Abriendo la norma
TOMO: CXXV REGISTRO: 004 FOLIO: 076/112
Caleta Olivia, 21 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “SR. AGENTE FISCAL S/REQUIERE INSTRUCCIÓN (B. M. V., M. V.)” Expte. Nº 41.816/26, N° de Juzgado de Recursos 8505/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 268/270, el Sr. Juez de Instrucción, rechaza el pedido efectuado por la Sra. B. M. V. de ser tenida como querellante particular, por sí o en representación de su hijo menor de edad M.S.B.B. Contra dicha resolución la Sra. B. M. V. con el patrocinio letrado de las doctoras Manuela Ponz y Pamela Pérez, interponen recurso de apelación a fs. 281/283, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 287. En esta instancia es mantenido a fs. 295 por el la pretensa querellante, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la pretensa querellante se agravia sosteniendo que la resolución recurrida incurre en un error sustancial al concluir que el niño M. S. B. B. no reviste la calidad de víctima directa de los hechos denunciados.
Precisamente, la denuncia formulada se sustenta en que las conductas atribuidas a las funcionarias denunciadas habrían producido consecuencias concretas, directas y actuales sobre los derechos fundamentales del niño, afectando su integridad psíquica, su derecho a ser oído, su derecho a mantener vínculos familiares sanos, su estabilidad emocional y su centro de vida.
Resulta contradictorio afirmar que no existe afectación concreta a sus derechos cuando la propia resolución reconoce que los hechos denunciados se encuentran vinculados con decisiones relativas al cuidado personal, restitución, centro de vida y modalidad de vinculación familiar del niño. Es decir, la resolución admite que los hechos denunciados recaen directamente sobre aspectos esenciales de la vida del niño, pero simultáneamente concluye que no existe afectación alguna sobre sus derechos, arribando así a una conclusión incompatible con sus propias premisas.
Expresan que la interpretación efectuada desconoce que la noción de víctima debe analizarse a la luz de los estándares convencionales vigentes, especialmente cuando se encuentran involucrados niños, niñas y adolescentes; que la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional conforme el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, impone a todos los órganos del Estado la obligación de adoptar medidas que aseguren la protección efectiva de los derechos de la infancia. Asimismo, la Ley Nacional N° 26.061 reconoce expresamente el derecho de los niños a acceder a la justicia y a obtener tutela judicial efectiva cuando sus derechos se encuentren amenazados o vulnerados.
Señalan que, la resolución recurrida omite completamente efectuar cualquier análisis desde el paradigma de protección integral, limitándose a una interpretación formal y restrictiva propia de concepciones ya superadas por la normativa nacional e internacional vigente.
Dice que la afectación denunciada no resulta hipotética ni abstracta; que, por el contrario, se refiere a actos concretos atribuidos a funcionarias públicas que habrían incidido directamente sobre la situación personal del niño, determinando medidas respecto de su residencia, sus vínculos familiares y su entorno de vida, todo ello en presunto desconocimiento de sus derechos y garantías fundamentales.
En virtud a ello manifiestan que, resulta arbitrario sostener que el niño carece de la calidad de particularmente ofendido cuando precisamente es la persona sobre cuya esfera jurídica habrían recaído los efectos de las conductas denunciadas.
Por otra parte, dicen que, la resolución tampoco brinda fundamentos suficientes que permitan comprender por qué razón tales circunstancias no constituirían una afectación directa a derechos del menor. Se limita a formular afirmaciones dogmáticas sin analizar los hechos concretamente denunciados, sin ponderar la documentación acompañada, sin valorar la incidencia que las decisiones cuestionadas habrían tenido sobre la vida del niño y sin explicar por qué los derechos invocados no resultarían alcanzados por las conductas investigadas; que tal déficit argumental configura un supuesto de arbitrariedad que afecta las garantías de debido proceso y tutela judicial efectiva.
Sostienen que, la resolución se aparta incluso del criterio sostenido por el Ministerio Público Fiscal, quien expresamente había dictaminado a favor de reconocer la legitimación de M.S.B.B. víctima y querellante particular, por considerar que los hechos denunciados trascenderían una mera afectación al funcionamiento de la Administración Pública y se proyectarían sobre derechos fundamentales del niño. Si bien el magistrado no se encuentra obligado a seguir el dictamen fiscal, sí debe brindar fundamentos suficientes cuando decide apartarse de él, circunstancia que no ocurre en el caso.
Manifiesta que la resolución recurrida afirma dogmáticamente que el niño no reviste la calidad de sujeto pasivo directo de los hechos investigados y que no existe una afectación concreta a sus derechos, pero que tal conclusión prescinde absolutamente del contenido mismo de la querella promovida por esa parte, limitándose a formular afirmaciones genéricas sin analizar los hechos concretos denunciados. En efecto, al promover la constitución como querellante se denunció que las conductas atribuidas a las funcionarias investigadas habrían incidido directamente sobre derechos fundamentales del niño, entre ellos su integridad psíquica y emocional, su derecho a ser oído, su derecho a la protección integral, su derecho a mantener vínculos familiares saludables, su derecho a vivir libre de violencia institucional y su derecho a que toda decisión estatal sea adoptada conforme a su interés superior.
Señalan que, las funcionarias contaban con informes psicológicos que advertían sintomatología ansiosa, temor, hipervigilancia y afectación emocional significativa; que fueron anoticiadas reiteradamente de la situación de vulnerabilidad económica y habitacional atravesada por el niño y su progenitora; que se ejecutaron medidas compulsivas sin dispositivos adecuados de contención emocional; que se omitieron intervenciones interdisciplinarias protectorias; que se restringió abruptamente el vínculo materno filial; y que se alteró materialmente el centro de vida del niño pese a las manifestaciones efectuadas por éste. Nada de ello fue analizado en la resolución recurrida.
Continúan diciendo que, el magistrado se limita a sostener que los hechos remiten a cuestiones vinculadas con las responsabilidades parentales y el cuidado personal, pero omite explicar por qué razón la presunta afectación de la integridad emocional de un niño, la alegada vulneración de su derecho a ser oído y la denunciada omisión de medidas de protección integral no constituirían una lesión directa a sus derechos fundamentales.
Sin embargo, luego concluye que el menor no reviste calidad de víctima ni presenta afectación concreta de derechos. Tal razonamiento resulta internamente contradictorio.
Dicen que, si los hechos denunciados consisten precisamente en actos y omisiones estatales que habrían determinado dónde vive el niño, con quién convive, cómo se vincula con su madre, de qué manera fue escuchado por los organismos intervinientes y bajo qué condiciones fue ejecutada su restitución, resulta jurídicamente insostenible afirmar simultáneamente que tales hechos no tendrían incidencia directa sobre su esfera de derechos. La contradicción expuesta revela una fundamentación aparente e insuficiente que descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, y puede ser interpretado como un adelanto de opinión respecto del fin de esta causa, porque, si no observa indicadores de afectación de derechos fundamentales del niño, ¿de qué sirve continuar con las presentes actuaciones?
Expresan que, la resolución confunde indebidamente los requisitos de admisibilidad de la querella con el juicio de certeza propio de la sentencia definitiva. Para constituirse como querellante no corresponde exigir la acreditación acabada de la lesión denunciada, sino únicamente la existencia de una relación razonable entre los hechos investigados y la afectación invocada.Al exigir la demostración definitiva de que los derechos del niño fueron efectivamente vulnerados, el magistrado adelanta indebidamente una valoración propia de etapas posteriores del proceso, transformando el análisis de legitimación en un juicio anticipado sobre el mérito de la denuncia.
Hacen reserva del caso federal.
III.-En base a los agravios efectuados, corresponde ingresar en el análisis del presente expediente.
Para ello, es necesario establecer, tanto los supuestos de procedencia de la querella, como sí el alcance de su actuación.
En este sentido, en los autos caratulados: "M., C. R. S/ DENUNCIA" EXPTE. Nº 63046/25, N° de Juzgado de Recursos 8489/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que:
“Establecido ello, corresponde ingresar al análisis de la resolución apelada en función de los agravios del recurrente. En base a los agravios expresados, cabe señalar que el análisis de la legitimación como parte querellante y su carácter de víctima, debe partir de la valoración del bien jurídico tutelado por las figuras delictivas en las cuales subsumen los eventuales hechos punibles, teniendo en cuenta la existencia, real y concreta, de la afectación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. La ofensa regulada en la ordenanza procesal, que legitima activamente la participación del querellante, implica una afectación concreta a un derecho subjetivo o un interés legítimo de la víctima, directa o indirectamente, apreciable lógicamente por cualquier persona.
En los autos caratulados: “V., L. C. S/ Dcia. infracc. art. 119 C.P.” Expte. Nº 34469/23, N° de Juzgado de Recursos 7245/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que: "Tal como lo expone el antecedente del Excmo. Tribunal Superior de Justicia citado, el art. 75 del C.P.P. establece: “Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de los que dan lugar a la acción pública, tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como tal, impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que este Código establezca. Cuando se tratare de un incapaz, actuará por él, su representante legal.
Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido, podrán ejercer este derecho las siguientes personas: el cónyuge supérstite, sus herederos forzosos, la persona que haya convivido en aparente matrimonio con la víctima del delito, conforme lo determinan las normas provisionales vigentes, los parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive o su último representante legal. Si el querellante particular, conforme lo determine el Art. 15 del presente ordenamiento se constituyera a la vez en actor civil, podrá hacerlo en un solo acto, observando los requisitos para ambos institutos”. Tanto el fallo citado como la norma procesal transcripta, son contestes con la ley de DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS Nro. 27372, que establece el mismo orden en el artículo 2 de la misma, al sostener textualmente que: ”Se considera víctima: a) A la persona ofendida directamente por el delito; b) Al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos.“ Dicha norma establece una serie de derechos que impactan y complementan los derechos de una persona víctima de un delito, o los familiares de ésta cuando la misma hubiera fallecido o hubiere sufrido una afectación física o psíquica que le impida ejercer por si sus derechos.
Como señale, esta norma no desplaza a las que rigen en los códigos procesales penales de cada jurisdicción, sino que complementan los derechos que los mismos regulan, ello, allende su presentación en autos como parte. Ahora bien, como señale supra, los derechos regulados en la ley 27.372 complementan los regulados en el código Procesal penal, pero para ser tenido como parte querellante, las normas que rigen su regulación son las establecidas en cada ordenanza procesal. Ello no implica que los derechos regulados en la ley de víctimas no sean operativos, muy por el contrario, lo son, pero debe distinguirse entre la calidad de víctima y el ejercicio de derechos y garantías establecidas en la ley 27.372 con la de la parte querellante, que demanda, previo a su actuación en una causa, su constitución como tal.
Tan es así, que el derecho a constituirse como parte querellante, es sólo un derecho más que establece la ley 23.732, entre otros varios, en el artículo 5 inciso h) que obviamente está subordinado al cumplimiento de las normas de cada código procesal penal. Establece textualmente el art. 5 inc. h) de la ley 27.372: “A intervenir como querellante o actor civil en el procedimiento penal, conforme a lo establecido por la garantía constitucional del debido proceso y las leyes de procedimiento locales;”. (La negrita y subrayado es de mi autoría). - Sin perjuicio de ello, el concepto de víctima establecido por el artículo 2 de la ley 27.372, guarda identidad conceptual e ideológica, dicho esto en cuanto a su alcance dogmático, con el exigido en nuestro código de rito para ser querellante (art. 75 del CPP. supra citado textualmente).
En autos, los delitos denunciados se encuentran contemplados en el título XI del código penal, es decir los delitos contra la Administración Pública. Respecto del bien jurídico tutelado en los delitos contra la administración pública, la dogmática ha señalado, sobre el particular, que: “Bajo la denominación común de "administración pública", el Cód. Penal agrupa en el Título XI un importante número de infracciones que, en su gran mayoría, están orientadas a evitar que ciertos hechos, frecuentemente llevados a cabo por personas vinculadas, directa o indirectamente, a sectores de poder político o económico en la órbita de la administración, puedan alterar la normalidad o regularidad funcional o el prestigio del Estado frente a las expectativas de los ciudadanos.
Este conjunto heterogéneo de infracciones constituye, en general, tipos especiales de injusto, por cuanto, mayormente, son cometidos por los titulares de la función pública, sujetos activos del delito. En estos supuestos, la calidad de funcionario público constituye un elemento del tipo objetivo que integra el injusto típico. Pero, sin perjuicio de la cualificación especial que la ley exige para determinados sujetos y para determinados delitos, no todas las infracciones previstas en el Título XI deben necesariamente ser cometidas por autoridades o funcionarios públicos, ni que estos no puedan cometer otros delitos no previstos en dicho Título, pero sí en otras partes del Cód. Penal, pero que tienen relación con la función administrativa del Estado.
Excepcionalmente, entonces, el Cód. Penal ha previsto algunas disposiciones que, por la propia dinámica del tipo, son de titularidad indiferenciada, esto es, que no requieren un autor cualificado, sino que los delitos pueden ser cometidos también por particulares (por ej., cohecho, tráfico de influencias, etcétera). La designación genérica empleada por la rúbrica del Título XI no hace referencia a un bien jurídico determinado sino solo de una manera mediata, razón por la cual se torna necesario que, en cada caso en concreto, se deba especificar el contenido del bien jurídico tutelado por cada infracción. La determinación del bien jurídico tutelado en estos delitos no es una cuestión, desde luego, que esté exenta de dificultades, toda vez que el problema no reside básicamente en precisar el concepto "administración pública" que describe la rúbrica del Título, sino en la necesidad de concretar el contenido y alcance del mismo.
Además de esto, también se torna importante verificar si resulta suficiente con afirmar que estamos ante un bien jurídico común a todos los preceptos que componen el Título o si, por el contrario, no hay un bien jurídico común referente a todos ellos y lo que debe hacerse es determinar, en cada caso en particular, cuál es el objeto de protección penal, vale decir, indagar en cada figura en particular para concretar el bien jurídico que la ley penal protege… La objetividad jurídica de estos delitos no es, ciertamente, la administración pública per se, en sí misma considerada, por cuanto ello importaría inscribirse en una visión autoritaria del bien jurídico, desprovista de los más básicos elementos democráticos que deben ser puestos al servicio de los intereses de los ciudadanos.
La administración pública debe conducir su actividad hacia el ciudadano, sirviéndolo, mirando y atendiendo sus necesidades, y no al revés. Un Estado que solo apunta su actividad hacia el propio funcionario, protegiéndolo de toda vinculación con el ciudadano común y alejándolo de la realidad que este vive todos los días –considerándolo solo como un mero elector–, no significa otra cosa que establecer encubiertamente un estado de impunidad para sus miembros, en cualquiera de sus esferas. Es por esto que la política (o la mala política, que es la verdadera pandemia que padecemos desde hace décadas en este país) no debe invadir ni contaminar las áreas del Estado como si fueran una propiedad exclusiva.
La apropiación del poder por la política es sinónimo de corrupción, impunidad y pobreza. Los propietarios de los servicios que debe prestar la administración pública en un Estado Democrático de Derecho son los administrados y a ellos, solo a ellos, debe dirigirse la actividad estatal, privilegiando la regularidad funcional y eficiencia de cada organización de que está compuesto el Estado en beneficio de la comunidad. El buen funcionamiento de la administración pública no depende del ciudadano, ni de su comportamiento cotidiano (que puede ser bueno o malo), sino del propio Estado en su tarea de brindar un servicio que satisfaga las necesidades básicas de la comunidad y permita a sus administrados tener un proyecto de vida.
Lo contrario –como dijimos– no es otra cosa que un Estado autoritario y, consecuentemente, arbitrario. El buen funcionamiento de la administración pública construye al buen ciudadano y un buen ciudadano, juntamente con un Estado respetuoso de los principios democráticos, construyen un país… La expresión administración pública no está empleada en el Cód. Penal en su sentido técnico estricto, propio del derecho administrativo, sino en un sentido amplio, comprensivo de los tres poderes del Estado. En la actualidad, como señala Creus, los límites de la noción que caracterizan a la administración se determinan por la naturaleza del acto, con prescindencia del carácter del órgano que lo realiza… En la actualidad, poco interés genera el que se considere como bien jurídico en estos delitos a la administración como entidad en sí misma o la probidad de sus funcionarios.
Lo que importa, fundamentalmente, en un Estado constitucional de derecho, es el servicio que la administración presta a los ciudadanos (la función del Estado frente a las expectativas de la comunidad) y si ese servicio se presta en las condiciones de igualdad, objetividad y transparencia exigidas por el orden jurídico. La preservación de la función pública, entendida como la total actividad, temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por la persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos (art. 1º, Convención Interamericana contra la Corrupción), se convierte así en el bien jurídico protegido en el Título XI del Cód.
Penal.” (Conforme CODIGO PENAL PARTE ESPECIAL DIRECTOR RUBEN E. FIGARI, COORDINADOR ABELARDO M.
MANZANO, LA LEY, TOMO III, PÁGS. 139, SS. Y CC.) En este orden, el alcance del bien jurídico tutelado por la norma prohibitiva, (la administración pública) que se deduce de los tipos penales (figuras delictivas)
contempladas en un título del código penal, es y debe ser la primer guía analítica, para establecer si ha existido una particular ofensa o afectación de un derecho subjetivo, o un interés legítimo, para concluir que existe la legitimación establecida en la norma procesal penal para intervenir como parte en un proceso penal, que debe resguardar la garantía de defensa en juicio, derecho multidimensional. Sobre este aspecto, en los autos caratulados: “INCIDENTE DE REPOSICIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO EN AUTOS: JUZGADO S/ INVESTIGA” Expte.75.753/21, N° de Recursos 6430/21, procedentes del Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia, sostuve que: "La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Wald" Fallos 286:266, sostuvo que: sostuvo que: "...La garantía del art. 18 de la Constitución Nacional ampara a toda persona a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sea que actúe como querellante o acusado, actor o demandado, pues no se justifica un tratamiento distinto a quien postula el reconocimiento de un derecho, así fuere de obtener la imposición de una pena y quien se opone a ella...
La garantía constitucional de la defensa en juicio asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia previo juicio llevado a cabo en legal forma, ya se trate de un procedimiento civil o criminal...".- De lo sostenido por el cimero tribunal federal, se infiere sin mayor esfuerzo que en los casos en donde surgen intereses contrapuestos, debe garantizarse a cada persona interviniente, allende su carácter y su condición, una individual, efectiva y eficaz defensa técnica, sin que los intereses del conjunto de los coimputados o de otros coimputados tomados de manera aislada, puedan desfavorecerla de alguna manera o agravar su situación en el proceso; ello con más razón cuando una parte es acusada y la otra presunta víctima.
El ejercicio del derecho de defensa en juicio es multidimensional y debe ser ejercido de manera que resguarde los intereses de cada persona que se encuentra interviniendo en el proceso, es decir que se aplica a todas y cada una de las partes y de los sujetos intervinientes en el proceso, sean los esenciales o los sujetos eventuales, siempre considerados de manera individual en sus derechos frente al resto de los intervinientes, teniendo especial consideración siempre un análisis interseccional de la propia condición, situación e identidad de la persona; lo que dota de contenido al concepto de "derecho a la tutela judicial efectiva". (Art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)" Es el análisis de las circunstancias fácticas del hecho punible y de las consecuencias del mismo, el que permite establecer, teniendo en cuenta el bien jurídico tutelado, si ha existido la ofensa u afectación de un derecho subjetivo o un interés legítimo, para diferenciarlo del interés general de todo ciudadano y del propio Estado Constitucional y Convencional de derecho, a que se cumplan con las normas y en especial que se sanciones sus incumplimientos, realizándose en cada caso, el “valor” justicia.
Si bien la afectación del bien jurídico “administración pública” refiere a un bien jurídico general que tiene que ver con el correcto funcionamiento del Estado, ello no implica que, cuando se dan los distintos tipos penales, éstos no puedan afectar, además, derechos subjetivos o intereses legítimos de los particulares, allende partir de un bien de carácter general de la población a diferencia de otros bienes, verbigracia los contemplados en el libro II, títulos I al VI, del código penal, ello en virtud del carácter fragmentario del derecho penal. La decisión jurisdiccional debe ser una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso y que, va de suyo y por esta circunstancia, además, JUSTA, entendiendo este significante como principio hermenéutico y rector, como valor y como herramienta para la resolución de los casos, siendo ésta, en definitiva, la télesis que debe impregnar un acto jurisdiccional que respete, esencialmente, los principios de la lógica, la racionalidad y la razonabilidad.
Así, la jurisprudencia de nuestro Cimero Tribunal Federal ha señalado, respecto del valor justicia, que: “Las normas de procedimiento y sus reglamentaciones no se limitan a una mera técnica de organización de procesos, sino que tienen por finalidad de objetivo, regular el ejercicio de derechos y lograr la concreción del valor justicia, en cada caso, en salvaguarda del derecho de defensa en juicio.” (Conforme Miserocchi, Alejandro vs. Sacreu S.C.A. /// CSJN; 06/12/2005; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; M.1215.XXXIX; RC J 110443/09); y que: “La función del órgano judicial, lejos de ser meramente reproductiva, debe orientarse a formular una interpretación creativa de la norma tendiente a asegurar el valor justicia.
(Conforme Wilner, Eduardo Mario vs. Osswald, María Gabriela /// CSJN; 14/06/1995; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; W.12.XXXI; RC J 109247/09); y además que: “La Corte Suprema debe ponderar cuidadosamente los principios constitucionales a fin de evitar que la aplicación mecánica e indiscriminada de una norma aislada de su contexto conduzca a prescindir de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto, lo cual iría en desmedro del propósito de "afianzar la justicia" enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, propósito liminar y de por sí operativo, que no sólo se refiere al Poder Judicial, sino a la salvaguarda del valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad.” (Conforme R.
C. M. s. Asociación ilícita - En concurso real - Causa N° 88394/2000 /// CSJN; 30/09/2003; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; R.629.XXXVII; RC J 102957/09); y que: “El mandato constitucional concerniente a "afianzar la justicia", tiene una connotación que debe ser entendida en el sentido más amplio del valor justicia, es decir, como comprensivo de la justicia conmutativa, distributiva y aun social, así como de consecuencias lógicas de lo anterior, tales como la garantía de la creación de un órgano judicial imparcial e independiente, que se ocupe de administrar justicia y de la facultad irrestricta de los individuos de recurrir a ella en base a un plexo normativo que le brinde suficiente apoyatura.” (Conforme Ingeniero Héctor Francisco Carrera S.A. vs.
Terrenos Golf San Martín S.A. y/o quien resulte propietario o poseedor a título de dueño /// CSJN; 11/04/2000; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; I 180 XXXV; RC J 102198/09); y finalmente que: “Forma parte de la misión de la CSJN evitar que, por la aplicación mecánica e indiscriminada de la normas, se vulneren derechos fundamentales de la persona y se prescinda de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto. Lo contrario iría en desmedro del propósito de "afianzar la justicia" enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, propósito liminar que no sólo se refiere al Poder Judicial sino a la salvaguarda del valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad.
(Del voto de los Dres. Maqueda y Zaffaroni.)” (Conforme Itzcovich, Mabel vs. ANSES s. Reajustes varios /// CSJN; 29/03/2005; Rubinzal Online; I.349.XXXIX; RC J 1457/05) Es en este orden, y respecto a la legitimación para actuar como querellante, que el bien jurídico tutelado nos establece la presunción de las afectaciones u ofensas que cada delito puede establecer, sin perjuicio de lo cual, claramente, habrá que corroborar cuál, en concreto, ha sido la misma, pues no pueden alegarse ofensas generales sin identificar el derecho subjetivo o el interés legítimo afectado directa o indirectamente por el hecho punible. En los autos caratulados: “DIV. CRIA. PTO. DESEADO S/ INVESTIGA” Expte. Nº 21.904/25, N° de Juzgado de Recursos 8380/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado, sostuve que:
“Ingresando al análisis de la resolución impugnada, en función de los agravios de la parte recurrente, conforme la información reunida en autos con fundamento en las pruebas colectadas, en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado en autos. Ello así, pues en autos, las afirmaciones realizas por los recurrentes, en base a un supuesto ataque al recurrente, no puede sostenerse, en este estadio primitivo de la investigación, con información alguna que lo respalde. Ello, claro está, podría variar con el devenir de la investigación o permanecer en la misma circunstancia en que hoy se encuentra la causa. En el caso que hubiera la información que permitiera establecer sospechas fundadas y no especulativas o conjeturales, de la existencia de una conducta dirigida a ofender particularmente al apelante, debería permitirse su ingreso al proceso, conforme los parámetros claros establecidos en el art. 75 del CPP.
Pero reitero, no es este el caso. Aquí se está investigando, conforme surge de la información obrante en autos, un delito de peligro. Al respecto, la dogmática penal, léase, Figari, Rubén E., en la obra CODIGO PENAL, PARTE ESPECIAL, TOMO II- art- 137 a 213 bis Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; La ley, año 2021 1era. edición, pág. 453 ss. y cc., señala que: "...La seguridad pública, entendida como la seguridad de los bienes en general, considerados en su totalidad y como pertenecientes a un número indeterminado de personas, está asociada al sentimiento de confianza de la población, a no encontrarse expuesta, en su vida cotidiana , a acciones delictivas de diversa índole. Las conductas prohibidas afectan a bienes jurídicos denominados de tipo colectivo.
Con su sanción, se procura proteger el desarrollo real y efectivo de la vida en sociedad, la integridad personal, y el bienestar en general. El peligro común que las conductas típicas crean o pueden crear al atacar la seguridad común puede traducirse en daños reales a personas, pero el derecho no las sanciona por sus resultados tangibles, sino porque por medio de esos daños se ha creado un peligro común que, en estos casos, se consuma con la pura acción, que se castiga por constituir su misma realización un peligro común (por ejemplo, tenencia de armas de guerra)...". En el mismo orden de ideas, el Dr. Edgardo Alberto Donna, en su obra DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL, TOMO II-C Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, 1era.
Edición, pág. 12 ss. y cc., señala que: "...Bien Jurídico protegido...lo que implica que el peligro debe ser siempre general. Esto lleva, y la aclaración no es menor, a que se distinga el peligro que afecta a alguna persona en particular de este tipo de peligro que afecta a la incolumidad de la sociedad, que incluye, por ente, la tranquilidad y la seguridad pública. Con esta categoría de delitos se afecta, según la doctrina italiana, una de las fuentes de nuestro Código Penal, la seguridad del ciudadano de una manera general, que lleva a una preocupación subjetiva en la generalidad de las personas, que hace a lo que dio en llamar la tranquilidad pública. ...Se trata de la incolumidad pública que tiene su base en el peligro que corre la generalidad de las personas de manera directa y el Estado de manera indirecta.
Todo este título gira alrededor del concepto de peligro que tiene que ver con la falta de certeza y la inseguridad que causan las acciones típicas en la población, tomada en su conjunto. No se trata de un agravante de los delitos contra las personas individuales, sino que tienen una entidad propia. (la negrita y subrayado me pertenece) Es decir que, en autos, solo existe información que permite establecer la comisión de un delito contra la seguridad pública, en general, pero no existen datos que establezcan, la posible afectación particular del recurrente. En los autos caratulados:
“INCIDENTE DE COPIAS EN AUTOS CARATULADOS "DIV. CRIA. 1° S/INV. ABUSO DE ARMA DE FUEGO Y
LES. GRAVES (O.)” Expte. Nº 39910/25, N° de Juzgado de Recursos 8122/25, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que: "Está claro que tanto la tenencia como la portación de armas de fuego sin la debida autorización es un delito de peligro. Se pena la conducta de tener consigo o bajo su custodia, sin la debida autorización legal, un arma de fuego, que por propia naturaleza es un objeto que introduce claramente un riesgo en la sociedad, por lo que queda descartado el análisis de los motivos que expresa en este primer agravio la defensa, como motivo de justificación de la conducta desplegada por el imputado F.. Respecto al alcance de este delito, se ha entendido lo siguiente.
Siguiendo a Edgardo Alberto Donna, en su obra DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL, TOMO II-C Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 113 ss. y cc., señala que: "...El diccionario define la palabra (referido a Tenencia) de la siguiente forma: "expresa que lo designado en el complemento directo pertenece al ser designado en el sujeto, o está en su poder, a su alcance o a su disposición". Siguiendo esta idea, se afirma que tiene el objeto el que dispone de él físicamente en cualquier momento, sea manteniéndolo corporalmente, en su poder o en lugar donde se encuentre a disposición del agente…, agregando más adelante (pág. 115) que "El diccionario define la portación como "llevar de una parte a otra" y "llevar sobre si".
Por eso se ha dicho que portar es aquella facultad por la cual el interesado se encuentra autorizado a mantener en su poder al arma, de manera que la portación implica la posibilidad de trasladar el arma de un lugar a otro...".- Asimismo se ha señalado sobre ambos supuestos (tenencia y portación) que: “…Se castiga aquí la “simple tenencia” de armas, es decir toda tenencia que no tenga ninguna finalidad específica, principalmente que no se encuentre relacionada con la comisión o su contribución a delitos contra la seguridad común. No puede asegurarse que se pretende un castigo de una situación objetiva desprovista de contenido subjetivo, sino simplemente que no tenga una finalidad trascendente a la mera tenencia.
Se trata pues, al decir de algún autor, que el sujeto activo debe saber que tiene y, además, querer tener. Desde tal perspectiva, tiene le arma en su poder quien la tiene bajo su esfera de custodia o en un lugar en el que posea la posibilidad de disponer de la misma, aunque no la lleve consigo, bastando que ejerza un señorío de hecho sobre la cosa prohibida. Ha dicho nuestra Corte Suprema que “aunque quepa admitir que el concepto de tenencia no requiere de la detentación corporal permanente de la cosa, para poder afirmar que una persona es detentadora, y autora del delito, es necesario que aquélla se encuentre dentro de su ámbito de custodia, que tenga respecto del objetivo prohibido un poder de hecho tal que le permita, por su sola voluntad y sin necesidad de intervención de terceros, disponer físicamente de él.
Queda claro pues, que tiene el arma quien la porta, como quien también la guarda en un sitio al que puede acceder por estar bajo su esfera de dominio o de custodia. Se trata de un delito de peligro abstracto que no contienen una exigencia subjetiva específica como la que integra el tipo acuñado por el primer apartado del inciso 1º, aunque mantiene, en lo demás, las mismas características que aquél y entre ellas, la exigencia objetiva de punibilidad de que dicha tenencia pueda surgir un riesgo para la seguridad común. Constituye, a la vez, un delito permanente y se consuma por el solo hecho de tener el arma sin autorización, atentando de tal modo contra el bien jurídico con independencia de las motivaciones del sujeto y aun cuando se la emplee.
La tenencia tiene que ser actual, ni pasada ni futura, y no admite la posibilidad de tentativa por tratarse de un delito de los llamados formales o de simple actividad…La portación de armas representa ahora un nuevo ilícito, que se tipifica cuando un sujeto activo lleva el arma consigo, vale decir, cuando anda armado en la vía pública. Dicha portación implica la posibilidad de trasladar el arma de un lugar a otro. Representa también el ejercicio de un poder de hecho sobre un objeto particularmente prohibido por la ley, excepto que se cuente con la autorización legal que confiere el Registro Nacional de Armas. La portación no sólo puede asumir la modalidad de su posesión corporal, sino que también configura portación de armas el hecho de llevarla dentro de otro objeto que implique la plena e inmediata disposición, fuera de un sitio fijo...
Por supuesto que quien porta el arma también la “tiene” en sentido típico penal. En ambos casos –tenencia y portación- para que el hecho sea considerado delictivo, las acciones deben realizarse “sin la debida autorización legal”, o sea, sin contar con la debida autorización de la autoridad administrativa encargada de otorgarla que en el caso sería el Registro Nacional de Armas o el Registro Provincial de Armas en el ámbito nacional y provincial con relación a las armas consideradas de “guerra” por la ley 20.429 y su decreto Reglamentario 395/75, o las armas de uso civil respectivamente. La ley Nacional de Armas y Explosivos y su reglamentación (ley 20.429 y Decreto 395/75) regulan separadamente la tenencia y la portación de armas sin confundir ambos conceptos, de manera tal que el otorgamiento del permiso para la tenencia no importa en ningún caso, la autorización para portar armas que el mismo comprenda, que queda de tal modo prohibida por aplicación del artículo 14 de la misma normativa.”
(CONFORME CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA COMENTADO, PARTE ESPECIAL, ALEJANDRO TAZZA, TOMO II, RUBINZAL-CULZONI
EDITORES, PÁGS. 380, SS. Y CC.)." A mayor abundamiento, en cuanto al alcance de la figura del querellante, la dogmática procesal, en este caso, de forma pacífica, vgr. Miguel Ángel Almeyra, en la obra "CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN COMENTADO Y ANOTADO, 1ra edición, editorial la Ley , año 2007 pág. 506 , 521 y cc expresa que: “Si bien la víctima no es una parte formal del proceso en razón que nuestra ley se enrola en el concepto de acción pública y, al expropiar el Estado el conflicto penal a los particulares, el agravio que concurre al proceso lo hace de manera externa y debe soportar diversas erogaciones para poder brindar su relato....", "Querellante es aquella persona que directamente es afectada por un delito que le acarrea un perjuicio directo y real.
De ello, se infiere que sólo él puede serlo y no quien resulta alcanzado de manera indirecta. Como condición indispensable para otorgar el carácter de parte querellante, se requiere que la afectación por el daño que el delito podría acarrear sea directa, por lo cual implica la afectación inmediata de un interés o derecho de quien pretende detentar la calidad referida. También se ha sostenido que no sólo debe ser directa, sino que, sumando a ello, la afectación debe ser real, especial y singular…" Analizadas las constancias de autos, podemos advertir que las actuaciones se inician conforme surge de informe de novedad obrante a fs. 6 y vta., correspondiente a División Comisaria Puerto Deseado, por solicitud de presencia policial en sede UOCRA sito en calle Piedra Buena N° 912 de la ciudad de Puerto Deseado en virtud de haberse generado disturbios.
En dicho informe, en parte pertinente expresa el Oficial Ayudante S.: "Posteriormente se toma conocimiento que Personal de la UOCRA se encontraba apostado en parte frente de esta División Policial, donde al retornar, de entrevista con M. manifestó que aparentemente citado C., al momento de presentarse en parte frente de la Sede junto a otras 9/10 personas, se aproxima hacia ellos la gente de gremio y es cuando salen corriendo y al ascender al vehículo, aparentemente al ciudadano C. se le cae un arma de fuego, el cual es recogida por uno de los empleados del Gremio, por lo que se le recepciona Declaración Testimonial, haciendo entrega en forma voluntaria del arma, resultando ser tipo pistola, marca BERSA, Cal.9mm, Serie ENTIDAD_1 cargador y 8 municiones siendo la misma secuestrada en forma conjunta con personal de la Div.
Gab. Criminalístico local a cargo de la Oficial Subinspector F. ..." Que conforme surge de declaración testimonial prestada en sede policial por el Sr. F.D.M. en parte pertinente refiere..."En relación al hecho que se me consulta debo decir, que resultó ser encargado del gremio UOCRA Zona Norte y de esta localidad, en la fecha, siendo aproximadamente las 12:30 horas momentos que me encontraba en mi domicilio , recibo llamado telefónico del ciudadano A. J., avisándome que habían llegado a la casa del señor C., F., una camioneta con aproximadamente 20 personas, que poseían las bandera de UOCRA RESISTENCIA, los cuales bajan del vehículo y se iban caminando con dirección hacia la Sede UOCRA, situado en calle Piedra Buena N° 912, motivo por el cual me dirijo rápidamente en mi vehículo hacia esta Comisaria a informar tal situación, por lo que de ahí me voy a la Sede, al Llegar ya no estaba esta gente..." Por otra parte obra declaración del Sr.
F.D.M. a fs. 18 y vta. que da cuenta en parte pertinente..."mantuvimos discusiones con las personas que estaban con C., y retrocedieron, al hacerlo se le cayó a F. un arma, color negro, por ese motivo me dirijo a levantarla, para que las cosas no pasaran a mayores, quedando la gente con C. en el medio de la calle, después llegó el móvil policial y ellos se retiraron, yo me quede al lado de la puerta del gremio del lado de afuera esperando que llegue F. M., para comentarle lo sucedido y avisarle que había levantado el arma que se le cayó a F., cuando llego Fr. el conté y me dijo que íbamos a venir a la comisaria a hacer la denuncia y a entregar el arma..."PREGUNTADO: Para que diga si citado C. hubo de exhibirles el arma CONTESTA: no, la tenía como escondida en el bolsillo PREGUNTADO: para que diga si hubo de recibir amenazas CONTESTA "...no nada de eso..." PREGUNTADO: para que diga si se siente intimidado por el accionar de estas personas CONTESTA: NO..." Ha quedado claro que el Sr.
M. no se encontraba presente en la sede de la UOCRA al momento de presentarse el Sr. C. y otras personas, y que posteriormente al arribar a la sede el Sr. M., estas personas ya no se encontraban presentes. Por otra parte, del testimonio prestado por Mu. el mismo expresa que C. nunca les exhibió un arma de fuego que portaría entre sus prendas, que esa se le cayó del bolsillo antes de retirarse del lugar y que fue retenida por Mu., quien manifiesta además que nunca sintió temor. Es claro de estos primeros testimonios, tomados momentos inmediatos posteriores a sucederse los hechos investigados, (13.30 M. y 12.05 hs a Mu.) que el Sr. M. no se encontraba presente en la sede del gremio UOCRA, por lo que mal podría considerárselo directamente alcanzado por el hecho investigado, como así tampoco podría conjeturarse hipótesis sobre posibles escenarios que no ocurrieron.
Corresponde no perder de vista a quien se designa como parte querellante, siendo que solo puede revestir esta calidad quien resulte damnificado de manera directa y concreta. Así lo expresa también GUILLERMO R.
NAVARRO, ROBERTO RAÚL DARAY, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, ED. HAMMURABI –JOSÉ LUIS
DESALMA- EDITOR-, PÁG. 256/257” “…Querellante es la persona que resulta directamente afectada por el delito, de tal manera que para verificar esta circunstancia se deberá conjugar el verbo a que alude la descripción típica acuñada en la ley penal”. El distinguido autor apunta “por ello, puede concluirse que el derecho de querellarse (legitimidad) nace de la lesión a un bien jurídicamente protegido…y solo corresponde a su titular, no a quien haya sufrido perjuicio, sin ser titular del derecho…” Ahora bien, el código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz establece en art. 75 y ss., quienes pueden ser tenidos como parte querellante, de manera expresa dice "Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de los que dan lugar a la acción pública..." Podemos concluir que de las constancias obrantes no se observa un ataque directo hacia el Sr.
M., ni una amenaza, lato sensu, hacia su persona, los testigos no observaron que el ataque fuera dirigido hacia la persona de M., no solo porque no se encontraba presente, sino porque tampoco C. como otras personas expresaron un ataque directo hacia la humanidad de M.. No podemos perder de vista que los hechos aquí investigados, conforme la prueba recabada en autos, resultarían conductas idóneas para crear un peligro común para terceros, para la seguridad común, siendo ese riesgo potencial, vale decir que podemos sostener que existe peligrosidad en la acción de portar un arma por el solo hecho de que esa conducta configura un peligro abstracto, para toda la sociedad. Como corolario de lo expresado, en los autos caratulados: “P., M.
S/ DENUNCIA (B., J. D.)” Expte. Nº 19166/23, N° de Juzgado de Recursos 7105/23, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Puerto Deseado, sostuve que: "IV.-Ahora bien, en relación al estado de autos, debemos precisar que el Sr. Agente Fiscal, cuando se le corrió vista en los términos del artículo 172, como señalé, no se expidió formulando el pertinente Requerimiento Fiscal de Instrucción, sino que consideró que no existe información suficiente para acreditar el delito, es decir que en autos no se puede “proceder”. Por esta situación y ante la revocación de dicho auto, justamente porque existen diligencias probatorias que pueden aportar información sobre la denuncia formulada, deberá el A quo, correr vista al Sr.
Agente Fiscal para que formalice el requerimiento Fiscal de Instrucción, conforme lo normado en el art. 180 del CPP. El A quo, como dije, desestima la causa por atípica, pero fundándose en la falta de acción o requerimiento del Ministerio Público. Al constituirse como querellante, y tenerlo por parte, el denunciante, adquiere la posibilidad de continuar con el proceso, aún en soledad. Es decir que, para el hipotético caso en que, nuevamente, el Agente Fiscal, por otros argumentos que no sean los motivados en la imposibilidad de proceder, decida no formular el Requerimiento Fiscal de Instrucción, procedimiento de consulta previo (Conf. Art. 187 del CPP.), la causa deberá continuar, con el impulso de la querella.
A tales fines, cabe señalar que el propio Juez de Instrucción tuvo como parte querellante al recurrente, al evaluar la presentación del mismo, la que, en caso de ausencia de requerimiento, deberá tenérsela como impulso procesal válido para decretar la instrucción de la presente causa. Ello, pues no existen dudas sobre la posibilidad que el querellante requiera en soledad, la instrucción de una causa, la elevación a juicio y el pedido de condena. Al resolver la posibilidad que la parte querellante apele el auto de procesamiento, en los autos caratulados: “INCIDENTE DE COPIAS EN AUTOS: I., L. A. S/ Homicidio R/víctima” Expte. Nº I-56948/23, N° de Recursos 7031/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "III.-Como cuestión previa, pues hace a la admisibilidad de uno de los recursos interpuestos y por la gravedad institucional en la cual se inscribe el planteo, corresponde analizar la inconstitucionalidad articulada por la parte querellante.
Ésta, como se dijera, plantea la inconstitucionalidad del artículo 294 del CPP., pues entiende que viola la garantía de defensa en juicio, ya que establece textualmente que: "Los autos de procesamiento y falta de mérito podrán ser revocados y reformados de oficio durante la instrucción. Contra ellos solo podrá interponerse apelación sin efecto suspensivo, del primero, por el imputado o el Ministerio Público; del segundo, por éste último y el querellante particular" (la negrita es de mi autoría). - Surge claramente que la querella no tacha de inconstitucional todo el artículo, sino la limitación a recurrir establecida según el acto y la parte que se trate. III.1.-Liminarmente cabe señalar que el planteo y resolución de inconstitucionalidad de una ley es la controversia de carácter jurídico-procesal más grave del sistema republicano y democrático de gobierno (arts. 1, 5 36, ss. y cc. de la C.N.) pues su resolución no solo afecta al principio de división de poderes, sino y, además, conmueve las elementales garantías de estabilidad jurídica que encarnan las leyes en nuestro sistema, como reglamentarias de la parte dogmática de la C.N., establecidas, también, en el derecho constitucionalconvencional.
(Arts. 14, 28, 75 inc. 22) de la C.N.). Por ello, y como primera pauta hermenéutica debe sentarse que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un remedio excepcional y que solo se debe realizar cuando la contravención de la norma a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales (control de convencionalidad difuso) es insalvable a través de cualquier posible hermenéutica, pues si existe la posibilidad de una interpretación, aun acotando su alcance, debe sostenerse la constitucionalidad de la ley. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: "La declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (fallos 315:923; 316:118 y 321:441) Que ello se debe a que las normas sancionadas regularmente por el Congreso gozan de legitimidad democrática, piedra angular del autogobierno de los pueblos." (Conforme C.S.J.N. 25/8/2009, "ARRIOLA, SEBASTIAN Y OTROS Fallos: 332: 1963).
Como segunda pauta para una correcta hermenéutica jurídica, a la hora de agotar la interpretación de una ley y analizar su eventual contradicción con la norma constitucionalconvencional, debe realizarse la misma a la luz del principio de razonabilidad. Sobre el particular se ha sostenido que: "...El art. 28 (C.N.) debe leerse en paralelo con la primera frase del art. 14 de la Constitución Nacional -escrita antes de la declaración de derechos- en tanto establece que todos ellos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. La atribución reglamentaria del Congreso Federal es lo que la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema -innecesariamente, a mi modo de ver- ha denominado poder de policía.
La disposición del primero de los artículos mencionados funciona como un límite al ejercicio del Poder de Policía o competencia reglamentaria de los derechos y garantías constitucionales. De lo dispuesto en el art. 28 se sigue una amplia garantía institucional derivada de la división de poderes, que implica controles entre todos ellos y fronteras para el ejercicio de las atribuciones de cada uno de los órganos de poder. En principio, el art. 28 de la Constitución fija los lindes a la competencia reglamentaria del Congreso establecida en el art. 14, en tanto esta norma declara que los derechos allí enumerados se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. De ambas disposiciones constitucionales resulta claro que los derechos no son absolutos en su ejercicio; que tal como lo sostuvo la Corte Suprema, lo contrario implicaría un uso antisocial de las facultades constitucionales; que, en consecuencia, existen múltiples razones para limitar aquel uso, pero que la capacidad reglamentaria no es ilimitada, tiene bordes: las leyes no deben alterar los principios, los derechos y garantías.
El problema interpretativo mayor que plantea esta norma está referido al significado del término alterar. Podría afirmarse que una alteración conlleva una afectación sustantiva, esencial, desnaturalizadora del principio, derecho o garantía, que inutiliza el núcleo central de aquellos. Pero, para determinar en los casos concretos cuando las normas producen tales efectos se hace necesario elaborar criterios o pautas específicas de control. Las otras cuestiones problemáticas que suscitan el art. 28 de la Constitución se refieren a los órganos de poder a quienes está dirigida la prohibición de alterar los principios, derechos y garantías declarados, dado que la disposición se refiere a las leyes; al alcance de los derechos y garantías protegidos contra la alteración, pues la regla indica a los reconocidos en los anteriores artículos ¿al 28? y, finalmente, si la disposición establece un principio interpretativo o un principio normativo".
(Conforme págs. 420, ss. y cc. de la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, COMENTADA Y CONCORDADA por la Dra. María Angélica Gelli, cuarta edición ampliada y actualizada, editorial La Ley, Tomo I.) Asimismo, es necesario señalar que cada parte que plantee la inconstitucionalidad de una norma, deberá fundar su petición, detallando cual es la agresión de la misma a una norma de la Constitución (provincial y/o nacional) o de un pacto o tratado internacional con rango constitucional, en forma que exprese, mínimamente, los argumentos que entiende lesionan su derecho o garantía constitucional, previamente individualizado, y el perjuicio y gravamen irreparable que le causa su aplicación en el caso concreto.
Sobre esta plataforma, entonces, corresponde analizar si los planteos de inconstitucionalidad realizados tienen sustento suficiente, para que, en el presente caso, se aplique a las normas cuestionadas, la tacha de inconstitucionalidad pretendida. Resta señalar que el control de constitucionalidadconvencionalidad es difuso, y les corresponde a los jueces de cualquier instancia en que los mismos se hubieran articulado. Así se ha expresado que: “La doctrina tradicional de la Corte Suprema en este sentido ha interpretado que “es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la constitución contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos.
Fallos 33:162, “Municipalidad de la Capital c/ Isabel Elortondo”” Pág. 27… En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte IDH, interprete última de la Convención Americana. “Almonacid Arellano vs. Chile” y “La Cantuta vs. Perú” Pág. 31” …En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas de la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias, de las regulaciones procesales correspondientes.
“Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú” Pág. 32.” (Conforme RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL, DR. JORGE A. ROJAS, EDITORIAL RUBINZAL- CULZONI EDITORES pág. 27, 31 y 32). Si bien la declaración de inconstitucionalidad siempre fue a pedido de parte, hubo un cambio y una evolución en la doctrina de la Corte Suprema, hacia el control de oficio. Así lo expresado por el Dr. Jorge A. Rojas en la obra citada en el párrafo anterior, al señalar que: “No obstante esta apertura que data de 1984, la situación se mantuvo dentro de los mismos carriles, con idéntico criterio al que emanaba del precedente “Ganadera Los Lagos” del año 1941, pese a algunos intentos en aquel sentido, hasta que en el año 2001 se pronunció la sentencia en el caso “Mill de Pereyra” Fallos 324:3219, en el cual nuevamente con la iniciativa de los doctores Fayt y Belluscio, al igual que en el precedente “Juzgado de Instrucción Militar Nro. 50 de Rosario”, se sostuvo la posibilidad de la jurisdicción de declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma… pág. 36… La Corte sostuvo en “Banco Comercial de Finanzas”, reafirmando aquella línea en contra de la tesis restrictiva, que: a) el hecho de que los tribunales no puedan efectuar declaraciones de inconstitucionalidad en abstracto no significa que sea necesaria la petición expresa de parte interesada, toda vez que el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, rigiendo el principio “iura novit curia”; b) no se crea un desequilibrio de poderes a favor del Poder Judicial, ya que si la atribución en sí no es negada, carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no se produce cuando media petición de parte pero sí cuando se procede de oficio; c) el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes y actos estatales no deja de estar presente por el hecho de que se analice de oficio su compatibilidad con la Constitución; y d) el derecho de defensa no se menoscaba de la misma manera que no ocurre ello cuando se aplica de oficio una norma no invocada por las partes… Pág. 37” (Conf.
Ob. Cit. RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL, DR. JORGE A. ROJAS, EDITORIAL RUBINZAL-CULZONI EDITORES Pág. 36 y 37) Sobre el control de constitucionalidad y convencionalidad, en autos “B.M.R. S/ ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO AGRAVADO POR SER EL AUTOR ENCARGADO DE LA GUARDA -TRES HECHOS- Y ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO TODO EN CONCURSO REAL”, Expte. Nº 5901/18 (B-1163/19/T.S.J.), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de nuestra Provincia sostuvo que: "Es un principio básico, establecido por la Corte Interamericana en base a la responsabilidad del Estado, en materia de Derecho internacional de los Derechos Humanos, que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención Americana.
Implica, en este sentido que, los jueces, tienen a su cargo la función de controlar el debido cumplimiento de las normas convencionales, a los efectos de poder acercarse, cada vez más, a los paradigmas que proclama la Convención Americana, mediante una efectiva protección de los Derechos Humanos en la región, realizando un efectivo control de convencionalidad, habida cuenta de ser Estado parte de la Convención y, por haber ratificado la competencia de la Corte Interamericana. El rol del Juez del Estado parte, se funda en profundizar al máximo, sus conocimientos, con el propósito de encontrar los medios legales, tomando como punto de partida la interpretación de los derechos y garantías establecidos por la Corte Interamericana, quien a su vez determinó que, los órganos del Poder Judicial, deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana (Cfr.
Susana Albanese, El Control de Convencionalidad, ed. Ediar). Por ello, los Jueces, están obligados a realizar el control de convencionalidad, basados no solo en consonancia con lo dispuesto por la Corte Interamericana, en su desarrollada doctrina, sino que, deben a su vez, conciliarla con los mandatos de la ley suprema de la Nación, pues, quienes tienen el deber de velar por la aplicación de las normativas legales, han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, realizando el control de constitucionalidad de las leyes antes de aplicarlas, como los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte integrante de nuestra ley suprema. En virtud de lo precedentemente expuesto se concluye que, se compromete la responsabilidad internacional del Estado si las investigaciones y procesos judiciales no satisfacen plenamente los estándares internacionales; los procesos internos, en su caso, podrán ser revisados íntegramente por los tribunales internacionales a los efectos de constatar si se han aplicado o no los derechos asumidos por los Estados, debiendo los funcionarios judiciales conocer y comprender adecuadamente los estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana en su labor de intérprete autorizada de la Convención Americana.
Los jueces son los encargados de fiscalizar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, debiendo optar en caso que alguna norma se muestre dudosa en su contenido, para poder resolver el conflicto, estar o pronunciarse por lo más beneficioso para el ser humano en armoniosa sintonía con la jurisprudencia que da lugar a la Convención Interamericana, camino obligatorio que deben transitar los magistrados al momento de interpretar los contenidos y alcances de la obligación internacional de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las violaciones de derechos humanos…".- III.-2.-Ahora bien, la norma cuestionada si bien impediría la apelación del auto de procesamiento por la parte querellante, también haría extensiva esa limitación al imputado respecto del auto de falta de mérito, conforme la exégesis literal del precepto, en una primera lectura y de manera aislada del resto del ordenamiento jurídico procesal y prescindiendo del bloque de legalidad infra y supra constitucional-convencional.
En este orden, y como el cuestionamiento hace blanco en la eventual imposibilidad de apelar el auto de procesamiento por el querellante, nos centraremos en su análisis, sin perder de vista siempre que, allende las diferencias, la misma economía deberá aplicarse al imputado respecto de la posibilidad de apelación del auto de falta de mérito. En la causa "S., F. s/ nulidad - homicidio culposo" C. 21229, fallada por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal - Sala I - **/**/2004, el Dr. BRUZZONE, en su voto, ilustra sobre el rol del querellante, historiza su función a lo largo de los años y en la actualidad a la luz de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y hace extensivo, a partir de la causa "Santillan" la posibilidad que la parte querellante no solo requiera la elevación a juicio en soledad, sino y además, el requerimiento de inicio de las actuaciones en delitos de acción pública, aun cuando el Ministerio Público Fiscal requiera el archivo o desestimación de la causa.
Por la contundencia dogmática del voto, se transcriben las partes que tratan el instituto y la posición del Sr. Juez de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, sin alterar el desarrollo y análisis argumentativo, al que adhiero por su valor conceptual y didáctico. Sostuvo el Dr. Bruzzone, que: "III.-La situación frente a los supuestos en donde la querella solicito la elevación a juicio y el Ministerio Público fiscal, luego del control interno efectuado, consideran que el caso no debe ingresar en esa etapa.- El problema que se aborda a continuación consiste en poder establecer qué curso de acción seguir cuando: a) los fiscales consideran que el caso debe ser sobreseído; b) los dictámenes en ese sentido reúnen los requisitos de fundamentación correspondientes y; c) hay querella y ya solicitó la elevación a juicio y; d) la fundamentación del pedido de la querella es correcta para ese fin.- III.a) La "actual" posición de la víctima constituida en parte querellante en el CPPN.
Para comprender cabalmente la problemática anunciada, corresponde analizar brevemente la historia de la figura del querellante en el CPPN. En ese sentido, cabe recordar que el mencionado código -ley 23.984- fue proyectado sin la figura del querellante. Existía a nivel internacional una tendencia procesal contraria a admitir, por esa vía, la canalización de la venganza privada, que los fiscales, como funcionarios objetivos, llevarían adelante sin el apasionamiento consecuente. En la misma época se discutía desde ámbitos vinculados a la justificación del castigo, la necesidad de revisar el sistema binario de penas y medidas de seguridad que rigen el catálogo de consecuencias del derecho penal material.
Se comenzaba a hablar de una tercera vía: la composición entre autor y víctima, como superación del modelo existente que se presentaba como insuficiente. De la exposición de motivos de la ley 23.984 surge que se consideraba inadmisible en materia penal, donde predominan conceptos de reducción y defensa social, que el Estado se ponga al servicio del interés pecuniario o de la venganza personal. Dicha exclusión fue allí justificada también en el gran número de querellantes que, bajo distintos pretextos, desistían de la acción penal una vez satisfecho su reclamo económico. En ese sentido también se había expresado que: "Casi siempre el acusador particular es, según la vieja frase, la quinta rueda del carro, destinada a dilatar los términos, demorar los incidentes de excarcelación y, en una palabra, a entorpecer el procedimiento, para prolongar, nada más que por venganza, la detención del acusado.
Limítese la intervención del querellante como parte civil, al solo objeto de obtener la indemnización del daño causado por el delito." (Cfr. Exposición de motivos de la ley 23.984). - No obstante, debido a la presión ejercida y lobby de la corporación de los abogados (ver en ese sentido, Córdoba, Fernando, "La posición de la víctima", en "El nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Análisis crítico", Del Puerto, Buenos Aires, 1993, págs. 81 y ss., en particular, págs. 92 y ss.), y muy especialmente por la población en general, sensibilizada y crítica de los órganos de administración de justicia, la figura del querellante fue introducida por el Dr. León Carlos Arslanian. Cuando el proyecto de código L. se discutió y se estaba elaborando, se introdujo en los debates parlamentarios la figura del querellante, la que finalmente fue impulsada desde el Ministerio de Justicia, bajo la siguiente motivación: "La primera modificación que sufre este proyecto es la introducción de las normas referentes a la protección integral de víctimas y de testigos.
Es verdad que nos hemos venido preocupando sobre las garantías y el estatuto del procesado. Hemos tratado siempre de concederles los mejores resguardos a sus derechos fundamentales, consagrados por Constitución. Pero nos hemos venido olvidando, hasta el presente, de las víctimas y del testigo. La mayoría de las veces la víctima resulta ajena a los avatares del proceso. Tampoco comprende muy bien el valor que puede tener el enjuiciamiento penal, ni se aprovecha de los resultados de éste. Para atender estas situaciones se prevé la creación de oficinas vinculadas con la asistencia de la víctima en todas sus dimensiones. En los aspectos técnicos, para que pueda tomar parte en el proceso asumiendo el rol de querellante...
Hemos sido receptivos de la demanda efectuada por el foro local en cuanto a la inclusión del querellante o acusador particular en el proceso penal. Ustedes saben que el proyecto del doctor L. no lo contemplaba. Entonces creíamos que era conveniente hacerlo. Tal vez no lo haya sido en la medida requerida por los colegios, que querían un querellante pleno como el que existe en este momento en el código nacional. Sólo le retaceamos una facultad: la de poder ejercer autónomamente la pretensión penal en el proceso. Lo hemos hecho no porque no creamos en la institución del querellante sino porque su inclusión debe ser respetuosa del régimen de la oralidad (...) No se puede conceder un escenario para que cualquiera ventile sus agravios o pujas personales exponiendo odios y demás.
Hemos querido, entonces, que esa intervención en el proceso oral esté siempre acompañada de la intervención del Ministerio Público Fiscal, que le dé sustento a la pretensión punitiva. Por eso auspiciamos la figura del querellante adhesivo y no autónomo."(Cfr. Informe del Ministerio de Justicia ante el Senado de la Nación, publicado en el CPPN, Ed. Abeledo Perrot, págs. 68/69, sin resaltado en el original).- Tal como se desprende del mencionado informe, la presión social para el control del proceso por las víctimas "a través de la reclamación hecha pública y de la que dieron cuenta todo los diarios de la Capital"-conforme surge del mencionado informe-, tuvo favorable acogida en la introducción del querellante al proceso.- El déficit, no obstante la inclusión de la querella, vino dado por su carácter adhesivo; esto es: siempre vinculado a la opinión y decisión del Ministerio Público Fiscal.
En el caso que nos ocupa ese carácter adhesivo se encuentra expresamente previsto en la norma del 348 que se indicara como de inconstitucional, por los motivos antes desarrollados, de la siguiente manera:"(...) El juez dictará sobreseimiento si estuviere de acuerdo con el requerido. De lo contrario, sea que no esté de acuerdo con el sobreseimiento pedido por el fiscal, o sea que sólo el querellante estimara que debe elevar la causa a juicio, dará intervención por seis (6) días a la Cámara de Apelaciones. Si ésta entiende que corresponde elevar la causa a juicio, apartará al fiscal interviniente e instruirá en tal sentido al fiscal que designe el fiscal de cámara o al que siga en orden de turno".- Lo que se ve reforzado por lo que dispone el art. 349, CPPN al decir: "Siempre que el agente fiscal requiera la elevación a juicio, las conclusiones de los dictámenes serán notificadas al defensor del imputado, quien podrá, en el término de seis (6) días: 1) Deducir excepciones. 2) Oponerse a la elevación a juicio, instando el sobreseimiento." Se advierte con claridad que el legislador ha considerado inapropiado, en el ámbito de los delitos de acción pública, que el querellante pueda autónomamente provocar la instancia de juicio si no obtiene el apoyo del representante del Ministerio Público Fiscal que actuó en la instrucción de un caso.- Mientras tanto doctrina y jurisprudencia fueron estableciendo críticas y opiniones acerca de posibles cursos de acción para modificar esa situación frente a una intensa presión de la opinión pública en el sentido de reconocerle a la víctima mayor incidencia en el proceso penal, se llegó incluso a ampliarse criterios tradicionales en cuanto a la capacidad de legitimación para poder intervenir como acusador en asuntos penales a organizaciones no gubernamentales (ONG), por parte de diferentes tribunales del país (Cfr.
Slonimsqui, Pablo, "El derecho de la querella en los delitos que protegen bienes jurídicos colectivos", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Ad-Hoc, Bs. As., 2000, págs. 311 y ss., y, asimismo: López, Santiago A., "Querellante: nuevos estándares de legitimación", en la misma publicación, págs. 335 y ss.). Asimismo los estudios vinculados a la victimología y la víctimo-dogmática avanzan en dirección a reconocerle mayores facultades de participación en el proceso penal al afectado, y ya se comienza a hablar de la necesidad de instaurar la figura del querellante popular (como, por ejemplo, ocurre en España). En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pronuncia el fallo más importante en la materia desde la entrada en vigencia de la actual ley procesal nacional: el fallo "Santillan" (Fallos:321:2021, del 13 de agosto de 1998), que debe ser ubicado en la misma línea de pensamiento...
III. c) Curso a seguir cuando hay parte querellante después del fallo S..- Debido a que en el presente caso hay parte querellante (víctima) -ver fs. 123/124-, corresponde analizar la viabilidad de su pretensión -ver fs. 2443/2496- de manera independiente a lo que ha postulado el Ministerio Público fiscal.- La cuestión a resolver se puede sintetizar en el siguiente interrogante: ¿es legalmente posible elevar a juicio una causa donde se debe juzgar un delito de acción pública con la sola acusación del querellante?. La respuesta, a mi criterio es afirmativa: sí, es legalmente posible luego de lo establecido por la CSJN en el fallo "Santillan". Ahora corresponde que explique por qué, a mi criterio, eso es así.- En efecto, como sostuviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esa oportunidad, una adecuada hermenéutica de las normas en juego deben dejar a salvo los derechos asegurados por la Constitución Nacional al particular querellante "a quien la ley le reconoce el derecho a formular acusación en juicio penal, de un pronunciamiento útil relativo a sus derechos", pues una interpretación contraria a ese derecho sería ilegítima (cfr. considerando 15).
En consecuencia, de las distintas interpretaciones posibles que el articulado procesal nos propone, se debe estar por aquélla que le permita al particular querellante (a la víctima) tener la factibilidad de ejercitar el derecho de formular acusación en juicio penal y a obtener un pronunciamiento acorde a su pretensión.- Corresponde a Cafferata Nores haber sido uno de los primeros en señalar las consecuencias que se podían derivar de este fallo ("¿Se terminó el monopolio del Ministerio Público Fiscal sobre la acción penal?", en LL, 1998-E, págs. 331 y ss.), lo que luego fue destacado también por Santiago Martínez en esa misma dirección, desarrollando el proceso histórico nacional de la figura del querellante en nuestra legislación ("El querellante en el proceso penal: ... y después de 'Santillán', ¿qué?.
Acerca de las posibles consecuencias del fallo 'Santillán' de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, n° 10-A, págs. 453 y ss.), y, como se advierte, la capacidad de rendimiento del precedente "S." retrotrae sus efectos a todos aquellos momentos previstos en el código donde se requiere el impulso del Estado constituido en la parte acusadora; es decir: al comienzo de la instrucción en relación a lo previsto en los arts. 180 y 188, CPPN; al final de la instrucción en relación a lo previsto en los arts. 346 y 348 de ese cuerpo legal; como fue expresamente resuelto en el fallo en cuestión, al momento de lo dispuesto en el art. 393, CPPN, y, por último, en el ámbito recursivo correspondiente.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en esa oportunidad, recordando una larga línea jurisprudencial, en la que se destaca el conocido y ya citado fallo "Tarifeño", señaló qué es lo que debe entenderse por procedimientos judiciales a los efectos del art. 18 de la CN, recordando que las formas sustanciales del juicio requerían de acusación, defensa, prueba y sentencia, dictada por los jueces naturales, dotando así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base, remarcó la Corte, el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal (cfr. considerando 9°), reconociendo de esta manera el carácter acusatorio que debe iluminar la legislación procesal penal.
Aclarando también que "la exigencia de acusación, como forma sustancial de todo proceso penal, salvaguarda la defensa en juicio del justiciable, sin que tal requisito tenga otro alcance que el antes expuesto -y esto es lo más relevante-, o que contenga distingo alguno respecto del carácter público o privado de quien lo formula" (cfr. considerando 10°) (lo resaltado me pertenece).- La Corte, como no podía ser de otra manera, no desconoció que sólo incumbe a la discreción del legislador (local), la facultad de regular el marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante particular en su promoción y desarrollo, pero destacó que "todo aquél a quien la ley le reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal, consagrada por el art. 18 de la CN, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada, previo juicio llevado en legal forma".
(cfr. considerando 11°).- Por estos motivos, y sin perjuicio de lo establecido en el art. 5° del CPPN y del carácter del querellante por adhesión que se le reconoce al particular que interviene en delitos de acción pública (art. 82 y concordantes del CPPN) consideró que, en la etapa prevista por el art. 393 del CPPN, no se puede "privar de jurisdicción al Tribunal Oral para formular un juicio de culpabilidad o inocencia con apoyo en la pretensión punitiva" del querellante particular (cfr. considerando 13°).- Así "frente a los diversos intereses en juego que surgen de la normativa constitucional a aplicarse en el sub-examine" las normas de la ley procesal nacional deben interpretarse en forma armónica con el ordenamiento jurídico restante y con principios y garantías de la CN.
Concluyeron afirmando que era no sólo factible, sino un deber jurisdiccional emitir un pronunciamiento frente a la acusación formulada por la parte querellante.- Ahora bien, para poder llegar a ese momento -el del art. 393, CPPN-, los efectos del fallo "Santillán" deben retroceder a las situaciones indicadas más arriba, porque, de lo contrario, lo resuelto por la Corte no tendría los alcances indicados.- Por estos motivos es que, reproduciendo una tradición centenaria que rigió en nuestro país para los delitos de acción pública, es que se debe hacer extensivo el efecto que surge de "Santillán" también al momento en que, al comienzo del asunto, el Ministerio Público Fiscal considera que no se debe impulsar la acción (vgr. cuando se solicita la desestimación por inexistencia de delito, el sobreseimiento, el archivo o reserva etc.) o cuando entiende que no existe mérito para llevar el asunto a juicio, al momento del art. 346, CPPN, como ocurre en este caso.
Cuando hay un particular damnificado constituido en parte querellante y éste impulsa la acción, sin perjuicio de la opinión del Ministerio Público Fiscal, la jurisdicción se ve obligada a analizar la viabilidad del pedido, correspondiendo a la querella, en forma autónoma, impulsar los procedimientos al comienzo de un asunto, conforme lo establecen los arts. 180 y concordantes del CPPN y, al finalizar la instrucción, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 346 y concordantes del mismo cuerpo legal, para obtener su elevación a juicio, con las limitaciones correspondientes. Por ejemplo: no puede operar la delegación de la instrucción prevista en el art. 196, CPPN, o lo dispuesto en el art. 196 bis o 353 bis, CPPN, ni tampoco tiene facultades para acordar un juicio abreviado en los términos del art. 431, bis, CPPN; pero para el resto de las atribuciones que le son conferidas, sí.- En este sentido, va de suyo, que lo establecido en el art. 349 implica que la defensa deberá responder a la acusación realizada por la querella, porque, ningún sentido tendría argumentar como se hace en relación a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 348, si luego, la acusación particular no surtiera los mismo efectos.- En consecuencia, no resta más que concluir que si el máximo tribunal ha investido al acusador privado de la autonomía necesaria para impulsar al proceso hasta el dictado de una sentencia condenatoria, dicha circunstancia lo habilitaría también para requerir la elevación a juicio de las actuaciones, como sucede en autos respecto de tres imputados -G.
B. y S.-, en disconformidad con el representante del Ministerio Público Fiscal, respecto de quienes solicitó el dictado del auto de sobreseimiento, legitimándolo para actuar de esa forma en solitario, desde el comienzo de una causa penal, o en la etapa de juicio, sin que sea necesaria la intervención del Ministerio Público Fiscal".- Similar postura al voto transcripto ha sostenido nuestro Excmo. Tribunal Superior de Justicia, realizando similar argumentación para el supuesto de la elevación a juicio de la causa en donde se investigan delitos de acción pública y/o dependientes de instancia privada, con el solo requerimiento de la parte querellante. En los autos caratulados "V. A. S. E. s/ Lesiones Culposas" Expte.
3279/08 (V-620/09/TSJ) PROTOCOLIZACION:
TSS2004S.111, TOMO:V-SENTENCIAS- T.S.J.,REGISTRO
Nº:010, FOLIO Nº:095/103, SECRETARIA:2 Publicado en www.jussantacruz.gov.ar, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que: "...V.-) A la luz de la doctrina y jurisprudencia traídas a colación corresponde analizar el caso en concreto.-En este sentido, a manera de adelanto, este Tribunal Superior de Justicia comparte totalmente los lineamientos seguidos por el Sr. Juez de Instrucción (fs. 215/218) el cual fundándose en la doctrina legal y en los derechos de la víctima, no hizo lugar a la solicitud de sobreseimiento peticionado por el Sr. Agente Fiscal y con fundamento exclusivo en el requerimiento de elevación a juicio -efectuado por la parte querellante-, declaró clausurada la instrucción y elevó los autos a la Excma.
Cámara Penal.- En efecto, a partir de los precedentes tanto nacionales como internacionales, el derecho a querellar aparece como un derecho de naturaleza constitucional.- En este sentido, corresponde tener presente que en la normativa procesal se admite la actuación autónoma de la parte querellante por ejemplo en el segundo párrafo del art. 172 del CPP. Ahora bien, de negarse esa circunstancia también con fundamento en la legislación adjetiva provincial, corresponde traer a colación un artículo de Marcelo Alvero y Cinthia Oberlander los cuales analizan la incidencia que pueda llegar a tener una norma local a la luz del bloque de constitucionalidad, en tal sentido sostienen "...¿Puede un Estado invocar su Derecho Interno para sustraerse al cumplimiento de una obligación internacionalmente asumida? la respuesta es evidentemente negativa.
En primer lugar, y analizado el punto en relación a la estructura jerárquica de la norma, la Constitución Nacional y los Tratados con jerarquía constitucional constituyen el llamado 'bloque de constitucionalidad' que resulta ser superior a las leyes dictadas por el Congreso Nacional. De esta manera, resulta evidente que toda norma de rango inferior que sea contraria a las normas de rango superior son nulas, y, por ello, carentes de validez y eficacia... en segundo lugar en cuanto a que las garantías previstas en los Tratados internacionales no son operativas... el artículo 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino a signar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que en sus efectos equivalgan al incumplimiento del tratado internacional...
Resulta evidente, entonces, que las garantías previstas en los artículos 8... del Pacto de San José de Costa Rica y 14... del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son operativas habida cuenta de que pueden ser aplicadas automáticamente sin necesidad de reglamentación, y es un deber de la justicia velar por su eficaz cumplimiento..."("El derecho de interrogar a los testigos. Una garantía constitucional" Revista de Derecho Penal. Garantías constitucionales y nulidades procesales -II- Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 174).- A mayor abundamiento sobre el tema, la CSJN en la causa "Ekmekdjian, Miguel G. c/Sofovich, Gerardo" sentencia del 7/7/1992, (LL, 1992-C, 543; DJ, 1992-2-296), modificó su criterio al reconocer la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, y, en consecuencia, la operatividad de las normas de la Convención.
Y, concluyó que cuando la Nación ratifica un tratado se obliga a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata...".- Siguiendo los lineamientos indicados y la doctrina mayoritaria, resulta evidente que todo lo actuado por ante la Excma. Cámara Penal ha sido contra legem, toda vez que con la resolución adoptada se conculcó los derechos de la víctima como ser entre otros, el derecho a una tutela judicial efectiva, a ser oído, incoar un proceso y el de obtener una sentencia o resolución motivada sobre la cuestión planteada.- Clausurar al presunto damnificado por un delito de acción pública la posibilidad de obtener un pronunciamiento jurisdiccional de mérito en las postrimerías del debate oral y público por decisión irrecurrible de un único funcionario no parece la mejor manera de garantir la libre defensa en juicio, prerrogativa propia del hombre abarcativa de todos sus derechos como ciudadano u habitante de la República, tales como su vida, su honra, su propiedad..." (conf. voto en disidencia Dr.
Hornos, en causa nº 335 'Santillán, Francisco Agustín s/recurso de casación', Reg. nº 585, rta. 15/05/96, en el mismo sentido en ue la CSJN, Fallos: 321:2021).- En otros términos, la Excma. Cámara teniendo en cuenta el requerimiento de elevación a Juicio de la parte querellante, debía obrar conforme el art. 337 del CPP.- En tal sentido, con la decisión adoptada por la Cámara, se coartó el derecho que tiene la parte querellante al acceso a la jurisdicción afectándose sus derechos de parte reconocidos expresamente por la Constitución Nacional y por los Tratados internacionales de Derechos Humanos que conforman el bloque de constitucionalidad.- En el caso sub examine la falta de interés estatal en la prosecución del hecho denunciado, no impide a la víctima impulsar en solitario u autónoma el proceso, es decir por la sola instancia del particular ofendido.- En definitiva, el lesionado por un actuar antijurídico, tiene derecho a obtener un pronunciamiento que conlleve la autoridad y la eficacia de la cosa juzgada, por lo tanto al conculcarse el mismo se afectó el debido proceso legal.- En función de lo expuesto corresponde decretar la nulidad de todo lo actuado por ante la Excma.
Cámara de la Primera Circunscripción Judicial, por aplicación del art. 159 inciso 2º y 439 inciso 2º del CPP.- En tal sentido Mariano de la Rosa, sostiene "...es que el debido proceso consignado en el art. 18 de la Constitución Nacional, no realiza distingo entre derechos de la víctima o del acusado; razón por la cual puede haberse coartado el acceso a la justicia para el querellante si no se le acuerda derecho a influir en el proceso incoado a raíz de un menoscabo en un bien jurídico propio... y que todo lo que impida ese acceso vulnera la Constitución Nacional..." (La Rosa, Mariano, Art. 167 CPPN, "Código Procesal Penal de la Nación", Miguel Angel Almeira, Director, Ed. LL, Tomo I, pág. 736/737).- VI.-) Que finalmente, le asiste razón al Sr.
Agente Fiscal por ante este Tribunal en cuanto objeta la actuación llevada a cabo por el Sr. Juez de Recursos en la resolución obrante a fs. 199/200.- En el mencionado interlocutorio el a quo con cita en el precedente "Konigseder" ordena al Sr. Fiscal subrogante llevar a cabo el requerimiento de elevación a juicio.- La solución propuesta, no se ajusta a derecho toda vez que el precedente en el cual se basa el distinguido magistrado, a la luz de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el precedente "Quiroga", resulta ser totalmente improcedente, toda vez que un representante de la magistratura no puede asumir e indicar funciones que le competen al Ministerio Público Fiscal.- En este orden de ideas, corresponde tener en cuenta la reforma constitucional de 1994, en la cual el Ministerio Público Fiscal se ha constituido en un órgano extra poder con funciones específicas en punto al ejercicio de la acción penal pública y, de esa forma, la función jurisdiccional ha quedado claramente reservada a conocer y decidir sin injerencia alguna.- Bajo el amparo de esta garantía orgánica en ninguna etapa procesal un representante de la Magistratura puede asumir funciones requirentes asignadas al Ministerio Público Fiscal.- VII.-) Por todo lo expuesto, debe hacerse lugar al recurso de Casación interpuesto por la parte querellante, declarándose la nulidad de lo actuado por ante la Excma.
Cámara, debiéndose imprimir el trámite conforme lo normado por el artículo 337 y siguientes del Código Procesal Penal, correspondiendo desinsacular nuevos magistrados a tal efecto....".- En síntesis, el querellante particular puede requerir el inicio de las actuaciones, la elevación a juicio y pedir pena, en solitario. III.-3.-Por su parte, el derecho al recurso se entronca directamente con la garantía constitucional de la defensa en juicio, y surge además, de los derechos implícitos que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno (art. 33 de la C.N.) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diversos fallos, ha reconocido derechos implícitos en base al artículo 33 de nuestra carta magna.
Respecto del derecho a la salud, como responsabilidad primordial del Estado, lo señaló en el caso “CAMPODONICO DE BEVIACQUA, ANA CARINA C/ MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL”, FALLOS:
323:3229; derecho a la dignidad humana en el caso “SEJEAN C. ZACKS DE SEJEAN” FALLOS: 308:2268;
derecho a la verdad en el caso “GANORA, MARIO Y OTRA S/ HABEAS CORPUS” FALLOS 322:2139, derecho de reunión en el caso “COMITÉ RADICAL ACCION C/ JEFE DE POLICÍA DE LA CAPITAL” FALLOS: 156:81 del año 1929. Asimismo, el derecho al recurso surge literalmente del artículo 8°, inciso 2°, apartado h) de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que establece: “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el art. 14 inc. 5) establece una norma similar, otorgando la posibilidad de revisar el fallo condenatorio ante un tribunal superior. Es decir que el derecho al recurso, que es un derecho de rango constitucional, pues surge del artículo 33 de la C.N. como un derecho implícito, es además un derecho humano contemplado en la convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La doctrina internacionalista ha hecho una distinción en el análisis de los derechos humanos, partiendo de que su afectación sea realizada por Estados y sus agentes que, en sentido general, actúan al margen de la “ley”, y de Estados que actúan dentro del sistema de derecho. Ello además fue sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bueno Alves vs. Argentina”, sentencia del 11-05-2007. En la pág. 197, del Tomo I de la obra DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE NATALIA BARBERO, EDITORIAL RUBINZAL-CULZONI, señaló que: “Dijo la Corte IDH que los hechos del caso constituyeron tortura, lo que “implica la violación por parte del Estado al derecho consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma… Y agregó que: Si bien los actos de tortura perpetrados contra el Señor B.
A. han quedado alcanzados por la protección … de la Convención Americana, ello no significa que deban ser calificados per se como delitos de lesa humanidad … debido a que tales actos no formaron parte de un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Sin embargo, aun en este caso, es decir cuando el hecho constituye una violación de derechos humanos que no llega a encuadrar en un delito de lesa humanidad, de todos modos: el deber de investigar constituye una obligación imperativa que deriva del Derecho Internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole…”.- Es decir que el Derecho al Recurso es un derecho humano y los Estados deben respetarlo, garantizando la posibilidad que cualquier parte que esté inmersa en un proceso judicial, puede ejercer el mismo, pues si bien su no observación no implica un incumplimiento calificable como de lesa humanidad, lo cierto es que es una franca violación a un derecho humano, que hace a la garantía de defensa en juicio de las partes.
Sumado a ello, el recurso como derecho, ha sido reconocido por la doctrina procesal, entendiendo su inserción en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22 de la C.N.), lo que lo hace, como dije, un derecho humano, y además como derecho constitucional implícito, según el art. 33 de la C.N. Así se ha sostenido por la dogmática procesal actual al entender que: "Llegado a este punto, se debe aclarar que nuestra constitución no formula expresamente el derecho al recurso, lo cual no significa que no ostentara existencia, por considerarse como derecho implícito (art. 33 de la C.N.) y "como derivado de los fines propios de nuestra carta magna, basta recordad que el Preámbulo brinda ciertas pautas orientadoras al respecto cuando expresa como finalidad "afianzar la justicia" y se repite nuevamente la idea en el propio artículo 5....
Así es, como el derecho al recurso pasó a ser, una garantía expresa y autónoma, correspondiente a los derechos civiles y políticos indicada como de primera generación, que se encuentra receptada en instrumentos internacionales que -en las condiciones de su vigencia- poseen jerarquía constitucional. Así, el recurso como garantía es la posibilidad de impugnar errores tanto de hecho como de derecho en una decisión judicial". (Conforme RECURSO DE APELACION FEDERAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA LABORAL Y PREVISIONAL, EDITORIAL LA LEY, DIRECTORES ALFREDO RAFAEL POSRRAS Y JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, págs. 474/477) En los autos caratulados “INCIDENTE DE REPOSICIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO EN AUTOS: JUZGADO S/ INVESTIGA” Expte.75.753/21, N° de Recursos 6430/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "...La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "W." Fallos 286:266, sostuvo que: "...La garantía del art. 18 de la Constitución Nacional ampara a toda persona a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sea que actúe como querellante o acusado, actor o demandado, pues no se justifica un tratamiento distinto a quien postula el reconocimiento de un derecho, así fuere de obtener la imposición de una pena y quien se opone a ella...
La garantía constitucional de la defensa en juicio asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia previo juicio llevado a cabo en legal forma, ya se trate de un procedimiento civil o criminal...". De lo sostenido por el cimero tribunal federal, se infiere sin mayor esfuerzo que en los casos en donde surgen intereses contrapuestos, debe garantizarse a cada persona interviniente, allende su carácter y su condición, una individual, efectiva y eficaz defensa técnica, sin que los intereses del conjunto de los coimputados o de otros coimputados tomados de manera aislada, puedan desfavorecerla de alguna manera o agravar su situación en el proceso; ello con más razón cuando una parte es acusada y la otra presunta víctima.
El ejercicio del derecho de defensa en juicio es multidimensional y debe ser ejercido de manera que resguarde los intereses de cada persona que se encuentra interviniendo en el proceso, es decir que se aplica a todas y cada una de las partes y de los sujetos intervinientes en el proceso, sean los esenciales o los sujetos eventuales, siempre considerados de manera individual en sus derechos frente al resto de los intervinientes, teniendo especial consideración siempre un análisis interseccional de la propia condición, situación e identidad de la persona; lo que dota de contenido al concepto de "derecho a la tutela judicial efectiva". (Art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) Ello implica que no puede permitirse cualquier riesgo de influencia que pueda establecer sospecha en el ejercicio personal del derecho de defensa en juicio de las personas que son llamadas a intervenir en un proceso, que pudiera traducirse en una pérdida de derechos, o en un entorpecimiento en el reconocimiento de los mismos o en un agravamiento de la situación en el proceso...".- Concluyendo, el derecho al recurso, y la forma de analizar el mismo, cuando reúne las condiciones de interposición establecidas en las normas procesales, tanto en lo que respecta a los plazos como a la motivación, para que la Alzada pueda intervenir y analizar en cada caso concreto, los mismos, debe ser amplia, conforme la doctrina clara que dimana del precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues se está haciendo efectivo la garantía de defensa en juicio y el derecho constitucional al recurso.
En esta etapa del proceso penal, rige el principio de la doble instancia, que puede operar tanto por vía de recurso de apelación ante este Juzgado de Recursos como por vía de Recurso de Casación ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia y que no requiere dos pronunciamientos en el mismo sentido, a diferencia del doble conforme. Aclarado ello, y referido a la doble instancia, pero que también se aplica al doble conforme, la capacidad de revisión de los Tribunales que intervienen en la decisión de los recursos articulados por las partes, siguiendo el precedente "Casal" es del análisis de todas y cada una de las cuestiones que articulan en sus agravios las partes y que surgen de lo expreso de dichos agravios y de lo implícito en lo expreso.
Esta amplitud en la revisión no implica dotar de poder oficioso al Tribunal de alzada, excepción realizada cuando se advierte una nulidad absoluta conforme lo normado en el segundo párrafo del artículo 160 del CPP. Es decir que el principio procesal que establece que el agravio es la medida del recurso, sigue vigente. Una cuestión es revisar todo lo que no se puede suplir por la inmediación de un proceso oral, que es la doctrina que claramente dimana de "Casal" y otra muy distinta es pretender una revisión total de las actuaciones sin que haya agravio mediante. Por supuesto, reitérase, que el derecho constitucionalconvencional al recurso se ejerce conforme las leyes que reglamenten su ejercicio, conforme lo señalado en el artículo 14 de la C.N., pero la reglamentación no puede impedir que el mismo sea ejercido, pues esto viola el principio de razonabilidad establecido en el art. 28 de la C.N., que establece que los mismos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
En este sentido, todas y cada una de las normas procesales que establecen requisitos de interposición y plazos deben ser respetadas, pero una cosa es regular un derecho de carácter procedimental y constitucional, que se inscribe en el marco del juicio previo constitucional y que se basa en la preclusión procesal y en esta materia el principio dispositivo de los recursos, y otra muy distinta es negarle la posibilidad de ejercicio ex ante. III.-4.-Sobre este piso de marcha, podemos sostener dos ejes temáticos que operan como verdadero fundamento de la argumentación en desarrollo. El primer cimiento, es que el derecho al recurso tiene raigambre constitucional-convencional, y el segundo es que el querellante puede y debe ejercer su rol, con las mismas garantías que el imputado, conforme lo normado en los artículos 18 y 33 y cc. de la C.N.
No puede perderse de vista que la parte querellante, para ser aceptada en el proceso como tal, debe ser particularmente ofendida por el delito, es decir, víctima directa o indirecta del mismo. (Art. 75 del CPP.) Se ha señalado que: "Es así que se insinúa una evolución del concepto de delito, mirada sólo como un conflicto legal entre un ciudadano y la ley penal (una infracción, una desobediencia), hacia un enfoque que incluye el conflicto humano entre autor y víctima, y que potencia la intervención de ésta en su resolución, y va asignando al derecho penal un rol social diferente al puramente punitivo." (Conforme IMPUGNACIONES EN EL PROCESO PENAL, COORDINADORES CAFURE, JAIME Y AYAN, EDITORIAL ADVOCATUS, CAPITULO 2 "LA FACULTAD IMPUGNATIVA DEL QUERELLANTE PARTICULAR, POR AGUSTIN JEREZ, pág. 21) Por su parte, la ley de DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS, Nro. 27.372, establece que: "ARTÍCULO 2°- Se considera víctima: a) A la persona ofendida directamente por el delito; b) Al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos".
Como parte integrante del segundo fundamento, analizado el proceso penal en sus dos etapas, instrucción y juicio, es clara la posición de nuestro Tribunal Superior de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de otros tribunales argentinos, en afirmar la posibilidad que el querellante inicie el proceso, requiera su elevación a juicio y alegue en favor de su pretensión punitiva, en soledad. Ello no implica que en la causa no intervenga el Ministerio Público Fiscal, aunque tenga una posición desincriminante, pero lo hará como órgano esencial y encargado de velar por la legalidad "lato sensu" del enjuiciamiento penal. Sobre este piso, entonces, ¿cómo cercenar la posibilidad que la querella apele el auto de procesamiento en forma amplia, tal y como puede hacerlo la fiscalía?
¿Cómo impedirle a la querella, si entiende conforme su teoría del caso, que el imputado incurso en el proceso no es el responsable sino que lo es otra persona, apelar a favor de éste, tal y como lo establece el artículo 416 del CPP respecto del Ministerio Público? Es sobre estos fundamentos que debemos analizar si la norma en crisis vulnera o no, los derechos constitucionales, sosteniendo siempre que dicha tacha debe ser el último remedio posible, pues si puede realizarse una interpretación que la contenga, ésta debe preferirse y primar sobre la declaración de inconstitucionalidad. En este orden, el Dr. Carlos Cossio en la obra “EL DERECHO EN EL DERECHO JUDICIAL”, pág. 48, al hablar sobre la aplicación de la ley, señala que: ”De manera que, como una segunda aproximación a este problema de la interpretación judicial de la ley, estamos enfrentados con un proceso dialéctico de comprensión; vemos aquí que en la aplicación de la ley hay algo que va y viene a través de la ley, algo que ponemos en y extraemos de la conducta que se está considerando.
En otras palabras, estamos con el mismo problema de la interpretación de una partitura musical, porque también el violinista pone un sentido con su interpretación en la partitura, pero a su vez lo extrae de la misma partitura que tiene que tocar. Y tanto es así de qué él pone un sentido, que si dos personas ejecutan la misma partitura, seguramente la interpretarán de distinta manera.” Este es el análisis que debe materializarse en autos. La norma tachada de inconstitucional no puede, como pretende la querella, ser analizada de forma aislada, pues del contexto expresado, surge claramente que, confrontada con el mismo, la misma podría ser tachada de inconstitucional e inconvencional. Pero lo que permite mantenerla, es su hermenéutica con otras normas del código, que es y debe ser esencial, como se señala a continuación, puesto que de su análisis exegético, nos permite establecer que no hay una prohibición expresa ni una sanción, también expresa, de nulidad, siendo ello un orden de sujetos relacionados con actos, susceptibles de ser impugnados.
Es la forma de interpretar el alcance de ese orden, taxativo si lo analizamos aisladamente o enunciativo si lo interpretamos armónicamente con otras normas del CPP., lo que abre un camino hacia su declaración de inconstitucionalidad o a la subsistencia de la misma. El orden no puede ser otro que el enunciativo, pues de lo contrario no se explica cómo se conjugaría dicha norma con la parte final del art. 432 del CPP. Esta norma, como dije, debe ser analizada, conjuntamente con la establecida en el artículo 432 del CPP., que señala la procedencia del Recurso de Apelación, y que establece que: "El recurso de apelación procederá contra los autos de sobreseimiento dictados por los jueces de instrucción y en lo correccional, los interlocutorios y las resoluciones declaradas apelables, o que causen gravamen irreparable".
(La negrita es de mi autoría) Este artículo, sin demasiado esfuerzo hermenéutico, alcanza al artículo 294 al señalar literalmente "y las resoluciones expresamente declaradas apelables". Ahora bien, a renglón seguido, y sin limitación del tipo de acto jurisdiccional, es decir de Auto o Decreto, y sin establecer tampoco ningún valladar respecto de las partes, señala que el recurso de apelación procederá contra autos o decretos "que causen gravamen irreparable".- Si bien la doctrina procesal penal al comentar el artículo 294, sostenía que le estaba vedado la apelación del auto de procesamiento a la parte querellante, establecían que ésta parte podría apelar solo el embargo, reduciéndola a la pretensión civil que pudiera perseguir.
Ello debe ser superado, pues si un auto o un decreto, mínimamente fundado, causa un gravamen irreparable de imposible solución ulterior, el mismo debe ser tratado y no puede cercenarse el derecho de la parte querellante, o del propio imputado a apelar estas resoluciones. Es decir que sin necesidad de aplicar un remedio extremo como lo es la declaración de inconstitucionalidad de una norma, puede sostenerse válidamente, fundado en el derecho al recurso, la posibilidad de recurrir a esta alzada, por vía del artículo 432. En este supuesto, además, el artículo 418 al establecer que la parte querellante puede apelar solo en los casos previstos expresamente en el código, señala, directamente, la posibilidad de hacerlo cuando el auto o decreto, allende cual fuera el mismo, causa gravamen irreparable.
Esto no solo alcanza a los hechos, sino a la calificación y subsunción legal de los mismos, porque existen distintas niveles estructurales en la teoría del delito, (estructuras típicas básicas: activas, omisivas, dolosas y culposas, que se combinan entre sí, niveles diferentes de autoría y participación primaria y secundaria, nulidades de oficio por afectar el orden constitucional, etc.) que al momento de evaluar la conducta y la subsunción de ésta en una figura delictiva, impactan de manera diferente en el proceso para todas las partes; por lo que impedir que se sustancien recursos sobre los mismos, es un exceso. La misma economía de razonamiento debe ser aplicada y sostenida, para darle la posibilidad al imputado de apelar el auto de falta de mérito, pues el mismo puede, allende lo normado en el artículo 292 segundo párrafo, causarle un gravamen de imposible reparación ulterior, razón por la cual, vedarle a éste la posibilidad de recurrir, vulnera su derecho constitucional-convencional al recurso y a la defensa en juicio.
Por otro lado, el presente análisis no hace más que señalar la paridad, en materia recursiva, en sentido estricto, de las partes acusadoras, es decir Ministerio Público Fiscal y Querellante, lo que está en consonancia con el recurso de casación que prospera frente a sentencias definitivas y autos que causen gravámenes irreparables, incluso los autos dictados por el suscripto. Ello así, pues el artículo 443 del CPP., establece que la parte querellante podrá interponer recurso de casación en los mismos casos en que puede hacerlo el Ministerio Público Fiscal. Sería, en la hermenéutica de las normas procesales, una contradicción y vulneración a los principios de la lógica, permitir un recurso de casación para autos equiparables a definitiva, donde la querella podría recurrir en casación al igual que la Fiscalía, pero en esos mismos casos, vedarle el recurso de apelación.
En materia de impugnación de actos procesales y decisiones jurisdiccionales, reitérase, las partes acusadoras deben tener las mismas posibilidades de recurrir los actos que establece la ley y con los mismos alcances, pues dicha pretendida diferenciación del artículo 294, si no es leído en clave constitucional-convencional, y en una aplicación lógica con el resto de las normas procesales, se transforma en un exceso sin sentido, sobre todo cuando el artículo 443 las iguala en materia de recurso de casación. Sumado a que el principio de congruencia no debe ser afectado, razón por la cual, no es lo mismo una subsunción legal que otra, ni para el imputado, ni para la “acusación” lato sensu. En autos "RECURSO DE CASACIÓN FECHA:20/9/2022 AUTOS: M.H.M.
Y L.G.D. S/INF.
ART. 119 1º PÁRR. Y 3º PÁRR. INC. B), D) Y F) DEL
CP Expte. Nro. 4369/17 (M-1066/18/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "El principio de congruencia impedirá juzgar por fuera de los hechos descriptos en aquellos actos, esto es por fuera de las circunstancias históricas que conforman el objeto procesal del debate. El exceso implica violación de la contradicción y, en definitiva, de la garantía del debido proceso, por ausencia de defensa. Asimismo, cabe agregar, atento lo manifestado en forma general por los recurrentes, que en el sub judice incólume se mantuvo el derecho fundamental de defensa en juicio consagrado en nuestra Constitución Nacional en el art. 18 y tratados de Derechos Humanos incluidos en el bloque de constitucionalidad de su art. 75 inc. 22. Siguiendo dichos lineamientos constitucionales, como reiteradamente lo ha recordado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha asegurado no un formal sino real y efectivo ejercicio de defensa tanto material como técnica del enjuiciado. Las manifestaciones de los recurrentes no han pasado de una generalización que ausente se ha visto de ser acompañada por una circunstancia particular acontecida en este proceso judicial. En conclusión, los hechos por los cuales se ha condenado a los recurrentes resultan ser idénticos a los atribuidos desde el inicio de este proceso, manteniéndose, en tal sentido, incólume el derecho de defensa del imputado, al no haber experimentado la imputación ninguna variación fáctica perjudicial para ello." Finalmente, y respecto del alcance de gravamen irreparable, se ha entendido lo siguiente. En ese sentido Chiara Díaz define el alcance semántico del término "gravamen irreparable" diciendo que: “…Esto es, un perjuicio, un menoscabo o agravio en expectativas, derechos o pretensiones de los sujetos actuantes que no puedan tener remedio en el curso del mismo trámite o procedimiento o en una fase ulterior del proceso, constituyendo en vez de ello, una circunstancia que de no ser removida consolidará una determinada situación en detrimento de quien la sufre sobre su interés o posición..” (Conf. “CÓDIGO PROCESAL PENAL DE BS. AS.
COMENTADO, CHIARA DÍAZ Y OTROS pág. 395, Ed.
Rubinzal-Culzoni, 1º Ed.) Por su parte, se ha señalado sobre el mismo tópico que: "La expresión gravamen irreparable se hermana al perjuicio procesal que alcanza a la parte; éste debe acontecer durante el curso del juicio que no puede ser reparado en su propio decurso ni en la sentencia definitiva. La apreciación "gravamen irreparable" es una cuestión de hecho, que debe ser apreciada en cada caso concreto y sujeto a la prudente evaluación del magistrado." (Conforme CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION COMENTADO Y ANOTADO, EDITORIAL LA LEY DIRECTOR MIGUEL ANGEL ALMEYRA, COORDINADOR JULIO CESAR BAEZ, TOMO III, pág. 316). Al momento de analizar la procedencia del recurso de casación por sentencias equiparables a definitiva, tanto la Corte Suprema como el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia, han establecido el concepto y alcance del mismo, dando lugar a los recursos en donde exista arbitrariedad manifiesta. La misma economía corresponde aplicar en los casos en que, como el de marras, y allende la parte que lo articula, realiza un señalamiento en supuestos que afecten la congruencia y el derecho de cada parte a ser oído frente a las decisiones judiciales que se instrumenten en contra de los fines establecidos en el proceso penal y que puedan ser tachadas de arbitrarias. En autos "AUTOS: OÑATE VICTOR MANUEL Y OTROS S/LESIONES (INCIDENTE COPIAS)" Expte. Nº 3115/10 del Juzgado de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial (Nº:O-705/11/TSJ), el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que el recurso de casación en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir, y teniendo en cuenta que la resolución objeto del recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía (art. 440 C.P.P.), debe entonces admitirse el recurso de casación interpuesto.- Según la jurisprudencia tradicional de este Tribunal Superior de Justicia, la resolución denegatoria de la excarcelación y la consecuente prisión preventiva del imputado no constituiría sentencia definitiva en los términos del art. 440 del C.P.P. ni sería equiparable a ella (Fallos 301:1181; 302:345; 304:152 y 848; 306:2090; 307:1186, 1615, 2348; 313:511, entre otros).
Sin embargo, desde la propia C.S.J.N. se reconocieron excepciones a ese principio, así el Máximo Tribunal expresó “...la decisión recurrida -en tanto restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa y le ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior- es equiparable a sentencia definitiva, por afectar un derecho que requiere tutela inmediata (Fallos 311:358)...” (Fallos 314:451).- De idéntica manera, la C.S.J.N. en otro precedente destacó que “...Cuando esta medida cautelar ha sido dictada sobre la base de una disposición tachada de inconstitucional, o sobre la base de una interpretación de normas federales que se reputa errada, y la calificación jurídica de los hechos impide la excarcelación del imputado, no existe otro modo de resguardar inmediatamente la libertad durante el proceso si no es admitiendo la procedencia formal del recurso extraordinario contra aquélla...” (Fallos 316:365).- Que, este criterio expuesto por la C.S.J.N., equiparando las resoluciones en materia de excarcelación a sentencia definitiva, fue mantenido por el Alto Tribunal en numerosos precedentes, en la idea que las decisiones que mantienen o deniegan la privación de la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa y ocasionan un perjuicio imposible de reparación ulterior, son equiparables a sentencia definitiva ( “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS 'P.
M. A. Y OTROS S/ USURPACIÓN EN CONCURSO IDEAL CON IMPEDIMENTO DE FUNCIONES PÚBLICAS Y CONCURSADAS MATERIALMENTE CON PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD, USURPACIÓN Y ENTORPECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ESTAS DOS ÚLTIMAS EN CONCURSO IDEAL”, Expte. Nº 35.717 (I-469/04-TSJ);“ARBILLA, HÉCTOR NORBERTO S/ INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN”, Expte. N° A-2235/04 (A-470/05/TSJ)-entre otros-). Por consiguiente, la admisibilidad de la instancia extraordinaria para acciones impugnativas deducidas contra decisiones que no revistan a priori el carácter de sentencias definitivas reconoce –en principio- excepciones en los casos en que es aplicable la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso, con base en el art. 18 de la Constitución, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa; a ello se suma, en el procedimiento penal, la necesidad de asegurar el derecho reconocido en el art. 7, inc. 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto impide que persona alguna pueda ser sometida a detención o encarcelamiento arbitrarios.- Que, dicha situación se verificaría en el caso que nos ocupa por encontrarse una persona privada de la libertad merced a una decisión jurisdiccional atacada por la defensa como arbitraria, toda vez que sostiene, que se ha utilizado como fundamento para el dictado de procesamiento con prisión preventiva, la calificación provisoria de los hechos; sin efectuar merito alguno respecto del peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones.
Sin embargo lo expuesto, en modo alguno significa modificar el inveterado temperamento expuesto por este Alto Cuerpo en sus diferentes integraciones, relacionado al cumplimiento del requisito de impugnabilidad objetiva que debe revestir el pronunciamiento atacado para lograr la intervención extraordinaria del Tribunal Superior de Justicia, esto es, la decisión atacada debe revestir el carácter de sentencia definitiva o equiparable a ella. Por lo tanto solamente, corresponde analizar los embates defensivos relacionados con la medida cautelar ordenada -Prisión Preventiva-; sin analizar los hechos por los cuales fuera procesado O., toda vez que los mismos no tienen el carácter de definitividad, y pueden ser modificados y aún revocados en el transcurso del proceso.
En tal sentido señala Nuñez "Una sentencia es definitiva si es la última que se puede dictar en la causa sobre el fondo del asunto" (Nuñez Ricardo C., Código Procesal de la provincia de Córdoba, anotado, 2ª ed., Lerner, cit., com. al art. 491.), circunstancia que no acontece en el caso de autos. Por ello, y con las objeciones señaladas, a la primera cuestión se vota por la afirmativa."- En el derrotero judicial, el concepto de gravamen irreparable, esta siempre asociado a la posibilidad o imposibilidad de revisar en momentos posteriores, el acto que se cuestiona, en los términos en que es cuestionado. Asimismo, no solo alcanza con la posibilidad de que el acto sea "revisado" dicho esto en términos generales, sino, y además, que su cuestionamiento y análisis posterior no afecte el derecho de defensa de la parte que lo articula, causando "estado" en virtud del principio de preclusión procesal, o impidiendo que la medida que se dicte en su perjuicio y que es impugnada, al ser revisada posteriormente, no pueda subsanar los efectos personales que la misma causó a la parte, hasta que la mentada "revisación" posterior se haga efectiva.
En este orden, en la causa "Gallucci, M. F. s. Robo" la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Sala VI; en sentencia del 05/05/2023;, publicada en Rubinzal Online; 9352/2023; RC J 1542/23, sostuvo que: "Corresponde hacer lugar al recurso de queja interpuesto por la defensa contra el pronunciamiento denegatorio del recurso de apelación presentado respecto del punto de la resolución que dispuso estar a la espera de lo que resuelva la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en el recurso en trámite, como así también al resultado de la junta médica ordenada respecto al imputado sobreseído por el delito de robo, al ser declarado inimputable, y declarar mal denegado el remedio procesal articulado, toda vez que se advierten motivos de agravio suficientes como para habilitar la vía intentada, pudiendo causarle al recurrente un gravamen irreparable en los términos del art. 449, CPPN, en la medida que se ha incurrido en un inequívoco apartamiento de las disposiciones legales aplicables al caso como la Ley 26657 de Salud Mental, el Código Civil y Comercial y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En efecto, existe una cuestión federal, pues se trata del régimen de medidas de seguridad del Código Penal y la demora en asegurar la exclusiva disposición de la internación involuntaria del justiciado bajo jurisdicción de la Justicia Civil, priva el reconocimiento y garantía de derechos que le conceden la Ley de Salud Mental mencionada. El apelante indica que lo expuesto se ve reforzado por el hecho de que la cuestión a revisar atañe a las condiciones de la privación de la libertad del nombrado y basa la necesidad de revisión en que se ha superado holgadamente el límite temporal que la propia Cámara dispuso en relación con la internación involuntaria bajo disposición de la justicia penal y resaltó que la misma no deberá implicar un tiempo superior al mínimo previsto para la escala penal en expectativa del delito endilgado." Por su parte, en los autos "Sociedad Rural Argentina y otro vs.
Estado Nacional y otro s. Amparo (Ley 16986) - Recurso de queja", la Cámara Federal de Apelaciones, Sala B, Córdoba, sentencia del 23/05/2022; publicado en Rubinzal Online; RC J 3224/22, sostuvo que: "Se hace lugar al recurso de queja por apelación denegada, ya que no puede soslayarse que el recurso de apelación, fue denegado tomándose como fundamento la irrecurribilidad que surgiría del art. 15, Ley 16986 y del punto V de la Acordada 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debiendo destacarse que la inapelabilidad que surge del punto V de la Reglamentación de Actuación en Procesos Colectivos, hace referencia exclusivamente a la resolución que ordena la inscripción del proceso en el Registro, no siendo extensiva esta regla a las cuestiones sobre legitimación activa, ya que de ninguna manera podría cercenarse mediante una Acordada del Máximo Tribunal la posibilidad de acceso a una doble instancia en esta materia, en tanto que la determinación de esta cuestión obsta a la existencia y prosecución del proceso mismo, y fallar de manera contraria importaría una manifiesta violación del principio de tutela judicial efectiva contenido en las bases de la Carta Magna.
Asimismo, denegar dicho remedio recursivo en contemplación del art. 15, Ley de Amparo, implicaría a todas luces un exceso ritual manifiesto, porque debe tenerse en cuenta el alcance de los efectos que pueda tener este proceso colectivo, que no es el mismo que el de un amparo individual. En este sentido, denegar la apelación en el caso, implicaría dejar firme una resolución que reconoce la legitimación activa de la actora, suprimiendo toda posibilidad de cuestionarla en otro momento. Ello produciría un gravamen irreparable e irreversible para la afectada, vulnerando así el derecho de defensa en juicio." Sintetizando, entonces, la pretendida diferenciación impuesta en el orden establecido en el artículo 294, debe ser leída como enunciativa en su hermenéutica con el resto de las normas del CPP. y del Derecho Constitucional- Convencional y no como taxativa, pues el derecho al recurso es un derecho humano que integra los derechos humanos de primera generación y que debe ser garantizado en cualquier proceso penal, entendiendo por dicho significante, que al no hablar del querellante en los autos de procesamiento, éste no queda excluido de dicho derecho conforme lo normado en el art. 432 “in fine”, al igual que para el imputado en los autos de falta de mérito; que asimismo y en este orden, la norma cuestionada, reiterase, debe ser leída conforme lo normado en el 432, que da lugar al recurso de apelación cuando el acto procesal impugnado cause gravamen irreparable, y finalmente, teniendo en cuenta que el artículo 443 referido al recurso de casación, habilita al querellante a recurrir en los mismos casos que el Ministerio Público Fiscal, esta paridad legal de las partes acusatorias debe mantenerse en todos los supuestos de actuación recursiva, pues el recurso de apelación es el mecanismo impugnativo por excelencia cuando la causa se encuentra en etapa de instrucción.
Surge claro que el auto de procesamiento respecto de la querella y su teoría del caso, como así el auto de falta de mérito respecto del imputado, pueden causar gravamen irreparable a cada parte, pueden además ser decisiones arbitrarias, adolecer de vicios “in iudicando o in procedendo”, etc., cuestión que deberá analizarse en cada caso, pero que obliga a los distintos órganos jurisdiccionales a conceder los recursos de apelación y a tratarlos conforme lo expresado y a emitir un fallo respecto de los agravios en los que se fundan, en base y con fundamento en la interpretación armónica de las distintas normas indicadas, sin la necesidad de declarar la inconstitucionalidad del mismo, por lo que dicho planteo debe ser rechazado.
Así las cosas, los agravios de la parte querellante, serán tratados al momento de analizar el encuadre jurídico que el A quo ha dado a la conducta de los imputados." Finalmente, para el hipotético caso de negativa del Fiscal y la confirmación del Sr. Fiscal de Cámara, lo que implicará la continuación del proceso en soledad con la parte querellante, cabe señalar que el Ministerio Público Fiscal no debe ser apartado y debe continuar interviniendo hasta la elevación de la causa a juicio, ya que es un sujeto esencial del proceso y debe velar por la legalidad y constitucionalidad del mismo. En este sentido, se le deberán notificar todos y cada uno de los actos que se dispongan, podrá ejercer el control probatorio que entienda pertinente, y evacuar todas y cada una de las vistas regladas en el código de rito, salvo aquellos actos que, por su naturaleza, impliquen una contradicción con la negativa expresada a formular requerimiento." En autos, el denunciante se presenta ante el fiscal en turno, pues tomó conocimiento, por los medios de comunicación de la ciudad de Pico Truncado, que la Sra.
C. G. efectuó manifestaciones en un medio de comunicación, relativas a diversos hechos ocurridos en el Concejo Deliberante de Pico Truncado que involucraban a los funcionarios públicos que nombra. A partir de allí el Sr. Agente Fiscal realiza el requerimiento de instrucción que obra a fs. 04/05. A fs. 06 el Sr. Juez de Instrucción da inicio a la investigación, ordenando una serie de medidas. Entre ellas, cita a prestar declaración testimonial a la Sra. C. G., acto procesal que es realizado a fs. 41/46. A tenor de los dichos volcados en su declaración, la Sra. G. pretende se la tenga por parte querellante, aduciendo su calidad de particular ofendida por los delitos investigados. Ahora bien, las circunstancias narradas por la Sra.
C.G. en su declaración testimonial, no evidencian, en relación a su persona, más que un conflicto de índole administrativolaboral, que le habría afectado tanto psicológica como físicamente. Sin embargo, no se advierte que esa afectación provenga en forma directa ni indirecta de los delitos denunciados e investigados, sino que aparecería derivada, en caso de acreditarse, de cuestiones laborales y de relación en dicho ámbito. En otras palabras, no existe ni derecho subjetivo ni interés legítimo afectado ni ofendido, tal como se dijera, por los hechos de los que, en principio, fue testigo. Solo hay un interés general alegado en que se investiguen delitos y se haga justicia, que no es más que el interés de cualquier ciudadano, pero que no permite legitimar activamente a un querellante.
Así lo expone en forma clara el Sr. Juez de Instrucción, decisión que encuentro debidamente fundada, pues de los considerandos surge en forma evidente el razonamiento efectuado por el a quo que lo ha llevado a adoptar la decisión ahora cuestionada, la que, además, comparto. La queja de la pretensa querellante relativa a que el A quo no explicitó los motivos por los que se apartó de lo dictaminado por el Agente Fiscal, no puede ser favorablemente atendida. En primer lugar, porque tal como lo indica la recurrente, el dictamen fiscal no es vinculante. En segundo lugar, si el propio Agente Fiscal no indica los motivos por los que entiende procedente la petición de la Sra. G., es decir, por qué considera que la Sra.
C. G. tendría la condición de persona ofendida, mal puede el juez decir por qué se aparta de un criterio que no ha sido debidamente motivado (conf. fs. 187). Es claro que el dictamen fiscal no debe dar por sentado, más aún teniendo en cuenta el bien jurídico tutelado, que existe ofensa solo por el hecho que una persona deponga como testigo. Eso quita de racionalidad, logicidad, legalidad, y constitucionalidad-convencionalidad, al ejercicio de la acción penal pública y del rol del querellante, transmutándola en una acción popular, ajena a la dinámica de cualquier proceso penal actual, y vulnera el principio y garantía defensa en juicio, normado en el art. 18 de la C.N.”
Sobre este andamiaje cada una de las proposiciones fácticas que se plasman en el requerimiento fiscal de instrucción, no dejan lugar a dudas que las medidas adoptadas y que fueran motivo del presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, involucran tanto a la pretensa querellante B. M. V. como a su hijo M.B.B. y que las decisiones jurisdiccionales afectaron sus derechos subjetivos, siendo motivo de investigación si esas afectaciones dan lugar o no a su subsunción típica.
Teniendo el cuenta el bien jurídico tutelado, allende ser general, en el caso, la conducta denunciada tuvo impacto en los derechos subjetivos tanto de la pretensa querellante como de su hijo, por lo que la misma se encuentra, claramente legitimada por derecho propio y en representación de su hijo menor, a participar y querellar en autos.
Ello así, pues la responsabilidad parental es una función que le corresponde a los progenitores respecto de sus hijos menores y no emancipados. La responsabilidad parental ha sido definida como "...el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres con respecto a sus hijos menores de edad no emancipados. Por tratarse de un conjunto de derechos y deberes se trata de una función."
(Conforme CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN COMENTADO, EDITORIAL LA LEY, DIRECTORES JULIO CESAR RIVERA Y GRACIELA MEDINA, COORDINADOR MARIANO ESPER, TOMO II, pág. 483).
Siguiendo con la misma línea argumental y si bien nos hallamos ante un delito cuya tipicidad afecta de manera directa a la Administración Pública, como se señaló, un bien de carácter general, la noción de "particular ofendido" consagrada en el ordenamiento procesal tiene en cuenta el bien jurídico, pero el mismo no descarta, ni mucho menos, que en la alteración o vulneración del mismo, además, se puedan vulnerar derechos subjetivos o intereses legítimos de los particulares.
Allende las decisiones cuestionadas que no son motivo de éste análisis, lo cierto es que las mismas afectaron tanto a la pretensa querellante como a su hijo, razón por la cual existe legitimación para actuar en la apelante, tanto por derecho propio como en representación de su hijo menor de edad.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-REVOCAR el auto interlocutorio de fs. fs. 268/270, HACIENDOSE LUGAR a la constitución como querellante particular, tanto a título personal como en representación de su hijo menor de edad, a la Sra. B. M. V. con el patrocinio letrado de lasdoctoras Manuela Ponz y Pamela Pérez, conforme lo normado en los arts. 75, ss. y cc. del C.P.P.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mí:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia