Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 486/489 por el Defensor de RAFAEL EMILIANO SOTO.-
2Confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 475/481.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº:009 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 31 de marzo de 2014.-
AUTOS: “SOTO RAFAEL EMILIANO S/ PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CONDICIONAL”, Expte. Nº 4427/12 (S-816/13/TSJ).-
Río Gallegos, 31 de marzo de 2014.-
Los presentes autos caratulados: "SOTO RAFAEL EMILIANO S/ PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CONDICIONAL", Expte. Nº 4427/12 (S-816/13/TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Que, llegan a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia los presentes autos, en razón del recurso de casación interpuestos a fs. 486/489 por el Defensor Particular Dr. Jorge Walter TREVOTICH contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 475/481, que en su parte resolutiva dispone condenar a RAFAEL EMILIANO SOTO a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN de CUMPLIMIENTO EN EFECTIVO y AL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES (Art. 29 Inc. 3º del C.P.) como autor responsable del delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CONDICIONAL (Arts. 189 bis inc. 2, párrafo 4º del C.P.) cometido en la Ciudad de Río Gallegos, el 02 de junio de 2012.- Que, el recurso de casación en tratamiento fue concedido por el Tribunal de grado a fs. 494/495, y sostenido en esta instancia a fs. 505.-
Que, conforme la certificación obrante a fs. 507, el Sr. Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia Dr. Claudio Roberto Espinosa, notificado a fs. 504 Vta., no adhiere al recurso, hallándose vencido el plazo procesal.-
II.-) La Defensa se agravia diciendo: “... La sentencia recurrida, ha incumplido el requisito impuesto por el art. 116 del CPPSC, bajo pena de nulidad del acto jurisdiccional, no fundando su acto jurisdiccional en las constancias de la causa...”.-
El recurrente expone en su escrito que: “... mi defendido es culpable por el solo hecho de haber reconocido en su indagatoria, haber llevado un arma encima al momento de su detención, sin analizar todos los demás elementos que prueban que le asiste razón a mi pupilo procesal en cuanto a las evidentes pruebas que llevarían a descalificar la causa, sin la existencia de ningún elemento que en forma concreta y objetiva conduzca a sostener tal presunción desatendiendo el principio de inocencia que emana del art. 18 de la Constitución Nacional, incurriendo en una arbitrariedad manifiesta, ya que toda prueba aportada por el encartado y su defensa, deben ser receptadas y evaluadas objetivamente, lo que en este caso no ha ocurrido...”.- Expresa que: “... haciendo un profundo análisis de la causa, no es lo que surge del expediente formado en la instrucción, y de la audiencia del debate; no es lo que surge de las probanzas del caso, por lo cual sus fundamentos no resultan válidos, haciendo que la sentencia sea arbitraria, dado que se basa en conjeturas y no en pruebas que lleven a convencer al tribunal de la resolución que dicta...”.-
Manifiesta que: “... de ninguna manera puede concluirse inequívocamente que el arma que fue supuestamente secuestrada a mi asistido, sea la misma que se encontraba como elemento secuestrado en el expediente de marras, ya que ninguno de los testigos ajenos a la policía dijo haber visto siquiera que mi defendido... portara el arma al momento de ser llamados para observar el procedimiento de la aprehensión, limitándose a decir que le mostraron a SOTO y un arma tirada al lado del mismo, pero que no podrían asegurar que la haya tenido el acusado, sino que la policía les dijo que se la sacaron al mismo...”.- Resalta que: “... Agrava la apreciación hecha a mi entender en forma arbitraria por este Tribunal, que ni siquiera el encargado del operativo, Oficial de Policía Alberto Poblete pudo asegurar que el arma secuestrada en autos fuera la que se le exhibió en el juicio oral, lo que no es cosa menor, ya que el mismo tiene conocimiento de armas por ser las mismas sus herramientas de trabajo, con lo que puede presumirse que el arma no fuera, ni siquiera la que Picuntureo le dio a Soto para que se la lleve del lugar y que Soto reconociera ante la policía tener consigo al momento de su detención...”.- El recurrente subraya que: “...
La resolución es contradictoria y Arbitraria por lo hasta aquí manifestado y diferentes razones que detallo: ... a fs. 5 vta., del expediente, consta en el acta de requisa que al entregar los celulares, SOTO es requisado y no surgen elementos de interés para la causa, a pesar que el mismo les había dicho que tenía un arma que le habían dado recién. Que a pesar de dar resultado negativo la requisa de fs. 5, se procede al secuestro de un arma a fs. 8, la que supuestamente resultaría ser una arma de grueso calibre, de las denominadas armas de uso civil condicional, con lo que no puede negarse la contradicción existente en la propia instrucción de la causa, detalle que fue detectado por esta defensa durante el debate oral, cuando el Sr.
Fiscal hizo tal apreciación, razón por la cual no se planteó como cuestión previa, la nulidad del acta de secuestro, pero ello no quita que al resolverse la cuestión de fondo no deba ser tenida en cuenta, a pesar que corresponda el rechazo de la nulidad planteada en forma extemporánea, pues no debe desconocerse de ninguna manera el principio fundamental de todo enjuiciamiento penal, de “in dubio pro reo”, con lo que debería concluirse que si bien ninguna de las actas es nula, debe interpretarse tal contradicción a favor del acusado, y concluirse que no había armas en poder de mi asistido...”.- Agrega el recurrente: “...en otro punto de los fundamentos de la resolución que se recurre, este Tribunal Oral, realiza una apreciación basada en los dichos de mi cliente RAFAEL SOTO, en cuanto el mismo dijo en su indagatoria que efectivamente portaba un arma, lo que de ninguna manera es prueba suficiente para condenar a una persona, pues no debe olvidarse que el imputado no está obligado a decir verdad...”.-
Enuncia que: “...el Tribunal al momento de considerar las pruebas, a fs. 2 del fallo, dice que “... que todos los testimonios brindados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones fueron coincidentes”, lo que es cierto, pero no tuvo en cuenta que también fueron coincidentes en reconocer que no podían asegurar que el arma sea la que estaba secuestrada, ya que solo el Oficial Poblete dijo haber visto el arma, y al mostrársela el Sr. Fiscal, el policía dijo NO RECONOCERLA...”.- Considera: “... arbitraria esta Defensa que la declaración indagatoria de SOTO, vendría a subsanar la contradicción que sin duda existe entre el acta de requisa y el acta de secuestro obrantes a fs. 5 y 8 respectivamente...”.-
III.-) Este Alto Tribunal, a los efectos de realizar un adecuado tratamiento de la admisibilidad formal de los motivos expuestos por el recurrente, para dar fundamento al medio de impugnación extraordinario articulado, examinará con tal propósito los mismos, a los efectos de resguardar la correcta aplicación de la doctrina sentada por la C.S.J.N en el caso “CASAL” (“Casal, Matías E. Y otro”, 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), en torno a la garantía constitucional de la doble instancia penal, donde, empleando las palabras del maestro Lino Enrique Palacios: “... la Corte estipuló que el Tribunal de Casación debía revisar con amplitud en el marco de los recursos concedidos a personas condenadas, imponiéndole la obligación de agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, vale decir, que solo dejó fuera del ámbito de revisión lo que surja directa y únicamente de la inmediación propia de los jueces actuantes en la instancia anterior...” (Los Recursos en el Proceso Penal, ed. Abeledo Perrot, Pág. 125).- Efectivamente, a modo de conclusión de la extensión de la materia revisable en la instancia extraordinaria, conforme a los mandatos constitucionales, el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación en dicha oportunidad sentó: “con el texto del art. 456 entendido exegéticamente y en armonía con los arts. 8°, inc. 2°, h), de la CADH y 14, inc.5°, del Pacto Internacional, resulta aplicable en nuestro derecho la teoría que en la doctrina alemana se conoce como del agotamiento de la capacidad de revisión o de la capacidad de rendimiento (Leistungsfähigkeit), y con ello se abandona definitivamente la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de derecho”.- Entonces, desde esta óptica, se asumirá la revisión de los motivos a través de los cuales el recurrente pretende fundar el medio de impugnación intentado.-
En igual sentido se ha sostenido "...El examen de la decisión recurrida debe ser integral, con el objeto de no incurrir en un remedio procesal meramente formal que infrinja la esencia del derecho a recurrir el fallo condenatorio..." (Conf. doctr. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del 02.07.2004).-
IV.-) Para atender adecuadamente los agravios defensivos, es necesario traer a colación, los hechos asumidos en el fallo que se encuentra bajo estudio de este Tribunal y que constituyen el objeto de reproche de la defensa.-
Así las cosas, la sentencia de la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial consideró probado en base a la descripción efectuada por el Sr. Fiscal de Cámara que: “... El día 02 de junio de 2012 siendo aproximadamente las 01:10 horas, en circunstancias que Rafael Emiliano Soto se encontraba con otras personas empujando un vehículo marca Fiat 147, dominio WHL 494 hacía la estación de servicio Don Francisco, sita en la intersección de Avenida San Martín y calle Buenos Aires, al advertir la presencia de personal policial se alejó corriendo del lugar por calle Buenos Aires con dirección a nosocomio local, siendo perseguido por los preventores quienes procedieron a su demora y posterior reducción, advirtiendo del palpado preventivo la presencia de un bulto similar a un arma de fuego, por lo que autorizados, proceden a realizar la requisa sobre su persona con las formalidades de ley, se lo halló portando un arma de fuego calibre 9mm, marca Glock de color negra Nº de serie GTE 095, conteniendo en su almacén cargador una munición calibre 9mm”.- Con relación a la plataforma fáctica de mención la defensa se agravia sosteniendo: a) Arbitrariedad o absurda valoracion de la prueba; b) El arma incautada no es la secuestrada a su pupilo; y c) in dubio pro reo.
V.-) Antes de tratar los embates defensivos, resulta conveniente resaltar que la presentación impugnativa esgrimida por la defensa no satisface el requisito de "autosuficiencia" que caracteriza a todo recurso extraordinario, conforme ordena el art. 446 del C.P.P., en razón que el escrito recursivo "...debe bastarse a sí mismo..." (Francisco D´Albora, "Código Procesal Penal", pág. 855, Abeledo Perrot, 1999), reseñando los antecedentes de la causa y "...la invocación exhaustiva de las normas que se dejaron de lado o no fueron correctamente comprendidas por el tribunal en su aplicación al caso..." (autor y obra citada), exigencia establecida en la ley para colocar a los magistrados en condiciones de resolver acerca de la admisibilidad de la instancia cuya apertura pretende la parte recurrente (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", págs. 628/629, LEP, 2º edición).- De igual manera se ha sostenido que constituye un deber del recurrente fundamentar sólidamente su impugnación si pretende la apertura en casación de modo excepcional, frente a la hipótesis de un notorio apartamiento de normas, garantías o preceptos constitucionales que resguardan la defensa en juicio y el debido proceso legal, o ante una flagrante violación de las normas procesales que afecten de manera evidente a la parte, que pudiere descalificar el acto sentencial válido en mérito de graves vicios intrínsecos que invalidaran el pronunciamiento; al respecto, en la presente causa la técnica recursiva de mención se encuentra ausente, incumpliendo el mandato legal de "fundamentación autónoma" para lograr la apertura de la instancia casatoria.- En este sentido Oscar R.
Pandolfi ("Recurso de Casación", Ed. La Rocca 2001, pág. 335) sostiene con relación al tema "...Uno de los requisitos formales esenciales para la fundamentación adecuada del recurso de casación es la completitividad del escrito de interposición, el cual se debe autoabastecer, a efectos de que el tribunal respectivo pueda, mediante su sola lectura, interiorizarse de los alcances de la materia recurrida, esto es el proceso y de la sentencia en él recaída...", a continuación el mencionado autor agrega diversos casos jurisprudenciales en abono de su postura: "... En la exposición del motivo del recurso de casación, y como requisito de admisibilidad, el recurrente debe indicar la ley que considera erróneamente aplicada y consignar cuál es la ley cuya aplicación pretende..." (ST Corrientes, 26/9/94, "Rey, Juan P.", DJ, 1995-1-40.
Lexco, 000149322), "...no basta con sostener que la sentencia recurrida viola genéricamente el deber de razón suficiente -o falta de motivación adecuada- sino que el recurrente debe demostrar clara y contundentemente que el razonamiento seguido por la Cámara es absurdo, incoherente, violatorio de las leyes de la lógica o basado en un concepto personal y arbitrario de los jueces..." (STJRN, SE 111/92, "Reuque, Daniel G. S /robo calificado s /casación" 27/8/93).- En tanto Fernando De la Rúa ("La casación penal", Ed. Depalma 1994, pág. 224), expresa "...El recurso de casación debe ser motivado, y esa motivación debe ser suministrada por la parte recurrente en el mismo escrito de interposición, determinando concretamente el agravio, tanto en lo referente al vicio que denuncia como al derecho que lo sustenta..." "...La enunciación del motivo en virtud de los requisitos expuestos, debe ser clara y expresa, de modo que permita individualizar concretamente el vicio que justifica la impugnación.
Por ello no es válida la remisión a otros actos, como a 'escritos presentados con anterioridad', a las constancias del sumario, o aun a la misma sentencia, o la mención ambigua o confusa de las disposiciones de ley o de su interpretación...".- Así como en la motivación de la sentencia debe hacerse un estudio de todo el proceso, la fundamentación del recurso debe llevar también a cabo un balance crítico de la providencia que trata de destruir; esto es, si se les exige a los Jueces que se esmeren para apontocar sus fallos, también debe exigirse la debida fundamentación del recurso para sostener el embate (Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de Casación”, pág. 421, LEP, 1º edición y T.S.J., Santa Cruz, Tº I, - Interlocutorio -, Rº 101, Fº 199/202; Tº VII, Rº 11, Fº 040/043, entre varios).- La petición en estudio resulta –pues- carente de fundamentación, insuficiente e inoperante para alcanzar el estado excepcional de la casación.
Ello así, por cuanto en el escrito casatorio, se expresa en forma poco inteligible una serie de argumentos, tendientes a desacreditar de manera genérica lo resuelto por los sentenciantes.-
En resumen, y sin perjuicio de pecar de reiterativo, la apertura de esta instancia de excepción, requiere una formal y pormenorizada crítica del fallo condenatorio, circunstancia que ha omitido el recurrente.
VI.-) De igual modo, el recurrente procede, con relación a la arbitrariedad alegada, toda vez que corresponde inicialmente advertir, que los argumentos empleados por la defensa delatan su discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por los Sres. Jueces quienes concluyeron en la certeza del hecho objeto de este proceso, más no la prescindencia de prueba con aptitud para tener incidencia en el fallo.-
Esta proposición se expone para mostrar que los agravios defensivos no exhiben una hipótesis de arbitrariedad. La sentencia no ha marginado ningún elemento de prueba, ingresado al debate, cuya consideración hubiera llevado a un fallo distinto. Sabemos que, efectivamente, una sentencia que prescinda de ponderar prueba relevante ingresada legítimamente al proceso, constituye una hipótesis de arbitrariedad, pues, la motivación o fundamento del fallo ha de ser, necesariamente, incompleto, por tanto parcial.- No se advierte que la sentencia impugnada incurriera en valoración absurda de la prueba, pues en el voto del juez preopinante, se vincula con criterio lógico los elementos de convicción colectados en la causa; podrá compartirse o no las conclusiones a las que se arriban, pero no por ello puede catalogarse como arbitrario al pronunciamiento.-
En la sentencia de fs. 475/481, se aprecia que los medios probatorios han sido analizados en forma conjunta –actas, testimonios, - e interpretados y valorados en correcta subsunción al hecho reprochado, exhibiendo una solvente apreciación de la prueba ingresada al juicio a través de la sana crítica.-
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la doctrina de la arbitrariedad -desde sus inicios- estableció la distinción entre aquella y el error, pues sostuvo que le competía intervenir sólo "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes..." (Fallos, 112:384, 2/XII/1909, "Rey, Celestino c/ Rocha, Alfredo y Eduardo").- Es dable agregar que este Alto Cuerpo ha hecho suyo el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la arbitrariedad en interlocutorios tales como "Miranda, Epifanio Ulises s/ infracción art. 119 CP", Tº XIV, Rº 017, Fº 084/094; "Soto, Víctor Ramón s/ homicidio simple" Tº XIV, Rº 014, Fº 066/077; "Muñoz Juan Carlos s/ robo calificado por el uso de arma de fuego..." Tº XIV, Rº 004, Fº 014/019; "González, Bernardo Neris Oscar s/ privación ilegal de la libertad calificada en c/r..." Tº XIII, Rº 022, Fº 119/126; "Moraes Omar Enrique s/ apremios ilegales", Tº XIII, Rº 27, Fº 152/156; "Zamora, José Eduardo s/ incendio seguido de muerte" Tº XIII, Rº 34, Fº 191/199; entre otros.- En resumen, no resulta viable impugnar la fundamentación del fallo como lo hace la defensa, sobre la base de un punto de vista diferente, puesto que no ha demostrado que en el pronunciamiento condenatorio, haya incurrido arbitrariamente en un apartamiento del derecho aplicable o en omisiones sustanciales en la valoración de la prueba; siendo la discrepancia y reedición de lo expuesto en el alegato en la interpretación de los hechos insuficientes para sustentar la tacha de arbitrariedad.- VII.-) Continuando con lo afirmado en la parte final del parágrafo anterior, se ha de reiterar que, formalmente, el recurso de casación para estimarse suficientemente fundado a los efectos de satisfacer los requisitos de admisibilidad formal, debe contener una crítica razonada de la motivación de la sentencia que se pretende impugnar, resultando insuficiente la reiteración de lo expuesto en los alegatos como si éstos no los hubieran sido tratados en la fundamentación del fallo.- Resulta manifiesto que el recurrente se limita a reeditar lo expuesto en el debate omitiendo la consideración de las razones expuestas en la motivación del fallo que pretende impugnar, no demostrando el error de los sentenciantes al fundar la condena, resultando, en consecuencia, que el medio de impugnación intentado es formalmente inadmisible.-
Efectivamente, idéntico planteo al formulado en el recurso de casación interpuesto, ya fue expuesto por la Defensa Técnica en oportunidad de realizar el acto procesal de alegato en el juicio, recibiendo en la sentencia atacada, debido tratamiento y decisión, ahí la ausencia de una hipótesis de arbitrariedad, por tanto, a los efectos de dar debida fundamentación al medio de impugnación extraordinario intentado, debía el recurrente exponer una crítica razonada de la motivación dada en el fallo recurrido, más no reiterar nuevamente el planteo soslayando el tratamiento brindado en la sentencia. En este sentido, con relación al procedimiento donde se incautara el arma, los sentenciantes abordaron la cuestión dando una respuesta ajustada a derecho, y acorde a la normativa procesal.
Así explicitaron: “... El planteo de la Defensa de que el acta de requisa es nula porque el testigo de actuación Jaramillo dijo que vio el arma al lado de la persona que estaba en el suelo cuando en realidad en dicha acta en ningún momento se dice que practicada la requisa se extrae el arma de las ropas o del bolsillo del acusado, estableciéndose claramente que el imputado manifiesta los elementos que tenía, entre los cuales estaba el arma. Es una verdad de Perogrullo, que el personal policial por cuestiones de seguridad no puede dejar a una persona armada, tirada en el suelo, en espera, hasta que consigan los testigos de actuación, ello sería una negligencia que puede traer graves consecuencias si de algún movimiento del aprehendido por accidente se dispara el arma, y poner de esa manera en riesgo al propio imputado, máxime cuando es él quien los previene sobre lo que llevaba consigo. Una razón de lógica impone que se tome los recaudos necesarios de prevención. Es por ello que al no haber resistencia el personal policial deja aclarado que es el propio imputado quien los pone en conocimiento de la existencia del arma, siendo el acta un fiel reflejo de lo que ocurrió en el momento preciso. Y con respecto a que en el acta se consigna que no existen otros elementos de interés, es evidente que no lo había, salvo lo que el propio imputado manifestó que traía consigo y es por eso que se consignó dicha circunstancia...”.- Lo expuesto por la magistrada, resulta ser un fiel reflejo del acta de fs. 8 -prueba incorporada por lectura-, en donde se procede a formalizar el secuestro del arma incautada.-
En el transcurso del debate prestó testimonio Walter Damian Jaramillo, quien corrobora haber participado del procedimiento, acotando que vio un arma de color negro la cual estaba al lado de la persona detenida lo mismo que un celular.-
Plenamente concordante con lo expuesto, resulta ser lo manifestado en su oportunidad por Fernando Alberto Gómez -prueba incorporada por lectura- quien expresó: "... que se encontraba en la oficina cuando se presentó un efectivo policial a solicitarle que sea testigo. Accedió a lo solicitado, saliendo de su oficina hacia la calle 25 de Mayo en donde pudo observar que cerca de la puerta de acceso personal se encontraba detenido un joven, viendo como un oficial le saca un arma (9mm.) y dos celulares...".- De idéntica manera, en la sentencia se recrea lo manifestado por Luís Alberto Poblete, quien dijo "...el acusado estaba con tres personas, de pronto se separa de los mismos y sale caminando hasta que al estar en la parte trasera del Hospital comienza a correr por lo que lo persiguen, lo interceptan y que el acusado le manifestó "jefe tengo un arma"...".-
En igual sentido, en la sentencia se meritúa lo manifestado por Santiago Leonardo Huerta -quien participó del procedimiento de aprehensión del incuso- manifestando que al ser interceptado Soto éste levantó las manos y se puso de rodillas y dijo "jefe ya está perdí", luego incautaron el arma de fuego.-
Finalmente, es el propio imputado quien en su defensa material, reconoce que al ser interceptado por personal policial fue palpado y se le extrajo de sus prendas de vestir el arma de fuego.-
Acreditada la incautación del arma, la defensa pone en duda el secuestro del cargador, siendo que a fs. 106 al observarse las secuencias fotográficas -prueba incorporada por exhibición-, es fácilmente constatable la incautación del mencionado efecto junto a los celulares que destacan los testigos de actas; con lo cual las objeciones defensivas carecen de toda lógica.
Conforme lo reseñado en forma sintética, le asiste razón a la magistrada cuando concluye "...surge evidente que no existe ningún argumento que ponga en tela de juicio ninguna de las actas labradas por el personal policial, como ya se dijera ut-supra, las actas reflejan exactamente lo acontecido en el lugar sin quitar, ni agregar nada, ni en favor ni en contra del imputado. A ello se agrega que el personal policial ha actuado con autorización judicial, la cual surge de las constancias labradas por el Secretario y Jueza actuante que obran a fs. 1, quienes dejaron sentado que emitieron la orden de requisa y detención de las personas involucradas...".- En síntesis aún cuando el agravio, reproducción de lo ya planteado en el juicio, se instalara en la discusión de la irregularidad de las formas procesales, atento que el enjuiciado ha reconocido, en forma verosímil con el resultado de las restante pruebas, la portación del arma de fuego que le incautara la autoridad policial, no se advertiría el perjuicio para los derechos constitucionales de aquel derivado de la meramente supuesta irregularidad argumentada por el recurrente. Finalmente, la defensa intenta reeditar una circunstancia investigada en la instrucción, respecto de que el arma le había sido entregada previamente a Soto.
Al respecto, las personas que acompañaban al encartado la noche de los sucesos desvirtuaron tal hipótesis -Juan Pablo Borquez (fs 151) y Jimena Gisell Flores (fs 152); por lo cual si la defensa dudaba de sus declaraciones debió citarlos al debate, circunstancia que omitió.-
En definitiva, realizado el examen de los agravios con el alcance exigido por los estándares sentados en el caso, se concluye que en el fallo impugnado, en cuanto a la autoría y responsabilidad de Rafael Emiliano Soto se han satisfecho las reglas de la sana crítica, toda vez que se examinaron los elementos de prueba disponibles y regularmente incorporados, sobre cuya base se formó la convicción acerca de los hechos y de la responsabilidad del imputado, y que no hay resquicio para una duda razonable sobre esos extremos.- VIII.-) En definitiva, la evaluación llevada a cabo por el tribunal responde a lo que Palacio describe como "atendibilidad de la prueba", entendiendo por ello la idoneidad o aptitud que posee la misma para generar la convicción del juez acerca de la existencia o inexistencia de los hechos examinados (Lino Enrique Palacio, "La prueba en el proceso penal", Abeledo-Perrot, 2000, pág. 41). Y de acuerdo a lo expuesto, los motivos presentados por la defensa, no logran opacar el razonamiento brindado por el tribunal de juicio.- Que, por todo ello, de conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448 del C.P.P., corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 486/489 por el Defensor particular de RAFAEL EMILIANO SOTO confirmando en todas sus partes la sentencia dictada a fs. 475/481 por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial.-
Que, por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 486/489 por el Defensor de RAFAEL EMILIANO SOTO.-
2. CONFIRMAR la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 475/481.-
4. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso y encontrarse en uso de licencia con carpeta médica la Dra. Clara Salazar (art. 27 Ley Nº Uno – T.O. Ley N° 2404).-
FIRMADO: Dr.Daniel Mauricio Mariani-Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal; Ante mí:Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2015I.141 TOMO:XVIII– INTERLOCUTORIOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:009 FOLIO Nº:042/048 SECRETARIA:2
Fin de la sentencia