Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 180.663
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar los recursos de apelación de Camuzzi Gas Pampeana S.A., Red Serv S.A. y San Cristóbal S. M. S. G., con costas (art. 68 del CPCCBA);
II. Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora y modificar la sentencia de primera instancia en los siguientes conceptos: (i) se incrementa el rubro gastos médicos y de farmacia a $600.000 y de gastos de traslado a $100.000, (ii) se incrementa el daño moral a equivalente en pesos a la suma de tres mil dólares estadounidenses (U$S 3.000) con los fundamentos y parámetros de conversión fijados en el considerando «III.2.d.» de la presente; (iii) se modifica la modalidad de cálculo de los intereses moratorios de los rubros precedentemente indicados, de conformidad con las pautas establecidas en el considerando «III.2.e.».
III. Imponer las costas de segunda instancia a los demandados condenados y sus respectivas compañías de seguro citadas en garantía (art. 68 del CPCCBA), a excepción de las generadas por la intervención de Cuarzur Edificios S.A. (v. presentación del 05/07/2024), las que se imponen a la actora y a Red Serv S.A. (art. 68 del CPCCBA; ver más arriba, considerando «III.1.b.») IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).V)
Expte. Nº 180663 - Juzgado Civil y Comercial N°02 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “SOSA, ROSA NELLY C/ CUARZUR EDIFICIOS S.A. Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 18 de abril de 2024? 2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 12 de abril de 2024, el magistrado titular del Juzgado Civil y Comercial N°15 departamental, Dr. Héctor Fabián Casas, dictó sentencia definitiva en la cual hizo lugar a la demanda promovida por Rosa Nelly Sosa contra Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Red Serv S.R.L. y condenó a estos últimos a abonar solidariamente a la accionante la suma de $7.334.400 conjuntamente con las citadas en garantía San Cristóbal SMSG y La Meridional Compañía de Seguros S.A. en los límites y alcances del seguro contratado y conforme las pautas fijadas en los considerandos «IV» y «V». Asimismo, rechazó la demanda incoada contra Edificios Cuarzur S.A. Para así decidirlo, explicó que no fue controvertido que en calle Salta a la altura 3856 la firma Red Serv S.R.L. (en adelante, Red Serv) realizó un pozo por orden de Camuzzi Gas Pampeana SA. (en adelante, Camuzzi Gas Pampeana), en virtud de un contrato vigente que los vincula. El destino de la obra era abrir una zanja para posibilitar la reparación de un caño de gas. También juzgó demostrada la caída de la Sra. Sosa, reparando especialmente en la declaración del Sr. Martín y la Sra. Leoni, y el modo en que esta última reconoció las fotografías numeradas como 41 y 43 en la que se ve a Sosa dentro de un pozo en la vereda. También reparó el colega en otros medios probatorios que corroboraron el relato de la accionante (los reconocimientos de la codemandada Red Serv, el informe remitido por Cardio Emergencia).
Seguidamente, estimó aplicable lo normado en los arts. 1757 y 1758 del CCyC, que regula la responsabilidad derivada de la intervención de las cosas y de ciertas actividades.
Consideró responsables a Red Serv como ejecutora del pozo en el que se cayó la accionante, reparando en que la excavación fue realizada sin el debido cerramiento, señalización y vallado, lo que la transformó en una cosa riesgosa creando la posibilidad cierta y previsible de que un transeúnte caiga en ella. Aclaró, además, que la defensa de la culpa de la víctima “no resulta suficiente para exonerarlo de su responsabilidad máxime cuando no produjo prueba alguna que respalde sus dichos”.
El magistrado juzgó también responsable a Camuzzi, como dueña de la obra cuya ejecución encargó a Red Serv, todo ello en el marco de una actividad esencialmente riesgosa, como es la distribución de gas natural. Reiteró que no se probó la alegada culpa de la víctima invocada como eximente de responsabilidad y agregó que la contratación que media entre ambas codemandadas es ajena a la víctima reclamante y no puede condicionar o limitar su responsabilidad.
En lo tocante a la codemandada Cuarzur, aclaró que es responsable de la conservación de la vereda en su carácter de frentista. No obstante ello, consideró que existen circunstancias que justifican eximirla de responsabilidad en razón de que fue Camuzzi la que solicitó los servicios de Red Serv para la construcción del pozo y la reparación de la pérdida de un caño de gas, pero no hay elementos que den cuenta de que esos trabajos fueron solicitados por Cuarzur ni que la codemandada pueda interferir en la labor que esas empresas estaban realizando en el frente de la propiedad. Juzgó acreditado el hecho de un tercero por quien la codemandada no debe responder, por lo que la eximió totalmente de responsabilidad. En cuanto a los rubros indemnizatorios, hizo lugar a los siguientes parciales: (a) Daño a la salud y a la integridad física: $4.730.000 a valores actuales; (b) Gastos médicos, farmacéuticos y terapéuticos: $40.000 a valores históricos y gastos de traslado: $14.400; (c) Reposición de prendas: $50.000 a valores actuales; (d) Daño moral: $2.500.000 a valores actuales Finalmente, para los rubros calculados a valores históricos, aplicó una tasa de interés moratoria pasiva (la más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en depósitos a treinta días) desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago. Para los rubros calculados a valores actuales, aplicó una tasa del 6% anual desde el hecho hasta la fecha de la sentencia y de allí en más hasta el efectivo pago la tasa pasiva más alta en depósitos mensuales que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II. Los recursos II.1. El recurso de la parte actora La actora apeló la sentencia el 27 de abril de 2024 y fundó su recurso el 27 de junio de 2024, mereciendo las réplicas de Cuarzur (5/07/2024), San Cristóbal (07/07/2024) y Camuzzi (08/07/2024).
Los agravios de la Sra. Rosa Nelly Sosa pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) Cuestiona el rechazo de la demanda con relación a Cuarzur Edificios S.A. Considera que debe ser responsable dado su carácter de frentista, dueña de la obra (construcción de una torre nueva destinada a la comercialización posterior de unidades funcionales para viviendas). Esa responsabilidad, alega, no debe ser desvirtuada por la que pesa sobre las demás codemandadas.
Afirma que se probó que el pozo existente en la vereda fue realizado para conectar el servicio de gas al edificio nuevo que se encontraba en construcción. Destaca el carácter especializado de Cuarzur como empresa constructora y el modo en que lucra a través de la construcción y venta de departamentos, agregando que “si bien no ha ejecutado en forma directa el pozo que provocó la caída de la actora ya que lógicamente ese trataba de una obra de gas que como tal sólo puede ser ejecutada por la proveedora del servicio (Camuzzi y su subcontratada Red Serv) no menos cierto es que sí concurría sobre Cuarzur un factor de responsabilidad objetivo teniendo el deber de señalizar adecuadamente la obra que se estaba desarrollando en su vereda y que redundaba en su beneficio exclusivo”. Concluye que debe ser considerada responsable dado que ningún eximente puede liberarla.
ii) Objeta el modo en que fue cuantificada la incapacidad sobreviniente, destacando la diferencia entre el valor del resarcimiento fijado en la sentencia y la expresión actualizada del monto reclamado en la demanda. Apunta que la disminución en la capacidad de la víctima ha sido evidente y no puede ser menospreciada por el solo hecho de que se trata de una persona de avanzada edad y jubilada. Las pruebas —dice— son contundentes acerca de la existencia y extensión de la incapacidad sufrida y el monto arbitrariamente impuesto por el juez no repara en ello. Exige la ampliación de la indemnización.
iii) Considera equivocado estimar la indemnización por gastos médicos, farmacéuticos y terapéuticos a valores históricos dado que, aun aplicando la tasa de interés más alta, arroja un monto desactualizado que no repara el daño. Dice que la determinación debe realizarse a valores actuales ponderando las sumas reclamadas y su actualización por IPC.
Reniega también de que, con fundamento en el principio de congruencia, el juez no haya reparado en que el perito traumatólogo en sus explicaciones indicó un tratamiento específico cuyo costo no fue incorporado al resarcimiento. Destaca que en la demanda se reclamó el rubro por un monto estimado “o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse” por lo que —alega— existió un pedido concreto.
iv) Replica las mismas críticas que las enunciadas en los párrafos precedentes, pero en lo que respecta a los gastos de traslados, también cuantificados a valores históricos.
v) Critica la cuantía del daño moral, por considerarla insuficiente. Refiere que el juez no evaluó la pericia psicológica que define la extensión del daño y los padecimientos y angustias sufridas a causa del siniestro y la posterior incapacidad. Reclama la ampliación de la indemnización.
vi) En su último punto de disconformidad, solicita se aplique la doctrina emanada del fallo “Barrios” de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a los fines de determinar los rubros indemnizatorios “ya que solo de esta forma se proveerá una reparación integral de los daños sufridos evitando que la actora vea licuado su crédito por el paso del tiempo y la astronómica inflación que ha afectado a nuestro país durante los últimos años, declarándose en consecuencia la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928”.
II.2. El recurso de San Cristóbal SMSG La compañía de seguros San Cristóbal SMSG (en adelante, San Cristóbal) apeló el fallo el 22 de abril de 2024 y fundó su recurso el 26 de junio de 2024. La actora replicó el 8 de julio de 2024.
Las quejas de la citada en garantía son las que siguen:
i) Considera que la cuantificación de la incapacidad sobreviniente no es el resultado de un razonamiento fundado que permita explicar la procedencia del parcial. Entiende que es una decisión arbitraria y contradictoria. Advierte que el juez eligió una fórmula matemática de la cual terminó apartándose porque le daba resultado $0, concediendo una indemnización más allá de la previsión contenida en el art. 1746 del CCyC. Enfatiza que se terminó contemplando un capital cuyas rentas trascienden el término del plazo en que razonablemente pueda continuar realizando actividades productivas e invocando un parámetro consistente en “años de trabajo y experiencia en el Poder judicial y particularmente mi rol como juez”. Refiere que de ningún modo el juez explicó el razonamiento empleado para considerar que una incapacidad del 20,88% en una persona de 76 años de edad jubilada y sin ingresos pueda ser cuantificada en $4.730.000.
ii) Critica que se haya reconocido un resarcimiento de $40.000 en concepto de gastos médicos, farmacéuticos y terapéuticos cuando no se aportaron elementos de prueba. Considera que la procedencia del rubro es arbitraria e injustificada, teniendo en cuenta que la Sra. Sosa tiene obra social.
Idéntica crítica formula con relación a los gastos de traslado (agravio C) y prendas dañadas (agravio D).
iii) Objeta la procedencia y cuantía del daño moral, por considerar el monto exorbitante e injustificado. Critica que el juez no haya dado cumplimiento a lo normado en el art. 1741 del CCyC que requiere ponderar las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.
iv) Se agravia del modo en que fue resuelta la extensión de la cobertura. Dice que se equivoca el juez al equiparar la póliza contratada ante San Cristóbal con aquellas que regula el art. 68 de la Ley 24.449. El asegurador, alega, se obliga a cubrir el evento en la medida del seguro. Es decir, responde dentro de los términos de la póliza. Al no tratarse de un seguro obligatorio, el fundamento de la utilidad social del seguro resulta abstracto y desconectado con la finalidad que sostiene a la actualización.
Cita doctrina y jurisprudencia con la cual sostiene que la aseguradora debe responder de conformidad con el límite nominal volcado en la póliza.
II.3. El recurso de Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Camuzzi Gas Pampeana S.A: apeló la sentencia el 25 de abril de 2024 y fundó su recurso el 27 de junio de 2024, mereciendo la réplica de San Cristóbal (07/07/2024) y de la actora (10/07/2024).
Expone los siguientes agravios:
i) Entiende equivocada la decisión que estima responsable a Camuzzi por el hecho que motiva el proceso. Refiere que la actividad riesgosa a la que refiere el juez en su sentencia nada tiene que ver con el caso, dado que el accidente se produjo en un pozo hecho por Red Serv, que es un tercero por quien Camuzzi no debe responder.
ii) Se agravia de que el magistrado haya considerado inoponible a la Sra. Sosa el contrato celebrado entre Camuzzi y Red Serv donde este último asume en forma expresa y detallada su obligación de mantener indemne a la distribuidora, habiendo incluso contratado una póliza de seguros con San Cristóbal, firma que —aclara— se presentó sin cuestionar su citación ni ensayar exclusión alguna.
iii) Enuncia los requisitos para que se configure la responsabilidad civil y argumenta que, en el caso y respecto de Camuzzi, no se verifican. Dice que no hubo conductas violatorias del ordenamiento jurídico. Insiste en que no realizó el pozo donde la actora se cayó y que fue realizado por Red Serv. Alega que no es un hecho antijurídico contratar a una empresa para que haga una zanja que posibilite la reparación de un caño de gas.
iv) Invoca la culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad. Considera que un incidente de esta clase no puede atribuirse a falta de medidas de seguridad, sino al actuar negligente de la propia accionante.
II.4. El recurso de Red Serv S.R.L.
La firma codemandada Red Serv apeló el 25 de abril de 2024 y fundó su recurso el 26 de junio de 2024. Las respuestas de Cuarzur y de la actora fueron presentadas el 5 y el 8 de julio de 2024, respectivamente. Sus agravios son:
i) Cuestiona que, pese a reconocer que “cabe duda” de que la empresa haya sido la ejecutora del pozo, igualmente fue condenada, liberando a Cuarzur. Esta última es la que encargó a Camuzzi el servicio de gas, por lo que su responsabilidad como frentista es insoslayable.
ii) Entiende que medió absurdo en la valoración de la prueba. Repara en que el testigo Martín no vio la caída, sino que estaba concentrado en otra actividad y que vio a la señora y de pronto no la vio más. Destaca, además, que el testigo observó un montículo de tierra y un vallado caído, lo que evidencia —a su decir— que la obra estaba protegida.
iii) Objeta el rechazo de la eximente de responsabilidad fundado en la culpa de la víctima, quien por ser vecina del barrio “debió saber que estaban ejecutando una obra y no una simple refacción”, y ello “coloca en su cabeza el hecho de haber sido más prudente a la hora de transitar”.
Agrega que “sin adentrarse en el hecho de si el vallado (...) era o no lo suficientemente apto para tal fin, el enorme terraplén que había en la vereda pone en advertencia cualquiera que allí circule, que debe prestar atención porque algo fuera de lo normal se encuentra en ese lugar”.
Entiende que el accidente se produjo porque “no estaba prestando atención al caminar”. Dice que son enormes las posibilidades de que la actora haya derribado el vallado al momento de su caída. Refiere que el pozo tuvo una duración de un día, por lo que “no hubo tiempo de que se caiga por el viento, que lo haya tirado otro transeúnte”. Insiste en que fue la propia actora la que, con su andar desatento, lo tiró y cayó.
iv) Se agravia del monto fijado en concepto de incapacidad sobreviniente, en tanto cuadriplica el pedido original que la actora hizo en la demanda. Califica de arbitraria la suma reconocida en concepto de daño moral, citando jurisprudencia en apoyo a su objeción.
III. Tratamiento de los recursos Analizaré en primer lugar los agravios que se vinculan con la responsabilidad civil de cada una de las tres firmas codemandadas. Luego, me abocaré a los planteos vinculados a la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios. Sobre el final, daré tratamiento al pedido de actualización de la actora y las objeciones que una de las citadas en garantía postuló sobre el límite de la suma asegurada (art. 34.4. del CPCCBA).
III.1.a. La responsabilidad de Red Serv y Camuzzi Gas pampeana.
La culpa de la víctima.
i. Como bien apuntó el colega en su sentencia, los testimonios de la Sra. Leoni y su hijo Martín, las fotografías que la testigo Leoni reconoció haber tomado en los instantes posteriores al accidente, el informe remitido por Cardio Emergencia, y finalmente —y no por ello menos relevante— la confesión ficta de las codemandadas Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Red Serv S.R.L., conforman un material probatorio más que suficiente para establecer la plataforma fáctica del caso (arts. 384 y 415 del CPCCCBA; v. proveído del 08/09/2022).
Ha quedado debidamente acreditado que el 7 de noviembre de 2015 en horas del mediodía la Sra. Rosa Nelly Sosa estaba caminando por la mano par de calle Salta entre Matheu y Formosa de esta ciudad y cayó súbitamente en un pozo ubicado en la vereda de un inmueble propiedad de Cuarzur S.A., empresa que se encontraba en los inicios de una obra de construcción de un edificio. No es controvertido tampoco —y, de hecho, fue reconocido expresamente —que esa excavación estaba vinculada a una obra de gas y fue encomendada por Camuzzi Gas Pampeana S.A. a la firma Red Serv S.R.L.
El magistrado encuadró el caso bajo un factor de atribución objetivo por el riesgo creado. Juzgó responsable a Red Serv como ejecutora de un pozo indebidamente señalizado y a Camuzzi Gas Pampeana como dueña de la obra gestada en el marco de una actividad riesgosa. En ambos casos, desestimó las defensas sustentadas en la culpa de la víctima.
ii. Tanto Red Serv como Camuzzi cuestionan la responsabilidad que les fue endilgada y objetan también el rechazo de la eximente fundada en la culpa de la víctima. Sin embargo, las quejas de una y otra apelante no logran demostrar un error de hecho o de derecho en la decisión que les ha sido adversa.
Una excavación de no menos de un metro de profundidad indebidamente señalizada y ubicada en un sector de tránsito público de peatones constituye en sí misma una «cosa riesgosa» en los términos del art. 1757 del Código Civil que compromete la responsabilidad de su dueño y guardián (sobre excavaciones y pozos en la vía pública, v. Pizarro, D. - Vallespinos, C. "Instituciones de derecho privado. Obligaciones". Buenos Aires: Hammurabi, t. IV, p. 666; sobre cosas inertes riesgosas, y en particular veredas en mal estado con riesgo para peatones, véase CNCiv., Sala J “T., F. A. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” del 04/04/2012, publicado en TR LALEY AR/JUR/13930/2012; Sala G, "Sottile, Marianela v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", del 10/08/2010 publicado en TR LALEY 70065305, Sala K, "Sánchez, Viviana E. v. Entertainment Depot S.A y otros", del 14/06/2010, publicado en TR LALEY 70063684, Cám. Cont. Adm. de San Nicolás, en autos "Abalsamo, Alicia Graciela c. Municipalidad de Zárate s/daños y perjuicios", sent. del 20/09/2012, publicado en TR LALEY AR/JUR/51317/2012; un enfoque similar, aunque desde la óptica de la vereda como cosa viciosa, en Sagarna, Fernando Alfredo, Responsabilidad por daños causados por pozo en la acera, La Ley, LLC, 1999, 521).
Las características de la excavación, sumado al contexto espacial en el cual fue realizado (una acera pública de una calle del macrocentro de la ciudad) y las irregulares —o inexistentes— medidas de seguridad que le fueron asignadas, dan forma a un obstáculo impropio para una vía pública y sumamente riesgoso para los peatones. El peligro subyacente a esa obra era evidente y un accidente en ese lugar era tan previsible como evitable. Cabe recordar que el carácter riesgoso de la cosa comprende no solo a las cosas que «por su propia naturaleza son riesgosas o peligrosas; es decir, cuando conforme a su estado natural pueden causar un peligro a terceros», sino también se incluyen los daños «generados por el riesgo de la actividad desarrollada mediante la utilización o empleo de una cosa que, no siendo peligrosa o riesgosa por naturaleza, ve potenciada esa aptitud para generar daños por la propia conducta del responsable que multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de dañosidad» (Pizarro - Vallespinos, ob.cit., p. 561). Camuzzi Gas Pampeana reconoció tres cosas: (a) que fue quien ordenó la realización de la obra; (b) que la excavación tenía por objetivo acceder a las cañerías de gas para realizar reparaciones y (c) que para efectuar el pozo contrató a Red Serv S.R.L., sobre quien considera que debe recaer la responsabilidad por los daños ocasionados.
Camuzzi Gas Pampeana es licenciataria de la distribución de gas de conformidad con lo normado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2451/1992, el cual constituye un servicio público de jurisdicción nacional (Ley 24.076). No es propietaria de la vereda ni de la tierra que debió extraerse para la excavación (la cual forma parte del dominio público municipal -arts. 235.f del CCyC, 1 del Dec-Ley 9533/1988-), pero la empresa sí es propietaria de las cañerías de distribución situadas en calles, carreteras y servidumbres utilizadas o utilizables como parte de su sistema de distribución de conformidad con lo dispuesto con el apartado 6 del Anexo II del Decreto 2541/92, constitutivo de lo que se conoce como «Reglamento del servicio».
En otras palabras: Camuzzi Gas Pampeana no es propietaria de la acera, pero sí es dueña —en sentido estricto, como titular del derecho real de dominio— de las cañerías a las que pretendía acceder por medio de la excavación que tercerizó en la firma Red Serv.
Es por ello que discutir si era dueña o guardiana de la obra puede resultar, en este contexto, un problema semántico sin implicancias prácticas a la hora de asignar responsabilidades por el daño causado por una cosa riesgosa. Camuzzi era dueña de la obra sólo en el marco del contrato de obra que lo vinculó con Red Serv (en la terminología del art. 1274 inc. “b” del CCyC, que habla de dueño al referir al comitente), pero no parece razonable asignarle la propiedad de la excavación en su totalidad, dado que —insisto— fue realizada en un sector del dominio público local, removiendo porciones del suelo ajenas a su patrimonio.
De todos modos, más allá de si era o no dueña de la excavación propiamente dicha, ninguna duda cabe que Camuzzi Gas Pampeana era la guardiana de la obra y de toda labor o decisión técnica que ella suponía: tenía absoluto control para iniciar y detener el pozo, así como también para definir todas sus características técnicas y medidas de seguridad. En palabras del art. 1758 del CCyC, era ella quien ejercía “por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa”. Esa guarda y dirección técnica que tenía sobre la realización del pozo traía consigo la facultad —y el deber— de procurar las medidas de seguridad que la operación exigía, tanto por el agujero físico que se dejó en un sector público de tránsito peatonal, como por el acceso que ello significaba a tuberías de distribución de gas. El texto del Pliego de Cláusulas Generales Para la Ejecución del Servicio que dio base a la contratación entre Camuzzi y Red Serv permite advertir el rol de dirección y control que la distribuidora retiene aun en el marco de la ejecución de la obra a manos de una contratista tercerizada. En el apartado 13.1 de dicho Pliego, tales exigencias alcanzaban expresamente a las medidas de seguridad y allí la contratista se obliga a adoptar “todas las medidas conducentes para lograr las máximas condiciones de seguridad en la ejecución de la prestación del Servicio, debiendo dar cumplimiento a todas las normas y/o regulaciones dispuestas a ese efecto, en el orden Nacional, Provincial y Municipal y las indicaciones que se impartan en ese sentido”. No guardo dudas, entonces, que Camuzzi Gas Pampeana S.A. era propietaria de las cañerías a las que pretendía acceder por medio de un pozo y era guardiana de la obra riesgosa en los términos del art. 1757 del Código Civil y Comercial, aspecto que no se ve alterado —ni minimizado— por haber decidido, en ejercicio de potestades propias de su rol de licenciataria y propietaria de las cañerías de distribución, encomendar las labores a otra compañía. En tal caso, y desde otra óptica de reproche, aparece claro su rol de principal (comitente) que debe ser responsable por los hechos de su dependiente (contratista) por los daños que causó quienes claramente estuvieron bajo su dependencia o de quienes se sirvió para el cumplimiento de sus obligaciones, en tanto el hecho dañoso ocurrió en ocasión de las funciones que le fueron encomendadas a Red Serv (art. 1753 del CCyC).
Por otra parte, tampoco tiene razón Camuzzi cuando critica la sentencia por hacer referencia a una actividad riesgosa como criterio rector de la responsabilidad que se le endilgó por los daños ocasionados. Según la codemandada, “nada tiene que ver con el suceso que motiva el presente pleito”.
Más allá de que lo dicho en párrafos precedentes es suficiente para definir la responsabilidad de la codemandada, lo cierto es que el argumento de Camuzzi resulta inconsistente e incluso contradictorio con lo que párrafos después dice en el mismo escrito recursivo, al reconocer que la excavación requerida a Red Serv S.R.L. estaba directamente relacionada con el servicio de gas: dijo —y cito textual— “es mi representada quién contrató a esta empresa a fin de que abra una zanja para posibilitar la reparación de un caño de gas”.
No veo entonces cuál habría sido el error del juez al destacar la naturaleza riesgosa de la actividad empresarial de Camuzzi como licenciataria de la distribución de gas natural: no se trató de una simple excavación, sino de una obra realizada en el marco de una actividad que es esencialmente riesgosa. No pretendo aquí subjetivizar un juicio de reproche que transita por carriles enteramente objetivos, pero me limitaré a decir lo siguiente: el hecho de que la excavación tuviera por propósito acceder a cañerías de gas natural refuerza la idea de que la licenciataria (y la firma de la que se valió para realizar la excavación) debieron haber guardado el mayor celo a la hora de establecer medidas de seguridad para evitar no solo que cualquier persona caiga al interior del pozo y se lastime, sino también para que nadie tenga acceso al sistema de tuberías en los que se transporta un combustible altamente inflamable (arg. art. 1725 del CCyC).
iii. Camuzzi Gas Pampeana y Red Serv también cuestionaron el rechazo de la eximente fundada en la culpa de la víctima.
La decisión del juez ha sido la correcta y debe ser confirmada.
Es doctrina de esta Sala que en supuestos de responsabilidad objetiva las eximentes de responsabilidad deben ser fehacientemente demostradas y la prueba que a tal fin se produzca debe ser rigurosamente apreciada (causa n° 165105 -"Vizgarra, María Celsa..."- sent. del 05/04/2018).
Ninguna de las apelantes produjo prueba para intentar demostrar la supuesta culpa de la Sra. Sosa en su tránsito por la vereda en la que ocurrió el accidente.
Los agravios de Red Sur tienen el mismo defecto que las defensas ensayadas en su escrito postulatorio: mencionan hipótesis de lo que —a su entender— pudo haber ocurrido (“las posibilidades de que la propia víctima haya derribado el vallado son enormes”; “la única hipótesis que permite explicar cómo la actora se cayó dentro del pozo es que no estaba prestando atención al caminar”) o formula relatos unilaterales sobre el modo en que realiza las obras como si de ello debiera inferirse el modo en que fue efectuado el pozo en el que se gestó el accidente (“no es la forma de trabajar”; “es imposible que el pozo haya tenido una profundidad de un metro” “es imposible que el pozo haya quedado sin vallar”).
Lo que la prueba documental y testimonial ha permitido corroborar es que la obra carecía de medidas de seguridad idóneas para advertir a los transeúntes sobre su existencia, todo lo cual incrementaba el riesgo propio que tiene una profunda excavación realizada en una zona pública diseñada para el tránsito peatonal.
Tanto las fotografías reconocidas por la testigo Leoni como el relato del testigo Martín son contundentes en demostrar que la excavación no tenía señalización útil y eficiente a los fines de advertir a los vecinos sobre su existencia y evitar caídas como las que sufrió la actora. El testigo Martín narró que al costado del pozo había un montículo de tierra y había una cinta roja y negra atada de manera muy rudimentaria y que se hallaba caída (minuto 16:30 en delante de la audiencia de vista de causa). Nada de ello constituía una medida de seguridad seria ni mucho menos suficiente, ni abastecía las exigencias municipales en materia de obras de reparación de aceras (apartados 3.2.2 párrafo segundo 4.1.10 y sus concordantes de la Ordenanza Municipal N°6997).
Una vereda debe ser segura, expedita, libre de obstáculos y de peligros para quienes transitan por ella (Cám. Civ. y Com. San Isidro, sala I, "Aguirre, Angel c. Municipalidad de San Fernando" del 13/12/1994, LLBA, 1995-222). Los peatones —sean jóvenes, adultos mayores, niños, etcétera— no tienen por qué esquivar, sortear ni evadir pozos, terraplenes o cintas mal ubicadas, todo lo cual impide el normal y regular paso por un sector público. No existe tal cosa como el deber de un vecino de saber las obras que se realizan en el barrio y realizar ingentes esfuerzos para prever la existencia de pozos o de obstáculos igual de riesgosos, como erróneamente afirma Red Serv en su memorial.
Incluso la jurisprudencia ha dicho, con acierto, que siquiera la sola circunstancia de que un peatón circule distraído por la vereda podría conformar un actuar culpable, dado que no hay allí ninguna violación a un deber jurídico de cuidado y la persona utiliza la acerca en la confianza de que se encuentra en condiciones aptas para circular (CNCiv, Sala I, Valdez, en “Carlos Roberto c. Telecom Argentina S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, del 14/09/2015, TR LALEY AR/JUR/38220/2015).
La Sra. Sosa se cayó en un pozo profundo realizado en una vía pública peatonal que no contaba con medida de seguridad alguna que pueda, útilmente, vedar el paso de las personas y evitar caídas como las que dan motivo a este pleito. No hay ninguna prueba, o indicio siquiera, de que la actora realizó alguna forma de comportamiento culpable que pueda tener relevancia causal en la producción de los daños sufridos.
Probada la existencia de una cosa riesgosa (una excavación indebidamente señalizada ubicada en un sector de tránsito público peatonal) y descartada cualquier hipótesis sustentada en un actuar culpable de la propia víctima, considero que la responsabilidad de las codemandadas Red Serv SRL y Camuzzi Gas Pampeana SA ha sido correctamente admitida en la sentencia.
iv. Por lo demás, tiene razón el juez cuando señala que el vínculo negocial que media entre la comitente de la obra [Camuzzi] y la contratista [Red Serv] es inoponible a la Sra. Sosa y en forma alguna puede modular, limitar o determinar los legitimados pasivos de una pretensión resarcitoria incoada por quien en ese negocio no fue parte (art. 1021 del CCyC).
Aún si en el marco de ese contrato se hubiera acordado alguna forma de indemnidad que la contratista debe asegurar a la comitente, lo cierto es que ello es completamente ajeno a la presente controversia en la que se dirime el derecho de la Sra. Sosa a ser indemnizada por el accidente sufrido al caer en la excavación que una le encargó a la otra. Dicho con otras palabras: el acuerdo que Camuzzi Gas Pampeana invoca, llegado el caso, habrá de surtir efectos no en este proceso (y no frente a la Sra. Sosa), sino exclusivamente entre quienes en ese negocio asumieron el rol de partes, por aplicación del efecto relativo de los contratos (art. 1021 del CCyC; Pizarro, Daniel – Vallespinos, Carlos, Tratado de obligaciones, Santa Fe: Rubinzal Culzoni, t. II, pág. 3). Por todo lo dicho, los agravios referidos a la responsabilidad de Red Serv S.R.L. y Camuzzi Gas Pampeana S.A. deben ser desestimados (arts. cit.).
III.1.b. Sobre la responsabilidad de Cuarzur i. La Sra. Sosa y Red Serv S.R.L. cuestionaron en sus recursos la decisión del juez de absolver a Cuarzur S.A.
Red Serv alega que Camuzzi no trabaja de oficio y que la obra fue realizada en la vereda del inmueble de Cuarzur "porque éstos últimos solicitaron el servicio de gas" a la vez que destaca su rol de empresa constructora que "bien podría haberse comportado en modo responsable y señalizar la obra o cuanto menos contribuir a ello". A su turno, la actora afirma que: (a) se probó que el pozo existente en la vereda fue realizado para conectar el servicio de gas al edificio nuevo que estaba en construcción y era propiedad de Cuarzur; y (b) como empresa constructora, Cuarzur debía señalizar adecuadamente la obra que se desarrollaba en su vereda y que redundaba en su beneficio exclusivo.
ii. Comparto lo decidido por el magistrado de primera instancia. En primer lugar, resultan insustanciales todas aquellas alegaciones de Red Serv que hacen foco en la supuesta duda que el juez expresó en su sentencia al juzgar la responsabilidad de las codemandadas.
La apelante pretende tomar provecho de un evidente error de tipeo en el que el magistrado quiso decir que “no cabe margen de duda, como ya fuera expresado (...)” y escribió “cabe margen de duda” (considerando «b.2.» de la sentencia). Tan evidente es el yerro —y tan vacío es la sustancia argumental del agravio— que en la oración citada el colega hizo referencia a una circunstancia de hecho que la propia codemandada reconoció al responder la demanda: que fue la ejecutora del pozo donde se cayó la actora. Por ello, y por no abastecer las exigencias del art. 260 del CPCCBA, entiendo que el recurso, en este punto, resulta inadmisible.
Los argumentos de la actora tampoco son fundados.
Por vía de principio, y tal como lo establece el Reglamento General de Construcciones (Ord. N° 6997 de la MGP), los frentistas están obligados a mantener en buen estado de conservación las acercas, realizando las reparaciones que sean necesarias para encuadrarla en las disposiciones normativas ediles (arts. 3.2.1 y 3.2.2 de la norma citada).
Pero aquí no se trata de una obra realizada por Cuarzur, ni llevada a cabo por el propio Municipio o alguno de sus dependientes o subcontratistas. Tampoco la caída de la Sra. Sosa obedeció a un desperfecto en la acera motivado por roturas o falta de mantenimiento de la superficie. La obra que motivó la excavación se vincula con reparaciones en la red de distribución de gas natural, por lo que es Camuzzi Gas Pampeana S.A. la que, en su rol de licenciataria de la distribución, tiene exclusiva y excluyente competencia técnica y guarda material en la obra realizada con el objetivo de acceder a las cañerías de su propiedad.
No solo el frentista carecía de la obligación de intervenir en una obra de esa naturaleza, sino que —en mi opinión— tenía la obligación de abstenerse de hacerlo habida cuenta el riesgo que ello implica y la especialización que requiere la manipulación de tuberías de gas (o de los movimientos de tierra que sea menester realizar para acceder a ellas).
Dice Lorenzetti —siguiendo a Sagües— que el juzgador que no mide los efectos de lo decidido en cuanto al caso concreto, o también las consecuencias posteriores o el impacto del fallo en otros pronunciamientos, consuma una interpretación descalificable por imprevisora (Lorenzetti, Ricardo L. Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de derecho. Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2008, p. 399). Responsabilizar al frentista por las consecuencias derivadas del riesgo de una obra de gas mal señalizada terminaría por generar incentivos que estimo socialmente inadecuados y hasta peligrosos: para minimizar riesgos de accidentes que puedan comprometer su responsabilidad civil, los vecinos se verán en la necesidad de intervenir, alterar o modificar obras que se vinculan con el sistema de distribución de gas natural, labor que —por su naturaleza— solo debe ser llevada a cabo por personal altamente capacitado dependiente de la licenciataria autorizada (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2451/1992; art. 8 inc. “d” del Reglamento General del Servicio -Anexo II del decreto cit.-).
Por ello, si bien por fundamentos parcialmente distintos, comparto la solución adoptada por el juez. No creo que en el caso haya mediado una eximente de responsabilidad, sino que directamente no se ha acreditado un estado de cosas que permita considerar a la frentista como dueña o guardiana de la obra en la que se cayó la Sra. Sosa, todo lo cual impide la conformación del factor de atribución. De todos modos, más allá de esta disidencia parcial en cuanto al encuadre normativo, entiendo que la decisión adoptada por el colega es la correcta y debe ser confirmada (arts. 1757 y 1758 del CCyC).
III.2. Sobre los rubros indemnizatorios En los párrafos que siguen analizaré las quejas de las partes sobre la procedencia y cuantía de los rubros resarcitorios.
III.2.a. Sobre la incapacidad sobreviniente El juez reconoció un total de $4.730.000 en concepto de incapacidad sobreviniente, considerando la incapacidad fijada por el perito (20,88%), la edad de la víctima y la falta de prueba sobre las actividades no estrictamente laborales que podría desarrollar la Sra. Sosa.
La decisión es objeto de crítica por la actora, por Red Serv y por San Cristóbal. La Sra. Sosa afirma que el monto reconocido es exiguo, destacando la acreditada disminución de su capacidad de la víctima y la diferencia entre el valor actual de lo peticionado en la demanda y la indemnización que el fallo reconoce. La citada en garantía alega que el resarcimiento es arbitrario y contradictorio, y reprueba que el juez haya prescindido del uso de una fórmula que le dio resultado $0 y haya utilizado como parámetro de cuantificación a los años de trabajo y experiencia en el poder judicial y su rol como juez. Finalmente, Red Serv puso énfasis en el valor nominal del resarcimiento, que cuadriplica el pedido contenido en la demanda.
Los recursos no prosperan.
Como venimos sosteniendo a partir del precedente “Ruiz Díaz” (v. causa 161.169 S.18-8-2016 Reg. 196-S) el art. 1746 del CCyC exige calcular la indemnización por incapacidad sobreviniente mediante fórmulas de valor presente de una renta futura no perpetua, determinando un capital actual productor de una renta periódica que represente las ganancias frustradas por la incapacidad, y que se amortizará en el tiempo en que razonablemente la persona podría desarrollar aquellas aptitudes total o parcialmente afectadas. Hemos dicho también que, entre las múltiples opciones creadas por doctrina y jurisprudencia, sobresalía la fórmula diseñada por el Dr. Hugo Acciarri, quien propuso un método de cuantificación superador de los preexistentes que permitía calcular el daño patrimonial resarcible como consecuencia de una incapacidad, entendido ello como una ganancia futura frustrada que se traduce en un valor presente al momento de la decisión (causas n° 173234 -"Sucesores de Pardo, Graciela Haydee..." del 30/12/2021, n° 172400 -"Mendoza..."-, del 15/03/2022, n° 170.019 -"Rivarola, Hugo D."- del 08-10-2020). Es claro que el empleo de la fórmula de referencia —o de cualquier otra de las diseñadas a ese efecto— tiene por objeto calcular los ingresos futuros frustrados. No así las ganancias pasadas ya perdidas a la fecha de la sentencia, que se deben analizar como una deuda ordinaria en mora (véase, en tal sentido, Acciarri, Hugo, A. "Fórmulas y herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código", publicado en: La Ley, 15/07/2015 , 1; del mismo autor, «Planilla para el cálculo del valor presente de incapacidades sobre la base de considerar ingresos futuros constantes o variables, ciertos o probables», y aplicativo Excel, ambos disponibles en el sitio web del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur: www.derechouns.com.ar/?p=7840; Acciarri, Hugo- Irigoyen Testa, Matías, "La utilidad, significado y componentes de las fórmulas para cuantificar indemnizaciones por incapacidades y muertes", publicado en: La Ley, 09/02/2011,1, La Ley 2011-A, 877; de los mismos autores, “Algunas acotaciones sobre las fórmulas para cuantificar daños personales”, publicado en: RCyS 2011-VI, 22).
Lo anterior significa que solo tiene sentido utilizar la fórmula matemática —cualquiera sea: Vuoto, Méndez, Acciarri— cuando debemos calcular el valor presente de rentas futuras. En cambio, no resulta conveniente —y, de hecho, es injusto para la víctima— utilizarla para calcular resarcimientos que se vinculan con detrimentos patrimoniales pasados.
La razón no es compleja de imaginar: la fórmula permite calcular un descuento sobre todos los detrimentos patrimoniales venideros. Ese descuento representa el "precio" que paga la víctima por recibir hoy [en el presente] lo que debiera recibir en un futuro [cuando el ingreso se vea efectivamente frustrado por la incapacidad laboral o cuando se generen las erogaciones que componen el daño emergente derivado de la incapacidad vital]. Si el daño patrimonial es pasado con relación al momento en que el juez cuantifica el daño, no hay descuento alguno que deba realizarse y por lo tanto no hay fórmula matemática que pueda colaborar en la realización del cálculo (o, dicho mejor, este último no pasará de ser una simple suma agregada de valores monetarios mensuales que el juzgador estime representativos del perjuicio patrimonial sufrido por la víctima en cada período).
El fallo no explica qué valor le fue dado a la “edad” de la víctima (si la que tenía al momento del hecho o la que tenía al momento del fallo) ni tampoco indica cuál fue la edad límite utilizada en el aplicativo. Tampoco puedo interpretar qué resultado final le dio la fórmula, y que habría sido el motivante de apartarse del cálculo y otorgar una indemnización de $4.750.000.
En cualquier caso, y cualquiera haya sido la dificultad metodológica que afrontó el colega, puedo afirmar tres cosas para definir la suerte de los recursos:
(i) La primera, es que considero correcta la crítica que realiza la citada en garantía: la experiencia en el poder judicial o el solo hecho de ser juez no constituye un parámetro de cuantificación aceptable ni legalmente admitido. La ley brinda herramientas claras para determinar la extensión patrimonial de una indemnización por incapacidad sobreviniente. No solo esas herramientas no fueron utilizadas la sentencia, sino que fueron expresamente descartadas por razones insuficientes (el disgusto con el resultado que arrojaban). El agravio de la aseguradora es fundado puesto que el parámetro utilizado para definir el rubro ha sido arbitrario: no hay modo de comprender cómo el magistrado arribó a esa suma, ni tampoco es posible saber por qué no otorgó un monto mayor o un menor. El fundamento del resarcimiento permanece como una incógnita.
(ii) La segunda, es que las dificultades que el juez afrontó obedecieron a un error metodológico: no es este un caso para utilizar fórmulas matemáticas para calcular el valor presente de rentas futuras no perpetuas, sean constantes o variables. Al momento de la cuantificación del daño a la fecha de la sentencia de primera instancia, la Sra. Sosa ya había superado holgadamente la esperanza de vida informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para una mujer bonaerense (véase https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/proyecciones_prov_2010_2040.pdf), por lo que no hay base fáctica —ni estadística— que hubiera permitido justificar el reconocimiento de un derecho creditorio más allá del momento en que se cuantifica jurisdiccionalmente el daño (esta Sala, causa n°169359 -"Saccuci, Ignacio A...." del 04/06/2020). De ello se sigue que los resarcimientos debían ser calculados como deudas pasadas en mora sobre las que no cabía realizar descuento alguno. Reitero: la Sra. Sosa no tiene que “pagar” ningún precio (el descuento) porque no tiene perjuicios patrimoniales futuros, sino que su indemnización versa íntegramente sobre períodos pasados.
(iii) Finalmente, y aun con todo lo dicho en párrafos precedentes, ni la actora ni la citada en garantía ofrecieron argumentos que permitan concluir que el monto reconocido es exiguo o exorbitante, respectivamente. Más allá de que una y otra parte reclaman su incremento o reducción, lo cierto es que no ofrecieron ni ensayaron cálculo alguno para intentar explicar por qué la indemnización debiera sufrir la modificación que peticionan, y que revelaría el error en el que habría incurrido el juez.
He dicho en otra oportunidad que si los recurrentes alegan que la suma que asignó el juez para este parcial debe ser morigerada o incrementada es porque entienden que es demasiado alta o baja, ello no puede sino estar sustentado en un cálculo, inferencia o razonamiento (numérico o de otra naturaleza) por medio del cual arribaron a esa conclusión. En la medida en que éste último no ha sido volcado en los fundamentos del recurso, los recurrentes terminan por incurrir en una omisión análoga a la que le reprochan al fallo, dejando al agravio huérfano de soporte argumental" (causa n°166500 -"Del Hoyo, Andrés Francisco..."- sent. del 27/11/2018). Tal es el defecto que portan los recursos en tratamiento, dado que cuestionan la suma fijada por el juez, sea por alta o por baja, pero no brindan argumentos que permita comprender por qué el monto es inadecuado según cada una de las posiciones defendidas. Al no presentar esta fundamentación, la crítica incurre en el mismo error que pretende endilgarle al fallo que les ha sido adverso.
Las partes, y en particular la citada en garantía, criticaron el modo de cuantificar el rubro y los parámetros utilizados. Pero del hecho de que la cuantificación no tenga una fundamentación suficiente no se sigue necesariamente que el monto elegido por el magistrado sea equivocado por bajo o por alto. Una cosa no implica necesariamente la otra, y era tarea de los apelantes proponer una cuantificación alternativa (en rigor, aquella que juzgan correcta) de modo de evidenciar el yerro que denuncian, todo ello de conformidad con las circunstancias específicas que el caso presenta. Por ejemplo, del valor elegido por el juez puedo razonar lo siguiente: la Sra. Sosa nació el 19 de septiembre de 1939, por lo que al momento del hecho tenía 76 años y a la fecha de la sentencia de primera instancia tenía 84 años. Esto significa que, partiendo de la base de la improcedencia de indemnizaciones por períodos futuros (ver más arriba), los $4.730.000 han estado destinados a indemnizar 101 meses de vida de la actora, posteriores al hecho, y en el que la incapacidad generó alguna forma de daño patrimonial (sea en su esfera labora o en su faz vital). Esto representa un total de $46.831 por mes de indemnización. Esa suma de dinero, por caso, equivale a 21,5 horas mensuales de honorarios para una persona que realiza tareas generales de hogar con retiro (fuente: AFIP, valores vigentes a la fecha de la sentencia de primera instancia).
Insisto: ni la actora —que aboga por su incremento— ni San Cristóbal —que exige su reducción— han aportado argumentos concretos que me persuadan de la injusticia del monto que el fallo reconoce. Todo ello considerando no solo la gravedad de las lesiones y la incapacidad resultante, sino también la avanzada edad de la víctima (y las limitaciones que son propias de la edad y no enteramente atribuibles al accidente), la menor aptitud productiva que es dable presuponer que tiene una persona adulta mayor y la falta de prueba sobre actividades lucrativas.
Por ello, considero que los cuestionamientos que postularon la accionante y la citada en garantía San Cristóbal no pueden ser admitidas (arts. 375, 384 del CPCCBA y 1746 del CCyC).
Por lo demás, tampoco es fundada la queja de Red Serv en la que reprueba la indemnización por superar nominalmente el monto reclamado en la demanda (v. cuarto agravio, tercer párrafo del memorial).
La diferencia nominal entre el valor presupuestado por la actora en su escrito inaugural y el valor determinado en el fallo está justificada por los motivos que el magistrado explícitamente enunció en los párrafos iniciales del considerando III de su sentencia: los créditos resarcitorios constituyen deudas de valor, que —por definición— importan la cuantificación monetaria actualizada de las indemnizaciones que son objeto de reclamo y debate. Esta parcela de la decisión no mereció crítica en el memorial, lo que termina por debilitar el soporte argumental del agravio (art. 772 y cctes. del CCyC; mi voto en causa N°177502 -"Rodero, Mariano A."- sent. del 03/08/2023). Además, no debe perderse de vista que el monto reclamado en la demanda fue supeditado al resultado de la prueba (v. demanda, segundo párrafo del apartado «III») y la Suprema Corte bonaerense ha dicho que «[n]o media infracción legal aun cuando la sentencia otorgue una indemnización mayor a la reclamada en la demanda si en ésta quedó aquélla librada a lo que, “en más o en menos”, resulte de la prueba» (SCBA, Ac. 42935 en autos «Gómez, Rubén Oscar c/ Patella, Teresa y otros s/Daños y perjuicios y beneficio de litigar sin gastos», sent. del 04/06/1991).
Por todo lo dicho, y no resultando fundados los argumentos que contienen los agravios en estudio, propondré al acuerdo desestimar los recursos y confirmar la sentencia de primera instancia (art. 242 y 375 del CPCCBA).
III.2.b. Sobre los gastos médicos, traslado y de farmacia El juez reconoció un total de $40.000 en concepto de gastos médicos y de farmacia y $14.400 en concepto de gastos de traslados, en ambos casos estimados a valores históricos. Destacó que son erogaciones que pueden presumirse aun ante la falta de prueba siempre que guarden razonable vinculación con las lesiones producidas por el hecho.
La actora y San Cristóbal cuestionan esta parcela del fallo. La primera objeta (i) la decisión de estimar el parcial a valores históricos, dado que ello arroja una suma de dinero que ninguna tasa de interés puede recomponer y (ii) no reconocer el costo del tratamiento que recomendó el perito médico en las explicaciones del 15/09/2022, considerando que el monto final del rubro quedó supeditado al resultado de la prueba a producirse. San Cristóbal, a su turno, critica el hecho de que se haya reconocido el parcial sin que exista prueba a su respecto y sin reparar en que la Sra. Sosa no asumió esos gastos dado que tiene obra social.
Solo el recurso de la actora prospera, aunque parcialmente La alegada falta de prueba sobre los gastos reclamados, formulada por la citada en garantía, resulta insustancial.
Aun durante la vigencia del Código de Vélez, esta Sala ha dicho que el rubro gastos médicos y de farmacia comprenden aquellos gastos orientados al restablecimiento de la integridad psicofísica del damnificado, siendo su resarcibilidad expresamente consagrada por el art. 1086 del Código Civil; y no resultando necesaria la prueba acabada de su existencia, cuando su evidencia resulta de la naturaleza de las lesiones sufridas o de informes de historias clínicas emitidas por establecimientos hospitalarios y asistenciales (c. 173234 -“Sucesores de Pardo, Graciela...”-, sent. del 30/12/2021, c. 130633 -"Camps, Alberto..."- sent. del 29/05/2008; c. 114019 -"D´Abrosio, Pedro R."- sent. del 27/02/2001). El nuevo Código Civil y Comercial recepta expresamente esa tendencia jurisprudencial -que, por cierto, era mayoritaria en los tribunales de todo el país- al prescribir en el art. 1746 que «se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad». Ningún sentido tiene objetar la falta de prueba directa de gastos que la propia ley autoriza a presumir en tanto guarden una —aquí incontrovertida— relación con el hecho dañoso (art. 1746 del CCyC).
Tampoco tiene razón la citada cuando alega que la reparación no sería procedente porque la actora tiene obra social y tales erogaciones merecieron cobertura.
Esta Sala ha enfatizado en reiteradas oportunidades que, en materia de gastos médicos, la circunstancia de contar con una cobertura de obra social a la época del siniestro no excluye la viabilidad de la pretensión, en la medida que no se hubiera acreditado que las erogaciones realizadas fueron íntegramente cubiertas por la obra social en cuestión (causa n°173131 -"Selva, Silvia..."- del 24/02/2022).
Ello es así en tanto “quien resulte jurídicamente responsable debe indemnizar, en principio, la totalidad del daño causado por el acto ilícito, con las limitaciones legales que circunscriben la responsabilidad al daño previsto o previsible y a la situación pecuniaria de los interesados sin que esto implique un enriquecimiento sin causa…” (mi voto en c. 170610 -"Núñez, Juan A..."- sent. del 08/04/2021).
La queja de la actora, como dije, es procedente.
La Casación tiene dicho que los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente -art. 165, C.P.C.C.-, todo a fin de lograr una mejor reparación del daño causado (SCBA, en causas 44.415, 101.107, 117.926 en igual sentido este Tribunal, Sala II causas nº 131.976, 131.833, 130.138, 159.764, entre otros). Esta modalidad parte de la premisa de que los reclamos resarcitorios —en principio— versan sobre deudas de valor, por lo que aquella estimación jurisprudencial realizada en un momento posterior al hecho dañoso no implica actualizar o repotenciar obligaciones pecuniarias sino determinar el contenido monetario de una cierta utilidad o valor que es objeto de controversia. Esa estimación jurisprudencial realizada en un momento posterior al hecho dañoso no implica actualizar o repotenciar obligaciones pecuniarias sino determinar el contenido monetario de una cierta utilidad o valor que es objeto de controversia (mi voto en causa n°159764, -"Corta, Ana María..."- sent. del 17/05/2016).
En el caso, entiendo que "los gastos médicos, farmacéuticos y de transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad" regulados en el art. 1746 del CCyC deben ser concebidos como una deuda de valor, a cuantificar bajo parámetros económicos actualizados. Se trata de un tipo obligacional que permite de asegurar el derecho constitucional de la víctima a una reparación integral (CSJN, Fallos: 308:1160, in re "Santa Coloma", 308:1118, “Gunther” y 308:1109 “Luján”, todos del 05/08/86, 321:487 -“Peón”- del 17/03/1998, 327:3753 -“Aquino”- del 21/09/2004 entre muchos otros) a la vez que permite proteger de modo más eficiente al crédito frente a los avatares inflacionarios (art. 772 del CCyC).
Por lo expuesto, propondré al acuerdo incrementar la suma reconocida en concepto de gastos médicos y de farmacia a un total de $600.000 y por gastos de transporte a un total de $100.000, a valores actuales (arts. 772 y 1746 del CCyC).
Disiento con la actora en cuanto a la procedencia del costo del tratamiento médico que el perito refiere en el punto «VIII.b» de su pericia del 22/08/2022 y sobre el cual se explaya en las explicaciones del 15/09/2022. Un tratamiento de esa naturaleza (y de ese costo) exige un pedido concreto formulado en la demanda, de modo de asegurar el debido contradictorio y permitirle a la contraria discutir su procedencia, necesidad, costo y oportunidad (art. 18 CN). En el apartado «VI.2» de la demanda, la Sra. Sosa requirió la indemnización de los gastos médicos ya realizados en el pasado, sin mencionar siquiera una necesidad médica futura vinculada a algún tratamiento quirúrgico o de otra especie. O sea, exigió allí el recupero de los valores comprometidos en una serie de prestaciones médicas que la ley autoriza a presumir como ya efectuados por guardar una razonable vinculación con el accidente que las motiva.
Pero esa presunción legal que subyace al reclamo de gastos médicos no autoriza a reconocer en sentencia la indemnización por el costo de tratamientos futuros que no fueron reclamados —o mencionados siquiera—en el escrito inaugural del proceso. Reconocer un crédito de esa naturaleza, más allá de que el perito haya indicado su conveniencia, generaría un agravio directo al derecho de defensa de la contraria y una afectación patente al postulado de la congruencia (art. 34.4 y 163.6 del CPCCBA).
Con los alcances expuestos, propondré hacer lugar parcialmente al agravio del actor e incrementar el rubro en los montos señalados (arts. cit.) III.2.c. Sobre los gastos de reposición de los zapatos El magistrado otorgó $50.000 como indemnización por el valor de los zapatos de la Sra. Sosa, que juzgó dañados por la caída. San Cristóbal objetó la procedencia del rubro con fundamento en la falta de prueba. El agravio no prospera.
Es doctrina legal de la Casación que los jueces puede reconocer el derecho de la víctima a una indemnización que compense la pérdida o deterioro de la vestimenta afectada por el hecho, siempre que el reclamo resulte verosímil con relación a las lesiones provocadas por el evento (SCBA, C. 118589 -"Flandes Riquelme, Juan I..."- del 21/06/2018). La totalidad de las circunstancias que rodearon al accidente, incluyendo el tamaño del pozo, el material allí existente, el tiempo que se demoró el rescate de la actora y los movimientos físicos que ello seguramente debió exigir, autorizan a presumir que el calzado que tenía la Sra. Sosa se ha visto afectado o inutilizado. En uno u otro caso es justo que se le reconozca el valor de reposición de un par de zapatos similares, por lo que entiendo que la decisión que adoptó el juez ha sido la correcta. La citada en garantía ningún argumento ha propuesto que permita considerar que el monto otorgado ha sido exorbitante o de alguna manera injusto o elevado.
Por ello, el recurso —en este punto— tampoco prospera (art. 163.5, 165, 375 y 384 del CPCCBA)
III.2.d. Sobre el daño moral El fallo reconoce un total de $2.500.000 en concepto de daño moral. La actora critica por bajo al resarcimiento, destacando el contenido de la pericia psicológica —cuyas conclusiones, dice, no fueron atendidas por el juez— a la vez que enuncia las consecuencias emocionales derivadas del hecho. San Cristóbal se agravia de la falta de fundamento del monto otorgado. Advierte la omisión de cumplir las exigencias del art. 1741 del CCyC y reclama su morigeración. Red Serv, por su parte, señaló que la indemnización es arbitraria y pide el rechazo o su disminución.
Solo el agravio de la actora prospera.
En materia de daño moral esta Sala ha enfatizado en reiteradas oportunidades que a la hora de justipreciar la procedencia del rubro no es esencial la índole del deber incumplido (previamente asumido o el genérico de no dañar) ni el consiguiente encuadramiento de la responsabilidad como contractual o aquiliana, sino las características del perjuicio mismo en confrontación con el suceso lesivo que lo produce. Aunque no se exija una prueba exhaustiva de la afección espiritual padecida, las circunstancias del caso deben posibilitar al juez que -en ejercicio de sus facultades propias y aplicando las reglas de la experiencia- juzgue si de acuerdo al normal acontecer, el hecho alegado tiene aptitud para provocar el perjuicio cuya indemnización se solicita (causas 168862 -"Franke......"- del 21/11/2019, 168199 -“Gastiarena...” del 10/10/2019 , 167312 -“Bertocchini...”- del 10/05/2019, 166428 -“Ale...”- del 13/12/2018, 166363 -“Basano...”- del 02/10/2018, 165996 -“Felices...”, del 20/09/2018, entre otros; Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento del daño moral”, Ed. Astrea, 2009, págs.189 y sig.).
La fijación de la reparación del daño extrapatrimonial queda librada al criterio del juez, aunque es necesario indicar las pautas objetivas que fueron evaluadas y ponderadas para arribar a la suma de condena (esta Sala, c. 169141 -“Bravo...”-, sent. del 07/07/2020, c. 169939 -"Rabainera..."- sent. del 10/09/2020, c. 170031 -"Lasa..."- sent. del 08/10/2020).
El Código Civil y Comercial expresamente prescribe en su artículo 1741 que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas, superando de ese modo aquel criterio que sostenía que la reparación del daño extrapatrimonial importaba asignar un precio al dolor. Se trata, en cambio, y como explica Galdós, de establecer el precio del consuelo: la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias, proporcionándole a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y permitiéndole acceder a gratificaciones viables que le brinden alguna forma de alivio (Galdós, Jorge M., en “Código Civil y Comercial de la Nación, comentado” dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, 1ra ed., Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, t. VIII, pág. 503).
La Sra. Sosa cayó súbitamente a un pozo en la vereda de su barrio, sufriendo lesiones incapacitantes que seguramente han tenido la aptitud para alterar por completo la rutina de vida, considerando además los tratamientos médicos que fueron necesarios realizar con posterioridad para lograr su curación (v. punto de pericia IV del dictamen del 19/08/2022). Se suma a ello el cuadro descripto por la Lic. María Carmen Redondo, que describió una sintomatología compatible con un Trastorno por Estrés Postraumático y detalló la significación traumática del cuadro presentado a la fecha del evento (v. dictamen del 19/09/2022).
Entiendo que todas estas circunstancias resultan suficientes para inferir las frustraciones, sinsabores, broncas, enojos y angustias que ha vivido la Sra. Sosa, y que constituyen lesiones de naturaleza extrapatrimonial resarcibles a título de daño extrapatrimonial (art. 1741 del CCyC). Tiene razón la accionante cuando alega que el monto reconocido en la sentencia es bajo de conformidad con las características del caso y los perjuicios espirituales sufridos. Propondré al acuerdo incrementar la indemnización por daño moral a un total equivalente en pesos a la suma de tres mil dólares estadounidenses (U$S 3.000) que estimo necesarios para afrontar los gastos de un crucero de 14 noches con pensión completa que recorre Buenos Aires, Montevideo, Puerto Madryn, Punta Arenas, Ushuaia, Tierra del Fuego e Islas Malvinas (fuente: Pezzati; v. pezatti.com, sección “Cruceros”; art. 1741 CCyC).
Si bien he propiciado que la cuantificación del valor controvertido sea efectuada íntegramente en etapa de ejecución a manos del juez o jueza de primera instancia, lo cierto es que la modalidad propuesta asegura el mismo resultado en términos de protección del crédito de la víctima frente al fenómeno inflacionario (mi voto en causas “Pérez, Paola...”, “Palacios, Melani” y “Palacios, Euclides...” -c. 174213, 174382 y 174386, sent. únic. del 29/12/2022, entre otros).
La conversión a pesos de la deuda de valor expresada en moneda sin curso legal deberá ser efectuada en etapa de liquidación al tipo de cambio conocido como “dólar MEP” o del dólar "contado con liquidación" —entre ellos, el que resulte más alto— vinculados a operaciones bursátiles en moneda extranjera mediante la compra en pesos de bonos solidarios y su posterior venta en dólares (v. causas Sala II, n° 171468 -"R., K. E."- sent. del 10/06/2021, n° 161853 -"Marengo"- sent. del 26/08/2021 y n° 171395 -"Jesús..."- resol. del 21/09/2021). Al momento de liquidar el crédito, las partes deberán reparar en las cotizaciones publicadas por el periódico “Ámbito” (www.ambito.com) (Sala II, causa 178.063, "Balmaceda Eva H. y ot. s/ Debenjak, Liliana R. s/ Cumplimiento de contrato", sent. del 02/11/2023).
Si al tiempo de liquidar el crédito dicha modalidad de adquisición de dólares no estuviera disponible, el juez deberá reemplazarla por un tipo de cambio análogo determinado en base a variables económicas reales y transparentes —no meramente artificiales e hipotéticas— y que no suponga para el deudor una ventaja patrimonial sin justificación en desmedro de los derechos acordados a los acreedores (fallo "R., K. E.", ya citado, voto del Dr. Loustaunau; Mazzinghi, Marcos, "El cepo cambiario y las obligaciones de pago en moneda extranjera", RCCyC 2015 (agosto), 17-8-2015, 202, cita en línea. AR/DOC/2603/2015). Asimismo, se aclara que, al momento del pago, no deberá realizarse un nuevo avalúo del servicio que he tenido en cuenta para fijar la indemnización, por cuanto ello desvirtuaría el fin práctico que aquí se busca. Dicho de otra manera: lo único que podrá variar al momento de liquidar la deuda es el precio de la divisa necesaria para adquirir el servicio turístico pagadero en el exterior aquí referido, pero no así el precio relativo de este servicio, pues éste representa el valor tomado en cuenta al momento del dictado de esta sentencia y, en consecuencia, del capital que ha de mantenerse inalterado hasta la extinción de la obligación.
III.2.e. Sobre los intereses moratorios Lo resuelto en materia de daño moral y de gastos médicos, farmacéuticos y de traslado impone la necesidad de determinar con precisión los intereses moratorios de tales rubros a fin de evitar enriquecimientos incausados y repotenciaciones indebidas (SCBA, c. 123.297, "Calderón, Edgardo...", del 04/11/2020; Sala II, causas “Taddey” y “Cerizola” -n° 165.213 y 165.214, del 04/06/2018-).
En lo que respecta a los primeros (gastos médicos, de traslado y de farmacia), al haber sido cuantificados a valores actuales en esta sentencia, deberán devengar los intereses moratorios establecidos en la sentencia de primera instancia sobre la base de la [por entonces vigente] doctrina legal en la materia. Esto es, un interés del 6% anual no capitalizable desde la fecha del hecho y hasta la fecha de la presente y de allí en más a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (v. considerando IV de la sentencia de primera instancia). En lo que respecta al daño moral, resulta aplicable al caso la doctrina de la Casación fijada en el caso "Panettieri" (SCBA, C. 123.306, del 25/11/2020). Si bien en este precedente la Corte evaluó los intereses moratorios aplicables a deudas de dar moneda extranjera (art. 765 del CCyC), lo allí resuelto —en particular, lo dicho por el Ministro Soria en el considerando «II.3.b.ii» de su voto— me persuade de aplicar idéntico criterio para obligaciones de valor expresadas en moneda sin curso legal (art. 772 del CCyC): esto es, liquidar los accesorios por mora a «la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares estadounidenses a treinta días» desde el día del hecho y hasta la conversión en moneda nacional (SCBA, fallo cit.; en idéntico criterio —confirmado por la propia Casación— véase la sentencia de la Sala Tercera dictada en el mismo caso “Panettieri”, c. 165934 del 4/04/2019). De mediar alguna forma de mora de la parte condenada luego de la conversión a moneda nacional al momento de liquidar el crédito y hasta el efectivo pago, corresponderá aplicar la incontrovertida tasa de interés bancaria establecida por el magistrado en el considerando IV de la sentencia de primera instancia (art. 768.c del CCyC).
Con esos alcances, se hace lugar al recurso de la actora.
III.2.f. Sobre el planteo de actualización El planteo formulado en el sexto agravio de la parte actora es inadmisible.
La totalidad de los rubros reclamados ya han sido objeto de una forma particular de actualización, consistente en la cuantificación a valores corrientes de conformidad con el tipo obligacional aplicable: la deuda de valor (art. 772 del CCyC). Ello significa que los resarcimientos han sido fijados a la luz de parámetros económicos actuales y no históricos, protegiendo de ese modo al crédito de la Sra. Sosa de la depreciación del signo monetario ocurrida durante la tramitación del pleito.
Siendo ello así, el problema no es la inflación pasada, sino el potencial efecto disvalioso que la inflación futura puede llegar a generarle en su crédito luego de operada la conversión y hasta el pago de la condena. El problema con este planteo es que resulta contradictorio con la propia decisión de consentir la aplicación de una tasa bancaria pasiva para liquidar los intereses moratorios del crédito de valor en su tramo dineraria, desistiendo voluntariamente de su pretensión original de que sea aplicada una tasa moratoria activa, la cual —sin duda— le hubiera brindado un resultado más eficaz a la hora de lograr el objetivo que ahora invoca: la protección del crédito frente a la inflación futura, en el hipotético y contingente escenario en que la depreciación de la moneda nacional afecte el valor económico del capital de condena en el tramo que va desde la cuantificación hasta el efectivo pago (y siempre que esa afectación sea de una magnitud superior a la evolución de la tasa de interés que la parte decidió consentir) (v. punto «VIII» del escrito de demanda y punto «II.B» del escrito de ampliación de demanda).
Por lo dicho, el planteo debe ser desestimado (art. 768.c y 772 del CCyC).
III.3. Sobre el límite de la cobertura San Cristóbal objetó la decisión del juez de actualizar el monto nominal de la póliza por IPC hasta la fecha del efectivo pago de la condena, comprensivo de capital e intereses. Argumentó que es un error equiparar la póliza contratada con aquellas que regula el art. 68 de la Ley 24.449 y que la citada debe responder dentro de los términos de la póliza. Al no tratarse de un seguro obligatorio, el fundamento de la utilidad social del seguro resulta abstracto y desconectado con la finalidad que sostiene a la actualización. Las quejas que la recurrente postula sobre la extensión de la garantía no son fundadas.
Este tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que la denominada “medida del seguro” contemplada en el art. 118 de la LS no debe entenderse en un sentido estrictamente nominal, reparando únicamente en la cantidad de unidades monetarias volcadas en una póliza celebrada hace ya muchos años, sino en un sentido valorista, haciendo foco en el valor real —esto es, en el poder adquisitivo— de los montos originalmente contemplados en el instrumento, de modo de mantener la ecuación económica original y que la entidad patrimonial de la garantía patrimonial se mantenga a lo largo del tiempo que insume el proceso (causas n°176408 –“Galván, Solange...”- del 14/07/2023 y 178443 -“Castro, Yasmin”- del 14/03/2024).
Por ello, sobre la base del criterio fijado por la Suprema Corte provincial en el caso “Martinez” (C. 119.088, del 21/02/2018), esta Sala ha considerado que la solución más justa en materia de seguros voluntarios de responsabilidad civil consiste en aplicar el límite de cobertura fijado por la autoridad administrativa para el tipo de seguro de que se trate -obligatorio o voluntario- vigente a la fecha del efectivo pago de la condena, comprensivo de capital e intereses (c. 167638 -“Rodriguez...”- del 08/10/2019), agregando luego que ese límite fijado por la Superintendencia de Seguros de la Nación debe ser actualizado por IPC desde la fecha que comenzó a regir la resolución en la que se lo establece y hasta la extinción de la obligación (Sala II, c. 167352 -"Verdinelli, Néstor O."-, del 25/03/2021; en igual sentido, c. 172880 -"Bartoli, Cecilia B."- sent. del 31/11/2021).
Si bien en una extensión distinta a la descripta, la solución adoptada por el magistrado es concordante con las premisas que dan soporte al criterio de este Tribunal, por lo que propondré al acuerdo que la decisión sea confirmada.
Considerar que el límite de cobertura constituye un valor nominal fijo e invariable, como pretende la apelante, resulta absurdo y genera resultados por completo inaceptables en coyunturas inflacionarias: significaría asignarle a la aseguradora un generoso premio derivado de su propia mora, con un indisimulable beneficio derivado de litigar para demorar el pago de lo debido, financiándose con el litigio judicial y la dilación abusiva del proceso (v. mi voto en causas 162.615 -“Curry...”- del 27/04/2017, 179.120 –“Acosta Cortez...”- del 22/02/2024 y 178.443 -“Castro, Yasmin”- del 14/03/2024). Detrás de la pretensión de la aseguradora de atenerse a los contornos nominales de la suma asegurada en la póliza se vislumbra un objetivo indisimulable: lejos de resguardar un supuesto equilibrio negocial, lo que se busca es licuar su propia deuda beneficiándose con la inflación acumulada durante el tiempo que insumió un juicio que ella misma motivó y en el que resultó vencida (art. 10 del CCyC).
El recurso de la citada en garantía, en lo que a este punto refiere, también debe ser rechazado (arts. cit.).
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Rechazar los recursos de apelación de Camuzzi Gas Pampeana S.A., Red Serv S.A. y San Cristóbal S. M. S. G., con costas (art. 68 del CPCCBA); II) Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora y modificar la sentencia de primera instancia en los siguientes conceptos: (i) se incrementa el rubro gastos médicos y de farmacia a $600.000 y de gastos de traslado a $100.000, (ii) se incrementa el daño moral a equivalente en pesos a la suma de tres mil dólares estadounidenses (U$S 3.000) con los fundamentos y parámetros de conversión fijados en el considerando «III.2.d.» de la presente; (iii) se modifica la modalidad de cálculo de los intereses moratorios de los rubros precedentemente indicados, de conformidad con las pautas establecidas en el considerando «III.2.e.». III) Imponer las costas de segunda instancia a los demandados condenados y sus respectivas compañías de seguro citadas en garantía (art. 68 del CPCCBA), a excepción de las generadas por la intervención de Cuarzur Edificios S.A. (v. presentación del 05/07/2024), las que se imponen a la actora y a Red Serv S.A. (art. 68 del CPCCBA; ver más arriba, considerando «III.1.b.») IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Rechazar los recursos de apelación de Camuzzi Gas Pampeana S.A., Red Serv S.A. y San Cristóbal S. M. S. G., con costas (art. 68 del CPCCBA); II) Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora y modificar la sentencia de primera instancia en los siguientes conceptos: (i) se incrementa el rubro gastos médicos y de farmacia a $600.000 y de gastos de traslado a $100.000, (ii) se incrementa el daño moral a equivalente en pesos a la suma de tres mil dólares estadounidenses (U$S 3.000) con los fundamentos y parámetros de conversión fijados en el considerando «III.2.d.» de la presente; (iii) se modifica la modalidad de cálculo de los intereses moratorios de los rubros precedentemente indicados, de conformidad con las pautas establecidas en el considerando «III.2.e.». III) Imponer las costas de segunda instancia a los demandados condenados y sus respectivas compañías de seguro citadas en garantía (art. 68 del CPCCBA), a excepción de las generadas por la intervención de Cuarzur Edificios S.A. (v. presentación del 05/07/2024), las que se imponen a la actora y a Red Serv S.A. (art. 68 del CPCCBA; ver más arriba, considerando «III.1.b.») IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).V) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE a las partes y al Ministerio Público en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
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Fin de la sentencia