Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación deducido a fs. 319/322 vta. por la defensa del imputado Carlos Karcher al que adhiriera el Defensor General en representación del imputado Marco Antonio Speranza, por resultar inadmisible (art. 440 del C.P.P.), en consecuencia confirmar la RESOLUCION dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 310/312 vta.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº:047 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 10 de Diciembre de 2.015 AUTOS: "SPERANZA, MARCO ANTONIO Y KARCHER CARLOS S/ACCESO, PROPORCIÓN Y REVELACIÓN ILEGÍTIMOS DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN UN BANCO DE DATOS O ARCHIVO"
Río Gallegos, 10 de diciembre de 2015.-
Los presentes autos caratulados: "SPERANZA, MARCO ANTONIO Y KARCHER CARLOS S/ACCESO, PROPORCIÓN Y REVELACIÓN ILEGÍTIMOS DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN UN BANCO DE DATOS O ARCHIVO", Expte. Nº 4724/13 (S-848/14/TSJ), venidos al Acuerdo para resolver, y
I.-) Que, vienen los presentes autos a tratamiento de este Tribunal Superior de Justicia en razón del recurso de casación interpuesto a fs. 319/322 vta. por el defensor particular de Carlos Karcher, contra la resolución dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 310/312 vta., en cuanto rechaza los planteos de falta de legitimación, inconstitucionalidad del art. 157 bis del Código Penal y prescripción de la acción efectuados por la querellada por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.- II.-) Que, mediante el recurso de casación sub examine, la parte pretende que este Alto Cuerpo "...haga lugar a la casación impetrada, se declare prescripta la acción penal intentada en autos, se haga lugar a la excepción de falta de legitimación y se declare la inconstitucionalidad del art. 157 bis del Código Penal.
Asimismo, solicito se aplique el art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en cuanto garantiza la doble instancia en materia penal; solicitando se admita la revisión de lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia...".- Se agravia el recurrente por "...Falta de legitimación. Incurre aquí en una errónea aplicación de la ley, al (sic) particular el art. 157 bis del Código Penal. Entiende que la entidad bancaria es la damnificada por haber sufrido una presunta invasión a su 'banco de datos'; el que entiende debe estar protegido por su confidencialidad y seguridad de datos mediante la violación de archivos... El concebirla de tal modo, es lo único que habilita el carácter privado de la acción pues de lo que se trata entonces, es de defender no un interés general o indiferenciado de un grupo amplio de sujetos, sino el interés del titular de los datos cuya divulgación se protege.
Por ello fue que se interpretó que el art. 157 bis quedaba comprendido en el carácter privado de la acción otorgada al art. 157 del Código Penal, como si se tratase de la misma figura...".- Se agravia asimismo porque "...entendemos que se ha incurrido en una errónea aplicación de la ley, interpretándose la norma penal del modo más desfavorable al imputado, contrariando los principios de interpretación de la ley penal derivados del art. 18 de la Constitución Nacional (in dubio pro reo, prohibición de aplicación extensiva o analógica de la ley)... el fundamento en que se sustenta el rechazo de la prescripción planteada es otorgarle efecto interruptivo a la interposición de la querella asimilándola a la apertura o elevación a juicio.
Este pensamiento implica desconocer básicas normas de interpretación de la ley penal...".- Agregó que "...los fundamentos de la Cámara antes que implicar una decisión fundada en derecho, traslucen una disconformidad de fondo con la opinión del legislador, forzando la interpretación clara y precisa de la norma penal, aplicando interpretaciones extensivas y analógicas, vedadas para este tipo de institutos penales por su carácter de orden público y por los principios constitucionales antes mencionados. Tal proceder no puede ser admitido, ya que implica introducir un factor de arbitrariedad y discrecionalidad en el Juez Penal, quien debe limitarse a aplicar la ley penal, comparta o no el criterio de justicia que allí se refleja.
De tal forma, y no existiendo una norma que expresamente otorgue el carácter interruptivo de la acción penal a la interposición de la querella, siendo estas causales taxativas y de interpretación restrictiva, corresponde declarar prescripta la acción penal...".- Finalmente, formula reserva "...que una decisión contraria a lo aquí peticionado implicaría una decisión contraria a las garantías contenidas en el artículo 18 CN y 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que exigen que la persecución penal no pueda extenderse más allá de un plazo razonable, plazo éste que no puede exceder el tiempo máximo posible de duración de la eventual condena penal. Asimismo solicito se aplique el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto garantiza la doble instancia en materia penal, solicitando se admita la revisión de lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia...".- III.-) Este Alto Cuerpo debe analizar en forma preliminar el cumplimiento por el recurrente de los recaudos que hacen a la admisibilidad de la vía recursiva incoada (art. 448 del C.P.P.), concerniente a la observancia de los requisitos formales del recurso, como a la impugnabilidad subjetiva y objetiva del pronunciamiento atacado que dictara la Excma.
Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial.-
La impugnabilidad objetiva es definida por la doctrina como la posibilidad de recurrir en casación determinados pronunciamientos jurisdiccionales, enumerando taxativamente la ley aquellas decisiones que pueden ser objeto de tal recurso, configurando ello una limitación para el acceso a ésta instancia extraordinaria, reservándola para aquellas acciones impugnativas con un interés jurídico relevante, al evaluar el contenido y la entidad del gravamen que invoca el recurrente, con relación a las decisiones de las instancias ordinarias.- En nuestra legislación provincial, al igual que en la mayoría de los demás códigos procesales provinciales y de la Nación, el imputado y su letrado defensor sólo pueden deducir casación contra sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción, a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones, o denieguen la extinción de la acción, conmutación o suspensión de la pena (art. 440 del C.P.P.), enunciado genérico respecto de las resoluciones recurribles.-
IV.-) Las disposiciones citadas están regidas por el principio de taxatividad -el recurso procede exclusivamente en los supuestos literalmente previstos en la ley-, hermenéutica sustentada por la doctrina en la inteligencia que “...en la interpretación de las resoluciones recurribles, el criterio debe ser restringido si no se quiere desdibujar aquel principio de taxatividad...” (Manuel Ayán, “Los recursos en materia penal”, pág. 107, Marcos Lerner Editora, 1985; Carlos Garrido, “El Código Procesal Penal de la Nación”, pág. 226, Edit. del Puerto, 1993; María Cristina Barberá de Riso, “Manual de Casación Penal”, pág. 187, Mediterránea, 2000; Julio Maier, “El Nuevo Código Procesal Penal de la Nación”, pág. 266, Editores del Puerto, 1993).- Dicho criterio restrictivo para la admisibilidad de la vía impugnativa casatoria ha sido adoptado por este Tribunal Superior de Justicia en reiterados pronunciamientos (T.S.J. Santa Cruz Tº II –Interlocutorio–,Rº 128, Fº 258/260; Tº II -Interlocutorio–, Rº 127, Fº 255/257; Tº II -Interlocutorio–, Rº 188, Fº 360/366; Tº II -Interlocutorio–, Rº 195, Fº 380/382; Tº III -Interlocutorio–,Rº 278, Fº 561/562; Tº IV -Interlocutorio–, Rº 341, Fº 734/738; Tº V -Interlocutorio–, Rº 03, Fº 16/19; Tº V -Interlocutorio–, Rº 26, Fº 152/154; Tº V -Interlocutorio–, Rº 29, Fº 171/175; Tº VIII –Interlocutorio- Rº 36, Fº 197/200; Tº IX -Interlocutorio–, Rº 24, Fº 129/133, entre otros).- Se señaló como fundamento para rechazar por inadmisible el recurso, que la cuestión “sub examine” era una decisión de instancia ordinaria, sujeta a los avatares de la causa y, por ello, susceptible de modificación en el transcurso del procedimiento “...no descarta la posibilidad de una eventual intervención posterior de este Tribunal Superior de Justicia ante un decisorio realmente definitivo...” (T.S.J. Santa Cruz, fallos consignados).-
Tal aspecto fue tratado por la Excma. C.S.J.N., al definir como sentencia definitiva o resolución equiparable a ella, las decisiones “...que impiden continuar el proceso aunque no excluyan otro posterior, siempre que causen gravamen irreparable y priven al interesado de la posibilidad de valerse de remedios legales ulteriores para obtener la tutela de sus derechos...” (Fallos, 300:642; 306:1778; 307:549 y 1132; 308:1631; 312:772), fijando como criterio que “...solo una vez dictada la sentencia final, es decir la que dirime el pleito, pueden ser llevadas a ella por recurso extraordinario, las cuestiones federales resueltas por autos no definitivos dictados durante la tramitación del litigio...” (Fallos 244:279; 294.357; 296:76).- La resolución impugnada obrante a fs. 310/312 vta. de los presentes, constituye una decisión prosecutoria del trámite de la causa, pronunciamiento que no resuelve en definitiva la situación de los imputados; en consecuencia, de la previa evaluación del recurso impetrado que autoriza el art. 427 del C.P.P., se advierte la ausencia de uno de los requisitos formales de admisibilidad de la casación, ello es, la cuestión traída a conocimiento de este Alto Cuerpo, no reviste la calidad de “definitividad” que permita la apertura de la instancia extraordinaria.- V.-) Sin perjuicio de ello, este Alto Cuerpo conforme la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Casal" (20/IX/05) ingresará al tratamiento de los motivos expuestos atento a que "...la teoría del máximo rendimiento, la cual exige al tribunal competente en materia de casación agotar su capacidad revisora, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y derecho, implica un entendimiento de la ley procesal penal vigente, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional...".- Es clara la Excma.
Cámara cuando establece que no existe falta de legitimación, toda vez que "...partiendo de la concepción doctrinaria que considera que el delito previsto en el art. 157 bis del Código Penal es de acción privada y dada la conducta que constituye el objeto de investigación, resulta con legitimación activa suficiente para impulsar el proceso privado, la entidad bancaria damnificada por haber sufrido una presunta invasión a su 'banco de datos', que por su confidencialidad, debe estar protegido por la ley procurando preservar la privacidad de la información de su contenido..." (fs. 311).- No hay duda alguna que el principal damnificado del delito habría sido la entidad bancaria, al haberse perjudicado su sistema de confidencialidad y seguridad de datos mediante la violación de sus archivos.-
Surge de la ley 25.326 que se entiende por responsable del archivo, registro o banco de datos a toda persona física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos, asimismo, sostiene Fontán Balestra, que "...sujeto pasivo es la persona física o la institución pública o privada, titular del banco de datos..." (en "Código Penal y normas complementarias", Baigún y Zaffaroni -dirección-, Tomo 5 -arts. 134/161, Hammurabi,2008, pág. 818).- En atención a las objeciones del art. 157 bis, es dable aclarar que la Ley 27147, promulgada el 17 Junio de 2015, ratifica en su art. 73 inc. 2) que la violación de secretos, sigue siendo de acción privada, salvo en los casos de los artículos 154 y 157, por lo tanto corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad.-
Con relación al rechazo del planteo prescriptivo, esta decisión, tampoco clausura el proceso sino que lo impulsa, si bien causa agravio, este no es irreparable ni de imposible o insuficiente reparación ulterior (Fallos 245:204; 254:282; 257: 187; 266:47), es decir, no resuelve sobre el fondo del pleito, ni hace imposible su continuación, terminando la controversia sin que sea posible renovarla.-
VI.-) Por las razones expuestas, de conformidad a lo establecido en los arts. 427 y 446 del C.P.P., ante la manifiesta inadmisibilidad del recurso en tratamiento, en orden a lo dispuesto en el art. 446 del mismo cuerpo legal, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 319/322 vta. por la defensa del imputado Carlos Karcher y al que adhiriera el Defensor General en representación de su pupilo Marco Antonio Speranza, por resultar inadmisible (art. 440 del C.P.P.).-
Por todo ello, doctrina, jurisprudencia y disposiciones legales citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. RECHAZAR el recurso de casación deducido a fs. 319/322 vta. por la defensa del imputado Carlos Karcher al que adhiriera el Defensor General en representación del imputado Marco Antonio Speranza, por resultar inadmisible (art. 440 del C.P.P.), en consecuencia CONFIRMAR LA RESOLUCION dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 310/312 vta.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso y encontrarse en uso de licencia los Dres. Salazar y Mariani (art. 27 de la Ley Pcial. Nº Uno – T.O. Ley Pcial. 2404).-
FIRMADO: Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Presidente subrogante Tribunal Superior de Justicia; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2039I.151 TOMO:XIX– INTERLOCUTORIOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:047 FOLIO Nº:195/197 SECRETARIA:2
Fin de la sentencia