Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 58605552-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar las críticas de la firma Soyapampa S.A., con costas a su cargo, y 2. Regular los honorarios de acuerdo con el punto XI.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa 42738/2023 “Soyapampa SA (TF 58605552-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
En Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril de 2024 reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver en los autos “Soyapampa SA (TF 58605552-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación desestimó los planteos formulados por la firma Soyapampa S.A. y confirmó la resolución nº 76/2021 (AD LAPL) dictada por el Administrador de la Aduana de La Plata en la actuación n° 12586-1010-2020, que, a su vez, desestimó la impugnación formulada contra la liquidación nº 20033LMAN007270U, confeccionada por la suma de u$s 10.635,29 con sus intereses, en concepto de derechos de exportación. Expuso las siguientes razones:
i. “[P]or medio del artículo 1º del Decreto Nº 793/2018 (luego USO OFICIAL modificado) se fijó un derecho de exportación del doce por ciento (12%) a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR detalladas en el Anexo I […] que formaba parte de ese decreto. Con posterioridad, luego de diferentes modificaciones, el Decreto Nº 230/2020 (B.O. 5/03/2020) estableció la alícuota del 33% de derecho de exportación, para la P.A. involucrada en el despacho cuestionado en autos”.
ii. “[E]l universo de productos orgánicos no se encuentra al margen de los efectos dispuestos en el Decreto Nº 793/2018 y sus modif., si bien es cierto que el legislador no dispuso una derogación expresa del Decreto Nº 361/2016”.
iii. “[L]a derogación de un régimen jurídico no ha de ser siempre expresa, pues ello supondría confrontar cada nueva regla con el resto del ordenamiento”.
iv. “[E]l cambio normativo obedece a razones económicopresupuestarias. Así como otrora por razones económicas se estimuló la exportación de productos orgánicos, ante la urgencia de los desequilibrios económicos, evidentemente se decidió no establecer diferencias y gravar a la totalidad de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.)”.
v. “[L]o analizado encuentra respaldo a la luz de lo establecido recientemente por el Decreto Nº 852/2021 (B.O. 15/12/2021), mediante el cual se dispuso fijar en 0% (cero por ciento) la alícuota del derecho de exportación para los productos que revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos, a excepción de aquellos incluidos en el Anexo integrante del mismo (para los que se dispuso una rebaja de 5 puntos en la alícuota aplicable)”.
vi. “[R]esulta claro que los productos orgánicos, con anterioridad al dictado del Decreto Nº 852/2021, no contaban con la alícuota del 0% de derechos de exportación”.
II. La firma actora apeló el pronunciamiento y expresó agravios que fueron replicados.
III. Las críticas exteriorizadas por la firma actora pueden sintetizarse de este modo:
i. “[P]ara entender derogado válidamente y de modo ‘tácito’ un ‘Régimen Especial’ como el previsto para ‘productos orgánicos’ (tal como lo ha dispuesto infundadamente el Tribunal en su arbitraria sentencia), la norma dictada ulteriormente (en el caso el Decreto 793/18) debería ser una norma abierta o manifiestamente ‘incompatible’ con el Régimen especial establecido por el artículo 1 del Decreto 361/16, lo cual en el caso bajo análisis claramente no acontece”.
ii. “[S]i no hay una incompatibilidad manifiesta entre un Régimen y otro de idéntica jerarquía legal, no puede haber ‘derogación tácita’”.
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Causa 42738/2023 “Soyapampa SA (TF 58605552-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
iii. “El Tribunal Fiscal al dictar su sentencia no ha tenido presente que el Decreto 793/2018 hace exclusiva mención para aplicar la alícuota del 12% con sus topes a ‘Posiciones Arancelarias’ en las que se ubican los productos convencionales, no hace referencia a los ‘productos que revisten características y/o condiciones de orgánicos y que acrediten tal condición’. El Decreto 793/2018 siquiera menciona la palabra orgánico ni en su articulado ni en sus considerandos”.
iv. “[D]ichos Regímenes han coexistido y no son incompatibles en absoluto, el uno con el otro”.
IV. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que para que se considere que una ley ha derogado implícitamente las disposiciones de otra ley, es necesario que el orden de cosas establecido por ésta sea incompatible con el de aquélla toda vez que la derogación de las leyes no puede presumirse (Fallos: 183:470; 214:189; 226:270; 258:267; 260:62; 295:237; 318:567).
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Y también ha afirmado que “como norma una ley general no es nunca derogatoria de una ley o disposición especial, a menos que aquella contenga alguna expresa referencia a ésta o que exista una manifiesta repugnancia entre las dos en la hipótesis de subsistir ambas” (Fallos: 330:304).
V. Con esa mirada es necesario retener los siguientes datos:
1. El decreto 793/2018 expresamente contempló al decreto 361/2016 en los párrafos quinto y sexto de sus considerados:
—“Que, con base en esa facultad, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó, entre otros, los Decretos Nros. 1243 del 17 de agosto de 2011, 429 del 21 de marzo de 2012, 526 del 13 de abril de 2012, 133 del 16 de diciembre de 2015, 160 del 18 de diciembre de 2015, 349 del 12 de febrero de del 24 de mayo de 2018, por medio de los cuales se fijaron derechos de exportación aplicables a diversas mercaderías” (el destacado me pertenece). —“Que mediante los decretos mencionados en el párrafo anterior dictados a partir de diciembre de 2015 se redujo al CERO POR CIENTO (0%) la alícuota aplicable para una gran cantidad de posiciones arancelarias”.
2. Al establecer el nuevo arancel el decreto 793/2018 no distinguió entre mercaderías de origen orgánico y no orgánico:
—“ARTÍCULO 1°.- Fíjase, hasta el 31 de diciembre de 2020, un derecho de exportación del DOCE POR CIENTO (12%) a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM)”.
3. La ley 27.467, que ratificó ese decreto, hizo mención de las mercaderías que se encontraban gravadas con una alícuota del 0%: —“ARTÍCULO 81.- Establécese que, en el marco de las facultades acordadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el TREINTA POR CIENTO (30%), del valor imponible o del precio oficial FOB. Este tope máximo será del DOCE POR CIENTO (12%) para aquellas mercaderías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que estaban gravadas con una alícuota del CERO POR CIENTO (0%) a esa fecha. El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá ejercer esta facultad hasta el 31 de diciembre de 2020. Exceptúase del pago de los derechos que gravan la exportación para consumo a las empresas del Estado regidas por la ley 13.653 y a las sociedades del Estado regidas por la ley 20.705, que tengan por objeto desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación”.
—“ARTÍCULO 82.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, mantendrán su validez y vigencia los decretos 1126 del 29 de diciembre de 2017 y sus modificaciones, 486 del 24 de mayo de 2018 y sus modificaciones, 487 del 24 de mayo de 2018 y sus modificaciones, y 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones, como así también toda otra norma vigente que se haya dictado en el marco de aquellas facultades”.
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VI. Desde esa perspectiva, cabe concluir en que se hallan verificados los requisitos fijados por la jurisprudencia de la Corte Suprema para afirmar que el decreto 361/2016 fue implícitamente derogado por el decreto 793/2018 y por la ley 27.467 (esta sala, causa “Agronegocios Jewell SA (TF 42133948- A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 14 de septiembre de 2023).
Ciertamente, existe una incompatibilidad o una contradicción entre el decreto 793/2018, ratificado legislativamente por la ley 27.467 y el decreto 361/2016, y, además, existe en aquél una expresa referencia a la norma implícitamente derogada.
VII. Paralelamente cabe recordar que el Máximo Tribunal ha expresado que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes ni a la inalterabilidad de los gravámenes creados o dispensados por ellas (Fallos: 267:247; 272:229; 273:14; 274:334; 288:279; 303:1835; 321:2683).
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VIII. Por tanto, debe desestimarse los agravios ofrecidos por la firma Soyapampa S.A. y confirmar el pronunciamiento apelado.
IX. Las costas de esta instancia se imponen a la firma actora en tanto resulta vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y artículo 1163 del Código Aduanero).
X. Resta expedirse acerca de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada “por bajos” y por la firma actora “por altos” contra la regulación de los honorarios efectuada por el Tribunal Fiscal.
XI. Habida cuenta de la naturaleza del proceso, de su monto —que surge de la suma abonada en concepto de tasa de actuación—, de la única etapa procesal cumplida, del mérito, de la calidad y de la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, corresponde FIJAR en 9,45 UMA —equivalentes a la suma de $ 383.395,95 de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA nº 176/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, los honorarios a favor de la Dra. María Josefina Silva Risso, por la tarea cumplida en el ejercicio de la dirección y representación legal de la parte demandada en la instancia anterior (artículos 16, 20, 21, 29 y demás concordantes de la ley 27.423).
Sobre pautas análogas a las precedentemente enunciadas, corresponde FIJAR en 2,83 UMA —equivalentes a la suma de $ 114.815,93 de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA n° 176/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios a favor de la Dra. María Josefina Risso, por la tarea cumplida en el ejercicio de la dirección y representación legal de la parte demandada en esta instancia (artículo 30 y demás concordantes de la ley 27.423).
En mérito de las razones expuestas, propongo al acuerdo: 1. Desestimar las críticas de la firma Soyapampa S.A., con costas a su cargo, y 2. Regular los honorarios de acuerdo con el punto XI.
La jueza Clara María do Pico adhiere al voto precedente.
La jueza Liliana M. Heiland no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1.Desestimar las críticas de la firma Soyapampa S.A., con costas a su cargo, y 2. Regular los honorarios de acuerdo con el punto XI. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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Causa 42738/2023 “Soyapampa SA (TF 58605552-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
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Fin de la sentencia