido así-, entonces Sosa plasmó todo lo que sería el iter criminis de la supuesta maniobra delictiva en el libro de actas, lo que no parece lógico a menos que se considere como posibilidad que el nombrado obró creyendo que podía 21 hacerlo del modo en que lo hizo, como también parece surgir de la propia indagatoria donde sumó detalles”.
En punto al desacuerdo del auxiliar fiscal con el descargo de Sosa, el tribunal de juicio especificó que tampoco dio aquél una explicación alternativa de por qué un funcionario de carrera y de alto rango tomaría la decisión de autoincriminarse registrando su falta administrativa y la comisión de un delito en el libro de actas.
En ese sentido, afirmó “…que dadas las explicaciones del imputado y las características del suceso, esto es: de corta duración, sin que se haya afectado el servicio de mantenimiento de la Unidad 28 del SPF, con materiales comprados de su bolsillo, justificada en una situación de apremio cuya ocurrencia se tiene por cierta, de carácter excepcional y con l(a)s lagunas probatorias respecto de quien efectivamente impartió la orden del momento en que debía construirse, no permiten afirmar con el grado de certeza que requiere un pronunciamiento condenatorio que la materia fáctica que ha quedado probada alcance un grado tal que logre ingresar en el ámbito de prohibición del tipo”.
Como colofón del análisis de la prueba colectada, el a quo no encontró contradicciones insalvables con el descargo que formuló Sosa en la presente causa. Que muchas de sus aclaraciones encontraron apoyatura en las versiones de los testigos y en la prueba documental.
Puso de resalto que los hechos de inseguridad sufridos por Sosa “…tuvieron un correlato directo con las medidas de protección que adoptó respecto del modo de trasladarse (que hizo extensivo a su núcleo íntimo) y de la seguridad de su domicilio y que son las que en definitiva se le imputaron en esta causa”.
Destacó que “el imputado detentaba un cargo sensible, alto y de enorme responsabilidad en el SPF, y que en 22 razón de ello todo apunta a que el organismo efectivamente le había asignado un automóvil, lo que facilitaba tanto su movilidad cuanto reforzaba su propia seguridad”. Que todos los testigos -a excepción de Matosián- “actuaron en la creencia de que sus labores estaban autorizadas y que la seguridad de Sosa, de su familia y de su domicilio debió ser reforzada por los violentos hechos de inseguridad que había sufrido, y que no podían deslindarse automáticamente de su función”. Aunado a ello, sumó que el acusado aportó información relativa al personal superior a quien puso en conocimiento, así como sus respuestas y la protección que le habrían ofrecido y brindado. En este punto, aclaró que esas circunstancias no fueron puestas en duda ni refutadas con la prueba con la que se cuenta; más allá del reproche que, desde un punto de vista ético pueda formularse a Sosa, por el grado de informalidad con el que se manejaba con sus subalternos. Frente a este panorama, entendió que no puede afirmarse que las decisiones adoptadas en relación con el uso de ciertos recursos hayan sido irracionales. Por tal motivo, no lo reputó como indebido en los términos exigidos por el tipo penal que se le endilga.
VII. De los párrafos interpolados no surge una aplicación “indebida” del “principio de insignificancia” como alega el impugnante. Por el contrario, los jueces expusieron de manera fundada las razones por las que consideraron insuficientes los elementos reunidos para afirmar, en algunos supuestos, que las conductas imputadas a Sosa implicaran un uso irracional o indebido en provecho propio o de terceros de los recursos del Estado y, en otros, si realmente se prestaron tareas en horario de servicio en su domicilio. Si bien el recurrente alegó que los elementos incorporados al debate debieron haber llevado a una solución diferente, lo cierto es que la acusación sólo se ha asentado en presunciones -muchas 23 de las cuales fueron debidamente explicadas- y en indicios carentes de la fuerza necesaria para sustentar una declaración de culpabilidad.
En efecto, los movimientos de Sosa y su entorno familiar se hacían en un automóvil asignado al nombrado y quedaban registrados en libros de actas; quienes oficiaban de choferes se encontraban autorizados por su superior inmediato; y el fiscal no presentó alguna normativa interna que, dadas las particularidades del caso, prohíba ese accionar como para concluir, con la certeza que requiere un pronunciamiento condenatorio, en un uso indebido de los recursos del Estado. En lo que respecta a los trabajos realizados en la casa de Sosa, la prueba sustanciada en el debate permitió concluir que existía una práctica informal, pero consolidada por la cual el imputado, dados los episodios de inseguridad sufridos, subcontrataba personal para que realizara arreglos en su domicilio, que eran realizados en horario de franco y pagados de manera independiente; es decir, sin trascendencia típica.
De otra parte, la valoración de las testimoniales y lo consignado en los libros de actas, sumado a los dos atracos sufridos por la familia Sosa que lo obligaron a extremar recaudos relativos a las personas que entraban a su domicilio, dejan un margen de duda para sostener la acusación fiscal respecto de las pequeñas reparaciones puntuales y aisladas efectuadas en su domicilio como así también de aquellas emergencias de carácter excepcional ocurridas en horario laboral (cfr., en ese sentido, mi voto en causa nro. FCB 5465/2015/TO1/CFC1, Giraudo, Juan Carlos s/ recurso de casación, reg. nro. 587/22 de la Sala II, rta. el 31 de mayo de 2022).
En definitiva, conforme lo que se viene exponiendo, se desprende que el tribunal de mérito evaluó las pruebas de 24 conformidad con las reglas de la sana crítica, aplicó las reglas de la experiencia, del sentido común y la razón, dando argumentos suficientes para resolver del modo en que lo hizo.
Por ello, y bajo apego estricto al mandato del in dubio pro reo, lleva razón la sentencia en punto a la falta de acreditación suficiente de la responsabilidad del incuso en orden al delito que se le atribuye.
En efecto, dable es recordar que el tipo penal en ciernes no se satisface con el mero empleo de servicios pagados por el Estado, sino que “…lo que se pune es la desafectación del trabajo o servicio de su destino administrativo, desviándolo hacia un destino particular, es decir, extraño a la Administración” (cfr. Creus, Carlos, “Delitos contra la administración pública. Comentario de los artículos 237 a 281 del Código Penal”, Buenos Aires, Astrea, 1981, p. 342; también en Creus, Carlos - Buompadre, Jorge E., “Derecho penal. Parte especial”, 7º edición, tomo II, Buenos Aires, Astrea, 2016, p. 317).
Similar criterio se ensaya al afirmarse que: “trata aquí de supuestos en que se desafecta a los trabajos o servicios de los destinos a los que estaban determinados” (cfr. Donna, Edgardo, “Derecho penal. Parte especial”, tomo III, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2001, p. 283).
Es que en esta infracción “el autor hace algo más al emplear trabajos o servicios, desde que resta la prestación de ellos a los fines administrativamente previstos”; es así que “emplear viene a ser ‘desviar’, ‘separar’ los trabajos o servicios de su destino administrativo, para darles uno particular en provecho del funcionario o un tercero” (cfr. Carrera, Daniel P.-Sánchez Freytes, Alejandro, “Peculado de bienes y servicios públicos”, Buenos Aires, Astrea, 2005, p. 219 y p. 227).
25 En definitiva, frente al déficit probatorio exhibido en juicio y sin desvirtuarse mediante un adecuado tratamiento la versión rendida por el incuso, no es posible aseverar que las circunstancias fácticas reunidas, en el alcance de las exigencias típicas, permitan establecer responsabilidad del orden penal más allá de toda duda razonable.
Evoco una vez más la significación y alcance convictivo de la prueba indiciaria, que sólo adquiere suficiencia probatoria cuando por el número, gravedad y concordancia de plurales indicios, es posible, en armónico conjunto, realizar a su través, una inferencia con razonable certeza moral. Esta circunstancia, como quedó evidenciado, no concurre en el caso donde de la prueba recabada no fue posible inferir un juicio de responsabilidad penal con la certeza requerida para este tipo de pronunciamiento.
La observancia del principio de razón suficiente requiere la demostración de que un enunciado, sólo puede ser así y no de otro modo, y exige que la prueba en que se fundamente la decisión solo permita arribar a esa única conclusión y no a otras o, expresado de otro modo, que ella derive “necesariamente” de los elementos probatorios invocados en su sustento, pruebas que excluyan que las cosas hayan podido ser de otra manera, que es lo que en definitiva define al principio en examen (cfr. causa Nº 3.716, Iglesias, A. E. Y Manzotti, P.S., rec. cas. Sala II de esta Cámara).
La finalidad inherente al proceso penal es la búsqueda de la verdad material, a efectos de alcanzar una solución justa al conflicto. En esa línea, la certeza sólo puede percibirse subjetivamente en cuanto firme creencia de estar en su posesión, de modo de que el mentado estado de certeza sólo puede presentarse cuando se desechó toda noción opuesta capaz de perturbar la firmeza de esa creencia (cfr. Clariá Olmedo, Jorge A. “Tratado de Derecho Procesal Penal”; 26 Tomo I –Nociones fundamentales-; Ediar S.A. Editores; Buenos Aires; 1960; pág. 447).
En cuanto ello aquí concierne, para sustentar un pronunciamiento condenatorio el juez debe hacer primero el juicio de valor probatorio según su interpretación de los estándares aplicables en el caso concreto, y acceder luego al necesario estado de certeza moral acerca de la existencia del hecho y de la participación responsable del acusado. Sobre esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el estado de duda no puede reposar en una pura subjetividad sino que debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso (cfr. Fallos: 312:2507; 313:559; 314:83; 346 y 833; 315:495, entre muchos otros; como así también esta Sala, in re causa N° 2.455, Gómez, Carlos A. y Binciguerra, Antonio s/recurso de casación, reg. N° 3.148, rta. el 5 de noviembre de 1999 y causa N° 2.830, Blanco, Rubén s/ recurso de casación, reg. N° 3.630, rta. el 12 de julio de 2000).
Por vía del principio in dubio pro reo el juez está obligado a descartar la hipótesis acusatoria si es que no tiene certeza sobre los hechos materia de imputación. Dicho estado debe derivar racional y objetivamente de las constancias del proceso (cfr. Fallos: 307:1456, 312:2507, 321:2990 y 3423) y es, en consecuencia, una exigencia insoslayable que la sentencia de condena y, por ende, la aplicación de una pena, solo pueda estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado. Precisamente la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de desplazar la situación de inocencia, construida por la ley como una presunción que ampara al imputado, razón por la cual es a su través que se llega a la absolución (cfr. J. Maier, Derecho 27 procesal penal, T. II., Editores del Puerto, Buenos Aires, 1999, p. 495. 233).
En tales condiciones, cabe concluir que los agravios traídos a estudio exhiben un enfoque distinto de un mismo plexo probatorio, pero no logran demostrar la arbitrariedad invocada, por lo que propongo rechazar el recurso deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas (arts. 470 y 471, ambos a contrario sensu, 530 y 532 del CPPN).
Tal es mi voto El señor juez Daniel Antonio Petrone dijo:
Habiendo tomado conocimiento durante la deliberación del criterio concordante de los colegas, sólo habré de dejar a salvo mi opinión por cuanto considero que la decisión adoptada por el Tribunal de previa actuación resulta descalificable a la luz de la doctrina de arbitrariedad de sentencias en orden a la ausencia de un abordaje conjunto y armónico de la plataforma fáctica objeto de imputación y de las pruebas producidas en el juicio.
Así, la fragmentación del análisis de la totalidad de las secuencias que integraron la hipótesis acusatoria y, en consecuencia, la ausencia de una valoración conglobada e integral de los elementos de convicción del plexo probatorio comportan quiebres en las pautas de valoración del sistema de la sana crítica racional, lo cual resiente la motivación de la sentencia impugnada en relación con la reconstrucción de los hechos (arts. 123 y 404 inc. 2 del Código Procesal Penal de la Nación –CPPN-).
Por tal razón, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, anular la decisión recurrida y remitir las actuaciones al Tribunal de previa actuación a los fines que, por quien corresponda, se dicte sentencia bajo un 28 análisis conjunto de los hechos imputados, las alegaciones de las partes y las pruebas producidas, sin costas (arts. 471, 530, 532 y ccdtes. del CPPN).
Tal es mi voto.
El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:
Convocados a emitir nuestro voto en tercer orden, las soluciones contrarias propuestas por los distinguidos colegas que nos preceden en el orden de votación nos imponen, al efecto de conformar una mayoría con ajuste a los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Eraso” [cfr. C.S.J.N., “Eraso, Raúl Alfredo y otro s/ causa n° 8264", CSJ 141/2010 (46-E)/CS1, resuelta el 18/12/2012; doctrina reiterada por el Máximo Tribunal en los precedentes CCC 36643/2017/T01/3/1/RH1 “Brusti González, Jonathan Leandro s/ incidente de recurso extraordinario”, CCC 6508/2017/T01/1/1/RH1 “Navarro, Miguel Ángel y otro s/ incidente de recurso extraordinario”, CFP 2674/2013/T01/6/1/1/RH1 “Mansilla, Karina y otros s/ incidente de recurso extraordinario”, CCC 2231/2015/T02/3/1/RH1 “Verni, Juan Carlos s/ incidente de recurso extraordinario” y FMP 91029837/2002/T01/2/RH1 “Testa, Pedro Oscar y otros s/ evasión simple tributaria” -entre otras-], inclinarnos por alguna de ellas.
En ese marco, habiendo trascurrido la etapa del debate oral y público (ámbito que por los principios de oralidad, inmediación y contradicción resulta el escenario propicio para la controversia y el examen pleno de los hechos), oportunidad en la que el Ministerio Público Fiscal pudo desarrollar plenamente su teoría del caso con la producción de la prueba que estimó pertinente a tal efecto, la incertidumbre aún persistente sobre algunos extremos del cuadro fáctico-probatorio del caso impiden acoger 29 favorablemente la petición formulada por el Ministerio Público Fiscal en su recurso de casación.
Ello así, tanto más cuando dicha parte no ha traído argumentos suficientes ni novedosos en su presentación recursiva para rebatir el razonamiento seguido en forma unánime por el tribunal a quo en el fallo impugnado, que se apoya principalmente en la valoración de los distintos testimonios recibidos durante el debate oral. No podemos soslayar el límite que tiene esta Cámara Federal de Casación Penal para revisar aquellas cuestiones que surjan directa y únicamente de la inmediación y la impresión causada por los testigos a los jueces en la audiencia de debate (cfr. en lo pertinente y aplicable, nuestros votos en las causas FMZ 64/2016/TO1/CFC2, caratulada “Jofré Junco, Sergio Martín s/ recurso de casación”, Reg. n° 557/21, rta. 26/4/2024 y FCB 31836/2022/TO1/CFC1, “Ledesma, Rubén Carlos s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 1647, rta. el 27/12/23, de esta Sala I de la CFCP).
En definitiva, teniendo en consideración la falta de configuración del grado de certeza apodíctica que requiere una sentencia condenatoria como la que pretende la fiscalía, sumado a la manda prevista en el art. 3 del CPPN (principio in dubio pro reo -directamente ligado con la presunción constitucional de inocencia- según el cual ante la duda hay que estar a lo que más favorezca al imputado), y por compartir en lo sustancial los argumentos y las conclusiones exteriorizadas por el Dr. Mahiques, acompañaremos la solución que propone.
Por ello, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas (arts. 470 y 471 -a contrario sensu-, 530, y 532 del CPPN). 30
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal (art. 14 de la Ley 48).
Regístrese, notifíquese, comuníquese (CSJN, Acordada 10/2025), y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío. Firmado: Diego G. Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone, Carlos A. Mahiques. Ante mí: Walter Daniel Magnone.
31
Fin de la sentencia