Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-15395348-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 93/2012 (AD CAMP) dictada por el Administrador de la Aduana de Campana, en la Actuación SIGEA N° 12574-3918-2008.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-68756934-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 6 de Julio de 2022 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “SOYAPAMPA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 31.082-A El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que, se trata de resolver en autos, si resulta ajustada a derecho la Resolución Nº 93/2012 (AD CAMP), mediante la cual se rechazó la impugnación planteada por la firma SOYA PAMPA S.A., contra el cargo FE Nº 177/08 relativo a la destinación de exportación Nº 08 008 EC01 005855 S, e íntima al pago en dólares estadounidenses U$$ 42.578,97.- en concepto de capital con más los intereses devengados hasta la fecha de la efectiva cancelación.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 15/29vta. se presenta la firma SOYA PAMPA S.A., mediante apoderado e interpone recurso de apelación contra la mencionada resolución. En primer lugar, realiza una reseña de lo acontecido en sede administrativa y destaca que la resolución apelada funda la pretensión tributaria en la Res. ONCCA N° 1487/2008 y 1898/2008. Continúa efectuando un relevamiento de los antecedentes normativos aplicables al caso y cita los artículos pertinentes. Señala que con el dictado de la Res. ONCCA 1898/08 estableció que las operaciones que no acreditaran la tenencia o adquisición de la mercadería registrada de conformidad a lo normado por la Ley 26.351 y Dec. 764/08. Manifiesta que, en el caso, se trata de una exportación de producto que reviste la condición de orgánico y que por ende rige en relación al mismo un régimen tributario preferencial, conforme lo establece actualmente el artículo 1 del Decreto 361/2016. Asimismo, manifiesta que interpuso recurso de reconsideración y de alzada contra las Resoluciones ONCCA 1487/08 y 1898/08 en sede administrativa, advirtiendo que no fueron resueltos a la fecha de interposición del presente recurso. Cuestiona la aplicación de la Resolución ME 125/08. Asimismo, sostiene que las disposiciones contenidas en la Ley 26.351 no pueden aplicarse en forma retroactiva, ya que ello afecta derechos constitucionales amparados por los arts. 17 y 19 CN.
Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución aduanera apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 40/46vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto y acompaña las actuaciones administrativas. En primer lugar, cumple con la negativa genérica de todos y cada uno de los hechos, el derecho y toda documentación que no fuera objeto de su expreso reconocimiento. Seguidamente, efectúa una sucinta descripción de los hechos acaecidos en sede aduanera. En cuanto al fondo del asunto, señala que se dictó la Res. 1487/2008 y 1898/2008 que estableció el listado de las DJVE correspondiente a las empresas exportadoras que no habrían acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería como requisito para tributar la alícuota menor. Agrega que en virtud de ello, la DGA procedió a formular el cargo aquí impugnados. Señala que este Tribunal no es competente para expedirse respecto a la legitimidad de las resoluciones de la ONCCA en cuestión, y correspondiendo su aplicación en tanto resultan actos administrativos emitidos en uso de las facultades acordadas por la Ley 26.351 y art. 12 LNPA. Cita jurisprudencia. Por su parte, señala la imposibilidad de tratar las inconstitucionalidades en el procedimiento por este Tribunal. Cita jurisprudencia.
Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme la disposición aduanera, con costas.
IV. Que a fs. 71 en fecha 29/6/2022, mediante PV-2022-65828281-APN-VOCXXI#TFN, se hace efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 57 y se elevan los autos a la Sala “G” y finalmente, a fs. 72 en fecha 2/7/2022, mediante IF-2022-66965744-APN-VOCXXI#TFN, se pasan los autos a sentencia.
V. Que las actuaciones administrativas se inician con el Expte. 12574-3918-2008, a fs. 1/7 (con fecha 01/12/08) obra la impugnación del Cargo N° 177/2008. A fs. 8/10 obra el Informe Técnico de Fiscalización y Valoración de Exportación N° 406/08 (de fecha 27/10/08) en base al cual se procede a efectuar el cargo por diferencia en el pago de los derechos de exportación tras la aplicación de la nueva alícuota. A fs. 11 obra el sobre sobre contenedor 08008EC01005855S. A fs. 12 Obra la Nota N° 1126/08 de fecha 27/10/08. A fs. 13 obra el Cargo N° 177/08. A fs. 14 obra la Nota de fecha 21/04/2009. A fs. 21 obra la Nota N° 2127/10 (ADCAMP) del 11/08/10 por medio de la cual la aduana de campana solicita que informe si la empresa SOYAPAMPA S.A. interpuso recurso administrativo (reconsideración, jerárquico, etc.) contra la Res. 1898/08 (ONCCA) y en caso afirmativo que informe la resolución adoptada. A fs. 23/25 obra el Dictamen N° 108/2012. A fs. 26/29 obra la Resolución N° 93/2012 apelada en autos.
VI. Que, corresponde resolver si la resolución apelada en autos, mediante la cual se rechaza la impugnación interpuesta contra el cargo formulado en virtud de la Res. N° 1487/2008 (ONCCA) por la falta de acreditación de la adquisición y tenencia de la mercadería registrada en los términos de la ley 26.351, Decreto Reg. N° 764/08 y Res. 125/08 (MEyP) Modif. Res. N° 141/08, se ajusta a derecho.
Que resulta oportuno señalar, la ley 21.453 que regula la exportación de productos agrícolas, estableció un sistema de registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) siendo aplicables los regímenes tributarios vigentes a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º de la ley citada). Por su parte, la ley 26.351, en su artículo 1º, estableció que “Cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley Nº 21.453, en el período comprendido entre el Registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y el de la oficialización de la correspondiente Destinación de Exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento”. Seguidamente, su artículo 2º prescribe que “Quienes no satisfagan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación para el cumplimiento del artículo 1º, deberán tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación, entre las vigentes a la fecha del registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación”. Por su parte, mediante su art. 4º estableció la vigencia de la misma, fijando la retroactividad de la norma, alcanzando a las DJVE “... que hayan sido registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”.
Que, el Decreto 764 del 12 de mayo de 2008, reglamentario de la Ley 26.351, mediante su art. 2º estableció que “... las disposiciones de la Ley 26.351 serán aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la Ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación sea posterior al 9 de noviembre de 2007”. En esta última fecha entró en vigor un aumento de alícuotas dispuesto por el entonces Ministerio de Economía y Producción, instrumentado por las Resoluciones Nros. 368/07 y 369/07.
Que, en su correlato, se dictó la Resolución ONCCA Nº 1898/08 mediante la cual se hizo saber a la AFIP un listado con las DJVE respecto de las cuales las empresas exportadoras no habrían acreditado oportunamente la adquisición o tenencia de la mercadería registrada, en los términos de la ley Nº 26.351 y su decreto reglamentario Nº 764/08. En el detalle de ese listado se encontraba, entre otras, la firma SOYAPAMPA S.A., lo que motivó el cuestionamiento de dicha Resolución por parte de ésta última.
VII. Que ,según surge de las actuaciones administrativas, la firma SOYAPAMPA S.A. documentó mediante el permiso de embarque N° 08 008 EC01 005855S la exportación de 264 toneladas de la mercadería clasificada en la PA 1201.00.90.190N (“Las demás A granel, con hasta 15% embolsado (Ley 21.453) Las demás HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES)* DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS.”), declarando en el campo “a) Opciones / b) Ventajas”: “EXPO-ORGANICOPC1=OPC6” y surgiendo del campo “Documentos a Presentar”: “CERT-ECO-ORG-BIO” y “D.J.V.E=08001DJVE000693B”. También surge del PE que en relación a dicha mercadería la firma liquidó los tributos por una alícuota del 9% y según también surge claramente del campo “OTROS TRAMITES ADUANEROS” (ver anverso fs 1 del PE) se acompañó a la operación el correspondiente certificado orgánico ACT. 12574-1983-2008 Certificado N° 1725/2008 y, asimismo, la DJVE SIM involucrada hace clara referencia a la DJVE expedida por la SAGPYA N° 00071458. Junto a dicha documentación, obra LA Constancia de productor/ elaborador /comercializador orgánico, de fecha 07/05/07, emitido por FOOD SAFETY S.A., por medio de la cual se informa que establecimiento comercializador SOYAPAMPA S.A., esta bajo seguimiento del programa de certificación orgánica de FOOD SAFETY S.A., para la comercialización orgánica de cereales, oleaginosas u otros productos orgánicos, en conformidad con la ley 25.127 y Res. 423/92, Res.270/00 anexos y modificatorias, equivalente al reglamento (CEE) N° 2092/91, en la categoría ORGANICO, con fecha de efectiva certificación 30/04/2007. En consonancia con ello, se encuentra la act.adm. : 12574-1983-2008 , por medio del cual se adjunta el certificado 1728/2008 01-3623 vinculada al permiso 08 008 EC01 005855 S, Certificación de fecha 24/06/2008 - SENASA(N° de orden 2006/2008, etiqueta 15939 .
Que, dicha operación cursó por Canal Rojo, sometiéndosela, a la verificación obligatoria y, de este modo, toda la documentación relacionada -a la que se aludiera en el párrafo precedente- ha sido sometida a dicha verificación sin haber sido objetada por el servicio aduanero.
Que no se encuentra cuestionado en autos, que al momento de registrarse la declaración 08 001 DJVE 000693 B (28/02/2008), la soja a granel (PA 1201.00.90.190N) estaba gravada con un derecho de exportación del 9%, fijado por la Resolución ME 184/07, y que esa alícuota se liquidó al registrarse el permiso de embarque 08 008 EC01 005855S (fecha de cierre de venta: 27/02/2008), conf. art. 6 de la Ley 21.453, y jurisprudencia CNACAF SALA II “Bio Grains SA c/ANAs/recurso directo” Expte. N° 8.058/18 sentencia del 29/05/18).
Que la mercadería involucrada se corresponde con la denominada como producto orgánico (de conf. Ley 25.127) y que dicho carácter se encuentra acreditado en el presente mediante el certificado emitido por el SENASA (autoridad de aplicación del referido régimen según art. 4 de la Ley 25.127).
VIII. Que la actora se agravia respecto de la aplicación retroactiva de tributos que disponen los arts. 4 y 5 de la Ley 26.351 (B.O. 16/01/2008), art. 2 del Decreto 764/2008 y las Resoluciones ONCCA dictadas en consecuencia de la misma, por resultar violatorio de los principios constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna. De las constancias obrantes en las actuaciones administrativas surge que, la operación 08 001 DJVE 000693 B, fue registrada el 28/02/2008, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 26.351, 16/01/2008, fecha de publicación en el B.O (art.5). En consecuencia, no habiéndose aplicado de manera retroactiva la Ley 26.351, corresponde rechazar el agravio de la actora en este sentido.
Que, aclarado lo anterior, la cuestión debatida en la litis encuentra adecuada respuesta en el voto emitido por el Dr. Miguel Nathan Licht, en la causa: “SOYAPAMPA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación", expediente N° 31.081-A, de la Sala F de esta Tribunal, toda vez, que la cuestión planteada en autos resulta sustancialmente idéntica a aquella, por lo que corresponde remitirse a dichos argumentos (criterio totalmente aplicable, “mutatis-mutandi” al caso de autos).
En tal sentido digo (decía el Dr. Miguel Nathan Licht): “Aclarado lo anterior, corresponde considerar la incidencia que tiene la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa C:486.XLIII. “Camaronera Patagónica S.A.: c/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, sentencia del 15 de abril de 2014, en la que ante, un caso similar al presente, declaró la inconstitucionalidad de los derechos de exportación impuestos por la Resolución ME n° 11/02, por resultar dicha resolución violatoria del principio de reserva de ley. En esa comprensión del asunto, es conveniente comenzar a efectuar una reseña de las normas involucradas en la causa.
Por medio de la Ley 25.561 (B.O. 7/1/2002) se declaró la emergencia pública en materia social; económica; administrativa; financiera y cambiaría. Esta norma fue sucesivamente prorrogada por las Leyes nros. 25.972, 26.077, 26.204 y 26.339, por esta última hasta el 31 de diciembre de 2008. En su artículo 6o dispuso: “El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la emisión de títulos del Gobierno nacional en moneda extranjera garantizados. A fin de constituir esa garantía créase un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco (5) años facultándose al Poder Ejecutivo nacional a establecer la alícuota correspondiente. A ese mismo fin, podrán afectarse otros recursos incluidos préstamos internacionales”.
La Ley 26.217 (B.O. 16/01/2007) prorrogó, específicamente ese derecho de exportación, por el término de 5 años a partir de su vencimiento como, así también, las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional para establecer las alícuotas correspondientes.
El Decreto 509/2007 (B.O. 3/5/2007) fijó el derecho de exportación para las posiciones arancelarias indicadas en el Anexo IV (art. 16) y facultó al Ministerio de Economía y Producción a “realizar aclaraciones, modificaciones y excepciones que correspondan en los términos de su competencia” (art. 21). Se consignó que el decreto se dictaba en uso de las facultades conferidas por los incs. 1) y 2) del art. 99 de la C.N., los arts. 11 ap. 2 y 12 del Código Aduanero y por el art. 6o de la Ley 25.561. Fue comunicado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación en virtud de lo dispuesto por el art. 12 de la Ley 26.122, por haber sido “dictado en uso de facultades delegadas” -conforme los términos del Mensaje nro. 138 del 15 de mayo de 2007 de la entonces Ministro de Economía y Producción- y declarado válido por las Cámaras de Diputados y Senadores a propuesta del dictamen enviado por la citada comisión.
Las Resoluciones 368/2007 y 369/2007 (B.O. 9/11/2007), modificaron el Anexo XIV del Decreto 509/2007, gravando con derechos de exportación determinadas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR.
La Resolución M.E. y P. nro. 125/2008 (B.O. 12/03/2008), en lo que aquí interesa, establece un cambio en el método de cálculo de las alícuotas del derecho de exportación de cereales, oleaginosas y sus subproductos, las que se estipulaban en un porcentaje fijo sobre el precio de venta y, ahora, ese porcentaje variará (aumentando), según una escala de variaciones del precio del grano de que se trate.
Sus considerandos citan el art. 16 del Decreto 509/2007 que estableció el derecho de exportación aplicable a las posiciones arancelarias de la N.C.M. consignadas en el Anexo IV de dicha norma y las modificaciones dispuestas por las Resoluciones M.E. y P. nros. 368 y 369 del 2007. La medida se dictó en función de lo previsto en el Código Aduanero, en la Ley de Ministerios (texto ordenado por el decreto 438) y en uso de las facultades conferidas por los decretos 2752/91 y 2275/94. La Resolución M.E. y P. nro. 141/2008 (B.O. 27/3/2008) efectuó algunos ajustes en los puntos porcentuales diferenciales fijados para determinados productos.
Por su parte, mediante las Resoluciones M.E. y P. nros. 284/2008 y 285/2008 (B.O. 24/04/2008), se crearon regímenes destinados a dar compensaciones a pequeños productores de soja o girasol cosecha 2007/2008 y para el transporte de granos oleaginosos producidos en las provincias extrapampeanas, respectivamente. Mediante el Decreto 904/2008 (B.O. 10/6/2008) se creó un programa de “redistribución social”, teniendo en cuenta las modificaciones a los derechos de exportación dispuestos por las resoluciones citadas precedentemente.
Luego, con fecha 17 de junio del corriente año, el Poder Ejecutivo Nacional, sometió a consideración del Poder Legislativo Nacional, un proyecto de ley que proponía -entre otras cosas-, ratificar las resoluciones ministeriales citadas, “sin perjuicio de la vigencia de las medidas dictadas y sin desmedro de las facultades ejercidas para ello en el marco de los dispositivos en ellas citados y especialmente de la Ley n° 22.415 (Código Aduanero) y modificatorias, en particular su artículo 755, correlativos y concordantes” (mensaje nro. 941, arts. Io y 2o). El 4 de julio de 2008, la Honorable Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley que pasó en revisión al Honorable Senado, cuyos artículos 1o y 2o ratificaban los indicados en el párrafo precedente, es decir, la validez de las resoluciones ministeriales en cuestión y la vigencia de las medidas allí adoptadas. El día 18 de ese mes, la Honorable Cámara de Senadores rechazó el proyecto elevado.
Finalmente, a través del Decreto n° 1176/08, el Poder Ejecutivo Nacional instruyó al Ministro de Economía y Producción para que “en uso de sus facultades” limitara la vigencia de las Resoluciones n° 125, su modificatoria n° 141, su derogatoria n° 64 y sus complementarias 284 y 285 (art. 1o). Asimismo, le ordenó que dispusiera la vigencia de posiciones arancelarias de la nomenclatura común del MERCOSUR iguales a las dispuestas por las Resoluciones ministeriales 368 y 369 del año 2007 (artículo 2o). Ratificó que las decisiones adoptadas fueron dictadas en “uso legítimo de facultades legales y constitucionales” y, en su mérito, fundó las instrucciones impartidas al Ministerio de Economía. Destacó que se mantienen “las convicciones respecto de la necesidad de la adopción por nuestro País de un sistema de derechos de exportación variables o móviles” (ver Considerandos del Decreto). En esos términos, se emitió la Resolución n° 180/08 que dispuso la limitación de la vigencia de sus similares a partir del 21 de julio del 2008, fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Como corolario, el Poder Ejecutivo Nacional, reafirmando su competencia y la del órgano ministerial, para adoptar lasdecisiones en crisis, ordenó limitar temporalmente su vigencia, dejando a salvo los efectos producidos desde el 11 de marzo al 21 de julio del 2008, de modo que y como ya se dijera, el estudio de su validez se acota al tiempo en que rigieron.
Así las cosas, corresponde recordar que las decisiones de la Corte se circunscriben a los procesos concretos que le son sometidos a su conocimiento, pero no cabe desentenderse de la fuerza moral que emana de su carácter supremo, sin verter argumentaciones que la contradigan (doc Fallos: 332:1488, entre muchos otros). En la inteligencia señalada, se evoca que la jurisprudencia de la Corte Suprema en la causa “Camaronera” adoptó la postura según la cual los derechos de exportación son inconstitucionales si el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota máxima que puede establecerse. En esos términos, resulta elocuente que, el reclamo formulado por el Fisco Nacional, carecería de sustento habida cuenta de que, las leyes delegantes de la facultad cuestionada en autos, no establecieron un corsé a la facultad de establecer la alícuota aplicable. Ahora bien, no puedo dejar de hacer notar que la Corte Suprema, por el contrario, a través de una línea jurisprudencial uniforme, ha concluido que en el ámbito de los derechos aduaneros no puede juzgarse inválido el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, ello es así siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida.
En tales condiciones no puede colegirse que la doctrina del caso “Camaronera”, por su pertinencia y semejanza frente al problema jurídico en ciernes, debe necesariamente considerarse aplicable. El principio stare decisis tiene su fundamento constitucional en la necesidad de que se dispense igualdad de trato a litigantes que tienen la expectativa de recibir la aplicación criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares.
Pues bien, sobre la base de tales pautas interpretativas, estimo que las cuestiones planteadas son sustancialmente análogas a las consideradas en oportunidad de emitir mi voto en la causa “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA s/recurso de apelación”, expediente n° EX-2020-15395348- -APN- SGASAD#TFN, de fecha 18/02/21.
En efecto, la Resolución ME 125/08 es un reglamento dictado en el ejercicio de una delegación impropia de facultades legislativas, la que se encuentra permitida en la específica materia aduanera, por cuanto el principio de legalidad en lo fiscal, debe optimizarse a la luz de las singularidades que presenta todo lo relativo al comercio exterior.
Por su parte, cabe hacer notar que, los reglamentos administrativos como el de la especie, se dictan en ejercicio de facultades que, por imperativo constitucional son de iure propio y, por consiguiente, no tratándose de reglamentos delegados en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, no requieren ser sometidos a consideración del Congreso para su aprobación o rechazo. El reglamento cuestionado, en su condición de norma jurídica, goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria desde su irrupción en el ordenamiento jurídico, por lo que, la falta de aprobación, no tiene entidad para modificar el curso de la decisión.
A mayor abundamiento, debe tenerse presente que el art. 755 de la Ley 22.415 ha sido incluido en el Digesto Jurídico Argentino, aprobado por la Ley 26.939, ratificándose la delegación impropia del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para fijar los derechos de exportación. La insistencia de la política legislativa no puede ser soslayada”.
IX. Que atento a lo expuesto, corresponde analizar si resulta ajustado a derecho el cargo FE N° 177/08, mediante el cual se le exige a la actora una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación, en virtud de la normativa señalada.
Que de las constancias de autos no surge que la actora haya probado en sede aduanera o en esta instancia la adquisición o tenencia de la mercadería registrada en los términos de la ley 26.351, 1º y 2º, por lo cual, debe tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación, por lo cual resulta ajustado a derecho el cargo FE N° 177/08, exigido por la Aduana.
X. Que las costas deben imponerse por su orden en atención a la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre el tema.
Por ello, VOTO por:
1).- Confirmar la Resolución N° 93/2012 (AD CAMP) dictada por el Administrador de la Aduana de Campana, en la Actuación SIGEA N° 12574-3918-2008.
2).- Costas por su orden.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1).- Confirmar la Resolución N° 93/2012 (AD CAMP) dictada por el Administrador de la Aduana de Campana, en la Actuación SIGEA N° 12574-3918-2008.
2).- Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente archívese. Date: 2022.07.06 14:55:50 ART Date: 2022.07.06 15:14:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.07.06 18:11:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.07.06 18:11:44 -03:00
Fin de la sentencia