Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-1.919/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 391/399 rechazando los agravios en relación a la fecha de inicio de la relación laboral y a la multa prevista en el artículo 2º de la Ley Nº 25.323 y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circuns-cripción Judicial obrante a fs. 379/388, manteniéndola en lo que no fuera materia de agravios.-
2Componer positivamente la litis en lo que fuera materia de agravios, haciendo lugar a la demanda promovida por Ramón Rolando Sotelo en cuanto reclama la indemnización prevista en el artículo 80 de la L.C.T y la sanción conminatoria regulada en el artículo 132 bis de la citada normativa -tomando como parámetro, a los efectos de su cálculo, la fecha indicada en el considerando VI-, condenando a la demandada Cooperativa Sportman Ltda, a abonar al actor las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado (por los rubros y en base a las pautas señaladas en los considerandos IV y VI), en el término de diez (10) días de quedar firme la misma.-
3Imponer las costas, en todas las instancias, a la demandada vencida.-
4Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervi-nientes hasta tanto se regulen en las instancias de grado.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-1.919/13-TSJ Sentencia N°: 587.-
Actor: SOTELO RAMÓN ROLANDO Demandado: COOPERATIVA SPORTMAN LIMITADA Objeto: LABORAL Fecha: 18-6-15 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 587 FOLIO Nº 3.360/3.367 PROT. ELECT. TSS1 003 S.151
Río Gallegos, 18 de junio de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “SOTELO RAMÓN ROLANDO c/ COOPERATIVA SPORTMAN LIMITADA s/ LABORAL”, Expte. Nº S-21.039/07 (S-1.919/13-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que, llegan las presentes actuaciones ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a efectos de tratar el recurso de casación articulado a fs. 391/398 vta., por el Dr. Santiago Luis Pinto, letrado apoderado de la parte actora, contra la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 379/388.-
Recordemos que la sentencia de Primera Instancia hizo lugar parcialmente a la acción interpuesta condenando a la demandada al pago de distintas sumas a favor del actor en concepto de diferencias salariales sobre haberes, diferencia de indemnización por omisión de preaviso, diferencia por indemnización por antigüedad y proporcional vacaciones no gozadas, con más los intereses, condenando en costas a la demandada en un 60 % y a la actora en un 40 % (conf. fs. 345 vta./346). Por su parte, la Cámara de Apelaciones, admitió parcialmente el recurso de apelación incoado por la actora -ordenando intimar a la demandada a ingresar los aportes y contribuciones adeudados (5/2005, 6/2005 y 10/2005) aplicando una sanción conminatoria mensual- y revocó las costas imponiéndolas, en ambas instancias, a la demandada perdidosa (conf. 387 vta./388).- Ante esta solución, el accionante recurre el fallo acusando erró-nea aplicación de la ley (artículo 3° inciso ‘a’ de la ley 1687 -Recurso de Casación-), y absurdo en la apreciación de la prueba; solicitando se haga lugar a sus pretensiones declarándose la nulidad del pronunciamiento de la Alzada (conf. fs. 391).-
Como primer agravio, sostiene: “… corresponde agraviarse en primer lugar, de la fecha que el Órgano de Alzada fija como inicio de la relación laboral, esto es, el 02 de Diciembre de 2004, en contra de la pretensión de esta parte, 1° de Septiembre de 2004...” (cfr. fs. 392 vta.). Se agravia, al considerar que la Excma. Cámara “…se inclina por aceptar la fecha esgrimida por la patronal, en virtud de que así se desprende de la (sic) Informe Pericial Contable de fs. 286/289 vta. que no fue impugnado por las partes… se agravia… de la arbitraria valoración probatoria que realiza respecto del Libro Sueldos y Jornales y su documentación complementaria… por cuanto, a dicho Libro del art. 52, L.C.T. se le aplican los criterios convictivos de los Libros de Comercio, esto es, son prueba en contra de quien los lleva…” (cfr. fs. 392 vta./393).
Agrega al respecto: “… se yergue como único sostén la supuesta falta de impugnación por esta parte del Dictamen Pericial… argumento que desde ya se repudia por arbitrario […] a mayor abundamiento, reparen V.V.E.E. que ni el Sr. Perito ni la Excma. Cámara de Apelaciones hacen una sola mención al recibo de pago extendido por la demandada a mi mandante por haber laborado bajo relación de dependencia en el mes de Agosto de 2004, recibo de pago que por no adecuarse a los extremos del art. 138, L.C.T. no podría estar jamás registrado en el Libro de Sueldos y Jornales, pero que indudablemente ofrece la pauta probatoria del inicio de la relación laboral sin registración, y abona la veracidad de los dichos de los testigos aportados por esta parte actora…” (cfr. fs. 393).
En consecuencia, y conforme lo expuesto, considera el recurrente que debe aplicarse al caso la multa prevista por el artículo 1° de la Ley N° 25.323 (conf. fs. 394). Como segundo agravio, repudia la desestimación de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 80, in fine de la L.C.T (conf. fs. cit.). Expresa que la demandada envió la Carta Documento 788368817 en la cual manifiesta que la certificación de remuneraciones y servicios se encontraba a disposición de la actora en la sede central de la empresa en la localidad de Pico Truncado siendo que el lugar habitual de trabajo era en Río Gallegos. Asimismo expone: “…Que, en nada perjudica a todo lo dicho el hecho de que la demandada haya integrado la Certificación de Remuneraciones y Servicios al celebrarse la audiencia prevista por el art. 47, Ley N° 1.444, ya que cuando esta parte interpeló fehacientemente y en los términos del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 146/01 para entrega de tales Certificaciones, ya había expirado el plazo de gracia que la legislación de fondo concede al patrono…” (cfr. fs. 394 vta.).
Por otra parte, también se agravia, de que los jueces ad quem decreten el rechazo de la multa exigida en virtud del artículo 2º de la Ley Nº 25.323 (conf. fs. 395). Manifiesta: “…Que, el rechazo categórico que el Órgano de Alzada del recurso de apelación intentado por el patrono contra el Decisorio de Primera Instancia que hizo lugar a las diferencias sobre sueldos y sobre indemnizaciones por omisión de preaviso y antigüedad, también da por tierra con las causales de justificación que operaron como eventuales eximentes para la aplicación aunque sea reducida de la multa de marras. Que, el mero hecho de haber abonado las indemnizaciones de los arts. 232/233 y 245, L.C.T. según el buen saber y entender del empleador jamás puede operar per se como elemento que automáticamente dispense de la aplicación de la sanción contenida en el art. 2°, de la Ley N° 25.323, ya que el mero hecho de obligar a litigar al trabajador, para luego resultar vencido en el proceso judicial, y como remate, rechazar el recurso de apelación que contiene la queja por el reconocimiento del rubro ‘Zona’ porque se lo considera desierto, no puede considerarse precisamente como una de aquellas situaciones de excepción que el legislador tuvo en mente a la hora de establecer la posibilidad de morigerar la multa…” (cfr. fs. 395 vta.).
Otro de los agravios expresa-do por el recurrente, es la indebida aplicación que hace el Organo de Alzada de la sanción conminatoria del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. fs. 396) Afirma al respecto que: “… los Sentenciantes, luego de reconocer que esta parte actora interpeló en debido tiempo y forma conforme los extremos del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 146/01, y que la Experticia Contable de fs. 286/289 dan cuenta de la falta de ingreso de los pagos correspondientes a los periodos (sic) Mayo, Junio y Octubre de 2005 pese a que se había practicado las retenciones a mi mandante, y que tal deuda no había sido saneada mediante su inclusión en alguna moratoria o plan de pago, en lugar de establecer la procedencia de la sanción conminatoria, se limitan a intimar nuevamente a la patronal a regularizar la situación de mi poderdante ante los organismos previsionales y de la seguridad social… Que, en consecuencia, el Decisorio en crisis es arbitrario por no ajustarse a Derecho, y apartándose tanto del texto legal del art. 132bis L.C.T., como de la sana doctrina y jurisprudencia, en lugar de establecer que se liquiden retroactivamente con más sus intereses cada uno de los importes devengados a favor de mi mandante en concepto de la sanción conminatoria de marras, resuelve intimar a la patronal para que regularice la situación, pero con dicha intimación, lo que está haciendo es renacer el plazo para sanear la situación, privando a mi poderdante de todos los créditos ya devengados en concepto de esa sanción conminatoria, y que como créditos están incorporados a su patrimonio, alcanzados por la protección que le confiere el art. 17, de la Constitución Nacional…” (cfr. fs. 396 y vta.).
Agrega a ello: “Que, a todo evento, se deja expresamente aclarado que esta parte actora pretende que los créditos en razón de la sanción conminatoria de mención se comiencen a devengar desde el día de la extinción de la relación laboral, por cuanto así es como lo establece el art. 132bis de la L.C.T., ya que si bien el Decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL N° 146/01 exige la interpelación expresa al empleador (que se realizó en autos), en ningún momento dicha norma reglamentaria de la L.C.T. define que las sanciones conminatorias se devengarán desde la intimación expresa del trabajador. Que se requiere el análisis de oficio de la constitucionalidad del Decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL N° 146/01 en este punto, dado el agravio constitucional que se irroga a esta parte...” (cfr. fs. 396vta./397).
Finalmente, y como último agravio, sostiene la nulidad de la sentencia en crisis “por falta de motivación y por aplicación indebida del derecho”. Al respecto, afirma: “Que, finalmente, se agravia esta parte y acusa la nulidad de la Sentencia del Órgano de Alzada, acusando su nulidad, en razón de la falta de motivación suficiente y objetiva, por evaluación arbitraria del conglomerado probatorio, por existir quebrantamientos insostenibles en el íter lógico - jurídico que debe sostener su valida (sic), y por último, por aplicación indebida del Derecho...” (cfr. fs. 397). A continuación realiza una síntesis de los agravios que invocara ut supra. Hace reserva del caso federal (conf. fs. 398).- Que a fs. 506 y vta., obra interlocutorio de este Tribunal haciendo lugar al recurso de queja planteado por el actor a fs. 491/498, declarando mal denegado el recurso de casación interpuesto, y poniendo los autos a disposición de las partes en los términos del artículo 8º de la ley 1687.-
A fs. 522/525 vta., dictamina el Señor Agente Fiscal por ante el Tribunal Superior de Justicia, expresando que comparte “… el análisis que han llevado a cabo los Sres. Jueces de Cámara respecto de la situación planteada en autos, en función de los distintos agravios expuestos por el actor. A mi entender resultan pertinentes los medios de prueba que se han tenido en cuenta para dilucidar, algo tan controvertido por las partes, como ha sido establecer ‘la fecha de inicio de la relación laboral’, lo cual no es una cuestión menor, pues puede alterar el monto de los rubros liquidados como también, involucrar la procedencia de indemnizaciones agrava-das…” (cfr. fs. 524). Continúa analizando los agravios esbozados sosteniendo respecto al certificado de trabajo que prevé el artículo 80 de la L.C.T.: “… el incumplimiento que da lugar al pago de la indemnización tarifada sólo se produce cuando el empleador no entrega la constancia o el certificado dentro de los plazos prescriptos por la ley; en el supuesto que nos convoca, el demandado puso a disposición del empleado el certificado de trabajo, lo cual se encuentra acreditado en autos y ante la intimación efectuada por el quejoso, acompañándolo en el momento de contestar la demanda, encontrándose cumplida la obligación en este aspecto por lo que el agravio esgrimido no debe prosperar…” (cfr. fs. 524 vta.).
Respecto de la aplicación de la multa que establece el artículo 1° de la Ley N° 25.323, considera el Sr. Fiscal que no corresponde su aplicación “… por no darse el presupuesto que exige la norma para la aplicación de dicha indemnización, en función de la fecha de inicio de la relación laboral, la que se encuentra registrada de acuerdo a las constancias de autos.” (cfr. fs. 525). En cuanto a la aplicación de la multa que establece el artículo 2° de la citada ley, expone que “… comparte con la resolución de la Cámara que no es procedente, pues ante la intimación que realizara el trabajador respecto a que se realice la liquidación correspondiente atento a existir diferencias salariales en la liquidación final en cuando a la antigüedad, el empleador la reconoció poniéndola a disposición de aquel, luego al contestar demanda también la ofreció para que se acredite en los autos en forma inmediata, por lo cual no corresponde que se aplique la multa a la empresa toda vez que al momento del distracto abonó las indemnizaciones correspondientes al CCT, afrontando el pago también de las diferencias que se le reclamaron, todo lo cual llevó a los jueces a rechazar esta multa agravada facultad que además están habilitados a ejercer por la misma ley.
Finalmente coincido también con la forma en que se resolvió la cuestión relacionada a la aplicación del art 132 bis, LCT…” (cfr. fs. 525). En virtud de lo expuesto, considera el Sr. Agente Fiscal, que la Sentencia de Cámara se encuentra ajustada a derecho, no surgiendo de la misma violación de ley ni arbitrariedad conforme lo alegara el recurrente por lo que el recurso de casación interpuesto no es procedente (conf. fs. 525 vta.).- A fs. 526, se llaman autos para sentencia.-
II. Que, conforme ha quedado planteada la cuestión extraordi-naria provincial articulada por la parte actora, su desarrollo se propone en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 2º y 3° inciso a) -Recurso de Casación- de la ley 1687, fundamentalmente al vincularla a un defecto de apreciación legal con relación a los hechos y pruebas de la causa; en la correcta interpretación y aplicación del artículo 80 in fine de la LCT (texto ley N° 25345); artículo 2° de la ley N° 25.323 y de la sanción prevista en el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; denunciando asimismo que la Excma. Cámara ha incurrido en arbitrariedad.-
III. Que, el actor como primer agravio, considera que se ha incurrido en absurda valoración de la prueba en cuanto a la fecha de inicio de la relación laboral. Es por ello, que entiende procedente la multa por falta de registra-ción de la relación laboral establecida en el artículo 1° de la ley N° 25.323 (conf. fs. 392 vta).-
Como se afirma en la sentencia en crisis, el actor alega que comenzó a prestar servicios para la firma demandada el 1° de septiembre de 2004 (conf. fs. 379 vta.), y por su parte la empleadora indica que la fecha de ingreso se produjo en diciembre de 2004 (conf. fs. 380). La Excma. Cámara arriba a la conclusión, que la fecha de inicio correcta es la alegada por la demandada.-
Para así decidir, se esgrimen los siguientes fundamentos: “…Si bien es cierto que, los testigos propuestos por la actora, coinciden en manifestar que el Sr. Sotelo comenzó a prestar servicios para la demandada en septiembre de 2004, no menos cierto es que, el testigo ofrecido por la contraria refiere que la fecha de ingreso se produjo en el mes de diciembre de 2004. En efecto, de la prueba pericial contable (v. fs. 286/289 vta.), surge la fecha de ingreso del trabajador (02 de diciembre de 2004), como así también, ésto coincide con las constancias de los recibos acompañados, que sirven de respaldo a las anotaciones contables. Ello así, que mejor que acudir a la prueba pericial contable para despejar dicha incógnita, teniendo en cuenta, asimismo, que la misma no fue impugnada por la actora en el momento procesal oportuno… Por lo expuesto, tendré como fecha de inicio de la relación laboral el 02 de diciembre de 2004, desestimando en consecuencia el agravio sobre el particular, deviniendo en abstracto la queja referida al rechazo de la multa prevista por el art. 1 de la ley 25.323...” (cfr. fs. 382 vta./ 383).- Efectivamente, y tal como se indica ut supra, en la pericia contable aludida, se expresa: “…El demandado lleva los libros de comercio, y sueldos y jornales en legal forma… El Sr. Ramón Rolando Sotelo comenzó la relación laboral con la Cooperativa Sportman Ltda. El día 02 de diciembre de 2004, cumpliendo tareas como Agenciero en cuadradas (sic) en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73 del gremio U.T.A., y más precisamente como Auxiliar de Tercer Categoría. La jornada laboral del actor se extendía de Lunes a Sábado, desde las 08:00 a 16:00 hrs…” (cfr. fs. 286).- Como se desprende de lo expuesto, la Excma. Cámara resolvió razonablemente la cuestión. Además de ello, no hubo impugnación de la pericia por parte de la actora, por lo cual la misma fue consentida.-
No obstante lo expuesto, debemos referirnos al agravio esboza-do por el actor en relación al recibo de pago que acompañara a fs. 54. Al respecto expresa que dicho recibo “…ofrece la pauta probatoria del inicio de la relación laboral sin registración, y abona la veracidad de los dichos de los testigos aportados por esta parte actora…” (cfr. fs. 393).-
Sin embargo, no puede considerarse que dicho recibo demuestre que el actor laborara en relación de dependencia desde la fecha denunciada por el mismo, por dos razones: la primera es que se trata de un único recibo, y la segunda es el monto del mismo ($ 200), notablemente inferior a los demás recibos acompañados (conf. fs. 51/83). -
Es por todo lo expuesto, que el agravio referido a la fecha de inicio de la relación laboral no puede prosperar.-
IV. Que, como segundo agravio expresa el actor que se incurrió en la sentencia en crisis en un indebido rechazo de la sanción establecida en el artículo 80 in fine de la L.C.T. (conf. fs. 394).-
El mismo dispone: “Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social - Certificado de trabajo…. Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social. Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente...”- Expresa al respecto la Excma. Cámara, que tampoco “…puede prosperar el agravio referido al rechazo de la sanción prevista en el art. 80 de la L.C.T. ya que el demandado puso a disposición del actor el certificado de trabajo conforme surge de la carta documento obrante a fs. 6 ante la intimación cursada por el trabajador, y seguidamente lo acompañó en oportunidad de contestar demanda (v. fs. 24/25 vta.)… Por lo expuesto, entiendo que con el ofrecimiento fehaciente y su entrega efectiva al contestar demanda, se encuentra suficientemente cumplido el débito legal, correspondiendo el rechazo del agravamiento previsto en la norma citada…” (cfr. fs. 383 y vta.). Lo expuesto, resulta a todas luces irrazonable.- Obsérvese, que si bien la demandada pone a disposición del Sr. Sotelo el certificado de remuneraciones y servicios; lo hace en la sede de la misma, sita en la localidad de Pico Truncado. Recuérdese que el actor laboró en la ciudad de Rio Gallegos. Este hecho, viola lo dispuesto en el artículo 80, pues en el mismo se dispone que el empleador tendrá "obligación de entregar" los certificados de trabajo.-
Resulta totalmente irrazonable, entonces, que el trabajador tenga que trasladarse casi 700 km. para retirar los certificados que por ley el empleador tiene obligación de entregar.-
Además de ello, debe recordarse que el Decreto N° 146/2001 que reglamenta la mencionada ley, dispone en su art. 3°: "El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que hace alusión el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previsto en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y sus modificatorias, dentro de los treinta días corridos de extinguido el contrato de trabajo".- Es decir, que una vez resuelto el vínculo contractual, nace la obligación en cabeza del empleador de hacer entrega de los certificados correspon-dientes en un plazo de 30 días corridos. Si no lo realiza, el trabajador queda facultado a intimarlo para que en el plazo de dos días hábiles los entregue, en caso contrario, el empleador deberá abonar la indemnización a favor de aquél.-
En los presentes actuados, el demandado fue fehacientemente intimado por la actora, luego de transcurridos los 30 días, conforme se desprende de la carta documento obrante a fs. 7.-
La entrega de dichos certificados en el domicilio de la misma fue concretada por la empleadora al momento de contestar la demanda incoada, la que fuera promovida con fecha 22 de junio de 2007. Es decir, los plazos establecidos en la ley, fueron holgadamente excedidos.-
Es por lo expuesto, que el actor tiene derecho a la indemniza-ción, equivalente a tres veces la mejor remuneración, mensual, normal y habitual que hubiere percibido durante el último año.-
A tales efectos, y conforme los recibos de sueldos obrantes a fs. 52, corresponde tomar como base del cálculo la suma de pesos mil cuatrocientos treinta y dos ($ 1.432).-
Al respecto, este Tribunal ha expresado respecto del tema en tratamiento, que el artículo citado: “… ‘…impone al empleador cuando el contrato de trabajo se extingue por cualquier causa, el deber de entregar al trabajador un certificado de servicios que deberá contener el tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de estos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribu-ciones al sistema de seguridad social y calificación profesional obtenida (confr. Grisolía, Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tº I, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2004, págs. 661/671). El artículo 45 de la ley 25345 agrega una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador el último año de la relación o durante el tiempo de la prestación de servicios si este fuere menor, para el caso que el empleador no cumpliere con la entrega de las constancias o el certificado dentro de los dos días hábiles de efectuado el requerimiento en forma fehaciente…. En definitiva el plazo que tiene el empleador para entregar el certificado es de 30 días contados desde la disolución del vínculo y la indemnización es debida si el empleador no entrega los certificados vencido el plazo de dos días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de la intimación, realizada luego de treinta días corridos de extinguido el contrato de trabajo (confr. Grisolía, Julio Armando, ob. cit., pág. 672/674)?’ (confr. Tomo XV, Sentencia, Reg. 533, Folio 2996/3004). Así, para que proceda la indemnización a favor del trabajador por la no entrega de la documentación del artículo 80 de la LCT, éste ‘…debe haber intimado en forma fehaciente requiriendo su entrega dentro del plazo de dos días hábiles, pero tal intimación sólo puede cursarse una vez que el empleador se encuentre en mora respecto de su obligación de entregar las certificaciones, lo que según la reglamentación (dec. 146/01, B.O., 13/02/01) ocurre a los treinta días de extinguido -por cualquier causa- el contrato de trabajo?’ (confr. Rodríguez Mancini, Jorge, Ley de Contrato de Trabajo, Comentada, anotada y concordada, T° II, Buenos Aires, La Ley, 2007, pág. 1033).” (cfr. Tomo XVII, Sentencia, Reg. Nº 579, Folio 3.303/3.311).- En base a lo expuesto, debe prosperar el agravio del actor, resultando procedente la indemnización dispuesta por el artículo 80 in fine de la L.C.T..-
V. Que, en cuanto al tercer agravio del actor, su queja se basa en, a su entender, indebido rechazo a la aplicación de las multas derivadas del artículo 2° de la Ley N° 25.323.-
Recuérdese, que el citado artículo 2° dispone: “Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemniza-ciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%. Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago.”.- En la sentencia dictada por la Excma.
Cámara, se resuelve al respecto: “…Se debe recordar que esta indemnización tiende a resarcir daños distintos e independientes de la cesantía en sí, ya que busca indemnizar los perjuicios que sufre el trabajador como consecuencia de la falta de pago en tiempo oportuno de las reparaciones consagradas por la L.C.T. y por ley 24.013, ésto es, pretende que el acreedor laboral sea satisfecho de modo inmediato en atención al carácter alimentario de su crédito… Conforme surge de las constancias de la causa, el actor reclama una serie de diferencias salariales como consecuencia del despido dispuesto por el empleador sin justa causa… Asimismo se desprende de las comunicaciones epistolares que intercambiaron las partes, que el trabajador intima se realice la liquidación correspondiente, atento existir diferencias salariales en la liquidación final en cuanto a la antigüedad.
El empleador reconoce tal diferencia poniéndola a disposición de aquél (v. fs. 29)… Al contestar la demanda, el accionado señala que, atento la desidia del actor en recepcionar tal comunicación, pone a disposición la suma de $ 2.692,90 para que se acredite en autos en forma inmediata (v. fs. 88 punto 8)… no corresponde que el trabajador se haga acreedor de la multa establecida en el art. 2 de la ley 25.323, toda vez que ésta sólo se aplica para el caso en que no se abonaren las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T., y no por diferencias que pudieran existir en la liquidación final. Más aún, teniendo en cuenta la actitud del empleador al momento de producirse el distracto, que abonó las indemnizaciones conforme el C.C.T. por lo que existían causas que justificaron la conducta de aquél conforme lo prevé, para la procedencia de la excepción, el segundo párrafo del art. 2 de la ley 25.323…” (cfr. fs. 383 vta./384 y vta.).- En el caso, consideramos correcta la apreciación de la Excma.
Cámara, por las siguientes razones.-
Encontramos, en el sub lite, viable la excepción prevista en el segundo párrafo del precepto transcripto toda vez que el Sr. Juez de Primera Instancia reconoció sólo ciertas diferencias salariales -respecto del 20% por zona, que no fuera liquidado en los haberes del actor- (conf. fs. 344 y vta.); cuestión por la cual pudo válidamente considerar el demandado tener la razón. En el caso, se hizo el pago de las indemnizaciones de ley.-
A los efectos de apuntalar lo expresado, se ha manifestado que “…dicha excepción resulta aplicable cuando surge de la causa que el empleador pudo considerar un acto del dependiente como causa justificada para el despido pero no pudo probarla en juicio o que existió pero no justificaba el despido (confr. Grisolía, Julio Armando, Régimen Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo, 4ª ed., Nova Tesis Editorial Jurídica, Rosario, 2007, pág. 484); y además que ‘…la indemnización prevista por el art. 2º ley 25.323 debe ser concedida con carácter restrictivo y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador, quien frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema?’ (confr. CNLB, Capital Federal, 21-6-2002, ‘Aca, Adrián R. c/ Don Battaglia S.R.L.’, JA 2002 IV, 129, citado en RODRÍGUEZ SAIACH, Luis Armando, ‘Cálculo, indemnizaciones laborales: bases, liquidaciones’, ejemplos, topes indemnizatorios, jurisprudencia, 5ª ed., GWA Ediciones Profesionales, Buenos Aires, 2008, págs. 337/338)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XVII, Sentencia, Reg. 576, Folio: 3.279/3.288).- Debe recordarse asimismo, que “…determinar si corresponde eximir al empleador -total o parcialmente- del pago del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, en tanto se vincula a la ponderación de las circunstancias fácticas, corresponde privativamente al tribunal del trabajo, y la decisión que al respecto éste adopte no es revisable en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo...” (SCBA, “Pellegrino, Marcelo Héctor c/ Camino del Abra S.A.C.V -Diferencia de indemnización” LP 103879 S 20/08/2014).- Por los motivos explicitados, lo resuelto en la sentencia en crisis resulta razonable.-
VI. Como cuarto agravio, el reclamante alega la indebida aplicación de la sanción conminatoria prevista en el artículo 132 bis L.C.T., resaltando que el crédito resultante debería liquidarse retroactivamente.-
