Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 34.445-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de nulidad y prescripción formulados por la actora, con costas a la actora.
2Confirmar la Resolución DE PRLA N° 1067/2014, en cuanto imputa a la actora la comisión de la infracción al artículo 970 del C.A. e impone multa por la suma de pesos once millones trescientos once mil doscientos ($ 11.311.200), con costas a la actora.
3Revocar la Resolución DE PRLA N° 1067/2014, en cuanto intima a la actora el pago de tributos, con costas al fisco nacional.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-62279200-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 21 de Junio de 2022 En Buenos Aires se reúnen los Vocales miembros de la Sala "E" Dres. Cora M. Musso, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia de la Señora Vocal nombrada en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: "SOUTHERN WINDS S.A c/Dirección General de Aduanas S/ recurso de apelación"; Expte.
N° 34.445-A.
La Dra. Cora M. Musso dijo:
I. Que a fs. 52/70 la actora, con patrocinio letrado, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 1067/2014, dictada en el expediente administrativo N° 12210-7347-2007 por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la cual se la condena al pago de una multa por la suma de $ 11.311.200 y se le exige el pago de tributos por un monto de $ 7.919.740,91, por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero con relación a la mercadería documentada mediante el DIT N° 04 073 IT01 000317 C (aeronave marca Boeing 747-267 B serie N° 23084 (Matrícula LV-AZF) para ser afectada a las actividades aerocomerciales de la empresa, la cual ha sido transferida mediante un contrato de leasing), en los términos del art. 31, apart. 1, inc., a) del Decreto 1001/82, cuyo vencimiento operó el 14/12/2007.
En primer término hace referencia al alcance conceptual del contrabando y cita jurisprudencia. Refiere a los delitos y las infracciones aduaneras; cita doctrina y alude a la responsabilidad en las infracciones aduaneras. Manifiesta que el objeto de la apelación es que se revoque la resolución apelada. Sostiene que la decisión del fisco deviene arbitraria y por ende nula de nulidad absoluta e insanable, por no estar correctamente fundada y motivada en derecho, dado que la DGA de manera dogmática y unilateral se limitó a referir que la empresa no tramitó el respectivo “cese de bandera” ni tampoco dio cumplimiento a lo normado en el art 43 del Dto 4907/73. Remite a los planteos y argumentos expuestos en sede administrativa (estricto cumplimiento de la exportación, prescripción infraccional y ausencia de convergencia del tipo infraccional previsto en el art 970 del CA) y expresa agravios contra la resolución aduanera que recurre.
Cita doctrina y jurisprudencia relativa a la interpretación de la ley y al derecho a la tutela legal efectiva. Respecto al avión en trato, afirma que no se realizó exportación alguna, sino que se efectuó la devolución del bien arrendado por la Empresa Aérea Argentina. Asimismo sostiene que la Administración Aduanera actuó de manera arbitraria, sin la razonabilidad que otorgue validez al acto recurrido, puesto que ha omitido la valoración de las defensas esgrimidas en su descargo relacionadas a la presunta grave crisis financiera por la que atravesó la empresa, situación que derivó en la promoción de un concurso preventivo y la terminación anticipada de los contratos de leasing de aeronaves firmado con su proveedor del exterior sin tener en consideración que el avión que se cuestiona en autos fue devuelto a su arrendador.
Sostiene que ante la falta de valoración de la prueba aportada en sede aduanera y los hechos invocados, el acto administrativo carece de motivación fundante. Arguye que en el caso se ha violado su derecho de defensa y que ello pone de manifiesto la arbitrariedad e irrazonabilidad del acto recurrido. Invoca el principio de rigorismo formal y el criterio de responsabilidad objetiva sustentado en la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso. Finalmente ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que se deje sin efecto la resolución apelada.-
II. Que a fs. 94/101 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. En primer lugar, niega todos y cada uno de los hechos y la veracidad de la prueba aportada por la actora y el derecho invocado. Contesta los agravios esgrimidos en la causa y sostiene que la infracción imputada sanciona el incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio a la importación temporaria, siendo la importadora la que debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido con sus obligaciones dentro del plazo otorgado. Manifiesta que la resolución aduanera es clara y contundente y se fundamenta en la legislación vigente, desvirtuando todo argumento esgrimido por la recurrente.
En cuanto al agravio de la actora referido a la supuesta violación de sus garantías constitucionales, o a la naturaleza penal de las infracciones aduaneras, como así también las consideraciones efectuadas en relación a la aplicación de las normas y al principio de razonabilidad, señala que son meramente afirmaciones dogmáticas que no resultan de aplicación a la materia discutida en autos. Afirma que la actora no ha regularizado en legal tiempo y forma la situación de la mercadería ingresada temporariamente, al amparo del Despacho de Importación Temporal N° 04073IT01000317C, cuyo vencimiento operó el día 14/12/2007 y, en tal sentido, sostiene que la actora debió haber cumplido con el régimen temporal al que se sometió, acompañando la documentación aduanera correspondiente a fin de cancelar la operación una vez exportada la totalidad de la mercadería.
En cuanto a la nulidad articulada por la actora, con relación a la supuesta falta de fundamentación del acto apelado, entiende que correspondería su rechazo, toda vez que ha quedado demostrado el incumplimiento de la obligación de exportar la aeronave BOEING, Modelo 747-267 B Serie Nº23048, puesto que no se ha otorgado el cese de bandera ordenado en el art. 43 del Decreto N°4907/73 para la posterior cancelación de matrícula ordenada en el art.44 del citado decreto. En tal sentido, manifiesta que la actora no acreditó ninguno de los extremos invocados que permitan desvirtuar el incumplimiento endilgado y expresa que las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae sobre la importadora, quien debió haber demostrado, en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado.
Afirma que la prueba documental citada por la actora, carece de sentido de validez, invocando el art.19, apartado 5) de la Ley 25239, ya que violentaría el principio procesal de preclusión. Arguye que ante el carácter objetivo de las infracción y dada la falta de reexportación en término o nacionalización de la mercadería importada temporariamente, corresponde la sanción impuesta. Finalmente rechaza el planteo de prescripción efectuado por la recurrente, argumentando que con fecha 31/03/2009 se dispuso la instrucción del sumario y el 01/09/2009 se ordenó la vista del art. 1101 del Código Aduanero, quedando la imputada notificada el día 19/03/2012, sin que hubiera transcurrido el plazo de cinco años previsto en los arts 803 y 934 del CA.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, formula reserva del Caso Federal y solicita que oportunamente se dicte sentencia, confirmando el fallo aduanero apelado.
III. Que a fs. 113 se rechaza la producción de la prueba pericial solicitada en la causa y a fs 124 se elevan los autos a la Sala "E" y posteriormente se pasan los autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas Actuación SIGEA Nro. 12210-7347-2007, se inician a fs. 1 con el Acta de Denuncia por presunta infracción al régimen de destinación suspensiva prevista en el art. 970 y s.s. del Código Aduanero con relación a la mercadería amparada por el DIT 04 073 IT01 000317 C cuyo vencimiento data del 14/12/2007. A fs 6 se informan las alícuotas a aplicables a la mercadería en presunta infracción (PA 8802.40.90.000D) y a fs. 7 se practica liquidación de los tributos que corresponderían a la fecha del vencimiento de la operación. A fs. 12, el 31/03/2009, se ordena la instrucción del sumario en los términos del art.1090 inc.“C” del C.A por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA.
A fs. 16 se rectifica la liquidación practicada a fs. 7 y a fs 20 se ratifica la liquidación obrante a fs. 16. A fs. 21 se practica una nueva liquidación de tributos determinándose asimismo el monto de la multa que correspondería por la comisión de la infracción tipificada en el art 970 del CA. A fs. 29, el 01/09/2009, se corre vista de todo lo actuado a la importadora y se ordena citar a la aseguradora “La Holando Sudamericana CIA. de Seguros S.A.”. A fs. 32 se agrega la cédula de notificación del auto de corrida de vista dirigida a la importadora y a fs. 33 la cédula dirigida a la aseguradora, recibida el 10/12/2009. A fs. 39vta. la aseguradora acredita el pago de tributos liquidados correspondiente a Tasa Estadística por la suma de $1.571,00.
A fs. 47 obra una impresión de pantalla de la que se desprende que el plazo de permanencia de la mercadería en trato es de 1080 días venciendo el mismo, el día 14/12/2007. A fs. 66 y 69 se ordena que se realice un nueva notificación a la importadora del auto de corrida de vista dispuesto a fs. 29 y a fs. 80 se ordena el libramiento de una nueva cédula a los fines mencionados. A fs. 83 se emite la Nota 258/10 (DV ARIN) en la que se informan las alícuotas aplicables a la mercadería en presunta infracción. A fs. 88 se ordena el libramiento de una nueva cédula a fin de notificar el auto de corrida de vista a la importadora. A fs. 90 se dispone la interdicción de la mercadería involucrada en la causa y a fs. 92 se ordena la notificación de la corrida de vista a la importadora mediante edicto (obrando a fs. 95 un copia del mismo de fecha 13/09/2010).
A fs. 103 se ordena el libramiento de una nueva cédula a fin de notificar el auto de corrida de vista a la importadora, que conforme resulta de fs 105/106 fue recibida por la imputada el 19/03/2012. A fs. 107/112 obra la contestación de la vista presentada por la importadora y a fs. 131vta se deja constancia de la agregación de la Actuación Nro 12206-942- 2005 (en la que obran glosadas presentaciones efectuadas por el despachante de aduanas de la importadora con copias del DIT Nro 04 073 IT01 000317C y de la solicitud de prorroga presentada el 18/02/2005). A fs. 140 obra agregada la carpeta del DIT Nro. N°04 073 1T01 000317 C, oficializado el 29/12/2004, por el que se documentó en los términos del Dto 1001 la importación temporaria de un avión BOEING 747 reacondicionado conforme la autorización 12206/448/04, con vencimiento el 14/12/2007.
A fs. 142 se tiene por presentado el descargo formulado por la importadora y asimismo se hace lugar a la producción de la prueba solicita. A fs. 147 se da por decaído el derecho de la firma “Southern Winds SA” a producir la prueba ordenada. A fs. 150 el servicio aduanero ordena el diligenciamiento de oficios a la “Dirección Nacional de Aeronavegabilidad” y a la “Administración Nacional de Aviación Civil”. A fs. 154 se agrega la contestación del oficio librado a la “Administración Nacional de Aviación Civil” y a fs. 156/159 el remitido por “Dirección Nacional de Aeronavegabilidad”. A fs. 163/167 se glosan prints de pantalla del registro de infractores y a fs. 168/174 se dicta la resolución apelada en la causa.
V. Que corresponde resolver si la resolución apelada en cuanto imputa a la recurrente la comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA con relación al DIT Nro. N°04 073 1T01 000317 C se ajusta a derecho.
VI. Que la actora plantea la nulidad del acto administrativo, invocando que la Administración Aduanera llevó a cabo un procedimiento indebido en transgresión a los art. 7 y 14 de la ley N°19.549 y que, en consecuencia, corresponde invalidar lo actuado por falta de causa y motivación y por haberse vulnerado su derecho al debido proceso.
Que tal argumento debe ser rechazado, toda vez que la actora se ha limitado a expresar afirmaciones sin hacer mención sobre la defensa que se habría visto impedida de ofrecer, ni los perjuicios que habría sufrido a raíz de dicha situación. Cabe señalar, que en la resolución apelada el servicio aduanero ha hecho un análisis pormenorizado de los antecedentes del caso, así como de los informes remitidos por la “Dirección Nacional de Aeronavegabilidad” y por la “Administración Nacional de Aviación Civil”, que si bien fueron ofrecidos por la recurrente al formular su descargo y posteriormente se dio por decaído el derecho a su producción, el servicio aduanero ordenó su diligenciamiento en razón de la importancia de los mismos para la resolución del caso. Que siendo ello así no se advierten la falta de causa, motivación y fundamentación de la resolución que la recurrente invoca, considerando, además, que la actora ha podido presentar su descargo en sede administrativa en tiempo y forma, luego de una serie de intentos de notificarla por parte del servicio aduanero, habiendo podido ejercer debidamente las defensas que hacían a su derecho, aspectos que permiten considerar que no han existido cuestiones que afecten la validez del acto en cuestión, siendo que se han cumplido los recaudos establecidos por las normas que regulan dicho procedimiento.
Que sin perjuicio de lo expuesto, aun cuando la actora considere afectado su derecho de defensa en sede administrativa, cabe señalar, que es doctrina de la CSJN que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos 205:549, 247:52 entre muchos otros).
Que en virtud de lo expuesto corresponde rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
VII. Que resulta procedente analizar ahora el planteo de prescripción formulado por la recurrente en sede administrativa e invocado ante esta instancia.
Que al respecto debe señalarse que el Código Aduanero respecto de dicho planteo específicamente establece en los arts. 803, 804 y 934, 935 del CA, que la acción del fisco para percibir tributos e imponer penas prescribe por el transcurso de cinco (5) años, que deben comenzar a computarse desde el 1° de enero del año siguiente al que se hubiere cometido la infracción endilgada, que en el caso acaeció el 14/12/2007. Siendo ello así el plazo de prescripción comenzó a correr desde el 01/01/2008 y su vencimiento acaecería el 31/12/2012.
Que los arts. 805 inc a) y 937 inc a) del CA respectivamente disponen que: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...” y que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”. Que en la causa con el dictado del auto de instrucción de sumario que data del 31/03/2009 el plazo de la prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de tributos se vio suspendida hasta el dictado de la resolución apelada de fecha 17/03/2014, encontrándose suspendida por la interposición del recurso ante este Tribunal (cfme art. 805 inc a) del CA) en lo que respecta a dicho rubro y por ende corresponde rechazar el planteo de la actora referido a esta cuestión.
Que difiere de lo expuesto precedentemente el efecto del auto de instrucción de sumario que se genera en relación a la prescripción de la acción del fisco para imponer penas, toda vez que su dictado interrumpe el plazo quinquenal establecido por el código, debiendo computarse un nuevo plazo de cinco años, que en el caso comenzó a correr el 01/04/2009 (conforme lo resuelto por la CSJN en la causa “Parquerama SA” sent. del 22-2- 94 (Fallos:308:1095) y a la fecha en que fue dictada la resolución apelada (17/03/2014) aún no había vencido. Que por los motivos expuestos no cabe más que rechazar el planteo de prescripción formulado por la recurrente, con costas.
VIII. Que cabe señalar que el art. 970 del Código Aduanero sanciona con multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes. del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”. Que la actora mediante el DIT N° 04 073 IT01 000317 C, oficializado ante la Aduana de Ezeiza, importó temporariamente una aeronave marca BOEING 747-267 B Serie N° 23084, con un plazo de permanencia de 1080 días en los términos del art. 31, apart. 1, inc., a) del Decreto 1001/82, operando su vencimiento el 14/12/2007. Que el Art. 31 del Decreto 1001/82 en el apart 1 inc a) dispone que: “A los fines de lo previsto en el artículo 252 del Código Aduanero y sin perjuicio de lo establecido en regímenes especiales:1. Consideráse susceptible de ser sometida al régimen de importación temporaria la siguiente mercadería: a) los bienes de capital que hubieren de ser utilizados como tales en un proceso económico, siempre que el beneficiario de la importación temporaria no fuere propietario de tales bienes y tuviere obligación de reexportarlos en virtud del contrato respectivo fuera del ámbito sometido a la soberanía nacional…”.
Que la importadora sostiene que la aeronave en trato fue restituida a su propietario y exportada el 01/07/2005 en un vuelo ferry, es decir sin pasajeros, de Ezeiza a Manston Inglaterra y que en razón de ello solicitó el cese de bandera al Registro Nacional de Aeronaves, siendo este el acto administrativo que quita de jurisdicción nacional a la aeronave.
Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora o en su caso de la aseguradora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial.
Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga de los DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
Que en virtud de ello, para considerar que el importador temporario cumplió debidamente con el citado régimen, debe acreditarse la reexportación de la mercadería importada en forma temporaria o la nacionalización de la misma, dentro del plazo fijado, o en su caso, haber demostrado la actora, la existencia de eximentes de responsabilidad que interrumpan el nexo de causalidad entre su conducta y su obligación de resultado. Que el servicio aduanero en la resolución apelada, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, fundó la imputación en análisis en que la firma “...no habría regularizado la situación de la mercadería amparada por la Destinación N° 04 073 IT01 000317 C...”. Ello así, teniendo en consideración las constancias obrantes en la causa y los informes remitidos por la “Dirección Nacional de Aeronavegabilidad” y por la “Administración Nacional de Aviación Civil”, así como las notas presentadas por el despachante de aduanas de la empresa, de las que se desprende que la importadora no ha reexportado ni nacionalizado en el plazo concedido la mercadería importada temporariamente.
Que la recurrente no ha podido acreditar en la causa las defensas expuestas frente a la imputación formulada por la Aduana. Tal es así que si bien aduce que la mercadería ha sido exportada antes del vencimiento del plazo, no acompañó a la causa documentación aduanera alguna que dé cuenta de ello.
Que a lo expuesto debe agregarse que, contrariamente a lo manifestado por la actora, la “Administración Nacional de Aviación Civil” en el informe obrante a fs. 154 señala que “no se otorgó cese de bandera” dado que no fue solicitado ni por el titular registral, ni judicialmente.
Que por todo lo indicado y dado que la importadora tampoco ha podido acreditar las causales eximentes de responsabilidad que invoca, habiéndose vencido el plazo acordado para la permanencia de la mercadería en cuestión, corresponde tener por configurada la infracción prevista por el art. 970 del C.A.
IX. Que producido el hecho generador de la obligación tributaria -la importación para consumo irregular- y de conformidad con lo establecido en el art. 274 del C.A., corresponde el pago de los tributos vigentes al momento en que se configuró el hecho imponible, en el caso, al vencimiento del plazo para la permanencia de la mercadería, momento que establece el art. 638 inc. e) del Código Aduanero, siendo que en la causa la Aduana intimó a la actora el pago de tasa de estadística, IVA adicional y Ganancias.
Que con relación a la exigencia del pago de tasa de estadística debe señalarse que según consta en las act adm dicho rubro ya ha sido cancelado por la aseguradora -en su carácter de garante de la operación-. A fs. 39 del sumario consta que la aseguradora “La Holando Sudamericana” abonó la suma de $1.571, según se desprende del comprobante de pago de la liquidación manual 10073LMAN000336T, en la que se consigna el estado PAGADO. Que con relación a las percepciones de IVA adicional y Ganancias que se reclaman en estos autos, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sent del 26/11/2019, se expidió, señalando que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos”.
“Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, sostuvo que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. Que, por lo expuesto, corresponde revocar la resolución en cuanto intima a la recurrente el pago de tributos, con costas al fisco nacional.
Que ello, VOTO POR:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción formulados por la actora, con costas.
2. Confirmar la Resolución DE PRLA N° 1067/2014, en cuanto imputa a la actora la comisión de la infracción al artículo 970 del C.A. e impone multa por la suma de pesos once millones trescientos once mil doscientos ($ 11.311.200), con costas a la actora.
3. Revocar la Resolución DE PRLA N° 1067/2014, en cuanto intima a la actora el pago de tributos, con costas al fisco nacional.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Musso, excepto en relación a la imposición de costas del punto 3) respecto a los tributos que se revocan, toda vez que las mismas considero deben imponerse en el orden causado por ser el precedente de la CSJN, en base al cual se resuelven, de fecha posterior a la Resolución apelada. Así lo VOTO.- El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto de la Dra. Musso.
En virtud del acuerdo que antecede, por MAYORIA, SE
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción formulados por la actora, con costas a la actora.
2. Confirmar la Resolución DE PRLA N° 1067/2014, en cuanto imputa a la actora la comisión de la infracción al artículo 970 del C.A. e impone multa por la suma de pesos once millones trescientos once mil doscientos ($ 11.311.200), con costas a la actora.
3. Revocar la Resolución DE PRLA N° 1067/2014, en cuanto intima a la actora el pago de tributos, con costas al fisco nacional.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros remítanse en devolución las actuaciones administrativas del caso y archívese.
Date: 2022.06.21 15:24:35 -03:00 Date: 2022.06.21 15:25:19 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.06.21 16:15:57 -03:00 Cora Marcela Musso Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.21 16:16:01 -03:00
Fin de la sentencia