Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los agravios contra la sentencia en crisis que formulada la parte demandada.
2Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto fuera materia de agravios, sin perjuicio de aclarar que, con los recibos de todos los actores que cualquiera de las partes podrá acompañar, la perito determine las diferencias salariales que pudieran existir a favor de los actores en aquellos períodos en que hubieran estado con licencia por enfermedad inculpable o dispensados de prestar tareas hasta la resolución del contrato o que reintegrados no se le abonare los ítems reclamados. Imponer las costas de la instancia a la demandada en su condición de vencida.
3Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de los correspondientes a la instancia anterior.
4Tener presente la reserva del caso federal formulada en el PE 1358639/2024.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8496/24 Sentencia: Definitiva Actor: Sotomayor, Rodrigo Emanuel y Otros Demandada: G4S Soluciones de Seguridad S.A Objeto: Laboral cobro de pesos Fecha: 05-02-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los cinco días del mes de febrero de dos mil veinticinco se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “SOTOMAYOR, Rodrigo Emanuel y otros c/ G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A. s/ laboral cobro de pesos” Expte. Nº 19950 del año 2020 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Caleta Olivia, secretaría Nº2 que ingresaron en la instancia bajo el Nº 8496. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Horacio M. J. Fernández para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que los Señores Rodrigo Emanuel Sotomayor, Alberto Sebastián Pereyra, Néstor Javier Vázquez, Domingo Agustín Palma y Diego Iván Araneda, con el patrocinio letrado del Dr. Ramiro Esteban Castillo promovieron en presentación de fs. 155/167 formal demanda laboral contra la empresa G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A. por la suma de $472.508,46 o lo que en más o menos surja de la prueba con más los intereses desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago y costas. Hacen un relato de los hechos, discriminan los rubros que se reclaman y practican liquidación provisoria. Ofrecen la prueba de la que intentarán valerse y fundan en derecho. Reservan el caso federal y piden que oportunamente se haga lugar a la demanda promovida con costas. Con los escritos de fs.180/181 y el de fs. 204/204 amplían la demanda y ofrecen prueba.
II. Que la audiencia de conciliación del art. 47 de la ley 1444 ya en el expediente digital, fue instrumentada en PE 158016/2021. En ella el Dr. Castillo se presentó como apoderado de Sotomayor y Palma y los restantes actores personalmente. Por la demandada compareció la Dra. Cecilia A. Sarasate y fracasada la etapa conciliatoria la demandada contesta la acción en PE 157039/2021. Formula una serie de negativas generales y particulares con relación a los hechos y los documentos que se tiene presente. Da su versión, ofrece prueba y reserva el derecho de ampliar.
La parte actora en PE 164228/2021 desconocen parcialmente la documental que acompañó su contraria y amplían su ofrecimiento de prueba que vuelven a ampliar en PE164408/2021. En PE 164778/2021 acompaña contestación y ofrece prueba que el apoderado de la actora contesta en PE 178389(2021).
Con posterioridad el Dr. Castillo se presenta como apoderado de los actores conforme poder que acompaña. Al existir hechos controvertidos se abre la causa a prueba y se provee la ofrecida por las partes en la providencia que se instrumentara en PE 191136/2021 produciéndose la obrante en autos certificada por la actuaria. Se fija la audiencia del art. 70 de la ley 1444 en PE 984889/23 a fin de que las partes aleguen sobre el mérito de la prueba, derecho del que solo hace uso la parte actora en PE 1049977/2023. Se dispone el pase de los autos a despacho para dictar sentencia en providencia dictada en PE 1064827/2023. La sentencia se encuentra instrumentada en PE 1322609/ 2024 y en su parte resolutiva falla: “1.
Admitir la demanda promovida por Rodrigo Emanuel Sotomayor, DNI … Alberto Sebastián Pereyra, DNI… Néstor Javier Vázquez DNI… Domingo Agustín Palma DNI… y Diego Iván Araneda DNI … en concepto de diferencias salariales por exclusión de los ítems acta acuerdo 12/5/2011 y 13/05/2011 remunerativa y no remunerativa respectivamente y su incidencia en el SAC, condenando a la accionada a pagar a la actora dentro de los diez (10) días de notificada y firme la presente sentencia la suma a determinar por la perita interviniente, durante la etapa previa a la ejecución de sentencia con más los intereses por recomposición patrimonial conforme las pautas dadas en el considerando respectivo, con costas a la demandada. 2.
Previo al pase al gabinete contable deberá la empleadora acompañar la totalidad de los recibos de haberes percibidos por los actores desde el mes de junio de 2020 hasta el dictado de ésta resolución y/o finalización de cada relación laboral, lo que hubiere sucedido primero. 3. Admitir la demanda promovida por los actores Néstor Javier Vázquez, Domingo Agustín Palma y Diego Iván Araneda en concepto de haberes devengados en relación al ítem vacaciones período 2020 por las razones esgrimidas en el considerando respectivo. 4. Admitir la demanda promovida por el Sr. Vázquez en cuanto a la incidencia de la diferencia salarial respecto de las horas trabajadas durante el período Julio 2021, conforme las razones dadas en el considerando respectivo. 5.
Rechazar la demanda en cuanto a la incidencia de las diferencias salariales en las horas extras respecto de los señores Sotomayor, Pereyra, Palma y Araneda por las razones esgrimidas en los considerandos respectivos. 6. Diferir la regulación de los honorarios profesionales y la determinación de la tasa de justicia hasta tanto obre en autos liquidación aprobada y firme a tales fines. 7. Regístrese ……”
III. Que la demandada, disconforme con lo resuelto, se alza contra la sentencia e interpone y funda recurso de apelación en PE 1342215/2024 que se concede libremente y con efecto suspensivo por providencia de PE 823073/2024 que corre traslado de los agravios.
En PE 1358639/2024 se presenta por parte en representación de los actores la Dra. Julieta Anahí Díaz y contesta el traslado de la expresión de agravios y solicita el rechazo del recurso. En PE833151/2024 Se la tiene por presentada, por parte como apoderada y se corre traslado de los poderes que no merecen reparos.
Los autos se elevan con la certificación de estilo plasmada en PE1385429/2024, recibidos se integra cámara en PE 1417468/2024 con el Dr. Albarrán. Designado como Juez de Cámara el Dr. Horacio M. Fernández se deja sin efecto esa providencia y se integra Cámara con él. Por PE 1568842/2024 se modifica el orden de estudio por razones de mejor servicio.
IV. Que la demandada en su memorial comienza con un resumen de los antecedentes y los temas en debate. Describe las características del personal de vigilancia ajustado al principio de la rotación conforme el art. 7 del CCT 507/07 que hace a la efectividad de los sistemas de seguridad adoptados que hacen a la esencia del sistema con invocación del art. 62 de la LCT que se ajusta a la rotación y la prestación discontinua del personal de las empresas de seguridad. Ello estaría, según afirma, contemplado en la estructura del costo para cada contrato con todas sus implicancias. Relata que en 2011 una medida de acción directa de los trabajadores llevó al acta acuerdo en el expediente 18211/11 que en su art. 4 estableció un ajuste salarial para llegar a un importe equivalente a las escalas del CCT 396/04 para la posición asignada de Control de accesos sin portación de armas en la categoría “B” y se acordó expresamente que aplicaría exclusivamente a los que se desempeñen como vigiladores en el ámbito de yacimientos YPF y SINOPEC ARGENTINA en la zona norte de la provincia de Santa Cruz dentro del régimen de la CCT 507/07, ello en tanto y en cuanto los dependientes presten servicios en el ámbito del yacimiento YPF Y SINOPEC ARGENTINA. Explica que por ello el plantel que presta servicios en el ámbito de los yacimientos perciben un adicional denominado “Acdo.12/5/2011 Remun” y Acdo.13/5/2011 no Remun” sin dejar de estar encuadrados en el CCT 507/07 y recibir las remuneraciones vigentes. Por ello razona que en virtud de los principios de rotatividad ello implica que los adicionales son abonados únicamente a los que prestan servicios en el área del yacimiento y no a quienes lo prestan fuera de ese ámbito y ante el efectivo cumplimiento de las tareas desarrolladas. Sostiene que estas afirmaciones fueron probadas en las actuaciones. Señala que tal como quedó trabada la litis y fue materia de prueba indica los puntos en que las partes discrepan.
Resume el debate y la resolución y explica que el magistrado tiene en cuenta la habitualidad con que las sumas remunerativas y no remunerativas del Acuerdo 12/5/2011 fueron percibidas por los actores y el hecho que todos prestaban servicios en el lugar convenido y por excepción debieron suspender sus tareas.
Sostiene que en este punto yerra el sentenciante y afirma que el acta acuerdo suscripta y homologada establece que los adicionales remunerativos y no remunerativos “sólo se harán efectivos ante la efectiva prestación de servicios”.
Se refiere a los numerosos DNU con motivo del COVID 19 que transformaron la vida en el ámbito laboral y empresarial, y los servicios que presta la demandada y los servicios que la empresa hubo de cubrir con personal suplente, ni que a partir del 20/3/20 se implementó el aislamiento social, circunstancias no tenidas en cuenta por el sentenciante al momento de resolver. Recuerda que de los considerandos del decreto 329/2020 se desprende que en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia del COVIL 19 se decretaron medidas excepcionales a fin de preservar las fuentes del trabajo y se consideró apropiado recurrir a la figura de suspensión concretada que establece como requisito de validez la homologación administrativa.
Entiende que se trata de un acuerdo marco que cumple con las pautas y recomendaciones del Acuerdo entre la CGT y la UIA que aconsejaba el dictado de una norma instrumental que establezca certidumbre para aquellas personas que no pueden prestar sus servicios habituales en cuyo caso la situación sería una suspensión encuadrada en los términos del art. 223 de la LCT y la resolución del MREYSSN 397/2020 que dispuso que las sumas pactadas no podrían ser inferior al 75% del salario neto que le hubiera correspondido en caso de haber trabajado. Señala que la validez del DNU 329/2020 no fue cuestionada prohibió las suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por 60 días, pero exceptuó las suspensiones efectuadas en los términos art. 223 bis de la LCT.
Afirma que de esta forma procedió la demandada y referencia las respuestas obrantes en la pericia contable que lo confirman y que no fueron tenidas en cuenta por el juzgador. Pide se revoquen los puntos 1, 3, y 4 del fallo en todo o apelado por su parte. En un restante agravio ataca el punto 2 del fallo en cuanto requiere que la demandada acompañe la totalidad de los recibos de haberes de los actores desde julio de 2020 hasta el dictado de la sentencia o la finalización de la relación laboral, lo que hubiere ocurrido primero. Considera que deviene del pedido de una ampliación de la demanda de los actores que reclaman diferencias hasta el dictado de la sentencia definitiva. Recuerda que su parte se opuso expresamente y argumenta que ninguna prueba se produjo durante el transcurso del proceso que acreditara que se devengaron supuestas diferencias salariales.
Expresa que la resolución no reviste una derivación fundada y viola el legítimo derecho de defensa y bilateralidad que debe regir en todo proceso judicial. Sostiene no estar en un expediente ejecutivo donde existan nuevos vencimientos toda vez que en los procesos laborales juegan muchos factores cuyas vicisitudes pueden influir en el transcurso del proceso, que enumera y se tienen presentes. Critica que se le intime a presentar los recibos toda vez que existen factores y circunstancias que pudieron cambiar en el transcurso de 4 años posteriores a la demanda. Recuerda que se han agregado los recibos correspondientes a los períodos reclamados, así como el libro de sueldos y jornales y el informe pericial contable.
Sostiene que sí los actores pretenden diferencias salariales desde 2020 deberán iniciar una nueva demanda y que no puede hacerse extensiva hacia rubros cuyo devengamientos se hubieran producido luego de la interposición de la demanda. Explica que con posterioridad a la audiencia del art. 47 de la ley 1444 precluyó la posibilidad de ampliación de la demanda a rubros solicitados con posterioridad al traslado de la litis. Por ello entiende que deberá ser revocado so pena de violentar el derecho de defensa y la bilateralidad. En el petitorio solicita se revoque la sentencia apelada en los puntos que han sido materia de queja y crítica.
V. Que como se resumiera más arriba en PE 2358639/2024 se presentó la Dra. Julieta Anahí Díaz como apoderada de los actores a contestar el traslado de la expresión de agravios que se le corriera a sus representados por PE823073/2024 y considera este memorial improcedente, contestando la interpretación del Acta Acuerdo por la que la demandada entendía que en ella se disponía que los adicionales remunerativos y no remunerativos “sólo se harán efectivos ante la efectiva prestación de servicios”. Expresa que ello no es lo que establece el Acta Acuerdo y agrega que esta interpretación vulnera el art. 208 y concordantes de la LCT y el orden público laboral al reducir sustancialmente la remuneración del trabajador durante los períodos de licencia. Transcribe los términos de los artículos pertinentes del Acta Acuerdo tantas veces mencionada en este voto. Aclara que los trabajadores alcanzados por el Acta Acuerdo son los que presten servicios en la Zona Petrolera en el ámbito del Yacimiento de YPF S.A. y Sinopec Argentina y está reconocido por la demandada que los actores prestaban servicios en la Zona Petrolera, en la empresa Sinopec Argentina. Indica que la empleadora siempre abonó los ítems reclamados durante las licencias y vacaciones desde el año 2011 en adelante, y que la quita de ellos operó en 2020, a partir de la pandemia. Sostiene que la recurrente en su interpretación viola el art.208 de la LCT y la opinión doctrinaria que transcribe en negritas, y que se tiene presente, para concluir que no existen dudas sobre el salario que debe percibir el trabajador durante el período de licencia por enfermedad inculpable que debe ser similar al que percibía por su labor habitual para evitar que los trabajadores no puedan enfermarse.
Explica que en la misma situación se encuentran Alberto Sebastián Pereyra, Diego Iván Araneda y Domingo Agustín Palma, suspendidos del deber de asistencia al lugar de trabajo, con goce íntegro de sus remuneraciones por estar comprendidos en los grupos de riesgo por la pandemia de Covid 19 que define la autoridad sanitaria nacional conforme resolución 207/2020 del MYEYSSN que fuera prorrogada por Resolución 296/20. Pide se tenga presente que los trabajadores siempre percibieron los rubros en sus recibos de haberes Acdo. 12/5/2011 Remunerativo y Acdo. 12/5/2011 no remunerativo conforme el Acta Acuerdo mencionada del 12/5/2011 que fuera homologado. Razona que al haber sido estos rubros percibidos desde hace años constituyen un derecho de los trabajadores que no pueden ser excluidos unilateralmente por la patronal sin violar el principio de intangibilidad, elemento esencial del contrato de trabajo. Hace notar que los testigos acreditan que durante las ocasiones que se enfermaban siempre percibían estos ítems acta acuerdo en su salario. Expresa que esa conducta de la patronal quebrante la igualdad de los trabajadores y el derecho de percibir igual remuneración por igual tarea y por ello sostiene que no existe fundamento fáctico ni jurídico para disminuir la remuneración de los trabajadores en situación de enfermedad inculpable con la licencia por resolución 207/2020 por estar comprendidos en los grupos de riesgo por pandemia de COVID 19. Considera ajustado a derecho los fundamentos de la sentencia que transcribe en lo pertinente en negrita y se tiene presente. Hace notar que si la actividad de los servicios de seguridad y vigilancia es una de las pocas que estuvo exceptuada de cumplir con el aislamiento siguió facturando razón de más para abonar los salarios de los trabajadores.
Hace hincapié en que el Acuerdo Marco entre la CGT y la UIA que se invoca en agravios no contó con un acuerdo entre la empresa y el Sindicato de la actividad o entre la empresa y los trabajadores para colocar a los actores en la situación prevista en el art. 223 bis de la LCT.
Resalta que la demandada sólo transcribe la primera parte del Acuerdo Marco referido y hace notar que más abajo se excluye a los grupos de riesgo excluidos del deber de asistencia por la dispensa de la Resolución 207/20 por lo que concluye que el agravio resulta improcedente.
Califica de equivocada la afirmación de la demandada respecto de que la pericia determinó que no existen diferencias salariales a favor de los actores e invoca el punto II de la pericia contable de PE 850332/2023 que determinó diferencias desde junio 2020 a septiembre 2020 a favor de los actores por no liquidar los ítems Acdo. 12/5/2011 Rem. y Acdo. 12/5/2011 no rem.
Sostiene que la pericia calculó diferencias hasta septiembre 2020, pero las diferencias continuaron devengándose y recuerda que luego del escrito de su parte en PE870021/2023, la perito en PE944007/2023 manifiesta que, luego de dictarse sentencia y en oportunidad de la liquidación final conforme los parámetros de la misma se le remitan los autos con la documentación necesaria para determinar las diferencias. Por ello sostiene que están acreditadas las diferencias salariales que continuaron con posterioridad a septiembre de 2020 como surge de los recibos de los actores posteriores a esa fecha en los que no se liquidan estos dos ítems y por ello se lo debe hacer en la etapa de liquidación conforme los recibos que confeccionaba la demandada.
Respecto del argumento esbozado de que se había opuesto a la ampliación de la demanda realizada por los actores por lo que se queja porque se le ordena acompañar los recibos de junio de 2020 hasta el dictado de la sentencia o de la finalización de cada relación o lo que hubiera ocurrido primero y critica que este punto de la sentencia no resulta derivación fundada y violar el derecho de defensa y la bilateralidad del proceso. Al contestar sostiene que el argumento quebranta la ley 1444 que establece hasta que momento se puede ampliar o modificar la demanda y por otro lado lo califica de extemporáneo contradictorio de sus propios actos y violatorio de actos procesales firmes y consentidos. Recuerda el art. 52 de la ley 1444 permite la modificación de los términos de la demanda en cuanto a los hechos alegados o los rubros reclamados hasta la audiencia del art. 47.
Hace hincapié en que su parte amplió la demanda antes de la audiencia del art. 47 por continuarse sin liquidar los ítems del acta Acuerdo e incluso reclamando por el cambio unilateral de la situación jurídica en los recibos de haberes y por la improcedencia de conceder vacaciones durante el período de licencia y del Covid haciendo notar que estos últimos no son mencionados por la apelante. Refiere que en la audiencia del art. 47 se proveyó correr traslado además de la ampliación de la demanda por cinco días en ese acto y por ello entiende que la ampliación fue resuelta por el Sr. Juez. Agrega que la demandada contestó en PE167468/2021 consintiendo lo resuelto en la audiencia. Respecto del otro agravio señala que las diversas circunstancias no afectan la falta de pago de estas diferencias pues consiste únicamente en abonar los ítems del Acta Acuerdo.
Caso contrario señala que se daría el absurdo de tener que iniciar una demanda todos los meses y por otro lado que los argumentos fueron utilizados al contestar el traslado de la ampliación y no constituye una cuestión novedosa.
Formula expresa reserva del caso federal.
VI. Que establecidos en estos términos la cuestión a resolver tenemos que ya no se discute la situación de los Señores Sotomayor y Vázquez en cuanto a su licencia por enfermedad inculpable ni se atacó el razonamiento del magistrado a su respecto. Los restantes actores quedó establecido que estaban exceptuados de concurrir al lugar de trabajo por ser personas integrantes del grupo de riesgo y por ende afectados por las disposiciones del Aislamiento Social Preventivo (resolución 207/20 y su prorroga resolución 296/20del Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad Social).
Se critica que el magistrado no haya considerado el espíritu del acta Acuerdo del 12 de mayo de 2011 sosteniendo que el beneficio con los ítems remunerativo y no remunerativo eran operativos mientras los beneficiarios prestaban servicios en el Yacimiento de YPF y Sinopec Argentina S.A.
En primer lugar ello implicaba que se debió invocar y acreditar que la demandada prestaba servicios a para destinos fuera del yacimiento de YPF y de Sinopec. O que los actores habían gozado del beneficio por períodos en que los percibían por su destino y otros en que no lo hicieron por estar afectados a otros objetivos. Ello, toda vez que no teniendo otros clientes que no implicaban los ítems, no podían rotar fuera de los beneficios, o habiendo rotado los cambios de objetivos a vigilar se encontraba dentro de destinos afectados a la explotación petrolera de esas empresas y por ende en todos los objetivos que los actores cubrieron implicaba el derecho a percibir incluían los ítems referidos. Invoca la recurrente en uno de los cauces impugnativos que por aplicación el Acuerdo Marco entre la CGT y la UIA para sostener que se habría habilitado la aplicación del art. 223 bis de la LCT y que no existiría por ello diferencias salariales impagas. Se trata de un argumento no desarrollado en la contestación de la demanda. Es decir estamos frente a un capítulo no propuesto al magistrado de primera instancia motivo que por lo dispuesto en el art. 276 del CPCC aplicable en el fuero laboral no podemos tratar. No obstante ello es de señalar que no ubiqué copia de ese Acuerdo Marco en autos. Si lo pude consultar en las redes y como hace notar la parte actora al contestar agravios no se podría incluir en la modalidad los trabajadores excluidos del deber de asistencia al lugar de trabajo por dispensa contenida en la resolución 297/20 respecto de las personas con riesgo (mayores o patologías preexistentes). Por otro lado por resolución 397/2020 la aplicación de las suspensiones conforme el art. 223 bis requiere que se ajuste íntegramente al Acuerdo Marco, que se presente un listado del personal, y se de vista a la entidad gremial para su homologación lo que no surge se haya realizado. Ergo no resulta admisible encuadrar el caso de los actos en los términos del art. 223 bis de la LCT. No se ha discutido que los actores se encontraban dispensados de concurrir a su puesto de trabajo o con licencia por enfermedad. Por ello entiendo que los actores se encontraban en el supuesto del art. 223 de la LCT es decir que contaban con derecho a percibir la remuneración por todo el tiempo que estuviere suspendido en virtud del “aislamiento social preventivo obligatorio” que no podían eludir.
Y los trabajadores venían percibiendo los adicionales del Acuerdo 12/5/11 remunerativos y no remunerativos en forma mensual y habitual. Ello no estaba en discusión solo se pretendía por la recurrente que no le correspondía por no prestar tareas en el Yacimiento al no prestar tareas y por ello el argumento no puede tener acogida en la instancia toda vez que, como se responde al agravio por la parte actora, es de aplicación el art. 208 de la LCT cuando establece, como se destaca en negritas “… , no pudiendo, en ningún caso la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento….” Resta agregar que cabe equiparar la situación de los trabajadores dispensados de concurrir a sus trabajos por estar comprendidos en los grupos de riesgo. Se trata de situaciones inculpables dispuestas no sólo para proteger su salud de los riesgos de la pandemia, sino que al ser estos trabajadores más susceptible de contraer el COVID 19 y de esta forma propagar la enfermedad que se trataba de contener. De reducir los ingresos se podría llegar a un resultado contrario al perseguido, con trabajadores que ante la expectativa de ver reducidos sus ingresos, optaren por ocultar las condiciones que lo incluían en el grupo de riesgo contrayendo la enfermedad y propagándola. No es atendible tampoco la queja de la demandada contra la sentencia por no haber tenido en cuenta que al responder el primer punto de la pericia la Contadora Lucrecia Drewniak del Gabinete Contable expresa en PE850332/2023 que después de calcular los haberes para los periodos solicitados …:
“….Se precedió a comparar dichos haberes con los percibidos por los actores conforme surge de los libros de sueldos acompañados por la demandada. No surgiendo diferencias a favor de los actores, por lo que los haberes se encuentran liquidados conforme lo establecido en el Acta Acuerdo …”
Pero en el punto 3 respecto de los periodos de licencia de los actores calcular los haberes devengados y si existieron diferencias con los haberes abonados por la empleadora la experta es clara al responder:
“Respecto de los períodos de licencia de los actores se observa que se dejaron de liquidar los ítems “Acdo. 12/5/11 Rem” y “Acdo. 12/5/11 no rem.”
Y formula una liquidación en Excel de diferencias para el caso que hubiere correspondido abonarlos surgiendo esas diferencias entre Junio a septiembre de 2020 según cada actor.
Ante un pedido de aclaración del apoderado de los actores en PE 870021/2023 donde se ponía de resalto que con posterioridad a septiembre de 2020 las diferencias continuaron devengándose y señalar que la ampliación de la demanda cuyo traslado fuera contestado, donde se demandó por las diferencias hasta el dictado de la sentencia. Por ello solicitó se ampliara esta liquidación desde octubre y hasta el dictado de la sentencia. La perito Contadora Lucrecia Drewniak contesta en PE 944007/2023 solicita que en oportunidad de practicar liquidación conforme a los parámetros de la misma se le remita nuevamente la causa con la documentación necesaria a tales fines. No se pronuncia y estará a las pautas de la sentencia para liquidar. Se encuentra por otro lado aclarado que antes de la audiencia del art. 47 la parte actora amplió la demanda en fojas 180 y 181 firmando el Señor Diego Iván Araneda a fs. 204/205 y, ya en el expediente digital en la audiencia del art. 47 de la ley 1444 se consideró oportuna la ampliación y se dispuso “dar traslado de la ampliación de la demanda por cinco días, plazo que es convenido por las partes en este acto con el fin de salvaguardar el derecho de defensa de la demandada.
Es decir la pretensión de pago de diferencias hasta la fecha de la sentencia constituyó el objeto ampliado de juicio, en consecuencia el agravio contra la condena a abonar estas diferencias no puede tener acogida en este recurso. Así lo propongo al Acuerdo.
Consecuentemente el agravio que se intenta contra la presentación de los recibos tampoco resulta procedente. Se alega que durante este lapso pudieron haber variado las condiciones. El cese de la relación laboral antes de la sentencia fue expresamente previsto en la sentencia. Si en ese interín finalizó la licencia por enfermedad inculpable o si a la finalización del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio los actores volvieron o no a su puesto de trabajo y si se les volvió a abonar son cuestiones que se deberán resolver en la etapa de liquidación aclarando los periodos en que los actores estuvieron con licencia por enfermedad inculpable o dispensados de prestar tareas, hasta que eventualmente finalizara la relación laboral, o se dictara la sentencia recurrida y desde cuándo y hasta cuándo (pudieron haberlos abonado posteriormente al cesar el Aislamientos Social preventivo obligatorio)no se les abonaron los ítems Acuerdo 12/5/11 remunerativos y no remunerativos lo que surgirá de los recibos que la demandada deberá aportar o ser presentados por los actores eventualmente.
VII. Que por estas consideraciones entiendo que a sentencia en crisis resulta justa y equitativa. Por ello propongo al Acuerdo responder en forma afirmativa a la primera cuestión. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. Coincido con el primer votante en su análisis y conclusiones y por ello considero justa la sentencia en cuanto fuera atacada.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que en función de las consideraciones y razonamientos formulados al responder la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios contra la sentencia en crisis que formulada la parte demandada. 2º) Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto fuera materia de agravios, sin perjuicio de aclarar que, con los recibos de todos los actores que cualquiera de las partes podrá acompañar, la perito determine las diferencias salariales que pudieran existir a favor de los actores en aquellos períodos en que hubieran estado con licencia por enfermedad inculpable o dispensados de prestar tareas hasta la resolución del contrato o que reintegrados no se le abonare los ítems reclamados. Imponer las costas de la instancia a la demandada en su condición de vencida. 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de los correspondientes a la instancia anterior. 4º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en el PE 1358639/2024. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
X. Considero que la propuesta que antecede se corresponde con lo debatido en el Acuerdo y resulta justa y equitativo. Adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 05 de febrero de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Rechazar los agravios contra la sentencia en crisis que formulada la parte demandada.
2. Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto fuera materia de agravios, sin perjuicio de aclarar que, con los recibos de todos los actores que cualquiera de las partes podrá acompañar, la perito determine las diferencias salariales que pudieran existir a favor de los actores en aquellos períodos en que hubieran estado con licencia por enfermedad inculpable o dispensados de prestar tareas hasta la resolución del contrato o que reintegrados no se le abonare los ítems reclamados. Imponer las costas de la instancia a la demandada en su condición de vencida.
3. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de los correspondientes a la instancia anterior.
4. Tener presente la reserva del caso federal formulada en el PE 1358639/2024.
5. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen.
El Dr. Horacio M. J. Fernández no emite opinión por no existir disidencia. Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara Presidenta; Humberto Eduardo Monelos- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara.-
Protocolización: A201001S.251 Tomo: CI Sentencia: 3097 Folio Nº: 185/193 Secretaria: 1
Fin de la sentencia