Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 36647-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar desierto el recurso interpuesto y confirmar la decisión de fs. 116/121vta., con costas.
2Imponer astreintes al demandado con arreglo a lo dispuesto en el considerando 6º.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 41788/2023 “STANDARD FRUIT ARGENTINA SA (TF 36647-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
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41788/2023 “STANDARD FRUIT ARGENTINA SA (TF 36647-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, noviembre de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 116/121vta., el Tribunal Fiscal de la Nación, en lo que aquí interesa, admitió los planteos de prescripción de las acciones del Fisco para exigir multa y percibir tributos con relación a aquellas operaciones denunciadas en el marco de la actuación 12618-20-2009 que habían sido oficializadas en 2004.
Impuso las costas al demandado vencido.
Para resolver como lo hizo, mencionó que la denuncia se había promovido tras detectarse que, en una serie de exportaciones efectuadas mediante el régimen de envíos en consignación, la empresa actora había liquidado divisas con bastante antelación a la fecha de facturación e, incluso, a la de registro de cada destinación definitiva, en carácter de “anticipos de exportación”.
Agregó que la resolución 103/15, apelada en la causa, había fundado la condena por la infracción tipificada en el artículo 954, apartado 1º, inciso a, del Código Aduanero en el hecho de haberse declarado un régimen de consignaciones que no se correspondía con la realidad de las operaciones, atento a los anticipos de divisas registrados; lo que a su vez redundaba en que la exportadora hubiese pagado en forma tardía los derechos de exportación y por un importe menor al correspondiente (fs. 885/898, act. adm.). En ese marco, con respecto a la acción penal, señaló que para las operaciones registradas durante 2004 el cómputo de la prescripción había comenzado el 1/1/05 y operado el 31/12/09, al no haber mediado causales de interrupción (arg. arts. 934 y 935, del CA). Precisó, en tal sentido, que el auto de apertura del sumario databa del 16/12/10 (fs. 384/386, act. adm) y que, por lo tanto, había sido dictado con posterioridad a que operase la prescripción (arg. arts. 937, inc. a, del CA). Asimismo, aclaró que la impresión de pantalla con los antecedentes infraccionales de la actora, obrante a fs. 871 de las actuaciones administrativas, no podía tener virtualidad para interrumpir la prescripción en curso en los términos del artículo 937, inciso b, del Código Aduanero, como pretendía la Aduana, porque de esa constancia no surgía la fecha en que se había cometido la infracción.
Por otro lado, con respecto a la acción tributaria, indicó que el cómputo de la prescripción también había comenzado a correr el 1/1/05 y operado el 31/12/09, al no haber mediado causales de suspensión. Reiteró, a este respecto, que el auto de apertura sumarial se había dictado con posterioridad al vencimiento del plazo quinquenal (arg. arts. 803, 804 y 805, inc. a, del CA).
2. Que, disconforme con la decisión, a fs. 129 interpuso apelación el Fisco Nacional, que se concedió a fs. 130, se fundó a fs. 134/138 y fue replicado a fs. 142/148vta.
Planteó que el tribunal de origen había incurrido en un error al valorar los hechos y las constancias agregadas a la causa, lo cual justificaba apartarse de la decisión de declarar prescriptas sus acciones con respecto a las exportaciones registradas en 2004. En especial, discrepó con la fecha de comienzo del cómputo de la prescripción que tomó en cuenta la decisión apelada. Argumentó que, tanto el artículo 804 como el 937 del código, referían al primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiese cometido o constatado la falta. De tal manera, planteó que era incorrecto tomar en cuenta el momento de registro de las destinaciones, y que debió considerarse el 3/8/09 (fecha del informe obrante a fs. 1/8 y ss. de la actuación administrativa), por ser ése el día en que se detectó la irregularidad.
En otro orden de ideas, argumentó que el plazo de prescripción de la acción para imponer penas se había interrumpido el 30/12/06, cuando quedó firme la resolución aduanera condenatoria dictada en el sumario 142195, según la constancia agregada a fs. 871 de los antecedentes. Al ser ello así, indicó que el nuevo plazo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas hubiese vencido el 1/1/11, pero se volvió a interrumpir con el dictado del auto de apertura sumarial del 16/12/10.
En cuanto a la prescripción de la acción para el cobro de los tributos, indicó que se había interrumpido en los términos del artículo 806, inciso e, del Código Aduanero, cuando la actora impugnó “los cargos 82/10 y 83/10” (fs. 135vta) sin acusar la prescripción, lo que a su entender había importado un reconocimiento tácito de la obligación tributaria.
Por último, explicó cómo funcionaba el régimen de promoción de exportaciones al amparo del cual se había extraído la mercadería, y detalló las fechas en que cada una de las destinaciones en consignación (ES01) se había convertido en una exportación definitiva para consumo (EC07). También insistió en que el fundamento de la imputación radicaba en que se habían registrado ingresos de divisas a los pocos días/semanas de haberse cumplido los ES01; lo que evidenciaba que la empresa exportadora había optado por amplios plazos para confirmar una supuesta venta que, en realidad, ya estaba pactada con anterioridad, desnaturalizando de tal manera el régimen de envíos en consignación y abonando en forma tardía los derechos de exportación correspondientes a las operaciones investigadas.
3. Que el artículo 265 del CPCCN —aplicable en la especie en virtud de la remisión que establece el artículo 1182 del CA— establece que “…el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores…”.
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Es decir que el contenido del memorial debe consistir en una crítica precisa de los supuestos errores que contiene la sentencia, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho, y no puede constituir una simple discrepancia con lo resuelto por el juzgador.
Por otra parte, si bien la valoración de la expresión de agravios a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación no se debe llevar a cabo con un injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio, es preciso que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia respecto de los cuales se disiente y que, además, se brinden fundamentos serios y precisos que demuestren al tribunal de alzada cuáles fueron los errores de la sentencia apelada (conf. esta Sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN-M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/12, entre muchas otras). Asimismo, se debe recordar que la Corte federal ha señalado que los recurrentes deben rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre muchos otros).
4. Que el memorial del Fisco Nacional no cumple con tales pautas, ni pone en evidencia arbitrariedad alguna en la apreciación de los hechos y de las pruebas formulada por el Tribunal Fiscal de la Nación, en tanto se limita a discrepar con el cómputo de los plazos de prescripción, pero sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dirimentes de la decisión.
En particular, no justifica con el rigor necesario que se esté ante la imposibilidad de precisar la fecha de comisión de la infracción; único supuesto que habilita a acudir a la fecha de constatación de la irregularidad para el comienzo del cómputo de la prescripción, de acuerdo al texto de los artículos 804, inciso a, y 935 del Código Aduanero.
En este sentido, el recurrente no se hace cargo de los propios términos del informe técnico obrante en las actuaciones administrativas, así como del auto de apertura sumarial del 16/12/10, de donde surge que la infracción se tuvo por configurada a partir del incumplimiento de los plazos y condiciones del régimen de envíos en consignación en lo que respecta a destinaciones EC07 concretas y determinadas; lo que permitía asumir que en ellas se había declarado un régimen que no correspondía con la realidad de cada operación (v. fs. 2/8 y 384/385, act. adm.).
Se hace notar que todas las declaraciones aduaneras por las que se abrió el sumario fueron oficializadas entre 2004 y 2005 (siendo materia de apelación, exclusivamente, lo resuelto con relación a las registradas en 2004); como así también que, por definición y conforme surge del texto del artículo 954 del Código Aduanero, la infracción no podría configurarse en una fecha distinta a la del registro de la declaración aduanera comprometida, con independencia del momento en que se constate la diferencia con el resultado de la comprobación.
De un modo acorde con lo expuesto, se aprecia que para la determinación del presunto perjuicio fiscal por derechos de exportación no cancelados y la liquidación de los intereses por pagos en mora, el servicio aduanero tuvo en cuenta los derechos que la actora debió haber abonado al libramiento de la mercadería, es decir, conforme al momento imponible que se hubiese aplicado de no utilizarse el régimen de envíos en consignación (v. esp. fs. 882/883, act. adm.).
Estas circunstancias dejan sin sustento la pretensión de que se computen los plazos de prescripción desde la supuesta fecha de constatación de la infracción, en tanto es claro que la Aduana pudo precisar el momento de comisión de las irregularidades y, en esas condiciones, la prescripción de las acciones del Fisco Nacional habría operado del modo en que lo explicó el Tribunal Fiscal de la Nación.
En adición a lo expuesto, debe señalarse que el memorial tampoco rebate el argumento en virtud del cual el organismo jurisdiccional desestimó la virtualidad interruptiva del antecedente informado a fs. 871 de las actuaciones.
Finalmente, no puede obviarse que la apelación refiere a la impugnación de liquidaciones tributarias que no son las involucradas en esta actuación y que, incluso si se tomase la impugnación de los cargos aquí cuestionados (136 a 167 del 2009), debería contemplarse que en aquélla se desconoció expresamente la legitimidad de la exigencia tributaria (v. fs. 606/616, act. adm.).
En esas condiciones, corresponde declarar desierta la apelación y confirmar la decisión de fs. 116/121vta.
5. Que las costas de esta instancia se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos para la dispensa (art. 68, segundo párr., CPCCN).
6. Que, por último, en atención a la intimación cursada en el punto V del proveído del 11/10/23, notificada al demandado el 12/10/23, sin que aquél cumpliese con la liquidación de la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, aplíquense astreintes de $100 diarios, a partir del quinto día de notificada la presente y hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo. Sin perjuicio de lo expuesto, y por considerar que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92, corresponde remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto exigible. Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Declarar desierto el recurso interpuesto y confirmar la decisión de fs. 116/121vta., con costas.
2. Imponer astreintes al demandado con arreglo a lo dispuesto en el considerando 6º.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
41788/2023 “STANDARD FRUIT ARGENTINA SA (TF 36647-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco a los fines indicados en el considerando 6º.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia