Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 33547-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada, con costas a la vencida (art. 68, primera parte del CPCCN).
—SALA IV— CAF 25192/2023 STENSOR SA C/DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, agosto de 2023 VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que a fs. 210/214 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó, con costas, la resolución de la AFIP-DGI por la cual se impuso una multa a la actora de dos veces el Impuesto a las Ganancias, período 1998, conforme lo previsto en el art. 46 de la ley 11.683.
Para así resolver, consideró que la defensa de cosa juzgada no era procedente porque, más allá de que la actora no había acreditado que el monto de la multa discutida se hallase incluida en la resolución del juzgado comercial que declaró admisible el crédito del Fisco, debía considerarse que las facultades del ente recaudador se hallaron suspendidas hasta el 28/5/2007, fecha en que el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 había dictado sentencia, por lo que no podía entenderse cómo la resolución del 18/1/2010 hubiese sido parte integrante del acto verificatorio del 6/4/2001.
A lo expuesto agregó que las normas que regulaban el procedimiento concursal no impedían al Fisco el ejercicio de las facultades y poderes que emergían de la ley 11.683 en cuanto a la fiscalización, verificación y determinación de tributos y sanciones.
Con respecto a la excepción de prescripción, ponderó que también correspondía su rechazo en tanto el plazo bienal previsto en el art. 56 de la Ley de Quiebras no resultaba aplicable al caso.
Consideró, asimismo, que tampoco había operado el plazo de cinco años de la ley 11.683 al momento del dictado del acto de condena, si se tiene en cuenta que éste estuvo suspendido desde la fecha de la denuncia penal hasta el 30/9/2008. En cuanto a la procedencia de la multa estimó que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, debió desvirtuar las afirmaciones del Fisco con la prueba que avalase su afirmación relativa a que su conducta no fue dolosa, tarea que no realizó en autos. Por caso, se advertía que en el recurso que dio inicio a la causa ésta sólo había ofrecido prueba relativa a las cuestiones previas que había articulado, pero ninguna con relación al fondo, es decir, a fin de demostrar la inexistencia de dolo en su accionar.
2. Que, contra dicha decisión apeló la actora y expresó agravios a fs. 234/245, que fueron contestados por su contraria a fs. 271/280.
En primer lugar, se agravia del rechazo de la defensa de cosa juzgada. Al respecto, sostiene que de las pruebas que presentó correspondientes al concurso se desprendía que la deuda por Impuesto a las Ganancias, período fiscal 1998, era de naturaleza falencial y se hallaba prescripta, en tanto el Fisco no había concurrido a verificar su crédito dentro de los dos años, por lo que no podía exigir el cobro de la multa, por tratarse de una obligación accesoria.
Afirma que las actuaciones resultan alcanzadas por el fuero de atracción, por lo que deben remitirse a la justicia comercial.
Aduce que la ley concursal es de orden público y por ende de aplicación obligatoria, debiendo todos los acreedores concurrir a verificar sus créditos en forma tempestiva o tardía.
Manifiesta al respecto que en el caso la prescripción aplicable es la bienal, que operó el 2 de junio de 2002.
Entiende, asimismo, que la suspensión dispuesta en el art. 65 inc. d, de la ley 11.683 no puede aplicarse al caso de autos por ser posterior al acaecimiento del hecho imponible.
Añade a lo expuesto que en la causa penal fue sobreseída, por lo que existe cosa juzgada en cuanto a la existencia del hecho principal.
Finalmente, considera que se deben suspender los intereses desde la presentación en concurso hasta la sentencia homologatoria del acuerdo preventivo, de conformidad con lo previsto en el art. 19 de la ley 24.522.
3. Que, ante todo, cabe señalar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse sobre aquéllas que estimen conducentes para la resolución de la causa.
En cuanto a los agravios referidos a la existencia de cosa juzgada, cabe señalar que en la causa penal caratulada “Stensor SA- Orozco Isabel s/infracción –ley 24769”, que tramitó por ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3, el 28 de mayo de 2007 se dictó sentencia por la cual se hizo lugar a la falta de acción, y por lo tanto, se sobreseyó a la Sra. Orozco, representante de la empresa Stensor SA (cfr. fs. 232/5 de las act. adm.).
La actora considera que corresponde extender las conclusiones a que se arribó en sede penal a los hechos discutidos en materia tributaria.
Cabe adelantar, sin embargo, que sus agravios deben ser desestimados.
4. Que, en efecto, el artículo 20 de la ley penal tributaria (24.769)
dispone que la formulación de denuncia penal no impedirá la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o previsional, pero que “la autoridad administrativa sólo podrá aplicar las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial” (sin énfasis en el original).
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En el presente caso, el juez de la causa resolvió el sobreseimiento definitivo de la actora por no alcanzar los montos los mínimos objetivos de punibilidad previstos en el art. 1º de la ley 24.769.
Por lo expuesto, corresponde desestimar los agravios esgrimidos sobre este punto, toda vez que el Tribunal Fiscal no se encontraba obligado a acatar dicha resolución.
5. Que, por lo demás, y en lo que refiere a los planteos sobre las normas relativas al fuero de atracción, cabe señalar que éstas deben ser entendidas con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no vedan al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de las sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (Fallos: 310:786).
6. Que, la jurisprudencia tiene dicho que el eventual crédito a favor del Fisco sólo podría verificarse en el concurso del contribuyente una vez que su determinación haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada (cfr. esta Cámara, Sala II “Centro de Ayuda Mutua Empalme Sud (TF 15925-I) c/ DGI”, sent. del 27/4/10), “Arcángel Maggio SA (TF 24603-A) c/DGA”, sent del 22/2/11; Sala III, “Jonica SRL c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 11/11/14, entre otras).
En esa misma línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el fuero de atracción concursal opera una vez finalizado el proceso de impugnación ante el Tribunal Fiscal o, en su caso, ante esta Cámara de Apelaciones (Fallos 326:1774; 334:427; B. 109. XLI “Baterplac SRL c/AFIP s/contencioso administrativo”, sent. del 18/9/07).
Al respecto, esta Sala ha declarado que la prescripción de la acción de cobro del Fisco Nacional respecto de un contribuyente concursado debe regirse por la ley 11.683, pues el proceso tributario no queda afectado por la fuerza atractiva de los juicios universales previstos en la Ley de Concursos y Quiebras ya que, de lo contrario, las normas tendientes a regular relaciones de derecho privado avasallarían el régimen instaurado para el ejercicio de las acciones y poderes fiscales para determinar impuestos y aplicar multas (cfr. “La Mercantil Andina Cía. Arg. de Seguros SA c/EN –DGA- Resol. 6057/11 -expte. 348/05- s/Dirección General de Aduanas”, sent. del 19/5/15; “La Perseverancia Seguros SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, sent. ambas del 16/7/15, entre otros).
Por su parte, si bien la Corte —por remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal— se expidió a favor de la aplicación del plazo de prescripción previsto en el art. 56, sexto párrafo, de la ley 24.522, dejó a salvo específicamente el supuesto de deudas tributarias que derivasen de un procedimiento determinativo de oficio (v. A.1279, L. XLI “Administración Federal de Ingresos Públicos –DGI- Casación (autos: Incidente de Verificación Tardía AFIP-DGI en el expte. 17.214/00 Bodegas y Viñedos El Águila SRL s/concurso preventivo”, sent. del 11/8/09).
7. Que, en lo que refiere a los agravios referidos a la aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación, cabe señalar que la Ley de Procedimiento Tributario constituye una ley dictada por el Congreso Nacional para regular de modo especial este tipo de relaciones jurídicas.
8. Que en tal sentido la Corte ha señalado que, ante la ausencia de otra norma nacional que regule la prescripción de las obligaciones tributarias locales, la solución debía buscarse en el entonces vigente Código Civil (Filcrosa –Fallos 326:3899 y 332:616), supuesto que difiere del aquí analizado, en el que existe una norma nacional de índole federal que legisló sobre el punto.
9. Que, cabe señalar que, en el caso, el plazo de prescripción comenzó a correr el 1º/1/2000, resultando aplicable la suspensión conforme con lo establecido por el art. 65, inc. d, de la ley 11.683 ―incorporada mediante ley 25.795 (BO 17/11/2003), estando en curso el referido plazo de prescripción― desde el 30/9/2002 al 30/9/2008, por lo que, en atención a la fecha de la resolución condenatoria (18/1/2010), aún no había operado.
10. Que, finalmente, en cuanto a la procedencia de la sanción de defraudación, es dable señalar que el Tribunal Fiscal puntualizó que la actora no había presentado ninguna prueba que permitiera demostrar su falta de dolo en la conducta, cuestión sobre la cual no se formuló agravio alguno, limitándose a discutir sólo las cuestiones procedimentales. Por las razones expuestas, corresponde desestimar el recurso interpuesto.
11. Que, finalmente y atento a que no surge de autos que la actora haya dado cumplimiento con la liquidación y pago de la tasa de justicia de fecha 30 de mayo del corriente, y dado que el comprobante acompañado a fs. 284/6 responde a lo abonado en concepto de “tasa de actuación”, intímesela nuevamente a su cumplimiento bajo apercibimiento de multa. ASI SE DECIDE.
Por las consideraciones expuestas SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada, con costas a la vencida (art. 68, primera parte del CPCCN). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY —SALA IV— CAF 25192/2023 STENSOR SA C/DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia