Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2654/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación e inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada en PE1783661-2025 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1879695-2025.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2654/25-TSJ Interlocutorio N°: 3885 Actor: SPORTELLI ALEJANDRO Demandada: CAJA DE SERVICIOS SOCIALES DE SANTA CRUZ Objeto: AMPARO Fecha: 18-08-2025 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3885 FOLIO Nº 7170/7172 PROT. ELECT. TSS1 036 I.251
Río Gallegos, 18 de agosto de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “SPORTELLI ALEJANDRO c/ CAJA DE SERVICIOS SOCIALES DE SANTA CRUZ s/ AMPARO”, Expte. Nº S-31.451/24 (S-2654/25-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llega la presente causa a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación e inconstitucionalidad interpuesto por la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz, por intermedio de su letrada apoderada Dra. Pamela Díaz en PE1783661-2025, contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial y su aclaratoria, que hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocó la sentencia de grado, ordenó a la demandada la cobertura del medicamento Mesalazina (Pentasa 2 grs.) en el 100% de su valor, e impuso las costas a la accionada vencida (cfr. PE1758139-2025 y PE1788383-2025).- A su turno, la sentencia de Primera Instancia había rechazado la acción de amparo articulada, imponiendo las costas en el orden causado (cfr. PE1680709-2024).-
II. Contra esa decisión la parte demandada interpone recurso de casación e inconstitucionalidad en los términos de los artículos 2°, 3ºinciso a) y 19° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafos 2º y3° del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto denuncia quebrantamiento de formas y violación o errónea aplicación de la ley; acusando también que la resolución atacada se encontraría teñida de arbitrariedad e inconstitucionalidad (cfr. PE1783661-2025, págs.1/2 y 5).- En su primer agravio, la recurrente postula que: “…el Sr. Sportelli reclama la cobertura de la medicación Mesalazina mientras que la Alzada ordena el fármaco Liraglutida (Vizcoza), lo que conlleva a la violación de la normativa y una condena hasta injusta para mi representado […] la Ley N° 26.689 de Enfermedades Pocos Frecuentes, que, si bien la patología que presenta la parte actora ‘Colitis ulcerosa’ se encuentra encuadrada en dicha ley, situación que nunca fue desconocida por CSS, ahora bien el conflicto se plantea en el alcance de cobertura del medicamento.” (cfr. PE y pdf cits.,págs.2/3).- Agrega que: “…es la propia ley 26.689 establece en su art. 1° el cuidado integral de las personas con EPF, pero de ninguna manera dicha integralidad debe ser considerada como un 100% de lo requerido, teniendo en cuenta este último porcentaje como un elemento cuantitativo, que va más allá del espíritu de la ley […] mediante Resolución 27/2022 del Ministerio de Salud determina…El monto fijo a cubrir para los medicamentos que contengan los principios activos que se aprueban, se establece en el setenta por ciento (70 %) del precio de referencia, que deberá ser calculado de conformidad con la metodología establecida a tal fin…dicha resolución adjunta listado de principios activos que quedarían comprendidos, entre los cuales, en el orden 57 se encuentra incluido la Mesalazina.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 3/5).- Concluye su embate señalando que la Cámara resolvió sin haber valorado correctamente la documental agregada en la causa, ya que otorgó al actor la cobertura del medicamento sobrepasando el porcentaje fijado en la norma (cfr. PE y pdf cits., pág.5).-
Asimismo, dice que: “…existe falta de motivación en la sentencia recurrida, ya que no se razona sobre los elementos alegados y las pruebas efectivamente producidas en la causa […] en ningún momento, la Cámara realiza el análisis de la resoluciones mencionadas, solo se limita a conceptualizar las enfermedades poco frecuentes y a afirmar que la medicación indicada es acorde al tratamiento médico y de esa manera, condena a CSS a cubrir el 100% del medicamento […] el accionar de mi representada en ningún momento niega o desconoce la normativa aplicable al caso, al contrario se ajusta a la mismas (sic), por lo que condenarla a cumplir a la cobertura del medicamento al 100% resulta a todas las luces arbitraria.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 5 y 7).- La Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación en PE1879695-2025.-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE1129158-2025.-
III. Ahora bien, debemos, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Excmo. Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670, entre otros).-
A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva examinada no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. En cuanto a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada, cabe recordar que para que resulte procedente se debe demostrar la existencia de un defecto de apreciación legal con relación a los hechos y pruebas de la causa, y en la aplicación legal de un encuadre erróneo; esto es, que el embate de la recurrente debe dirigirse a la actividad de juzgamiento de la Cámara en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación de las normas cuya violación pretende (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 574, Folio 3266/3273).- Así, resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr.
TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3440, Folio 5819/5823), lo que tampoco se ha puesto de manifiesto.- La casacionista, en definitiva, disiente con la solución jurídica arribada por la Cámara en cuanto al porcentaje de cobertura otorgado, empero el criterio de la Alzada se enrola en una distinguida corriente jurisprudencial que ha considerado que: “…las enfermedades incorporadas en el punto 7 del art. 2 de la resolución 310/2004, en que coinciden en integrar políticas públicas que requieren de obligaciones reforzadas del Estado -lepra (ley 22.964), oncología (ley 23.611), discapacidad (ley 24.901)-, también están alcanzadas por leyes especiales (art. 12, Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales), y responden a factores socioeconómicos que requieren de la promoción de condiciones que permitan a las personas llevar una vida sana (v. mi voto en Ac. 98.209, sent. del 18-XI-2008; v. la ley 26.689).
Es por ello que aunque expresamente no se haya indicado la incorporación en una disposición posterior con cobertura del 100% de la droga, el alto impacto de las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, interpretados de modo coherente con todo el ordenamiento, no permiten otra salida legal que hacer extensiva esa cobertura en su totalidad (art. 16, C.C.).” (cfr. SCBA, autos: “A., A. A. c/ Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica s/ Amparo”, Causa 119.134, 19/02/2015).- Por las consideraciones hasta aquí realizadas, el agravio intentado no tendrá favorable recepción.-
V. Tampoco son de recibo las argumentaciones relativas al quebrantamiento de forma alegado.-
Este Alto Cuerpo ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma en casos de falta total de fundamentación de una sentencia, ausencia de mayoría de opiniones concordante (cfr. Sentencia, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238), incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomo III, Reg. 90, Folio 404/408), o autocontradicción entre los considerandos y lo que se decide en la sentencia (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).- En el caso bajo juzgamiento, la casacionista no logra evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el acto sentencial. Más aún, la simple lectura de la pieza recursiva denota de forma prístina la ausencia de una crítica certera tendiente a demostrar la infracción a alguna de las reglas básicas del razonamiento por parte de la Cámara.-
VI. Idéntica suerte adversa seguirá la denuncia de arbitrariedad realizada por la casacionista, en tanto y en cuanto ésta se limita a mencionar la existencia del vicio sin efectuar un desarrollo argumental que intente demostrar que la sentencia recurrida sea arbitraria, es decir, aquellas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso -cfr. Germán J. Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441- (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIX, Reg. 629, Folio 3621/3625).- Su discurrir se dirige a contradecir los argumentos expuestos en la sentencia impugnada, partiendo de un punto de vista diferente, que cuestiona el criterio sustentado respecto de la valoración y ponderación de las circunstancias que llevaron a la Alzada a decidir en un sentido distinto del pretendido, y desde este particular cuadrante, no refuta todas y cada una de las razones desplegadas en el pronunciamiento objetado, incumpliendo con el requisito formal de adecuada fundamentación.- La decisión que adoptó la Cámara de Apelaciones, no resulta, en principio, revisable ante esta instancia, al haber fundado debidamente su posición, sin encontrarse ésta desprovista de fundamentos, más allá de la discrepancia que pudiera tener la parte recurrente con la postura asumida por la Alzada.-
VII. En relación al recurso de inconstitucionalidad deducido, amén de su nula fundamentación, debemos recordar que este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…habiéndose planteado el recurso de inconstitucionalidad en forma conjunta con el de casación, sin desarrollarse argumentos sustanciales distintivos y autónomos, surge como adecuado resguardo jurisdiccional de los planteos de la recurrente, la evaluación a través de la casación, atento la inexistente fundamentación autónoma del remedio procesal intentado por el carril del artículo 19 de la ley 1.687.” (cfr. Sentencia, Tomo XIV, Reg. 495, Folio 2711/2719).-
VIII. En virtud de lo expuesto, el recurso de casación e inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada en PE1783661-2025, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1879695-2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación e inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada en PE1783661-2025 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1879695-2025.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1036I.251 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3885 Folio N°: 7170/7172 Secretaría: 1
Fin de la sentencia