Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, los cuestionamientos introducidos en este acápite no habrán de prosperar.
III. Del agravio referido a la gravedad institucional:
Finalmente, la parte recurrente invocó gravedad institucional, al considerar que la promoción anticipada y selectiva de investigaciones por falso testimonio respecto de aquellos testigos cuyas declaraciones no coinciden con la hipótesis acusatoria genera un efecto disuasorio e intimidatorio sobre quienes son convocados a declarar ante los tribunales.
En ese sentido, sostuvo que dicha práctica transmite a la comunidad un mensaje negativo, en tanto podría generar en los testigos el temor de sufrir consecuencias penales por brindar una versión que no resulte coincidente con la sostenida por el órgano acusador, desalentando de ese modo la colaboración ciudadana con la administración de justicia.
Que, en abordaje a los planteos expuestos por la defensa, adelantamos, tampoco habrán de prosperar.
En tal sentido, consideramos que yerra la defensa al afirmar la existencia de gravedad institucional basada en un presunto “efecto disuasorio” sobre los testigos.
En efecto, la obligación de declarar con verdad constituye una carga pública expresamente prevista en el ordenamiento (art. 224 del C.P.P.). Por ello, la promoción de una investigación penal ante la sospecha de mendacidad en un posible falso testimonio, no constituye una amenaza o represalia, sino el ejercicio regular de la acción penal pública a cargo del Agente Fiscal. …
TOMO CLXIII - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.205 FOLIO N° 059/062 PROT. ELECT. JR101 352I.261
Río Gallegos, 25 de agosto de 2026.-
La presente causa caratulada Sr. Agente Fiscal S/ Requiere Instrucción“ - Expte. N° A-16.286/24 - Apelación/Causa JR N° 10282/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 78/81vta., obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno con asiento en la localidad de Puerto San Julián, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado F.G.F., en orden al delito de “Falso Testimonio” (Art. 275 del C.P.).
Que a fs. 85/86vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 109, no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P.-
Que, previo a todo trámite, y en atención a los planteos de nulidad expuestos por la parte recurrente, a fs. 95 se corrió en vista las presentes actuaciones a la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, y a fs. 96/100vta. se adunó su dictamen.
Que de esta forma, quedan los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un perjuicio procesal irreparable. Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la nulidad del requerimiento de instrucción:
La defensa se agravió al considerar que corresponde declarar la nulidad del requerimiento de instrucción, por entender que el representante del Ministerio Público Fiscal que interviene en la causa principal carece de la objetividad necesaria para promover una investigación por falso testimonio derivada de aquel proceso.
En tal sentido, sostuvo que, así como la jurisprudencia ha entendido que el juez que interviene en la investigación principal se encuentra impedido de actuar en una causa por falso testimonio derivada de ella, idéntica circunstancia se presenta respecto del fiscal que ha construido y sostenido una determinada hipótesis acusatoria, máxime cuando las declaraciones cuestionadas resultan contrarias a dicha tesis. Asimismo, señaló que la causa principal aún no ha concluido, por lo que no existiría certeza suficiente acerca de la mendacidad de los testimonios, cuya valoración definitiva deberá efectuarse en el marco de aquel proceso.
Por ello, entendió que la investigación por falso testimonio importa un juicio prematuro sobre la veracidad de las declaraciones y un menoscabo al deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal, solicitando la nulidad del requerimiento de instrucción y, eventualmente, que la cuestión sea promovida por un fiscal distinto una vez concluido el proceso principal. Que, en abordaje de los planteos expuestos por la defensa, y compartiendo en lo sustancial los fundamentos desarrollados por la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, corresponde efectuar algunas consideraciones. Así, no resultan atendibles los cuestionamientos formulados por la defensa, pues, en primer término, surge manifiesta la extemporaneidad de lo reclamado y su consecuente caducidad y/o subsanación, en tanto la parte consintió la intervención del Agente Fiscal durante la etapa instructiva. En efecto, los arts. 158 y 162 del C.P.P. establecen que los actos procesales sólo pueden ser declarados nulos cuando se hubieren inobservado disposiciones expresamente establecidas bajo pena de nulidad y que las nulidades producidas durante la instrucción deben ser opuestas durante ésta o, a más tardar, en el término de citación a juicio, bajo pena de caducidad.
Asimismo, el art. 163 del mismo cuerpo legal, dispone que las nulidades quedan subsanadas cuando no son opuestas oportunamente o cuando quienes tienen derecho a hacerlo, aceptan expresa o tácitamente los efectos del acto. En este caso, la identidad del Agente Fiscal era conocida desde el inicio y, al no haber promovido su apartamiento en la primera oportunidad procesal útil, cualquier eventual irregularidad ha quedado convalidada.
De igual manera, el ordenamiento prevé una vía específica para cuestionar la idoneidad subjetiva de un Fiscal, siendo ésta la recusación. De hecho, el artículo 64 del C.P.P. dispone que los miembros del Ministerio Público deben inhibirse y pueden ser recusados por los mismos motivos que los jueces, con excepción de los casos en que la acusación o denuncia haya sido formulada en ejercicio de sus funciones, debiendo tramitarse la cuestión mediante el incidente correspondiente.
Por ello, el argumento de la parte recurrente deviene improcedente, en tanto pretendió sustituir este mecanismo procesal por un planteo de nulidad formulado con posterioridad al resultado adverso.
A su vez, la propia norma exceptúa de los motivos de apartamiento, aquellos supuestos en los que la acusación o denuncia provenga del Agente Fiscal en ejercicio de sus funciones, como ocurre en el caso.
Por otro lado, no se advierte en autos la invocación de causales legales, las que se encuentran previstas en los arts. 49 y 50 del C.P.P.
En este marco, para que proceda el apartamiento de un Magistrado o Agente Fiscal, debe acreditarse alguna de las causales previstas legalmente. En el caso de marras, la defensa no ha invocado ninguna de estas circunstancias de carácter subjetivo, limitándose a cuestionar el conocimiento previo que el Agente Fiscal tenía por su actuación en la causa principal.
Por su parte, el artículo 50 del C.P.P. delimita quiénes revisten el carácter de “interesados” a los fines de las causales previstas en el artículo 49, sin que la circunstancia de que el imputado haya intervenido como testigo en el proceso originario permita, por sí sola, sustentar la existencia de un interés contrapuesto por parte del Agente Fiscal.
De igual manera, consideramos dable señalar a la defensa la diferencia de roles institucionales. En efecto, a diferencia del Juez, a quien se le exige imparcialidad, el Ministerio Público Fiscal actúa bajo el principio de objetividad, el cual no supone neutralidad frente al conocimiento de un posible delito. El conocimiento de la prueba y la formación de una hipótesis acusatoria constituyen tareas inherentes a su función. Por ello, la inhibición del juez de la causa principal no se extiende automáticamente al Agente Fiscal, dado que ambos desempeñan funciones institucionales distintas, reguladas por normas específicas.
Finalmente, el argumento defensista de que debe concluir la causa principal para investigar el falso testimonio tampoco puede prosperar. En efecto, el artículo 180 del C.P.P. establece que el Agente Fiscal requerirá al juez competente la instrucción siempre que tenga conocimiento, por cualquier medio, de la comisión de un delito de acción pública, sin supeditar dicha actuación a la previa conclusión del proceso del cual pudiera derivar el hecho investigado.
En tal sentido, cabe recordar que esta Alzada -siguiendo los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- sostuvo en numerosas resoluciones (Apelaciones Nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22 y 7729/22, 9887/25, 9961/26, entre muchas otras) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio concreto e irreparable.
Al respecto, debemos decir que, a la luz de los fundamentos expuestos por la Sra. Fiscal, los que comparte íntegramente esta Alzada, la defensa no ha demostrado la existencia de un vicio legalmente previsto bajo sanción de nulidad, como tampoco canalizó oportunamente su cuestionamiento mediante la vía procesal establecida a tal fin, ni individualizó la existencia de un perjuicio concreto e irreparable que justifique la sanción pretendida.
Por todo lo expuesto, los cuestionamientos introducidos en este acápite no habrán de prosperar.
III. Del agravio referido a la gravedad institucional:
Finalmente, la parte recurrente invocó gravedad institucional, al considerar que la promoción anticipada y selectiva de investigaciones por falso testimonio respecto de aquellos testigos cuyas declaraciones no coinciden con la hipótesis acusatoria genera un efecto disuasorio e intimidatorio sobre quienes son convocados a declarar ante los tribunales.
En ese sentido, sostuvo que dicha práctica transmite a la comunidad un mensaje negativo, en tanto podría generar en los testigos el temor de sufrir consecuencias penales por brindar una versión que no resulte coincidente con la sostenida por el órgano acusador, desalentando de ese modo la colaboración ciudadana con la administración de justicia.
Que, en abordaje a los planteos expuestos por la defensa, adelantamos, tampoco habrán de prosperar.
En tal sentido, consideramos que yerra la defensa al afirmar la existencia de gravedad institucional basada en un presunto “efecto disuasorio” sobre los testigos.
En efecto, la obligación de declarar con verdad constituye una carga pública expresamente prevista en el ordenamiento (art. 224 del C.P.P.). Por ello, la promoción de una investigación penal ante la sospecha de mendacidad en un posible falso testimonio, no constituye una amenaza o represalia, sino el ejercicio regular de la acción penal pública a cargo del Agente Fiscal.
Del mismo modo, la parte recurrente ha formulado un agravio genérico respecto del supuesto mensaje que tal proceder proyectaría hacia la comunidad, pero no ha logrado demostrar la existencia de un perjuicio real, concreto e irreparable que afecte el derecho de defensa de su representado en el presente proceso.
Al respecto, el requerimiento de instrucción no importa un pronunciamiento de culpabilidad, sino el acto mediante el cual se promueve la averiguación de la verdad, en cuyo marco el imputado cuenta con todas las garantías y asistencias legales correspondientes.
Por consiguiente, dicho acto cumplió acabadamente con su finalidad procesal, al individualizar al imputado y describir el hecho investigado, garantizando que éste conozca los cargos que se le atribuyen. La mera disconformidad con la actuación funcional del Agente Fiscal no autoriza a declarar la nulidad de un acto que no presenta vicios que afecten su validez.
De este modo, entendemos que los cuestionamientos de la defensa se limitan a expresar una disconformidad con lo resuelto por la Magistrada Subrogante, sin lograr demostrar la existencia de la gravedad institucional alegada, ni la afectación concreta de garantía constitucional alguna. Por todo lo expuesto, el agravio introducido no habrá de prosperar.
Por todas las circunstancias arriba mencionadas, y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, es que confirmaremos la resolución que se intentó poner en crisis.
IV. Atento que el imputado de autos resulta ser dependiente de la Policía de Santa Cruz, comuníquese lo aquí resuelto, con los recaudos de estilo, a la Dirección General de Asuntos Legales de la mencionada institución, acompañando copia de la presente resolución a los efectos pertinentes.
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VI. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oído que fuera el Ministerio Público Fiscal, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. RECHAZAR los planteos de NULIDAD incoados por la defensa, por los motivos expuestos en el considerando II) que antecede.
2. CONFIRMAR el auto de fs. 78/81vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden. 3º)- OFICIESE con los recaudos de estilo, a la Dirección General de Asuntos Legales de la Policía de Santa Cruz, acompañando copia de la presente resolución, conforme lo ordenado en el punto IV) de los considerandos.
4. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
5. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia