Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 33376-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar los pronunciamientos del Tribunal Fiscal del 6 de marzo de 2012 y del 14 de agosto de 2019.
2Establecer que el cómputo de la tasa de interés debe realizarse de conformidad con lo expuesto en el considerando VIII.
3Imponer las costas en los términos del considerando IX.
4Fijar los honorarios con el alcance del considerando X.
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6667/2021 SPIRAX SARCO SA (TF 33376-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 30 de junio de 2022.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
La jueza Clara María do Pico y el juez Rodolfo Eduardo Facio dijeron:
I. La firma Spirax Sarco S.A. interpuso demanda de repetición contra la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva en los términos del artículo 81 de la ley 11.683, con el objeto de obtener la devolución de la suma de $ 85.331,72, con más intereses y costas, que ingresó en concepto de intereses resarcitorios relativos al anticipo nº 1 del impuesto a las ganancias del período fiscal 2008 (ver fs. 225/241 del expediente en formato papel).
Expresó que los accesorios se devengaron porque la AFIP-DGI consideró que la compensación que la firma efectuó el 17 de junio de 2008 para abonar aquel anticipo no se ajustó a las disposiciones de las resoluciones generales que reglaban el procedimiento.
Relató que:
i. En el transcurso del mes de diciembre de 2008, en ocasión de solicitar un “Certificado Fiscal para Contratar”, personal de la AFIP-DGI le informó que la compañía registraba una deuda pues, a criterio de la administración, “la imputación de la compensación no se debería haber realizado integralmente con el saldo de libre disponibilidad acumulado en la declaración jurada de IVA de 04/2008, sino que la empresa tenía que imputar cada importe generado mes a mes”.
Le sugirieron que confeccionara nuevos formularios F. 798 (“Solicitud de Compensación-Imputación de Crédito”) según lo establecido por la resolución general n° 2406/2008 y su modificatoria n° 2463/2008. Esas resoluciones no le eran aplicables del modo en que ese órgano interpretó; la resolución n° 2463/2008 entró en vigencia con posterioridad a la compensación realizada.
ii. El 13 de enero de 2009 recibió una nota de la AFIP-DGI que le informaba que se encontraba inhabilitada para contratar, al registrar un incumplimiento por una compensación improcedente.
iii. A efectos de contar con el “Certificado Fiscal para Contratar”, se siguieron las instrucciones informales dadas por el personal de la parte demandada en cuanto a la adecuación de la presentación originaria y que, no obstante ello, la firma persistió en el sistema de la AFIP-DGI como deudora.
iv. El 26 de marzo de 2009 recibió una intimación de la AFIP-DGI que reclamaba el pago de los intereses resarcitorios devengados ––a causa de la errónea imputación de los saldos utilizados con los que compensó el anticipo de ganancias n°1, del ejercicio fiscal 2008––, y, por tanto, “a fin de evitar eventuales inconvenientes y daños y perjuicios”, canceló esa suma (de $ 85.331,72) y presentó una multinota en la que dejó asentado que el pago se efectuaba bajo protesto.
II. El Tribunal Fiscal de la Nación tomó las siguientes decisiones:
i. En la sentencia del 6 de marzo de 2012, rechazó la excepción de incompetencia planteada por la AFIP-DGI (ver fs. 285/287).
Para decidir así, consideró que el impedimento previsto en el último párrafo del artículo 76 de la ley 11.683 respecto de “las liquidaciones de actualizaciones e intereses cuando simultáneamente no se discuta la procedencia del gravamen” se refiere a la utilización de la vía recursiva allí tipificada, esto es, el recurso de apelación reglado en el inciso ‘b’ de esa norma. Agregó que esa prohibición no alcanza a supuestos como el del caso, en el que la firma contribuyente optó por dar cumplimiento a una intimación de pago por intereses resarcitorios y, posteriormente, interpuso “demanda de repetición ante este Tribunal, acción ésta a la que aquél artículo no hace referencia […]”.
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6667/2021 SPIRAX SARCO SA (TF 33376-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Expresó que la firma actora utilizó “una acción directa, regulada por el art. 81 de la citada ley y que resulta manifiestamente ajena al ámbito regulatorio en que opera el art. 76”, puesto que esa última norma “atañe a vías recursivas de naturaleza impugnatoria instituidas con el fin de cuestionar actos determinativos y sancionatorios […]”.
Sostuvo que el artículo 81 de la ley 11.683 no exhibe ninguna restricción que imposibilite la repetición de los accesorios cuando no se encuentra controvertida la procedencia del tributo, pues dicho reparo “está circunscripto, de modo excluyente, a los supuestos de apelación, y en definitiva, la pretensión expuesta en la presente causa no difiere de la que constituye el objeto de toda repetición, esto es la restitución de la suma abonada en concepto de intereses”.
Concluyó en que de conformidad con las disposiciones del artículo 159, inciso ‘c’, de la ley 11.683 era competente en materia de repeticiones de accesorios.
Añadió que tampoco podía acogerse la tesis fiscal que postulaba la improcedencia de la acción de repetición en los casos en que la obligación se haya cancelado mediante compensación, puesto que esa forma de pago tenía la misma validez y los mismos efectos que la cancelación con dinero en efectivo.
ii. En la sentencia del 14 de agosto de 2019, resolvió “[h]acer lugar a la repetición de la suma de $ 85.331,72 en concepto de intereses resarcitorios abonados improcedentemente, con más los intereses resarcitorios calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo (conf. artículo 179 de la ley 11.683), aplicando la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina”, con sustento en la doctrina plenaria establecida por ese tribunal en la causa “Dalmine Siderca SAIC”, con costas (ver fs. 312/479). Para decidir así:
a. Efectuó una reseña de las normas que consideró aplicables a la presente controversia, a saber: el artículo 24 de la ley de IVA, el artículo 28 de la ley 11.683, y las resoluciones generales nºs 2381/2007 (B.O. 21/12/2007) y 2406/2008 (B.O. 31/01/2008).
b. Precisó que las resoluciones generales citadas formaron parte “del proceso de informatización fiscal cuya evolución continúa hasta el día de la fecha” y que existió un “interregno transitorio con demoras en la entrada en vigencia del régimen”, lo que quedó expuesto en los considerandos de la Resolución General 2463/2008 (B.O. 27/06/08) al decir que “[…] se recibieron nuevos planteos sectoriales que aconsejan flexibilizar la entrada en vigencia del sistema y mantener su obligatoriedad para los contribuyentes y responsables de la jurisdicción de la Dirección de Operaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales, únicamente”.
c. Consideró, por tanto, que la controversia se suscitó durante “el período que podría llamarse ‘de prueba’ del nuevo sistema informático y las resoluciones que regulaban el procedimiento”.
d. Sostuvo que “si bien la resolución general 2381/2007 impedía al contribuyente trasladar de un período a otro los saldos de libre disponibilidad, la resolución que la sustituyó al mes siguiente (RG 2406/2008) dejó sin efecto la imposibilidad de trasladar los saldos de libre disponibilidad en las declaraciones juradas, de modo tal que, para las presentaciones a efectuar a partir de la entrada en vigencia de la nueva resolución (febrero de 2008), dichos saldos debían incluirse necesariamente en las mismas”.
e. Concluyó en que la compensación efectuada por la parte actora fue efectuada “de conformidad con las disposiciones procedimientales vigentes al momento de los hechos, por lo cual en modo alguno pudieron haberse generado los intereses resarcitorios intimados por el Fisco Nacional (fs. 29 ant. Adm.)”.
III. La AFIP-DGI recurrío ambas decisiones (ver las presentaciones de fs. 315 y fs. 317/323, y la réplica de fs. 350/361).
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6667/2021 SPIRAX SARCO SA (TF 33376-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO i. Con relación a la sentencia del 6 de marzo de 2012, sostuvo las siguientes críticas:
a. El artículo 81 de la ley 11.683 se refiere exclusivamente “a la repetición de tributos pagados a requerimiento o en forma espontánea” por tanto “[a]l no haberse apelado o encontrarse en discusión la obligación principal, NO está habilitada la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación”.
b. No hay afectación alguna al derecho de defensa de la firma actora puesto que “la incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación no impedía que el contribuyente recurriera en los términos del art. 74 de la ley 11.683, pudiendo esa decisión impugnarse por vía judicial (23 de la ley 19.549)”.
ii. Subsidiariamente, cuestionó el pronunciamiento del 14 de agosto de 2019 con sustento en que:
a. El pago del anticipo “para el Fisco quedó perfeccionado el 27/01/09, fecha en que [la parte actora] presentó la rectificativa Nº 1 en el IVA”.
b. La firma actora “inició el 17/6/2008 la compensación de diferentes impuestos, durante la vigencia de la Resolución General Nº 2406/2008”. Debió “haber detallado y exteriorizado los saldos en las declaraciones juradas respectivas de IVA, requisito que cumplió recién el 27/01/2009. La compensación contra otros impuestos, como sucedió en este caso, debía indicar cada uno de los períodos fiscales de origen y no el último en el que se consignó el saldo a favor acumulado”.
c. El artículo 13 de la resolución general nº 2406/2018 preveía que “…los contribuyentes y/o responsables que, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 8° de la Resolución General N° 2381, no hubieran trasladado sus saldos de libre disponibilidad de un período a otro en sus declaraciones juradas presentadas, podrán efectuar una nueva presentación rectificativa de las mismas”.
d. De reconocerse el derecho a la repetición, los intereses deben correr desde la fecha de interposición de la demanda ante el Tribunal Fiscal, dado que la firma actora no interpuso un reclamo previo en sede administrativa, y deben ser calculados según la tasa prevista en la resolución nº 314/2004 del Ministerio de Hacienda cuya inconstitucionalidad no fue planteada. e. En el caso de que se confirmen las sentencias apeladas, las costas deben ser distribuidas en el orden causado dado que pudo creerse en el derecho de actuar como lo hizo.
IV. El fiscal general tomó intervención y dictaminó en el sentido de la incompetencia del Tribunal Fiscal en materia de repeticiones de accesorios (ver el dictamen del 31 de mayo de 2021).
V. Corresponde, por razones lógicas, considerar inicialmente la competencia del Tribunal Fiscal para entender en este caso.
El artículo 81 de la ley 11.683 —norma que específicamente regula las pretensiones de repetición— no establece la restricción jurisdiccional que propicia la parte demanda.
La limitación contenida en el artículo 76, tercer párrafo, apartado 2, de esa ley respecto de “las liquidaciones de actualizaciones e intereses cuando simultáneamente no se discuta la procedencia del gravamen” refiere, —como dijo, en un sentido similar, el Tribunal Fiscal de la Nación—, a un supuesto de impugnación recursiva que es totalmente distinto a la acción de repetición promovida en esta causa.
Una solución diferente, que, además, soslaye el transcurso del tiempo, no se exhibe razonable.
En ese orden de ideas, cabe destacar que:
i. La causa se inició con el recurso interpuesto por la firma actora el 8 de octubre de 2009 ante el Tribunal Fiscal, mediante el cual demandó la repetición de la suma de $85.331,72, que ingresó en concepto de intereses resarcitorios.
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6667/2021 SPIRAX SARCO SA (TF 33376-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ii. El 06 de marzo de 2012 el Tribunal Fiscal resolvió rechazar la excepción de incompetencia planteada por la AFIP-DGI y prosiguió el trámite de la causa hasta el dictado de la sentencia definitiva del 14 de agosto de 2019, en la que resolvió hacer lugar a la demanda de repetición. De conformidad con el artículo 189 de la ley 11.683 —que dispone que “Si la sentencia decidiera cuestiones previas que no ponen fin al litigio, la posibilidad de apelarla quedará postergada hasta el momento de apelarse la sentencia definitiva”—, la AFIP-DGI interpuso y fundó su recurso de apelación, agraviándose del rechazo de la excepción de incompetencia y de la sentencia definitiva (fs. 315 y 317/323).
En este contexto, si se considerase y se admitiese el planteo sobre la incompetencia del Tribunal Fiscal en el estado procesal actual en que se encuentra la causa —es decir, después de un trámite de trece años en la sede de aquel tribunal, que culminó con un pronunciamiento definitivo que, además, se encuentra relacionada con un anticipo de otros tantos años de antigüedad—, se obligaría a la firma actora a recorrer toda una nueva instancia administrativa y judicial, tal como propone la parte demandada (artículo 74, decreto 1397/79; artículo 23, ley 19.549), con la consagración de un inadmisible supuesto de privación de justicia (esta sala, causas “Max Juda Creaciones S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, “Fundación Patagonia Natural c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo” y “Tropini y Salcedo S.A. (TF 37717-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo” pronunciamientos del 28 de junio de 2016, del 15 de septiembre de 2017 y 19 de agosto de 2021, respectivamente).
Como destacó esta sala en el precedente “Max Juda S.A.” citado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente que la garantía constitucional de defensa en juicio supone la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia (Fallos: 193:135, 315:940, 321:1839) y, con ello, obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo razonable (Fallos: 322:663, 324:1944, y, en similar sentido, 308:694, 315:1940, 322:3241, 323:747, 324:1710), razón por la cual el sometimiento del justiciable a un dilatado trámite originado de conflictos de competencia configura un supuesto de privación de justicia (Fallos: 193:135, 246:87, 306:1422, 308:2230, 310:1555, 312:1839, 315:2664, 318:1834, 319:3412, 321:602, 322:3271, 324:1710, 325:581).
VI. En el plano sustancial, el memorial de la AFIP-DGI no desarrolla una crítica concreta, razonada y suficiente que demuestre que el pronunciamiento apelado es incorrecto.
En efecto, el agravio reseñado en el considerando III.ii.c. —referente al artículo 13 de la resolución general nº 2406/2018— no hace más que reforzar el argumento central de la sentencia apelada: “si bien la resolución general 2381/2007 impedía al contribuyente trasladar de un período a otro los saldos de libre disponibilidad, la resolución que la sustituyó al mes siguiente (RG 2406/2008) dejó sin efecto la imposibilidad de trasladar los saldos de libre disponibilidad en las declaraciones juradas, de modo tal que, para las presentaciones a efectuar a partir de la entrada en vigencia de la nueva resolución (febrero de 2008), dichos saldos debían incluirse necesariamente en las mismas”.
El artículo 13 de la resolución general nº 2406/2008 permitió, durante su vigencia, el traslado de los saldos de libre disponibilidad de un período a otro, por lo que debe concluirse que cuando la firma contribuyente practicó dicho traslado produjo una novación en el saldo de libre disponibilidad (conf. art. 801 del Código Civil y art. 933 del Código Civil y Comercial). Desde esa perspectiva, el saldo de libre disponibilidad que la firma contribuyente consignó para el período fiscal 04/2008 de la declaración jurada de IVA (conf. fs. 12 de las actuaciones administrativas) constituía el saldo de origen para dicho período, y no existía ninguna necesidad de practicar un desagregado en relación a su composición.
Por tanto, la compensación practicada por el contribuyente ––que tomó el saldo de libre disponibilidad de la declaración jurada de IVA CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 6667/2021 SPIRAX SARCO SA (TF 33376-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO período fiscal 04/2008–– se ajustó a la normativa imperante al momento de los hechos (ver fs. 6 y 8 de las actuaciones administrativas).
VII. No influye en esa conclusión la circunstancia de que el artículo 4, cuarto párrafo, de la resolución general 2463/2008 (B.O. 27/6/2008) haya establecido que “[l]os saldos acreedores serán identificados como de libre disponibilidad o de disponibilidad restringida, los cuales se mantendrán en el período en el que se hubieren generado”, puesto que la vigencia temporal de esa norma fue posterior a la fecha en que la firma actora practicó la compensación.
Consiguientemente, corresponde desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada.
VIII. Relativamente a los intereses aplicables sobre las sumas a restituir, teniendo en cuenta la fecha de interposición de la demanda ante el Tribunal Fiscal (8 de octubre de 2009), su cálculo debe ser efectuado de conformidad con la tasa prevista en la resolución n° 314/2004 del Ministerio de Hacienda —reglamentaria del artículo 179 de la ley 11.683—, según su vigencia temporal (artículo 10, de la resolución nº 598/2019), los que deben computarse desde la fecha aludida, pues asiste razón a la parte demandada en que no existió un reclamo previo.
IX. En lo que atañe a la forma en que el Tribunal Fiscal de la Nación impuso las costas, debe recordarse que si bien en el artículo 184 de la ley 11.683 se establece como principio general el criterio objetivo de la derrota, inmediatamente después, faculta a la sala respectiva a “eximir total o parcialmente de responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad”.
Contrariamente a lo que sostiene la parte demandada, no existen razones suficientes para apartarse del principio objetivo de la derrota, puesto que resultó sustancialmente vencida.
Por esos motivos, las costas de esta instancia también se imponen a la parte demandad.
X. Respecto de los recursos de apelación interpuestos a fs. 330 (por “altos”) y a fs. 333 (por “bajos”) contra la regulación de honorarios contenida en la resolución de fs. 328 (y su aclaratoria de fs. 338), en función de la naturaleza del proceso, su monto —para el que cabe tomar las sumas objeto de cuestionamiento ante el Tribunal Fiscal–– ponderando el mérito, la etapa procesal cumplida y la extensión de la labor desarrollada a luz del resultado obtenido, corresponde:
i. ELEVAR los honorarios en la suma de VEINTISIETE MIL PESOS ($27.000) a favor del Dr. Horacio Tomás Azar por su actuación como letrado patrocinante de la parte actora en la instancia anterior (artículos 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás concordantes de la ley 21.839).
ii. FIJAR en 1 UMA —equivalente a la suma de $9.001, según los valores establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la acordada nº 12/2022—, los honorarios a favor del mencionado profesional por su actuación ante esta alzada (arículo 30 y demás concordantes de la ley 27.423).
En mérito de las razones expuestas, VOTAMOS por: 1. Confirmar los pronunciamientos del Tribunal Fiscal del 6 de marzo de 2012 y del 14 de agosto de 2019. 2. Establecer que el cómputo de la tasa de interés debe realizarse de conformidad con lo expuesto en el considerando VIII. 3. Imponer las costas en los términos del considerando IX. 4. Fijar los honorarios con el alcance del considerando X.
La jueza Liliana María Heiland dijo:
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6667/2021 SPIRAX SARCO SA (TF 33376-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO I.- Que adhiere al relato de los hechos efectuados en los cons. I a IV, inclusive.
II. Que desde esa óptica importa tener presente que, la AFIP recurre aquí dos pronunciamientos del Tribunal Fiscal de la Nación (en adte. TF). El primero (del 6/3/12), en tanto rechazó la excepción de incompetencia por ella oportunamente opuesta. El segundo, en subsidio y por el fondo (del 14/8/19), donde el TF hizo lugar a la repetición de intereses resarcitorios por la actora pretendidos.
III. En tales condiciones, la cuestión de competencia planteada encuentra adecuado tratamiento en lo dictaminado por el Ministerio Público, por lo que a sus consideraciones y conclusión cabe remitir, por razones de brevedad.
IV. Más aún, si se tienen en cuenta dos importantes aspectos que no han sido aquí motivo de controversia y que concurren a decidir la incompetencia del TF, en favor de la postura del Fisco.
a) El primero, atañe a la oportunidad temporal de la apelación en análisis. La que cumple con el expreso mandato legal previsto en el art. 189 de la ley 11.683, con arreglo al cual se posterga, hasta la oportunidad de apelarse la sentencia definitiva, la posibilidad de apelar las decisiones del TF que deciden cuestiones previas, que no ponen fin al litigio. Cual es, en el caso, la habilitación de la competencia de dicho Tribunal.
b) El segundo, asienta en el objeto de la pretensión de fondo de Spirax Sarco SA; el que, como se vio, consistió en una repetición de intereses. Los que pagó a raíz de la intimación de la AFIP por no haber efectuado correctamente la compensación del saldo de libre disponibilidad de IVA, con el primer anticipo del impuesto a las ganancias (período fiscal 2008). Concepto donde no se discute la imposición y/o el pago del tributo y que, por expresa disposiciones contenidas en la ley 11.683, es ajeno a la competencia del TF. En efecto:
i.- El art. 81 de la referida ley, prevé que la acción de repetición de tributos y sus accesorios abonados en más, procede por pago espontáneo o a requerimiento.
El pago espontáneo, exige la previa interposición de reclamo administrativo ante la AFIP; con impugnación contra la denegatoria, por vía del recurso de reconsideración previsto en el art. 76, u optando por interponer demanda contenciosa ante la justicia de primera instancia. La repetición del pago a requerimiento cierto o presuntivo, en cambio, no exige el reclamo previo y otorga la posibilidad de plantear “…demanda ante el TF o ante la Justicia Nacional.”
ii.- Para lo que ahora importa, el art. 76, en su primer párrafo, dispone que contra “…las resoluciones que impongan sanciones o determinen los tributos y accesorios en forma cierta o presuntiva, o se dicten en reclamos por repetición de tributos en los casos autorizados por el artículo 81, los infractores o responsables podrán interponer -a su opción- dentro de los quince (15) días de notificados, los siguientes recursos: …b) Recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal de la Nación competente, cuando fuere viable.”
Esto es, si bien lo prevé la apelación por ante el TF, aclara que solamente para los supuestos en que éste último recurso (el del inciso b)), sea viable. Precisando, a continuación, que el “…recurso del inciso b) no será procedente respecto de: …”, supuestos de hecho como los que sustentan el caso de autos, cual es el contemplado en el punto 2: “… liquidaciones de actualizaciones e intereses cuando simultáneamente no se discuta la procedencia del gravamen…”.
iii. A su vez, el art. 159, prescribe que el TF es competente para intervenir:
(…) inc. c): “De los recursos de apelación contra las resoluciones denegatorias de las reclamaciones por repetición de tributos, formuladas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 6667/2021 SPIRAX SARCO SA (TF 33376-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ante la AFIP, y de las demandas por repetición que, por las mismas materias, se entablen directamente ante el Tribunal Fiscal de la Nación”. En suma, el recurso del art. 76, inc. b) de la ley 11.683 es improcedente respecto de las liquidaciones de anticipos y sus intereses cuando simultáneamente no se discuta la procedencia del gravamen, que es precisamente el caso.
Ello así, ya que la firma actora no cuestiona la obligación sustantiva, sino que se agravia de los términos del pago por compensación. Materia también ajena a la competencia de ese Tribunal, motivo por el que, en su caso, contaba con el recurso de apelación del art. 74 del dec. regl. 1397/79 (doct. esta Sala I –en anterior integración- en autos “Lácteos Longchamps S.A. (T.F. 18.672-I) c/DGI”, de fecha 7/9/09).
Sin que se invoque ni advierta razón alguna, para que el TF ejerza su rol técnico jurisdiccional que llevó a su creación (ley 15.265), pues no existe aquí discusión sobre la causa o la cuantificación de la obligación tributaria que dio lugar a los intereses, y que ahora pretende repetir.
La competencia no es un marco referencial externo al órgano, sino una condición esencial de validez de su actuación, de modo que la vulneración de los límites normativos que rigen la asignación de conocimiento en las materias que las normas determinan, conlleva a la invalidez del pronunciamiento emitido (art. 7 inc. a) y 14 inc b) LNPA).
V. Atento al modo en el que se decide no corresponde expedirse en relación a la cuestión de fondo aquí debatida que, en subsidio, también plantea el Fisco en su expresión de agravios.
VI. Por lo expuesto, VOTO por hacer lugar al recurso interpuesto por la AFIP, con costas por su orden, con motivo de las especiales circunstancias del caso y la forma en que se decide (conf. art. 68, segunda parte, del CPCCN).
En virtud del resultado que informa el acuerdo, por mayoría, el tribunal RESUELVE: 1. Confirmar los pronunciamientos del Tribunal Fiscal del 6 de marzo de 2012 y del 14 de agosto de 2019. 2. Establecer que el cómputo de la tasa de interés debe realizarse de conformidad con lo expuesto en el considerando VIII. 3. Imponer las costas en los términos del considerando IX. 4. Fijar los honorarios con el alcance del considerando X. Regístrese, notifíquese a las partes y al fiscal general —vía correo electrónico institucional— y, oportúnamente, remítase al Tribunal Fiscal. Clara María do Pico Liliana María Heiland (en disidencia)
Rodolfo Eduardo Facio
Fin de la sentencia