Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 243/254, por el defensor particular de GUSTAVO MARCELO SOSA.-
2Confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 224/227.-
3Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 253.- 4º)
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº:011 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 31 de Marzo de 2014.-
AUTOS: "SOSA, GUSTAVO MARCELO S/ AMENAZAS CALIFICADAS POR EL USO DE ARMA BLANCA -DOS HECHOS- LESIONES LEVES Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, TODOS CONCURSO REAL", Expte. Nº 4387/12 (S-802/13/TSJ).-
Río Gallegos, 31 de Marzo de 2014.-
Los presentes autos caratulados: "SOSA, GUSTAVO MARCELO S/ AMENAZAS CALIFICADAS POR EL USO DE ARMA BLANCA -DOS HECHOS- LESIONES LEVES Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, TODOS CONCURSO REAL", Expte. Nº 4387/12 (S-802/13/TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Que, llegan a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia los presentes autos, en razón del recurso de casación interpuestos a fs. 243/254 por el Defensor particular Dr. Víctor A. Robles, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 224/227 y Vta., que en su parte resolutiva dispone condenar a Gustavo Marcelo Sosa, a la pena de siete (7) años de prisión de cumplimiento en efectivo, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “Amenazas Calificadas por el uso de Arma, Lesiones Leves y Tentativa de Homicidio, todos en concurso real entre sí (Arts., 149 Bis, 89, 79, 42 y 55 C. Penal)” debiendo además, hacerse cargo de las costas del proceso (art. 29 inc. 3°), cometido en la localidad de Río Turbio, en perjuicio de Gisela Elena Flores, el 12 de enero de 2012.- Que, el recurso de casación en tratamiento fue concedido por el Tribunal de grado a fs. 256/257 y vta., no siendo mantenido por la Defensa.-
Que, conforme la certificación obrante a fs. 270, el Sr. Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia Dr. Claudio Roberto ESPINOSA, notificado a fs. 268 Vta., no produjo adhesión al recurso interpuesto; los Defensores del imputado Víctor H. ROBLES y Carlos V. MURIETE, notificados a fs. 269 y vta., no han mantenido el recurso, hallándose vencido el plazo procesal.-
II.-) La Defensa afirma que: “...Esta sentencia es arbitraria e inconstitucional pues atenta contra las Garantías Constitucionales del Debido Proceso y la Defensa en juicio; toda vez que condenó sin conformar un plexo probatorio en relación a la responsabilidad y a la conducta criminal imputable...”.-
En este sentido, aclara: “... Esta defensa rechaza la imputación y la pena impuesta a mi defendido por considerar que no se ha demostrado la responsabilidad penal requerida para la constitución de Homicidio en grado de tentativa, toda vez que no se encuentra acreditada de manera fehaciente el dolo homicida en autos, contra la humanidad de Flores... También se rechaza los fundamentos de la sentencia y sus conclusiones, en virtud de que los mismos ajustan su dirección específicamente en afianzar en extremo la acusación de una relación entre el accionar de Sosa y el bien jurídicamente protegido, como así también la clara ausencia del dolo homicida...”.- Agrega que: “...De los indicios y pruebas relevantes, principalmente las pericias médicas, no se deduce la existencia de dolo, inclusive realizando una libre interpretación de la prueba no se puede llegar a un pronunciamiento en tal sentido, salvo por vía de una sentencia arbitraria como se ha pronunciado en el presente caso...”.-
Continúa afirmando: “...La impugnación se basa en la inexistencia de una acusación con sustento suficiente para acreditar con grado de certeza requerida en esta instancia, el dolo homicida por parte del imputado contra la vida de la Sra. Flores, sucumbiendo en la inobservancia de la ley sustantiva, sentencia arbitraria por incongruente y errónea aplicación de la ley e interpretación de los hechos probados, y absurdo en la valoración de la prueba. Se han violado las normas Penales y Garantías Constitucionales plasmadas en nuestra Carta Magna...”.- En cuanto a la interrupción de la acción típica de SOSA por la intervención de ORTIZ, sostiene: “...No dilucida esta Defensa (en atención a que el imputado en una primera instancia se impuso ante Ortiz con suma eficacia denotando una actitud de dominio absoluto) que fue lo que cambió cuando en un segundo momento, Ortiz reaparece revistiendo una entidad tal, que la misma persona que había sido samarreada instantes previos y tuvo una actitud sumisa, se interpone con un accionar que no solo coarta la acción del imputado sino que además lo asusta a tal punto que lo compulsa a salir corriendo del lugar de los hechos...” “...Tal acción desplegada con tanta eficacia por el ciudadano Ortiz, nunca quedó claro en qué consistió específicamente...”.- Posteriormente, explica que de los certificados y pericias médicas no surge que las lesiones producidas a FLORES hayan puesto en riesgo su vida: “...Según las constancias en autos tanto en el Certificado médico de fs. 07, realizado sobre la Sra.
Flores que fuera expedido por el Dr. Blanco, como la Pericia Médica Forense de la acordada N° 674 del Superior Tribunal de Justicia, llevada adelante por la académica Dra. Contreras a fs. 85 surge con claridad que no pusieron en peligro la vida de la Sra. Flores...”.- Más adelante, en el mismo sentido, invoca como prueba de sus afirmaciones la exposición del Licenciado Fleitas, colacionando la parte que avalaría su postura: “...que las agresiones fueron realizadas en movimiento por el orden en donde se hallaban las manchas de sangre, pero en el momento de expedirse con respecto a las lesiones que tenía certificada Flores, dijo que las mismas habrían sido realizadas en un momento en que la víctima se encontraba quieta ...".- Por otra parte, reitera, a título de agravio, la parcialidad del procedimiento llevado adelante en la Instrucción, recordando que el 10 de febrero se fijan nueve audiencias para recibir testimoniales, desde las 07:30 y las 11:30 y se notifica a la Defensa a media mañana pasadas las 09:00 hs., produciéndose “violando el principio de contradicción de la Prueba...”.-
Observando que a la realización de la Acordada Nº 674, la defensa no fue debidamente notificada y sin el consentimiento del imputado.-
Agrega que: “... Todo lo que antecede no hace más que evidenciar la reiterada actitud parcializada con el claro objetivo incriminante en contra del imputado, corroborando que se ha conformado diversas pruebas de manera pre constituida, inducida e irregular que afecta el debido proceso...”.-
Expresa que: “... Prácticamente la totalidad de la prueba producida en autos, al atender la modalidad con la que se efectúo la misma, es una muestra de la parcialidad y subjetividad encaminada a la acusación y violación de la defensa en juicio, lo que torna su decisión nula por interesada y arbitraria, toda vez que convalida actuaciones de prevención claramente nulas e irregulares para mantener la precaria e insuficiente prueba de cargo que sostiene a la acusación...”.- Por último hace reserva del Caso Federal: “...Dejo Planteado el caso federal por sentencia arbitraria, violación de la defensa en juicio y la del debido proceso legal...Dejo reservado el derecho de interponer oportunamente los recursos que me acuerda la ley 48 a fin de presentar el caso federal ante la CSJN...”.-
III.-) El recurso en tratamiento es concedido por el Tribunal de grado a fs. 256/257 y vta., y según la certificación actuarial obrante a fs. 270, el Defensor particular recurrente no ha mantenido la vía impugnativa, no adhiriendo al recurso impetrado el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior.-
IV.-) Como se mencionara precedentemente, la defensa particular del imputado Gustavo Marcelo Sosa, no sostuvo la vía impugnativa, encontrándose vencido el plazo que acuerda el art. 434 del C.P.P., en función del art. 447 del mismo cuerpo legal.-
Analizado este primer aspecto, se torna insoslayable advertir que el emplazamiento origina la carga procesal -imperativo en el propio interés- de presentarse ante este Tribunal Superior, en tiempo oportuno, para mantener el recurso; la doctrina encuadra a la incomparecencia del recurrente ante la instancia superior -durante el período de emplazamiento- el efecto consistente en la deserción del recurso, siendo el fundamento o justificación de la carga procesal el propio interés de las partes; una vez que ha vencido el término de emplazamiento, sin que hubieren comparecido en el curso del mismo ni el impugnante ni el adherente, se debe declarar desierto el recurso al demostrar desinterés el recurrente en participar del procedimiento en esta instancia, presumiendo la ley que se trata de un supuesto de desistimiento tácito de la vía recursiva, correspondiendo devolver las actuaciones al tribunal de origen (arts. 436 y 447 del C.P.P.; en sentido análogo ver: Raúl Washington Abalos, “Código Procesal Penal de la Nación”, pág. 996/997; Francisco D'Albora, “Código Procesal Penal de la Nación”, pág. 824/825 y 859/860; Lino Enrique Palacio, “Los recursos en el proceso penal”, págs. 30 y 143; Di Masi - Obligado, “Código Procesal Penal de la Nación”, Libro IV, Cap.
III, pág. 468/469; Edgardo Donna–María Cristina Maiza, “Código Procesal Penal”, págs. 528/531 y 557; Julio B.J. Maier, “Los recursos en el procedimiento penal”, pág. 43, El recurso de casación penal: vicios formales, María Gabriela López Iñiguez).- Siendo los términos procesales perentorios e improrrogables (art. 156 del C.P.P.), por la desidia apuntada correspondería declarar desierto el recurso impetrado por la Defensa particular, en favor del imputado MILTON SEBASTIAN SAJAMA, por no concurrir a esta instancia para mantener en tiempo oportuno la vía impugnativa (Francisco D´Albora, “Código Procesal Penal de la Nación”, Abeledo Perrot, 1999, pág. 824 y 859).- V.-) No obstante lo expuesto, éste Tribunal Superior de Justicia, procederá a examinar, a los efectos de realizar un adecuado tratamiento de la admisibilidad formal de los motivos expuestos por el recurrente, para dar fundamento al medio de impugnación extraordinario articulado, a los efectos de resguardar la correcta aplicación de la doctrina sentada por la C.S.J.N en el caso “CASAL” (“Casal, Matías E.
Y otro”, 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), en torno a la garantía constitucional de la doble instancia penal, donde, empleando las palabras del maestro Lino Enrique Palacios: “...la Corte estipuló que el Tribunal de Casación debía revisar con amplitud en el marco de los recursos concedidos a personas condenadas, imponiéndole la obligación de agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, vale decir, que solo dejó fuera del ámbito de revisión lo que surja directa y únicamente de la inmediación propia de los jueces actuantes en la instancia anterior...” (Los Recursos en el Proceso Penal, ed. Abeledo Perrot, pág. 125).- De esta manera, con el criterio adoptado en numerosos precedentes por éste Tribunal Superior de Justicia, en la revisión de la sentencia condenatoria se realizará un examen amplio e integral del pronunciamiento impugnado, toda vez que resulta aplicable en nuestro derecho la teoría que en la doctrina alemana se conoce como del agotamiento de la capacidad de revisión o de la capacidad de rendimiento (Leistungsfähigkeit), y con ello se abandona definitivamente la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de derecho”.- Entonces, desde esta óptica, se asumirá la revisión de los motivos a través de los cuales el recurrente pretende fundar el medio de impugnación intentado.-
En igual sentido se ha sostenido "...El examen de la decisión recurrida debe ser integral, con el objeto de no incurrir en un remedio procesal meramente formal que infrinja la esencia del derecho a recurrir el fallo condenatorio..." (Conf. doctr. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del 02.07.2004).-
VI.-) Ahora bien, para atender adecuadamente los agravios, es necesario realizar una descripción sobre los hechos asumidos en el fallo que se encuentra bajo estudio de este Tribunal y que constituyen el objeto de reproche al imputado.-
Así las cosas, en función de los elementos probatorios se encontró debidamente acreditado que: "...en las primeras horas del día 12 de enero de 2013, en el domicilio sito en calle Germán Vidal, casa 557 de la localidad De Río Turbio, el imputado amenazó con un cuchillo "tramontina" a Carlos Ortiz que se encontraba circunstancialmente en esa vivienda habitada por Gisela Elena Flores y sus dos hijos, expresándole que le iba a cortar el cuello si lo volvía a ver en ese lugar y que lo cagaría a tiros, comenzando un forcejeo entre ambos durante el cual el agresor empuja a Ortiz y produce que éste se lesione en el sector de la cabeza provocando las lesiones de carácter leve certificadas a fs. 6...
Asimismo, después de ocurrido el episodio descripto y cuando Ortiz ya se había retirado del domicilio, Sosa comenzó a agredir con el mismo cuchillo a Flores quien trataba de protegerse con su propio cuerpo, sufriendo las lesiones que fueran acreditadas mediante certificado médico... Finalmente ha quedado evidenciado durante la etapa probatoria que de no ser por la intervención de Carlos Ortiz quien al escuchar los gritos de Gisela Flores decide volver rápidamente a la vivienda de ella y accionar físicamente contra Sosa, éste hubiera provocado la muerte de la mujer, la que según cuenta Ortiz, se encontraba muy lastimada y con mucha pérdida de sangre...".- En base a la plataforma fáctica descripta, la defensa esgrime sus agravios sosteniendo: a) Parcialidad en el procedimiento llevado adelante en la instrucción como ser recepción de declaraciones testimoniales, realización de la Acordada Nº 674 del STJSC y el examen previsto por el art. 71 del Código Procesal Penal; b) Arbitrariedad; c) No se ha logrado probar el aspecto objetivo y subjetivo de la tentativa de homicidio.- VII.-) Al respecto con relación a las nulidades alegadas por la defensa, es dable recordar que en virtud del principio de trascendencia, no hay nulidad sin perjuicio, siendo lo señalado un requisito esencial para que proceda la declaración de invalidez de un acto procesal; en otros términos se tiene que acreditar de manera indefectible la existencia de una limitación de un derecho del imputado, vinculado en forma inmediata al buen orden del proceso y en forma mediata, a las garantías que son su causa.- Lo expuesto precedentemente obedece a que rige en materia procesal, el principio de conservación de los actos procesales en virtud del cual no corresponde declarar la invalidez por la invalidez misma, esto es en aras al purismo de las formas, en mero beneficio de la ley, porque ello importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia, en tanto la invalidez debe ser observada en relación con su función que es la situación de indefensión en que deja a la parte que alega.
(Cfr. Jauchen, ob. cit. pág.85).- Como bien lo sostiene la doctrina, las formas procesales no constituyen un fin en si mismas, sino que se orientan al logro de una meta principal en el procedimiento; dice Arocena "...ellas establecen el modo en que debe realizarse la actividad procesal, con la finalidad inmediata o mediata de hacer efectivas las garantías que consagra la Constitución Nacional para proteger los intereses involucrados en el ejercicio de la función judicial del Estado en lo penal. Por consiguiente, deberá escudriñarse la garantía constitucional implicada en la consagración de determinada forma procesal para, de ese modo, dilucidar si la observancia de las pautas de actuación establecidas por la última debe necesariamente acarrear la privación de los efectos jurídicos del proceder defectuoso..." (Arocena, ob. cit.).- Además de ser absolutamente infundados los planteos de nulidad -al no describirse en concreto el perjuicio ocasionados a su pupilo-, los agravios en ésta instancia resultan ser extemporáneos, en virtud de los principios de preclusión procesal.-
En efecto conforme el art. 162 del C.P.P. establece que "...Las nulidades sólo podrán ser opuestas bajo pena de caducidad, en las siguientes oportunidades: 1.- Las producidas en la instrucción, durante esta o en el término de citación a juicio...".-
Sostiene, Mariano La Rosa (Código Procesal de La Nación, comentado y anotado, Miguel Ángel Almeyra -Director-, Ed. La Ley, pag. 754 -art. 170 del CPP-), "...este artículo está destinado a determinar la oportunidad en que deben ser opuestas las nulidades relativas, puesto que la entidad de la infracción condiciona su declaración a la petición de la parte interesada sin la cual no corresponde declararla, es decir que sólo puede obtenerse mediante instancia oportuna. Al mencionarse en forma expresa el momento en que pueden ser deducidas previenen la llamada subsanación, otorgando una oportunidad precisa para que el interesado pueda reclamarla, pasada la cual pierde ese derecho. Para ello la ley fija momentos hasta los cuales resultan oponibles a cuyo término caduca la facultad de instarlas y ya no pueden ser declaradas...".- Por lo demás corresponde tener presente, que las nulidades relativas alegadas por la defensa, ya fueron planteadas por ante el Juez de Recursos y resueltas a fs. 130/141; por lo tanto no solo precluyó la instancia, sino que lo resuelto por el ad quem ha adquirido firmeza toda vez que la defensa ha consentido lo allí resuelto.-
Conforme a lo expuesto, corresponde rechazar los planteos de nulidad.-
VIII.-) Con relación a la arbitrariedad alegada, corresponde inicialmente advertir, que los argumentos empleados por el recurrente delatan su discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por los Sres. Jueces que, concluyeron en la certeza del hecho objeto de este proceso, más no la prescindencia de prueba con aptitud para tener incidencia en el fallo.-
Conviene recordar que una sentencia arbitraria es aquella que "resuelve contra o con prescindencia de las pruebas fehacientes o regularmente presentadas en el juicio; o se funda en pruebas que no constan en el proceso"; también que "no hay sentencia arbitraria si los agravios del recurrente sólo manifiestan su discrepancia con los criterios de selección y valoración de las pruebas que han utilizado los jueces de la causa", pues "la tacha de arbitrariedad es excepcional y no procura sustituir a los jueces del proceso en asuntos que le son privativos, ni revisar el acierto con el que meritaron tal prueba" (Sagues, Néstor P, "Derecho Procesal Constitucional, Recurso Extraordinario", T 2, 4ta. Edición, Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 256).- No se advierte que la sentencia impugnada incurriera en valoración absurda de la prueba, pues el Tribunal de juicio vincula con criterio lógico los elementos de convicción colectados en la causa; podrá compartirse o no las conclusiones a las que se arriban, pero no por ello puede catalogarse como arbitrario al pronunciamiento.-
Lo cierto es que de la lectura de la sentencia impugnada es posible tomar un conocimiento de los hechos y fundamentos que motivaron al tribunal a seleccionar los elementos de la "acción típica" -tentativa de homicidio-", por lo tanto la tacha de arbitrariedad que al respecto interpone la defensa, carece de un adecuado sustento y, por ende, no puede tener acogida favorable.-
En síntesis, en la sentencia de fs. 224/227, se aprecia que los medios probatorios han sido analizados en forma conjunta, interpretados y valorados en correcta subsunción al hecho reprochado.-
La Excma. C.S.J.N. sobre la doctrina de la arbitrariedad -desde sus inicios- estableció la distinción entre aquella y el error, pues sostuvo que le competía intervenir sólo "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes..." (Fallos, 112:384, 2/XII/1909, "Rey, Celestino c/ Rocha, Alfredo y Eduardo").- Por tal motivo, la Excma. Corte Suprema de Justicia diferenció la arbitrariedad de las simples equivocaciones o errores en la interpretación judicial: no cualquier desacierto u omisión da lugar al recurso extraordinario por sentencia arbitraria.-
Es dable agregar que este Alto Cuerpo ha hecho suyo el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la arbitrariedad en interlocutorios tales como "Miranda, Epifanio Ulises s/ infracción art. 119 CP", Tº XIV, Rº 017, Fº 084/094; "Soto, Víctor Ramón s/ homicidio simple" Tº XIV, Rº 014, Fº 066/077; "Muñoz Juan Carlos s/ robo calificado por el uso de arma de fuego..." Tº XIV, Rº 004, Fº 014/019; "González, Bernardo Neris Oscar s/ privación ilegal de la libertad calificada en c/r..." Tº XIII, Rº 022, Fº 119/126; "Morales Omar Enrique s/ apremios ilegales", Tº XIII, Rº 27, Fº 152/156; "Zamora, José Eduardo s/ incendio seguido de muerte" Tº XIII, Rº 34, Fº 191/199; entre otros.- En resumen, no resulta viable impugnar la fundamentación del fallo como lo hace la defensa, sobre la base de un punto de vista diferente, puesto que no ha demostrado que en el pronunciamiento condenatorio, haya incurrido arbitrariamente en un apartamiento del derecho aplicable o en omisiones sustanciales en la valoración de la prueba; siendo la discrepancia en la interpretación de los hechos insuficiente para sustentar la tacha de arbitrariedad.- IX.-) El recurrente centra sus agravios, a los efectos de dar motivación válida al medio de impugnación extraordinario intentado, sosteniendo que no se encuentra acreditado el dolo requerido por la tentativa de homicidio, sólo estando probado el de lesiones graves. Además de reiterar lo expuesto en oportunidad de alegar en la audiencia oral, circunstancia que de por sí ya obsta a la admisibilidad formal, necesario es poner de relieve que el agravio es manifiestamente inviable.- Efectivamente, la figura de tentativa es estructurada en base a un elemento objetivo – comienzo de ejecución- y uno subjetivo – finalidad de cometer el delito-. La figura de tentativa es de peligro, esto es, la acción desplegada tiene que haber puesto en peligro de lesión al bien jurídico tutelado (en este caso “vida”) o bien tener aptitud en concreto para lesionarlo. Este es el aspecto objetivo, que en el Código penal se describe como “comienzo de ejecución”.- En el presente caso, el aspecto objetivo, en su materialidad, conforme al hecho que se ha tenido por acreditado en la sentencia impugnada, no ofrece reparos por el recurrente.-
En este sentido, para acreditar los hechos, se merituó lo manifestado en el debate por la damnificada Gisela Elena Flores quien luego de relatar en el incidente previo, entre su ex-esposo Sosa y Carlos Gustavo Ortiz en el interior de su domicilio, manifestó que cuando Carlos se retiró, Gustavo tomó un cuchillo y con la mano derecha comenzó a cortarla, el primer corte fue en el brazo izquierdo, luego en la carótida en el pecho y en la espalda.- En idéntico sentido se expidió Carlos Gustavo Ortiz quien expresa que luego de retirarse del domicilio de Flores toda vez que su ex-esposo lo había agredido y amenazado con un cuchillo, una vez en la parte externa escuchó unos gritos y regresó y observó que Sosa apuñalaba a Gisela en la cocina.-
Lo expuesto, también se ha probado con los certificados y pericias médicas correspondientes a la víctima y con las secuencias fotográficas obrantes a fs. 87/89 las cuales ilustran las zonas en que fueron provocadas las heridas.-
En resumen, el aspecto objetivo de los hechos, como así la autoría por parte de Gustavo Marcelo Sosa, ha sido suficientemente probada no siendo objetada por las partes.-
La queja del casacionista, está referida a la ausencia de acreditación plena en su defendido de la finalidad, al desplegar la acción que se le reprocha, de dar muerte a su víctima, estando solo probada la intención de lesionarla.-
Necesariamente, el límite entre una acción de lesionar gravemente o causar la muerte de la víctima se dirime en estos casos explorando la materialidad de la acción, aún cuando no debe ser confundido con el elemento objetivo de la figura de tentativa.-
Para analizar la finalidad de cometer el delito de lesiones graves o de muerte de la víctima, insoslayable es examinar los datos objetivos de hecho. Como en todos los casos de tentativa, el aspecto subjetivo sólo se satisface con el “dolo directo” de cometer el delito que se trate, no basta el dolo eventual que es incompatible con la expresión legal “con la finalidad de”, que impone la necesidad que la acción se encuentre dirigida por la intención y voluntad de lograr el resultado típico.- En el sub examine, en la sentencia se resuelve, en forma afirmativa, fundada y adecuadamente, la cuestión sobre la intención y voluntad del imputado de dar muerte a FLORES.-
En lo pertinente, en forma concisa, cabe colacionar, del voto del Juez Dr. Cabral, al cual adhieren los restantes integrantes del Tribunal Oral, donde se afirma. “Asimismo, entiendo que respecto a la agresión de Sosa en contra de Flores, no me caben dudas de la existencia en él del dolo homicida, basta para ello con observar las zonas del cuerpo lesionadas (torso superior) y la cercanía de las heridas a órganos, venas y/o arterias de gran importancia vital.” “Por otro lado es importante destacar lo expresado por el Lic. Fleitas quien manifiesta que del estudio de las secuencias fotográficas y de la inspección ocular se puede advertir que ha existido una reyerta o una oposición de la víctima frente a su agresor, pudiéndose evidenciar manchas de sangre de tipo dinámico que indica desplazamiento corporal en el lugar” “Asimismo y en esto coincide Fleitas con Contreras, se pueden ver en Flores heridas de defensa, sobre todo las producidas en la zona del antebrazo izquierdo, lo que demuestra la resistencia y la lucha para defenderse por parte de la víctima ante las reiteradas estocadas, las que no fueron profundas, tanto por la torpeza del agente evidenciada durante el ataque como por el permanente movimiento de la víctima”.-
Por ello, es válido, en este caso realizado en forma correcta, poner al descubierto la finalidad del autor, consultando los datos objetivos de la acción que la exteriorizan. El empleo de un arma – cuchillo- apto para causar daño mortal, la necesidad de la víctima de defenderse, la insistencia del imputado en doblegar a la víctima para aumentar y perfeccionar las lesiones que pretendía inferir, la continuidad del ataque en las mismas proporciones sólo interrumpidas por la intervención de un tercero, las zonas vitales hacia los cuales iban dirigidos los ataques nocentes con el cuchillo, entre otras, inequívocamente revelan que la intención y voluntad (dolo directo) de SOSA era causar la muerte de FLORES.- Se debe tener en cuenta asimismo, la constante del imputado, de agredir físicamente a su ex esposa, dentro de éste contexto cabe resaltar lo expresado por la víctima, en el sentido que Sosa tenía una restricción judicial para acercarse y que ella le permitía el ingreso para no coartar el contacto con sus hijos.-
En base a lo expuesto, en el caso de autos, se acredita un claro hecho de violencia de genero el cual no puede pasar inadvertido.-
En tal sentido, la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, establece en su Artículo 4:"...definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal..."; en tanto que en el artículo 2) al fijarse los objetivos la ley tiene por objeto promover y garantizar, entre otros derechos, "...b) el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, c) las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, e) la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres...".- Dentro del contexto de la ley 26.485, corresponde traer a colación una tesis doctoral suficientemente ilustrativa sobre el tema "...la violencia contra las mujeres son todos los actos basados en el género que tienen como resultado producirles un daño físico, psicológico o sexual, que van desde una amplia gama de padecimientos que vulneran el derecho a la vida, a la libertad, a la consecusión económica, social y cultural, a la autodeterminación, hasta la participación en condiciones de paridad con los hombres en todos los espacios públicos de la política de la que son ciudadanas.
Múltiples son los casos y causas para justificar según las tradiciones o las ideologías, violaciones a los derechos humanos de las mujeres, prácticas, acciones, omisiones, tentativas desde golpes que pueden terminar con la vida de las mujeres, o desfiguraciones del rostro y cuerpo con lesiones leves, graves a gravísimas..., descalificaciones y desacreditaciones sólo por el hecho biológico del sexo al que pertenecen. Cuando esto sucede, no puede construirse una sociedad en armonía, porque nunca podrá serlo si toma natural discriminar a la mitad de seres que componen su cuerpo social..." (COnf. Ana María Figueroa, tesis "Derechos Humanos y Género. Discriminación, igualdad y autodeterminación de las Mujeres en el sistema constitucional argentino", Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, 2005).- En este sentido, la violencia desplegada por Sosa, solamente es atribuible, a la inmunidad que sentía el agresor sobre su víctima, de ahí que no se conforma con haber expulsado y agredido a Ortiz; sino que a su entender correspondía un escarmiento a su ex pareja.-
De ahí que en forma secuencial, al estar sólo con la víctima, comienza a agredirla con el arma blanca, mediante estocadas punzantes en diversas partes del cuerpo; y de no ser por la defensa de la víctima y por la intervención oportuna de Ortiz, los hechos no llegaron a mayores consecuencias.-
Lo expuesto en último término ha sido acreditado, por el relato del forense Rossana Contreras, quien refiere que la lesión producida en el antebrazo es una clara herida de defensa.-
De idéntica manera, Fabiana Agustina Lotero, manifestó en el debate que asistió a la víctima en el hospital y le impactó la cantidad de lesiones que tenía la chica, también le impactó que estuviera viva porque corrió riesgo de vida por la ubicación peligrosa de las mismas.-
