Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 1º de la Resolución DE PRLA Nº 7990/12 dictada en el trámite de las Actuaciones Nº 12197-7775-2005, declarando que el monto adeudado en concepto de multa asciende a $ 3.004,9 (PESOS TRES MIL CUATRO CON NUEVE CENTAVOS).
2Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA Nº 7990/12 dictada en el trámite de las Actuaciones Nº 12197-7775-2005, declarando que la deuda tributaria en concepto Derechos de Importación e I.V.A. adeudada, asciende a la suma de PESOS TRES MIL CUATRO CON NUEVE CENTAVOS ($ 3.004,9), con más CER y los intereses aplicables del art. 794 del C.A. que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista el 22/05/2000, hasta la fecha de su efectivo pago.
3Revocar parcialmente la mencionada resolución, en relación a los rubros de Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4Imponer las cosas conforme los vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-49691532-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Mayo de 2024 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “SPICER EJES PESADOS S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 33.461-A:
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Llegan a conocimiento del Tribunal estas actuaciones con motivo del recurso de apelación interpuesto por Spicer Ejes Pesados S.A. contra la Resolución DE PRLA Nº 7990/2012, mediante la cual se la condenó por la infracción prevista en el art. 970 del C.A. a la multa de $11.862,37 y se intimó al pago de tributos por la suma de $ 11.380,62 con más CER, con relación al D.I.T. Nº 98 001 IT14 002348 Z.
II. La firma actora recuerda que luego de efectuado su descargo en instancia administrativa, la Aduana resolvió condenarla con motivo de no encontrarse agregado el CTC definitivo correspondiente. Por ello, ante esta instancia, informa que ha encontrado el CTC faltante, cuya copia acompaña y solicita su absolución. Subsidiariamente, solicita la aplicación del principio de la bagatela o insignificancia en relación a la imposición de la pena dispuesta. Asimismo, requiere la aplicación del principio de la duda receptado en el art. 898 del C.A.. Finalmente ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque el fallo apelada, con costas.
III. La representación fiscal contesta el traslado a fs. 25/30. Realiza una negativa genérica de los hechos y el derecho invocados por la actora y efectúa una reseña de las actuaciones administrativas. Resalta que una de las características de la figura infraccional en trato es que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora, que debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido dentro del plazo otorgado. Explica que la importadora no ha podido probar sus dichos para respaldar los fundamentos de su recurso. Recuerda que quien presenta una solicitud de destinación suspensiva de importación contrae la obligación de reexportar la mercadería, asumiendo las consecuencias de orden tributario y penal aduanero que acarrea el incumplimiento. Insiste en la falta de presentación del CTC aplicable. Finalmente ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se rechace en su totalidad el planteo de la recurrente, confirmando íntegramente la resolución apelada, con costas.
IV. A fs. 32 se abre la causa a prueba, que obra agregada a fs. 39/46 y 48/50. A fs. 60 se cierra el periodo probatorio y se elevan se elevan las actuaciones a la Sala “G”. A fs. 64 se ponen las actuaciones a disposición de las partes para alegar, obrando el alegato de la actora a fs. 70/73. A fs. 75 se pasan los autos a sentencia, V.- A fs. 1 de la Actuación Nº 603098/2001 se agrega el Acta Denuncia formulada a Eaton I.C.S.A. (hoy Spicer Ejes Pesados S.A.) en relación al DIT N° 98 001 IT14 002348 Z por la presunta comisión de la infracción prevista en los arts. 970 y 972 del C.A.. A fs. 10 obra la carpeta del DIT en cuestión. A fs. 12 obra aforo de la mercadería y a fs. 13 obra liquidación de tributos. A fs. 16 el 04/11/2012 se dispone la apertura del sumario. A fs. 20 se agrega la carpeta de la Destinación de importación a consumo Nº 00 001 IC81 000167 G. A fs. 26 obra nuevo aforo y a fs. 28 nueva liquidación de tributos y multa. A fs. 34 el 07/05/2007 se corre vista de lo actuado. A fs. 53/54 contesta la vista conferida la firma importadora acompañando documentación en sobre de fs. 55. A fs. 80 se giran las actuaciones a la Sección Procedimientos Técnicos a fin de efectuar informe técnico, que contesta a fs. 81 mediante Nota Nº 1050/12 (PRTE), destacando que no se pudo realizar lo solicitado por no contar con la Solicitud de CTC correspondiente. A fs. 83 se intima a la firma importadora para que acompañe los CTC definitivos relacionados con el DIT cuestionado, intimación que no es cumplida por la firma denunciada. A fs. 93/95 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 7990/2012, apelada en autos.
Primera cuestión:
VI. En primer término cabe recordar que los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos de las partes, sino tan sólo aquellos que estimen pertinentes para decidir la cuestión planteada, ni tampoco ponderar todos los elementos y pruebas aportados al juicio, bastando los que considere conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos: 278:271; 291:390; 300:584, entre muchos otros).
Dicho lo que antecede, corresponde examinar si la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a estas cuestiones, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-
72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VII. Así las cosas, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado entre el 04/11/2002 (ver fs. 16 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del CA.
En efecto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2001– en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 10/04/2000- la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2005 (todo ello cfme. arts. 934, 935, 937, 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 07/11/2012 y notificada el 24/05/2013 cfme. constancias de fs. 98/98vta. de las act. adm.).
En adición a lo expuesto, cabe subrayar que el auto de corrida de vista de fs. 34 fue dictado el 07/05/2007, cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba ampliamente vencido.
En virtud de los motivos señalados, considero que corresponde declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos en relación al DIT Nº 98 001 IT14 002348 Z.
VIII. A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA REGISTRO DIT 17/04/1998
VENCIMIENTO DIT (prórroga) 10/04/2000 INICIO PRESCRIPCIÓN 01/01/2001 APERTURA SUMARIO fs. 16 (sin notificar) 04/11/2002 CORRIDA DE VISTA fs. 34 07/05/2007 RESOLUCIÓN APELADA 07/11/2012 NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN fs. 98 24/05/2007 Conforme queda evidenciado en el detalle realizado, transcurrieron más 10 de años entre el inicio del cómputo del plazo prescriptivo y la notificación de la resolución apelada sin que se advierta en el expte. adm. la existencia de algún acto previo al dictado de resolución apelada que, conforme la normativa aplicable, tenga efecto interruptivo ni suspensivo de la prescripción en los términos de los arts. 934, 935, 937, 803, 804 y 805 del C.A., ni razones que justifiquen la demora del servicio aduanero en el dictado de un pronunciamiento oportuno.
Segunda Cuestión:
IX. Sin perjuicio de lo expuesto en los apartados anteriores, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, corresponde analizar si en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
X. Ello sentado, corresponde señalar que mediante el D.I.T. Nº 98 001 IT14 002348 Z, la firma actora documentó la importación temporaria para transformación (Decreto 1439/96) de 1.269 unidades de retenes de la P.A. 8485.90.00.100L “Anillos de estanqueidad (reten)- Las demás PARTES DE MÁQUINAS O APARATOS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO, SIN CONEXIONES ELECTRICAS, PARTES AISLADAS ELECTRICAMENTE, BOBINADOS, CONTACTOS NI OTRAS CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS”. Para el Subitem Nº 1.1 se importaron 648 unidades modelo 122701 y para el Subitem Nº 1.2, 621 unidades del modelo 270021.
Surge de las actuaciones administrativas, que la Aduana formuló denuncia contra la firma Spicer Ejes Pesados S.A., por presunta comisión de la infracción prevista en los arts. 970 del C.A. en relación al D.I.T. antes mencionado. El servicio aduanero consideró que las reexportaciones indicadas por la actora no pueden tenerse por acreditadas por no contar con las Solicitudes de CTC ni CTC definitivo. Solo tuvo en cuenta la operación de Importación a Consumo Nº 00 001 IC81 000167 G, mediante la cual se nacionalizaron 459 unidades de la mercadería correspondiente a la P.A. 8485.90.00.100L (458 unidades correspondientes al Subitem 1.1 y 1 unidad correspondiente al Subitem 1.2). Quedando así un saldo de mercadería sin exportar de:
Subitem 1.1: 190 unidades (modelo 122701)
Subitem 1.2: 620 unidades (modelo 270021)
XI. Así las cosas, la cuestión en autos radica en determinar si, en el caso, se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto al saldo indicado de la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 98 001 IT14 002348 Z, de la firma Spicer Ejes Pesados S.A., registrada el 17/04/1998, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 10/04/2000.
XII. Cabe recordar entonces, que el artículo 250 del C.A. establece: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental que el régimen establece a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del lapso otorgado.
En cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva dentro de los cuales se encuentra comprendida la destinación de autos, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Es importante mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Asimismo, lo que esta expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
XIII. Previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
A respecto, tanto el Dec. 1439/96 como la Resolución M.E. y O.S.P. Nº 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaría de Industria, al establecer: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)”. (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96).
En virtud de estos arts. puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis.
XIV. Tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para generar cada unidad del producto que se reexporta.
Así las cosas, el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de certificado y el Nº de solicitud C.T.C., debe indicarse la P.A. del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A..
De ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A. que en él se detallan.
En síntesis, es en virtud de esos datos que surgen del certificado que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E..
En tales condiciones, existiendo un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
A mayor abundamiento, el art. 9, parrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. 1439/96) establece que: “La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen”.
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: “A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9º de la Resolución M.E y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaría cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9º, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio.”
XV. En consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del DIT bajo análisis. Cabe aclarar que para al análisis de la documentación, se cuenta con el original del DIT involucrado en autos (fs. 10 de las act. adm.) y con copias de los P.E. (excepto del P.E. Nº 00 001 EC03 002839 E) y CTC definitivo Nº 0117/03 (Solicitud Nº 061011467) obrante a fs. 8 de autos, cuya autenticidad fue corroborada mediante la prueba producida obrante a fs. 48/50.
En relación al Subitem 1.1: observo que en la descarga de los P.E. Nros. 00 001 EC03 001327 S, 00 001 EC03 003815 W y 00 001 EC032758 E, se indica la Solicitud de CTC Nº 061011467, siendo el CTC Nº 0117/03 el certificado definitivo otorgado a efectos del trámite, que fuera asimismo acompañado al momento del presente recurso de apelación. Surge de las copias acompañadas por la actora, obrantes en el sobre de fs. 55 de las actuaciones administrativas, que existe relación entre la mercadería importada y la exportada a través de los mismos (coincide la P.A. del producto exportado indicado en la relación insumoproducto del CTC definitivo y en la hoja de descarga, el número de modelo de la unidad (insumo), así como el DIT cuestionado en autos y el número de Solicitud de CTC). De acuerdo a ello, corresponde tener por exportadas en término 140 unidades de la mercadería en cuestión.
Respecto al P.E. Nº 00 001 EC03 002839 E, al no acompañarse copia del mismo, resulta imposible su análisis.
De acuerdo a lo indicado precedentemente, respecto al Subitem 1.1 existe un saldo de mercadería sin exportar correspondiente a 50 unidades del modelo (122701).
En relación al Subitem 1.2: surge de las copias acompañadas en el sobre de fs. 55 de las actuaciones administrativas, que el número de Solicitud de CTC indicado en la descarga de los P.E. Nros. 090661- 2/98, 090663-6/98, 094825-4/98, 092316-5/98, 091453-2/98, 091454-9/98 y 095609-9/98, no coincide con el número de la Solicitud de CTC acompañada en autos, por lo que no puede efectuarse la descarga de los mismos. Por lo que existe un saldo sin exportar, respecto a este Subitem, de 620 unidades (modelo 270021).
En definitiva, la cuestión tratada en el caso sub examine recae en analizar si el recaudo omitido es una exigencia sustancial al régimen aplicable o si, por el contrario, puede prescindirse de el para evitar incurrir en un rigorismo formal que desatienda la verdad jurídica objetiva. Frente a ello, observo que el C.T.C. no es una exigencia baladí, todo lo contrario, ya que coadyuva a que el responsable colabore activamente en el ejercicio de las funciones de contralor que le asisten al organismo aduanero. En virtud de ello, concluyo que existe un saldo de mercadería sin exportar de 50 unidades, en relación al Subitem 1.1, y de 620 unidades, respecto al Subitem 1.2.
XVI. En ese estado de cosas, corresponde señalar que, por la resolución apelada se intimó a la recurrente al pago de una suma en concepto de tributos, correspondientes a la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. Nº98 001 IT14 002348 Z que incluyó, entre otros conceptos, el Derecho Adicional, el I.V.A. Adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias (ver liquidación de fs. 28 de las act. adm.). Sentado lo que antecede, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF LATINOAMERICANA S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remite en lo pertinente a la causa “FRISHER S.R.L.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME N.º 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art. 970 del C.A. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto N.º 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
XVII. Asimismo, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XVIII. En consecuencia, por lo expuesto en los Considerandos XV, XVI y XVII, corresponde modificar la exigencia tributaria declarando que los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de $ 3.004,9 con más CER, en concepto de Derechos de Importación e I.V.A.. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista (notificación efectuada el 22/05/2007 según constancias de fs. 40 de las actuaciones administrativas), hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del C.A..
Subítem 1.1 50 unidades V.A. U$S 350,60 D.I. 15% 52,59 B. IVA 403,19 IVA 21% 84,66 Total 137,25 Subítem 1.2 620 unidades V.A. U$S 7.324,80 D.I. 15% 1.098,72 B. IVA 8.423,52 IVA 21% 1.768,93 Total 2.867,9 TOTAL (Subítems 1.1. y 1.2) $ 3.004,9 con más CER e intereses.
XIX. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA Nº 7990/12, en cuanto a la exigencia tributaria allí impuesta a la actora, reduciendo el importe de la misma, declarando que la actora adeuda la suma de U$S 3.004,9 con más CER y los intereses que resulten aplicables de acuerdo a lo establecido por el art. 794 del C.A.
XX. Respecto a la multa impuesta en el art. 1º de la Resolución DE PRLA Nº 7990/12, corresponde modificar el importe intimado tomando como base el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en infracción, declarando que la suma adeudada asciende a $ 3.004,9 (PESOS TRES MIL CUATRO CON NUEVE CENTAVOS).
Por todo ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 1º de la Resolución DE PRLA Nº 7990/12 dictada en el trámite de las Actuaciones Nº 12197-7775-2005, declarando que el monto adeudado en concepto de multa asciende a $ 3.004,9 (PESOS TRES MIL CUATRO CON NUEVE CENTAVOS).
2. Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA Nº 7990/12 dictada en el trámite de las Actuaciones Nº 12197-7775-2005, declarando que la deuda tributaria en concepto Derechos de Importación e I.V.A. adeudada, asciende a la suma de PESOS TRES MIL CUATRO CON NUEVE CENTAVOS ($ 3.004,9), con más CER y los intereses aplicables del art. 794 del C.A. que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista el 22/05/2000, hasta la fecha de su efectivo pago.
3. Revocar parcialmente la mencionada resolución, en relación a los rubros de Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4. Imponer las cosas conforme los vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 1º de la Resolución DE PRLA Nº 7990/12 dictada en el trámite de las Actuaciones Nº 12197-7775-2005, declarando que el monto adeudado en concepto de multa asciende a $ 3.004,9 (PESOS TRES MIL CUATRO CON NUEVE CENTAVOS).
2. Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA Nº 7990/12 dictada en el trámite de las Actuaciones Nº 12197-7775-2005, declarando que la deuda tributaria en concepto Derechos de Importación e I.V.A. adeudada, asciende a la suma de PESOS TRES MIL CUATRO CON NUEVE CENTAVOS ($ 3.004,9), con más CER y los intereses aplicables del art. 794 del C.A. que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista el 22/05/2000, hasta la fecha de su efectivo pago.
3. Revocar parcialmente la mencionada resolución, en relación a los rubros de Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4. Imponer las cosas conforme los vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.05.13 15:36:35 ART Date: 2024.05.14 11:16:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.14 13:16:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.14 13:16:28 -03:00
Fin de la sentencia