Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8924/25 Sentencia: Definitiva Actor: Soto José David Demandada: San Antonio Internacional S.A. y Otro Objeto: Laboral – cobro de pesos Fecha: 06-03-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los seis de Marzo de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: "SOTO, JOSE DAVID C/SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A. Y OTRO S/LABORAL – COBRO DE PESOS" - Expte. N° 18.240/17 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nro. 2 con asiento en ésta ciudad de Caleta Olivia, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8924/2025. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio M. Fernández; Humberto E. Monelos y Griselda I. Bard para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que a fs. 41/61 se presenta el Sr. José David Soto con el patrocinio letrado de los Dres. Maria Laura De Santis y Gabriel Damián Ariel Ruiz e inicia demanda laboral en contra de San Antonio Internacional S.A. por el cobro de indemnización de despido con más el cobro de liquidación final con más agravantes y daños y perjuicios producidos por la comisión de actos discriminatorios. En forma conjunta promueve demanda por responsabilidad solidaria en contra de SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC. Reclama el pago de la suma de dinero que surge del acápite de liquidación obrante en la demanda o lo que en más o en menos surja de la prueba a realizarse en autos, con las actualizaciones de ley y los intereses que correspondan desde que cada suma es debida, más las costas y costos del juicio. Solicita asimismo que el Daño Moral que demanda sea cuantificado por V.S. en el marco de su sano criterio. En subsidio plantea la inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios y en forma conjunta inicia ejecución de liquidación final.
Bajo el título “Ejecución de Liquidación Final” pone a conocimiento que el accionado no pago la liquidación final que oportunamente puso a disposición del actor, la que está compuesta por los siguientes ítems: a) Salario hasta el último día del vínculo laboral, b) Proporcional de SAC 2 do. Semestre 2.016 y c) Proporcional de Vacaciones 2.016. Señala que independientemente del resultado de la acción, la liquidación final es reconocida por el accionado y esta injustificadamente retenida sin motivo, causa, ni derecho alguno.
Al relatar los hechos expone que se desempeñaba en relación de dependencia para la demandada desde el 24/07/2.006 en la categoría de Peón Practico de Perforación encuadrado en el CCT 643/12 del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz, realizando tareas de enganchador, relevo de maquinista, asistir a quebrar la llave, levantamiento/izaje de varas y todo cuanto se realiza en la boca de pozo durante el proceso de perforación. Expone el contexto de conflicto sindical en el que se materializo su despido con justa causa que habría sido comunicado por CD 757194682 de fecha 09/08/2.016 que según señala, nunca fue recibida. Manifiesta que ante la incertidumbre y falta de respuesta a una intimación anterior que le había cursado a su empleadora (para que aclare su situación laboral), impugna la supuesta causa de despido y se considera injuriado y en situación de despido indirecto, intimando al pago de la indemnización correspondiente. Dice también que puso a conocimiento de la situación a la empresa operadora SINOPEC debido a la responsabilidad solidaria objetiva.
Relata el intercambio epistolar que se dio entre las partes, analiza la responsabilidad solidaria de SINOPEC, funda en derecho, practica liquidación, y detalla los ítems que deben integrar el salario para la base de cálculo del monto indemnizatorio reclamado. Fundamenta jurídicamente el monto base de cálculo conforme al régimen vigente de la ley 20.744, pide la aplicación de los arts. 2 de la ley 25.323, 80 de la ley 20.744 y arts. 275 y 276 de dicho cuerpo legal – Conducta maliciosa y temeraria. Luego promueve la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio regulado en el art. 245 de la LCT y explica el acto discriminatorio del trabajador que habilita la indemnización civil por daños y perjuicios. Cita jurisprudencia relativa al daño moral, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y hace su petición final. II.- A fs. 101/119 se presentan los Dres. Ignacio Ferreyra de las Casas y Federico Ferreyra Amuchastegui en representación de la parte demandada SAN ANTONIO INTERNATIONAL S.A. y contestan demanda. Niegan en particular los hechos y bajo el acápite “hechos” solicitan la desestimación de la demanda. Formulan luego consideraciones jurídicas respecto de la liquidación final confeccionada, la mora del acreedor y la forma de pago elegida. Describen el conflicto sindical de agosto de 2.016, hacen alusión al domicilio a la que se dirigió la carta documento de despido y desarrollan sobre el despido con justa causa del actor. Seguidamente analizan la inexistencia del ejercicio del derecho de huelga en el paro de agosto de 2.016 reproduciendo jurisprudencia y doctrina al respecto, argumentan que el actor y los demás empleados excedieron sus derechos al ejecutar medidas de fuerza, citan el precedente “Orellano” de la CSJN y bajo el título “la fecha de la ruptura del vínculo laboral” concluyen en que quedó demostrado que el contrato de trabajo se extinguió con justa causa con motivo de la comunicación cursada al actor por la demandada en fecha 8 de agosto de 2.016.
En el acápite “planteos subsidiarios”, para el caso que se haga lugar a la demanda, razona que la pretensión de pago de la indemnización prevista en la ley 25.323 no tiene respaldo jurídico. Pide se desestime el planteo de inconstitucionalidad del tope del art. 245 de la LCT, señala que es improcedente el rubro daño moral, los daños y perjuicios reclamados y la pretensión de aplicación de conducta maliciosa y temeraria. Razona que se configura la causal de Pluspetición Inexcusable, desconoce documentación, ofrece prueba, funda en derecho, formula reserva del caso federal y hace su petición final.
III. A fs. 294/304 se presenta el Dr. Ignacio Ferreyra de las Casas en representación de SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC. y opone excepción de falta de legitimación pasiva como defensa de fondo. En subsidio contesta demanda y explica cual es la actividad que desarrolla su representada invocando la inexistencia de responsabilidad solidaria. Formula una negativa pormenorizada de hechos, y bajo el título “hechos”, nuevamente detalla la actividad que lleva a cabo SINOPEC. Luego sostiene que el actor es empleado de la empresa San Antonio International, que es una empresa con giro propio y asunción de riesgos y por tanto nunca fue empleado de su mandante, jamás fue seleccionado, incorporado ni efectuó trámite alguno de ingreso a su representada, solicitando por ende se rechace la demanda. Señala después que el actor no explica fundamentos de demanda contra su mandante y sostiene que no se está ante un supuesto de intermediación fraudulenta y/o que su mandante sea el verdadero empleador del accionante. Hace hincapié nuevamente en la inexistencia de responsabilidad solidaria citando jurisprudencia. Desconoce documental, impugna la liquidación, la procedencia de la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, de la multa del art. 80 de la ley 20.744 y de la temeridad y malicia invocada. Ofrece prueba y para el caso que se desista de la acción en contra de San Antonio International S.A la cita en subsidio. Hace reserva de caso federal, funda en derecho y hace su petición final.
IV. A fs. 317/319 se abre la causa a prueba. Producida la misma, a PE 895083-2024 se fija fecha de audiencia para el día 5 de septiembre de 2.024 a los fines previstos por el art. 70 de la Ley N° l444. Ni actora ni demandada presentan alegatos de bien probado. Por PE 1504569-2024 la empresa CGC ENERGIA S.A. mediante apoderado, acompaña alegato en calidad de continuadora de la co-demandada SINOPEC.
V. En PE 1527736-2024 se hace el llamado de autos para dictar sentencia y a PE 1788746-2025 obra sentencia definitiva, la cual admite la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por S.I.N.O.P.E.C, rechaza la demanda interpuesta por el Sr. José David Soto en contra de SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A. en relación a los rubros pretendidos de Indemnización por Antigüedad, Indemnización sustitutiva de preaviso, SAC sobre preaviso, Integración mes de despido, Indemnización Art. 2do Ley 25.323, y Daños y Perjuicios por acto de discriminación, ordenando a SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A. que dentro de los 10 días de notificada y firme la sentencia, haga efectivo pago del monto de la liquidación por los rubros reclamados y que progresan a favor del actor, la que deberá ser actualizada por el Gabinete Contable Oficial. Impone las costas por el orden causado y difiere la regulación de los honorarios profesionales y la determinación de la tasa de justicia hasta tanto obre en autos liquidación aprobada y firme.
VI. La demandada a PE 1813522-2025 interpone recurso de apelación en contra la sentencia de grado y la crítica que formula la sustenta en dos agravios. A través del primero de ellos, cuestiona que se haya ordenado que el monto de la liquidación final, deba ser actualizado desde la fecha de la finalización de la relación laboral hasta el efectivo pago conforme a las pautas dadas en el punto “recomposición pecuniaria”. Al argumentar su postura, señala que esa conclusión del fallo denota que el sentenciante no contempló lo alegado en el punto B.1 del escrito de contestación de demanda (LA LIQUIDACION FINAL Y DOCUMENTACIÓN DE BAJA. MORA DEL ACREEDOR) y que por ese motivo emite una conclusión incorrecta y errónea que invalida lo resuelto.
Alega en ese sentido, que el art. 124 de la LCT autoriza el pago mediante cheque a la orden del trabajador y que el empleador puede optar por ese medio y esa elección no puede considerarse inválida, interpretando que el fallo en crisis no lo entendió así y puso en duda la existencia y autenticidad del cheque en cuestión. Pone de resalto que su parte acompaño la prueba pericial contable tramitada en extraña jurisdicción a través de la cual demostró la existencia del cheque y que contaba con fondos para afrontarlo, a lo que suma que en la carta documento de despido se le hizo saber al trabajador que los haberes estaban a su disposición. Sostiene luego que el hecho de no haberlo acompañado obedece a que el art. 25 de la ley 24.452, dispone que el término de presentación de un cheque librado es de treinta (30) días contados desde la creación, por lo que el cheque que se había confeccionado para que el actor perciba su liquidación final había vencido a los treinta días de su emisión, entendiendo por ello que no tenía ningún sentido adjuntarlo en original.
Argumenta también, que el actor tuvo una falta total de colaboración para ir a retirarlo, lo que importó innegables consecuencias jurídicas como es la ya alegada configuración de mora en el acreedor, la que fue indebidamente omitida en la sentencia de grado. Afirma que ante la mora del acreedor, la pretensión de percibir intereses debió ser desestimada, siendo indiferente si su parte consignó o no el importe en cuestión, ya que conforme al ar. 908 del CCYC se trata de una facultad y no de una obligación legal. Señala que sostener lo contrario importaría desconocer la naturaleza misma de ese instituto jurídico. Cita jurisprudencia y concluye en que no existe en estricto derecho la posibilidad de reclamar intereses, solicitando que así sea declarado.
En el segundo agravio cuestiona la imposición de costas en el orden causado. Señala en ese sentido que la demanda se promovió por la suma de $ 1.621.608,90 más intereses, prosperando parcialmente por $ 59.866,00 más intereses o sea que la acción fue rechazada en $ 1.561.742,9 lo que representa un 96 %. Razona así que la conclusión arribada por el Juez de imponer las costas por su orden no constituye la solución legal de la cuestión, citando a tal efecto el art. 71 del CPCC. Peticiona por ello se deje sin efecto lo decidido y las costas se establezcan en forma proporcional de acuerdo al éxito obtenido.
VII. Los agravios de la demandada no reciben réplica de la parte actora.
VIII. A PE 1843490-2025 Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo. Por PE 1899839-2025 se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.
IX. Que corresponde ingresar al tratamiento de las quejas formuladas comenzando lógicamente por la primera de las críticas, la que va de suyo, aborda lo que entendió es la cuestión medular de lo planteado por el recurrente en sus sendos agravios. En ese camino, observo que el ataque se asienta en dos claros argumentos. En el primero de ellos, el apelante cuestiona la forma de resolver del Juez de grado achacándole que puso en duda la existencia y autenticidad del medio de pago por su parte elegido, y a través del segundo, sostiene que la conducta del trabajador quedo encuadrada en la figura de mora del acreedor al no haber ido a retirar el cheque mediante el cual se le pago la liquidación final por el despido con causa cursado. Entiende por esto que la pretensión de percibir intereses debió ser desestimada, ya que es indiferente si su parte consigno o no el importe correspondiente.
Así las cosas, inicio el estudio del agravio remarcando que no advierto que el juez de la instancia anterior haya desconocido o puesto en duda la validez del medio de pago que eligió la empleadora para abonar la liquidación final pertinente. Cierto es que la legislación laboral en vigencia permite el pago mediante cheque siendo expreso en ese sentido el art. 124 de la LCT. Si bien esta norma hace referencia expresa a las remuneraciones y omite aludir a las indemnizaciones, éste medio se aplica también a éstas últimas de acuerdo a lo estipulado en el art. 149 de ese cuerpo legal, que en lo pertinente señala que lo dispuesto en el presente capítulo (Capítulo IV - de la tutela y pago de la remuneración), en lo que resulte aplicable, regirá respecto de las indemnizaciones debidas al trabajador o sus derecho-habientes.
Dicho ello, entiendo que a los fines de resolver la queja, debo hacer foco en el comportamiento que tuvo el empleador para asegurar el cumplimiento de su obligación de pago al tiempo en que operó la extinción del vínculo. En este sentido tengo como premisa que tanto para las remuneraciones como para las indemnizaciones que debe pagar, aquel debe buscar la forma que asegure su percepción rápida por parte del trabajador dado el carácter alimentario que ostentan.
Con éste punto de vista, parto de la base que el demandado al comunicar la extinción de la relación laboral, lo hizo mediante CD 757194682 en fecha 8/8/2.016 en los siguientes términos: “Nos dirigimos a ud. por los motivos y a los efectos que seguidamente señalamos: Desde el día 1° del corriente Ud. se encuentra sin cumplir sus tareas normales y habituales, quebrantando gravemente sus obligaciones contractuales y causándonos mayúsculos daños y perjuicios. No habiendo cumplido a pesar de haber sido intimado a retomar sus tareas normales y habituales, notifico a ud. que se encuentra despedido a partir del día de la fecha, con justa causa. Le descontaremos el importe de los días no trabajados y lo responsabilizamos por todos los daños y perjuicios que nos ha causado, formulando la más amplia reserva de acciones y derechos. Haberes y certificaciones a su disposición en términos de ley. Deberá presentarse en el centro médico SANTA CRUZ, ubicado en la calle Mariano Moreno N° 107, Caleta Olivia, a los efectos de realizar el examen médico de egreso”
Que en la oportunidad de contestar demanda, señalo que su parte procedió a confeccionar la liquidación final del trabajador y la puso a su disposición, justificando luego el medio de pago utilizado haciendo cita de la ley 26.590 (modificatoria de la ley de contrato de trabajo 20.744). Destacó también que el cheque estuvo en las oficinas de la empresa y que se lo hizo saber al operario tanto en la comunicación del despido como en otras posteriores. Seguidamente se apoyó en el art. 867 del CCYC para sostener que el actor no presto ninguna colaboración y se produjo así la mora del mismo. Los términos de tal postura determina que el eje de la cuestión está centrado en decidir si la manifestación del empleador de que los haberes están “a su disposición”, es suficiente para constituir al trabajador en mora (mora accipiendi) y lo libera de su obligación de pago. Tengamos presente que el juez de grado consideró que el empleador no se exime de su obligación de pago del salario por el hecho de poner un cheque a su disposición.
Fijado así el punto a resolver, debo recordar primero, dada la naturaleza de las normas que se encuentran involucradas, que el Derecho del Trabajo tiene carácter protectorio y por ello es que la interpretación que se lleve a cabo deberá siempre ser la más favorable al trabajador (indubio pro operario). Bajo esa perspectiva, y tal como se señaló párrafos arriba, el recurrente al motivar su agravio se sustenta en la normativa civil que regula la figura que quiere traer a éste proceso y reproduce así el concepto contenido en el art. 886 del CCYC, que señala en el segundo párrafo: “El acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el art. 867 y se rehúsa injustificadamente a recibirlo”.
Veamos entonces si se dan en el caso los presupuestos pertinentes para que el empleador se libere de toda responsabilidad por la obligación de pago que recaía sobre su cabeza.
En esa faena tengo en cuenta primero que el empleador tiene un plazo de 4 días hábiles para abonar la liquidación final contados desde la extinción de la relación laboral (art. 128 y 148 LCT) y como lo dije al comenzar el tratamiento de éste punto, corresponde a él asegurar que el pago se haga efectivo al acreedor, pues, reviste aquí la calidad de deudor (lo que no está discutido en el caso) y como tal, es quien tiene la carga de garantizar su cumplimiento en tiempo legal y en forma íntegra. Pues, su no pago en el tiempo de ley, lo hace incurrir en mora automática conforme lo estipula el art. 137 de la LCT, es decir, sin necesidad de interpelación por parte del trabajador. También lo estipula el primer párrafo del art. 886 del CCYC, el que prescribe “La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación”.
En el caso en estudio, tenemos que el recurrente, palabras más palabras menos, interpreta que no incurrió en un retraso injustificado en el cumplimiento de su obligación, ya que al haberle hecho saber al trabajador en la misiva que le comunico el despido, que los haberes y certificaciones se encontraban a disposición, es a él a quien le correspondía presentarse a retirar el cheque y por no hacerlo, se provocó su mora. Es decir, entendió que la demora en el cumplimiento de la obligación de pago a su cargo, se debió a la falta de colaboración del trabajador que no concurrió a recibir lo que le era debido (mora accipiendi) liberándolo por ello de las consecuencias que derivan del incumplimiento o mejor dicho, se eximió de la mora.
Entiendo aquí pertinente, por el tenor de ese argumento, traer a colación la máxima del derecho que enseña que quien alega la mora del otro debe probarla y ello, dado que el eje está puesto en determinar si la mera notificación de que los haberes están “a disposición”, es prueba suficiente o no de la mora del trabajador.
En este sentido soy de la opinión que la mera puesta a disposición no basta por sí sola para configurar la mora del reclamante, ya que considero que, lo que el demandado debe probar, es la no colaboración del operario para el cumplimiento de la obligación que está a su cargo demostrando la no concurrencia a percibir la liquidación abonada mediante cheque con posterioridad a la notificación cursada o en su caso, que se rehusó a recibirlo, es decir, la no aceptación de pago.
Y ello es así ya que uno de los presupuestos que el art. 886 del CCYC coloca como indispensable para que se configure la mora del acreedor, es la falta de cooperación de éste último que con su conducta renuente, injustificadamente se rehúse a recibir el pago. Debe probar por ende que esa falta de colaboración sea atribuible al acreedor por así determinarlo el art. 888 de ese cuerpo legal cuando determina que “para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable…” De no hacerlo, deberá asumir la responsabilidad derivada del incumplimiento de la obligación de pago.
Así las cosas observo que de las constancias de autos, no surge que el empleador haya acreditado tales extremos, pues no acredito la no concurrencia del trabajador a retirar el cheque ni que la falta de entrega del mismo se deba a la negativa a recibirlo. Como ya dije, apoyó su postura solo en la misiva que comunico el despido.
Sostuve al principio del presente, que el empleador debe buscar la forma que asegure la percepción rápida de las remuneraciones por parte del trabajador dado el carácter alimentario que ostentan y es aquí en donde comparto el razonamiento del juez de grado en cuanto señaló que la liquidación final debió ser abonada mediante transferencia bancaria o iniciar su consignación, pues, si bien cierto es que la consignación es una facultad y no una obligación legal, de no hacerlo, conserva el riesgo del no pago de la prestación adeudada.
Por todo lo desarrollado hasta aquí y en el entendimiento de que el empleador no acredito la mora accipiendi del trabajador para eximirse de responsabilidad, opino que el agravio en examen debe ser desestimado. Así lo propongo al acuerdo.
Que igual suerte correrá el segundo agravio mediante el cual, se cuestiona la imposición de costas en el orden causado que se resolvió en la instancia anterior. Sostiene en ese sentido el quejoso que la acción fue rechazada en un porcentaje del monto inicial reclamado que equivale a un 96 %, por lo que la solución legal no se ajusta al art. 71 del ordenamiento procesal civil que establece que las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos.
Que tampoco en este punto debe perderse de vista la especial naturaleza del derecho involucrado en el presente proceso, en el que juegan principios que imperativamente deben aplicarse a la hora de juzgar. Lo entiendo así puesto que lo relevante aquí es si el trabajador demandante tuvo o no razones para accionar como lo hizo y en ese sentido habrá de tenerse en cuenta que el suceso que lo determino a litigar fue su despido justificado cuya causa, por así disponerlo la legislación aplicable, deberá ser valorada por la sede judicial como bien lo señaló el juez de grado. De allí que decidir la imposición de costas a partir del porcentaje del éxito de la pretensión en los términos que se pretenden, no se resulta la apropiado, pues, se expone al trabajador a afrontar la totalidad de los costos del proceso pese a existir en el caso motivos objetivos que justifican apartase del principio general (art. 68 del CPCC), máxime que como se dijo antes, campean principios que imponen proteger el derecho del trabajador a reclamar por sus derechos.
Que por ende estimo justo mantener el criterio de grado, debiendo en consecuencia rechazarse el presente agravio. Asi lo propongo al acuerdo.
X. Por estas razones, entiendo que la sentencia de grado resulta justa, imponiéndose las costas en ésta instancia a la parte demandada. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
XI. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XII. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1°) Rechazar los agravios vertidos por la parte demandada confirmando la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravio.
2. Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada vencida (art. 68 CPCC). 3º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 4º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 06 de Marzo de 2026
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar los agravios vertidos por la parte demandada confirmando la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravio. 2°) Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada vencida (art. 68 CPCC). 3º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 4º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. La Dra. Griselda Bard no suscribe la presente por no existir disidencia entre los firmantes. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara- Presidente; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara.-
Protocolización: A201 011 S.261 Tomo: CV Sentencia: 3182 Folio Nº: 043/049 Secretaria: 1
Fin de la sentencia