Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2.024/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida a fs. 31 por la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau.-
2Rechazar el recurso de queja interpuesta por la actora a fs. 18/22 y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 152/154 vta., de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 136/142 vta., de dichos autos; todo ello con costas al recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del ya citado artículo 18 de la Ley Nº 1687.-
3Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 14 vta. 4º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2.024/15-TSJ Interlocutorio N°: 3.166.-
Actor: SOSA LUIS ALBERTO Demandado: SUCESORES DE QUISPE ANGEL Y OTRA Objeto: ESCRITURACIÓN S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 11-3-16 Texto: TOMO XXVI – INTERLOCUTORIO – T.S.J..-
REGISTRO Nº 3166 FOLIO Nº 5200/5202 PROT. ELECT. TSS1 008 I.161
Río Gallegos, 11 de marzo de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “SOSA LUIS ALBERTO c/ SUCESORES DE QUISPE ANGEL Y OTRA s/ ESCRITURACIÓN s/ RECURSO DE QUEJA (Expte. Nº S-2024/15-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que, llegan en primer término los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver la excusación formulada, a fs. 31, por la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Angeles Mercau, quien expresa: “…Excúsome de intervenir en los presentes por razones de decoro y delicadeza en virtud de lo dispuesto por el art. 30 del CPC y C, en razón de haber integrado la suscripta el Tribunal que dictó la sentencia en la causa Nº 2372/05 por presunta comisión del delito de captación de incapaz como coautores en el que se encontraba imputado el Sr. Luis Alberto Sosa cuya copia obra a fs. 10/11 de los autos principales. (y de conf. art. 17º -inc. 7º- del C.P.C. y C.)” (cfr. fs. 31).- En razón del escrúpulo de la magistrada fundado en las circunstancias explicitadas, que demuestran que la inhibición responde a causales avaladas en serios fundamentos y en virtud de lo normado en el artículo 30 del CPC y C, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Que, seguidamente, debe efectuarse el tratamiento del recurso de queja articulado por la parte actora a fs. 18/22, contra la sentencia interlocutoria de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que en copia obra a fs. 15/16 vta., en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación agregado en copia a fs. 8/14 vta.. Este último se había interpuesto contra el fallo obrante en copia fs. 5/7 vta., que confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la caducidad de instancia opuesta por la demandada.- El Juez “a quo” decreta perimida la instancia sosteniendo que: “…desde el 20 de agosto de 2010 hasta el 9 de junio de 2011, ha transcurrido holgadamente el plazo establecido por el art. 288 inc. 2º del C.P.C. y C.. Que atento el tiempo transcurrido sin que se instara el avance del proceso, que supera ampliamente el plazo establecido por el art. 288 inc. 2°) del C.P.C. y C., corresponde declarar la caducidad de instancia de las presentes actuaciones” (cfr. 90 vta., de los autos principales) e impone las costas a la actora.- La Alzada confirma dicha resolución, postulando, sintéticamente que ha existido inactividad procesal de parte de la actora y por ello, al haber transcurrido en exceso los plazos sin que haya existido impulso procesal, considera que la caducidad fue bien declarada (conf. fs. 124/126 vta. de los autos cit.).-
Contra ésta última decisión, la actora interpone recurso de casación acusando violación de la ley (art. 3º inc. a) de la ley 1687), inaplicabilidad de la doctrina invocada y arbitrariedad (conf. fs. 136 de los autos cit.), manifestando que no se ha producido la caducidad denunciada. Que la demora no se debió a la inactividad de su parte, sino, que la causa estaba suspendida de hecho a la espera que se dicte sentencia definitiva en otro juicio -donde la demandada accionó por nulidad de boleto de compraventa- cuya sentencia se encuentra apelada (conf. fs. 136 vta., de los autos cit.). Relata: “La demandada (Quispe) por acción sumaria, (tiempo antes de la presente acción), y que se tramita por ante éste mismo Juzgado y Secretaría, inició acción de nulidad de dicho boleto, en la que recayó sentencia en principio anulando dicho boleto.
La sentencia se encuentra a la fecha apelada, sin resolución de segunda Instancia. En función de tales hechos, se inició demanda de escrituración en el año 2009, a los efectos de interrumpir cualquier plazo de prescripción, y obtener una medida precautoria de protección al derecho de la parte que represento…Es decir que tal demanda tuvo esa finalidad, quedando suspendida la instancia hasta que haya sentencia firme respecto al boleto objetado y base de la acción de escrituración […] Por lo tanto estamos en presencia de una suspensión de la Instancia, de hecho, porque el proceso esta (sic) pendiente de otro juicio, que determina la validez del Boleto de Compraventa, base de la acción de escrituración” (cfr. fs. 136 vta. de los autos cit).
Considera que, ante la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias, era deber del magistrado suspender este juicio -de oficio- hasta que se decida el de nulidad del boleto de compraventa (conf. fs. 138 vta de los autos cit). Sostiene que “Hay normas como las indicadas que debieron aplicarse de oficio como lo señala el art. 189 del Cód. de Proc. Civ. y Com…A estos argumentos, agravios, V.E. sólo se refiere a los supuestos de suspensión reglados por el art. 291 inc. 5°, que para nada se refieren a éste caso que es: de prejudicialidad, de obligación de acumular o suspender el juicio posterior relacionado entre las mismas partes y referido al mismo objeto, para no dictar sentencia contradictorias y es de orden publico (sic)” (cfr. fs. cit).
El otro planteo defensivo de la actora es que, a su entender, “…resulta condición sine quanon para la procedencia de la caducidad de la instancia, la existencia del traslado de la demanda…” (cfr. fs. 140 vta. de los autos cit). Sostiene que la parte demandada se presentó en autos de manera espontánea, acusando la caducidad de la instancia, sin que se haya corrido el referido traslado (conf. fs. 141 de los autos cit.). En síntesis, alega que la caducidad de instancia declarada en autos no resulta ajustada a derecho, debido a que la paralización del trámite de la causa de manera alguna puede ser imputada a su parte, sino que el Juzgado debió disponer acumulación de procesos de oficio lo que habría, a su parecer, provocado la suspensión de los plazos.- La Cámara de Apelaciones, declaró inadmisible el recurso interpuesto porque consideró que el mismo no lograba superar los valladares procesales previstos para la admisibilidad del recurso de casación y que la resolución dictada no revestía el carácter de sentencia definitiva, ya que no se había proyectado ningún tipo de consecuencia respecto al curso de prescripción de la acción incoada (conf. fs. 153 de los autos cit.).-
Ante esta solución, la parte actora interpone recurso de queja argumentando que “…no ha sido correcta la apreciación efectuada en la sentencia anterior, dado que en nuestro recurso se ha efectuado una crítica fundada contra la decisión que se ha cuestionado, con referencias concretas al caso y la denegatoria realizada lo ha sido sin tratar las argumentaciones esgrimidas contra la sentencia que se ha atacado. El rechazo efectuado por la Excma. Camara (sic) se ha basado en un análisis parcial de los elementos de fondo, cuando a dicho Tribunal solo le competía revisar los recaudos formales de admisibilidad del recurso de casación” (cfr. fs. 21).-
III. Corresponde, ahora, efectuar el pertinente análisis a los fines de determinar si la queja interpuesta por el accionante tiene virtualidad para provocar la apertura de la casación.-
Debe advertirse que el escrito que contiene la queja ha sido mal impreso, de modo que se pierde la correlatividad entre sus páginas 20 a 22 dificultando su lectura. No obstante, la circunstancia descripta, no motivará, per se, el rechazo; toda vez que lo contrario importaría un excesivo rigorismo formal, contrario a una recta administración de justicia.-
Del estudio de los fundamentos del recurso, se advierte que los planteos del accionante remiten a cuestiones procesales ajenas al ámbito casatorio. En efecto, la impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas y preceptos de neto contenido procesal y, por ende, extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial.-
Los más altos tribunales de provincia se han manifestado sobre la declaración de caducidad de instancia y su idoneidad para abrir la vía extraordinaria local. Así, se ha expresado que el recurso contra la sentencia que declaró perimida la instancia “…trae a consideración del Alto Cuerpo, cuestiones de hecho y de prueba que, como regla general, resultan ajenas al control casatorio. Es cuestión de hecho el cómputo de los plazos de la caducidad de Instancia, reservado al criterio exclusivo de los Jueces del Grado, salvo arbitrariedad que no concurre en la especie…La discusión respecto al alcance del art. 495 del CPC. pertenece al ámbito de aquellas materias propias de la interpretación de los Jueces, los que en este caso han entendido que la inercia del actor, estando pendiente prueba (que no era de informes no esenciales) conducía a la perención de la Instancia, de manera que el razonamiento opuesto del quejoso sólo revela una discrepancia de criterios que no resulta suficiente como fundamento del recurso extraordinario” (cfr.
STJ Misiones, “Da Cunha, Marisol Rosana s. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en: Da Cunha, Marisol R. y otro vs. Heras, Hugo T. y otro s. Daños y perjuicios”, 16/04/2013, Rubinzal Online, Cita: RC J 11475/13).- En igual sentido, este Alto Cuerpo ha pronunciado refiriéndose a la perención de la instancia que “…es una mera cuestión procesal reservada a la jurisdicción ordinaria…” (cfr. Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2.622, Folio 3.924/3.926). Por ende, escapan, en principio, a la casación cuestiones procesales como lo son el tema de la caducidad de la instancia, cómputo del plazo y a quien le corresponde el impulso de la causa, a menos, claro está, el supuesto de absurdo; el cual no se observa en el sub lite.- Así, el recurso carece del contenido necesario para abrir la vía intentada.
Reiteradamente ha señalado este Tribunal que “… ‘…no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que solo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación…’…. En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación” (cfr.
Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2767, Folio 4301/4305), circunstancias, éstas últimas, que, como ya se señalara, no acontecen en ésta causa. Ello así, pues el fallo recurrido desarrolla, con sólidos argumentos, los agravios expuestos por el recurrente (conf. fs. 5/7), los cuales son reiterados en esta instancia, sin considerar la respuesta jurisdiccional dada por la Excma. Cámara.- De esta manera, el hecho de plantear, por este medio impugnativo, cuestiones procesales extrañas al remedio previsto en la ley 1687, resulta determinante a los efectos del rechazo de la queja incoada.-
IV. Por último, tampoco puede prosperar la denuncia de arbitrariedad de sentencia, toda vez que, no se observa, en el recurso la demostración, de los presupuestos que la configuran.-
De su lado, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha expresado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “... ‘tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación’. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’…” (cfr. Hitters, Juan Carlos “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, ‘Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios’, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Idem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).- En igual sentido, se ha expedido este Tribunal: "... ‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...” (cfr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025); extremos, estos últimos, que no acontecen en autos.- Como corolario de lo expuesto en los considerandos que anteceden, vale decir que no puede prosperar la vía intentada, toda vez que no se observan en el pronunciamiento vicios que ameriten la apertura de la casación.-
En el esfuerzo que realiza el recurrente por focalizar el cuestionamiento en la ausencia de la apertura de la instancia ante el incumplimiento del traslado de la demanda, en la suspensión de los plazos procesales ante la posible acumulación con otros autos, se desentiende del contundente desarrollo argumental que el fallo de Cámara efectúa en cuanto a los pretensos argumentos, reiterando el quejoso las mismas consideraciones expuestas en la instancia de grado.-
V. Por los argumentos expuestos, y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Nº 1.687, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la actora a fs. 18/22 de los presentes y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 152/154 vta., de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 136/142 vta., de dichos autos, todo ello con costas al recurrente de acuerdo a lo normado en la última parte del ya citado artículo 18 de la Ley Nº 1687.- En consecuencia, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida a fs. 31 por la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau.-
2. Rechazar el recurso de queja interpuesta por la actora a fs. 18/22 y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 152/154 vta., de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 136/142 vta., de dichos autos; todo ello con costas al recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del ya citado artículo 18 de la Ley Nº 1687.-
3. Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 14 vta. 4º) Regístrese y notifíquese. Agréguese copia de la presente resolución a los autos principales, separándose los mismos para su correspondiente devolución. Oportunamente, archívese la presente queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, Ley Nº Uno, t.o. Ley 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal A/C Presidencia, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos- Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1008I.161 Tomo: XXVI Interlocutorio: 3.166.-
Folio N°: 5.200/5.202.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia