Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 37055-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Fiscal de la Nación de fojas de fojas 110/1;
2Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (art. 68, 1º párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 30.026/2023 STANDARD FRUTI ARGENTINA SA-TF 37055-A C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de junio de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fojas 110/1 , la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación revocó Resoluciones N° 03/2016, 04/2016, 06/2016 y 07/2016 (AB SAOE), dictadas en las Actuaciones SIGEA N° 12834-112-2009, 12834- 58-2009, 12834-108 -2009 y 12834-83-2009, con fundamento en la utilización irregular del régimen de envío en consignación. En esos actos, el Jefe de Inspección Ex Ante de la Aduana de San Antonio Oeste condenó a la actora al pago sendas multas, en virtud de la infracción prevista en el artículo 954, inciso a) del Código Aduanero; y la intimó a abonar los cargos por derechos de exportación que se formularon en aquellas actuaciones, con más los intereses allí calculados.
Para resolver de ese modo el tribunal comenzó por señalar que la controversia refería a hechos y prueba. En particular, explicó que la cuestión debatida radicaba, por un lado, en conocer quien tiene la carga de probar la inexactitud de la declaración –fundada en el supuesto abuso del empleo del régimen de envío en consignación-; y, por otro, en establecer el estándar probatorio exigible a los efectos de acreditar ese hecho.
Señaló que incumbe al Fisco la prueba de la inexactitud reprochada (art. 954, CA) al objetar un negocio que no exhibe un carácter inverosímil a simple vista, sino que, por el contrario, se corresponde con usos y prácticas del comercio exterior.
En el caso, para probar la discordancia entre lo declarado y lo realizado, el servicio aduanero basó sus dichos en la existencia de anticipos de divisas realizados antes o a los pocos días/semanas de haber cumplido los ES01, lo que habría permitido a la firma exportadora optar por amplios plazos para confirmar una supuesta venta que ya estaba pactada con anterioridad, superando los plazos de espera para el pago de los derechos de exportación y desnaturalizando así el régimen de envíos en consignación. Y explicó que si bien en esta tarea el Fisco puede recurrir a pruebas indirectas, en este caso el peso de la prueba producida no alcanza para desvirtuar los términos en los que el exportador declaró la operación.
Explicó que sólo bajo condiciones de suma rigurosidad, puede admitirse el desplazamiento de la autonomía de la voluntad en la consideración de los hechos jurídicos, sobre todo si no se utilizan en aparente abuso las formas jurídicas.
Por eso, llegó a la conclusión de que, atendiendo al principio de legalidad, mediante el cual se exige atenerse a la descripción legal de la conducta penada, no puede considerarse configurada la infracción involucrada, por lo que consideró que debía revocarse el acto apelado.
II. Que contra esa resolución la accionada dedujo apelación (fs. 120) y expresó sus agraviosa a fs. 126/8, los cuales fueron replicados a fs. 134/8.
En su escrito recursivo expresó que “[…] los hechos probados en sede administrativa y que no son objetados por la actora resultan elementos suficientes para tener por cumplida la infracción al art. 954, inc. a) del CA”.
Entiende que es errado el argumento del a quo de que el Fisco no probó la inexactitud reprochada, pues –a su juicio- es bastante la acreditación del ingreso de divisas con anterioridad a la fecha de facturación.
Recuerda que, por estar en discusión operaciones afectadas a un régimen de beneficios, la interpretación que se haga de los hechos y la prueba debe ser más estricta con relación al cumplimiento de las condiciones por el exportador. En ese sentido, insiste en que la valoración de la prueba por el Tribunal Fiscal es inadecuada.
Solicita por eso que se revoque la sentencia apelada y se confirmen los actos cuestionados.
III. Que corresponde, entonces, tratar los agravios del Fisco Nacional, único apelante en autos.
III.1. Conviene recordar que el artículo 1180 inciso b) del Código Aduanero establece que este tribunal no puede revisar las conclusiones del Tribunal Fiscal de la Nación sobre los hechos probados siempre que, del ejercicio por parte del a quo de su facultad para apreciar las cuestiones fácticas, no surja que hubiera mediado arbitrariedad o error de magnitud suficiente para apartarse la aplicación del mentado principio (Fallos: 300:985; Sala I, in re "Scioli S.A.", del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V 14/12/93; Sala III, in re "Schmid, Walter Edmundo", del 26/10/84; esta Sala, in rebus "Ducilo SA", del 14/8/95, e "Incobe SRL c/ ANA", del 23/8/95; entre muchos otros).
En sentido concordante, se ha dicho que el recurso no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión a que aquel tribunal hubiese arribado al valorarla, salvo que se verifique la existencia de error manifiesto o arbitrariedad en la valoración de la prueba (esta Sala, in re “Agencia Marítima Alpemar S.R.L (TF 26.550-A) c/ DGA”, del 12/6/2012, y sus citas).
III.2. Ahora bien, en el sub lite, el propio Tribunal Fiscal de la Nación puso de resalto desde el inicio que la cuestión debatida versaba sobre la valoración de hechos y prueba (conf. consid. IV del pronunciamiento apelado).
En efecto, la discusión en estos autos gira en torno a si alcanzaba para tener por infringido el régimen de envíos en consignación –mediante el cual la actora documentó las exportaciones involucradas- con la verificación de la acreditación de un anticipo. Según la demandada, el anticipo actuó en la realidad como el pago no declarado de la mercadería exportada bajo dicho régimen. Así las cosas, el Tribunal Fiscal señaló que “[r]especto de la aplicación del art. 954 al caso de marras, queda fuera de toda duda que es el fisco quien, al objetar un negocio que no exhibe un carácter inverosímil a simple vista, sino que, por el contrario, se correspondía con usos y prácticas del comercio exterior, tenía la carga de probar la inexactitud reprochada”.
Sobre esa base, destacó que “[e]n el caso, para probar la discordancia entre lo declarado y lo realizado, el servicio aduanero basa sus dichos en la existencia de anticipos de divisas realizados antes o a los pocos días/semanas de haber cumplido los ES01, lo que habría permitido a la firma exportadora optar por amplios plazos para confirmar una supuesta venta que ya estaba pactada con anterioridad, superando los plazos de espera para el pago de los derechos de exportación y desnaturalizando así el régimen de envíos en consignación”. Y explicó que la solución de la controversia podía ceñirse a la determinación de si la prueba de la recepción de los anticipos tenía entidad suficiente para justificar la inexactitud enrostrada. En tal sentido, destacó que “si bien es posible que el ente aduanero pueda acercarse a la verdad por medio de pruebas indirectas y que no es menester la acreditación más allá de toda duda razonable, por cuanto no puede compararse los estándares rigurosos del derecho penal con los administrativos y tributarios, lo cierto es que el peso de la prueba producida no llega a conmover los términos en los que se declaró la operación por parte del exportador. Es que, en efecto, bajo condiciones de suma rigurosidad, puede admitirse el desplazamiento de la autonomía de la voluntad en la consideración de los hechos jurídicos. Y máxime si no se utilizan en aparente abuso las formas jurídicas” y que “[e]n tal entendimiento del asunto, resulta menester destacar que no se encuentran controvertidos los aspectos relativos a la procedencia y cumplimiento por parte de la exportadora de las condiciones y plazos exigidos por el régimen especial de envíos en consignación, así como tampoco las alícuotas utilizadas para la liquidación de tributos”.
III.3. En tales condiciones, a la luz de lo expuesto, y de lo previsto en el Decreto Nº 637/79, no se advierte que la apreciación de la prueba efectuada por el Tribunal Fiscal haya sido arbitraria o irrazonable, de modo tal que justifique desechar las conclusiones vertidas sobre el punto en el pronunciamiento apelado. Máxime, cuando de los términos del recurso interpuesto no se advierte que la recurrente haya formulado razonamientos que logren de algún modo rebatir las conclusiones alcanzadas por el Tribunal a quo, sino que, por el contrario, resultan ser afirmaciones genéricas idénticas a las expuestas en su recurso inicial, las que, cabe señalar, recibieron un adecuado tratamiento en la resolución apelada. En efecto, el recurso de la demandada sólo contiene expresiones de su disconformidad con la forma en que el a quo valoró la prueba para decidir del modo en el que lo hizo.
III.4. A lo anterior cabe añadir que, confrontada a una discusión análoga, esta Sala ya se ha pronunciado en sentido similar al del pronunciamiento recurrido al resolver en la causa nº 37684/2016 “Standard Fruit Argentina S.A. c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, el 18/08/2016.
Por consiguiente, en atención a que el Fisco no desvirtuó los argumentos vertidos por el Tribunal a quo, ni aportó en esta instancia nuevos elementos de juicio o argumentos tendientes a demostrar que los extremos allí considerados resultaban incongruentes o arbitrarios, corresponde rechazar los argumentos vertidos en el aspecto analizado.
Por los fundamentos expuestos, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Fiscal de la Nación de fojas de fojas 110/1; 2) Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (art. 68, 1º párrafo, del CPCCN). Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia