Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 175.944
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Por mayoría, hacer lugar al recurso del actor conforme el alcance señalado en la presente, condenando al Sr. Rodrigo Damián Martínez, y a la citada en garantía "Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada" a pagarle al Sr. David Sottile la suma de $2.073.600 (pesos dos millones setenta y tres mil seiscientos) con más los intereses calculados de acuerdo al apartado III.5 del voto preopinante;
II. Rechazar el recurso interpuesto por el demandado y la citada en garantía;
III. Imponer las costas al demandado y compañía aseguradora, en su calidad de vencidos (art 68 del CPC);
IV. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967).
EXPEDIENTE N° 175944 JUZGADO N° 7
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "SOTTILE DAVID C/ MARTINEZ RODRIGO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau, Ricardo D. Monterisi y Alfredo E. Méndez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fecha 30.9.2022?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
I. Con fecha 30.9.2022, la Sra. Jueza dictó sentencia haciendo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por David Sottile contra Rodrigo Damián Martínez, condenando en consecuencia a este último y a la citada en garantía "Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada", a abonar a la parte actora la suma de un millón quinientos treinta mil pesos ($ 1.530.000), más intereses y costas del juicio (art. 68 del C.P.C.). Fijó la extensión de la condena respecto de la citada en garantía en los valores vigentes al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, siguiendo la doctrina de la S.C.B.A. (establecida en los autos "González, Maximiliano Ramiro c/ Acosta, Emir Dorval y otro s/ Daños y perjuicios" causa C. 122.588, sentencia del 28/05/21).
Desestimó el planteo de pluspetición inexcusable articulado por la aseguradora y el accionado, con costas en partes iguales (art. 69 del C.P.C.) y la aplicación de la Ley 24.240, sin costas; y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
II. Apeló la actora con fecha 05.10.2022, y expuso sus agravios el 23.02.2023, que quedaron incontestados.
La demandada y la citada en garantía también apelaron con fecha 30.09.2022 y su letrado presentó los agravios el día 27.02.2023, que fueron respondidos el 06.03.2023.
II.1. La actora se agravió del monto de condena, señalando que:
a) La sentencia debe revocarse en cuanto al rechazo del rubro incapacidad pues es autocontradictoria, ya que no se condice con el reconocimiento del menoscabo físico, que dio sustento al daño moral. En su opinión, la Jueza hizo una interpretación "subyugada" de la pericia médica, apartándose de las respuestas del experto, aplicando fuera de contexto la información, y modificando el resultado en detrimento del Sr. Sottile, privándolo, de manera grosera, de la justa indemnización que le corresponde por la lesión que sufrió.
Destacó que el perito determinó que la incapacidad del Sr. Sottile es del 15%, y habló de transitoriedad por el hecho de que debería ser sometido a una nueva intervención quirúrgica que, en realidad, no tiene aún programada, ya que nada lo obliga a volver a ingresar a un quirófano, con los riesgos que ello implica, máxime porque no tiene garantías pues existe la posibilidad de resolver la incapacidad o bien de disminuirla, como se indicó en el dictamen.
b) Respecto al daño moral, sostuvo que el monto fijado de $1.5000.000 es exiguo en relación a los presupuestos fácticos acreditados en autos, en particular las lesiones y el informe presentado por el perito Dr.Baca. c) Cuestionó los intereses establecidos conforme la doctrina de los fallos "Vera" y "Nidera" pues conllevan una desvalorización del crédito con el paso del tiempo. Pidió que se aplique la tasa activa establecida en la causa "Melegari" de esta Sala. II.2. Por su parte, el apoderado de la demandada y la citada en garantía expuso los siguientes agravios:
a) En primer lugar, criticó la atribución de responsabilidad.
Afirmó que no existen elementos de prueba en la causa acerca del modo en que se produjo el accidente, pues el solo hecho de que se haya reconocido que tuvo lugar no implica que estén acreditadas las circunstancias invocadas por la actora.
En particular, destacó el carácter de embistente de la contraria.
b) También cuestionó los rubros indemnizatorios y señaló que todo el reclamo giró en torno a una fractura de codo, de la cual recién se tuvo registro 17 días después del accidente, dejando sin efecto el nexo de causalidad. Destacó que no surge de la pericia médica que el accidente vial haya generado el daño, sino que el profesional usó la palabra "puede", dejando de lado cualquier certeza y abriendo un abanico de posibilidades de otras causas fuentes. Señaló, además, que no se ofreció ni un solo testigo que haya dado fe del momento de producción de las lesiones o de cuando se fracturó el brazo.
Sostuvo que la fractura podría deberse a cualquier otro evento, toda vez que transcurrieron 17 días desde el hecho hasta que el actor acudió a la clínica. A ello agregó que, tal como el Sr. Sottile lo relató, no tenía dolor alguno luego del accidente y se subió a su moto y se fue manejando, lo cual sería lisa y llanamente imposible de hacer con una fractura de tal magnitud.
c) Se quejó del daño moral por considerarlo desproporcionado, en tanto representa el 75% de la condena.
III. Tratamiento de los recursos.
Considero que únicamente debe admitirse el recurso del actor en cuanto al monto del daño moral y a los intereses, aunque con un alcance diferente del que pide.
III.1. En lo que respecta a la atribución de responsabilidad efectuada en la sentencia, considero que no les asiste razón a la demandada y la citada en garantía.
Es cierto que el art 1736 del CCyC impone la carga de la prueba de la relación de a causalidad a quien la invoca.
Pero esa regla tiene su excepción en los supuestos en que la ley la impute o la presuma la causalidad, tal como ocurre cuando se atribuye la responsabilidad en forma objetiva.
En tales casos, al damnificado le basta acreditar: i) la intervención de la cosa en el contexto perjudicial; ii) que ella presenta un vicio o que es riesgosa y iii) la producción misma del daño (conf. Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños", tomo 3º, pgs.208/214 Ed. Hammurabi; Orgaz "La culpa", p.185 y sgtes Ed. Marcos Erner; Mosset Iturraspe "Responsabilidad civil del médico, en "Seguros y Responsabilidad Civil"; Kemelmajer de Carlucci "Código Civil Comentado" Dir. Belluscio y Zannoni tº5 p.460; Trigo Represas "La noción de las eximentes y su vigencia en el derecho argentino", Revista de derecho de daños, 2006-1 Ed. Rubinzal Culzoni, p.55 entre muchos otros). Probada la intervención de la cosa y su conexión causal con el daño producido, se presume que el perjuicio ha sido provocado por el vicio o riesgo de la cosa, es decir que opera una presunción de causalidad. El demandado, para eximirse de responsabilidad total o parcialmente, es preciso que demuestre la causa ajena (arts 1722 y 1757 del CCyC).
En este marco se insertan las eximentes de responsabilidad cuya prueba, además, incumbe a quien las invoca (art.1736 segundo parágrafo del CCyC; C.S.J.N., Fallos: 313:1184; 316:2774; 321:1462; 322:139; 323: 2930 y 327:5082) Explica la SCBA que "los impedimentos de responsabilidad, deben ser apreciados restrictivamente, por la finalidad social típica de la norma, que ha creado factores de atribución, que deben cesar solo en casos excepcionales, sin conferirles desmedida extensión" (sentencia del 14.10.86 en la causa nº 33.743, DJBA 132-229) Cuando la ley presume la relación causal, "la prueba de los eximentes debe ser inequívoca", ... "su apreciación debe ser severa: se requiere certeza de que el daño no obedece a la causa aparente que se imputa a dicho sujeto" (Zavala de González ob cit pág 213).
"Probada la responsabilidad del demandado sea por presunciones legales o por otros medios probatorios (hecho constitutivo), la culpa de la víctima debe ser acreditada certera, claramente, pues se trata de un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien lo alega, constituyendo una excepción al régimen de responsabilidad" (Kemelmajer de Carlucci, código comentado ya citado Tº5 p.393)
III.2. En este contexto, la atribución de responsabilidad aparece en el expediente de forma clara.
Ambas partes han sido contestes en cuanto a la mecánica en general del accidente que ha dado lugar a la reclamación. No está controvertido que el actor venía circulando con su moto Honda XR 250 atrás del demandado, que lo hacía en una Peugeot Partner en el mismo sentido por la calle Rodríguez Peña de esta ciudad el día 4 de diciembre de 2017 a las 16 hs aproximadamente, cuando al llegar a la esquina de la calle Bahía Blanca, el Sr. Martínez efectuó un giro a la izquierda y el Sr. Sottile lo embistió con su motocicleta y se cayó sobre su costado izquierdo.
Ante este escenario y en función de la presunción ya aludida, correspondía al demandado demostrar el hecho de la víctima (p.ej.la maniobra de sobrepaso imprudente que habría emprendido supuestamente el Sr. Sottile) que invocó como eximente de su responsabilidad, pero no lo hizo. Por otro lado, en lo atinente a las lesiones, tampoco fue acreditado que éstas podrían ser el fruto de otro evento distinto, habida cuenta del salto temporal de 17 días existente entre sucedió el choque y que el actor concurrió a la clínica por el dolor que padecía en su codo.
No hay en la causa actuaciones policiales, ni una declaración testimonial o una pericial mecánica que pueda respaldar la versión que invocó sobre el hecho, como tampoco le fue preguntado al perito médico si es posible que el actor pasase 17 días sin darse cuenta que tenía el codo fracturado o que pueda obedecer a otro tipo de accidente o evento o que, con una fractura de esa magnitud, podía irse manejando su moto del lugar del hecho.
Es decir que está acreditado que se produjo el accidente y el contacto material con la cosa riesgosa; que provocó que el actor se cayera sobre su costado izquierdo y que esa caída tiene la aptitud para producir la fractura del codo izquierdo sufrida por éste (pericia médica)
Tales circunstancias no se encuentran controvertidas por elementos que demuestren la versión de la demandada. Esta orfandad probatoria no deja margen para admitir si quiera parcialmente la eximente invocada (arts. 1722, 1736, 1757 CCyC y 375 del CPC), por lo que corresponde confirmar el rechazo de la defensa.
A su vez, el rol de embistente carece de relevancia en el caso.
Resultar embestido puede ser consecuencia de haberse interpuesto en la línea de circulación de otro vehículo. La autoría y responsabilidad en cabeza del demandado deben mantenerse en su totalidad con independencia de la condición de embistente, y ello porque no se ha desvirtuado "total ni parcialmente la presunción legal y no juega en el caso la culpa concurrente (SCBA "Sacaba de Larrosa c. Vilchez"; CSJN "Entel c. Provincia de Buenos Aires").
III.3. En cuanto a los rubros indemnizatorios, encuentro acertado el rechazo de la incapacidad, que ha sido criticada por la actora.
III.3.1. En primer lugar debe señalarse que no hay otras categorías legales de daños resarcibles que no sean el patrimonial o el extrapatrimonial, pues no se indemniza a la lesión en sí misma, sino a las consecuencias perjudiciales que de ella se derivan.
El daño resarcible no se identifica con la sola lesión a un derecho patrimonial o extrapatrimonial o a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, sino que es la consecuencia perjudicial o menoscabo que se desprende de la aludida lesión. Entre esta y aquella hay una relación de causa a efecto. El daño resarcible es esto último (Pizarro "El concepto normativo en el Código Civil y Comercial", TR LALEY AR/DOC/2378/2020) RCyS 2020-IX,3). Por eso, aunque hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés digno - o al menos no reprobado jurídicamente- esta lesión no es el daño resarcible (Matilde Zavala de González "Relevancia cuantitativa del daño" TR LALEY AR/DOC/158/2012 RCyS 2012-II,95) La incapacidad sobreviniente alude la "inhabilidad o impedimento o bien la dificultad apreciable para el ejercicio de funciones vitales" (Matilde Zavala de González, Daños a las personas tº2 a, p. 281, 2da edición ampliada, 4ta reimpresión, Ed Hammurabi).
Tiene por finalidad no solo dar cobertura a las limitaciones de orden laboral, sino también a la proyección que la secuela provoca con relación a todas las esferas de la personalidad del lesionado, concentrando aspectos como la disminución de su seguridad, reducción de su capacidad vital como por ejemplo no poder desarrollar ciertos deportes y/o despliegue de vida al aire libre. En definitiva todo aquello que conduzca al empobrecimiento de las perspectivas futuras de la víctima.
El art. 1746 del CCyC contempla expresamente los casos de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, y a continuación, establece el modo de cuantificarla, destacando que se debe indemnizar el daño "aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada", con lo que claramente nos introduce en la esfera patrimonial, pues para la indemnización de las consecuencias no patrimoniales se aplica el art. 1741 del CCCN.
Zavala de González explica que no todo ataque contra la integridad corporal o a la salud de una persona genera incapacidad sobreviniente. A tal efecto es menester la subsistencia de secuelas que el tratamiento o asistencia prestados a la víctima no logran enmendar o no lo consiguen totalmente (libro cit.p.294).
Lo que se resarce es el valor de la capacidad total o parcialmente afectada por las lesiones, sea que ese valor se identifique con la pérdida de ingresos laborales futuros ("actividades productivas" en los términos del art. 1746 del CCyC), o bien por el daño emergente generado por el costo de sustitución de las actividades cotidianas que realizaba la víctima y que, por la lesión sufrida, estará total o parcialmente imposibilitada de realizar con normalidad (voto del Dr. Monterisi en la sentencia únicas en las causas 173131 y 173130 del 24.2.2022)
III.3.2. En el caso, el perito médico Dr. Matías Tomás Baca explicó que el actor sufrió una fractura de cúpula de codo izquierdo y le asignó un porcentaje del 15% de incapacidad. El informe fue presentado el 31.5.2022 y no ha recibido pedido de explicaciones ni observaciones de las partes. Señaló que el Sr. Sottile fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas. En la primera, el 29.5.2018, se le colocó una prótesis de cúpula radial no cementada y luego realizó tratamiento de rehabilitación. Por su mala evolución, se decidió el retiro de esa prótesis que se practicó el 18/09/2018, es decir, 4 meses después de la primera cirugía. Afirmó que presenta cicatriz en cara externa de codo izquierdo, no patológica, de 5 cm.
No obstante, al serle requerido que determine la clase y el grado de incapacidad que aqueja al actor y si es de carácter permanente, respondió que es transitoria, atento tener posibilidades de resolverla o al menos disminuirla con una tercer operación quirúrgica.
Sostuvo que a la fecha de la revisión, el paciente presentaba limitaciones en distintos movimientos - extensión - 5º (1 %), flexión 145º (1 %), pronación 80º (0 %), supinación 60º (1 %) - e inestabilidad articular del codo izquierdo, por lo que consideró prudente asignarle un porcentaje de incapacidad del 15 %, estando a las limitaciones ya referidas y a la escala del 12 al 15 % de Incapacidad que establece el "Baremo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros" para la inestabilidad articular en Codo (aclarando que la cicatriz está incluida en el porcentaje determinado atento resultar de la incisión quirúrgica).
Explicó que tenía abolición de cúpula radial por no tener la prótesis y que era esperable que al presentar dolor, requiera de una nueva intervención quirúrgica para mejorar la estabilidad articular y disminuir las posibles consecuencias de inestabilidad en articulaciones adyacentes como la muñeca.
III.3.3. De lo expuesto surge que la secuela es reversible con una tercera operación y tratamiento, de modo que el daño no puede ser indemnizado bajo el rubro de la incapacidad sobreviniente, aunque todas estas circunstancias se proyecten sobre otros, como puede ser en el caso el daño moral.
En el caso, la subsistencia de esa incapacidad depende de la decisión del actor de operarse, que se comporta como la causa más idónea en tanto su permanencia es ajena al demandado , conduce al rechazo de la indemnización, sin perjuicio de la incidencia que todo lo expuesto por el perito tiene en el daño moral.
A su vez, no surge con claridad la posibilidad del fracaso que señala el actor sobre la tercera operación y tratamiento en el completo restablecimiento de la lesión. El perito no ha sido interrogado al respecto, por lo que no es posible conocer acerca de la certidumbre y subsistencia del daño, pues aparece como hipotético o eventual (art. 1739 del CCyC)
III.4. Respecto al daño moral, las circunstancias relatadas por el perito médico en torno a la fractura del codo y las consecuencias que ella ha ocasionado (las intervenciones quirúrgicas, tratamientos de rehabilitación y las limitaciones transitorias) son demostrativas de la afectación en los distintos ámbitos de su vida (laboral, familia y social) que le produjo al actor, ocasionando el perjuicio extrapatrimonial cuya reparación se persigue. Debe tenerse en cuenta en lo tocante a este aspecto la edad del actor a la fecha del hecho (24 años)
Para avaluar el monto, en esta Sala hemos considerado también que "como la intimidad no es accesible, necesariamente debe acudirse a parámetros sociales de evaluación, en el sentido de percibir el daño moral según lo experimentaría el común de las personas en similar situación lesiva" (Zavala de González, Matilde obra arriba indicada página 106 y siguientes), en tanto "los daños morales son perceptibles por el Juez", pues "el juzgador como hombre común, debe subrogarse mentalmente en la situación de la víctima para determinar con equidad si él, colocado en un caso análogo, hubiese padecido con intensidad suficiente como para reclamar una reparación" (p. 107).
Desde esta óptica, he ponderado las circunstancias detalladas al inicio de este punto para establecer la indemnización del daño extrapatrimonial, toda vez que constituye una deuda de valor que debe ser cuantificada al dictar la sentencia conforme los valores actuales (esta Sala, causas 137518 -"Santecchia..."- del 14/02/2018, 161257 - "Pellizi..."- del 06/10/2016, 131.976, 131.833, 130.138 - "Caparrós..."- del 16/03/2016, entre otras).
La ponderación que la norma exige no es sencilla y no está exenta de algunas dificultades. En épocas de aguda inflación, el dinero deja de cumplir una de sus funciones más importantes: ser unidad de cuenta o mecanismo para establecer, expresar y comparar el precio de los bienes y servicios (voto del Dr. Monterisi en c. 171996 -"Valenzuela Bernal, Ovidio del Carmen..." del 02/09/2021).
Ello hace complejo no solo cuantificar un resarcimiento extrapatrimonial evaluando el valor de mercado de productos que puedan considerarse satisfacciones sustitutivas y compensatorias, sino también juzgar en instancia recursiva el acierto o error de una decisión adoptada por otro juez en un tiempo pasado. Los valores establecidos en la sentencia de primera instancia ya han sido afectados por la inflación acumulada desde su dictado hasta la resolución de los recursos en la Alzada, y los precios relativos de la economía bien pudieron haber cambiado entre una y otra decisión, complejizando aún más la tarea revisora (voto Dr. Monterisi sentencia única dictadas en las causas nº 174.382, 174.213 y 174.386 del 29.12.2022, RS 371)
Cuanto mayor es la extensión temporal de un proceso judicial mayor es la probabilidad de que el crédito controvertido, asumiendo que una decisión jurisdiccional finalmente lo reconoce como tal se vea alterado de una u otra forma por los vaivenes de una economía inestable como es la que ha tenido nuestro país en las últimas décadas. El paso del tiempo y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional siempre fueron factores que dificultaron la función jurisdiccional: los magistrados no solo deben dictar resoluciones judiciales que sean justas (entendiendo por tales a aquellas que hacen una correcta aplicación técnica de las normas vigentes) sino que también deben brindar soluciones que tengan eficacia práctica procurando mecanismos que permitan mantener mínimamente el valor del crédito controvertido y sobre cuya existencia y alcance se había gestado el pleito (esta sala, c. 123266 -Pascali, Graciano- del 16/07/2019).
De este modo, corresponde tomar como parámetro el valor de bienes con aptitud suficiente para cumplir ese propósito (inmuebles, viajes, automóviles, motocicletas, productos tecnológicos, etcétera), motivo por el cual entiendo razonable a la luz de lo dicho en párrafos precedentes, fijar el resarcimiento en el valor de una motocicleta similar a la del actor (Honda XR250 Tornado) que asciende a la suma de $2.073.600 (pesos dos millones setenta y tres mil seiscientos), conforme se extrae del listado de precios del sitio web oficial de Honda Argentina para el mes de junio 2023.
(https://motos.honda.com.ar/modelos/xr250-tornado)
Este mecanismo procura dar cumplimiento a la exigencia contenida en el párrafo final del art. 1741 del CCyC (fundando de modo expreso una decisión que, de otro modo, sería por completo librada al arbitrio judicial).
III.5. En cuanto a los intereses, asiste razón al actor al quejarse de la tasa de interés pasiva fijada en la sentencia.
Corresponde aplicar la tasa activa fijada por este tribunal que pide (sentencia dictada el 16.4.2020 [S 240] en causa nº 167589 MELEGARI, BERNARDO FÉLIX C. RISSO, GLADYS NOEMÍ Y OT., S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”), pero no así en cuanto que debe aplicarse desde que el daño se produjo, pues las sumas han sido reconocidas a valores actuales.
La noción de la deuda valor y cuantificación a valores actuales implica, por sí misma, un mecanismo que permite la re expresión del capital, de modo que esa tasa debe aplicarse a partir de la fecha en la que el deudor haya caído en mora en el pago de esa suma actual.
Desde el día del accidente hasta que se cuantifica el daño, es decir hasta la fecha de la sentencia del Juez de primera instancia, debe aplicarse la doctrina de los fallos "Vera, Juan Carlos" (C. 120.536, sentencia del 18 de abril de 2018) y "Nidera S.A." (C. 121.134, sentencia del 03 de mayo de 2018) de la SCBA, conforme los que, en los casos en los que sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, los intereses moratorios sobre el crédito indemnizatorio deben liquidarse aplicando una tasa pura del 6% anual que se devenga desde que se hayan producido los perjuicios y hasta el momento en que se avalúan (arts. 772 y 1748, Cód. Civ. y Com.) y a partir de ahí, los intereses deben calcularse conforme la tasa indicada en el párrafo siguiente. Por tal motivo, corresponde hacer lugar a la demanda por la suma de $2.073.600 (pesos dos millones setenta y tres mil seiscientos) a las que se adicionarán los intereses moratorios calculados conforme el criterio establecido por este Tribunal, es decir, desde la mora y hasta el efectivo pago, a la «tasa activa descubierto en cuenta corriente» [según su denominación en el calculador de intereses de la web de la SCBA] y que es aquella que publica periódicamente el banco público provincial en cuadro IV del documento «Tasas de consulta frecuente» correspondiente al descubierto en cuenta corriente sin acuerdo en pesos, sin capitalización (conf. causa Melegari ya citada)
III.6. En atención a lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso del actor en cuanto al daño moral y los intereses, condenar al demandado y a la citada en garantía al pago de la suma de $2.073.600 (pesos dos millones setenta y tres mil seiscientos) con más los intereses calculados de acuerdo al apartado anterior.