Se aduce al respecto en el fallo en crisis: “…Conforme el Decreto 146/01 art. 1 para que sea procedente la sanción conminatoria establecida en el artículo que se reglamenta, el trabajador deberá previamente intimar para que, dentro del término de 30 días corridos a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a éste último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores. El trabajador tendrá derecho a percibir, en concepto de sanción conminatoria mensual, el equivalente a la última remuneración mensual devengada a su favor…” (cfr. fs. 385). La sentencia analiza el informe pericial de fs. 286/289 vta., donde se constata que respecto de “… ‘…los períodos 05/2005, 06/2006 y 10/2005 no se encontraron los pagos correspondientes, y en el detalle de los pagos del sistema tributario y en los planes de pago de regularización de aportes no figuran dichos períodos’ (cfr. fs. 289)…” (cfr. fs. 385 vta.).- Es por lo expuesto, que la Excma. Cámara considera que se encuentran reunidos los presupuestos “… que proveela (sic) norma en cuestión para hacer efectiva la sanción conminatoria…”, correspondiendo “… admitir el agravio esgrimido en tal sentido, intimando a la demandada a ingresar los aportes y contribu-ciones adeudados, aplicando como sanción conminatoria mensual, el equivalente a la última remuneración mensual devengada por el trabajador, ello hasta que el empleador acreditare haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos (art. 132 bis L.C.T.)...” (cfr. fs. cit.).- En sus agravios, el actor solicita que la sanción comience a devengarse desde el día de la extinción de la relación laboral, por encontrarse así establecido en el artículo 132 bis de la L.C.T.; pretendiendo que este Tribunal Superior declare la inconstitucionalidad de oficio del Decreto N° 146/01, en cuanto establece que el cómputo debe realizarse a partir del vencimiento del plazo de intimación (conf. fs. 396 vta./397).-
Desde ya, destacamos que este agravio debe rechazarse. En primer lugar por no haberse realizado planteamiento alguno de inconstitucionalidad en el momento procesal oportuno; y luego, por encontrarse el mismo en abierta contradicción con lo solicitado oportunamente en la demanda a fs. 10/14.-
En dicha presentación, el actor expresa: “…Esta parte, en cumplimiento de la carga impuesta por el Decreto N° 146/01, intimó fehacientemente al patrono a regularizar la situación del trabajador, y más allá de la expresa negativa a hacerlo… aguardó el transcurso del plazo impuesto en ese Decreto Reglamentario del art. 132 bis de la L.C.T. Que para el caso de demostrarse en estos actuados la concurrencia de una mora imputable a la patronal en el ingreso de los aportes y contribuciones, con más sus intereses y demás sanciones de ley a los sistemas previsionales y de la seguridad social, a V.S. solicito haga efectiva la sanción consagrada en el art. 132bis de la L.C.T. con efecto retroactivo el 2 de Mayo de 2007, fecha en la que se cursó el primer emplazamiento en ese sentido...” (cfr. fs. 13 vta.).
Lo expuesto, resulta suficientemente ilustrativo al respecto.- En cuanto al momento procesal en el cual deben realizarse las peticiones, este Tribunal Superior de Justicia ha expresado en repetidas oportunidades “…Sabido es que no corresponde en esta etapa extraordinaria adentrarnos al tratamiento de cuestiones que no han sido propuestas en las instancias de grado, porque ello violaría el principio de congruencia, convirtiendo además a esta en una tercera instancia lo cual no ha sido intención del legislador al reglar este excepcional remedio. No se puede en esta oportunidad atender las reflexiones tardías de las partes, recuérdese que tal como lo explica Hitters (Técnicas de los Recursos Extraordinarios y Casación, Ed.
LEP, 2da. ed., pág. 182) en la casación hay motivos de impugnación reglados en forma expresa, se controla lo decidido en instancias ordinarias y que el recurso tiende a controlar providencias ya dictadas, de ahí entonces que resulten ajenas a este carril aquellas cuestiones que no han sido propuestas en las instancias ordinarias (ob. cit. pág. 613). Así se ha dicho que: ‘Resultan inaudibles los planteos del recurrente que no fueron sometidos a conocimiento de la Cámara en el tiempo procesal oportuno, pues no pueden ser traídos intempestivamente a esta instancia extraordinaria’ (CSJN, Fallos: 313:342)…” (cfr. Tomo XVI, Sentencia, Reg. 551, Folio 3.115/3.118).- Expresado ello, debe recordarse que el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, texto dado por el artículo 43 de la Ley N° 25.345, ha instrumentado una sanción conminatoria mensual a favor del trabajador afectado cuyo empleador no hubiere ingresado total o parcialmente los aportes retenidos a su favor con destino a los organismos de seguridad social.-
Como lo expresa la Excma. Cámara, dicha sanción debe aplicarse; siendo la cuestión a dilucidarse la fecha a partir de la cual debe ser computada, pues resulta errónea la consideración del fallo cuestionado en cuanto a la intimación que pretende renovar.-
Recuérdese, que el Decreto N° 146/2001 (Reglamentación de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley Nº 25.345), establece en su artículo 1º: “(Reglamentación del artículo 43 de la Ley Nº 25.345, que agrega el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo) Para que sea procedente la sanción conminatoria establecida en el artículo que se reglamenta, el trabajador deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos Organismos recaudadores. El trabajador tendrá derecho a percibir, en concepto de sanción conminatoria mensual, el equivalente a la última remuneración mensual devengada a su favor. Las remuneraciones en especie deberán ser cuantificadas en dinero”.- En definitiva, resulta procedente la sanción peticionada conforme lo establecido en el Decreto N° 146/01 artículo 1. Es decir, que la sanción comenzará a ser aplicada, luego de transcurridos treinta días corridos a partir de la intimación fehaciente que realice el trabajador (en el caso, el empleador fue intimado por medio de carta documento, conforme surge de las constancias agregadas a fs. 7/8). A tales efectos, deberá tomarse como fecha de recepción de la carta documento remitida, la que se encuentra inserta en el sello del correo; esto es el 11 de mayo de 2007.- En función de lo expuesto, encontrándose acreditados los presupuestos establecidos en los artículos 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 43, ley 25.345) y 1 del decreto Nº 146/2001, debe prosperar PARCIALMENTE el agravio del actor, revocándose el pronunciamiento en cuanto al inicio del cómputo de la sanción establecida, tomando dicho cómputo cumplidos los treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.-
VII. Finalmente, y como último agravio, sostiene la nulidad de la sentencia en crisis “por falta de motivación y por aplicación indebida del derecho”; lo cual en función de la vaguedad que demuestran sus argumentos y lo resuelto en los presentes, debe ser desestimado.-
Los magistrados de Alzada han efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegado a conclusiones que, más allá de su error o acierto, no patentizan la exteriorización de la sola voluntad del juez, ya que aportan las razones del veredicto. No se advierte, en éste, error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se acreditan ni se evidencian. Por otra parte, corresponde a la impugnante demostrar la existencia del absurdo y no al Superior Tribunal explicar por qué no se ha configurado (cf. Hitters, Juan C. Técnica de los recursos extraordinarios y de casación, 2ª. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 452/471). Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por el recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXIV, Interlocutorio, Reg. 2.977, Folio 4.800/4.803; Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3.083, Folio 5.020/5.023; Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3.097, Folio 5.047/5.050 entre otros).-
VIII. Que por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 391/399 rechazando los agravios en relación a la fecha de inicio de la relación laboral y a la multa prevista en el artículo 2º de la Ley Nº 25.323 y casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 379/388 manteniéndola en lo que no fuera materia de agravios. En consecuencia, se decide componer positivamente la litis en lo que sí fuera materia de agravios, esto es, en relación a la indemnización prevista en el artículo 80 de la L.C.T y la sanción conminatoria regulada en el artículo 132 bis -tomando como parámetro, a los efectos de su cálculo, la fecha indicada en el considerando VI- condenando a la demandada Cooperativa Sportman Ltda, a abonar al actor las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado por los rubros y en base a las pautas señaladas en los considerandos IV y VI y en el término de diez (10) días de quedar firme la misma. Por aplicación del principio objetivo de la derrota, las costas se imponen a la demandada perdidosa (art. 68, CPC y C, por remisión del art. 121 de la ley 1444), difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se regulen en la anterior instancia, teniéndose presente la reserva del caso federal.-
Por todo ello, lo dispuesto por los artículos 13 y 14, segunda parte, de la ley 1687 -Recurso de Casación-, y artículos 34, inciso 4; y 165 primer párrafo del CPC y C, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 391/399 rechazando los agravios en relación a la fecha de inicio de la relación laboral y a la multa prevista en el artículo 2º de la Ley Nº 25.323 y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circuns-cripción Judicial obrante a fs. 379/388, manteniéndola en lo que no fuera materia de agravios.-
2. Componer positivamente la litis en lo que fuera materia de agravios, haciendo lugar a la demanda promovida por Ramón Rolando Sotelo en cuanto reclama la indemnización prevista en el artículo 80 de la L.C.T y la sanción conminatoria regulada en el artículo 132 bis de la citada normativa -tomando como parámetro, a los efectos de su cálculo, la fecha indicada en el considerando VI-, condenando a la demandada Cooperativa Sportman Ltda, a abonar al actor las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado (por los rubros y en base a las pautas señaladas en los considerandos IV y VI), en el término de diez (10) días de quedar firme la misma.-
3. Imponer las costas, en todas las instancias, a la demandada vencida.-
4. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervi-nientes hasta tanto se regulen en las instancias de grado.-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal.-
Sec.: Dra. Marcela S. Ramos Protocolización: TSS1003S.151 Tomo: XVII Sentencia: 587.-
Folio N°: 3.360/3.367.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia