Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 38.514-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución Fallo N° 330/2017 (AD SATO), dictada por el Administrador de la Aduana de Santo Tomé en las actuaciones SIGEA N° 12317-402-2016 (SC84-32-2017/8), en cuanto condena a Pascual Pierino STEFANELLI, por la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 986 del Código Aduanero, al comiso de las mercaderías involucradas y al pago de la suma de $ 371.170,59 en concepto de multa.
2Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-82988103-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 27 de Agosto de 2026 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en la Causa N° 38.514-A: “STEFANELLI PIERINO PASCUAL c/ DGA s/ recurso de apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Fallo Nro. 330/2017 (AD SATO), dictada por el Administrador de la Aduana de Santo Tomé en las actuaciones SIGEA N° 12317-402-2016 (SC84-32-2017/8), mediante la cual se condena a Pascual Pierino STEFANELLI, por la infracción tipificada en el artículo 986 del Código Aduanero, al pago de una multa por la suma de $ 371.170,59. Asimismo, se la condena con el comiso de la mercadería en infracción.
II. Fundamentos de la apelación: Que a fs. 15/19 se presenta la actora con patrocinio letrado e interpone recurso de apelación ante este Tribunal contra la referida resolución. Manifiesta que en el caso no se da el presupuesto de finalidad comercial o industrial a los fines de tener por configurada la infracción prevista en el art. 986 del C.A. Cita el texto del referido artículo y del art. 947 del C.A. Cuestiona el formulario completado por la autoridad actuante, a la vez que afirma que no existe norma que establezca la presunción de finalidad comercial en función de la cantidad, variedad o repetitividad de mercaderías. Alude a los principios de debida defensa y legalidad. Sostiene que adquirió las mercaderías cuyo origen pudo haber sido extranjero pero sin fines de comercialización ni industrialización. Considera que la intencionalidad comercial no puede presumirse y que la mercadería fue hallada en su automóvil particular y no en un local de venta al público. Cita jurisprudencia. Refiere que el acta de secuestro no hace mención a los medios de identificación a los que alude la norma. Cuestiona la resolución apelada por no expedirse sobre la totalidad de los elementos que requiere la norma para tener por configurada la infracción. Alude a la nulidad del procedimiento planteada en sede aduanera por violación a lo dispuesto por el art. 1040 del C.A., en tanto haberse omitido elaborar el dictamen jurídico por no revestir el administrador la calidad de abogado. Finalmente, hace la reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución aduanera, con costas.
III. Que a fs. 26 fue declarada rebelde la parte demandada, sin perjuicio de lo cual, y en respuesta al oficio librado por Secretaría de Vocalía, se acompañaron a fs. 33 las actuaciones administrativas digitalizadas.
IV. Que las actuaciones administrativas Nro. 12317-402-2016 (084-SC-32-2017/8) se inician a fs. 1/2 con el Acta de Infracción al art. 31 – Ley 25.986 (modif. Ley 22.415) de fecha 06/08/16. A fs. 3 luce acta de entrega de mercadería en depósito. A fs. 4/10 luce la planilla de clasificación y aforo de la mercadería. A fs. 11/12vta., con fecha 03/03/17, se dispone la apertura de sumario y se le corre vista al Sr. Pascual Pierino Stefanelli, informándole el importe de la multa mínima ($ 351.170,59.-). A fs. 13 luce la constancia de consulta al sistema registral. A fs. 17/19vta. luce la presentación efectuada por el Sr. Stefanelli. A fs. 24, con fecha 25/04/17, se lo tiene por presentado y se rechazan el pedido de nulidad, a la vez que se decide no aperturar a prueba por no haberse ofrecido prueba alguna. A fs. 25 lucen constancias de notificación por correo argentino de fecha 29/03/17 y 02/05/17. A fs. 26, con fecha 09/05/17 se giran las actuaciones al servicio jurídico. A fs. 27/28 luce constancia de consulta al Registro de infractores. A fs. 29/30 obra el Dictamen N° 362/2017 (AD SATO) de fecha 22/09/17. A fs. 31/36 luce la resolución aquí apelada (Fallo N° 330/2017 AD SATO).
V. Que, en primer lugar, corresponde resolver la nulidad planteada por la actora. Al respecto, sostiene que dicho planteo fue rechazado en sede administrativa y que el mismo refería a la nulidad del procedimiento por falta de dictamen jurídico previo, al no resultar abogado el administrador firmante de la resolución (conf. art. 1.040 del C.A.). Específicamente, se refiere a la resolución que dispusiera la apertura de sumario.
Que, conforme surge de la propia letra del artículo 1.040 del C.A., la resolución a la que alude es la “definitiva”, es decir, la que pone fin al procedimiento aduanero, en este caso, el procedimiento para las infracciones. De este modo, surge de manera clara y expresa del artículo en comentario que “Cuando el administrador no fuere abogado, antes de dictar resolución definitiva, deberá producirse en las actuaciones dictamen jurídico.”. Tiene dicho la doctrina al respecto que “Se impone así, para los procedimientos de impugnación, repetición y por infracciones, la emisión de un dictamen jurídico con carácter previo al dictado de la resolución definitiva. La norma establece la obligatoriedad de este dictamen en los supuestos en los cuales el administrador o quien debiera dictar la resolución no fuere abogado.” (“Código Aduanero comentado”; Alsina, Mario A, Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine, Juan P., y Vidal Albarracín, Héctor G., completado y actualizado por Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L, y Vidal Albarracín (h), Guillermo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, t. III, p. 561). Que, sentado lo antes expuesto, y atento a que en el caso de autos fue emitido el dictamen jurídico correspondiente con antelación al dictado de la resolución aduanera aquí apelada (ver fs. 29/30 de las act. adm.), resulta infundado el planteo de nulidad impetrado por la actora. En consecuencia, se rechaza el mismo, sin costas.
VI. Que, sentado lo antes expuesto, corresponde analizar si en el caso de autos se encuentra configurada la infracción prevista en el art. 986 del C.A. respecto de la aquí recurrente.
Que, conforme la resolución recurrida, se condenó con las penas de multa y comiso al Sr. Pascual Pierino STEFANELLI por considerar cumplida a su respecto la conducta prevista por el art. 986 del Código Aduanero. Que el referido artículo establece que: “El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la Administración Nacional de Aduanas, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza.”. Que, dicha figura requiere entonces tres elementos típicos: 1°) que el sujeto activo tenga la mercadería en su poder, consistente en la tenencia de la mercadería; 2°) que la finalidad de la tenencia sea para comercialización o industrialización; 3°) que se trate de mercadería de origen extranjero sin su debida identificación y/o acreditación de su introducción legal a plaza.
Que en el caso de autos no se encuentra discutido que el Sr. Stefanelli ostentaba al momento de la requisa la tenencia de la mercadería.
Que, en relación al requisito de que la tenencia sea con fines comerciales (o industriales), resulta de aplicación en el caso lo dispuesto en el art. 5° del Decreto nro. 4531/65 (Régimen especial de tenencia de mercadería de origen extranjero en plaza) el cual dispone: “Queda también sometida a la obligación establecida por el artículo 1° de este decreto toda persona o entidad que no revista la calidad de comerciante, que tenga en su poder por cuenta propia o de terceros, habitual o accidentalmente, mercadería de origen extranjero […], en cualquiera de los siguientes casos, en especial: a) Cuando la cantidad de la mercadería extranjera exceda lo compatible con un uso o consumo propio o personal normal; b) Cuando la variedad de la mercadería extranjera exceda lo compatible con un uso o consumo propio o personal normal; […] d) Cuando la naturaleza, la calidad o especie de la mercadería extranjera no sea compatible con un uso o consumo propio o personal normal.”. En relación al elemento en comentario, resulta oportuno mencionar que la mercadería secuestrada consiste en: 1 parlante bluetooth Philips, 2 Chormecast, 3 radios portátiles Sony , 8 radios portátiles Philips, 3 parlantes JBL, 1 Play Station 3 Sony, 1 Play Station 4 Sony, 7 pendrive Sandisk de distintas capacidades, 49 tarjetas de memoria, 40 celulares Samsung Galaxy J1, 10 celulares Alcatel Onetouch Pixi 3, 4 celulares Samsung Galaxy J2, 7 celulares Samsung Galaxy J5, 11 celulares Samsung Galaxy J7, 13 celulares LG K8, 11 celulares Moto G, 7 celulares LG K4, 10 celulares Alcatel Onetouch, 10 celulares LG (Radio FM), 10 celulares BLU y 62 bolsas con accesorios varios. (ver Acta de Infracción y Listado ACTA-LOTE obrantes a fs. 2/3 de las act. adm.). De este modo, resulta evidente que la cantidad, variedad y naturaleza de la mercadería incautada excede lo compatible con un uso o consumo personal.
Que, del mismo modo, surge de la descripción de la mercadería que la misma resulta de origen extranjero. Así como también, de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, la misma no contaba al momento del secuestro con la debida identificación (que la norma exigía en ese momento) a los fines de acreditar su introducción legal a plaza.
VII. Que la Corte Suprema ha dicho que “... son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos 290:202, 5º considerando y sus citas)” (“SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores”, del 27/12/88, Fallos, 311:2779). Ello, sin perjuicio de la posición de la Excma. Corte Suprema respecto de la carga de la prueba referente a la presunción de culpabilidad ínsita en los elementos materiales del accionar del sujeto activo de la infracción.
Que, en tal sentido, resulta oportuno señalar que en la exposición de motivos efectuada a los efectos de la reforma de la figura infraccional en estudio, englobada dentro de la figura infraccional genérica “Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales” se señala: “3. Los arts. 985, 986 y 987 mantienen, sin variantes, los tipos penales, que se engloban bajo que la Ley de Aduana prevé para esta infracción. Asimismo, se conserva el principio de inversión de la carga de la prueba respecto de la legal introducción de la mercadería de origen extranjero, regulándose los medios probatorios exigidos en idéntica forma a lo previsto en la Legislación vigente”. Por otro lado, se afirma que “4. Se mantiene el criterio de que se trata de una infracción que por su estrecha vinculación con el delito de contrabando debe ser severamente penada, ya que al consistir en la comercialización de la mercadería presuntamente objeto de aquél, juega necesariamente como su complemento.” (el subrayado me pertenece)
Que, al respecto, debe distinguirse la situación del importador de la del tercero adquirente a los efectos de evaluar la inversión de la carga de la prueba. En efecto, sólo el importador y tenedor de la mercadería deberá probar la legítima introducción y ello, teniendo en cuenta la figura en trato, exclusivamente con la pertinente documentación aduanera de despacho. Por su parte, respecto del tenedor, sin perjuicio de que pueda acreditar por sus propios medios la legítima introducción debe demostrar la fehaciente acreditación de que efectivamente ha adquirido dicha mercadería y de un modo compatible con la finalidad del régimen de transmisión de las mercaderías que fueren objeto de la investigación.
Que en el caso de los tenedores, aun siendo ilegítima la introducción, no puede imputársele la infracción de autos, cuando aquél resulte ajeno a dicha introducción y no tuviere conocimiento de su ilegitimidad. En este sentido se ha admitido, en los lineamientos de nuestro Máximo Tribunal (Fallos 254:301; 266:43, entre otros), la “buena fe” en la adquisición en plaza por parte del tenedor. Por lo cual, para el juzgamiento de estos casos (respecto de determinados supuestos de hecho y según sus circunstancias) la causal exculpatoria de la "buena fe" es admisible (en principio encuadrables en la figura del art. 987 y por lo tanto excluidos en principio los casos encuadrables en los arts. 985 y 986) en los que, pese a no acreditarse (o no poder acreditarse) la legítima introducción a plaza, en cambio pudiera acreditarse la "legítima tenencia o legítima adquisición" de la mercadería cuando el tenedor (no importador) invoque y acredite haberla adquirido "de buena fe", siempre y cuando lo acredite mediante factura reconocida y extendida en debida forma (conforme la reglamentación y con la mención del o los despachos de importación que prima facie serían indicativos de la legal importación) la adquisición a un comerciante o importador de plaza; es decir que tal exculpación -para el tenedor- se daría aunque la mercadería no estuviera -en la realidad comprobable- efectivamente amparada por el o los despachos consignados en la referida factura. Que, en el caso de autos, la actora no ha probado las circunstancias antes descriptas limitándose a aseverar que la mercadería había sido adquirida en la República Argentina aunque sin aportar ninguna factura que así lo acredite. El propio dictamen jurídico alude a la mercadería detallada en el acta de secuestro refiriendo que “… no se posee la documental que acredite el legal ingreso de las mismas al país, …”, a la vez que agrega que “Siendo que en autos el administrado –por su propia inactividad probatoria- no logra probar por otros medios que la mercadería involucrada ingresó en legítima forma al país, ya que la misma al momento del procedimiento efectuado por la autoridad preventora no poseía el instrumento fiscal correspondiente (…) cabría dictar en autos Fallo Condenatorio por la comisión de la infracción prevista y sancionada por el art. 986 del Código Aduanero, toda vez que ninguna demostración realizó el administrado que enervara el ilícito que le endilgó la aduana.” (ver dictamen obrante a fs. 29/30 de las act. adm.).
Que, tampoco se han aportado elementos probatorios ante esta instancia que permitan contrarrestar la imputación efectuada por el servicio aduanero.
VIII. Que, sin perjuicio de lo analizado hasta el momento, resulta oportuno señalar que la Resolución Nº 2522/1987 (vigente al momento de los hechos de autos), mediante la cual se reglamentara el régimen de identificación para determinadas mercaderías –nuevas o usadas-de origen extranjero mediante la aplicación de estampillas fiscales aduaneras, fue abrogada por la Resolución General N° 5581/2024 (07/10/24). Que esta última resolución, si bien eliminó la obligación de la identificación mediante el estampillado fiscal, pudiendo tener incidencia sobre la configuración de la figura prevista en el art. 986 del C.A., en cuanto hace referencia a la mercadería de origen extranjero “… que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la Administración Nacional de Aduanas …”, considero que no puede ser aplicada eventualmente bajo el principio de ley penal más benigna ya que su dictado no supone la eliminación de toda identificación respecto de las mercaderías de origen extranjero que ingresen al territorio aduanero. En tal sentido, en los considerandos de la RG N° 5581/2024 se pondera “… la evolución y el desarrollo tecnológico disponible en el ámbito de esta Administración Federal …” lo cual “… permite utilizar herramientas para la identificación de mercaderías importadas que, resultando igualmente aptas para el debido control aduanero, supongan la utilización de nuevas tecnologías acordes a la actual dinámica del comercio internacional y a los esquemas de integración económica. …”. Asimismo, destaca que en virtud del cumplimiento del DNU N° 70/2023, “… se considera oportuno aprobar un nuevo esquema de identificación de mercaderías sustentado por medios electrónicos …” , en consecuencia de lo cual, en su articulado establece un “Sistema Digital de Identificación de Productos” (SIDIP) y la identificación mediante el código IMEI para las mercaderías que expresamente detalla en su Anexo I (Teléfonos celulares –móviles-, incluidos los denominados inteligentes; receptores de radiomensaje).
Que, de este modo, no surge de la norma la eliminación de todo medio de identificación para la mercadería extranjera, sino que la misma sopesa la disponibilidad de nuevas herramientas tecnológicas a los fines del control aduanero. Es más, y en referencia a los teléfonos celulares y la posibilidad de llevar adelante su trazabilidad mediante el código IMEI, se tiene expresamente en cuenta la adecuación de un sistema por sobre el otro “… permitiendo continuar durante su vigencia con la utilización de los timbres fiscales correspondientes a las mencionadas mercaderías.”. A la vez que deja abierta la posibilidad para la D.G.A. de establecer “… la inclusión de nuevos métodos de identificación mediante la utilización de otras herramientas informáticas, electrónicas o digitales, entre otras, respecto de tales u otras mercaderías, siempre que esas herramientas aseguren una correcta trazabilidad, agilidad en los controles y seguridad en la información. …”.
Que, en virtud de todo lo antes expuesto, cabe concluir que se tiene por configurada en autos la infracción al art. 986 del Código Aduanero en relación con la mercadería de origen extranjero cuyo secuestro se dispuso como consecuencia del procedimiento que diera origen a estas actuaciones, por lo que corresponde confirmar en todas sus partes la resolución-fallo apelada en autos.
IX. Que en cuanto a las costas, corresponde que sean impuestas a la vencida (conf. art. 1163).
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar la Resolución Fallo N° 330/2017 (AD SATO), dictada por el Administrador de la Aduana de Santo Tomé en las actuaciones SIGEA N° 12317-402-2016 (SC84-32-2017/8), en cuanto condena a Pascual Pierino STEFANELLI, por la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 986 del Código Aduanero, al comiso de las mercaderías involucradas y al pago de la suma de $ 371.170,59 en concepto de multa.
2. Costas a la actora.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra.Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución Fallo N° 330/2017 (AD SATO), dictada por el Administrador de la Aduana de Santo Tomé en las actuaciones SIGEA N° 12317-402-2016 (SC84-32-2017/8), en cuanto condena a Pascual Pierino STEFANELLI, por la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 986 del Código Aduanero, al comiso de las mercaderías involucradas y al pago de la suma de $ 371.170,59 en concepto de multa.
2. Costas a la actora.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2026.08.24 17:49:42 ART Date: 2026.08.24 21:07:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.27 14:37:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.27 14:38:04 -03:00
Fin de la sentencia