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. Adhiero a la solución y a los fundamentos expuestos por mi estimado colega de Sala, con una única excepción relativa al resarcimiento por daño moral y el momento en que debe convertirse a pesos el valor que constituye el objeto del crédito de la víctima.
Considerando la preocupante escalada inflacionaria que afecta a nuestra economía y el ritmo alarmante con el que se deprecia el signo monetario, entiendo conveniente que la conversión del valor escogido para resarcir el daño moral no sea realizado en la sentencia, condenando al demandado a pagar una suma determinada de pesos no repotenciable, sino en etapa ejecutoria. Ello, a fin de procurar que no sea la víctima quien asuma el costo derivado de la inflación acumulada entre el fallo y el efectivo pago. Seguidamente explicaré los motivos de mi disidencia.
I.a. El artículo 1741 del Código Civil y Comercial obliga a los jueces a cuantificar el daño extrapatrimonial ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puede procurar la indemnización otorgada. Eso significa que los magistrados debemos analizar el precio de mercado de los bienes o servicios que estimemos idóneos para generar alguna forma de consuelo y posibilite paliar —en alguna medida— el sufrimiento y la angustia de la víctima generada por el hecho lesivo (e.g., un viaje, un determinado producto tecnológico o, como lo propuso el Dr. Loustaunau, un rodado).
Ninguna duda cabe de que el resarcimiento por daño moral, como tantas otras indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil, constituye una deuda de valor: a la víctima no se le debe dinero, sino un quid, una cierta utilidad que luego será expresada y pagada en dinero. El valor es el objeto de una obligación que luego se traduce en una cantidad de unidades monetarias (art. 772 del CCyC).
Las deudas de valor tienen una larga historia en la jurisprudencia de nuestro país y su positivización en el art. 772 del Código Civil y Comercial ha permitido mitigar, o al menos atenuar las notorias injusticias que genera la combinación de una coyuntura altamente inflacionaria con un sistema nominalista que prohíbe cualquier forma de indexación o repotenciación de obligaciones de dar dinero (arts. 7 y 10 de la Ley 23.928).
El propósito de este tipo obligacional es evidente: proteger el valor económico del crédito del acreedor —la víctima en pleitos de responsabilidad civil— que es objeto de debate en un proceso que insume tiempo (y a veces mucho más del que sería deseable), permitiendo su cuantificación a la luz de parámetros económicos actualizados y sin violar los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928. Pero esa protección, adviértase, no es absoluta: a la luz de lo normado en el apartado final del art. 772 del CCyC, toda deuda de valor, más tarde o más temprano, se transformará en una deuda dineraria no repotenciable que queda expuesta a los avatares inflacionarios y a la erosión del valor económico del capital.
Surge entonces una pregunta central: ¿cuándo o en qué momento debe convertirse a pesos una deuda de valor sometida a controversia judicial?
Este interrogante no parece encontrar una respuesta explícita en el artículo 772 del Código Civil y Comercial. La norma dice que en los casos en que lo debido es un valor, “el monto resultante deber referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda”. No solo la norma no dice cuál es ese momento (habla de «el que corresponda»), sino que utiliza un giro («evaluación») que es ciertamente ambiguo puesto que no está claro si se refiere a la cuantificación del daño (que es una decisión propia de la sentencia definitiva) o a la conversión de ese valor a una suma de dinero (es decir, a la operación que implica fijar la cantidad de unidades monetarias que son necesarias para representar el valor real -el precio de mercado- de la utilidad o quid debido, lo cual puede, pero no necesariamente debe ser efectuada en la misma sentencia).
Me inclino por esta última interpretación por dos motivos.
En primer lugar, porque la norma nada regula sobre el modo de cuantificar el daño (o la deuda de valor, cualquiera sea: medianería, alimentos, colación, etc.), sino que únicamente pretende dar pautas sobre la conversión de ese valor a moneda nacional: lo que el legislador exige que esa operación se efectúe a valores actuales y no históricos. Es decir, lo que el codificador prescribe es que, cualquiera sea el momento en que se efectúe esa operación (que no aclara cuál es), se deberá respetar la correlación entre el valor debido y su precio de mercado actualizado.
El título del art. 772 también brinda una pauta a considerar con atención: se denomina «Cuantificación de un valor», donde la palabra cuantificación —conforme surge de su última oración, donde se habla expresamente de valor cuantificado en dinero— no refiere a la estimación del daño, sino a la conversión a pesos del valor controvertido (en el caso del daño moral, a la conversión a pesos del bien o servicio que se estima idóneo para procurar satisfacciones que compensen la angustia sufrida por la víctima). La norma, reitero, no pretende regular la decisión por la que se define el valor que compone el objeto de la obligación resarcitoria, sino únicamente refiere el criterio económico que debe regir la ulterior traducción de ese valor —ya dilucidado por el magistrado— en una suma de pesos determinada.
Siguiendo esta línea de razonamiento, la noción de "el momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda" es lo suficientemente genérico como para interpretar que es tarea del Tribunal no solo decidir qué valor es el objeto del crédito resarcitorio, sino también determinar cuál es “el momento que corresponde tomar en cuenta” para que opere la conversión: podrá ser el mismo fallo, pero podrá ser en una etapa posterior más cercana al pago, si hubiere motivos que así lo justifiquen. Del mismo modo que no hay que distinguir allí donde la ley no distingue, parece preferible razonar en escenarios opuestos con la lógica inversa: tomar provecho de las indeterminaciones intencionales del legislador que operan como razonables permisos para que sea el juez —ubicado en un contexto cambiante y a veces crítico— quien decida cuál es el momento más conveniente para traducir la deuda a moneda nacional. A veces será la misma sentencia, si la cuantía es poca y es previsible un pago cercano en el tiempo. Pero otras veces será al momento del pago, si ello permite evitar la licuación del crédito que se genera ínterin se transitan instancias recursivas ordinarias y extraordinarias (locales y federales, si fuere el caso).
En resumen, sin perjuicio de la opinión doctrinaria predominante (Jornadas de Derecho Civil, Bahía Blanca, 2015, conclusión unánime; Pizarro, Daniel R., Vallespinos, Carlos, Tratado de las obligaciones, Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2017, t. I, p. 461, entre otros), considero que la cuantificación del daño debe ser realizada en la sentencia, pero la conversión a pesos de los valores que componen el objeto de la obligación resarcitoria puede, pero no necesariamente debe ser efectuada en el fallo, sino que es posible realizarla en una etapa procesal ulterior (art. 772 del CCyC). I.b. i. Lo que hasta aquí vengo diciendo tiene apoyo, además, en la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y numerosos precedentes de la Sala que tengo el honor de integrar.
Esta Sala Segunda, como tantos otros tribunales de la provincia, ha seguido el criterio de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires conforme el cual en juicios de daños y perjuicios los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente -art. 165, C.P.C.C.-, todo a fin de lograr una mejor reparación del daño causado.
Esta modalidad parte de la premisa de que los reclamos resarcitorios versan sobre deudas de valor, por lo que aquella estimación jurisprudencial realizada en un momento posterior al hecho dañoso no implica actualizar o repotenciar obligaciones pecuniarias sino determinar el contenido monetario de una cierta utilidad o valor que es objeto de controversia (Sala II, c. 137518 -"Santecchia, Guillermo J."-, sent. del 14/02/2018; en igual sentido, c. 161169 -"Ruiz Días, José Aurelio..."- sent. del 18/08/2016; de la SCBA, entre muchísimos otros, véase c. 101.107 -“Arbizu...”- del 23/03/2010 c. 117735 -"Bi Launek"- del 24/09/2014, c. 117501 -"Martinez"- del 04/03/2015, c. 119449 -"Córdoba..."- del 15/07/2015, c. 102963 -"Sabalete..."- del 07/09/2016, c. 120192 -"Scandizzo de Prieto"- del 07/09/2016).
En otras palabras, a la luz de la doctrina legal de la Casación bonaerense, los jueces pueden cuantificar los daños al momento de sentenciar, pero no necesariamente deben fijar allí mismo el quantum del resarcimiento. Pueden postergar la conversión —y la correlativa transformación de la obligación de valor a una dineraria— para una etapa ejecutoria posterior. Esta última modalidad permite a los jueces separar temporalmente la cuantificación de la indemnización (esto es, la decisión judicial de evaluar la extensión del perjuicio y fijar el valor que compone el objeto de la obligación) de su conversión a una suma dineraria (que, como se vio, es la oportunidad en la que se traduce el valor escogido a una determinada cantidad de unidades monetarias considerando, como el propio art. 772 del CCyC lo exige, parámetros económicos actualizados).
Esta práctica tiene una virtud evidente: expande el marco de protección que la deuda de valor le brinda al crédito de la víctima. Si la conversión se realiza forzosamente en la sentencia, la acreedora de la indemnización asume todos los costos derivados de la depreciación acumulada entre la conversión del valor que le es debido y las ulteriores instancias procesales previas al pago (recursos ordinarios, recursos extraordinarios locales, recursos extraordinarios federales, liquidación, ejecución, eventuales medidas de agresión patrimonial, pago de honorarios y aportes, etc.). El interés moratorio, cualquiera sea su tasa —activa o pasiva—, en la medida en que no opera en clave compuesta y con capitalizaciones periódicas, no logra ser útil para mantener el valor económico de la deuda dineraria, sea en el mediano o largo plazo.
Esquemáticamente:
Esto significa que, luego del dictado del fallo en donde se cuantifica y convierte el valor controvertido, el paso del tiempo que insume el litigio terminará por licuar el crédito de la víctima, procurándole al demandado vencido un beneficio económico tan injusto como indisimulable. Además, «si se trata de un deudor solvente —por caso, una compañía de seguros o una entidad financiera— no solo se beneficia con la disminución del valor real de la condena, sino que además podrá utilizar el dinero que le debe al acreedor y que retiene en su poder para invertirlo en otra operación redituable hasta que sea compelido a pagar, artilugio que algún tribunal calificó como un «mecanismo de financiación por vía judicial» (Marino, Tomás, Principio de congruencia y depreciación monetaria. Dificultades para debatir deudas de valor en el proceso civil y comercial bonaerense, Revista de Derecho Procesal, 2020-1, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2020, pág. 371 y sig.).
Más importante aún, convertir en sentencia el valor en una obligación dineraria termina por frustrar el objetivo más relevante que tienen las deudas de valor como categoría teórica y normativa del derecho de las obligaciones: proteger al crédito de los avatares de la inflación. El resultado final termina por ser incompatible con lo único que el legislador pide en el art. 772 del CCyC: que la conversión sea haga a valores actualizados, de modo que la suma de dinero resultante sea representativa del valor real o precio de mercado de la utilidad que fue materia de debate. Esta última identidad entre lo debido (el valor) y lo pagado (el dinero) solo puede lograrse en el momento más cercano al pago.
Hacerlo antes, sobre todo en litigios cuya naturaleza que hacen presumir el tránsito futuro por instancias recursivas extraordinarias, genera un resultado desolador, frustrante e incompatible con una inteligente y eficaz prestación del servicio de justicia: los jueces terminamos dictando sentencias que, tal vez impecables desde lo teórico y conceptual, constituyen en la práctica meras declaraciones de derechos que necesariamente estarán depreciados al momento del pago.
En cambio, la postergación de la conversión del valor a una instancia procesal posterior a la etapa recursiva y más cercana al efectivo pago, además de ser una práctica enteramente compatible con el art. 772 del CCyC , permite dos cosas: (1) la primera y más importante: preservar el valor económico de la deuda ínterin se agotan las instancias recursivas locales y federales; (2) frustrar los incentivos perniciosos que genera un proceso judicial que opera en coyuntura inflacionaria, con prohibición legal de repotenciar y tasas moratorias —activas o pasivas— que operan con rendimiento negativo: me refiero a los deudores que utilizan al litigio como herramienta de financiación, que abusan de las herramientas procesales con el objetivo de dilatar la solución de la controversia y el pago de la condena, etcétera. Esquemáticamente:
ii. Lo que aquí estoy diciendo no es en verdad una novedad. En la práctica hemos aplicado esta herramienta una infinidad de veces, sea por decisión propia o bien para confirmar la decisión de los jueces o juezas de primera instancia que también la utilizan.
Por caso, así lo hicimos junto al Dr. Loustaunau en las causas n° 131976 -"Suárez..."-, n° 131833 -"Caparrós..."- y n° 130138 -"Royal & Sunalliance..." (todas del 16/03/2016) donde se postergó a la etapa ejecutoria la determinación del precio de mercado de una serie de vestimentas afectadas por un incendio.
También lo hicimos en la causa n°163802 -"Morales, Roberto José..."- (sent. del 27/09/2017) en la que se postergó para la etapa ejecutoria la determinación pericial del valor de un rodado, habida cuenta que la pericia que se había producido en el expediente contenía valores desactualizados. Lo mismo en la causa n° 172197 -"Crededdio, Sergio Lucas"
(sent. del 21/09/2021), donde confirmamos la decisión de la jueza de primera instancia que, sobre la base de lo normado en el art. 165 del CPCCBA, difirió la cuantificación del rubro lucro cesante habida cuenta la falta de elementos de convicción necesarios para tarifar el perjuicio.
En la causa n° 174680 -"Gutiérrez, Hernán D."- (sent. del 20/10/2022) admitimos un reclamo por incumplimiento contractual y condenamos a la demandada a que le pague al actor el valor de reposición de un rodado, a determinar por un perito en etapa de ejecución.
Estos casos pueden tener un denominador común que justificó la postergación de la conversión del valor escogido: en todos ellos se fijó el valor (muda de ropa, valor de rodado, lucro cesante, etc.) pero era necesario complementar la decisión ante la falta de algún elemento de convicción que permita determinar el precio de mercado de tales productos.
Pero la realidad es que también hemos postergado la conversión en casos en los que ninguna dificultad había para realizarla en la sentencia. Así lo hicimos al reconocer como resarcimiento el costo de dos expansores tisulares que necesitaba una niña que había sido víctima de una explosión que afectó severamente su cuerpo, fijando la condena como una deuda valor expresada en moneda sin curso legal (art. 772 del CCyC) cuya conversión a pesos, pudiendo ser realizada en la sentencia sin ningún inconveniente, fue explícitamente postergada para el momento del efectivo pago (v. punto «V» de la parte dispositiva de la sentencia dictada por esta Sala en autos "Verdinelli, Néstor O. y ot. c/ Ramos, Gustavo Gabriel y ot. s/ Daños y perjuicios", causa n°167352 del 08/03/2021, recurrida en instancia extraordinaria y confirmada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires por entender que los embates eran inadmisibles).
I.c. Una última reflexión, para terminar.
La preocupante escalada inflacionaria que afecta a nuestra economía en los últimos años —y, en particular, en los últimos veinticuatro meses— ha erosionado casi por completo el valor de cambio y la utilidad de la moneda nacional. Es virtualmente imposible afirmar, con un mínimo de seriedad y honestidad intelectual, que el dinero en la actualidad cumple adecuadamente los propósitos económicos e institucionales que le son propios: ser unidad de medida de los demás bienes, ser un instrumento de intercambio y herramienta de ahorro.
Este problema tiene su lógico correlato en procesos judiciales en los que se debaten créditos de valor que, como toda indemnización, necesariamente deben ser pagados en pesos (arts. 772 y 1740 del CCyC). Mucho tiempo puede pasar entre el dictado de una sentencia y el efectivo pago. El fallo transita instancias recursivas, ordinarias y extraordinarias, etapas de liquidación y ejecución, eventuales medidas ejecutorias si no media pago voluntario, depósitos en cuentas judiciales cuyos giros quedan, a su vez, supeditados al cumplimiento de recaudos fiscales y previsionales, etcétera. La sentencia puede ser llamada definitiva porque así lo es con relación a la estructura general de un proceso judicial, pero el efectivo pago y la satisfacción del interés de la víctima puede suponer —y usualmente supone— una larga espera que cuyos costos no pueden ni deben ser injustamente asumidos por quien, paradójicamente, resulta victorioso en la contienda.
Cuanto mayor sea la inflación que deprecia nuestro signo monetario, mayor será la necesidad de acudir a esta modalidad de conversión en etapa ejecutoria so pena de brindar respuestas jurisdiccionales notoriamente injustas e incentivar el uso abusivo y generosamente redituable del litigio judicial.
Honrar los enormes costos sociales que insume el servicio de justicia y brindar soluciones eficaces a los conflictos que las partes traen a nuestros estrados, constituyen razones que justifican sobradamente esta modalidad. Además, y como se vio, se trata de una práctica que encuentra sustento legal (arts. 772 y 1740 del CCyC) y jurisprudencial (SCBA, c. 101.107 -“Arbizu...”- del 23/03/2010 c. 117735 -"Bi Launek"- del 24/09/2014, c. 117501 -"Martinez"- del 04/03/2015, c. 119449 -"Córdoba..."- del 15/07/2015, c. 102963 -"Sabalete..."- del 07/09/2016, c. 120192 -"Scandizzo de Prieto"- del 07/09/2016).
Por todo lo dicho, propondré al acuerdo que el rubro de daño moral sea admitido condenando a la demandada a abonar a la actora el valor real —esto es, el precio de mercado actualizado— de una motocicleta Honda XR250 Tornado, a cuyo fin la jueza de primera instancia, en etapa ejecutoria y de liquidación, deberá fijar el precio final de venta al público de ese rodado. Para esta última labor, deberá consultar la misma fuente de información mencionada por el Dr. Loustaunau en su voto.
Habida cuenta que la SCBA ha dicho que es deber de los jueces readecuar oficiosamente el modo de liquidar los intereses moratorios cuando se cuantifica a valores actuales una deuda de valor, aplicando lo resuelto en los precedentes "Vera, Juan Carlos" (C. 120.536, sentencia del 18 de abril de 2018) y "Nidera S.A." (C. 121.134, sentencia del 03 de mayo de 2018), propondré al acuerdo que al crédito por daño moral se le aplique un interés puro del 6% anual (desde la mora hasta la fecha en la que la magistrada determine el precio de la motocicleta) y en el tramo restante (desde ese hito hasta el efectivo pago) la tasa de interés bancaria propuesta por mi colega de Sala en su voto preopinante [SCBA, c. 123.297, "Calderón, Edgardo...", del 04/11/2020; criterio que ya había sido sostenido este tribunal en causas “Taddey” y “Cerizola” -n° 165.213 y 165.214, del 04/06/2018-].
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Alfredo E.
Méndez dijo:
Que habiendo sido llamado a integrar estos autos, solo en razón de la disidencia habida entre los colegas que me preceden en el voto al fijar la indemnización correspondiente al llamado “daño moral” (ya que en lo restante hay acuerdo), adhiero en este punto al voto del Dr. Loustaunau, compartiendo su opinión y fundamentos.
En cuanto a la oportunidad en que corresponde cuantificar en dinero una deuda de valor, traigo a colación lo resuelto recientemente en la Sala que integro, en c. 158585 res. del 01/09/2022), donde sostuvimos: “…en el marco de un sistema nominalista, y siendo ineludible en ciertos casos la necesidad de cuantificar valores que en un principio se encuentran indeterminados, la solución que el Código propone es la de la mutación de la obligación, que pasa a ser dineraria una vez que se ha cuantificado…”. Ello lo fue con cita de Lorenzetti (Lorenzetti Ricardo Luis, Código Civil y Comercial Explicado, Edit. Rubinzal- Culzoni, Tomo I _ Obligaciones y contratos -, Buenos Aires, año 2020, pag. 111, comentario al art. 772 CCyC), quien considera que el parámetro para cuantificar la obligación es computar el valor real y actual al momento “que corresponda”. Si es por acuerdo de partes, al celebrarse; si lo hace el juez, al tiempo de dictar sentencia, o computando el momento en que se estableció durante el proceso, si por ejemplo respondiera a una pericia que se llevó a cabo durante el mismo (ob. y aut. cit., pág. 111, el subrayado me pertenece).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
Corresponde: I) Por mayoría, hacer lugar al recurso del actor conforme el alcance señalado en la presente, condenando al Sr. Rodrigo Damián Martínez, y a la citada en garantía "Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada" a pagarle al Sr. David Sottile la suma de $2.073.600 (pesos dos millones setenta y tres mil seiscientos) con más los intereses calculados conforme el apartado III.5 del voto preopinante; II) Rechazar el recurso interpuesto por el demandado y la citada en garantía; III) Imponer las costas al demandado y compañía aseguradora, en su calidad de vencidos (art 68 del CPC) Así lo voto.
Los Sres. Jueces Dres. Ricardo D. Monterisi y Alfredo E.
Méndez votaron en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Por mayoría, hacer lugar al recurso del actor conforme el alcance señalado en la presente, condenando al Sr. Rodrigo Damián Martínez, y a la citada en garantía "Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada" a pagarle al Sr. David Sottile la suma de $2.073.600 (pesos dos millones setenta y tres mil seiscientos) con más los intereses calculados de acuerdo al apartado III.5 del voto preopinante; II) Rechazar el recurso interpuesto por el demandado y la citada en garantía; III) Imponer las costas al demandado y compañía aseguradora, en su calidad de vencidos (art 68 del CPC); IV) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). REGÍSTRESE.
NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE
Fin de la sentencia