Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 31.079-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución Nro. 95/2012 (AD CAMP) y los cargos Nros. 152, 207 y 208 del año 2008, con costas por su orden (art 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-140227546-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 29 de Diciembre de 2022 Expte. Nro. 31.079-A Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Cora M. Musso y Juan Manuel Soria, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Héctor H. Juárez, con la presidencia de la Sra. Vocal nombrada en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “SOYAPAMPA SA c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”; Expte. Nro. 31.079-A La Dra. Cora M. Musso dijo:
I. Que a fs. 21/35 la actora, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 95/2012 (AD CAMP) dictada por el Administrador de la Aduana de Campana en el expediente Nro. 12574-294-2009, mediante la cual se rechaza el procedimiento de impugnación impetrado por la firma “SOYAPAMPA SA” y se confirman los cargos Nros. 152, 208 y 207 todos del 2008, formulados respecto de los PE Nros. 08 008 EC01 005600G, 5140F y 4819R (vinculados a la DJVE 08 001 DJVE 000692 A / 71457) por la suma de usd 95.580,33.
Hace referencia a los antecedentes de la causa y cuestiona que la empresa haya sido incluida en la Resolución ONCCA 1898/08. Invoca la ilegalidad de la mencionada resolución y sostiene que no existe causa jurídica que justifique la pretensión de la Aduana. Alude someramente a lo dispuesto en las resoluciones dictadas por la Secretaría de Agricultura Nros 423/92 y 331/94 entre otras y a la característica de orgánicos de los productos exportados. Plantea que la Resolución ONCCA 1898/08 viola garantías constitucionales que la invalidan y alude a las resoluciones 369 y 125 en cuanto establecieron alícuotas de derechos de exportación. Cuestiona que la Ley 26.351 se encuentra viciada desde su origen al establecer su aplicación retroactiva, como así también las normas complementarias dictadas en consecuencia y arguye que resultan violatorias de los arts 17 y 19 de la CN. Ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicicta que oportunamente se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 44/50 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Refiere brevemente a los antecedentes administrativos y formula una negativa general respecto de los hechos y afirmaciones vertidos por la actora que no sean de su expreso reconocimiento. En cuanto a las RESOLUCIONES ONCCA 1487/2008 y 1898/2008 sostiene que deberá tenerse presente la presunción de legitimidad del Art. 12 de la LNPA respecto de lo resuelto por la ONCCA y cita jurisprudencia. Aduce que en autos, no se puede discutir lo resuelto por la ONCCA sino la Resolución Aduanera y que la acreditación, o no, de la tenencia de la mercadería antes del aumento de la alícuota es resorte de la ONCCA y se encuentra fuera del alcance de la capacidad revisora del Excmo. Tribunal Fiscal de la Nación. Considera que lo que debió impugnarse fue el marco de dicho expediente (ONCCA) y no el expediente aduanero que solo puede formular el cargo a consecuencia de lo informado por la ONCCA. Alude que los actos públicos se presumen constitucionales, en tanto y en cuanto, mediante una interpretación razonable de la Constitución Nacional puedan ser armonizados con ésta y cita jurisprudencia (CARGILL TF 28754-A (02/ 11/2012). Ofrece como prueba las act adm, formula reserva del Caso Federal y solicita el rechazo de la pretensión de la actora y que se confirme, con costas, la resolución aduanera apelada.
III. Que a fs. 51 se abre la causa a prueba y a fs 63 se da por decaído el derecho a producir la prueba ordenada. A fs. 66 se elevan los autos a la sala “E” y a fs. 67 se los pasa a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas expediente Nro. 12574-294-2009 se inician con las impugnaciones planteadas contra los cargos Nros. 152, 208 y 207 todos del 2008, formulados respecto de los PE Nros. 08 008 EC01 005600G, 5140F y 4819R (vinculados a la DJVE 08 001 DJVE 000692 A / 71457) (ver fs. 1/21). A fs. 22/23 se glosa una copia de la constancia de notificación de los cargos mencionados que data del 09/01/2009. A fs. 44ref, 45ref y 48ref se agregan copias de los PE Nros. 08 008 EC01 005600G, 5140F y 4819R y de las DJVE 08 001 DJVE 000692 A / 71457. A fs. 52/54 se glosan copias de los cargos en trato y a fs. 56 se tiene por iniciado el procedimiento de impugnación. A fs. 62 /64 obra el dictamen 110/2012 AD CAMP y a fs. 65/68 se dicta la resolución apelada.
V. Que corresponde resolver en autos si la resolución apelada, mediante la cual se confirmaron los cargos Nros. 152, 208 y 207 todos del 2008, formulados respecto de los PE Nros. 08 008 EC01 005600G, 5140F y 4819R (vinculados a la DJVE 08 001 DJVE 000692 A / 71457) por diferencia de derechos de exportación, se ajusta a derecho.
Que a dichos fines en primer término cabe señalar que los cargos aludidos se formularon en razón de lo indicado en la Resolución ONCCA Nro. 1898/2008, en la que se ha informado a la Aduana, en lo que aquí importa, que la firma recurrente no había acreditado la tenencia de la mercadería amparada por las DJVE LEY 21453 ( DJVE00071457 cierre de venta 27/02/2008 (DJVE 08001DJVE000692A of 28/02/2008).
Que resulta procedente señalar que la Ley 21.453 (BO 11/11/76) en el art. 6 estableció que a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de la mercadería a que dicha ley se refiere (productos agrícolas), aplicables los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta.
Que consecuentemente cuando se trata de exportaciones a consumo de productos de origen agrícola, el hecho imponible acaece al producirse efectivamente la exportación conforme lo establece el Código Aduanero, pero en virtud de lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 21.453 el régimen tributario aplicable debería ser el de la fecha de cierre de venta de tales productos.
Que bajo el título “Aclaración de la Ley nro. 21.453. Alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios”, se dictó la Ley 26.351 (BO 16/1/08) en la que en el art. 1 se dispuso que, cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley 21.453 en el período comprendido entre el Registro de la DJVE y el de la oficialización del permiso de embarque con el que se documente la exportación de la mercadería amparada por las referidas Declaraciones Juradas, los exportadores deberían acreditar de modo fehaciente la tenencia o, en su caso, la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento. Asimismo, agregó que, quienes no cumplieran con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos) para el cumplimiento del art. 1, deberían tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación entre las vigentes a la fecha de registro de las DJVE y las vigentes a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación, disponiendo asimismo en el art. 4, la aplicación retroactiva a aquellas DJVE que hubiesen sido registradas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Que, con fecha 12/5/08, se dictó el Dec. 764/08 (BO 13/5/08) en el que se estableció que las disposiciones de la ley 26.351 serían aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación fuera posterior al 9/11/2007, disponiéndose asimismo en el art. 3 que la ONCCA (creada por Decreto 1067/2005) sería la encargada de llevar el registro de las DJVE a las que se refiere la ley 21.453 y de dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios para acreditar los extremos a que alude el art. 1 de la ley 26.351 e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el art. 2 de la misma.
Que en los términos del Decreto 764/2008, la ONCCA dictó la Resol. 543/2008 (BO 30/5/08) por la que estableció el procedimiento para acreditar la tenencia o adquisición de la mercadería en los términos del art. 1 de la ley 26.351.
Que la ONCCA, con fecha 21/07/08, dictó la Resol. 1898 por la cual se informó a la AFIP cuáles eran las DJVE que debían tributar una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación, en virtud de no haberse acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada en los términos de la ley 26.351 (Anexo I) y aquellas DJVE que sí la acreditaban (Anexo II).
Que con fundamento en la Resolución ONCCA 1898/2008, la DGA formuló los cargos Nros. 152, 208 y 207 todos del 2008 aquí involucrados, los que fueron impugnados por la actora con fecha 21/01/2009 y confirmados mediante la Resolución nro. 95/2012 (AD CAMP) apelada en la causa.
VI. Que la actora en su recurso invoca la ilegalidad de Resolución ONCCA 1898/2008 y sostiene que no existe causa jurídica que justifique la pretensión de la Aduana, toda vez que la mencionda resolución viola garantías constitucionales que la invalidan y aduce que la Ley 26.351 se encuentra viciada desde su origen al establecer su aplicación retroactiva, como así también las normas complementarias dictadas en consecuencia por resultar violatorias de los arts 17 y 19 de la CN.
VII. Que sentado lo que antecede en primer término cabe analizar la naturaleza jurídica de la Resolución ONCCA 1898/2008, es decir si se trata de un acto administrativo o de un mero acto preparatorio. A dichos fines cabe definir, en primer término, al “acto administrativo” como una declaración proveniente de un órgano estatal, emitida en ejercicio de la función materialmente administrativa y caracterizada por un régimen administrativo, propio típico del Derecho Público, que genera efectos jurídicos individuales directos con relación a los administrados destinatarios del acto (cfr. Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, Bs. As., 2006, p. 110, Tomo II, 8va. edición actualizada).
Que la Sala III de la Excma Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en los autos “ Virreyes Agropecuaria S.A. (TF 25.002-A) c/DGA”, sent del 14/11/08, en los que se hizo lugar al dictado de una medida cautelar a favor de la firma exportadora, ha sostenido la caracterización de las resoluciones de la ONCCA como actos administrativos y haciendo referencia a la Resol. 1487/08, expresó que “ la mentada resolución no es sino un acto administrativo de alcance particular que posee efectos jurídicos directos sobre una pluralidad de sujetos, estos son aquéllos exportadores incluidos en los anexos I –donde se encuentra la actora- y II” (considerando IX)”.
Que en lo que a esta cuestión respecta, a la fecha, existe numerosa jurisprudencia en la que se ha considerado que la Resolución ONCCA 1898/08 (y su similar 1487/08) constituyen verdaderos actos administrativos. Así lo ha sostenido, por ejemplo, la Sala II de la Excma CNACAF en las causas “Lartirigoyen y Compañía SA c/EN – M° Economía – ONCCA- Resol 1487/08 y 5581/10 y otros s/ proceso de conocimiento”, Expte N° 15294/2011, sent del 6/5/2014; “Curcija S.A. c/ EN-ONCCA-Resol. 25 1487/08 s/ Proceso de conocimiento”, Expte N° 22848/2009, sent 12/7/2018; “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIyA c/EN - Mº Economía y F - Resol. 1487/08 3451/09 y otro s/proceso de conocimiento”, Expte N° 7463/2013, sent del 5/9/2019; la Sala III en las causas “MSU SA c/EN – 2 Ley 26351- ONCCA-resol 543/08 (S01:109894/09) s/ Proceso de Conocimiento”, Expte N° 3 35644/09, sent del 18/2/2015 y la Sala IV, “Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFI y A c/EN - Mº 4 Economía - ONCCA - Resol. 1898/08 y 5431/10 s/proceso de conocimiento”, Expte 25716/2011, sent del 18/8/2016; y “LDC Argentina SA c/EN – Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y otro s/ Proceso de Conocimiento”, Expte N° 13621/15, sent del 27/11/2018, debiendo aclararse que las mencionadas sentencias se encuentran firmes, toda vez que la CSJN declaró inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado Nacional.
Que asimismo la Procuración de Tesoro de la Nación en el Dictamen IF-2017-35766568-APN-PTN del 29/12/2017, sostuvo que la Resolución 1898/08 “...no es calificable como un mero acto preparatorio, sino como un acto administrativo que constata determinados hechos que, a la vez, servirán para que el exportador y la Administración Nacional de Aduanas apliquen la alícuota que corresponda tributar en materia de derechos de exportación de productos agropecuarios (conf. Ley N° 19 26.351, arts. 1° y 2°)”.
Que por lo expuesto cabe señalar que la Resolución 1898/08 constituye un acto administrativo, dictado por la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) creada a través del Dec. 1067/2005, como organismo descentralizado, con autarquía económico financiera y técnico administrativa y dotado de personería jurídica propia, en el ámbito del derecho público y privado, en jurisdicción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción (art. 1 Dec. 1067/2005). Que la Resolución 1898/2008 ha sido dictada en ejercicio de funciones encomendadas legal y reglamentariamente (art. 3 de la ley 26.351, art. 3 del Decreto 764/08 y arts. 12 y 13 de la Resolución ONCCA 543/08) a tal organismo, por lo cual el efecto jurídico de este acto se alcanza directamente al particular (a la aquí recurrente “SOYAPAMPA SA”) dado que, a través del mismo, la ONCCA le informó a la AFIP-DGA el cumplimiento o incumplimiento del requisito de la tenencia de la mercadería en los términos del art. 1 de la ley 26.351, lo que habilitó a esta última a reclamar el importe correspondiente a la diferencia entre la alícuota más baja de derechos de exportación y la más alta en aquellos casos en los que se consideró que no se había acreditado la tenencia de la mercadería amparada por la DJVE involucrada en la causa.
Que en casos análogos al presente nuestro Tribunal de Alzada (la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal), se ha expedido en diversas oportunidades con relación a las Resoluciones 1487/2008 y 1898/08, como consecuencia de las demandas interpuestas por una serie de empresas cerealeras que, se vieron afectadas por lo informado por la ONCCA, echando por tierra la presunción de legitimidad de las resoluciones mencionadas.
Que originariamente la Sala III de la CNACAF, con fecha 19/03/2009, en los autos caratulados “Tomás Hnos SA c/Estado Nacional - ONCCA -Resol 1487/08 s/amparo Ley 16.986” hizo referencia a que tipo de documentos deben ser considerado válidos para demostrar tenencia o adquisición de la mercadería amparada por las DJVE Ley 21.453 y haciendo mención a que la exportadora había acompañado la misma ante la ONCCA y que no había sido analizada antes del dictado de la cuestionada Resolución 1487/2008 sostuvo que “. corresponde concluir que la incorporación de la actora en el anexo I de la resolución 1487/2008 resulta arbitraria e ilegítima en razón de la orfandad probatoria que presenta el acto impugnado…”. Posteriormente en la causa “MSU SA c/EN-Ley 26351-ONCCA resol 543/08 (S01:109894/09) s/Proceso de Conocimiento” Expte. nº 35.644/2009 y Expte nº 34.561/2009 “MSU SA c/EN- ONCCA-resol 3406/09 1487/08 s/Proceso de Conocimiento”, sent del 18/02/2015, siguiendo el criterio expuesto en el precedente mencionado, señaló expresamente que “. cabe anotar que en litigios de ribetes similares al presente, en los que la exportadora afectada ha arrimado prueba tendiente a demostrar la tenencia, esta Sala ha afirmado que en la resolución ONCCA nº 1487/2008 no se han expuesto motivos concretos que permitan concluir en su falta de acreditación, máxime cuando se encuentra insita en la resolución impugnada una pretensión tributaria cuya configuración en cada caso debe demostrar el propio organismo de control. Es por esa razón que tampoco puede, lisa y llanamente, admitirse el planteo por el cual la ex ONCAA pretende oponer la presunción de legitimidad del acto administrativo”
Que más recientemente, en los autos “CARGILL SACI c/ EN-M AGRICULTURA GYP-RESOL 928/12-
ONCCA- RESOL 1413/11 Y OTRO s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, Expte Nro 59415/2012, sent del 26/04/2022, remitiendo a los fundamentos expuestos en las causas Nº 16652/08, “Tomas Hermanos S.A. c/ EN – ONCCA – Resol 1487/08 s/ Amparo”, del 19/03/09; causa Nº 35644/09, “MSU SA c/ EN – Ley 26.351 – ONCCA – Resol 543/08 s/ proceso de conocimiento” y su acumulada Nº 34561/09, “MSU SA c/ En – ONCCA – resol 3406/09 1487/08 s/ Proceso de conocimiento”, del 18/02/15; causa Nº 35244/09, “Nidera SA c/ ONCCA Resol 1487/08, 1898/08, 4773/09 y otros s/ Proceso de conocimiento”, del 31/03/15; causa Nº 40156/2015, “Molinos Cañuelas SACIFIA (TF 30971-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent del 07/04/16; y causa Nº 21881/2009, “Noble Argentina SA c/ EN-ONCCA Resol 2463/09 s/ Proceso de conocimiento”, del 16/03/17, la Sala III destacó que: “. este Tribunal ya ha declarado, en diversas oportunidades, la nulidad de las resoluciones ONCAA 1487/2008 y 1898/08, por medio de las cuales el organismo mencionado notificó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los exportadores de productos agropecuarios que contaban con la mercadería registrada para la exportación en los términos de las Leyes 21.453 y 26.351... En tal sentido, cabe señalar que en los precedentes mencionados se sostuvo que la presunción de legitimidad de las mencionadas resoluciones no podía ser mantenida, puesto que no se hallaba explicitada la motivación ni los antecedentes de hecho referidos a la situación singular de la parte actora. En este sentido, se indicó que sólo se encontraba expresada de modo general la falta de acreditación de la adquisición o tenencia de la mercadería registrada para exportación por parte de los exportadores incluidos en el Anexo I”.
Que la Sala II de la Excma CNACAF, en la causa “Lartirigoyen y Compañía SA c/EN – Mº Economía - ONCAA – Resol. 1487/08 y 5581/10 (S01255788/10) y otros s/ proceso de conocimiento”, con fecha 06/05/2014, confirmó la sentencia dictada en primera instancia y sostuvo que “...la incorporación de la sociedad actora en el Anexo I de la Resolución nº 1487/08 resulta arbitraria e ilegítima en virtud de la orfandad probatoria que presenta el acto impugnado y la falta de impugnación concreta, precisa y objetiva de las defensas y la prueba aportada por la accionante (v. en idéntico sentido el fallo de la Sala III de este Fuero, in re: “Tomás Hermanos S.A. c/ EN-ONCCA -Resolución n° 1487/08- s/amparo ley 16.986, causa nº 16.652/08 ya cit.)” y concluyó que “ la incorporación de la sociedad actora en el Anexo I de la Resolución nº 1487/08 resulta arbitraria e ilegítima en virtud de la orfandad probatoria que presenta el acto impugnado y la falta de refutación concreta y objetiva de las defensas y las probanzas aportadas por la accionante”.
Que la Sala IV de la Excma CNACAF, en la causa 25.716/2011/CA1: “Oleaginosa Moreno Hnos. SACFI y A c/ EN – Mº Economía – ONCCA – Resol 1898/08 y 5431/10 s/ proceso de conocimiento”, sent del 18/08/2016, confirmó la sentencia dictada en primera instancia en cuanto declaró la nulidad de las resoluciones 1898/08 y 5431/10 dictadas por la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) destacando que “...distintas Salas de esta Cámara han afirmado que en la resolución 1898/08 no se han expuesto motivos concretos que permitan concluir en la falta de acreditación; máxime cuando se encuentra ínsita en la resolución impugnada una pretensión tributaria cuya configuración en cada caso debe demostrar el propio organismo de control” .
Que la Sala I de la Excma CNACAF, en la sentencia del 12/07/2022, dictada en la causa 1672/2015 “MOLINO CHACABUCO c/ EN-M AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO” remitiendo al criterio expuesto en sentencias dictadas por la Sala III, sent del 18/08/2016, resolvió declarar la nulidad de la Resolución ONCCA 1898/2008.
Que a mayor abundamiento cabe mencionar que “CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARÍA CIVIL II – SALA B” en los autos: “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. c/ ENA - AFIP-DGA s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO”, sent del 16/05/2014 -que ha quedado firme al haberse declarado inadmisible el recurso extraordinario- sostuvo: “...el régimen implementado por la Ley 26.351 implica una modificación de lo establecido por la Ley 21.453. Esto es así, en virtud de que como se expuso, en ésta última se estableció en su art. 6 que a los fines de la liquidación se tendrá en cuenta el régimen tributario vigente a la fecha de cierre de venta, sin otros recaudos más que los establecidos en la propia norma (en lo relativo a la presentación de la DJVE ante la autoridad de aplicación y el plazo prescripto)...por lo que considero que la Ley 26.351 no es meramente aclaratoria de la Ley 21.453, sino que por el contrario impone un nuevo sistema – que aunque aquí no cuestionado- impide que se aplique con anterioridad a su vigencia retroactivamente, por los derechos que vulnera”. Agregó que “... cabe concluir que el objetivo de la Ley 21.453 consistente en la previsibilidad por parte del exportador y comprador de la carga fiscal que deben afrontar, se ve afectado por la aplicación retroactiva de la Ley 26.351. Entiendo que es así, ya que las partes al regirse por la Ley 21.453, concretaron las operaciones considerando que sus costos tributarios quedaban fijados al momento de cerrar la venta, en consecuencia si por la aplicación retroactiva de la Ley 26.351 se aplican las alícuotas incrementadas, el fin perseguido por la Ley 21.453, cual era que las partes sepan al momento de cerrar la operación la suma a pagar en concepto de tributos, pierde su eficacia y razón de ser” y con fundamento en todo ello consideró que “...corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 4º y 5º de la Ley 26.351 y art. 2 del Decreto Nº 764/2008 en cuanto establecen la aplicación retroactiva de sus disposiciones”
Que teniendo en consideración los argumentos expuestos por las partes en los presentes autos, las constancias obrantes en los mismos y por un nuevo análisis de la cuestión considero que corresponde hacer extensivo al caso el criterio pacífico expuesto por la abundante jurisprudencia de la Alzada, al considerar la ilegitimidad y nulidad de las Resoluciones ONCCA 1898/2008 y 1487/2008 y siendo ello así, le asiste razón al cuestionar los cargos 152, 207 y 208 del años 2008.
Que de las actuaciones administrativas resulta que la Aduana para dictar la resolución apelada, se limitó a aplicar lo informado por la ONCCA en la cuestionada Resolución 1898/2008, por lo que siendo ello así y teniendo en consideración lo expuesto no cabe más que revocar la resolución apelada y los cargos cuestionados.
VIII. Que resulta procedente imponer las costas en el orden causado (cfme art 1163 del CA), en atención a la forma en que se resuelve la presente y que en autos se ha dado por decaído a la actora el derecho a producir la prueba ofrecida.
Por ello, VOTO POR :
Revocar la Resolución Nro. 95/2012 (AD CAMP) y los cargos Nros. 152, 207 y 208 del año 2008, con costas por su orden (art 1163 del CA).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Cora Musso.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución Nro. 95/2012 (AD CAMP) y los cargos Nros. 152, 207 y 208 del año 2008, con costas por su orden (art 1163 del CA).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Cora M. Musso y Juan Manuel Soria por encontrarse en uso de licencia el Dr. Héctor H. Juárez (Cfme. Art. 1162 del C. A.).
Date: 2022.12.29 12:53:28 -03:00 Date: 2022.12.29 13:14:43 -03:00 Juan Manuel Soria Cora Marcela Musso Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.29 13:14:44 -03:00
Fin de la sentencia