Es el medio empleado (cuchillo), zonas del cuerpo al cual fueron dirigidos los ataques, persistencia y continuidad voluntaria del mismo, los que denotan la clara intención de matar perseguida por SOSA, más si las heridas no produjeron el resultado deseado o próximo, no es óbice para cambiar la finalidad atribuida.-
Suficientemente ilustrativas resultan ser las secuencias fotográficas, entre ellas cabe destacar la de fs. 86, en donde la víctima presenta una lesión en el cuello muy cercana a la arteria.-
Irrelevante, como lo hace el recurrente, es asignar a SOSA un propósito distinto, de sólo lesionar a FLORES, por la sola circunstancia que, fruto de las dificultades que le presentó ésta con su resistencia o la intervención de ORTIZ, las heridas son cortes que no pusieron efectivamente en peligro la vida de FLORES.-
Precisamente, la intención de Sosa era continuar con la agresión y fue la oportuna intervención de Ortiz la que impidió el resultado mortal.-
En consecuencia, la sentencia válida y adecuadamente conduce a la certeza sobre el comienzo de ejecución y finalidad por parte de SOSA de dar muerte a la Sra. FLORES.-
Por otra parte, su propósito y el fracaso de la empresa típica, de SOSA, por la intervención de ORTIZ, sumado a la resistencia de FLORES, en modo alguno, todo lo contrario, exhiben el desistimiento voluntario de aquel de delito que comenzó y se propuso consumar.-
Debe rechazarse la especulación de la Defensa, al dudar de la efectividad de la segunda intervención de ORTIZ, cuando al ser amenazado en la primera oportunidad se retiró. Dicha especulación se traduce en una circunstancia irrelevante para resolver la cuestión esencial tratada.-
Por último, cabe señalar, aun cuando no fue pretensión del recurrente instalar la cuestión en esta Instancia Extraordinaria, que en la sentencia se rechaza correctamente la concurrencia de un estado de emoción violenta vivida por SOSA al desplegar la acción que se le reprocha, ya que recordando con Sebastián Soler que lo que excusa la pena es la emoción y a ésta la excusan las circunstancias del caso, en el particular, no se observa que la víctima haya conculcado algún derecho dando lugar a la reacción del condenado.- Corolario, teniendo en cuenta que, conforme el art. 434 del C.P.P., en función del art. 447 del mismo cuerpo legal del C.P.P, el recurrente no mantuvo el recurso interpuesto, no nutrió a éste de fundamento suficiente y la sentencia en crisis no adolece de arbitrariedad en su motivación, corresponde, por formalmente inadmisible, su rechazo.-
X.-) Por consiguiente, así analizado el fallo definitivo recurrido, la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha tratado y valorado todas las cuestiones relativas a la materia propia, pronunciándose razonablemente en cuanto al hecho y la prueba, contando con suficiente fundamentación la sentencia para dar adecuada respuesta en el proceso al vincular razonablemente los elementos de convicción existentes con la conducta del condenado, no existiendo ni desviación en el razonamiento o absurdo en la conclusión; por el contrario, se advierte que los medios probatorios han sido merituados y valorados en correcta subsunción al hecho reprochado, prueba colectada y derecho aplicado en la sentencia de fs. 224/227.-
Por ello, de conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448 del C.P.P., corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 243/254 por el Sr. Defensor Victor Robles, en favor de su asistido GUSTAVO MARCELO SOSA, confirmar en todas sus partes la sentencia dictada a fs. 224/227 por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial y tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal efectuada a fs. 253.- Que, por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 243/254, por el defensor particular de GUSTAVO MARCELO SOSA.-
2. CONFIRMAR la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 224/227.-
3. TENER PRESENTE para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 253.- 4º) Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en al solucion del caso y encontrandose en uso de licincia con carpeta médica la Dra. Clara Salazar (art. 27 Ley Nº Uno - T.O:Ley Nº 2404).-
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariani-Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2014I.141 TOMO:XVIII– INTERLOCUTORIOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:011 FOLIO Nº:052/060 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia