Abriendo la norma
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-109122487-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 13 de Octubre de 2022 En el día de la fecha, reunidos los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dr. Claudio Esteban Luis (Vocal de la 8° Nominación), Juan Carlos Vicchi (Vocal de la 9° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal de la 7° Nominación) para resolver el Expte. 33.547-I, caratulado: “STENSOR SA s/ recurso de apelación”. El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 20/30 la recurrente interpuso recurso de apelación contra la resolución de fecha 18/1/2010, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Microcentro de la AFIP-DGI, que aplicó una multa equivalente a dos veces el impuesto a las ganancias (IG) defraudado por el período fiscal 1998, conforme lo dispuesto por el art. 46 de la ley 11.683.
Opuso excepciones de cosa juzgada y prescripción, pues sostiene que el fisco nacional se presentó a verificar su crédito en los términos del art. 32 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), en el concurso preventivo que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 19, habiendo recaído resolución general verificatoria con fecha 06/04/2001 en la cual se le reconoció, para el período aquí discutido, un crédito por conceptos entre los cuales se encuentra una multa equivalente a la reclamada por el organismo recaudador.
Puntualizó que el crédito ya le fue reclamado y existe una resolución firme que determinó cuánto adeuda Stensor SA. En este sentido, indicó que la multa apelada constituye eminentemente una deuda de tipo concursal, por lo que si la AFIP-DGI consideraba que la conducta de la actora debía ser sancionada, el momento de proceder de tal modo era el de la verificación concursal.
Ello así, entendió que la resolución verificatoria que benefició al ente fiscal finiquitó todas las deudas habidas por Stensor SA con la AFIP-DGI.
Asimismo, manifestó que por aplicación de los arts. 32, 35, 36 y 37 de la LCQ no puede el fisco solicitar tardíamente un crédito que es preconcursal so pretexto de haber podido determinar su procedencia recién en este momento.
Por su parte, alegó también la prescripción de la multa recurrida al sostener la aplicabilidad del plazo de prescripción de dos años establecido por el art. 56 de la LCQ, arguyendo que el plazo comenzó a correr a partir del 3/11/2000, fecha en que se abrió el concurso preventivo de Stensor S.A.
Indicó que, incluso, en caso de evaluarse la cuestión a la luz de lo preceptuado por los arts. 56 y 65, inc. d) de la ley 11.683 respecto del plazo quinquenal de la prescripción impositiva, su forma de cómputo y las causales de suspensión; también se encontraría prescripta la acción del organismo recaudador para la imposición de la presente sanción. Así, negó la aplicación del art. 68 inc. a) de la ley 11.683, pues entiende que la supuesta nueva infracción por el período 1999 no fue cometida por su parte, en tanto ambas infracciones fueron sancionadas en la misma resolución, por lo que niega que con posterioridad se haya detectado una nueva.
Arguyó la improcedencia en la aplicación de la multa impuesta y solicitó la revocación y eventualmente su reencuadre, en tanto su parte no eludió el pago de impuesto alguno y existen en las actuaciones administrativas (a.a.) elementos suficientes que acreditan la ausencia de conducta dolosa por parte de la empresa.
Puso en conocimiento que el fisco inició oportunamente una causa penal no habiendo podido probar la comisión del delito de evasión y que, no obstante ello, pretende aplicar igualmente la sanción aquí recurrida. Se agravió por entender que en sede penal se evaluó el elemento subjetivo “dolo” y que posteriormente volvieron las actuaciones a sede administrativa a fin de aplicar la sanción. Indicó que su parte presentó voluntariamente las ddjj del IG por los períodos 1998 y 1999, siendo el fisco quien las desconoció y aplicó presunciones formales a los fines de imponer una multa. Arguyó que la sociedad prestó colaboración durante la fiscalización y que era el organismo recaudador quien debía acreditar la falsedad de las ddjj presentadas y la intencionalidad subjetiva, carga que no cumplió. Además, señaló que la aplicación de la infracción recurrida no procede cuando se acusa al contribuyente de adeudar un impuesto determinado en forma presunta y sostiene que ninguna de las presunciones establecidas en la ley podrían ser tenidas en cuenta a los fines de determinar la existencia de delito. Citó la doctrina emanada de la CSJN en “Mazza Generoso” y “Casa Elen-Valmi” y destacó, que es menester la concurrencia del elemento subjetivo en relación con el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Por último, afirmó que de sancionársela en base a la determinación de oficio se lo estaría haciendo en forma ilegal, pues entendió que a los efectos del juzgamiento penal el organismo recaudador tuvo acceso ilegítimo a las pruebas en que fundó la imputación fiscal, toda vez que su parte se vio forzada a entregar toda la documentación que se le requirió durante la etapa verificatoria, bajo amenaza de ser sancionado por su incumplimiento, pero en ningún momento se le previno que dicha información sería luego utilizada para fundar un proceso penal.
Por los argumentos que desarrolló y la jurisprudencia que citó, peticionó que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, dejando sin efecto la multa impuesta, con costas.
II. Que a fs. 40/53 el fisco contestó el traslado conferido, acompañó los a.a. de la causa y solicitó que, oportunamente, se dicte sentencia confirmando la multa impuesta, con costas.
III. Que a fs. 58 se abrió la causa a prueba, admitiéndose la prueba informativa. A fs. 184 se clausuró el período probatorio, se elevaron los autos a consideración de la Sala C y se pusieron los autos para alegar. A fs. 196/197vta. hizo uso de su derecho el ente fiscal y a fs. 198/203vta. la actora. Finalmente, a fs. 204 se pusieron los autos para dictar sentencia.
IV. Que cabe puntualizar que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros).
V.- 1) Que a fin de seguir un orden en la exposición, corresponde resolver en primer término la excepción de cosa juzgada articulada por la recurrente.
La actora sostiene que la resolución del 6/4/2001 dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 19 que declaró admisible el crédito insinuado por la AFIP por la suma de $317.800,71.- con privilegio general (cfme. art. 246, inc. 4°, LCQ) y de $137.546,26.- con carácter quirografario (cfme. art. 248, ley citada), a lo que se le adiciona la suma correspondiente al arancel previsto en el art. 32 de la ley 24.522 (v. fs. 5/6 de autos), produciría el efecto de cosa juzgada respecto de la multa aplicada en autos. De acuerdo con lo dispuesto en la resolución apelada, la multa impuesta es de $896.739,34.-, siendo que ninguno de los conceptos y monto exacto verificados en el concurso coincide con los reclamados en estos autos. En efecto, en el oficio producido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 19 (v. fs. 68/74) se acompañó copia del informe de verificación del crédito reconocido a la AFIP, de donde surge que la suma global reconocida en el proceso concursal asciende a $455.346,97, en concepto de “boleta de deuda IVA período 08/99-12/99, con el detalle del cálculo de los intereses; boleta de deuda impuesto a las ganancias año 1999 y anticipos año 2000 correspondientes al período 01/00 - 09/00 con el detalle del cálculo de los intereses; boleta de deuda IVA - cad. dec. 93/00 del período 7/98 al 10/98; boleta de deuda impuesto a las ganancias - cad. dec. 93/00 período 4/98 a 7/99; boleta de deuda R.N.S.S. - cad. dec. 93/00 período 05/98 a 7/99 y detalle del cálculo de intereses; boleta de deuda por multas; acta de inspección con el detalle de deuda previsional y cálculo de intereses correspondiente al período 11/99 al 08/00, acta de inspección con detalle de la deuda previsional y cálculo de intereses correspondiente al mes 09/00; form. 8480 con una multa por la deuda determinada correspondiente al mes 09/00'’.
Más allá de acompañar como documental copia simple de la resolución verificatoria del 6/4/2001 (v. fs. 5/6) y la respuesta a la prueba informativa brindada por el Juz. Nac. Pra. Inst. Comercial N° 19 relatada en el párrafo precedente, la actora no aclaró sobre la diferencia de montos que se advierte, ni tampoco quedó claro cómo se compone el concepto “boleta de deuda por multas”, debiendo tener presente que es a dicha parte a quien le corresponde aportar los elementos que sirvan para sustentar la defensa que esgrime. A mayor abundamiento, debe considerarse que la facultad del fisco para aplicar la sanción de autos, se encontró suspendida hasta que recayó sentencia firme en sede penal. Ello así y teniendo en cuenta que la misma fue dictada con fecha 28/5/2007 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, no puede entenderse que la sanción que recién se aplicó el 18/1/2010 haya sido parte integrante de la resolución verificatoria acompañada en autos de fecha 6/4/2001.
En este sentido, debo señalar que la homologación del informe del síndico concursal sólo tiene alcance respecto de los créditos presentados para su verificación en el proceso concursal, pero de manera alguna puede producir efectos jurídicos sobre la multa aquí recurrida. Recuérdese que las normas que regulan el procedimiento concursal en la LCQ no le impiden al fisco el ejercicio de las facultades y poderes que emergen de la ley 11.683 en cuanto a la fiscalización, verificación, determinación de tributos y aplicación de sanciones.
Al respecto, debe recordarse la doctrina de la CSJN en el precedente de Fallos 326:1774, “Supercanal SA”, conforme la cual se puede concluir que los órganos jurisdiccionales establecidos por la ley 11.683 tienen la plena competencia en casos de apelación de determinaciones de oficios y multas impuestas por el ente recaudador, que la decisión del Tribunal Fiscal o la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, una vez firme, es cosa juzgada y no puede ser revisada por el juez del concurso y recién cuando la determinación de oficio o la multa se encuentren firmes y el organismo fiscal inicie la ejecución de la deuda, dicha ejecución debe someterse al procedimiento previsto en la LCQ.
En atención a los fundamentos expuestos, corresponde rechazar la defensa de cosa juzgada articulada por la actora.
2. Que la recurrente también opone excepción de prescripción de las acciones del fisco, por entender que se encuentra cumplido el plazo de dos años que dispone el art. 56 de la LCQ y, en subsidio, argumenta que operó la prescripción quinquenal conforme lo dispuesto por los arts. 56 y 65, inc. d) de la ley 11.683. a) Que en cuanto a la aplicación de la prescripción concursal alegada no puede soslayarse que la ley 11.683 contiene normas autónomas, y que una interpretación que conduzca a que prevalezca la norma concursal sobre la tributaria, llevaría a que los plazos de prescripción (caducidad previstos en esta última) para impugnar las ddjj y determinar la materia imponible podrían quedar subsumidos por la del art. 56 de aquél ordenamiento concursal; enervando de tal modo el ejercicio de las acciones y poderes fiscales, que, para determinar los impuestos y para aplicar las multas se estipulan en los arts. 59 a 61 de la ley tributaria. Desde otra perspectiva, podría llegar a sostenerse que el cumplimiento del plazo de la prescripción abreviada del art. 56 de la LCQ constituiría un impedimento definitivo para el ejercicio de las facultades del fisco para determinar de oficio las obligaciones del concursado; no obstante el mayor plazo de prescripción contenido en la ley tributaria que específicamente rige la materia, conclusión a la que sólo podría arribarse por conducto de una interpretación inadecuada del marco normativo y que prescinda de la auténtica voluntad del legislador. En tal sentido, constituye una pauta hermenéutica saludable aquella que consigna que las leyes deben ser interpretadas evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 308:1857, entre muchos otros).
Ello así y tal como surge de la doctrina de la CSJN recaída en Fallos 326:1774, citado en el Considerando V.1., hasta tanto no se haya cumplido el procedimiento administrativo ya en curso ante este Tribunal, destinado a revisar la determinación del crédito efectuado por la AFIP (-en el caso- la sanción aplicada) y este decisorio quede firme -obviamente siempre en el caso de que se le otorgue la razón al ente fiscal-, el organismo recaudador no tiene título válido para presentarse a verificar por ante el concurso como deuda líquida y exigible, puesto que su accionar se encuentra suspendido mientras dure el procedimiento ante este TFN.
Por todo lo expuesto, entiendo que el plazo de prescripción abreviada que contiene la LCQ en su art. 56 no resulta aplicable al caso.
b) Que por su parte y respecto de la prescripción articulada por la actora con fundamento en los arts. 56 y 65, inc. d) de la ley 11.683, esta ley dispone que las acciones y poderes del fisco para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos y que su término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible (cfme. arts. 56 y 58 de la ley citada).
Ello así, el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/1/2000 –y no como afirma la actora el 1/1/1999-, resultando aplicable la suspensión del término de prescripción de acuerdo con lo establecido por el art. 65 inc. d) de la ley 11.683, en atención a la denuncia penal articulada por el fisco el 30/9/2002, restando 2 años y 3 meses para que concluya el plazo de prescripción.
El inciso referido establece que “Igualmente se suspenderá la prescripción para aplicar sanciones desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 de la ley 24.769, por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los CIENTO OCHENTA (180) días posteriores al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva.”
Del cotejo de los antecedentes surge que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 dictó sentencia el 28/5/2007 (fs. 241/244, a.a). Con fecha 4/12/2007, la Cámara Nacional de Casación Penal, declaró mal concedido el recurso de casación deducido por el representante del Ministerio Público, encontrándose dicho decisorio firme, por lo que el plazo de prescripción quedó suspendido desde la fecha de denuncia - 30/9/2002- hasta el 30/9/2008, computando los 180 días que dispone el inc. d) del art. 65 citado en el párrafo precedente, a lo que debe adicionarsele el plazo de 2 años y 3 meses remanente.
Ello así, al momento del dictado de la resolución apelada en autos, esto es, 18/1/2010, las acciones y poderes del ente fiscal a los fines de aplicar la multa apelada no se encontraban prescriptas, por lo que corresponde rechazar la defensa de prescripción articulada.
c) En atención a la forma en la que se resuelve este punto, deviene innecesario el tratamiento de las restantes causales invocadas por las partes.
En cuanto a las costas de los planteos de cosa juzgada y prescripción articulados por la actora, debe destacarse que los mismos no fueron planteados en los términos del art. 171 de la ley 11.683, sino como una defensa previa contra el acto sancionatorio apelado, con el objeto de que el mismo sea revocado (v. fs. 30), por lo que al no haberse generado una actividad procesal autónoma, resulta improcedente imposición de costas por aquéllos.
VI. Que ello así, corresponde que este Tribunal se expida si la multa impuesta se ajusta a derecho. A dichos fines, de la resolución apelada de fs. 8/18 se desprende que la recurrente es una sociedad inscripta bajo la actividad de fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales excepto calzado ortopédico y de asbesto.
De las actuaciones administrativas (v. informe de fs. 146/147, cpo. 1 y fs. 216/223) se constató que durante el período 1998, el contribuyente contabilizó un pasivo que denominó “Proveedores Financieros”, originado en un supuesto préstamo contraído en el exterior por la suma de $1.215.000, que fue documentado a través de un contrato de mutuo, celebrado supuestamente en la República Oriental del Uruguay (ROU) el 1/4/1998, con la firma Brennan Overseas Corp. domiciliada en la República de Panamá. Dicho contrato fue impugnado por el fisco toda vez que: a) carece de fecha cierta, b) no se encuentra certificado por escribano público, c) no cuenta con intervención del Consulado Argentino en la ROU, y d) el ingreso del dinero al país no fue realizado a través de institución bancaria alguna, sino que, conforme surge de una nota aportada por la responsable, así como también del análisis llevado a cabo respecto de sus registros contables, el mismo habría ingresado al país en efectivo. Asimismo, la cancelación del préstamo fue realizada en efectivo en la ROU, según consta en los recibos aportados por la contribuyente. En consecuencia, se le otorgó al monto del préstamo impugnado el carácter de un incremento patrimonial no justificado, incrementándolo, a su vez, en un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida –cfme. art. 18, inc. f), ley 11.683-. A su vez, en el formulario de ddjj F.713 del año 1998, el contribuyente consignó como ajuste que disminuye el resultado impositivo, la suma de $83.313,95.- en concepto de amortizaciones de maquinarias, muebles y útiles. Las tareas llevadas a cabo por el personal fiscalizador permitieron concluir que dicho ajuste resultaba improcedente, toda vez que: a) no fue exhibida la documentación respaldatoria referida a la compra de las maquinarias y los muebles y útiles involucrados, habiéndose limitado la responsable a manifestar, mediante nota, que la misma había sido extraviada; b) en el libro de Inventario y Balances N° 1, rubricado con fecha 2/10/1997, los bienes de uso no se encontraban valorizados, y c) en el Balance General correspondiente al citado período fiscal, no fue incorporado el Anexo de Bienes de Uso con el detalle de sus respectivas amortizaciones, circunstancias, todas ellas, que impidieron conocer la fecha de compra y el valor de origen de tales bienes.
VII. Que previo a analizar si la sanción aplicada se ajusta a derecho, es preciso efectuar las siguientes consideraciones con motivo de las apreciaciones efectuadas por el fisco en la resolución apelada relativas a los hechos tenidos en cuenta en la sentencia penal dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 el 28/5/2007 en autos “Orozco, Isabel (contribuyente Stensor SA) s/ infracción Ley N° 24.769”, que sobreseyó a la Sra. Orozco –en calidad de presidente del Directorio de la actora- en atención a que la suma presuntamente evadida no alcanzó la cifra indicada en el art. 1° de la ley 24.769 –vigente a la sazón-. Recordemos que el juez penal, basado en la prueba pericial contable que ordenó producir sobre base cierta y que luce agregada a fs. 2/5vta. (cpo. de 5 fojas, a.a.) en la causa seguida a la Presidente de la sociedad Stensor SA, lo llevó a concluir que la suma presuntamente evadida no alcanzaba a los $100.000.- que el art. 1° de la ley 24.769 exigía para su aplicación. Por ello, debe analizarse cómo se articula esta decisión con el art. 20 “in fine” de la entonces Ley Penal Tributaria (24.769) –vigente en aquel momento-, que establecía que “una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial”, a los fines de analizar si aquella decisión resultó vinculante para el ente fiscal.
Al respecto, la Sala “A” de este Tribunal tuvo oportunidad de expedirse con relación a la diferencia entre los hechos y el derecho, a los fines de interpretar la expresión “materialidad de los hechos” que contenía el art. 16 de la ley 23.771 que encontró su correlato en la expresión “sin alterar las declaraciones de los hechos” contenida en el art. 20 antes citado.
Con cita en Redenti sostuvo que la “...Discriminación entre los hechos y el derecho a los efectos de la prueba: hemos dicho hasta ahora que el tema a probar (’thema probandum') son los hechos, aquellos hechos que el juez oficialmente ignora. ¿Pero cómo se traza a este efecto la línea divisoria entre el hecho y el derecho? … Teóricamente se debería decir que constituyen datos o elementos de hecho, los eventos o acaecimientos de éste, nuestro mundo, considerados desde un punto de vista puramente histórico o de crónica y en tanto se discuta sólo si se han o no se han verificado. No menos teóricamente, se debería deducir que los problemas de derecho comienzan cuando se trate de determinar si en aquellos acaecimientos o eventos se pueden reconocer los caracteres distintivos (definitorios o clasificatorios) de hechos hipotéticamente previstos por el derecho a los efectos de la individualización y subjetivización de sus normas.
Problema indudablemente de derecho es luego el determinar por consecuencia, cuáles normas han entrado en vigor y cuáles son los efectos jurídicos que de ellas derivan” (ver Redenti, Enrico: "Diritto processuale civile" - Ed. Giuffré - Milano - 1949 - págs. 213/214) (la traducción es propia)”. “Martínez a la vez que menciona a Redenti y coincidiendo con Chiovenda expresa: "... es cuestión de derecho no sólo la referente a cómo debe entenderse una determinada norma jurídica positiva, sino también la relativa a la calificación o naturaleza jurídica de determinados hechos. No es pues, tan sencillo el problema como algunos lo creen, como lo advertirán a través de este ejemplo, si las partes discuten si una determinada disposición de la ley de sellos grava las llamadas autorizaciones para vender que otorgan los particulares a los martilleros o rematadores, tenemos sólo un aspecto de la cuestión de derecho: aquel relativo a la inteligencia que debe darse a una determinada norma jurídica.
Pero las partes pueden discutir también si una autorización que lleva únicamente la firma del comitente, la firma del propietario del inmueble, es o no un hecho imponible conforme a esa norma jurídica. Es este último también un punto de derecho que hace a la determinación de si la autorización para vender, que lleva la firma de una sola de las partes, presenta el carácter definitorio hipotéticamente previsto por el derecho fiscal, o sea, si cabe atribuirle la calificación jurídica que lo coloca bajo la norma fiscal” (ver Martínez, Francisco: "El proceso tributario” - Rev. Derecho Fiscal – T II- págs. 121/12)”.
“Que la doctrina transcripta, ayuda a la interpretación de la expresión “materialidad de los hechos” del art. 16 de la ley 23771, excluyéndose en consecuencia de ella todo tipo de valoración jurídica”. “Que esta interpretación es la que mejor se compadece con la norma, en tanto es evidente que el legislador ha querido limitar el efecto de la cosa juzgada con relación a cuestiones fácticas, lo que implícitamente permite la revisión de las cuestiones de derecho”.
“Que de no ser así, y que como consecuencia de un análisis en sede penal relativo a la existencia o no de hecho imponible, como se hiciera en este caso, se llegaría a la conclusión que la extensión de la cosa juzgada se amplía transformándose en un condicionante sobre la aplicación o no del gravamen, que reduciría la actuación de los organismos competentes a un mero acto liquidatorio en el primer supuesto o una abstención total en el segundo.” (TFN, Sala “A”, voto del Dr. Porta en “Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A.” del 03/09/1996).
Así, es competencia exclusiva de la justicia penal investigar y determinar si existió o no un delito en materia penal tributaria y su consiguiente imputación; mientras que la competencia para establecer el encuadre jurídico fiscal de los hechos y la imputación penal infraccional le corresponde a la administración fiscal, y su revisión, a este Tribunal, y, en su caso, a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. Es decir, lo que resulta vinculante para este Tribunal son los “hechos probados” en sede penal y sus características, los que obviamente no podrán ser negados ni tergiversados al momento de su análisis en esta sede, no alcanzando tal limitación al análisis y decisión sobre las consecuencias jurídicas -fiscales y penales infraccionales- que derivan de tales hechos.
En este sentido, tengo para mí que es de suma relevancia la aclaración efectuada por los peritos contadores en el punto e) de su informe pericial que fue la base del pronunciamiento en sede penal. En efecto, dichos profesionales aclararon que “no estamos en condiciones de opinar acerca de la veracidad o falsedad del préstamo impugnado por la AFIP”, a lo que el juez penal observó que resulta innecesario detenerse a analizar si la conducta que se reputó delictiva existió o no (v. sent. fs. 273/274, Considerando Primero, cuerpo de prueba -expediente penal), porque de antemano, ante la cuantificación sólo sobre base cierta de la posible evasión, le bastó para considerar inaplicable la ley 24.769 por no superar el monto allí establecido en el artículo primero. Nótese al respecto, que el juez penal fundó su decisión en considerar que la obligación correspondiente al IG del período 1998 debió haber sido a los efectos penales delictuales determinada sobre base cierta, lo que evidenció una aplicación parcial del artículo 17 de la ley 11.683 que contiene dos métodos determinativos de oficio: sobre base cierta y sobre base presunta. En otros términos, el juez penal consideró primeramente que a los efectos de su investigación -es decir, la concerniente al delito- debía cuantificarse la maniobra realizándose una determinación (pericia contable) sólo sobre base cierta, y ante su resultado, consideró que la conducta no era reprochable en los términos de la ley 24.769 por no superar el monto establecido en su artículo primero.
Sin embargo, el hecho de que en el proceso penal el juez no haya considerado la determinación presuntiva, no significa que dicho método sea inválido en el ámbito tributario, porque lo contrario implicaría desconocer uno de los dos métodos de determinación de oficio previstos en el artículo 17 de la ley 11.683. Adviértase, que la CSJN -en precedente citado por la propia actora- estableció la doctrina que impide que las presunciones que establece la ley a los efectos de determinar la obligación tributaria, sean utilizadas, además, para presumir y tener probada la conducta dolosa; es decir, reconoce -a contrario sensu- que tales presunciones resultan válidas para cuantificar la deuda tributaria (Fallos 322:519 considerando 5°). En efecto, en el particular caso de autos, la determinación de oficio realizada por el fisco arrojó un importe de $448.369,67 mientras que la pericial contable realizada en sede penal -confeccionada sólo sobre base cierta- arrojó un impuesto adeudado de $75.602,05. En tal inteligencia, si bien este último importe fue el que el juez penal tomó para determinar que no se configuró el delito de evasión del artículo 1° de la entonces vigente ley 24.769, lo cierto es que dicho importe no resulta vinculante, sin más, en esta jurisdicción, que tiene ante sí la revisión de la multa impuesta sobre la base de la determinación de oficio realizada por el fisco (en el caso, determinación mixta), y por ende, un proceso contencioso completamente distinto al tramitado en sede penal.
Ello así, cabe concluir que asiste razón al fisco cuando afirma que las expresiones efectuadas por el juez penal en su sentencia no configuraron una declaración de hechos, sino que sólo poseen carácter de valoración jurídica, y más específicamente la valoración jurídica y el alcance del artículo 17 de la ley 11.683 en el ámbito penal delictual.
VIII. Que una vez efectuadas dichas aclaraciones, corresponde que este Tribunal analice si la sanción impuesta a la recurrente con sustento en el art. 46 de la ley 11.683, se ajusta a derecho. Ello así, el artículo 46 de la ley 11.683 -vigente al momento de los hechos- disponía: “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.La figura se construye con un “elemento objetivo”, consistente en la falta de ingreso total o parcial del impuesto debido, y un “elemento subjetivo“, consistente en “una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del fisco” (Fallos 323:2172 considerando 4, entre otros). Como se desprende de los a.a. que corren por cuerda separada, la determinación de oficio correspondiente al IG del período 1998 quedó firme (v. fs. 287, cpo. N° 2), debiéndose tener por acreditado entonces el “elemento objetivo” o material de la infracción achacada. En consecuencia, corresponde analizar el elemento subjetivo, teniendo en cuenta la figura legal imputada por el ente fiscal.
A dichos fines, el fisco debió acreditar no sólo la conducta defraudatoria del contribuyente, sino también que la misma fue realizada con el ardid o engaño necesario –idóneo- para materializar la figura. A criterio del suscripto, este requisito se encuentra cumplido en el caso de autos. En efecto, las constancias agregadas en las actuaciones y que fueron relatadas en el considerando VI, dan cuenta de que el fisco detectó que el supuesto préstamo contraído en el exterior (ROU) con una firma domiciliada en la República de Panamá por la suma de $1.215.000 fue instrumentado mediante un mutuo que no tiene fecha cierta, el ingreso del dinero al país no fue realizado a través de institución bancaria alguna, sino en efectivo, como así también su cancelación. Respecto del mutuo impugnado, recuérdese que los peritos actuantes en sede penal expresaron “…no estamos en condiciones de opinar acerca de la veracidad o falsedad del préstamo impugnado por la AFIP...”. Asimismo, se impugnaron amortizaciones de maquinarias, muebles y útiles, pues –entre otros argumentos- no se exhibió documentación respaldatoria de la compra, los bienes de uso no se encontraban valorizados en su Libro de Inventarios y Balances.
Ello así, la actora en ejercicio de su derecho de contradicción debió desvirtuar las afirmaciones del fisco con la prueba que avale su afirmación relativa a que su conducta no fue dolosa, tarea que no realizó la apelante en autos. Por caso, adviértase que en el recurso de apelación que da inicio a esta causa, la actora sólo ofreció prueba relativa a las cuestiones previas que articuló, pero ninguna en relación al fondo, es decir, a fin de demostrar la inexistencia de dolo en su accionar.
De lo expuesto surge que las irregularidades detectadas, evidencian la debida aplicación de la figura del art. 46 de la ley 11.683.
Con relación al agravio de la recurrente relativo al incorrecto proceder fiscal por haber aplicado la sanción apelada contrariando los precedentes de la CSJN recaídos en “Mazza Generoso y Mazza Alberto” (Fallos 312:447) y “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello” (Fallos 322:519), cabe recordar que en el caso de autos el fisco no hechó mano a las presunciones procesales del art. 47 de la ley 11.683, por lo que no se advierte el objeto del planteo de la actora.
Así, con los elementos hasta aquí analizados, quedó evidenciado que el contribuyente incurrió en irregularidades que revelan la intención de ocultar su realidad impositiva, lo que -claramente- no fue puesto en conocimiento por la actora, sino evidenciado por el fisco en un proceso de fiscalización, sin que aquella parte haya acompañado -ni en sede administrativa ni en la presente instancia- prueba alguna que avale sus dichos.
En consecuencia, corresponde confirmar, con costas, la sanción apelada, la que se encuentra adecuadamente graduada.
Los Dres. Vicchi y Marmillon dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por ello, SE
Confirmar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones administrativas y oportunamente archívese. Date: 2022.10.12 14:12:56 -03:00 Date: 2022.10.12 15:46:02 -03:00 Juan Carlos Vicchi Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.13 15:59:47 -03:00 Claudio Esteban Luis Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.13 15:59:48 -03:00
Fin de la sentencia