Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2140/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por el Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1237038-2024.-
2No conceder los recursos extraordinarios federales interpuestos por el Dr. Eduardo Emilio Sosa en PE300615-2021 y por el Estado Provincial en PE302220-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2140/16-TSJ Interlocutorio N°: 481 Actor: SOSA EDUARDO EMILIO Demandada: ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ORDINARIO Fecha: 17-05-2024 Texto: TOMO X -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 481 FOLIO Nº 1823/1827 PROT. ELECT. TSS1 007 O.241
Río Gallegos, 17 de mayo de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “SOSA EDUARDO EMILIO c/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ ORDINARIO”, Expte. Nº S-18.417/00 (S-2140/16 TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver, en primer término, la excusación formulada por el Sr. Vocal Dr. Fernando Miguel Basanta (cfr. PE1237038-2024).-
El nombrado expresa que: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendido en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte del mismo cuerpo legal, toda vez que el suscripto ha emitido opinión en las actuaciones en el carácter de Agente Fiscal Subrogante ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia (cfr. PE343704-2021). En virtud de lo expuesto, solicito se haga lugar a mi petición y se me excuse de intervenir en la presente causa.-” (cfr. PE cit.).- Encuadrándose la situación planteada por el Dr. Fernando Miguel Basanta en la causal prevista por el artículo 17, inciso 7º, por remisión del artículo 30, primer párrafo, del CPCyC, corresponde hacer lugar a dicha excusación.-
II. Que, asimismo, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de los recursos extraordinarios federales que articularan el Dr. Eduardo Emilio Sosa, por derecho propio (cfr. PE300615-2021) y el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz Dr. Fernando Pablo Tanarro y el Dr. Juan Lucio R. de La Vega, ambos en representación del Estado Provincial (cfr. PE302220-2021), ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la sentencia dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE284069-2021.- El Dr. Sosa funda el recurso deducido manifestando que: “Mediante el presente recurso se pretende que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque la sentencia impugnada porque:...Avala pautas en la determinación del lucro cesante desconociendo que la ilegitimidad que lo motiva es producto de la violación del principio de inamovilidad e intangibilidad de las remuneraciones de las (sic) magistrados judiciales (arts. 110, 115 y 120 de la Constitución Nacional) y de la desobediencia a diversos fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó mi reposición en el cargo y que, como natural consecuencia conlleva el reconocimiento del pago de la totalidad de los salarios dejados de percibir.
Asimismo elude acceder a la verdad objetiva real para proceder a la reparación integral del lucro cesante en el período comprendido entre el 21 de noviembre de 1995 al 1 de mayo de 2008 (fecha en que comencé a usufructuar el beneficio jubilatorio), omitiendo considerar la desvalorización de nuestra moneda producto del proceso inflacionario...En concepto de daño moral convalida un valor que no contempla la totalidad de los padecimientos sufridos durante aproximadamente catorce (14) años a raíz de la persistente actividad ilegítima del Estado Provincial.” (cfr. PE300615-2021, ESC00047964.pdf, pág. 4).- Agrega que: “Al hacer lugar parcialmente al recurso de casación deducido por la demandada y disponer en este proceso la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central, viola el principio de reparación integral e incurre en flagrante contradicción con su propio fallo de fecha 21 de abril de 2005 dictado en la causa 'Sosa, Eduardo Emilio c/ Provincia de Santa Cruz s/ ejecución de sentencia' (Expte.
S- 413/02 TSJ), expediente éste último directamente relacionado con las cuestiones debatidas en esta causa. Cabe agregar que ese pronunciamiento (del 21 de abril de 2005), fue expresamente convalidado por el demandado, por lo que se ha violentado también la doctrina de los actos propios. Todo lo cual permite asegurar que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ahora se impugna ha demostrado un menosprecio por la verdad jurídica objetiva con directa afectación de la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la C.N.) y el derecho de propiedad (art. 17 C.N.), contrario a un adecuado servicio de justicia.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 5).- Finalmente, solicita que se revoquen los puntos 2), 3) y 4) del pronunciamiento impugnado (cfr.
PE y pdf cits., pág. 37).-
En PE302220-2021 presenta recurso extraordinario el Estado de la Provincia de Santa Cruz, considerando que: “En estos actuados existe cuestión federal suficiente de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de las sentencias arbitrarias, que habilita la intervención del citado Tribunal. La cuestión federal, en efecto, surge de la sentencia arbitraria (Fallos 270:22; 274:273; 287:457; 291:449; 295:125; 295:691; 308:1618), como ocurre en el presente caso, en el cual el TSJSC establece la reparación del lucro desoyendo la doctrina del Máximo del (sic) Tribunal de la Nación...que establece la improcedencia de este rubro en casos de responsabilidad estatal por actividad legítima y por no haber existido prestación efectiva de servicios.” (cfr.
PE cit., ESC00048391.pdf , pág. 3).- A ello, agrega: “Sentado entonces que estamos ante un caso de responsabilidad por actividad legítima del Estado Provincial (derivada del ejercicio, reiteramos, legítimo de las atribuciones que resultan del art. 123 CN al reglamentar su régimen institucional), de acuerdo a las disposiciones de la LRE y a la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema, no corresponde que se reconozca al actor suma alguna en concepto de lucro cesante. Esta es una nueva causal de arbitrariedad de la sentencia, que hace lugar a este rubro indemnizatorio. Por otra parte, las sucesivas sentencias dictadas en estas actuaciones insisten en sostener que 'la existencia del daño se presume por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad' (ver fs. 15 de la sentencia de Cámara).
Vemos que primero se confunde el tipo de responsabilidad que se achaca al Estado Provincial y luego directamente se 'presume' el daño de acuerdo a las reglas del derecho privado. Así la Cámara concluye que '...el perjuicio material reclamado bajo el ítem lucro cesante debe presumirse, como corolario de la cesantía ilegítima, derivado de la pérdida del empleo y su consiguiente detrimento patrimonial…'. A continuación, la sentencia menciona la vigencia del principio de reparación integral y la aplicación de los arts. 1.068, 1.069, 1.077, 1.079, 1.083, 1.109 y concordantes del extinto Código Civil -normativa inaplicable en autos por lo ya expuesto-. Y termina fijando el monto del lucro cesante en los siguientes términos: '...considero adecuado fijar una indemnización equivalente al veinticinco por ciento (25%) de los haberes brutos que el accionante dejó de percibir desde la cesantía en su cargo...hasta la fecha en la que se encontraba en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio...'.
Para así resolver, y para mayor agravio, no hace ninguna evaluación respecto de la cuantificación y directamente copia el monto que había fijado el TSJSC en una sentencia declarada nula por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Igual método voluntarista, cabe destacar, se aprecia en la cuantificación del daño moral, que siempre se realizó sin tener en cuenta las disposiciones de la LRE ni la doctrina del Máximo Tribunal de la Nación.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 13/15).- En PE210386-2021 se corre traslado a las partes intervinientes de los recursos deducidos, por el término y bajo apercibimiento de ley; contestando la parte actora en PE320251-2021 y la parte demandada en PE321770-2021.-
En PE343704-2021 el Sr. Agente Fiscal subrogante ante este Alto Cuerpo dictamina, respecto del recurso de la actora que: “...no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad...” (cfr. PE cit., pág. 2).-
A ello agrega que: “En el sublite, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el ensayo recursivo esbozado no alcanza a ser una crítica capaz de revertir la decisión atacada, y la enunciación de las normas constitucionales supuestamente vulneradas no logra demostrar configuración de ésta en el concreto caso de autos.” (cfr. PE cit., pág. 4).-
Respecto del recurso de la demandada, afirma: “Entiende esta Fiscalía que asiste razón a la demandada en cuanto a la doctrina imperante con anterioridad a la sanción de la ley de Responsabilidad del Estado N° 26.944, a la que adhirió la Provincia de Santa Cruz a través de la ley provincial N° 3396.” (cfr. PE cit., pág. 5).-
Por lo tanto, concluye que: “...En cuanto al recurso interpuesto por la demandada, debe hacerse lugar al mismo por encontrarse justificado el agravio federal.” (cfr. PE cit., pág. 6).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE231762-2021.-
III. Analizando las presentaciones de los recursos extraordinarios federales interpuestos en PE300615-2021 y PE302220-2021 y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nros. 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Alto Cuerpo verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formal y sustancial de los recursos articulados.- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que los presentes recursos se articularon ante este Tribunal Superior de Justicia dentro del plazo procesal y por quienes tienen capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 de del CPCyCN se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que los recurrentes dieron cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011. Si bien se han presentado en formato digital, en las propiedades del documento se advierte que las han deducido en tamaño A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde analizar los recursos a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007, teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por sus similares Nros. 31/11 y 3/12.-
Que, en dicha tarea se evidencia que ambos recursos extraordinarios interpuestos han cumplimentado los requisitos del artículo 1º. En efecto, las presentaciones no superan las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una (con excepción del Recurso de la demandada en su página 24) y han sido escritos con letra claramente legible (art. 1º del Reglamento).-
Por otra parte, se observa que ambos recursos cuentan con una carátula, en hoja aparte, conteniendo las exigencias establecidas en el artículo 2º.-
Analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la sentencia recurrida es definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia; y que proviene del Superior Tribunal de la causa.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, los escritos recursivos logran poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b).-
Continuando con el análisis del inciso en cuestión, se observa que los recurrentes realizaron un relato de todas las circunstancias relevantes del caso, sin embargo, ello no resulta suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso debido a que se omitió precisar la vinculación existente con la cuestión constitucional y convencional planteada.-
En efecto, la doctrina ha indicado que la exigencia supone: “...el relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal, con indicación del momento en el que se presentaron por primera vez dichas cuestiones, de cuándo y cómo el recurrente introdujo el planteo respectivo y, en su caso, de cómo lo mantuvo con posterioridad...”. Las recurrentes indican el momento en el que se presentó, según su entender, por primera vez la cuestión federal: en la apelación de la regulación de honorarios de primera instancia, pero se advierte que es la habitual fórmula vacía que solamente enuncia que se hace reserva del caso federal, omitiendo expresar en forma inequívoca y concretamente, cuál es la cuestión constitucional y convencional, y cómo se aplica al caso concreto (cfr. Gil Domínguez, Andrés, “Técnica jurídica del recurso extraordinario y del recurso de queja”, Acordada 2/2007, Acordada 4/2007, Estrategias Procesales, Ed. Ediar, 2011, pág. 107), haciendo el intento de cumplir con dicho recaudo en oportunidad de interponer el recurso de casación.- Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, los escritos recursivos no consiguen satisfacer las exigencias del inciso c) del artículo citado.-
Se advierte que los recurrentes no logran demostrar que el pronunciamiento impugnado les ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación (cfr. art. 3º, inc c); es decir, no acreditaron la titularidad de un derecho subjetivo; que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta; que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. autor y ob. cits, págs. 108/109) sino que se limitaron a realizar un análisis de lo que, consideran, debería haber resuelto este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 357, Folio 1347/1350). Es decir, que no logran demostrar cuál es el perjuicio constitucional concreto que el pronunciamiento impugnado les ocasiona, sino que sólo se limitan a mencionar derechos que emanan de la Carta Magna y que, dicen, han sido menoscabados (inc. c), sin explicar ni demostrar debidamente cómo es que se ha producido tal violación.- Un capítulo aparte debe dedicarse a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48. Para la admisibilidad de los recursos extraordinarios interpuestos se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (cfr. autos: “Reynoso, Edgardo R. c/ Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal y al caso de inequívoco carácter excepcional, como es la arbitrariedad (Fallos: 310:1014, 313:934 317:1321; 323:1247; 325:2319; 329:4279; 331:1906; 333:360; entre otros, y TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 351, Folio 1331/1335).- Así las cosas, la admisibilidad de los recursos extraordinarios requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina, la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema” Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- Resulta importante destacar que los recurrentes manifiestan su disconformidad con lo decidido por este Alto Cuerpo sin lograr rebatir el desarrollo argumental expuesto en la sentencia impugnada y mucho menos intentar vincularlo con la cuestión federal que se invoca.-
Tampoco se advierte en los escritos bajo estudio que: “...'...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas'.” (cfr. inc. e) del art. 3º de la Acordada Nº 4/2007). Esto se sigue de la inexistencia de cuestión federal (cfr. art. 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B.: “Recurso extraordinario federal”, 2º edición, La Ley, 2012, pág. 432).- Además, le corresponde a los recurrentes precisar con exactitud la cuestión o caso federal que se ha discutido en el juicio y demostrar la vinculación existente entre los fundamentos de la sentencia y la efectiva lesión de las garantías constitucionales vulneradas, a fin de que pueda ser válidamente fallado.
La relación directa, exige que los agravios expresados contengan un adecuado nexo o ensamble, entre la cuestión federal planteada, los términos de la resolución recurrida y las cláusulas de la Constitución Nacional afectadas. En caso contrario, si no se presenta o advierte la mencionada relación directa e inmediata, no habrá materia para el remedio federal (cfr. aut. y ob. cit., págs. 432/433). Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional y de diversos Tratados Internacionales, constituye una mera enunciación de principios y normas supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal ni mucho menos la relación directa con la materia debatida.
De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 367, Folio 1383/1391, entre otros).- En definitiva, en razón de la inexistencia de cuestión federal es que no se ha podido dar cumplimiento con el requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
IV. Asimismo, los recurrentes insisten en plantear sus recursos en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado en algunas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que intentan encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265).- En autos, las presentaciones denotan la ausencia de debida fundamentación, toda vez que los presentantes realizan un análisis y transcripción de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior de Justicia, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda.
Ello, por cuanto el verdadero agravio de los recurrentes es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.- En efecto, este Tribunal Superior de Justicia ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos 308:761 y 2421; 310:722; 311:499).
No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan, en definitiva, los argumentos de la sentencia, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad de los remedios intentados.-
Por ello, oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por el Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1237038-2024.-
2. No conceder los recursos extraordinarios federales interpuestos por el Dr. Eduardo Emilio Sosa en PE300615-2021 y por el Estado Provincial en PE302220-2021.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Vocal a/c de Presidencia-, Dr. Eduardo Gabriel López -Vocal Subrogante-, Dr. Diego Mario Lerena –Vocal Subrogante-; Dr. Nelson Sánchez –Vocal Subrogante- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1007O.241 Tomo: X Interlocutorio: 481 Folio N°: 1823/1827 Secretaría: 1
Fin de la sentencia