Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder los recursos extraordinarios federales deducidos a fs. 1781/1797 vta. por el Sr. Defensor Particular Dr. Francisco Miguel Romero en representación de su pupila CLAUDIA YOANINA DEMETRIO; a fs. 1809/1821, por el Defensor General ante este Alto Cuerpo, Dr. Domingo Norberto Fernández, en representación del condenado MARCELO DEMETRIO quien hizo su presentación in pauperis; a fs. 1822/1831, por la Defensora General Subrogante ante este Alto Cuerpo Dra. Romina Vanessa Saúl, en representación del condenado DANIEL ALEJANDRO AVILÉS quien recurrió en forma pauperis; a fs. 1832/1845 vta. por la Defensora General Subrogante ante este Alto Cuerpo, Dra. María Candela García, en representación del condenado RUBEN DARIO GOMEZ (in pauperis); y a fs. 1846/1857 por el Defensor General subrogante ante este Alto Cuerpo, Dr. Santiago María Lozada en representación del condenado NÉSTOR GUSTAVO SOSA, con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:020 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 11 de Marzo de 2014.-
AUTOS: “SOSA NÉSTOR GUSTAVO Y OTROS S/PORTACIÓN ILEGÍTIMA DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL CON ROBO TRIPLEMENTE AGRAVADO POR SER CON ARMAS, POBLADO, EN BANDA Y CON ESCALAMIENTO EN CONCURSO REAL CON HOMICIDIO CALIFICADO POR ALEVOSÍA”, Expte. Nº 3109/10 (S-701/11/T.S.J.).-
Río Gallegos, 11 de marzo de 2014.-
Los presentes autos caratulados “SOSA NÉSTOR GUSTAVO Y OTROS S/PORTACIÓN ILEGÍTIMA DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL CON ROBO TRIPLEMENTE AGRAVADO POR SER CON ARMAS, POBLADO, EN BANDA Y CON ESCALAMIENTO EN CONCURSO REAL CON HOMICIDIO CALIFICADO POR ALEVOSÍA”, Expte. Nº 3109/10 (S-701/11/T.S.J.), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia para analizar la admisibilidad de los recursos extraordinarios federales interpuestos a fs. 1781/1797 vta., 1809/1821, 1822/1831, 1832/1845 vta. y 1846/1857 por el Sr. Defensor Particular Dr. Francisco Miguel Romero en representación de su pupila CLAUDIA YOANINA DEMETRIO; por el Defensor General ante este Alto Cuerpo, Dr. Domingo Norberto Fernández, en representación del condenado MARCELO DEMETRIO quien hizo su presentación in pauperis; por la Defensora General Subrogante ante este Alto Cuerpo Dra. Romina Vanessa Saul, en representación del condenado DANIEL ALEJANDRO AVILÉS quien recurrió en forma pauperis; por la Defensora General Subrogante ante este Alto Cuerpo, Dra. María Candela García, en representación del condenado RUBEN DARIO GOMEZ (in pauperis); y por el Defensor General subrogante ante este Alto Cuerpo, Dr. Santiago María Lozada en representación del condenado NÉSTOR GUSTAVO SOSA contra el pronunciamiento dictado por este Alto Cuerpo a fs. 1744/1763 que resuelve “...1º) RECHAZAR por improcedente el recurso de casación interpuesto a fs. 1662/1669 por el Sr. Defensor particular Francisco Miguel Romero, en representación de la condenada Claudia Yoanina Demetrio; a fs. 1670/1673 por la Sra. Defensora Oficial Subrogante Maria Carolina Costes, en representación del condenado Rubén Darío Gomez; a fs. 1674/1681 por el Sr. Defensor Oficial Subrogante Marcelo Fernández, en representación del condenado Marcelo Demetrio; a fs. 1682/1692 por la Sra. Defensora Oficial Subrogante Alejandra del Valle Quintana, en representación del condenado Daniel Alejandro Avilés; y a fs. 1709/1714 por el Sr. Defensor oficial de Cámara Marcelo R. Palenque, en representación del condenado Néstor Gustavo Sosa; 2º) CONFIRMAR la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1619/1649...”.- II.-) Plantea la defensa de CLAUDIA YOANINA DEMETRIO, -previo referir los antecedentes de la causa-, que inicia la crítica a la resolución denegatoria que pronunciara este Alto Cuerpo con fundamento en la "...sentencia arbitraria, irrazonable, discriminatoria y desproporcionada en el quantum de la sanción punitiva aplicada, motivo del reproche...".-
Afirma el recurrente al comenzar la exposición de agravios, que "... el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, al confirmar la primigenia sentencia condenatoria, infringe nuevamente los derechos constitucionales de mi ahijada procesal, particularmente en forma clara y evidente al discriminarla (en relación a sus consortes de causa) por su pertenencia a la comunidad zíngara y de esa manera centrar agravantes que han llevado al quantum de la sanción impuesta en una notable desproporción con el injusto cometido y la conducta reprochable...".-
Agregó que "..el órgano casatorio ha violado el art. 16 de la Constitución Nacional... al resultar lesionada la seguridad jurídica, con grave afectación a pautas constitucionales y supranacionales en perjuicio directo de la imputada, no abrigamos duda alguna que la cuestión federal que habilita el artículo 14 de la ley 48 al hablar de la casación federal surge palmaria...".-
Manifestó que "...esta nueva circunstancia confirmatoria propugnada por el T.S.J.S.C., -en desmedro de la autorizada doctrina de la Corte Federal- torna en arbitraria e irrazonable la sentencia dictada por cuanto en su aplicación práctica se transforma en inconstitucional arts. 1, 16, 18, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional)...".-
Agregó asimismo que "...esta sentencia condenatoria tiene su basamento en una construcción dogmática y subjetiva del sentenciante, por consiguiente la misma no es una derivación razonable del plexo normativo y por lo tanto arbitraria... se violan las reglas de la sana crítica y se infracciona el estado constitucional de inocencia de que goza la imputada, demoliéndose literalmente la regla medular de la 'in dubio pro reo'...".-
Se agravia finalmente por el monto de la pena, manifestando que "...se ha fijado una sanción por demás elevada, sin fundamento alguno, dejando de lado los principios de la lógica al evaluar atenuantes y agravantes... por eso la pena impuesta por el juez de mérito, viola la sistemática de los bienes jurídicos protegidos en el Código Penal, deviniendo en arbitraria...".-
Finalmente solicitó se hiciera lugar al recurso extraordinario federal y se resuelva en la forma solicitada (fs. 1797).-
III.-) Por su parte, el defensor general en representación del imputado MARCELO DEMETRIO, se agravia por "...violación a la defensa en juicio, al debido proceso (art. 18 C.N.) así como arbitrariedad...".-
Agregó que se agravia por la "...violación a la garantía de defensa en juicio, arts. 40 y 41 del C.P. Se sostiene desde ésta defensa que tal como se encuentra reflejada la mensuración del quantum punitivo en contra de mi pupilo, ha mediado en el caso, violación a la garantía de defensa en juicio así como del principio de legalidad toda vez que por un lado las circunstancias merituadas en la sentencia para proceder a imponer pena a mi defendido no fueron objeto ni consideradas ni en el marco objetivo de imputación...ni mucho menos en la acusación, y por otra parte se añaden circunstancias que de ningún modo el plexo normativo autoriza como agravantes... por lo que amén de haberse violado ostensiblemente el principio de congruencia, se ha restringido indebidamente, el derecho de defensa en juicio de mi defendido...".- Asimismo, manifestó que "...ha quedado seriamente afectada la debida proporcionalidad entre el delito y la medida de la condena y por ello la sentencia en el punto atacado carece de fundamentación suficiente, lo que origina y da sustento a la procedencia de este remedio extraordinario...".-
IV.-) La defensora General Subrogante, Dra. Romina Saúl, representando a DANIEL ALEJANDRO AVILÉS, manifestó que se agravia por la violación a la defensa en juicio, debido proceso (art. 18 C.N.) así como arbitrariedad de la sentencia, que se configura ante una deficiente valoración de la prueba.-
Asimismo, se agravia por el monto de la pena "...la cual se considera excesiva y arbitraria... tal como se encuentra reflejada la mensuración del quantum punitivo en contra de mi pupilo, ha mediado en el caso, violación a la garantía de defensa en juicio así como del principio de legalidad toda vez que por un lado las circunstancias merituadas en la sentencia para proceder a imponer pena a mi defendido no fueron objeto ni consideradas ni en el marco objetivo de imputación... amén de haberse violado ostensiblemente el principio de congruencia, se ha restringido indebidamente el derecho de defensa en juicio... ha quedado seriamente afectada la debida proporcionalidad entre el delito y la medida de la condena y por ello la sentencia en el punto atacado carece de fundamentación...".- V.-) La defensora General Subrogante, Dra. María Candela García, representando a RUBEN DARIO GOMEZ, manifestó que se agravia por la violación a la defensa en juicio, debido proceso (art. 18 C.N.) así como arbitrariedad de la sentencia, que se configura ante una deficiente valoración de la prueba.-
Agregó la defensora que se agravia por la "...violación a la garantía de defensa en juicio- arts. 40 y 41 del C.P.... del mismo modo que del principio de legalidad ya que, por un lado las circunstancias analizadas por el a quo en su sentencia para condenar a mi defendido no fueron objeto ni consideradas ni en el marco objetivo de imputación... ni tampoco en la acusación, violentándose también por ello el principio de congruencia, necesario para la validez de todo pronunciamiento judicial... ha quedado seriamente y profundamente afectada la debida proporcionalidad entre el delito y la medida de la condena...".- VI.-) El defensor General Subrogante, Dr. Santiago Maria Lozada, representando a NÉSTOR GUSTAVO SOSA, manifestó que se agravia por la violación a la defensa en juicio, debido proceso (art. 18 C.N.) así como arbitrariedad de la sentencia, que se configura ante una deficiente valoración de la prueba.-
Agregó el recurrente que se agravia por la "...violación a la garantía de defensa en juicio- arts. 40 y 41 del C.P.... así como del principio de legalidad toda vez que por un lado las circunstancias merituadas en la sentencia para proceder a imponer pena a mi defendido no fueron objeto ni consideradas ni en el marco objetivo de imputación... ni mucho menos en la acusación, y por otra parte se declara a Sosa como reincidente, tomado ello como una circunstancia agravante que perjudica notablemente a mi defendido al momento de merituarse la pena, por configurar una violación manifiesta a las garantías constitucionales...".- Aclaró que "...ha quedado seriamente afectada la debida proporcionalidad entre el delito y la medida de la condena y por ello la sentencia en el punto atacado carece de fundamentación suficiente...".-
Por otra parte, todos los escritos recursivos finalizan el libelo manifestando que la violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal (art. 18 C.N.) y del principio de legalidad, poseen íntima y directa relación con los agravios vertidos en definitiva con los hechos de la causa, lo que viabiliza sin más la procedencia de los recursos. Se requiere que en base a las argumentaciones jurídicas desarrolladas la Corte Suprema de Justicia de la Nación tache de arbitrariedad la sentencia dictada en los presentes autos, revocándola en cuanto fuere materia de los recursos interpuestos.- VII.-) A fs. 1858 se corrió traslado de los recursos extraordinarios interpuestos al Ministerio Pupilar, a la parte querellante y al Sr. Fiscal ante este Alto Cuerpo.-
Así, el representante del Ministerio Pupilar, Dr. Jorge W. Godoy, manifestó a fs. 1860 que "...corresponde destacar que habiéndose resuelto el recurso de casación oportunamente interpuesto por los imputados, a criterio del suscripto, de conformidad al interés superior de mi representada corresponde que me expida respecto de la procedencia de los recursos extraordinarios interpuestos, entendiendo que pese al esfuerzo demostrado por los señores Defensores de los imputados, en sus presentaciones no se encuentra demostrada la lesión al derecho federal, ni el cuestionamiento a la validez de una ley, ni que la decisión judicial haya sido en contra de alguna norma, como lo enuncian. La sola enunciación de los requisitos formales establecidos en el art. 14 de la Ley 48, no habilitan la procedencia del Recurso Extraordinario, por lo tanto, correspondería que el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia rechace los recursos extraordinarios interpuestos por los imputados. Todo salvo mejor criterio de V.E....".- El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo dictaminó que “...los recurrentes al describir las razones que justifican el remedio intentado, articulan una hipótesis que en abstracto podría ser encasillada como tipo doctrinario jurisprudencial de valoración absurda y arbitrariedad. En ese entendimiento, considero V.E. que los recursos interpuestos no superan el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica.
Ello en tanto los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras. En efecto la sola mención efectuada de los preceptos constitucionales pretendidamente desconocidos, no autoriza a concluir que la misma se haya concretado. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (Resol.
T.S.J. Tº VI Rº 307- Fº 1179/1186). La doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de 'fundamentación autónoma' a que se refiere el art. 15 de la ley 48 pues según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos 308:761 y 2421; 310:722; 311:499). De su lado, el art. 3, inciso d) de la acordada 4/2007, impone al recurrente la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas.
No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada, constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio y contemple los términos del fallo en recurso, del cual deben rebatirse, mediante una prolija crítica, todos y cada uno de los argumentos en que se apoya y dan lugar a agravios... La expresión de los fundamentos del Recurso Extraordinario debe ser completa, integral y abarcadora de todo lo ocurrido en la causa resultando necesario para su admisibilidad el desarrollo jurídico demostrativo de que la resolución cuestionada por el recurso sea contraria al derecho federal invocado y que cause gravamen.
El agravio que sustente el recurso debe ser propio, jurídicamente protegido, concreto, efectivo y actual, este recaudo no cumplido en el presente y exigido por el art. 15 de la ley 48 constituye lo que en doctrina se denomina fundamentación autónoma del recurso extraordinario, de tal modo que su fundamento resulte de los autos y tenga una relación directa e inmediata con las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, tratados o comisiones en disputa. Esta exigencia consiste en que el escrito mediante el cual se articula el remedio federal, demuestre la presencia de una cuestión Federal, cuya solución no ha logrado satisfacer las expectativas de los recurrentes... en el sub lite, las presentaciones denotan la ausencia de debida fundamentación, toda vez que los ensayos recursivos esbozados no alcanzan a ser una crítica capaz de revertir la decisión atacada, y la enunciación de las normas constitucionales supuestamente vulneradas no logran demostrar configuración de ésta en el concreto caso de autos... por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisibles los recursos impetrados...”.- VIII.-) En principio, corresponde realizar a este Tribunal Superior de Justicia, un análisis mínimo y provisional de los recursos extraordinarios deducidos a la luz de la acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada el 21/3/2007, tendiente a definir si la cuestión federal invocada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 323:3081).- En dicha tarea, se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del primero de los artículos del reglamento, no así de los restantes. En efecto, las presentaciones no superan las 40 páginas de 26 renglones y han sido escritas con letra claramente legible (art. 1), y cuentan con las carátulas en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2 y el anexo de las leyes requerido por artículo 8.-
No obstante ello, los escritos recursivos no logran poner de manifiesto la observancia de los requerimientos del artículo 3º, de dicha acordada, conforme se detallará a continuación.-
En efecto, los recurrentes se limitan a realizar un sucinto relato de los hechos de la causa, e invocan como "cuestión federal" la vulneración del derecho de defensa, art. 18 de la CN, fundado en la vulneración de normas procesales. En este sentido, es dable recordar que "la cuestión federal" tiene una definición propia. No sin ánimo docente, diremos que las cuestiones federales presentan dos grandes campos: a) las llamadas cuestiones constitucionales "simples" (vinculadas con la interpretación directa de normas o actos de naturaleza federal que ponen en crisis a disposiciones de la Constitución Nacional (art. 14, inc. 3º ley 48), y b) las cuestiones constitucionales "complejas" (referidas a los denominados "conflictos de constitucionalidad", es decir, al enfrentamiento entre normas o actos de carácter infraconstitucional con la Constitución Federal (art. 14, incs. 1º y 2º ley 48). Como fácil puede advertirse el planteo del recurrente no encuadra en esta regla.- A mayor abundamiento, este Alto Cuerpo advierte que la instancia federal impetrada por los Defensores devienen improcedentes, toda vez que los argumentos expuestos en representación de los condenados Claudia Yoanina Demetrio, Marcelo Demetrio, Daniel Alejandro Avilés, Rubén Darío Gómez y Néstor Gustavo Sosa, son una mera repetición –un poco más ordenada- de los desarrollados en la etapa casatoria, reeditando los mismos para intentar habilitar la instancia extraordinaria.-
Este defecto se encuentra agravado por la circunstancia de interponer el remedio federal sin efectuar una crítica concreta y razonada de los fundamentos que dan basamento a la decisión obrante a fs. 1744/1763, o bien desentendiéndose de los argumentos expuestos por este Tribunal Superior para rechazar los agravios que motivaron la instancia casatoria.-
Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en los recursos extraordinarios federales presentados están referidos netamente a la aplicación de derecho común, la transcripción de lo resuelto en la sentencia de la Excma. Cámara Criminal, lo resuelto en el decisorio de este Alto Cuerpo y a transcribir jurisprudencia, pues los impugnantes se agravian por el rechazo del recurso de casación deducido. Fácil resulta advertir que tales causales devienen improcedentes para un remedio federal –por tratarse de netas cuestiones de derecho común-, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisible las presentaciones en estudio.- IX.-) Sobre la inadmisibilidad del remedio federal cuando el recurrente no plantea una cuestión federal en forma razonada y clara, se han expedido numerosos Tribunales Superiores de Provincia: “...La cuestión federal debe introducirse en oportunidad de trabarse la litis y, excepcionalmente, en la primera oportunidad procesal posible, debiendo formularse de manera inequívoca y explícita, ya que el carácter genérico de la misma no es suficiente para habilitar el recurso extraordinario, como tampoco lo es la única expresión del apelante de que reserva el caso federal...” (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, “G.T., C. c/ L.B., R.”, 14/II/2000, LLC 2000, pág. 923); “...Es insuficiente a los efectos de la procedencia del recurso extraordinario federal la sola expresión del apelante ‘Reserva Caso Federal’, pues si bien no se requieren términos sacramentales es necesario que exista un correcto planteamiento mediante la invocación expresa y categórica del derecho federal del que pretende valerse, demostrando su conexión con la materia del pleito...” (Superior Tribunal de Justicia de Misiones, “C., L. c/ Cooperativa Agrícola Monte Carlo Ltda.”, 16/X/2001, LLLitoral 2001).- Incluso, el Máximo Tribunal de la Nación ha revalidado la exigencia del tópico: "...En principio, el requisito de la introducción oportuna de la cuestión federal a los fines del recurso extraordinario, sólo rige respecto de las cuestiones federales previstas en el art. 14 de la ley 48, que deben ser resueltas de modo previo por los jueces de la causa a fin de dar lugar a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, último intérprete de las mismas...(dictamen del procurador general que la Corte hace suyo)” (C.S.J.N., “González, Eduardo c/ Trenes de Buenos Aires S.A.”, 07/XII/2004, DJ 18/V/2005, pág. 176; Fallos 327:5528).- X.-) En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J.
Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 310:2114; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad de los recursos extraordinarios son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; b) Ese tipo de disposiciones no afecta el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Carta Magna, principio de supremacía constitucional (Lino Enrique Palacio, “El recurso extraordinario federal”, pág. 161, Abeledo Perrot, 1997). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como intérprete final del derecho común.- Reiterada también es la doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional en el sentido que las cuestiones de derecho común, aún regidas por leyes de naturaleza federal, son propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria (Fallos 281:67; 284:483; 289:355; T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Interlocutorio, Rº 23, Fº 36/40; Tº I, Otros Recursos, Rº 8, Fº 12/14; Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45, entre otros), pues “...La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria...” (Fallos 312: 2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.- XI.-) Por rechazar por improcedente la instancia casatoria los recurrentes acusan al Tribunal de haber violado las reglas del debido proceso legal, toda vez que este Tribunal Superior rechazó los recursos de casación deducidos.-
Tal agravio resulta infundado, pues abonando la doctrina fijada por la C.S.J.N. en los autos “Casal, Matías E. Y otro” (fallo del 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), este Alto Cuerpo hubo de cumplir con la finalidad y el espíritu del citado precedente, efectuando una revisión integral del hecho imputado y la prueba de cargo que condujo a la condena de la totalidad de los recurrentes,es decir, Claudia Yoanina Demetrio, Marcelo Demetrio, Daniel Alejandro Avilés, Rubén Darío Gómez y Néstor Gustavo Sosa.-
En el resolutorio de fs. 1744/1763, este Tribunal se avocó al “contralor de logicidad” del fallo de la Excma. Cámara Criminal, verificando la razonabilidad de la materialidad histórica imputada a Claudia Yoanina Demetrio, Marcelo Demetrio, Daniel Alejandro Avilés, Rubén Darío Gómez y Néstor Gustavo Sosa y que la interpretación y valoración de los elementos probatorios fuera realizada en forma adecuada y pormenorizada, agotando esta instancia casatoria su capacidad revisora, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional en la materia, orientando en tal sentido la interpretación de las normas procesales locales.- XII.-) En los considerandos de la resolución obrante a fs. 1744/1763, se señaló que la valoración de la prueba por el tribunal de juicio estaba vinculada con criterio lógico a los hechos imputados, asimismo se han evaluado uno a uno los agravios de cada uno de los ahora condenados, incluso aún los planteados por la defensa de Claudia Yoanina Demetrio, quien no había mantenido el recurso de casación incoado.
Sin perjuicio de ello, fueron analizados y contestados todos los agravios planteados por los recurrentes, concluyendo finalmente que la sentencia de la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial presentó fundamentos serios y atendibles, respondiendo en un todo a las cuestiones de hecho y de derecho presentes en el caso.- XIII.-) Respecto al quantum de las penas fijadas, es dable aclarar que no deviene arbitrario que la Excma. Cámara haya impuesto las condenas establecidas a fs. 1619/1649 vta., ello por cuanto hacen mérito de circunstancias atenuantes y agravantes, conforme ordenan los artículos 40 y 41 del Código Penal, resultando suficientes para determinar el quantum punitivo.
Además, este Tribunal Superior se ha expedido en numerosas oportunidades que la cuestión “...no es materia de tratamiento casatorio, salvo excepción de arbitrariedad...” (T.S.J. Santa Cruz, Tº III –Sentencia- Rº 69, Fº 442/446; Tº IV –Sentencia- Rº 07, Fº 081/090; entre otros).- En este orden de ideas, téngase en cuenta que este Alto Cuerpo manifestó al respecto (fs. 1761 vta.) "...con relación a la responsabilidad de Claudia Yoanina Demetrio, se valoró como agravante 'su conocimiento de todas las posibles circunstancias de realización del delito, y que la obtención de los datos sensibles y necesarios para la consumación del resultado típico fueron obtenidos violando un principio de confianza tácito, sostenido por las costumbres de la comunidad gitana, de no dañar a sus pares.
También su insistencia en el plan criminal, que acrecienta su culpabilidad que, como se sabe, es la medida de la pena'. Al analizar, la responsabilidad de Néstor Gustavo Sosa se merituó como agravante 'la extensión del daño causado al haber truncado la vida de un joven comerciante local, sin que mediara resistencia de la víctima y probablemente por el sólo placer de matar'. En cuanto a la responsabilidad de Daniel Alejandro Avilés, se valoró como agravante 'que la acción típica destinada a violar la libertad sexual de la menor Rita, se encontraba totalmente desconectada del fin típico que originariamente fueron a buscar con sus consortes procesales'. Finalmente, con relación a Marcelo Demetrio se valoró como agravante, las circunstancias como ser 'no tener documento de identidad...referir números diferentes en la instrucción y en el juicio...manifestar desconocer donde nació y donde vive'; todo lo cual dificultó su correcta individualización.
De idéntica manera, a los efectos de imponer la sanción, se tuvo en cuenta las penas solicitadas por el Sr. Agente Fiscal de Cámara como así también la peticionada por la parte querellante; las sanciones que en abstracto contempla el código de fondo para las figuras típicas seleccionadas; asimismo se valoró las circunstancias de los arts. 40 y 41 del C.P., entendiéndose como justas y adecuadas, la imposición de las siguientes penas. a) Daniel Alejandro Avilés: coautor del delito de robo triplemente calificado por ser en poblado y en banda, con escalamiento y por el uso de arma de fuego apta para el disparo -en concurso ideal-, en concurso real con abuso sexual simple como autor; determinándose la pena de 10 años y 6 meses de prisión.
b) Néstor Gustavo Sosa: como coautor del delito de robo triplemente calificado por ser en poblado y en banda, con escalamiento y por el uso de arma de fuego apta para el disparo -en concurso ideal-, en concurso real con homicidio simple como autor, determinándose la pena de 19 años de prisión.
c) Claudia Yoanina Demetrio: como participe necesaria de robo triplemente calificado por ser en poblado y en banda, con escalamiento y por el uso de arma de fuego apta para el disparo -en concurso ideal-, proponiendo la aplicación de la pena de 13 años de prisión.
d) Rubén Darío Gómez: coautor del delito de robo triplemente calificado por ser en poblado y en banda, con escalamiento y por el uso de arma de fuego apta para el disparo -en concurso ideal-, determinándose la pena de 10 años de prisión e) Marcelo Demetrio: como coautor del delito de robo triplemente calificado por ser en poblado y en banda, con escalamiento y por el uso de arma de fuego apta para el disparo -en concurso ideal- determinándose la pena de 13 años de prisión. También la Excma. Cámara, merituó en concreto las condenas anteriores que registraban Rubén Darío Gómez y Néstor Gustavo Sosa, correspondiendo en tal sentido declarar Reincidente a éste último; en tanto que Gómez si bien registraba un pronunciamiento condenatorio, como la condena se encuentra vencida y fuera de los plazos previstos por el art. 50 última parte del C.P. no corresponde declararlo reincidente; siendo la interpretación realizada por el ad-quem conforme a derecho. Por lo expuesto, se puede concluir que la graduación de las penas realizada por los integrantes de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial (y confirmadas por este Tribunal Superior de Justicia), no pueden ser catalogadas como arbitrarias, en tanto el fallo ha fijado los lineamientos para la determinación de la pena y los ha merituado al caso en concreto, ponderando agravantes y atenuantes de acuerdo con las constancias de la causa. Resumiendo, la fijación del quantum de la sanción, resulta una derivación razonable de las constancias de la causa, dando de esa forma estricto cumplimiento a lo previsto en los artículos 40 y 41 del Código Penal...".- De lo expuesto, se acredita de manera satisfactoria la fundamentación que realizara la Excma. Cámara en lo relativo al quantum de la pena y que fuera confirmada por este Alto Cuerpo; por lo que debe descartarse la arbitrariedad alegada en tal sentido.-
XIV.-) Por otra parte, los escritos de la defensa de los recurrentes impetrando el remedio federal padecen de inconsistencia material, pues si bien alegan que el decisorio vulnera las garantías de defensa en juicio y del debido proceso legal, no alcanzan a establecer ni discernir en qué medida se encontraron impedidas las partes de deducir defensas, producir la prueba ofrecida y alegar sobre ella, basamento fundamental del derecho de defensa; mientras que el debido proceso –formal o adjetivo y material o sustantivo- no aparece vulnerado ni conmovido por la interpretación que de las normas de derecho común realizan este Alto Cuerpo y el Tribunal Oral en sus respectivos fallos.- Que, Rafael Bielsa decía: “...la violación de la defensa en juicio se verifica cuando se le impide a la parte el ejercicio de los recursos legales, o cuando no se lo oye, es decir cuando no se observan los requisitos esenciales del proceso...” (autor citado, “La protección constitucional y el recurso extraordinario”, pág. 99, Depalma, 1958), no incurriendo este Alto Cuerpo ni la instancia de grado en tales desaciertos, pues en la sustanciación del proceso se ha velado por escuchar a todas las partes –en un pie de absoluta igualdad- y permitido el ejercicio de sus recursos legales.- En efecto, la mera invocación de una supuesta violación de las normas constitucionales que reconocen la garantía del derecho a la defensa en juicio y el cumplimiento del debido proceso legal, no habilita la instancia extraordinaria federal que el recurrente pretende habilitar.-
XV.-) El pronunciamiento dictado por este Alto Cuerpo a fs. 1744/1763 no deviene “arbitrario” por la circunstancia de no compartir los peticionantes los argumentos del Tribunal para confirmar el fallo condenatorio dictado por la Cámara Criminal, reiterándose que los recurrentes no demuestran causal fundada alguna para así descalificar el fallo.-
En tal sentido, si bien incumbe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación juzgar sobre la presencia del vicio de arbitrariedad que pudiera afectar a una sentencia, ello no exime a los órganos judiciales llamados a conocer en la concesión del recurso extraordinario, a expedirse si la apelación federal, circunstanciadamente valorada, cuenta respecto a cada uno de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar sustento, a la luz de la conocida doctrina de la Corte, a la invocación de un caso inequívoco de carácter excepcional, como es la arbitrariedad (Fallos 323:1248; este T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 7, Fº 15/17, Secr. Civil, y Tº I, Otros Recursos, Rº 10, Fº Nº 12/24, Secr. Penal, entre otros).- En la estructura del pronunciamiento atacado no se advierten fisuras en orden al absurdo o la arbitrariedad que plantean los recurrentes, ni se incurre en violaciones de normas constitucionales. Analizado lo actuado desde este cuadrante, la sentencia atacada no evidencia un error grave y ostensible en el concepto, juicio o raciocinio cuando debió interpretar o valorar la ley, conforme a las reglas de la sana crítica o -en su caso- evaluar la posible violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, resultando correcta la solución del caso por constituir derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas de la causa apreciadas objetivamente (Fallos 236:27) y en respeto de los principios de igualdad de las partes, bilateralidad del proceso y necesidad de estar precedida la sentencia de una acusación válida, ejercicio de defensa y producción de prueba.- XVI.-) A mayor abundamiento, compartiendo este Tribunal Superior de Justicia lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal, la discrepancia de los recurrentes con el criterio y valoración de las normas de naturaleza no federal, o la sola refutación de los argumentos del fallo sin demostrar la violación de las normas constitucionales, no habilita por si sólo la “excepcionalidad” del recurso extraordinario, aplicada al caso de arbitrariedad.-
Precisamente -por competer a una jurisdicción excepcional- el control de constitucionalidad no puede ser ejercido cuando el asunto –aún de extrema gravedad- no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Constitución Nacional, pues -de no ser así- la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales alterando el sistema federal de gobierno (Fallos 1:28; 5:59; 13:115; 15:174; 72:73; 91:228; 100:203; 210:543; 214:257; 219:109; 223:486; 234:163; 236:286; 241:351; 251:7; 257:37; 281:267 y 286:148 entre otros). Sobre tal pilar y conforme se expusiera, “...el recurso extraordinario presupone la decisión exclusiva sobre puntos de derecho federal...” (Fallos 196:184), ya que si así no fuera, la Corte Suprema actuaría como un Tribunal ordinario de última instancia (Fallos 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación de los recursos sub examine, pues carecen de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estima desconocido, siendo aplicable la opinión doctrinaria que reza: “...No basta hacer referencias genéricas; se requiere citas concretas, que fijen con precisión el derecho federal cuestionado y desconocido...” (Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tº I, pág. 803), no verificándose en autos que a los reclamantes se le hubiere cercenado derecho alguno garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional.- XVII.-) Luego de efectuar este Alto Cuerpo un detenido y severo análisis de los agravios contenidos en los escritos de interposición del remedio federal impetrados, surge de manera clara y manifiesta la falta de idoneidad para dar fundamento a la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, pues la mera invocación de aquella no basta para superar el óbice sustancial que supone la inexistencia de cuestión federal (art. 14 de la Ley 48), que justifique el impacto a la seguridad jurídica que lleva consigo la revisión por la Corte Suprema de fallos de tribunales ordinarios que se fundamentan en derecho común.- Además, surge evidente -en todos los libelos- la insuficiencia recursiva pues no logran perforar la barrera establecida en el art. 15 de la Ley Nº 48, que exige la fundamentación suficiente del recurso y la relación directa e inmediata a cuestiones de validez del orden jurídico federal, ámbito normal del recurso extraordinario que debe ser excepcional, mostrando una sentencia “arbitraria”, “insostenible”, “irregular” o carente de fundamentos suficientes para sustentarla o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que lo suscriben (Genaro Carrió y Alejandro Carrió, “El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria”, Abeledo Perrot, 1983, Tº I, pág. 25; T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45; entre varios).- Por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de planteos ajenos a los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde rechazar los recursos articulados, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional del mismo.-
Por todo ello, oídos que fueran el ministerio pupilar y el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER los recursos extraordinarios federales deducidos a fs. 1781/1797 vta. por el Sr. Defensor Particular Dr. Francisco Miguel Romero en representación de su pupila CLAUDIA YOANINA DEMETRIO; a fs. 1809/1821, por el Defensor General ante este Alto Cuerpo, Dr. Domingo Norberto Fernández, en representación del condenado MARCELO DEMETRIO quien hizo su presentación in pauperis; a fs. 1822/1831, por la Defensora General Subrogante ante este Alto Cuerpo Dra. Romina Vanessa Saúl, en representación del condenado DANIEL ALEJANDRO AVILÉS quien recurrió en forma pauperis; a fs. 1832/1845 vta. por la Defensora General Subrogante ante este Alto Cuerpo, Dra. María Candela García, en representación del condenado RUBEN DARIO GOMEZ (in pauperis); y a fs. 1846/1857 por el Defensor General subrogante ante este Alto Cuerpo, Dr. Santiago María Lozada en representación del condenado NÉSTOR GUSTAVO SOSA, con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso y encontrarse en uso de licencia la Dra. Clara Salazar (art. 27 de la Ley Nº Uno – T.O. Ley 2404).-
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariano-Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau- Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal. Ante mí:Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2003O.141 TOMO:III– OTROS RECURSOS - T.S.J.
REGISTRO Nº:020 FOLIO Nº:130/138 SECRETARIA:2
Fin de la sentencia