Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 39.088-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 2059/2018 la cual condena a la actora SOUTH TRADING CORP S.R.L. al pago de una multa equivalente a NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 84/100 CVOS. ($ 9.544,84) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante la DIT N° 08001IT14002460C. Costas a cargo de la actora.
3Confirmar parcialmente el art. 3° de la de la Resolución DE PRLA N° 2059/2018 declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 28/100 CVOS. (U$S 2.468,28) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 53 % a cargo de la actora y en un 47 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-101957241-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Sábado 13 de Septiembre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “SOUTH TRADING CORP S.R.L. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”; Expediente N° 39.088-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 2059/2018 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 12/04/2018, en la actuación SIGEA N° 12197-5061-2010, en cuanto resuelve condenar a la firma SOUTH TRADING CORP S.R.L. al pago de una multa equivalente a $ 9.544,84 y formularle cargo, así como a la citada en garantía FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS en concepto de tributos por U$S 2.468,28 (derechos de importación, tasa de estadística e IVA) y $ 8.414.79 (IVA adicional e Impuesto a las Ganancias), atento a encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 08001IT14002460C, con vencimiento el 28/03/2010. Se dispuso asimismo el comiso de la mercadería.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 11/15 se presenta, con patrocinio letrado SOUTH TRADING CORP S.R.L. e interpone recurso de apelación contra la resolución apelada. Inicialmente, relata los antecedentes del caso. Opone la nulidad del auto de apertura y la prescripción de las acciones en cabeza del Fisco. Explica que, en oportunidad de contestar la vista conferida, aportó la documentación que acreditaba el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Adiciona que la actitud del servicio aduanero de no considerar la cancelación resulta un excesivo rigor formal. Detalla que surge de la declaración jurada de cancelación la forma en la que las piezas quedaron incluidas en el producto final a exportar. Invoca las previsiones de la IG N° 9/17 debido al monto de la multa. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 22/26 la representación fiscal contesta el traslado del recurso y, posteriormente, acompaña las actuaciones administrativas. Luego de efectuar un relato de los hechos de la causa, formula una negativa genérica. Se opone a la nulidad planteada por la actora y explica que resulta improcedente, por resultar válido el auto de apertura de sumario. De igual forma, defiende la vigencia de las acciones del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. Explica los alcances de la figura del art. 970 del C.A. y el funcionamiento de la carga de la prueba, la que recae sobre la importadora o su responsable solidario. Adiciona que en el Certificado N° 6074/09 (que anula y reemplaza al anterior N° 3518/08) no se encuentra tipificado el producto exportado. Agrega que en el permiso N° 08073EC03004521L se consignó una unidad más que las autorizadas por el certificado. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-5061-2010 se inician a fs. 1/17 con la solicitud de cancelación de la DIT y documental adjunta. A fs. 18 obra el acta de denuncia de fecha 28/10/2010. A fs. 19/20 se incluye la Nota N° 7652/10 (SE PRTE). A fs. 21 y 22 se efectúan el aforo de la mercadería y la liquidación de tributos. A fs. 29, en fecha 15/04/2013, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 30 se elabora aforo de los ítems 2, 3 y 4 y del ítem 1 a fs. 32. A fs. 36/37 luce liquidación de tributos y multa. A fs. 38 vta. se corre vista de lo actuado, notificada a fs. 40 y 42 vta. a la aseguradora e importadora respectivamente, en fechas 01/03/2018 y 09/03/2018. A fs. 43/47 y 51/55 ambas partes contestan vista. A fs. 60/63 se dicta el acto apelado, notificado a fs. 64 y 66. A fs. 68/69 la actora informa acerca de la apelación interpuesta ante este Tribunal y acompaña formulario F4.
V. Que en fecha 13/08/2025 se elevó la causa a la Sala “G” (PV-2025-89079326-APN-VOCXXI#TFN). Finalmente, en fecha 08/09/2025, pasaron a sentencia (IF-2025-99663760-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que, preliminarmente, corresponde tratar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora en el escrito inicial Que a esos fines cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, de la compulsa del auto de apertura del sumario (obrante a fs. 29 de las actuaciones administrativas) se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se efectuó, en forma previa a su dictado, el aforo de la mercadería y la liquidación de tributos (fs. 21/22) y a fs. 30/31 y 36/37 se volvió a determinar la multa mínima y los tributos respecto a los restantes ítems.
Que, por lo expuesto y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 28/03/2010 (fecha de comisión de la infracción) conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2011.
Que, en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 15/04/2013 hasta ese momento habían transcurrido 2 años, 3 meses y 14 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 2 años, 8 meses y 17 días los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que teniendo en cuenta que desde el dictado de la resolución apelada (12/04/2018) hasta la notificación (21/04/2018) no transcurrió el plazo antes aludido.
Que el temperamento a adoptar respecto a la prescripción de la acción para imponer sanciones resulta idéntico, a la luz del análisis que a continuación se efectúa.
Que, tal como ya se señaló con anterioridad, siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 28/03/2010 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2011. Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 15/04/2013). Al respecto, en cuanto al planteo formulado por la recurrente en relación al requerimiento de la notificación del acto, no puede prosperar, atento a la postura sentada por el fallo plenario de la CNCAF en autos “Hughes Tool S.A. c/A.N.A.”, 23/09/2003.
Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 16/04/2013, finalizando el 15/04/2018.
Que, dado que la resolución aduanera se emitió el día 12/04/2018 no cabe más que concluir que no operó la prescripción de la acción para imponer sanciones.
Que, en orden a lo expresado corresponde rechazar los planteos de nulidad del auto de apertura y prescripción de las acciones en cabeza del Fisco, sin costas, atento al tratamiento integrativo con el fondo.
VII. Que cabe abordar en este punto el fondo de la cuestión y determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VIII. Que el Decreto N° 1330/04- a cuyo amparo se autorizó la operación en trato- establece que la mercadería “deberá ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial, dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días computados desde la fecha de su libramiento.” (Art. 6)
Asimismo, dispone que “Art. 15. El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto. El mismo deberá presentarse en oportunidad de tramitarse una Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria ante la Dirección General de Aduanas. Por razones debidamente justificadas, el mencionado Organismo podrá autorizar la Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria, cuando la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA comunique que el usuario ha presentado un informe técnico preliminar respecto del proceso de perfeccionamiento industrial involucrado, conforme las condiciones que establece el presente decreto. A los fines enunciados, los beneficiarios deberán contar con un dictamen o informe técnico elaborado por un organismo científico o tecnológico, cuya especialización y competencia sea acorde con el proceso de perfeccionamiento industrial correspondiente a la tipificación que se solicite. La Autoridad de Aplicación dispondrá los procedimientos y requisitos técnicos-administrativos para la implementación de lo establecido en el presente artículo.” (Art. 15)
IX. Que mediante la destinación en trato- oficializada el 31/03/2008 ante la Aduana de Buenos Aires-la actora importó temporalmente las siguientes mercaderías:
Que, como surge de las actuaciones administrativas antecedentes de la causa, el servicio aduanero sustentó la denuncia formulada en que (cfr. fs. 19, Multinota N° 7652/10-SE PRTE) no se encontraría tipificado el producto final en el CTIT aplicable. Agregó que, en relación al ítem 3 del permiso N° 08073EC030004521L insumió una unidad más de la autorizada en el CTC.
X. Que, analizada la documentación obrante en autos- en particular aquellos elementos que se incluyeron en la solicitud de cancelación de fs. 1- puede concluirse que asiste razón al servicio aduanero en tanto el insumo exportado no se encuentra tipificado en el CTC aplicable al caso.
En efecto, el CTC N° 4721/09 (que anula y reemplaza a su par N° 3518/08, conforme se desprende del campo “observaciones” del cuerpo del certificado) fue emitido, en lo que aquí importa, para el producto final “automóvil terminado” bajo la P.A. 8703.23.90, cuya descripción es: “VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS AUTOMÓVILES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS. - Los demás vehículos, únicamente con motor de embolo (pistón) de encendido por chispa. --De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3.”
En lo que hace a las copias de los permisos de embarque de fs. 7/9 y 10/12, se deben efectuar las siguientes consideraciones:
Permiso de embarque N° 09001EC03024201A: La P.A. es diferente (8703.24.10) y alcanza a vehículos de una cilindrada superior a la prevista en el CTC (más de 3.000 cm3). En efecto, en el apartado de “declaración de la mercadería” se advierte que la cilindrada es de 3.500 cm3.
De igual forma, el permiso incluido en la hoja de “declaración de insumos” (fs. 12) es diferente (N° 5992/09).
Permiso de embarque N° 08073EC03004521L: La P.A. es diferente (8703.24.10) la que no coincide con la del CTC involucrado en autos.
XI. Que, en relación a los tributos, corresponde referirme a los rubros incluidos en la liquidación de fs. 36/37, a la luz de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 36/37 de las act. adm., sin incluir las percepciones de IVA y ganancias (conf. a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación:
TRIBUTOS ADEUDADOS EN VIRTUD DE LA DIT N° 08001IT14002460C SON DÓLARES DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 28 CVOS. (U$S 2.468,28)
Que, respecto de los intereses, corren desde el 23/03/2018 (cfr. constancias de notificación de fs. 42 de las act. adm., en fecha 09/03/2018), ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Que, en virtud de todo lo expuesto, VOTO POR:
1).- RECHAZAR el planteo de prescripción opuesto por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 2059/2018 la cual condena a la actora SOUTH TRADING CORP S.R.L. al pago de una multa equivalente a NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 84/100 CVOS. ($ 9.544,84) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante la DIT N° 08001IT14002460C. Costas a cargo de la actora.
3).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la de la Resolución DE PRLA N° 2059/2018 declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 28/100 CVOS. (U$S 2.468,28) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 53 % a cargo de la actora y en un 47 % a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero a las consideraciones realizadas en el voto preopinante, dejando a salvo mi opinión respecto de la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de multa y tributos, conforme la doctrina fijada en las causas 33.461-A “SPICER EJES PESADOS S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”; 37.816-A “ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”; 32.061-A “COMPAÑÍA REGIONAL DE ACEROS FORJADOS MERCEDES S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”; entre otras.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- RECHAZAR el planteo de prescripción opuesto por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 2059/2018 la cual condena a la actora SOUTH TRADING CORP S.R.L. al pago de una multa equivalente a NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 84/100 CVOS. ($ 9.544,84) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante la DIT N° 08001IT14002460C. Costas a cargo de la actora.
3).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la de la Resolución DE PRLA N° 2059/2018 declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 28/100 CVOS. (U$S 2.468,28) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 53 % a cargo de la actora y en un 47 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.09.12 13:58:50 ART Date: 2025.09.12 14:00:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.13 08:27:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.13 08:27:34 -03:00
Fin de la sentencia